Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), advirtió que en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “ya se está construyendo la exculpación de varias de las líneas en donde es clarísimo que hay responsabilidad”, luego de que las autoridades presentaran nuevas líneas de investigación relacionadas con la telefonía de los jóvenes, funerarias y presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Buitrago cuestionó que esas líneas, aunque pueden ser investigadas, sean presentadas como elementos novedosos cuando algunas llevan años dentro de las indagatorias. Consideró que esto puede desviar la atención de otras líneas que cuentan con información técnica y avances que deberían profundizarse.
“La verdad pues los elementos que ponen sobre la mesa en este nuevo informe terminan siendo etéreos, generan distracciones que en mi criterio debían ser miradas con mucho cuidado”, afirmó.
Sobre la investigación de los teléfonos de los estudiantes, explicó que el GIEI ya había documentado que los aparatos continuaron activos después de la desaparición y que se logró identificar a personas que estuvieron en posesión de algunos de ellos.
“Llegamos hasta incluso la determinación de personas que tuvieron en su mano los celulares. Hay declaraciones, hay verificaciones técnicas, hay seguimiento en términos de las personas que tuvieron los celulares de los chavos”, señaló.
Buitrago recordó que el segundo informe del GIEI documentó que los teléfonos de los estudiantes continuaron registrando actividad después de su desaparición y que los expertos realizaron trabajos para identificar las antenas con las que tuvieron comunicación.
Esto permitió establecer que los teléfonos “no estaban en poder de los chavos después, sino que estaban en poder de una serie de personas que tendrían que dar explicaciones”.
En cuanto a la línea relacionada con funerarias y posibles cremaciones, Buitrago consideró que debe abordarse con especial cuidado debido al impacto que tiene cualquier información sobre posibles restos en las familias de los estudiantes desaparecidos.
“Ni siquiera se ha verificado a quién pertenecen estos restos”, dijo al referirse a los restos óseos que fueron mencionados dentro de las nuevas indagatorias.
La exintegrante del GIEI señaló que expresiones como que fueron encontrados restos óseos, sin contar todavía con una identificación genética, pueden generar incertidumbre y expectativas entre los familiares.
“Se encontraron restos óseos, pero aquí a quiénes corresponde y eso significaría que tendríamos que tener información corroborada y clara para darle a los padres”, dijo.
Líneas sobre autoridades y fuerzas de seguridad
Buitrago sostuvo que existen otras líneas de investigación relacionadas con la actuación de autoridades estatales, municipales y federales que deberían continuar.
Mencionó que existen elementos técnicos para acreditar la presencia de integrantes de las fuerzas militares, de la entonces Procuraduría y del Ministerio Público estatal en zonas donde se desarrollaron hechos relacionados con los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Tenemos evidencia técnica de que estas personas estuvieron en el momento en que fueron bajados los muchachos tanto del automotor o el camión que estaba en Palacio de Justicia como en la Juan N. Álvarez”, afirmó.
También señaló que existen declaraciones que pueden contribuir a establecer qué ocurrió con los estudiantes y hacia dónde fueron trasladados.
Buitrago hizo referencia además a información generada por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), incluido el CRFI de Iguala, y a comunicaciones que fueron analizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el comandante de esa institución.
De acuerdo con la exintegrante del GIEI, esa información incluye comunicaciones relacionadas con estudiantes que se encontraban en una cueva el 28 de septiembre de 2014, dos días después de la desaparición.
“Hay mucha información que nos permitiría, yo no estoy diciendo que se dejen líneas, al contrario, sino que se investiguen todas las líneas y que se miren a todos los presuntos responsables en este caso de la desaparición y que nos puedan dar información de hacia dónde se llevaron los muchachos”, planteó.
La exintegrante del grupo de expertos también mencionó evidencias relacionadas con una salida hacia Taxco, Huitzuco y la presencia de personas provenientes de Ciudad de México. Por ello, consideró que las líneas relacionadas con teléfonos, funerarias y la presencia de estudiantes en barandillas no deberían desplazar otras indagatorias.
Sobre los teléfonos, recordó que desde etapas anteriores de la investigación se había identificado a personas que los utilizaron después de la desaparición. “Quiénes tenían los teléfonos está conformado desde el cuaderno, calculo yo, 170 de la investigación, en donde inclusive se llevó a muchas personas a declarar porque se les encontraron los celulares en uso”, explicó.
Buitrago insistió en que la información que se presente públicamente debe estar comprobada y corroborada, particularmente cuando pueda tener consecuencias para las familias.
Cuestiona que no se investigue el supuesto montaje en Cocula
Buitrago también criticó que, si las autoridades concluyen que el basurero de Cocula fue utilizado para montar una versión de los hechos y encubrir la verdad, no se estén desarrollando líneas de investigación dirigidas contra los funcionarios que habrían participado en ese montaje.
“Ellos concluyen que el basurero de Cocula está demostrado que fue un montaje, que fue una actividad que se hizo para encubrir la verdad, pero no hay una sola línea de investigación que continúe las investigaciones sobre los funcionarios que montaron esta verdad”, afirmó.
Mencionó específicamente elementos relacionados con la presencia de policías estatales y de otras personas en el basurero y señaló que también permanece pendiente esclarecer qué ocurrió con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que estuvo en el río San Juan y que actualmente se encuentra fuera del país.
Para Buitrago, estos asuntos forman parte de una serie de elementos que, pese a estar documentados, no han derivado en consecuencias jurídicas.
También cuestionó la utilización de testimonios de personas que, según dijo, habían declarado previamente en sentido distinto y posteriormente fueron incorporadas como testigos de cargo. En particular, se refirió a una magistrada del tribunal administrativo que declaró cuatro veces durante la investigación.
“Eso es falso testimonio clarísimo y nunca ha seguido una investigación ni una línea de investigación por las mentiras que dijo en su momento de que no conoció los vídeos cuando sí los conoció, los tenía, los tuvo”, sostuvo.
Buitrago vinculó este punto con los videos de las cámaras del Palacio de Justicia, que consideró una fuente de información relevante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.
La exintegrante del GIEI también se refirió a la utilización de inteligencia artificial para analizar la investigación y señaló que puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el conocimiento acumulado durante años.
Explicó que el expediente está compuesto por más de 2 mil 500 tomos, además de otros expedientes relacionados, y que la investigación se encuentra fragmentada en más de 250 averiguaciones previas, investigaciones abiertas, juicios e indagatorias.
“La inteligencia artificial nos sirve para muchas cosas, pero quien no tenga el contexto y no tenga la claridad de lo que ha pasado durante todos estos años en una investigación de esa naturaleza también puede perder elementos fundamentales que llevarían a la responsabilidad que debe hacerse en un delito de esta naturaleza”, afirmó.
Recordó que los siete informes elaborados por el GIEI contienen elementos probatorios y que, además, quedaron alrededor de 900 solicitudes de investigación relacionadas con distintas líneas.
“Nosotros no somos dueños de esas investigaciones, somos parte de un grupo que pidió el gobierno mexicano con los padres de familia”, señaló.
Afirmó que el grupo entregó información y planteó líneas de investigación que todavía pueden ser utilizadas por las autoridades. También sostuvo que después de la salida del GIEI se entregaron 33 folios adicionales y consideró que esto demuestra que existía información que todavía no había sido incorporada a la investigación: “Así sea un folio más tienen esa información”.
Buitrago sostuvo que los órganos de inteligencia pueden contar con información obtenida mediante distintas herramientas y mencionó los sistemas de georreferenciación, Pegasus e infiltración, entre otros mecanismos.
Según la exintegrante del GIEI, esa información podría incluir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades presuntamente cooptadas.
Sobre la posibilidad de incorporar a nuevos expertos internacionales a la investigación, Buitrago consideró positivo que se sumen especialistas de otros organismos y países, siempre que su participación contribuya a profundizar las indagatorias existentes. “A mí con tal de que lleguen a sumar pueden venir de cualquier parte”, afirmó.
Mencionó la posibilidad de que participen especialistas impulsados por Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Amnistía Internacional, entre otros organismos.
“Que lleguen todos, bienvenidos, no sólo la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, ojalá, pero que lleguen a sumar y desde ese punto de vista que no se resten los elementos que ya están demostrados en la investigación”, señaló.
Buitrago insistió en que cualquier nuevo equipo necesitará tiempo para estudiar la investigación y conocer el trabajo acumulado durante más de una década.
Explicó que incluso con herramientas de inteligencia artificial para resumir documentos, el análisis de las hipótesis y líneas de investigación requiere conocer el contexto completo del expediente.
Sostuvo que no se puede establecer una conclusión definitiva mientras permanezcan abiertas líneas de investigación relevantes. “Mientras no se agoten todas las líneas y todas las hipótesis nadie puede concluir realmente qué pasó en cada una de las partes de los intervinientes”, señaló.
La exintegrante del GIEI sostuvo que existen elementos relacionados con autoridades municipales, estatales y federales y que la investigación debe determinar qué ocurrió y quiénes tuvieron participación.
Cuestionó las consecuencias que han tenido los casos de tortura documentados dentro de la investigación y la falta de indagatorias contra quienes habrían participado en esos hechos. Se refirió particularmente a las resoluciones judiciales relacionadas con personas procesadas por el caso y rechazó que se atribuya su liberación a una decisión discrecional de los tribunales.
“Quienes torturan son criminales y el Estado no puede ser criminal”, dijo, al tiemp que señaló que existen al menos 17 personas cuya tortura habría sido confirmada, por lo que deben investigarse las responsabilidades correspondientes.
“¿Qué pasó contra los que torturaron? Están todas las evidencias, están los videos”, concluyó.
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