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Gobernadores, encuestas dudosas y guerra sucia en la designación de coordinadores

Morena enfrenta el reto de reagrupar filas tras un proceso de designación de coordinadores estatales plagado de conflictos. Los gobernadores intervinieron, se usó el aparato público y las encuestas quedaron en entredicho, mientras la oposición interna y la guerra sucia ganaron terreno

Intervencionismo de los gobernadores, el uso del aparato público, encuestas puestas en duda y guerra sucia, así ha transcurrido el proceso de designación de “coordinadores estatales para la defensa de la Cuarta Transformación”, particularmente en varios estados gobernados por Morena.

A ello se suman los reclamos surgidos de los partidos que completan la alianza, el PT y el Verde Ecologista, que en varias entidades han denunciado falta de cumplimiento de acuerdos para los nombramientos, o se niegan a reconocer nombramientos morenistas mientras impulsan a sus propios perfiles.

También hubo resultados alejados de los perfiles que fueron identificados como cercanos o respaldados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como es el caso de Ulises Mejía, inesperado perdedor frente a la designación de Verónica Díaz como coordinadora en Zacatecas, identificada con el monrealismo y particularmente con el gobernador David Monreal.

A Morena le espera el reto de reagrupar filas, mientras en las últimas semanas el PT se convirtió en un dolor de cabeza para la alianza, confrontando públicamente a la dirigente morenista Ariadna Montiel y con amenazas de ir por separado en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán o Baja California Sur.

Descalabro para Sheinbaum en Zacatecas

En Zacatecas, la designación de la exdelegada de los programas de Bienestar Verónica Díaz Robles franqueó la puerta de una abierta confrontación interna en Morena y del amago del Partido del Trabajo (PT) de abandonar la alianza en el estado, olvidadas las muestras de unidad que se expresaron en junio, cuando ocho aspirantes se registraron para el proceso, incluyendo a Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes, así como la petista Geovanna Bañuelos.

A la contienda entró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, en apoyo a Ulises Mejía, en torno de quien buscó construir una candidatura de grupos no monrealistas, además de insistir en que Morena debía respetar las encuestas y evitar imposiciones por acuerdos cupulares. Pero el gobernador David Monreal no fue un observador de la contienda, sino que dio el espaldarazo político a Díaz Robles.

Horas antes del Grito de Independencia, Morena anunció la designación de Verónica Díaz, entre llamados a la “unidad” del movimiento, ante la notoria ausencia de Ulises Mejía y Geovanna Bañuelos y amenazas de José Narro de encabezar movilizaciones, mostrando que el proceso deja heridas abiertas y a la deriva la coalición para la sucesión en Zacatecas.

Bonilla, dolor de cabeza para Morena en Baja California

En Baja California la designada Julieta Ramírez Padilla dejó de aparecer como la sucesora natural de la gobernadora Marina del Pilar Ávila (de quien fue secretaria particular) tras ser señalada por presuntos actos anticipados de campaña y tener un acercamiento con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, acérrimo opositor de Marina del Pilar.

El día del registro para elegir al “Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación”, el 22 de junio, Bonilla Valdez, actual líder del Partido del Trabajo (PT), respaldó a Montserrat Caballero Ramírez como su abanderada, e incluso amenazó con romper la alianza con Morena, que en la entidad también incluye al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Luego, Julieta Ramírez sorprendió por reunirse en agosto en el PT con Bonilla e incluso pasearse para una entrevista por PSN, canal del exgobernador.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 40 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026

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FUENTE/MEDIO: PROCESO.

PAN exige descongelar iniciativas contra la desaparición forzada en el Senado

De acuerdo con Genoveva Huerta, existen al menos 10 iniciativas de ley "atoradas" en el Senado de la República, proyectos que fueron diseñados para tipificar el reclutamiento infantil

Pocos días después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre los graves riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México, diputados federales y locales del PAN exigieron al gobierno federal tomar acciones contra la desaparición forzada, y aprobar iniciativas "congeladas".  

De acuerdo con Genoveva Huerta, diputada federal del PAN, existen al menos 10 iniciativas de ley "atoradas" en el Senado de la República, proyectos que fueron diseñados para tipificar el reclutamiento infantil.

La legisladora criticó los anuncios de que los homicidios dolosos van a la baja, "un dato absolutamente incongruente e inexacto" frente al incremento en las desapariciones forzadas. Asimismo, Huerta alertó que el problema se agrava al involucrar a menores de edad.

“La infancia en México enfrenta su peor crisis de vulnerabilidad. Cifras oficiales y de organizaciones civiles revelan una realidad escalofriante: 120 niñas y niños son reclutados cada día por las filas del crimen organizado en nuestro país", afirmó.

Los menores de edad están expuestos a la explotación y violencia extrema; además, en muchas ocasiones, son utilizados como halcones y mensajeros de las organizaciones delictivas. "El crimen los está convirtiendo en escudos y herramientas, arrebatándoles el futuro ante la mirada inerte del Estado", advirtió.

Por estas razones, la diputada urge a implementar castigos contra reclutadores y crear protocoles de protección y prevención. “Hacemos un llamado directo e impostergable a la mayoría de Morena en el Senado, la niñez no puede estar sujeta cálculos ni a tiempos políticos”, afirmó en un comunicado.

Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX y exdiputado federal del mismo partido, precisó que el secuestro y el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada ha caracterizado a este gobierno, al que acusó de intentar normalizar e invisibilizar la problemática.  

Añadió que muchos casos terminan en homicidios. “Debemos de apelar a que la autoridad y las instituciones de seguridad erradiquen el delito de desaparición forzada”, exhortó. 

América Rangel Lorenzana, diputada del PAN por la alcaldía Miguel Hidalgo, agregó que aprobar estas iniciativas contra la desaparición forzada es una obligación constitucional con las familias mexicanas y que la protección de la niñez debe ser la máxima prioridad nacional. “Lo dice también la ONU, ese organismo internacional que no quiere Morena", agregó. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó a finales de septiembre sobre la violencia extrema que sufren las mujeres buscadoras, quienes han asumido las labores de búsqueda e investigación ante la crisis de desapariciones en el país.   

"La situación adquiere especial gravedad porque las mujeres no sólo enfrentan la incertidumbre y el dolor provocado por la desaparición de sus familiares, sino también riesgos directamente relacionados con su actividad como buscadoras", afirmó el documento.  

En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió en un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”.  

Asimismo, afirmaron que los expertos "ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la ONU”.  

En su última edición impresa, publicada en octubre de 2026, Proceso, documentó que más del 60% de los desaparecidos en México tienen entre 10 y 25 años, y la falta de un delito de reclutamiento forzado dificulta sancionar la conducta y dar seguimiento a los casos.

Indagan presunto 'centro de exterminio' en Nayarit

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos

La Fiscalía de Nayarit anunció este martes que investiga el hallazgo de un presunto “centro de exterminio por incineración” en el municipio de Xalisco, donde fueron localizadas prendas de vestir, restos óseos y una fosa con cuerpos humanos, en medio de la crisis de desaparecidos que vive el país norteamericano.

La fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó en conferencia de prensa que el sitio es procesado desde el 3 de octubre, junto con grupos de madres buscadoras de desaparecidos.

“Estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, señaló la fiscal, y agregó que los colectivos de búsqueda se incorporaron a los trabajos este fin de semana.

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que, según Heredia, podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos.


“Ahí (en la hornilla) se coloca un tambo (recipiente cilíndrico). Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas. Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo”, detalló la fiscal.

Añadió, asimismo, que las autoridades también procesan una posible fosa, sin ofrecer detalles sobre número de cuerpos, y que esperan obtener correspondencias genéticas de los restos localizados.

Heredia incluso comparó el sitio con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, al mencionar que se trata de otra “versión” de ese predio utilizado por el crimen organizado y localizado en marzo de 2025.

Hasta ahora, las autoridades de Nayarit no han precisado cuántas víctimas estarían relacionadas con el “centro de exterminio” de Xalisco.

Según las autoridades federales, el rancho de Teuchitlán operaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades han dicho que no tienen evidencias para confirmarlo como crematorio o “campo de exterminio”.

Los hallazgos ocurren en medio de una crisis nacional que supera las 130.000 personas aún desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Siete funcionarios de Edomex, condenados por ayudar a exedil de Santo Tomás a escapar

Dos expolicías municipales recibieron las penas más altas; entre los sentenciados también hay una exregidora, una exsecretaria del Ayuntamiento y tres civiles

Dos policías de Santo Tomás, dos exfuncionarias locales y tres civiles fueron sentenciados por intervenir en la fuga del expresidente municipal Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, cuando las autoridades intentaban arrestarlo en el Estado de México (Edomex) en diciembre de 2024.

Las sentencias que se dictaron van desde los cuatro años y ocho meses hasta los 14 años de prisión, siendo la condena más alta para el policía municipal Ángel Díaz Zarco tras ser hallado culpable de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

Martín Santana Martínez, también policía municipal al momento de los hechos, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión por evasión y robo con violencia.

Litzy Mariana Domínguez Vilchis recibió una pena de ocho años y ocho meses por evasión y daño en los bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez, quien entonces era primera Regidora del Ayuntamiento, fue sentenciada a seis años por evasión y abuso de autoridad. Nélida Ávila Chamorro, quien se desempeñaba como Secretaria del Ayuntamiento, así como Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron condenadas a cuatro años y ocho meses de prisión cada una.

La investigación inició el 17 de diciembre de 2024 a las 8:04 horas, cuando elementos de la Policía de Investigación (PdI) arribaron al jardín central de Santo Tomás para arrestar a "Wicho", quien se disponía a rendir protesta.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un grupo de personas intervino para impedir la detención y permitió que el entonces expresidente municipal escapara. Durante esos hechos también fueron agredidos servidores públicos de la Fiscalía mexiquense y resultaron dañados tanto vehículos oficiales como particulares en los que se trasladaban los elementos que acudieron a detenerlo.

Las autoridades identificaron entre los participantes a Rubio Rodríguez y Ávila Chamorro, quienes ocupaban cargos en el Ayuntamiento, así como a Díaz Zarco y Santana Martínez, entonces policías municipales. Las otras tres personas fueron señaladas como civiles que intervinieron en la agresión.

La indagatoria continuó hasta que permitieron establecer la participación de las siete persona, quienes, una vez arrestadas, fueron ingresadas a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso) para quedar a disposición de un Juez.


Las sanciones se determinaron mediante un procedimiento abreviado, una vez que el Ministerio Público (MP) exhibió los elementos de prueba necesarios para demostrar la culpabilidad de las y los implicados.

El exalcalde mexiquense fue detenido hasta el 8 de febrero de 2025, en el municipio de Valle de Bravo, como parte de las acciones de la Operación Enjambre, y actualmente permanece interno en un penal estatal.
Con estos siete fallos, la Fiscalía mexiquense suma ya 27 sentencias dentro de la "Operación Enjambre", una estrategia coordinada entre mandos federales y del Estado de México para desarticular a funcionarios y civiles vinculados al crimen organizado en la entidad.

“El Tanque”, operador del CJNG, cae en Zapopan; lo ligan a ataque al Ejército en 2015

El sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica

Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en flagrancia en Zapopan, Jalisco. Las autoridades le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la aprehensión se realizó ayer como resultado de una operación conjunta de la dependencia a su cargo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que la acción fue ejecutada por las fuerzas especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el trabajo de agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), "quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron".


García Harfuch anunció que el sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¿De qué se le acusa a “El Tanque”?

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones vinculan a “El Tanque” con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.
"También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal", agregó en su mensaje.


Asimismo, el Secretario de Seguridad precisó que Iván “N” desarrollaba actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
"En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', por lo cual hubo intercambio de información con la DEA [Administración de Control de Drogas]", reveló.
Más delante, el funcionario federal reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la AIC de la FGR, y del personal del CNI.
"Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo. Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar, y transitar con seguridad y tranquilidad", concluyó.
FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

El IMSS anuncia arranque de auditoría independiente para esclarecer muertes de bebés

La revisión buscará fallos en los procesos de operación de los hospitales en los que se presentaron los decesos de bebés

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció este martes que ya comenzaron los trabajos de la Auditoría Clínica Colegiada Independiente para identificar las causas y determinar qué factores estuvieron relacionados con la muerte de al menos ocho bebés en Durango y Jalisco.

Asimismo, explicó que se integró un Comando Operativo del Sector, encargado de recorrer las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para realizar una revisión bajo una metodología unificada enfocada en la prevención y el control de infecciones.
“Seguimos en diálogo y atendiendo los casos con las familias para explicar y tener la respuesta de lo que pasó”, declaró el titular del IMSS durante la "mañanera" del 6 de octubre.
IMSS aplicará 4 acciones para esclarecer muertes de bebés


El Instituto emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las madres y los padres que perdieron a sus hijos, y reiteró su responsabilidad en proporcionar  respuestas claras a las familias. Para esclarecer los hechos, Robledo Aburto anunció las siguientes acciones:

Auditoría Clínica Colegiada e Independiente: se integrará a partir de especialistas externos en Neonatología, Infectología y Epidemiología provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de los Institutos Nacionales de Salud. Este análisis determinará si existieron infecciones asociadas a la atención médica, si éstas incidieron en los fallecimientos y si ocurrieron fallas evitables, asegurando que los resultados se entregarán directamente a las familias antes que a nadie más.

Separación temporal del director del hospital y del jefe de la UCIN: esta disposición se mantendrá mientras transcurra el proceso de auditoría con el objetivo de garantizar la plena transparencia, libertad e imparcialidad de las investigaciones.

Profundizar la investigación epidemiológica: las muestras identificadas van al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para rastrear el origen de los brotes. Asimismo, se asignará un enlace del IMSS para dar seguimiento cercano a cada familia y se garantizará la reparación del daño en los casos donde se confirmen fallas.

Creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos: este organismo homologará la vigilancia epidemiológica con alertas tempranas, supervisará controles de infección y establecerá protocolos estandarizados de atención.

Las investigaciones buscarán fallas, no culpables

El titular del IMSS informó que las revisiones iniciarán en Jalisco, y contemplarán el análisis de las infecciones identificadas, los microorganismos detectados y el uso de antibióticos. También se evaluarán aspectos relacionados con el lavado de manos, el manejo de catéteres, las condiciones de limpieza, el suministro de agua, los sistemas de drenaje y la cantidad de personal disponible por cada bebé.


“La revisión, lo que busca es fallas en procesos. No es una revisión que busque culpables, porque también se ha politizado en la lógica, es decir, se está criminalizando al personal. No, se busca dónde identificar fallas en los procesos”, agregó Robledo Aburto en la conferencia de prensa matutina.
La unidad bajo investigación cuenta con 32 cunas, lo que la convierte en la segunda UCIN más grande del IMSS. Durante 2026, en ese hospital han nacido dos mil 695 bebés, de los cuales 552 han necesitado atención en cuidados intensivos.

Tribunal revoca vinculación a proceso contra el Kado

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Héctor Manuel Gil García, alias el Kado, y decretó el sobreseimiento de la causa penal 118/2016 al haber operado la prescripción de la acción penal.

La resolución judicial, emitida el 1 de octubre de 2026 dentro del toca penal 477/2026, dejó sin efecto el procesamiento ordenado por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Notificada la sentencia de segunda instancia, la juzgadora de origen giró el oficio correspondiente a la dirección del Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán, instruyendo que se deje en inmediata libertad al imputado de manera exclusiva por lo que concierne a esta causa penal, requiriendo informar la fecha de egreso o el impedimento legal existente.

Sin embargo, el procesado continuará privado de la libertad en el reclusorio yucateco debido a que enfrenta otras indagatorias e imputaciones vigentes tramitadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El expediente penal extinguido se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, asegurándole un arma de fuego corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

En esa ocasión, el Ministerio Público decretó un acuerdo de libertad a su favor debido a que el ilícito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo el marco legal vigente y el detenido acreditó su arraigo domiciliario en la localidad.

La averiguación previa continuó su curso procesal y la Fiscalía General de la República solicitó fecha para la audiencia de imputación formal.

Ante la inasistencia del requerido a los citatorios formulados por el órgano jurisdiccional, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

El mandamiento judicial fue ejecutado en reclusión por agentes de la Policía Federal Ministerial dentro del centro penitenciario de Mérida, donde Gil García permanecía internado tras su detención efectuada en julio de 2026 durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, elaborado con información de agencias de Estados Unidos.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada en agosto de 2026, la representación social obtuvo la vinculación a proceso, la medida de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La defensa del imputado promovió el recurso de apelación argumentando el transcurso del tiempo fijado por la ley para la persecución del delito. El tribunal colegiado determinó la extinción de la potestad punitiva del Estado.

Gil García, catalogado por las autoridades como presunto operador de células del Cártel Arellano Félix en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, continuará privado de la libertad por delincuencia organizada.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/tribunal-revoca-vinculacion-a-proceso-contra-el-kado/

Colapsa sistema de videoconferencias en juzgados federales por retraso en renovación de contratos

La administración de justicia federal en México enfrenta una parálisis tecnológica sin precedentes recientes. Desde el primer día de esta semana, juzgados y tribunales de todo el país se vieron obligados a operar utilizando la versión de libre acceso de la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings.

Esta medida de emergencia responde a un vacío operativo generado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia que omitió gestionar y concretar a tiempo la renovación de las licencias institucionales de pago, necesarias para desahogar juicios en línea de manera ininterrumpida.

El contratiempo pone de manifiesto las vulnerabilidades logísticas en la transición de facultades administrativas dentro del sistema federal de impartición de justicia. Mientras las cargas de trabajo se acumulan en las distintas materias —penal, civil, administrativa y laboral—, los operadores jurídicos deben lidiar con restricciones técnicas básicas que afectan directamente el principio de celeridad y el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, completa y expedita consagrado en la Constitución.

CORTES DE QUINCE MINUTOS Y EL RETORNO FORZADO A LAS SALAS FÍSICAS

Las consecuencias operativas de esta omisión administrativa impactan directamente en las salas de audiencia virtuales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmaron que la limitante técnica más grave del software gratuito es la interrupción obligatoria de las transmisiones cada 15 minutos, lo que corta abruptamente declaraciones, desahogos de pruebas y alegatos de las partes.

Ante la imposibilidad de desarrollar litigios complejos bajo estas condiciones y sin una fecha clara para la reinstalación del servicio institucional de alta gama, diversos juzgadores han determinado cancelar las sesiones telemáticas y convocar a audiencias presenciales. Esta decisión trastoca la logística de abogados litigantes, peritos y justiciables foráneos, además de contradecir los protocolos de optimización digital implementados durante los últimos años para agilizar los procesos judiciales.

CRÍTICAS Y VACÍOS DE SEGURIDAD: EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUFED

La situación provocó reacciones severas en los gremios de impartidores de justicia. Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), recriminó duramente la falta de previsión institucional a través de sus redes sociales, ironizando sobre la burocracia y exigiendo respuestas claras sobre la protección de la información oficial.

“Lo que ha pasado hoy en los órganos jurisdiccionales del PJF, donde audiencias y sesiones se llevaron a cabo en la versión gratuita de la plataforma digital que se tiene contratada, al parecer porque alguien no está haciendo su trabajo @OAJ_Mex me recuerda las ‘Instrucciones para vivir en México’ de Ibargüengoitia… Sería útil que el @OAJ_Mex garantice recursos mínimos para administrar justicia con dignidad. Por cierto, estaría bien que alguien nos explique si la versión gratuita garantiza la seguridad, privacidad, confidencialidad y tratamiento de datos que se requieren para estas actuaciones”, expresó la magistrada en retiro.

La preocupación por la seguridad informática no es menor. Al utilizar infraestructuras abiertas y gratuitas, se corre el riesgo de vulnerar datos personales sensibles, documentos reservados y secretos industriales o fiscales que forman parte de los expedientes electrónicos en litigio, abriendo la puerta a posibles impugnaciones por parte de los justiciables.

LA RUTA CRÍTICA DEL CONTRATO: ENTRE EL VENCIMIENTO Y LOS PLAZOS BUROCRÁTICOS

El origen de esta crisis se remonta a la conclusión del contrato original adjudicado el 12 de septiembre de 2023 por el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Aquel convenio, por un monto de 15.4 millones de pesos con IVA, otorgó el licenciamiento integral de la plataforma por un periodo de 36 meses a la empresa Uninet, filial de Telmex, el cual expiró formalmente el pasado 17 de septiembre.

No obstante, en lugar de prever la renovación con meses de anticipación, el OAJ —órgano sucesor en las atribuciones administrativas— emitió hasta el 18 de septiembre una invitación restringida a tres proveedores para contratar el servicio por un año más. Aunque la vía de invitación directa suele implementarse para acelerar trámites, la Dirección General de Recursos Materiales fijó la fecha límite para emitir el fallo hasta el próximo 23 de octubre.

Aunque se analiza adelantar el fallo ante la presión operativa, las autoridades enfrentan un desafío logístico adicional: configurar y habilitar las cuentas institucionales para un padrón de 1,086 usuarios —cifra que supera en 187 cuentas a las operadas en 2023—, lo que retrasará el restablecimiento total de la normalidad en los tribunales del país.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/colapsa-sistema-de-videoconferencias-en-juzgados-federales-por-retraso-en-renovacion-de-contratos/

Querétaro sí informó sobre visita de Johnson, pero academia debe pasar por Grupo de Alto Nivel de Seguridad: SRE

La Cancillería informó que el secretario Roberto Velasco ofreció al gobernador Mauricio Kuri acompañamiento para realizar las gestiones correspondientes y señaló que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada el pasado 2 de octubre en Querétaro por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que debió contar con el “visto bueno previo” del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

En una nota informativa difundida la noche del lunes, la Cancillería reiteró que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere el aval del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La SRE agregó que acompaña a los gobiernos estatales y municipales en este tipo de gestiones.

La dependencia informó que el pasado 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se comunicaba la visita de Johnson, programada para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”. En ese documento, el gobierno estatal precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]”.

Sin embargo, la SRE sostuvo que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada durante la visita, sí corresponde a un proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero y, por ello, debe presentarse ante el GANSEG.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional”, señaló.


La SRE subrayó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene y debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México.

“México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, sostuvo la Cancillería.

Puntualizó que esta colaboración se conduce “a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas”.

La postura de la SRE se difundió después de que Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina que Kuri y Johnson hubieran colocado la primera piedra de la academia sin la participación de la Cancillería ni del Gabinete de Seguridad federal.

La presidenta sostuvo que el proyecto involucra capacitación en materia de seguridad y combate a delitos federales, por lo que la cooperación con instituciones estadounidenses debe conducirse mediante los canales establecidos por el Gobierno de México. “Nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como debe ser, como está la ley planteada”, dijo la mandataria.

Sheinbaum aclaró que no consideraba que el acto constituyera por sí mismo un delito, aunque cuestionó que se hubiera realizado sin la intervención de las autoridades federales. “No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo”, señaló.

La presidenta explicó que cualquier agencia o institución de Estados Unidos que busque realizar capacitación en México por razones de seguridad debe pasar por la SRE y sujetarse a la legislación nacional, incluida la Ley de Seguridad Nacional.

“En el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Sheinbaum también cuestionó que el gobernador Mauricio Kuri hubiera invitado al embajador estadounidense al acto y no al Gabinete de Seguridad federal, al señalar que los asuntos relacionados con la delincuencia organizada corresponden al ámbito federal. Añadió que existe una relación institucional tanto con Kuri como con Johnson y que la Cancillería abordaría el tema con ambos.

La tarde del lunes circuló en redes sociales y medios de comunicación el oficio al que hace alusión la nota de la Cancillería, por el que el Gobierno de Querétaro informó previamente a la SRE sobre la visita del embajador.

El oficio, firmado por el gobernador Mauricio Kuri, está fechado el 23 de septiembre y tiene sello de recibido por la Cancillería el 25 de ese mes. “El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común”, se lee en el documento.


“Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”, añade.

La colocación de la primera piedra ocurrió el 2 de octubre en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. La nueva academia estará dedicada a la capacitación de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.

El acto contó con la presencia de representantes de instituciones federales. Entre ellos estuvieron Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de Zona Militar de la región; Darío Valadez Arenas, capitán primero, en representación del general brigadier Ricardo Melendrez de la Guardia Nacional, y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos, los agentes capacitados en la academia podrán trasladar los conocimientos y capacidades adquiridos a sus respectivas unidades, estados y comunidades en distintas partes de México.

Durante el acto, Johnson afirmó que México y Estados Unidos mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad. “Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia”, señaló.

El embajador agregó que “los cárteles y los grupos terroristas se adaptan constantemente, y debemos mantenernos un paso adelante mediante una mejor capacitación, tecnología, inteligencia y una cooperación más sólida”.

La Embajada de EE.UU. informó que durante la última década ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento en Querétaro como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Desde 2015, señaló, autoridades estadounidenses han proporcionado capacitación y equipo a instituciones de seguridad y justicia del estado.

Señaló que en ese periodo han sido capacitados 4 mil 732 participantes, entre ellos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La cooperación también ha incluido capacitación especializada, laboratorios forenses con acreditación internacional, unidades caninas, tecnología y equipo forense.

El gobierno estatal informó que la nueva instalación se integrará al complejo Rhino y tendrá una inversión superior a 30 millones de pesos. El proyecto está planteado como un espacio de capacitación policial con alcance internacional.

Kuri señaló en una publicación en X que la cooperación entre EE.UU. y Querétaro en materia de formación policial especializada tendrá ahora un espacio propio en el estado.

“Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas”, escribió.

El gobernador agradeció al gobierno estadounidense y a Johnson por la colaboración y la confianza para establecer la academia en Querétaro, a la que calificó como “única en su tipo en América Latina”.

FGR aún investiga presencia de la CIA en Chihuahua: Sheinbaum

La mandataria recordó que cualquier vínculo de Chihuahua con agencias extranjeras en seguridad debe ser autorizado por SRE y el Grupo de Alto Nivel

La investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua, en el que murieron dos de ellos, continúa abierta y la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar sobre sus avances, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía, mediante el mecanismo que determine, comunicar el estado que guarda la carpeta de investigación relacionada con el caso.

“La Fiscalía General de la República tiene todavía abierta esa investigación; la Fiscalía, a través del mecanismo que ellos decidan, con un boletín debería informar”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El caso ocurrió en abril pasado, cuando dos agentes estadounidenses murieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua durante un accidente ocurrido después de un operativo contra laboratorios clandestinos en la entidad.

La Fiscalía de Chihuahua informó entonces que los dos estadounidenses eran oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos que participaban en labores de entrenamiento dentro del intercambio con autoridades mexicanas.

Posteriormente, medios estadounidenses señalaron que los dos agentes pertenecían presuntamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La participación de personal estadounidense en actividades de seguridad en Chihuahua quedó bajo investigación federal.

Sheinbaum señaló que los agentes extranjeros estaban realizando una operación en territorio mexicano cuando ocurrió el accidente.
Particularmente en el caso de Chihuahua, donde lamentablemente fallecieron dos agentes extranjeros, los agentes de Estados Unidos, siempre hay que lamentar la pérdida de vidas, pero estaban haciendo una operación en tierra.
La presidenta sostuvo que la investigación debe determinar las circunstancias en las que se encontraban los agentes y qué actividades realizaban.

El caso también provocó diferencias entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien la FGR citó como parte de las diligencias relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en el estado.

La mandataria estatal entregó un escrito en lugar de proporcionar información durante el citatorio.

Ante este antecedente, Sheinbaum reiteró que los gobiernos estatales deben seguir un procedimiento específico cuando pretenden establecer cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros o sus agencias.

“Para poder hacer cualquier entidad de la República, cualquier gobierno de los estados, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel”, explicó.

Además, señaló que el gobierno estatal debe solicitar la autorización correspondiente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Grupo de Alto Nivel se evalúa si es factible hacerlo o no, bajo los criterios de nuestras leyes y de los principios de política exterior”, sostuvo.

La presidenta insistió así en que la cooperación internacional en materia de seguridad no corresponde únicamente a los gobiernos estatales, sino que debe sujetarse a los mecanismos establecidos por el gobierno federal.

La investigación sobre lo ocurrido en Chihuahua permanece abierta mientras las autoridades federales determinan qué actividades realizaban los agentes estadounidenses y bajo qué condiciones se desarrolló su participación en territorio mexicano.

Familias de Chenalhó piden auxilio: denuncian que grupo armado las obliga a pagar balas y a sus niños a consumir droga

En un video y un comunicado fechados el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos de Chiapas que lleva años bajo control armado, dicen estar "encapsuladas" por líderes que señalan como integrantes del CJNG. Acusan multas, cobros para municiones y homicidios no denunciados

Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, pidieron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. Denuncian que los líderes de un grupo armado de su comunidad, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las obligan a pagar “cooperaciones” para comprar balas y les impiden salir. También acusan que obligan a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, dice el comunicado que un hombre lee en un video fechado el 5 de octubre de 2026, frente a un grupo de mujeres, niñas y niños que forman parte de las familias acosadas por el grupo armado.

Chenalhó es un municipio indígena tsotsil de las montañas de Los Altos de Chiapas, al norte de San Cristóbal de Las Casas. Es el mismo municipio donde, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles en la comunidad de Acteal; y colinda con Pantelhó, otro municipio tsotsil marcado en los últimos años por la violencia armada y el desplazamiento.

Quienes se han negado a sostener a ese grupo armado han terminado desplazados o muertos; se trata de las familias que habitaron el poblado colindante, llamado Centro Tzanembolom, y quienes ahora mismo están en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Chenlhó. Esta vez, la denuncia llega desde dentro de la comunidad donde se refugian los agresores.

Multas por salir y cobros para municiones

Según el video, quien sale de la comunidad paga una multa de 1,500 pesos, “misma que en la actualidad ya no podemos cubrir porque no podemos trabajar”, dicen en un comunicado escrito que lograron enviar. En el documento las familias agregan:
“Seguimos encapsulados (sin poder salir), no tenemos libertad de salir a comprar”.
Denuncian que los líderes del grupo armado, a quienes identifican por nombre y apellido, las han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas en Centro Tzanembolom, y que a quien no está de acuerdo “te amenazan o te matan”.

En el documento y video denuncian que el 20 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio Arias Pérez. De esto, dicen, tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó, y no hicieron nada. Mencionan también a un adolescente de 15 años “asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público”.

El comunicado acusa a las propias autoridades rurales de la localidad. “Llegan con armas de fuego a amenazarnos [el agente rural] mandó a su gente”. Si los encuentran en una vereda, “nos la pueden disparar”, acusan.

Sobre los menores, escriben: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”.

Los documentos nombran a cuatro “líderes” que, según las familias, “son parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”. También nombran a cinco “comandantes” que, afirman, “reciben un pago mensual”, mientras a ellas (las familias denunciantes) “nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas”.

Aseguran que en un canje de armas realizado hace unos días el grupo no entregó ninguna. Se refieren a programas gubernamentales donde elementos de la SEDENA canjean armas por electrodomésticos.

La denuncia está dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advierten.

Si el gobierno no actúa de inmediato, dicen, esperan disparos “como medidas de intimidación” contra sus familias. Según la persona que hizo llegar el material a Chiapas Paralelo, en esa situación hay 15 familias, unas 145 personas.

Desde 2024, Fracción Tzanembolom es la base del grupo que expulsó a sus vecinos

Los habitantes de Fracción Tzanembolom llevan años en esta situación. En el video dicen que su comunidad “ha estado sumergida en la violencia” desde hace años. En febrero de 2024, jóvenes de la comunidad ya exhibían públicamente fotos con armas, dinero y camionetas, según se pudo documentar el 18 de marzo de ese año con fotografías donde los mismos jóvenes exhibían las armas y dinero.

Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, también tsotsil. De ahí salieron desplazadas 67 familias, 267 personas, entre febrero y julio de 2024, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El detonante fue el asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez el 13 de febrero de 2024. Según sus vecinos, lo emboscaron por negarse a tomar las armas.

Las familias desplazadas relataron en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de Los Herrera, al que señalan como parte del CJNG. Relataron también que el grupo recluta a “niños, de once, doce años” con pagos de 6 mil pesos quincenales, y que vende “los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela” de quienes expulsó.

En diciembre de 2024, ya con Ramírez Aguilar en el gobierno, ese grupo atacó comunidades de Pantelhó y quemó la escuela y las oficinas del gobierno autónomo zapatista en San José Buenavista Tercero.

A más de dos años del desplazamiento, las familias de Centro Tzanembolom siguen sin poder volver, y viven en refugios y casas rentadas. A la denuncia de las agresiones del grupo armado presuntamente ligado al CJNG se suman ahora afectados de Fracción Tzanembolom.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.