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Anticorrupción sanciona a 82 servidores públicos; inhabilitan a Martín Borrego por usar el MUNAL para su boda

El exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que utilizó el Museo Nacional de Arte (MUNAL) para su boda en 2024, no podrá ocupar cargos públicos durante un año

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien no podrá ocupar cargos públicos por un año, tras utilizar el Museo Nacional de Arte (MUNAL) para su boda en 2024.

Borrego Llorente fue uno de las 82 personas servidoras públicas sancionadas por diversas irregularidades.

En un comunicado, Buen Gobierno detalló que Martín Borrego se aprovechó de su cargo en la cancillería para solicitar autorización para la realización de un evento oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal.

El evento ocurrió el 4 de octubre de 2024 y entre los invitados estuvo la entonces canciller Alicia Bárcena, quien terminó por deslindarse de la fiesta y su autorización.

Los hechos fueron dados a conocer por Latinus, la investigación detalló que el evento había sido presentado como un acto diplomático por el aniversario 89 de las relaciones entre México y Rumania.

Previo a darse a conocer el hecho, tanto Borrego Llorente como Alicia Bárcena dejaron la SRE y empezaron a laborar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ella como titular de la dependencia y él como coordinador de Contacto con la Ciudadanía.

Una vez difundida la información sobre la boda, Martín Borrego renunció a su cargo al reconocer que su actuación no había sido correcta, también aseguró que no se usaron recursos públicos.

“Si bien el evento fue de carácter privado, acorde al protocolo establecido por el Museo y cubierto con recursos personales, sin dolo ni quebranto alguno al erario, reconozco que fue impropio haber solicitado el espacio a través de un correo institucional, cuando me desempeñaba como su jefe de Oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el agravante de haberlo hecho sin su conocimiento. Este actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”, escribió en una carta dirigida a la titular de Semarnat.

“Lamento profundamente haber faltado a su confianza y que se vea involucrada en este episodio”.

Por su parte, Alicia Bárcena informó que la SRE no había autorizado ni recibido información sobre la festividad pese a que apareció en las fotografías.

Asimismo, la funcionaria manifestó su intención de colaborar en las investigaciones correspondientes iniciadas por el Órgano Interno de Control de la SRE.

Anticorrupción sanciona a 82 personas servidoras públicas

Derivado de investigaciones realizadas en diversas dependencias e instituciones federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impusieron sanciones a 82 personas servidoras públicas por la comisión de faltas graves y no graves.

Estas medidas se originaron mediante las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como mediante los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco del Bienestar, la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Comisión Nacional del Agua, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y Banco del Bienestar

Las penalizaciones incluyeron inhabilitaciones, destituciones, suspensiones, indemnizaciones, sanciones económicas y amonestaciones, determinadas conforme a la ley, la proporcionalidad y la gravedad de cada caso.

Las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnación. Ante cualquier inconformidad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que defenderá las resoluciones conforme a derecho.

Con Morena, el quebranto de los poderes en BC

Cuando en julio de este 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió retirarle la visa de turista para ingresar a su territorio al titular del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Fragozo López, terminó de asestarle golpes internacionales a los poderes del Estado 29.

En mayo de 2025 ya le habían revocado la visa de turista norteamericana a la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres. Meses después, en diciembre del mismo 2025, le fue revocada la visa al diputado local Jaime Eduardo Cantón Rocha, quien en agosto de ese año había sido nombrado titular de la mesa directiva del Poder Legislativo de Baja California.

Así, los titulares de los tres poderes que integran el Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron despojados de sus visas de turistas para internarse a los Estados Unidos, ante la sospecha de relaciones con grupos criminales.

Desafortunadamente para el Estado, no son los únicos en Baja California. A la fecha, por lo menos nueve personas han sido desprovistas de su documento migratorio: Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora; Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora; Araceli Brown Figueredo, diputada federal; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la presidenta municipal de Mexicali; José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe; Jaime Eduardo Cantón Rocha, diputado local; Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana; y ahora Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

Alcaldes, exalcaldesas, diputados locales, diputados federales, gobernadora y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, todos declarados personas no gratas para el Gobierno de los Estados Unidos, situación que para la entidad es totalmente insólita. Nunca había sucedido que tantos funcionarios públicos, y de todos los poderes, estuviesen comprometidos para una autoridad, así sea en el extranjero.

El quebranto de los poderes en Baja California, al poner en duda la honorabilidad y compromiso de los titulares de los mismos, inició con la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar, quien el 10 de mayo de 2025 informó que su documento había sido revocado. Aunque ella adjudicó el hecho a cuestiones administrativas y lo comunicó después que lo hizo su entonces esposo, Carlos Torres Torres, ahora se sabe que no fue un mero trámite administrativo.

El último día de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió, a través de su Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, una serie de sanciones a personas a las cuales ligó al Cártel de Sinaloa en Baja California. Entre esas personas se encontraba Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, ambos señalados de apoyar la actividad criminal del cártel en la célula de los Rusos. En ese documento se especificó que la visa se le había retirado al entonces esposo de la gobernadora, precisamente por la sospecha de sus ligas con el cártel de Sinaloa. No fue, pues, un trámite administrativo.

Hasta donde se sabe, extraoficialmente, Carlos Torres Torres intentó recuperar su visa haciendo solicitudes de nueva cuenta, acudiendo al Consulado de los Estados Unidos, pero no tuvo éxito, la visa le fue negada de nueva cuenta. La gobernadora —y es conocido por todos los que escucharon los audios liberados por el periodista Héctor de Mauelón— entró en pláticas con representantes de agencias de los Estados Unidos, para cooperar en un intento por recuperar su visa, lo cual no ha sucedido a pesar de que ofreció proporcionar información sobre lo comentado en las Mesas de Seguridad, que en Baja California ella encabeza.

El diputado Jaime Cantón también aseguró a compañeros de la prensa que su revocación se debía a un trámite administrativo, y que ya tenía la fecha para recuperar su visa, lo cual, es evidente, tampoco ha ocurrido.

Otros políticos, como Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, también con la visa revocada, fueron mencionados en la red del Cártel de Sinaloa junto a empresarios del Quinto Municipio, como Candelario Arcega, Jesús González. O en el caso de Tijuana, el empresario y proveedor de los gobiernos locales, Marco Moreno Santelices.

Ahora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Fragozo, entró a ese grupo de políticos, funcionarios de Baja California a quienes el Gobierno de los Estados Unidos les ha perdido la confianza y le niega la entrada a su país. Fragozo tuvo conocimiento, desde mediados de julio de 2026, de que su visa había sido revocada; aun así, optó por el silencio. A diferencia de la gobernadora (por cierto, la única funcionaria en hacerlo público ella misma), el titular del Poder Judicial se quedó callado, ocultó lo que ahora se sabe, que su visa fue revocada.

Fragozo López —para nadie en Baja California es un secreto— es muy cercano a la gobernadora del Estado, y lo fue a su entonces esposo, Carlos Torres. El presidente del Tribunal ha preferido ser un aliado del gobierno de Morena, a ejercer a plenitud la autonomía que el Poder Judicial tiene constitucionalmente. Ahora, esa cercanía, y la duda de las relaciones con grupos ilícitos que pesa sobre quienes encabezan las entidades de gobierno en Baja California, le ha llevado a ser parte de los desvisados.

Baja California, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas son los cuatro estados a cuyos titulares del Poder Ejecutivo les ha sido revocada la visa de turistas por parte del Gobierno de los Estados Unidos, pero la entidad, el Estado 29, es el único donde los titulares de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, son personas no gratas para el vecino país, algo que en Baja California nunca, nunca, nunca había sucedido: el quebranto de los poderes del Estado. Y esto es un hecho histórico nada honroso.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/con-morena-el-quebranto-de-los-poderes-en-bc/

Detienen en Los Ángeles a exfuncionario de Sonora acusado de robar decenas de millones de pesos del erario

El dinero habría sido utilizado, en parte, para pagar su boda y una lujosa casa habitación, por lo que su esposa se encuentra detenida desde el año pasado

Juan Alan Araujo Ahumada, exsubdirector de contabilidad del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública, fue detenido el pasado martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California; es buscado por acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito. 

Las decenas de millones de pesos habrían sido utilizadas, en parte, para pagar su boda y una lujosa casa habitación, por lo que su esposa se encuentra detenida desde el año pasado. 
“De acuerdo con la investigación ministerial, Juan Alán 'N' se desempeñaba como auxiliar administrativo de CECOP y, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, presuntamente realizó 234 transferencias electrónica por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).
A dicho cargo se añadieron acusaciones por enriquecimiento ilícito, lo que fundamentó una segunda orden de aprehensión relacionada con un monto de 120 millones de pesos.

Además de las dos órdenes de aprehensión, Araujo Ahumada contaba con una ficha roja de búsqueda internacional, por lo que fue detenido “mediante trabajos de inteligencia” de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y en colaboración con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional del país vecino.

El exsubdirector de contabilidad de CECOP, según informes oficiales y extraoficiales, celebró la costosa boda a la que se destinó parte del dinero ilícito en Los Lagos, una de las residenciales de más alto plusvalor de la ciudad de Hermosillo, donde habitan personajes como Carín León y donde Natanael Cano también cuenta con propiedades.

Tras convertirse en prófugo, según el fiscal Rómulo Salas Chávez, el ahora detenido habría estado oculto con familiares en Los Ángeles, y fue detenido cuando se desplazaba a un sitio de remodelación de departamentos para personal retirado, donde se encontraba trabajando. 

Según el titular de la FGJE, el ahora detenido se encuentra en trámites migratorios para ser trasladado a México.

Aplauso efímero: gobiernos de Coahuila y Torreón gastan en conciertos mientras arrastran deudas por 1,100 millones en electricidad

Gobiernos de Coahuila, al mando de Manolo Jiménez, y Torreón, donde despacha el exgobernador Miguel Riquelme, deben más de mil millones de luz y aun así contratan conciertos por adjudicación directa con pretexto de cualquier fecha simbólica

El gobierno de Coahuila y el ayuntamiento de Torreón han destinado decenas de millones de pesos en contratación de artistas y espectáculos masivos en el último lustro, mientras mantienen saldos vencidos y deudas históricas por concepto de consumo de energía eléctrica rondan los 1,100 millones de pesos, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.

Manolo Jiménez Salinas llegó al poder mediante la alianza PRI, PAN, PRD en las elecciones de Coahuila de 2023, asumiendo el cargo el 1 de diciembre de ese año para el periodo 2023-2029.

Mientras que, en Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís (exgobernador 2017-2023) asumió sus funciones como alcalde de Torreón el 2 de julio pasado, luego de su designación por parte del Congreso del Estado, en sustitución de Román Alberto Cepeda González, fallecido el 5 de junio.

En los contratos por los festejos masivos destaca un proveedor que ha sido beneficiado de adjudicaciones directas, aunque los procedimientos no están transparentados en su totalidad.

En tanto, los pasivos históricos por electricidad –292.2 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo estatal y cerca de 796 millones que corresponden al municipio– superan el valor de infraestructura pública completa como construcción y equipamiento de hospitales, así como remodelación de vialidades y caminos.

Al corte del 31 de agosto de 2026, el adeudo municipal de Torreón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asciende a 795 millones 723 mil 445.4 pesos, y se compone de pasivos acumulados por alumbrado público (1 millón 872 mil 800.85 pesos), edificios gubernamentales (79 mil 729.47 pesos) y, principalmente, bombeo (793 millones 770 mil 915.08 pesos).

La falta de pagos de manera regular por el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de los pozos de extracción y bombeo de agua –aproximadamente de 26 millones al mes– ocasionó el endeudamiento masivo; asimismo, el rezago financiero se arrastró y acumuló a lo largo de varios años.


Este adeudo es 1.5 veces más que el costo del Sistema Vial Cuatro Caminos, megaproyecto deprimido subterráneo e infraestructura vial para La Laguna que, según el gobierno, tuvo una inversión oficial de 518 millones de pesos. También es 2.1 veces el valor total del Sistema Vial Abastos-Independencia, obra magna de movilidad urbana tasada en 365 millones de pesos.

A su vez, el gobierno de Coahuila, hoy a cargo del priista Manolo Jiménez Salinas, adeuda otros 292 millones 196 mil 119.82 pesos, que equivale al costo total de construir un distribuidor vial mayor o de modernizar una autopista estratégica completa en Coahuila, como el Giro de Independencia (283 millones de pesos (mdp)) y la rehabilitación de la autopista Premier (300 mdp), siempre con base en los datos oficiales del Ejecutivo.

LA PACHANGA

En tanto estos pasivos existen, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Torreón han asignado contratos millonarios por festejos masivos, en los que se repite el nombre de una empresa: Showcase Entretenimiento, S.A. de C.V., representada legalmente por el promotor Jorge Roberto Mata Carlos.

Entre las adjudicaciones directas recibidas por esta firma está la presentación artística de Carlos Rivera con “Un tour a todas partes”, con motivo de la celebración de Día de las Madres 2024 en la Plaza Mayor de Torreón, por 15 millones 747 mil pesos, con cargo al erario municipal, y la inauguración de la Velaria del Centro de Convenciones Torreón, con cargo al presupuesto del estado.

El primero fue un espectáculo de 120 minutos con acceso general libre, aunque el municipio habilitó una Zona DIF con Causa mediante una venta limitada de boletos para zona preferencial cerca del escenario, cuyos ingresos –dijo– se destinaron a la construcción de la nueva Casa Cuna en Torreón.

En el caso de la Velaria, sólo en aquella noche del 29 de noviembre de 2023 se erogaron 4 millones 408 mil pesos, con un concierto estelar del grupo Pandora y Flans.

Fue el último acto público de la administración de Miguel Riquelme Solís, antes de concluir su gestión como mandatario. La obra tuvo un costo de 40 millones de pesos; es decir, se gastó más del diez por ciento del valor de construcción en el acto de despedida del priista, aunque el contrato no muestra detalladamente los pormenores del servicio requerido, ya que lo presenta como una adjudicación de manera general, al menos en el único documento público disponible.

Tras la gubernatura, Riquelme fue electo senador por el principio de primera minoría por el estado de Coahuila para la LXVI Legislatura (2024-2030), pero solicitó licencia este 2026 tras ser designado por el Congreso de su estado alcalde sustituto de Torreón, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González. Por esta situación, rindió protesta en julio de 2026 para concluir el periodo constitucional hasta el 31 de diciembre de 2027.

La administración interina del ahora edil otorgó a Showcase Entretenimiento, S.A. de C.V., el contrato para la presentación artística de Alfredo Olivas en la Plaza Mayor de Torreón el pasado 15 de septiembre, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación; sin embargo, aunque es una obligación por la Ley de Transparencia, el ayuntamiento no proporciona el contrato en el repositorio digital donde afirma que está. No obstante, la asignación evidencia que la relación entre el contratista y los gobiernos priistas de la región continúa.

Cuando Riquelme fue gobernador, Showcase Entretenimiento igualmente fue contratada para la presentación artística de la Banda MS de Sergio Lizárraga con la que se conmemoró el Grito de Independencia organizado por el gobierno, con sede en Saltillo, por 6 millones 960 mil pesos.

En 2022, tras celebrarse un Grito de Independencia sin público en la Plaza de Armas por medidas de seguridad, el gobierno de Coahuila organizó un concierto gratuito de la agrupación días después, el lunes 26 de septiembre de 2022, en los terrenos de la Feria de Saltillo, con su gira Gracias a Ti.

Ese contrato fue asignado por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno de Coahuila e incluyó escenario, iluminación, planta de luz y camerinos, más los gastos de hospedaje, backstage, seguridad privada, entre otros

De igual forma, Jorge Roberto Mata Carlos –en esta ocasión a nombre propio – estuvo a cargo de la celebración del Día de la Madre 2023 en los terrenos de la Feria de Saltillo, con la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, con un costo de 3 millones 500 mil pesos, pagados por el estado.



Para 2024, la firma repitió con el concierto de Los Tigres del Norte en el marco de las celebraciones por el Grito de Indep

endencia. Fueron 16 millones 820 mil pesos por la presentación, vuelos, hospedaje del staff, seguridad privada, vallas y montaje relacionados con la actuación en la Plaza Mayor de Torreón de los intérpretes de La Puerta Negra, Contrabando y Traición, y El Jefe de Jefes.

Para este 2026, el gobierno no ha transparentado los costos por la presentación de grupo La Firma en la Plaza de Armas de Saltillo por los festejos patrios, el procedimiento ni el o los proveedores elegidos.

Todos los requerimientos mencionados anteriormente fueron directos, sin competencia, para una empresa que, de acuerdo con su licencia de funcionamiento (VU-000865-20) expedida por el ayuntamiento de Torreón, tenía un capital contable de 1 millón 745 mil 286 pesos el 2 de mayo de 2022. Sin embargo, con los gobiernos priistas ha sido contratista recurrente para conciertos y espectáculos masivos.

Aunque no todos los contratos que ha recibido están transparentados, Showcase Entretenimiento y su representante han establecido más relaciones comerciales con éstos y otros gobiernos del norte de México.

Con Mata Carlos, por ejemplo, el ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, firmó el contrato PMGP-OM-LIC-PS-434/2025 por un espectáculo con motivo de los festejos del día del niño, el año anterior. Por un costo de 798 mil pesos, el empresario proveyó un ring de lucha libre, luchadores, cuatro luchas estrellas, edecanes, vuelos, hotel, sonidos, luces y humo durante cuatro horas de evento. Este contrato permite conocer más sobre el valor de su oferta artística y de otros espectáculos.

EL ÚLTIMO FEUDO DEL TRICOLOR

El estado de Coahuila es considerado el último bastión del Partido Revolucionario Institucional, ya que quedó como la única entidad federativa en todo México donde el PRI y los institutos políticos que lo antecedieron han mantenido la gubernatura de forma ininterrumpida desde 1929.

En los últimos nueve años ha sido gobernador por Riquelme (2017-2023) y Manolo Jiménez Salinas (del 1 de diciembre de 2023 a la fecha).

También en la última década Torreón ha sido regido por administraciones emanadas del tricolor y de Acción Nacional, con Miguel Ángel Riquelme (2014-2016; PRI; solicitó licencia para contender por la gubernatura), Jorge Luis Morán Delgado (interino, 2016-2017; PRI), Jorge Zermeño Onfante (2018-2021, PAN; electo para el periodo de un año y reelecto para el trienio siguiente, aunque igualmente pidió licencia), y Sergio Lara Galván (2021, PAN; interino).

Román Alberto Cepeda González cumplió un primer periodo constitucional completo de tres años, de 2022 a 2024, postulado por una alianza entre el PRI y el PRD, para después ser reelecto para el periodo 2025-2027 por una coalición conformada por los mismos institutos políticos que lo llevaron al primer periodo, más el partido local Unión Democrática de Coahuila (UDC), hasta su fallecimiento y relevo por parte de Riquelme.

El cruce de datos realizado por EMEEQUIS evidencia que las administraciones han priorizado contratos con promotoras artísticas, y que han catalogado estos gastos como “impulso cultural” y como fines de cohesión social. En contraste, los compromisos con los proveedores de servicios públicos esenciales han sido clasificados como deuda pública heredada, postergando su pago a través de reestructuraciones que han generado intereses moratorios a cargo de los contribuyentes.

Personal de LitioMx, dirigida por Pablo Taddei, ha realizado 10 viajes al extranjero… sin extraer nada de litio

Personal de LitioMx hizo 10 viajes internacionales en dos años, cuyos costos, afirma, fueron cubiertos por los organizadores o anfitriones. Cuatro años después de su creación, el organismo dirigido por Pablo Taddei, sobrino de la expresidenta del INE, aún no extrae nada del metal, pero gasta 13 millones al año en sueldos

Altos mandos de LitioMx, organismo dirigido por Pablo Taddei, sobrino de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, hicieron 10 viajes internacionales en dos años.

Según una respuesta oficial, los viajes fueron patrocinados por gobiernos y anfitriones, porque no se cuenta con presupuesto para dicho propósito.

Aunque no han extraído nada del metal en cuatro años desde su creación, 12 funcionarios de LitioMx cobran 1.1 millones de pesos al mes.

Litio para México, el organismo que el gobierno federal creó en 2022 para explorar, explotar y aprovechar el litio del país, tiene 12 empleados. 

Juntos cobran 1 millón 111 mil 365 pesos al mes, según la respuesta a la solicitud de información con folio 343085000000126, fechada el 3 de febrero de 2026.

En un año, esa nómina suma 13.3 millones de pesos, sin contar aguinaldo ni prestaciones. Es el equivalente al 95% de los 13 millones 975 mil 401 pesos que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asigna a LitioMx.

Cuatro años después de su creación, la paraestatal no tiene proyectos de exploración ni de explotación en marcha y el proyecto de presupuesto para 2027 la deja, otra vez, sin recursos de inversión.









QUIÉN COBRA QUÉ

De acuerdo con el oficio LitioMX_UAF_O_007/2026 de la Unidad de Administración y Finanzas, el director general, Pablo Daniel Taddei Arriola, tiene una percepción mensual (ingresos brutos) de 179 mil 485 pesos.

Le siguen Mario Alberto Campa Molina, titular de la Unidad de Planeación Estratégica, Manufactura y Comercialización, y Diana Marel Ruiz Ruiz, titular de la Unidad de Exploración, Extracción y Procesamiento, con 158 mil 370 pesos cada uno. 

Camilo Oviedo Bautista, de Administración y Finanzas, y Citlali Yanely Corres Nava, de Asuntos Jurídicos, perciben 144 mil 988 pesos mensuales.

En el siguiente nivel, Verónica Pérez Guzmán, subdirectora de Control de Gestión, y Karen Danira Ahumada Molina, subdirectora de Proyectos, cobran 40 mil 803 pesos. 

Con 40 mil 593 pesos aparecen Adriana Murrieta Álvarez, de Minería; Luis Héctor Ochoa Sierras, de Exploración; Renato Miguel Rosales Morales, de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas; Lucila Sales Solís, de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, y Anayeli Ángeles García, de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Los cinco mandos superiores —el director y los cuatro titulares de unidad— concentran 786 mil 201 pesos mensuales, el 71% de la nómina.

La plantilla creció. En la Cuenta Pública 2024, LitioMx reportó una asignación original de 9.77 millones de pesos destinada en su totalidad al capítulo 1000 (servicios personales) para pagar cinco plazas de mando autorizadas; cerró ese año con un presupuesto modificado de 16.16 millones. Hoy son 12 plazas.


SIN PRESUPUESTO PARA VIAJAR, PERO VOLARON A ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS, Y REINO UNIDO “PATROCINADOS”

En una segunda respuesta, con folio 3430850000000926 y fechada el 6 de abril de 2026, se pidió a LitioMx el detalle de los viajes internacionales de su personal en 2024, 2025 y enero-febrero de 2026, con recibos de viáticos y, en su caso, quién pagó.

El organismo respondió que en los presupuestos de 2024 y 2025 sólo recibió dinero para la partida 1000, de servicios personales, y nada para la partida 3700, de “Servicios de Traslado y Viáticos”. Por eso, dijo, no gastó recursos públicos en viajes al extranjero ni tiene comprobantes.

Aun así, reconoció que su personal hizo 10 viajes internacionales en esos dos años, cuyos costos, afirma, fueron “cubiertos íntegramente” por los organizadores o anfitriones. LitioMx lo justifica como la vía disponible para capacitarse “sin generar afectación al presupuesto público”. 

En 2024, Diana Marel Ruiz viajó a Estados Unidos al encuentro “Cooperación Regional de Litio”, pagado por el Bureau of Energy Resources del Departamento de Estado estadounidense. La misma oficina cubrió su viaje a Argentina, junto con Adriana Murrieta, para un evento sobre desarrollo sostenible de minerales críticos.

Ese mismo año, Mario Alberto Campa y Adriana Murrieta acudieron a Bolivia a un taller del Foro Permanente del Triángulo del Litio + México, organizado por la CEPAL. Campa y Ruiz viajaron además a Alemania en una gira tecnológica financiada por la CEPAL y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania (BGR). Un quinto viaje, a Inglaterra, fue pagado por la Embajada británica e incluyó al director general.

En 2025, Campa, Ruiz y Murrieta viajaron a Chile para conocer empresas de Extracción Directa de Litio, con gastos a cargo de la CEPAL. Murrieta fue a Indonesia invitada por el Consejo Económico Nacional de ese país.

Campa asistió por su cuenta a otros tres eventos en 2025: un taller de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Colombia; una conferencia sobre tributación de recursos naturales en Perú, pagada por el BID y el Foro Intergubernamental de Minería, y el programa Mining, Oil and Gas for National Development en Inglaterra, organizado por la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford y el Natural Resource Governance Institute.

El viajero más frecuente es Mario Alberto Campa Molina, titular de Planeación Estratégica, con siete viajes. Le siguen Diana Marel Ruiz Ruiz, de Exploración, con cinco, y la subdirectora de Minería, Adriana Murrieta, con cuatro. Tres de los viajes fueron financiados directamente por gobiernos extranjeros: Estados Unidos (dos) y Reino Unido (uno); un cuarto contó con una agencia del gobierno alemán como coorganizadora.

EL VIAJE DEL DIRECTOR, PAGADO POR LOS BRITÁNICOS

Pablo Taddei Arriola aparece en un solo viaje: la “Gira Técnica de Litio” a Inglaterra en 2024, organizada y pagada por la Embajada del Reino Unido, en la que lo acompañaron Ruiz Ruiz y Campa Molina. Según LitioMx, el objetivo fue visitar instalaciones relacionadas con la tecnología de Extracción Directa de Litio, centros de investigación y universidades.

Ese mismo año, las empresas británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium, junto con la china Ganfeng, llevaron a México a un arbitraje internacional ante el CIADI (caso ARB/24/21) por la cancelación de sus concesiones de litio en Bacadéhuachi, Sonora, invocando entre otros el tratado bilateral de inversión entre Reino Unido y México.

La respuesta de LitioMx no precisa fechas, por lo que no es posible establecer si la gira pagada por la representación británica ocurrió antes o después de que se presentara el arbitraje.


El documento omite las fechas y la duración de cada viaje, el monto que cubrió cada organizador, las invitaciones y los oficios de comisión, así como cualquier informe de resultados. Tampoco aclara expresamente si hubo viajes en enero y febrero de 2026, periodo incluido en la solicitud; la tabla sólo enlista viajes de 2024 y 2025.

Ambas respuestas están firmadas por Citlali Yanely Corres Nava como titular de la Unidad de Transparencia de LitioMx. En la tabla de sueldos, la misma funcionaria aparece como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con una percepción de 144 mil 988 pesos mensuales.

LOS TADDEI Y EL LITIO

Andrés Manuel López Obrador anunció a Pablo Daniel Taddei Arriola como director de LitioMx en agosto de 2022, cuando cursaba un doctorado en Salud Ambiental en Harvard. Es hijo de Jorge Luis Taddei Bringas, entonces delegado de los programas del Bienestar en Sonora y primo de Guadalupe Taddei Zavala. 

Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR, el OIC y señalamientos por contratos otorgados durante su gestión bajo un esquema irregular.

Actualmente no se sabe si está en el país o abandonó México.

Mientras tanto, LitioMx ha ejercido más de 40 millones de pesos desde su creación, principalmente en salarios, y el Paquete Económico 2027 la mantiene sin presupuesto de inversión.

La comida del poder: contratos, señalamientos y opacidad

Detrás de los señalamientos sobre contratos y presuntos pagos irregulares en el INE también aparece el Corporativo Kosmos, vinculado a la familia Landsmanas. Entre sus principales empresas se encuentran Productos Serel, La Cosmopolitana y Kol Tov, dedicadas a los servicios de alimentación institucional

El escándalo de las contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser apenas una pieza de un entramado empresarial mucho más amplio, que alcanza a distintas dependencias e instituciones públicas. 

Detrás de los señalamientos sobre contratos y presuntos pagos irregulares aparece un grupo empresarial vinculado a la familia Landsmanas, cuya presencia no se limita al órgano electoral. También se ha señalado la posible participación de José Alfredo Hernández Casillas en los hechos denunciados. Son antecedentes que merecen conocerse, investigarse y explicarse.

Hablamos del Corporativo Kosmos, vinculado a la familia Landsmanas y encabezado por Jack Landsmanas Stern. Entre sus principales empresas se encuentran Productos Serel, La Cosmopolitana y Kol Tov, dedicadas a los servicios de alimentación institucional, suministro de víveres, operación de comedores y alimentación en plataformas petroleras.

¿Por qué concentrar toda la atención en el Instituto cuando estos proveedores también han trabajado para distintas instituciones de la administración pública federal? La pregunta es pertinente porque sus contratos involucran recursos públicos y, por lo tanto, deben estar sujetos a vigilancia.

Estas empresas han obtenido contratos en hospitales, centros penitenciarios, dependencias federales y organismos públicos. Entre las instituciones donde aparecen sus operaciones están el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, DIF, Guardia Nacional, PEMEX y hospitales públicos, además del propio INE.

También existen otras sociedades vinculadas al entorno empresarial de la familia Landsmanas, como ABADI, Fármacos Darovi y Abastos y Distribuciones Institucionales, que han aparecido en investigaciones sobre contratación pública. Es importante no confundirlas con las tres principales empresas del corporativo, pero sí revisar sus relaciones societarias y comerciales.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JULIETA DEL RÍO VENEGAS.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/la-comida-del-poder-contratos-senalamientos-y-opacidad/

Acusan a Edgar Maldonado de amenazar a alcaldes para frenar revocación de mandato en Morelos

Funcionarios municipales denunciaron que el secretario de Gobierno los presionó con retirarles obras públicas para modificar sus votos. Diez ayuntamientos buscan revertir su aprobación inicial de la reforma; el Gobierno estatal niega las acusaciones

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, presionó bajo amenazas a alcaldes para que cambiaran sus votos sobre la revocación de mandato, mientras diputados de Morena y sus aliados buscan que el Congreso vuelva a recibir los sufragios municipales, pese a que no existe sustento legal para hacerlo, denunciaron funcionarios municipales, dirigentes partidistas y legisladores de oposición. 

Advirtieron que estas acciones buscan impedir que la ciudadanía decida en las urnas si Margarita González Saravia continúa en la gubernatura.

De los 36 municipios de Morelos, 24 aprobaron inicialmente la reforma, ocho votaron en contra y cuatro no emitieron su voto. Sin embargo, 10 de los ayuntamientos que la respaldaron ahora buscan modificar su postura y ya enviaron documentos al Congreso, luego de que sus autoridades habrían sido presionadas por la Secretaría de Gobierno. Se trata de Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.

El presidente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, denunció que los alcaldes fueron amenazados con retirarles obras y emprender acciones en su contra para obligarlos a modificar sus votos.
"Lo que buscan para que esos 10 municipios se retracten es amenazarlos con retirarles obra pública, emprender acciones contra los alcaldes y prometerles obras que finalmente no les cumplirán", declaró.
Marcela Hernández Salgado, presidenta estatal de SOMOS Morelos, calificó las presiones a los alcaldes como un abuso de poder y acusó a Morena de incongruencia por intentar frenar un mecanismo que promovió. "Ellos son quienes proponen la revocación de mandato para las personas que están en el Ejecutivo y lo que tienen que hacer es respetarla", señaló.

Funcionarios municipales que pidieron reservar su identidad por temor a represalias informaron a Proceso que la estrategia fue ordenada por Maldonado Ceballos. Según sus testimonios, la Secretaría de Gobierno envió oficios con instrucciones sobre cómo plantear ante los cabildos el cambio de voto y qué argumentos presentar al Congreso para que aceptara las modificaciones.

Los funcionarios también relataron que el secretario llamó personalmente a los alcaldes. A algunos les advirtió que perderían obras previamente acordadas si no apoyaban a la gobernadora; a otros les ofreció obras y gestiones a cambio de cambiar su voto.

El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal establece que los ayuntamientos no pueden revocar sus acuerdos, salvo cuando contravengan la ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas que los motivaron. En este caso, la iniciativa de revocación de mandato ya fue votada. Polanco Saldívar sostuvo que no se actualiza ninguna de esas excepciones y calificó de inconstitucional el intento de modificar los sufragios.

En algunos municipios, las presiones habrían incluido advertencias sobre posibles auditorías de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), encabezada por José Blas Cuevas Díaz, y procedimientos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, a cargo de Leonel Díaz Rogel.

Ambos funcionarios han sido señalados por actores políticos y en investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción y por utilizar las instituciones a su cargo como instrumentos de presión política.

Proceso buscó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, para conocer su postura sobre los señalamientos. En respuesta, envió por escrito un posicionamiento en el que negó que el Poder Ejecutivo haya presionado a los presidentes municipales:
"Rechazamos cualquier señalamiento en el que se establezca la intervención de este Poder para presionar a las y los presidentes municipales en la toma de decisiones".
El Gobierno estatal sostuvo que respeta la división de poderes y las decisiones de los ayuntamientos, y reiteró su respaldo a la revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.

Morenistas y aliados  aplazan la declaratoria

Las bancadas de Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde respaldaron revisar los votos municipales sobre la revocación de mandato de la gobernadora Margarita González Saravia, mientras PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PT exigieron reconocer los 24 sufragios aprobatorios y votar la declaratoria constitucional.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, determinó turnar el asunto a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos, sin someter a votación la propuesta de incorporar la declaratoria al orden del día, presentada por la priista Gonzala Eleonor Martínez Gómez.

La legisladora argumentó que el 8 de octubre, con el voto favorable de Tlaquiltenango, se alcanzaron las dos terceras partes de los 36 ayuntamientos, como establece el artículo 147 de la Constitución estatal. Sin embargo, entre el 9 y el 15 de octubre ingresaron 18 nuevas actas de cabildo, diez de ellas de municipios que originalmente aprobaron la reforma y después intentaron cambiar el sentido de su voto.

Martínez Gómez sostuvo que los ayuntamientos agotaron su facultad constitucional al emitir y notificar sus decisiones al Congreso, por lo que no pueden sustituirlas posteriormente. En contraste, Pimentel Mejía argumentó que debe determinarse si los acuerdos posteriores tienen efectos sobre el cómputo constitucional.

La priista insistió en que su propuesta debía someterse a consideración del Pleno y advirtió que impedir su votación podía vulnerar sus derechos político-electorales y obstaculizar el ejercicio de sus funciones legislativas. Sin embargo, la modificación del orden del día no fue votada y tampoco se emitió la declaratoria.

Oposición y Morena confrontan posturas

Horas antes, diputados de oposición acusaron a Morena y al Gobierno estatal de obstaculizar el mecanismo de participación ciudadana y exigieron respetar los 24 votos originales.

El coordinador panista, Daniel Martínez Terrazas, sostuvo que la Constitución no contempla una segunda votación municipal ni permite retirar libremente los sufragios una vez recibidos por el Congreso. También defendió que la participación de los ayuntamientos forma parte del procedimiento del Constituyente Permanente y no constituye un acto administrativo ordinario.
"La revocación de mandato no significa destituir automáticamente a un gobernante. Significa reconocer que el poder no es propiedad de quien lo ejerce y que la confianza ciudadana debe poder evaluarse durante el ejercicio del cargo", afirmó.
La diputada Andrea Gordillo Vega cuestionó que se obstaculice el escrutinio ciudadano: "Si se presume un buen trabajo, no tendría por qué haber temor al escrutinio público".

Por MC, Luz Dary Quevedo Maldonado pidió una resolución fundada y transparente: "No pedimos saltarnos procedimientos ni vulnerar la autonomía municipal. Pedimos que este Congreso cumpla con su deber, revise los votos emitidos originalmente y dictamine sin miedo y sin presiones".

La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, cuestionó que se pretenda detener el mecanismo y advirtió: "No dar paso a la revocación de mandato es traicionar los principios de la izquierda y el compromiso de que el pueblo pone y el pueblo quita".

En contraste, la morenista Jazmín Solano rechazó que su bancada esté en contra de la revocación de mandato. Sostuvo que sus objeciones se relacionan con presuntos vicios legales del procedimiento. Recordó que la reforma fue aprobada por la 55 Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y que, tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) del 24 de junio de 2026, se requirió nuevamente a los municipios para emitir sus votos. También señaló que hubo presiones para que algunos ayuntamientos modificaran sus decisiones originales.

El coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, negó que existan instrucciones para impedir la declaratoria: "Ni hay argucias ni tampoco hay instrucciones". Sostuvo que debe revisarse el periodo y la legislatura en que se aprobó y remitió la reforma a los municipios, antes de avanzar.

A esta postura se sumaron la coordinadora de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, y el coordinador del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, quienes también plantearon revisar los alcances jurídicos del mecanismo.

En entrevista con Proceso, Rafael Reyes condicionó el avance de la reforma a que una autoridad judicial determine si los ayuntamientos actuales pueden modificar los votos emitidos por cabildos de administraciones anteriores. El coordinador morenista negó que exista protección política a la gobernadora y aseguró que su bancada está dispuesta a retomar el procedimiento cuando haya un criterio jurisdiccional. "Nosotros estamos listos para reiniciar el procedimiento", afirmó. Sobre los señalamientos de que buscan prolongar la discusión, respondió: "Estamos cuidando el proceso legislativo, nada más".

La sesión concluyó sin que se votara la declaratoria constitucional. El asunto quedó pendiente de revisión en la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos. De concretarse la reforma y los procedimientos posteriores, las y los morelenses podrían decidir en 2027 si Margarita González Saravia continúa en el cargo.

Corrupción: percepciones y creencias

Como se manejan las cosas en Morena, no queda más que reconocer que Guadalupe Taddei se ganó a pulso ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en el peor de los casos, honrarnos con ser embajadora en Albania

Al parecer, quienes pertenecen a Morena tienen un compromiso doble: primero, con la organización, a la que, pudieran hacer voto secreto y solemne fidelidad; y, en segundo lugar, con sus socios; a éstos los une un compromiso de solidaridad. Ignoro si para entrar a ella exista el requisito, tácito o expreso, de hacer voto de secrecía y obediencia. Supongo que sí es necesario en los altos niveles: los que están a salvo de persecuciones y acusaciones.

Pudieran estar exentos del voto de secrecía y solidaridad con la organización los filisteos incircuncisos: es decir: los de abajo, los que sólo sirven para hacer montón y obedecer: la carne de cañón. Éstos, seguramente, hacen voto de fidelidad ante su inmediato superior.

En el caso de Guadalupe Taddei todo apunta que el compromiso de solidaridad que une a los miembros de su organización funcionó hasta cierto grado. Su situación, con base en filtraciones, videos y periodicazos, se hizo insostenible. Por el bien de Morena tuvo que renunciar.

Ella se sentía segura y apoyada, tanto por lo que sabe de Morena y de sus miembros, como por los servicios que prestó a la causa: principalmente por haberles regalado la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, de la que derivó, entre otras, el crecido número de reformas a la Constitución, por virtud de las cuales los morenos consolidaron su hegemonía política y económica.

Para que estuviera en posibilidad de hacer todo, absolutamente todo; para que en ámbito electoral se consolidara Morena en el poder, la señora Taddei fue dotada de atribuciones legales y extralegales; ello se hizo en violación de la naturaleza de la institución y de la imparcialidad, que era de esperarse de una servidora publica de su naturaleza.
Guadalupe Taddei no se puede quejar de haber sido abandonada por los morenos después de tan caros e importantes servicios que les prestó: la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión que les consiguió fue determinante para que Morena y sus socios también hicieran y deshicieran en lo relativo a ministros, cargos públicos y nombramientos. La destrucción del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, no se hubiera logrado sin esa intervención decidida de parte de ella.
Frecuentemente se compara la corrupción con la humedad o el salitre; el símil es válido: penetra lentamente y no se detecta sino hasta que el daño es irreversible. Maquiavelo compara los problemas políticos con la tisis: afirma que al principio de la enfermedad muy pocos pueden diagnosticarla, pero muchos pueden curarla. Pero cuando el mal ha avanzado y los daños son manifiestos, dice ese autor, que muchos pueden diagnosticarla, pero muy pocos curarla (De principatibus, III, 32).

La corrupción de los funcionarios públicos es de naturaleza diferente; ésta, como un problema humano, es evidente desde un principio. Decían los viejos: amor, dinero y cuidado no puede ser disimulado. Ello es absolutamente cierto: si alguien está enamorado, tiene dinero o está preocupado ello es notorio. De la misma manera, la corrupción no se puede ocultar, está a la vista de quienes tienen ojos para ver. La ostentación es un defecto que caracteriza a los nuevos ricos o de aquellos que, de la noche a la mañana, se hacen de una fortuna.

En el caso de la familia Taddei su mayor pecado fue haber sumado a la corrupción, el de la ostentación.

Los morenos, visto los servicios que ella estaba recibiendo, pasaron por alto los abusos de poder, las señales de enriquecimiento y los signos de ostentación con que tanto ella como su familia y socios se conducían. La sostuvieron en el cargo, no tanto por lo que sabía de ellos, sino, principalmente, por lo que operaba en el ámbito electoral. Por ello la dejaron hacer y deshacer. Con tal de que diera resultados, se le permitió dar al instituto, la estructura que ella exigió y dejó que ella, libremente, hiciera los nombramientos de personas de su absoluta confianza. No defraudó a sus patrocinadores.

Dadas las altas recomendaciones de AMLO y Alfonso Durazo Montaño, nadie esperaba que incurriera en dos vicios: uno, que se excediera en el uso de la autoridad que se le había confiado; y el otro, que fuera ostentosa en el abuso de su poder y del manejo de los recursos del INE que se le confiaron. Al parecer confundió los intereses públicos con los propios; antepuso el amor maternal o de pareja al cumplimiento de la ley.

Dada la proximidad de las elecciones: las de 2027, para los morenos la salida de la señora Taddei es una auténtica tragedia. Nadie permitirá el nombramiento de una presidente del INE a modo. La Constitución no permite que se modifiquen las leyes electorales 90 días antes del proceso electoral (artículo 105, frac. inc. i, párrafo tercero).

Como se manejan las cosas en Morena, no queda más que reconocer que Guadalupe Taddei se ganó a pulso ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en el peor de los casos, honrarnos con ser embajadora en Albania. Los morenos no pueden mostrarse ingratos con ella ni abandonarla a su suerte ahora que muchos la rechazan.

Conociendo a muchos morenos, era de suponerse que continuaría la corrupción generalizada en el sector público: federal, local y municipal; lo que no esperábamos, y tampoco deseábamos, era que bajo los gobiernos de la 4T siguiera habiendo impunidad e, incluso, encubrimiento.

Un ejemplo: Sheinbaum, el 28 de octubre, censuró la actuación de Guadalupe Taddei; ello no implica que se vaya a proceder penalmente en su contra. A lo que más pudiéramos aspirar es a que se proceda penalmente contra servidores públicos segundones.

Contra toda lógica, cuando menos en México, las escaleras se seguirán barriendo de abajo para arriba. Absurdo, pero esa es la realidad.

Detienen a profesora de criminalística acusada de vender supuestas plazas en la PDI

De acuerdo con la investigación, la imputada utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ingresar a la corporación, para lo que debían entregar documentación personal y cubrir un pago de 40 mil pesos, dividido en tres depósitos bancarios: uno inicial de 6 mil pesos y dos posteriores de 17 mil pesos cada uno

Una profesora de Criminalística de una universidad del Estado de México fue detenida por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de plazas en la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por las que solicitaba 40 mil pesos a sus estudiantes. 

La mujer, identificada como Ana Karen “N”, de 31 años, fue aprehendida el jueves 5 de noviembre en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, luego de que una de sus alumnas la denunció por haberle cobrado 6 mil pesos como primer pago para obtener un supuesto puesto en la corporación capitalina. 

De acuerdo con la investigación de la FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde, la imputada impartía clases de Criminalística en una universidad de Naucalpan y, en julio de 2026, utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ingresar a la PDI a cambio de dinero. 

Para acceder a las supuestas plazas, las personas interesadas debían entregar documentación personal y cubrir un pago de 40 mil pesos, dividido en tres depósitos bancarios: uno inicial de 6 mil pesos y dos posteriores de 17 mil pesos cada uno.

La cuenta bancaria a la que debían transferirse los recursos era proporcionada por la propia profesora, según la investigación ministerial. 

El 9 de agosto de 2026, una de sus alumnas realizó el primer depósito, pero sospechó que se trataba de un fraude y acudió a la Fiscalía capitalina el 9 de septiembre para presentar una denuncia. 

A partir de ese señalamiento, el Ministerio Público inició una investigación por el delito de fraude específico, en la que se indagaron tanto el ofrecimiento de las plazas como el pago realizado por la estudiante. 

Con los resultados de las diligencias y los dictámenes periciales, la Fiscalía obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ana Karen “N”. 

El mandamiento judicial fue ejecutado el 5 de noviembre por agentes de la PDI, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Naucalpan de Juárez. 

Tras su captura, la profesora fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que deberá resolver su situación jurídica. 

Ante la posibilidad de que existan más personas afectadas, la Fiscalía capitalina llamó a quienes hayan recibido ofertas de ingreso a la PDI por parte de Ana Karen “N” a presentar sus denuncias ante el Ministerio Público.

Revelan cómo operaba red de Hermanos Casillas en el INE; 27 años antes de ser contratista favorito de Taddei

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones.

El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió este jueves una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos antecedentes tienen por lo menos 27 años, iniciaron en la década de los ochenta y que, entre 2015 y 2025, obtuvo contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos, con empresas fachada para simular competencia.

La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones. La aclaración se presenta en medio de la crisis por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.

De acuerdo con la documentación gubernamental, entre 2015 y 2023, durante el periodo que comprende la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE y los primeros meses de la administración de Taddei, 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas.

La red empresarial mantuvo sus operaciones durante los años siguientes. Entre 2024 y 2025, otras adjudicaciones realizadas por 15 organismos electorales estatales alcanzaron los 646.3 millones de pesos, según la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema histórico CompraNet.

La presentación del gobierno federal ocurre un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una investigación de oficio para revisar 25 años de adquisiciones del INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales de las entidades federativas, con el propósito de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el manejo de recursos públicos.

A diferencia del anuncio de la ASF, que no identificó a empresas ni funcionarios involucrados, el documento presentado este jueves reconstruye el origen de la presunta red, identifica a sus integrantes y describe un mecanismo mediante el cual distintas compañías relacionadas entre sí habrían participado en las mismas licitaciones para simular competencia y obtener contratos públicos.

Los orígenes en Gobernación y el CISEN

La investigación gubernamental sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, una dependencia que entonces tenía bajo su control la organización de las elecciones federales. 

Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro Nacional de Población y figura vinculada con el priismo del Estado de México.

Su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987. 

En 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica, identificada por el gobierno como uno de los antecedentes empresariales de la red que posteriormente participaría en las contrataciones electorales.

Un año después, en 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario particular, mientras Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones. 

En ese periodo, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios ocupaba la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN.

El documento también reconstruye la trayectoria política posterior de Padilla Aguilar, quien en 1989 fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza.

En abril de 2017, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo designó delegado regional de esa dependencia para Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. 

La presentación señala además que Padilla Aguilar coincidió posteriormente en el partido Somos con exintegrantes del INE, entre ellos Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova, quienes desempeñaron distintas responsabilidades en esa organización política.

Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción histórica presentada por el gobierno, aunque no constituyen por sí mismos pruebas de participación de esos exfuncionarios en las contrataciones investigadas.

El primer escándalo electoral

La investigación identifica al Estado de México como uno de los primeros escenarios de las contrataciones electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, empresa que el gobierno relaciona con Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Para 1999, Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México.

En 2005, esa compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral.

Según la presentación gubernamental, las denuncias por irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación provocaron un escándalo que culminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del organismo.

El episodio constituye uno de los antecedentes que el gobierno utiliza para reconstruir la expansión de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, cuya participación como proveedoras electorales continuó durante las siguientes dos décadas.

Entre 2012 y 2013, las compañías diversificaron sus operaciones y contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

La expansión coincidió posteriormente con la transformación institucional del sistema electoral mexicano.

Con la reforma política de 2014, los congresos estatales perdieron la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales locales, responsabilidad que pasó al Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.

La presentación recuerda que ese Consejo General designó a los consejeros electorales de las 32 entidades federativas y vincula ese proceso con las contrataciones que los organismos estatales adjudicaron posteriormente a las empresas señaladas.

Entre las designaciones de septiembre de 2014 estuvo la de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del organismo electoral de Sonora, aprobada por diez votos a favor y uno en contra, emitido por la consejera Pamela San Martín.

El documento sostiene que Taddei fue designada pese a que otros aspirantes obtuvieron calificaciones superiores en las evaluaciones del procedimiento. 

Sin embargo, la investigación presentada no acredita que Lorenzo Córdova haya ordenado adjudicaciones a las empresas de los hermanos Hernández Casillas ni establece una relación directa entre su participación en los nombramientos de consejeros y las decisiones de contratación adoptadas posteriormente por los organismos estatales.

Contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó seis compañías vinculadas con la presunta red: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

Según las cifras oficiales, entre 2015 y 2023 estas empresas acumularon contratos por 2 mil 94 millones de pesos.

Formas Finas y Materiales concentró 825.6 millones de pesos; Cajas Graf, 751.2 millones; Seriplast de México, 380.5 millones; Corporativo ZEG, 101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, 35.5 millones. 

Veracruz fue la entidad con el mayor monto de contrataciones durante ese periodo, con 570.4 millones de pesos, seguida de Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones.

En Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral local, las contrataciones atribuidas a la red sumaron 110.7 millones de pesos.

La documentación también registra adjudicaciones en Chiapas, Baja California, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México, Yucatán, Zacatecas y Morelos.

Para el periodo 2024-2025, el gobierno identificó otros 646.3 millones de pesos en contratos, distribuidos principalmente entre Comercializadora JVLY, con 234.7 millones; Cajas Graf, con 181.9 millones; Corporativo ZEG, con 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, con 105.9 millones. 

Durante esos dos años, Puebla encabezó las contrataciones con 129.7 millones de pesos, seguida de Jalisco, con 102.2 millones; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.

El gobierno sostiene que la continuidad de las adjudicaciones durante distintas administraciones electorales permitió a las compañías mantener su presencia en el mercado de suministros para los comicios estatales.

Simulación de competencia y presunto lavado de dinero

Uno de los principales señalamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se refiere al mecanismo mediante el cual las empresas habrían participado en las licitaciones públicas.

De acuerdo con la presentación, distintas compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas concurrían a los mismos procedimientos de contratación y presentaban propuestas económicas aparentemente independientes.

Sin embargo, según la hipótesis gubernamental, las ofertas habrían sido coordinadas para simular competencia, de manera que una de las empresas resultara ganadora mientras las demás presentaban precios destinados a favorecer la adjudicación.

El documento identifica este mecanismo como una presunta simulación de competencia en licitaciones realizadas por el INE y los organismos públicos locales electorales.

La investigación también señala la existencia de vínculos entre proveedores y servidores públicos, así como la utilización de empresas que presuntamente carecían de capacidad operativa, infraestructura y empleados en nómina para cumplir con los contratos obtenidos.

Entre las prácticas denunciadas se encuentra el supuesto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones, incluido el caso de una mujer de 96 años cuya identidad y participación específica no se detallan en la presentación.

Asimismo, el gobierno señala posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras, con información atribuida al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

El esquema societario presentado identifica a socios, representantes legales, apoderados y familiares relacionados con las distintas compañías, a partir de información del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.

No obstante, la presentación no incluye los expedientes completos de las licitaciones, los movimientos financieros ni las resoluciones judiciales que permitan establecer de manera definitiva la comisión de los delitos señalados.

Investigación alcanza a varias administraciones del INE

Las revelaciones del gobierno federal ocurren después de que la crisis por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés provocara la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.

Su salida desencadenó una revisión de nombramientos y contrataciones dentro del organismo, así como la separación de 30 funcionarios cercanos a su administración. 

Los diez consejeros que permanecieron en el Consejo General designaron a Blanca Cruz García como presidenta provisional y acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con las contrataciones electorales.

En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE confirmó la existencia de 18 expedientes sobre posibles conflictos de interés y contrataciones cuestionadas.

La crisis también provocó un enfrentamiento político entre Morena y el PAN por las responsabilidades de las distintas administraciones del instituto.

La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado que las investigaciones no se limitaran a la gestión de Taddei, sino que comprendieran también las contrataciones realizadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova y otros periodos de la autoridad electoral.

Ayer, la ASF anunció una investigación de oficio sobre las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.

“Aviadores” de 300 mil: ASF encuentra en Puebla 15 plazas sin documentación

En total no se acreditó el destino de 4.5 millones de pesos por concepto de la falta documental de los requisitos establecidos para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría revisada por EMEEQUIS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 15 plazas laborales pagadas por el gobierno del estado de Puebla con recursos federales, sin que la entidad acreditara la documentación requerida por los presuntos trabajadores para el desempeño de las funciones remuneradas.

Se trata de puestos laborales del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) del gobierno de Puebla, sufragados con  recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) otorgados a esa entidad en 2025 por la federación. En total “no se acreditó el destino de 4,528,800.11 pesos por concepto de la falta documental del cumplimiento de los requisitos establecidos” para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría, revisada por EMEEQUIS.

Dividida entre las 15 plazas no documentadas, se habría destinado alrededor de 300 mil pesos durante el ejercicio. La falta de comprobación documental podría apuntar a plazas fantasma para la ordeña de recursos o destinadas a “aviadores”, como ha ocurrido en otros casos.  

El gobierno del morenista Alejandro Armenta tuvo que reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más del 70% por ciento del monto señalado antes de que concluyera la revisión financiera practicada por la ASF.

En total, “previo a la conclusión de esta auditoría la Entidad Fiscalizada reintegró 2,920,146.75 pesos a la Tesorería de la Federación”.

EL CASO CONCRETO

De acuerdo con el reporte de la ASF sobre la auditoría 1627 practicada sobre recurso del FAETA transferidos al gobierno de Puebla, “se determinaron 4,528,800.11 pesos pendientes de aclarar del FAETA por el pago de remuneraciones a 15 trabajadores del IEEA Puebla, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas”.

Debido a ello, la entidad fiscalizadora determinó el Pliego de Observaciones 2025-A-21000-19-1627-06-001 en el que “ se presume un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado.

Reitera que no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas, en incumplimiento del artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los artículos 42 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y de las Cédulas de valuación de puestos de base del IEEA Puebla vigentes durante el ejercicio fiscal 2025.

Dicho de otro modo podría tratarse de “aviadores”, como se conoce a personas que ostentan un puesto nominal y cobran un salario por un trabajo que no realizan en realidad o para el que no están calificados. El vocablo proviene de mediados del siglo XX, cuando el personal que participó en la Segunda Guerra Mundial regresó al país y fue integrado a distintas dependencias con posiciones para las que no cubrían el perfil.


“DOCUMENTARON” SOBRE LA MARCHA

Originalmente había más casos, pero el gobierno de Puebla apresuró a  hacer los ajustes necesarios para solventar las inconsistencias. 

La ASF había encontrado en total 25 trabajadores que el IEEA Puebla “no acreditó documentalmente” respecto del cumplimiento de los requisitos para ocupar las plazas.

 • En los expedientes de 8 trabajadores, cuyas remuneraciones ascendieron a 2,470,479.59 pesos, no se localizó documentación que acreditara el grado de estudios requerido para las plazas desempeñadas.

 • En los expedientes de 17 trabajadores, cuyas remuneraciones sumaron 5,103,824.70 pesos, la documentación proporcionada resultó insuficiente para acreditar el perfil académico o la experiencia requerida.

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Puebla sacó documentación para justificar las inconsistencias;

“Proporcionó los oficios número SABG/OS/SCA/6855/2026 y SABG/OS/SCA/CGAEGP/7124/2026, de fechas 29 de septiembre y 7 de octubre de 2026, respectivamente, a través de los cuales remitió Cédula de Valuación de Puestos para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos del 2001, oficio, base de datos, expedientes de personal”, entre otros, con los que justificó las plazas.

Pero “subsiste un monto por aclarar de 4,528,800.11 pesos, correspondiente a las remuneraciones pagadas a los 15 trabajadores restantes, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para las plazas desempeñadas, con lo que se solventa parcialmente lo observado”.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

De acuerdo con el reporte de la auditoría practicada, “la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SPFA) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2025, por 437,149,080.14 pesos de los cuales 244,707,898.61 pesos correspondieron al componente de Educación Tecnológica y 192,441,181.53 pesos al componente de Educación para Adultos”. 

Los recursos fueron recibidos en las fechas establecidas en el calendario de ministración y, en los casos aplicables, de conformidad con las adecuaciones presupuestarias autorizadas. 

Asimismo, se verificó que la SPFA transfirió al CONALEP Puebla recursos del fondo por 244,707,898.61 pesos y rendimientos financieros por 14,992.71 pesos, para un total de 244,722,891.32 pesos; y al IEEA Puebla recursos por 192,441,181.53 pesos; los recursos y rendimientos transferidos a los organismos ejecutores ascendieron a 437,164,072.85 pesos”. 

Adicionalmente, se verificó el reintegro a la TESOFE por 9,871,692.09 pesos; integrado por 28,030.00 pesos reintegrados por la SPFA, 6,807,427.34 pesos por el CONALEP Puebla, y 3,036,234.75 pesos por el IEEA Puebla. Al 31 de marzo de 2026 se identificó en las cuentas bancarias del fondo un saldo de 1,160.06 pesos, que no se reintegró a la TESOFE

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES)
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/investigaciones/aviadores-de-300-mil-asf-encuentra-en-puebla-15-plazas-sin-documentacion/