La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años información clave de sus indagatorias sobre la operación que derivó en el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos hace más de dos años.
La FGR justificó su negativa a una solicitud de transparencia al señalar que la divulgación de la información podría afectar la indagatoria en curso y la cooperación entre México y Estados Unidos.
La solicitud de información pedía acceso a los documentos utilizados o mencionados por la fiscal general Ernestina Godoy y otros funcionarios durante una conferencia de prensa del 8 de julio de 2026.
Esa conferencia fue convocada por la FGR luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) hubiera donado a un museo, a mediados de año, el avión en el cual “El Mayo” fue trasladado por la fuerza para su arresto en Santa Teresa, Nuevo México.
La petición de transparencia buscaba encontrar el sustento de las afirmaciones hechas por Godoy y sus funcionarios de que Estados Unidos había entregado información «falsa e imprecisa» sobre la operación del arresto de Zambada el 25 de julio de 2024.
“El Mayo” fue llevado por la fuerza en ese avión a suelo estadounidense tras haber sido presuntamente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con las versiones de Zambada y de la propia FGR. Ambos fueron arrestados por agentes estadounidenses al aterrizar en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, donde se encuentra el museo.
La reserva ocurre tras exigencias de transparencia a EE.UU.
La donación del avión Beechcraft King Air 200, dada a conocer por Aristegui Noticias el 28 de junio, fue anunciada formalmente por el FBI a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa celebrada en el War Eagles Air Museum el 2 de julio.
En esa conferencia, el agente especial Conal L. Whetten destacó la labor del FBI en las capturas. Posteriormente, el museo permitió que la prensa y los visitantes subieran a la aeronave para conocer su interior.
Dentro del avión se colocaron, para su exhibición, paquetes de frituras y otros productos similares a los encontrados cuando los agentes federales llevaron a cabo los arrestos.
Durante el evento en Nuevo México, se distribuyó un documento con detalles de las modificaciones que el FBI encontró al inspeccionar el avión. El número de serie, la matrícula y los sistemas electrónicos de la aeronave, entre otros aspectos, habían sido alterados para evitar la identificación plena de su historial, según el documento.
La donación de la aeronave y una posterior declaración oficial atribuida al FBI derivaron en una exigencia de Sheinbaum y su gobierno para que Estados Unidos aclarara el nivel de involucramiento de sus agentes en la operación que culminó con el arresto de ambos capos.
La declaración que desató mayor controversia fue difundida por el museo y contenía una relatoría de hechos proporcionada por el FBI sobre la labor de la agencia en las capturas de los capos en territorio estadounidense.
Ese texto, titulado “Operación Air Kings”, destacaba la labor de dos agentes del FBI en los arrestos y sostenía que el operativo terminó con el “reinado de cuatro décadas” que había mantenido “El Mayo” como cofundador y líder del Cártel de Sinaloa.
Ese documento ahora está exhibido en una placa frente al avión en el museo, donde se encuentran decenas de aviones de guerra y vehículos antiguos.
Tras la difusión del documento, Sheinbaum sugirió que Ken Salazar, quien era embajador de Estados Unidos en México cuando ocurrieron las capturas, había mentido al negar la participación estadounidense en el secuestro.
“La primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la mandataria en su conferencia de prensa del 7 de julio. “¿Por qué es relevante? Primero. El haber mentido como embajador.
“Y segundo. De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando Tratados Internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.
Salazar había dicho el mismo día de los arrestos que la operación del secuestro de “El Mayo” no fue organizada por el gobierno de Joe Biden y que la participación de las agencias estadounidenses ocurrió cuando ambos aterrizaron en el aeropuerto.
Sheinbaum y otros funcionarios lanzaron esas acusaciones contra Salazar tras la publicación de reportes que interpretaron el contenido del documento como una admisión oficial de que agentes estadounidenses habían participado en la planeación del secuestro y traslado de “El Mayo”.
Luego de los señalamientos de julio pasado, Salazar reiteró en sus redes sociales y en varias entrevistas que Estados Unidos no había participado en el secuestro del capo, sino en los arrestos una vez que ambos llegaron a territorio estadounidense.
“Comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, dijo en una publicación en su cuenta de X. “La verdad es la verdad, the truth is the truth”.
Durante una visita a la Ciudad de México este miércoles para presentar la versión en español de sus memorias, Salazar se remitió a sus declaraciones previas sobre el tema, incluido el relato que presentó en su libro. En sus memorias, Salazar contó que, tras el arresto de los capos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no volvió a recibirlo en Palacio Nacional, como era habitual antes de los hechos.
“Aunque yo seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, la puerta abierta de la que había disfrutado con el presidente mexicano parecía haberse cerrado de golpe”, escribió el exembajador en sus memorias.
La versión de Salazar coincide con la postura que han mantenido funcionarios del actual gobierno de Donald Trump. El 20 de julio, luego de la sentencia a cadena perpetua dictada contra “El Mayo” en Nueva York, Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, reiteró que Guzmán López había admitido haber orquestado el secuestro.
En una conferencia de prensa afuera de la corte, Nocella dijo que, aunque Guzmán López había declarado a los fiscales que esperaba obtener el favor de Estados Unidos mediante el secuestro de Zambada, el gobierno estadounidense le había dejado muy claro que no toleraba el secuestro y que no recibiría ningún reconocimiento por sus acciones.
“Estados Unidos dejó muy claro que no tolera el secuestro y que no recibiría ningún reconocimiento por nada de lo que hiciera en ese sentido”.
La FGR negó el acceso a archivos, fotografías y videos
La reserva abarca un amplio conjunto de documentos solicitados que permitirían reconstruir cómo ocurrió la operación mediante la cual Zambada terminó en territorio estadounidense.
Entre la información solicitada se encuentran fotografías, videos, peritajes, inspecciones, registros migratorios y aeronáuticos, documentos de cadena de custodia y otros materiales relacionados con la aeronave utilizada para trasladar a Zambada y Guzmán López a Estados Unidos.
También se solicitaron documentos sobre el piloto de la aeronave, incluidos los relativos a su identidad, nacionalidad, situación migratoria, declaraciones ante autoridades mexicanas y actuaciones relacionadas con su detención y posterior extradición a Estados Unidos.
Ninguno de esos documentos fue proporcionado.
La petición también incluyó comunicaciones con autoridades estadounidenses, peritajes sobre la aeronave utilizada e información sobre el piloto.
Pese a que la solicitud pidió expresamente que, en caso de existir información protegida, se entregaran versiones públicas en las que únicamente se testaran los datos reservados o confidenciales, la Fiscalía determinó que la documentación solicitada forma parte de una investigación en trámite y, por tanto, no podía proporcionar los archivos.
Durante la conferencia del 8 de julio, se informó que la FGR logró identificar al piloto de la aeronave que trasladó a “El Mayo” y a Guzmán López mediante el análisis de una grabación proporcionada por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).
En el audio, el piloto solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código para ingresar al espacio aéreo estadounidense.
A partir de dictámenes periciales de voz y otros indicios, como huellas dactilares, la Fiscalía estableció en junio de 2026 que se trataba de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, presuntamente vinculado con la organización de “Los Chapitos”.
Sin embargo, las autoridades mexicanas ya habían detenido a Núñez Ojeda el 8 de febrero de 2025, en Jesús María, Sinaloa, y posteriormente lo entregaron a Estados Unidos el 13 de agosto de ese año, como parte de un traslado de 26 presuntos delincuentes.
La FGR reconoció que fue hasta diez meses después de esa entrega cuando identificó los indicios que lo vinculaban con el vuelo de Zambada.
Ahora, según dijo Godoy en la conferencia, la FGR ha solicitado su extradición a México por delitos cometidos en el país.
La identificación de “El Jando” como piloto ocurrió después de que el gobierno de México rechazara versiones que lo vinculaban con el traslado de los capos a Estados Unidos. Esta identificación contradijo declaraciones previas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien había negado que “El Jando” participara directamente en el traslado de Zambada a territorio estadounidense.
Las investigaciones siguen abiertas, dice la FGR
En su respuesta a la solicitud de transparencia, la FGR reiteró que, más de dos años después del traslado de Zambada a Estados Unidos, mantiene abiertas indagatorias sobre los hechos.
La Fiscalía sostuvo que revelar los documentos permitiría conocer las líneas de investigación, las diligencias y los elementos de prueba reunidos por el Ministerio Público, lo que podría afectar la posibilidad de determinar la existencia de delitos y establecer la responsabilidad de quienes participaron en ellos.
La dependencia argumentó que proporcionar los documentos en versión pública, es decir, con datos personales y otra información legalmente protegida testados, podría afectar la investigación.
La solicitud había planteado una alternativa: en caso de que algunos documentos contuvieran información legalmente protegida, la FGR debía testar esos datos y entregar el resto.
La Fiscalía también rechazó esa posibilidad.
“La elaboración de una versión pública no permitiría superar el perjuicio identificado”.
En su respuesta sostuvo que “la elaboración de una versión pública no permitiría superar el perjuicio identificado”, debido a que los diferentes elementos de la investigación se encuentran vinculados entre sí y a que incluso una divulgación parcial podría permitir inferir el objeto, alcance y ejecución de la asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.
Según la respuesta, la entrega de esas versiones permitiría inferir información sobre las diligencias y podría alterar los medios de prueba recopilados para una eventual imputación.
El argumento resulta relevante porque la solicitud no pedía únicamente documentos directamente vinculados con posibles responsables del traslado de Zambada, sino también los materiales utilizados por funcionarios de la propia Fiscalía para realizar afirmaciones que ya habían sido presentadas públicamente.
Entre ellos se encuentran los documentos que sustentan la afirmación realizada por Godoy de que la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos contenía datos “falsos o imprecisos”, así como aquellos que acreditaran las inconsistencias o contradicciones que la FGR dijo haber detectado.
También reserva las comunicaciones con Estados Unidos
La FGR invocó, además, un segundo argumento para negar la información: su posible impacto en las relaciones internacionales y en los mecanismos de cooperación jurídica con Estados Unidos.
La Fiscalía reconoció que existen documentos generados y obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional y sostuvo que su divulgación podría comprometer la confianza entre ambos países para compartir información sensible.
Según la dependencia, hacer públicos los intercambios permitiría conocer “el contenido, alcance, términos, condiciones y resultados” de las comunicaciones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, además de los requerimientos enviados y las respuestas recibidas.
La FGR argumentó que esto podría afectar la disposición de las autoridades extranjeras para continuar entregando información a México y aseguró que el interés de preservar esos canales de cooperación es, por ahora, superior al interés público de conocer íntegramente los documentos.
La propia Fiscalía reconoció en su respuesta que existe “un interés público de la sociedad” en conocer los hechos y las actuaciones de la institución en el caso. Sin embargo, consideró que ese interés puede satisfacerse con la información que la FGR decida hacer pública oficialmente, sin permitir el acceso a los documentos que sustentan sus pronunciamientos.
Tras la donación del avión al War Eagles Air Museum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó aclaraciones al gobierno de Estados Unidos sobre la posible participación del FBI en la operación que culminó con el secuestro y arresto Zambada.
El 7 de julio de 2026, el canciller Roberto Velasco informó que había pedido a la Fiscalía General de la República solicitar formalmente al FBI información adicional sobre su intervención y que la Cancillería ya mantenía conversaciones con la Embajada estadounidense acerca de las circunstancias en que la aeronave fue entregada al museo. Se desconoce la respuesta que obtuvo la Cancillería de parte del embajador o del FBI.
FGR advierte que divulgar archivos podría “favorecer a grupos delictivos”
La Fiscalía sostuvo que revelar la información podría permitir a las personas investigadas conocer anticipadamente estrategias, evidencias y líneas de investigación, lo que alteraría el curso del procedimiento.
La dependencia fue más lejos al argumentar que la divulgación podría “favorecer indebidamente” a personas investigadas o integrantes de grupos delictivos.
También sostuvo que la difusión podría afectar futuras investigaciones y la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de procuración de justicia y combate a la delincuencia.
Señaló que hacer pública la documentación obtenida mediante el Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua podría vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país.
Según la dependencia, la publicación de los datos podría “menoscabar irreversiblemente” las relaciones diplomáticas y comprometer futuras estrategias de procuración de justicia transnacional entre ambos países.
Cinco años de reserva
La dependencia encabezada por Godoy dijo que la reserva fue avalada por el Comité de Transparencia de la FGR el 19 de agosto, dos días antes de que la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental emitiera la respuesta, fechada el 21 de agosto.
La decisión establece un plazo de reserva de cinco años, aunque permite que la información se haga pública antes si desaparecen las circunstancias que justificaron mantenerla bajo reserva.
La resolución mantiene así fuera del escrutinio público no solo las líneas de investigación de la FGR, sino también los documentos que respaldan afirmaciones que la propia institución decidió hacer públicas sobre uno de los episodios más controvertidos de la relación bilateral en materia de seguridad.
Dos años de narcoguerra en Sinaloa
Luego de que Guzmán López presuntamente secuestrara a “El Mayo”, Sinaloa comenzó a experimentar una espiral de violencia que continúa hasta ahora.
A partir de septiembre de 2024, se desató una sangrienta pugna entre la facción encabezada por los hijos de “El Chapo”, conocida como “Los Chapitos”, y el grupo de “Los Mayitos” o “La Mayiza”, comandado por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Zambada García.
De acuerdo con datos oficiales, entre septiembre de 2024, durante la última fase del gobierno de López Obrador, y octubre de 2026, se han registrado en la entidad más de 3,000 homicidios dolosos.
Las estadísticas estatales contabilizaron más de 2,500 privaciones ilegales de la libertad en ese mismo periodo, mientras que las denuncias por desaparición rebasaron las 4,000, aunque colectivos de búsqueda estiman que el número de personas desaparecidas podría superar las 8,000.
Ante la escalada de violencia, el gobierno federal ha respondido con el despliegue de miles de efectivos. La movilización de fuerzas federales se ha intensificado durante el gobierno de Sheinbaum: en 2025 fueron enviados 10,516 militares a la entidad y, para mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional reportaba 13,344 elementos desplegados.
Mientras tanto, la población ha intensificado sus exigencias a las autoridades de todos los niveles para garantizar la paz en la entidad. El 13 de septiembre, durante una marcha civil por la paz convocada en Culiacán, cientos de ciudadanos exigieron una solución a la crisis de violencia.
