Entre los posibles delitos que podrían examinarse están el cohecho, el peculado y el ejercicio abusivo de funciones
“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, señaló en conferencia de prensa.
La Consejera explicó que acordaron preparar la documentación para remitirla al Ministerio Público federal, con el propósito de que determine si existen elementos para investigar posibles delitos. Dicha presentación podría concretarse mañana en la Oficialía de Partes de la FGR.
En este sentido, aclaró que la revisión no estará dirigida exclusivamente contra Taddei, quien encabezó el INE del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026, sino que podrá comprender a cualquier persona que haya ocupado un cargo dentro del instituto y cuya actuación pudiera constituir una conducta sancionable.
Por dicha razón, indicó que no se presentará una lista de personas señaladas, pues la intención es que la autoridad ministerial pueda investigar a cualquier funcionario respecto del que existan indicios. En paralelo, añadió que también existen investigaciones abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC).
“Nosotros no podemos tipificarla porque no somos la autoridad competente”, sostuvo al referirse a las posibles responsabilidades penales.
En el mismo panorama, la funcionaria adelantó que el próximo jueves el Consejo General del INE prevé tomar acciones emergentes relacionadas con la situación del organismo, en medio de la revisión de las áreas administrativas y de los señalamientos sobre la gestión de la anterior Consejera presidenta.
La ASF y el OIC investigan contratos desde 2014
El viernes pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las investigaciones sobre contrataciones relacionadas con el organismo electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) abarcan operaciones realizadas entre 2014 y 2026, periodo que comprende también la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el Auditor reveló que dos grupos empresariales acumularon operaciones por ocho mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas durante esos años. De ese monto, tres mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales.
Los hallazgos coinciden con los expuestos por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, quien informó que cinco empresas con vínculos entre sí recibieron contratos por alrededor de dos mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. De acuerdo con el funcionario, las compañías comparten representantes legales y socios, pese a que participaron como competidoras en procedimientos de contratación.
Las empresas identificadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Seriplas de México, que concentraron contratos para suministrar materiales electorales al INE y a los organismos electorales locales.
Carvente Contreras detalló que el OIC mantiene 18 expedientes por posibles irregularidades y conflictos de interés. Cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa contra personas servidoras públicas, mientras que los 13 restantes continúan bajo investigación. El contralor evitó precisar si alguno de estos expedientes involucra directamente a Taddei, al señalar que debe respetarse el debido proceso.
FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
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