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Diputados avanzan ley para reducir uso de efectivo y extender pagos digitales en México

El dictamen obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar medios electrónicos y permite a Hacienda determinar sectores donde serán la única forma de pago

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y otras formas de pago electrónico, además de reducir gradualmente el uso de efectivo.

El dictamen fue avalado en lo general con 24 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. En lo particular obtuvo 25 votos a favor y cuatro en contra, con modificaciones, y fue remitido a la Mesa Directiva para continuar con su proceso legislativo.

La propuesta establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar medios de pago digitales y electrónicos para trámites y servicios públicos. También faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que estos mecanismos serán la única forma de pago.

Para esos casos, las autoridades de cada sector podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual. El dictamen también contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita utilizar efectivo o cheque.

Entre los medios reconocidos se encuentran las transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología NFC, además de otros mecanismos autorizados por las autoridades financieras.

La iniciativa también busca facilitar la contratación completamente digital de servicios financieros. Para ello reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza que las personas podrán utilizar, a su elección, para identificarse ante las entidades financieras.

Asimismo, crea el Expediente Digital Ciudadano para la consulta o utilización de documentos e información de los usuarios con su autorización.

El proyecto otorga además atribuciones al Banco de México relacionadas con las transferencias electrónicas, los servicios financieros y la recepción de pagos mediante códigos QR.

Con estas medidas, la iniciativa busca acelerar la digitalización de la economía, ampliar la inclusión financiera y el acceso al crédito, así como reducir gradualmente la dependencia del efectivo.

Oposición cuestiona falta de infraestructura
Durante la discusión, legisladoras de oposición coincidieron en la necesidad de ampliar los pagos digitales, pero cuestionaron que existan las condiciones tecnológicas y financieras para que toda la población pueda incorporarse a este modelo.

La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo advirtió que reducir el uso de efectivo sin resolver previamente los costos de la transición podría dejar fuera a quienes no tienen acceso a servicios financieros o infraestructura tecnológica.
“¿Qué pasa con quien no puede digitalizarse? ¿Qué sucede cuando falta la tecnología y cómo se va a proteger la información de las personas?”, cuestionó.
La panista Eva María Vásquez Hernández también respaldó avanzar hacia una economía digital, pero advirtió sobre las diferencias de acceso a internet, servicios bancarios y herramientas tecnológicas entre la población.
“No basta con decirle a una persona que existe una aplicación, necesitamos que tenga acceso a internet, señal, una cuenta, acceso al sistema y pueda utilizarlo de una forma segura”, afirmó.
La legisladora cuestionó si la infraestructura necesaria permitirá incorporar a toda la población o si las nuevas disposiciones terminarán beneficiando principalmente a quienes ya tienen acceso a servicios financieros y digitales.

México se desmarca de resolución de la OEA que exige elecciones en Nicaragua

Ante la OEA, Alejandro Encinas repudió cualquier intento de injerencia y sostuvo que corresponde a los nicaragüenses decidir el futuro de su país

Ante los demás Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la mayoría de ellos alineada con los intereses de la política exterior del gobierno estadunidense de Donald Trump, Alejandro Encinas Rodríguez expresó su rechazo a que el organismo regional califique el derrumbe de la democracia en Nicaragua como “amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica”, y repudió “cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de otros Estados”. 

Durante su participación en la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, en la cual participó en representación de la Cancillería mexicana, Encinas informó que México no acompañaría la resolución llamada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, que contempla cinco líneas de acción ante la anulación de las elecciones en Nicaragua y la decisión de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de impedir la participación política de sectores de oposición. 

A través de la resolución, los cancilleres de la región se comprometieron a urgir al gobierno Ortega-Murillo a “restablecer el espacio cívico” e instalar las condiciones para organizar elecciones, pero también a utilizar los mecanismos internacionales para apoyar la investigación de violaciones a los derechos humanos. 

El tercer resolutivo contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, “de composición voluntaria y abierto a todos los Estados”, que buscará un “diálogo directo y rápido” con el gobierno de Nicaragua y con “todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluidas la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio” para buscar una solución a la instalación de una dictadura en ese pequeño país centroamericano.

Al igual que la postura del gobierno brasileño de Lula Inácio Da Silva, la delegación de México, encabezada por Encinas --quien representa al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ante la OEA--, rechazó el texto por plantear que las políticas de los Ortega-Murillo “ya han tenido impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”. 

Encinas explicó que “una caracterización en este sentido podría abrir espacios para plantear acciones excedan las facultades de esta organización, al abordar asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA, y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias”. 

“México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia en los asuntos. La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera; al contrario, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que, lejos de favorecer una solución pacífica, terminen produciendo una mayor desestabilización”, agregó el político. 

Ante una audiencia conformada por los cancilleres de los países de la región, dirigidos en su mayoría por gobiernos alineados sobre la política exterior del presidente estadunidense Donald Trump, Encinas defendió una postura crítica hacia cualquier intervencionismo, que sus detractores han señalado como contradictoria desde que la expresó en una primera junta en la OEA, en agosto pasado. 

“Ningún país puede imponer su visión sobre los demás. La soberanía no se mide en Ejércitos o en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo, y por lo tanto no corresponde, sino a cada nación, decidir su propio futuro”, dijo Encinas, quien momentos había reconocido que Ortega anunció la anulación de elecciones y la prohibición de la participación de fuerzas opositoras en el país. 

Nicaragüenses que huyeron de su país –a algunos el gobierno de Nicaragua incluso les retiró su nacionalidad-- y voces críticas de la postura de México han señalado que México defiende una posición que apuesta a la autodeterminación de los pueblos para que la situación cambie en Nicaragua, y al mismo tiempo reconoce que el gobierno Ortega-Murillo impide que se desarrolle la autodeterminación por la vía electoral.

No sólo es Marina del Pilar: políticos morenistas bajo sospecha de convivir con el crimen organizado

Una investigación documenta que diversos militantes y funcionarios de Morena, incluidos gobernadores, legisladores y alcaldes de distintas regiones del país, han sido señalados por autoridades e instancias internacionales, principalmente de Estados Unidos, por supuestos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas como el narcotráfico y el huachicol, a pesar de los deslindes de la dirigencia federal

Pese a que son los nombres de Marina del Pilar, Andy López, Rocha Moya, Enrique Inzunza, los más sonados recientemente respecto a posibles colusiones con el crimen organizado, no son los únicos morenistas señalados.

EMEEQUIS ha documentado casos de morenistas que han sido señalados, principalmente por autoridades o instancias de Estados Unidos, por presuntos nexos con el crimen organizado, muchos de ellos se mantienen en sus cargos politicos.

Durante la mañana de este 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a intentar deslindarse de Marina del Pilar Ávila y del exesposo de la gobernadora, Carlos Torres, respecto a las acusaciones que Estados Unidos mantiene contra ellos. También mencionó al hijo del expresidente López Obrador y afirmó que no había pruebas para investigarlos en territorio mexicano. 

“‘No se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que… me dijeron que hay unas agencias que están investigando’. Imagínense, el New York Times.”

Añadió que, hasta donde ella sabe, no existe una investigación formal y que, si hubiera alguna en México, la Fiscalía General de la República tendría que informar al respecto:

Sin embargo, Marina del Pilar y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no son los únicos políticos que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal, entre otros, también han sido mencionados en acusaciones, investigaciones o reportes relacionados con grupos criminales.

Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tuvo una imputación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026 por presunta conspiración con Los Chapitos para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, a cambio de protección.

Según la acusación, Rocha Moya se habría reunido con Iván y Ovidio Guzmán antes de las elecciones de 2021 y el grupo criminal habría intimidado a rivales y sustraído urnas.

Rocha Moya solicitó licencia, regresó al cargo en agosto de 2026 y posteriormente volvió a generar fricciones con Sheinbaum y Morena. Estados Unidos pidió su detención con fines de extradición; México ha señalado que no ha recibido pruebas suficientes.

De manera local, diversos medios también lo han señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos y por haber recibido apoyo de ese grupo para llegar a la gubernatura.

Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Inzunza Cázarez, actual senador, fue incluido junto con Rocha Moya en la acusación de Nueva York como supuesto enlace con Los Chapitos. También se le ha señalado de ser el responsable de la movilización del crimen organizado en las elecciones donde resultó ganador Rocha Moya,  se ha solicitado su retiro de la cámara de senadores, sin embargo esto no ha ocurrido.

Marina del Pilar Ávila

Cabe recordar que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, fue sancionada políticamente por Estados Unidos en 2025 mediante la cancelación de su visa.

Este 29 de septiembre de 2026, la OFAC sancionó a su exesposo, Carlos Torres, y a su hermano, por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mediante influencia política.

El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que la denominada “narcocorrupción” alcanza altos niveles del gobierno estatal.

Américo Villarreal

Gobernador de Tamaulipas, ha sido incluido en investigaciones mencionadas por The New York Times, así como en denuncias del PRI y reportes sobre presunto financiamiento ilícito y huachicol.

También ha sido señalado por presunto lavado de dinero y financiamiento de cárteles mexicanos durante las campañas electorales de 2021 y 2022, además de aparecer en fotografías con operadores del Cártel del Noreste.

Evelyn Salgado

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, ha sido mencionada en investigaciones sobre redes de extorsión en Acapulco durante 2026 que, según reportes, podrían alcanzar a funcionarios de su gabinete. También se han señalado presuntos vínculos con grupos criminales como Los Ardillos, Guerreros Unidos y Los Tlacos. La investigación indaga presuntas facilidades operativas para el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Adán Augusto López

Adán Augusto López, senador, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, ha sido señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, además de irregularidades con las notarías a su cargo y huachicol fiscal.  El caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de ese grupo, avanzó con su detención.

Sheinbaum ha dicho que no existe una investigación formal contra Adán Augusto, aunque también ha marcado distancia del morenista. Cabe recordar que el Senador ya no concede entrevistas ni declaraciones a los medios.

Margarita González Saravia

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, también aparece en este recuento a partir del Operativo Enjambre, mediante el cual fueron detenidos alcaldes y una consejera estatal de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Alfredo Ramírez Bedolla

Gobernador de Michoacán, ha sido relacionado por autoridades estadounidenses con presuntas operaciones o tolerancia hacia grupos delictivos locales y cárteles con presencia en la entidad. También existen denuncias del entonces gobernador Silvano Aureoles y quejas electorales de 2021 relacionadas con una presunta injerencia de Cárteles Unidos.

Documentos de la Sedena y reportes también han mencionado a familiares del gobernador, entre ellos su tío Adalberto “El Fruto” Comparán, exalcalde de Aguililla, y un primo, quienes fueron condenados en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina ligado a Cárteles Unidos y Los Viagras.

El CJNG también lo ha acusado públicamente de proteger a grupos rivales.

Layda Sansores

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha sido mencionada en reportes de inteligencia atribuidos a agencias estadounidenses, como la DEA, y en listas de funcionarios bajo escrutinio por supuestas omisiones o relaciones con redes de delincuencia organizada en el sureste del país.

Mario Delgado y Manuel Bartlett

Mario Delgado y Manuel Bartlett fueron incluidos en una denuncia penal presentada por el PRI en 2025 por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol.

Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también ha enfrentado acusaciones de corrupción de sexenios anteriores.

Cuitláhuac García

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz entre 2018 y 2024, fue mencionado en informes de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks. Estos documentos lo señalaron de permitir la entrada y protección del Cártel del Noreste frente al CJNG.

La periodista Anabel Hernández también difundió llamadas interceptadas de 2021 en las que un operador identificado como “Capitán” afirmó haber pagado 1.5 millones de pesos por un campo de tiro y entrenamiento de 47 hectáreas utilizado por grupos criminales.

Andrés Manuel López Obrador

Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de acusaciones sobre presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña de 2006, a partir de reportes atribuidos a la DEA y difundidos por Anabel Hernández.

Durante su sexenio también fue cuestionado por hechos como el Culiacanazo de 2019, su visita a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la política de “abrazos, no balazos”, criticada por opositores como una estrategia de tolerancia hacia los grupos criminales.

OPERATIVO ENJAMBRE 

Además de los gobernadores y otros políticos mencionados, el Operativo Enjambre también ha derivado en la detención de alcaldes señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.

Miguel Sánchez Altamirano

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido el 23 de septiembre de 2026. El 29 de septiembre, un juez lo vinculó a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Permanece en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano.

La Fiscalía de Oaxaca y Omar García Harfuch lo señalan como colaborador o protector de “Los Cromos”, célula del CJNG en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con las autoridades, esa estructura se dedica al cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Harfuch dijo que el alcalde, “como actor político-social”, habría participado, fomentado y encubierto esas actividades.

También existe una orden de aprehensión contra el exsecretario municipal Mariano Rosado, quien permanece prófugo. Además, fue detenido el excomisario de Seguridad Pública, Jhon Keny Moreno Segura.

Diego Rivera Navarro

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante la Operación Enjambre. Fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado y trasladado al penal del Altiplano.

En 2021, de acuerdo con los señalamientos en su contra, habría ordenado el secuestro de los precandidatos Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para quedarse con la candidatura de Morena a la alcaldía.

También se le acusa de haber pactado con el CJNG un esquema de 40 millones de pesos anuales del erario a cambio de respaldo político y control del cobro de piso, secuestros y extorsiones en Tequila.

Ernesto Cruz Díaz

Alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue detenido la noche del 5 de enero de 2026. Fue alcalde reelecto de Morena para los periodos 2021-2024 y 2024-2027, además de consejero estatal del partido. Las autoridades lo ubicaron en el grupo de “Los Gordos” de Morena en Chiapas.

Los delitos iniciales que se le atribuyeron fueron ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos.

Reportes posteriores lo relacionaron con el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), aliado del CJNG, y con el supuesto aviso de operativos a integrantes de esa organización.

Isaac Rodríguez Ochoa

Alcalde de Esperanza, Puebla, fue detenido el 7 de septiembre de 2026 durante un operativo en el que se realizaron 23 cateos simultáneos.

El 16 de septiembre, un juez federal lo vinculó a proceso por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se establecieron dos meses para la investigación complementaria.

También es investigado por robo a autotransporte, extorsión y secuestro en la zona Puebla-Orizaba.

Se  trata de su segundo periodo como alcalde.Las autoridades lo señalan como presunto protector de la banda “Los Zúñiga”, dedicada, según las investigaciones, al asalto de tráileres en el corredor Puebla-Veracruz.

Así, aunque Morena intente deslindarse y afirme que se crearán más candados para que ningún político que llegue a un cargo esté coludido con el crimen organizado, la estructura del partido mantiene señalamientos a todos los niveles.

Caso Concordia: las preguntas que Vizsla debe responder

La tragedia de los trabajadores de Vizsla Silver en Concordia evidencia una grave negligencia compartida. Es inadmisible que una empresa transnacional priorice sus proyectos sobre la vida de su personal ignorando alertas de riesgo, y que un Estado omiso permita operar en zonas dominadas por el crimen. A ocho meses de un secuestro que dejó nueve muertos y al ingeniero Antonio Esparza Yáñez desaparecido, la opacidad y la falta de rendición de cuentas de la empresa y las autoridades reflejan un abandono imperdonable a las familias

Conocí a Alan y a Priscila hace unos días. Platiqué con ellos durante varias horas. Alan todavía busca a su padre, el ingeniero Antonio Esparza Yáñez. Priscila ya tuvo que enfrentar la noticia de que su esposo estaba entre los trabajadores localizados sin vida.

Después me puse a revisar el caso como periodista. Y encontré una historia en la que las fechas, los antecedentes y las decisiones tomadas obligan a hacer preguntas mucho más precisas.

Recordemos: 10 trabajadores vinculados al proyecto Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026. Nueve fueron posteriormente localizados sin vida. Antonio continúa desaparecido.

Pero la historia no empezó ese 23 de enero.

En abril de 2025, nueve meses antes del secuestro, la propia Vizsla suspendió parcialmente sus actividades de campo debido a las condiciones de inseguridad en la región. Poco más de un mes después reanudó sus operaciones.

Si Vizsla sabía que las condiciones de inseguridad eran suficientemente graves como para suspender actividades, ¿qué ocurrió para que semanas después decidiera que sus trabajadores podían regresar?

Si el riesgo no había desaparecido, ¿por qué regresaron?

¿Qué pesó más en esa decisión: la seguridad de los trabajadores o la necesidad de continuar con el proyecto?

Si durante los meses siguientes hubo nuevos incidentes de inseguridad, como sostienen las familias y su representación jurídica, ¿por qué la operación continuó?

Si trabajadores habían manifestado miedo, ¿por qué siguieron siendo enviados a esa zona?

Y si Vizsla asegura que sus decisiones operativas se sustentan en monitoreo e información de inteligencia, ¿qué decía esa inteligencia antes del secuestro?; ¿advertía riesgos?; ¿quién recibió esos informes?; ¿quién decidió continuar?

Hay otro asunto todavía más delicado.

Concordia no era una burbuja. La región se encontraba inmersa en la disputa criminal que desde 2024 ha golpeado distintas zonas de Sinaloa. El propio secretario de Seguridad federal reconoció después del secuestro que en esa área operaba una célula de Los Chapitos.

¿Cómo opera durante meses una compañía minera internacional en un territorio con presencia criminal sin conocer quién controla los caminos y accesos por los que diariamente se desplazan sus trabajadores?

¿Qué información tenía Vizsla sobre los grupos criminales presentes en la región?

¿Qué mecanismos utilizaba para garantizar el tránsito de personal, vehículos, contratistas y maquinaria?

¿Existía algún tipo de interlocución, directa o indirecta, con personas vinculadas a esos grupos?

¿Puede Vizsla afirmar categóricamente que nunca existió?

¿Algún empleado, contratista, proveedor, responsable de seguridad o intermediario sostuvo comunicaciones con integrantes del crimen organizado?

¿Alguna autoridad ha investigado esa posibilidad?

Vizsla ha declarado públicamente que mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción y la extorsión.

Entonces vale preguntar: ¿alguna persona relacionada con el proyecto recibió antes del 23 de enero solicitudes de dinero, amenazas, advertencias o exigencias provenientes de grupos criminales?

¿Fueron reportadas? ¿A quién? ¿Hay mensajes, correos o informes que lo documenten?

Familiares y compañeros de los trabajadores han coincidido en que hubo renuncias y temor previo a ese día de enero; esa versión contradijo la información inicial de autoridades federales de que no existía peligro.

Si esos testimonios son ciertos, ¿quién recibió esas advertencias dentro de la empresa?

¿Quién decidió que no ameritaban detener las operaciones?

¿Se informó a Canadá, a las autoridades y a los propios trabajadores?

Y llegamos al 23 de enero.

Si diez trabajadores de una empresa son privados de la libertad mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral, ¿por qué las familias sostienen ocho meses después que Vizsla nunca presentó una denuncia formal?

Si había cámaras en los lugares donde se hospedaban o transitaban los trabajadores, ¿dónde están las grabaciones?

Si los vehículos tenían GPS, ¿dónde están esos registros?

Si existían bitácoras, teléfonos corporativos, correos, reportes internos de seguridad y evaluaciones de riesgo, ¿la FGR tiene absolutamente todo?

Y la Secretaría del Trabajo tampoco puede quedar fuera.

Si una empresa suspendió actividades por inseguridad en abril de 2025, ¿la Secretaría lo supo?

¿Inspeccionó las condiciones en las que laboraban los trabajadores cuando las actividades se reanudaron?

Si sabía que estaban trabajando en una región afectada por violencia criminal, ¿qué medidas extraordinarias exigió?

¿Cuándo fue la última inspección anterior al secuestro y qué encontró?

¿Verificó dónde dormían los trabajadores, cómo se trasladaban y bajo qué condiciones de seguridad recorrían diariamente la zona?

¿O para las autoridades laborales mexicanas la obligación de proteger a un trabajador termina en el casco, las botas y las condiciones físicas de una mina?

Después del secuestro, ¿la Secretaría del Trabajo abrió una investigación?; ¿determinó posibles omisiones?; ¿sancionó a alguien?

¿O nueve trabajadores pueden aparecer muertos y uno permanecer desaparecido sin que hasta ahora sepamos si la autoridad laboral encontró alguna responsabilidad empresarial?

Hay finalmente preguntas que no caben en un protocolo corporativo.

Si Vizsla sabía que Concordia era peligrosa, ¿por qué sus trabajadores estaban ahí?

Si sabía que había antecedentes, ¿por qué siguió operando?

Si hubo amenazas, ¿quién decidió que no eran suficientes para detenerse?

Si tenía protocolos suficientes, ¿por qué tuvo que reforzarlos después?

Si acompañó a las familias, ¿por qué ellas dicen haberse sentido abandonadas?

Las preguntas importan porque no conocemos esas respuestas. Lo que sí conocemos es el resultado: diez hombres fueron privados de la libertad cuando estaban ahí por su trabajo; nueve fueron encontrados sin vida y Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

Y cuando una empresa conocía desde meses antes que operaba en condiciones de inseguridad, preguntar qué sabía, qué decidió, qué hizo y qué dejó de hacer no es anticipar una sentencia; es empezar a establecer responsabilidades.

Andy López Beltrán busca su primera diputación federal por el Distrito 6 en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo oficial su inscripción en el proceso interno de Morena para contender por la diputación federal del Distrito 6 en Tabasco.

El anuncio, realizado a través de un videocomunicado en sus redes sociales la noche del 1 de octubre, confirma sus aspiraciones de obtener su primer cargo de elección popular a los 39 años de edad, adentrándose de lleno en la disputa territorial de una de las zonas con mayor arraigo obradorista en el sureste mexicano.

LA RUTA TERRITORIAL Y LOS DETALLES DE SU ASPIRACIÓN

A pesar de que los tiempos formales del calendario electoral siguen su curso, el exsecretario de Organización de Morena detalló que mantiene una intensa agenda de recorridos proselitistas por los municipios que conforman el distrito.

En su mensaje digital, precisó las demarcaciones que ha visitado para buscar la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación, enfocándose en localidades como Río Tinto y E. Alvarado Gimbal, en el municipio de Centro, para posteriormente concluir sus actividades proselitistas en el municipio de Jalapa.

El Distrito 6 Electoral Federal de Tabasco comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. De concretar su victoria en los comicios previstos para 2027, López Beltrán estrenaría un cargo público de elección popular, un escenario inédito en su biografía, ya que hasta antes del retiro definitivo de su padre de la vida pública en octubre de 2024 se había mantenido al margen de puestos gubernamentales de esta naturaleza.


EL BALANCE DE SU PASO POR LA ESTRUCTURA NACIONAL DE MORENA

La postulación de López Beltrán llega meses después de su salida oficial de la cúpula directiva del partido guinda. Cabe recordar que el 25 de mayo formalizó su renuncia a la Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a su asiento en la Comisión Nacional de Elecciones, posiciones que ocupó durante un lapso de 20 meses tras su designación en septiembre de 2024.

Su salida obedeció formalmente al cumplimiento de los lineamientos del Consejo Nacional que obligaban a la separación de cargos partidistas a quienes aspiran a puestos de representación popular.

Durante su gestión como responsable de la organización territorial, tuvo bajo su mando el control del padrón de militantes y la red de comités seccionales en todo el país. No obstante, su gestión también estuvo flanqueada por contrastes políticos, como el retroceso electoral que experimentó Morena en los comicios locales de Durango y Veracruz en 2025.

Antes de su incursión formal en la estructura partidista, su perfil profesional se había centrado en la actividad empresarial —como cofundador de la chocolatería artesanal Rocío— y en el respaldo operativo de las campañas presidenciales de su padre en 2006, 2012 y 2018.

EL ESCENARIO INTERNACIONAL Y LA SOMBRA DE LAS INDAGATORIAS

El registro de su candidatura coincide con un momento de alta presión política y diplomática, marcado por señalamientos internacionales. Días antes de su anuncio, diversos reportes periodísticos —entre ellos una investigación de The New York Times— revelaron que agencias de seguridad de Estados Unidos han analizado expedientes y señalamientos en su contra por presuntos nexos con el contrabando de combustible y redes del crimen organizado, aunque hasta el momento las autoridades mexicanas, encabezadas por la fiscal general Ernestina Godoy, han descartado la existencia de órdenes de aprehensión formales.

Este panorama se enlaza con la reciente revocación de su visado estadounidense, una medida que el propio López Beltrán calificó de carácter político y propagandístico en una carta abierta dirigida a la administración de Washington.

Analistas políticos señalan que, en caso de alcanzar una curul en la Cámara de Diputados en los comicios de 2027, el político tabasqueño obtendría el fuero constitucional propio de los legisladores federales, un escudo legal que incidiría directamente en cualquier eventual proceso de investigación judicial.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/andy-lopez-beltran-busca-su-primera-diputacion-federal-por-el-distrito-6-en-tabasco/

Un deslinde tardío

La última ocasión que tuvimos oportunidad en ZETA de platicar con el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad de Baja California, en abril de 2026, una de las preguntas fue sobre su proveedor principal, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Como puede suponer usted, lector (y si no, le informo), los contratos, convenios o concesiones en materia de seguridad, el gobierno suele mantenerlos en la opacidad; pero frente a frente esperábamos una respuesta del general Carrillo. No la proporcionó.

El militar a cargo de la seguridad civil en el Estado justificó que él no estaba al tanto de quién o quiénes eran los proveedores de la Secretaría de Seguridad; que había un comité de compras y el Gobierno del Estado se encargaba directamente de eso; que él y su equipo lo único que hacían era plantear sus necesidades, armas, equipo táctico, equipo tecnológico, unidades y demás, para que estas fueran satisfechas por ese comité de compras. Prácticamente que él no tenía relación con el proveedor y no sabía quién era.

La pregunta venía al caso porque unos meses antes, en septiembre de 2025, la Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, había señalado —y sancionado— a un empresario, Jesús González Lomelí, al incluirlo en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. González Lomelí estaba relacionado, además, por empresas y asociaciones, con otros personajes de interés, como los gemelos Vera Ayala, quienes sirven —uno prófugo, por cierto— a Jorge Hank Rhon, a Marco Moreno Gómez Santelices, y estos a su vez a Fernando Salgado Chávez, el líder del Grupo La Familia.

Aun conociendo las sospechas sobre su proveedor, el general Carrillo recurrió al desconocimiento para deslindarse de quien es señalado ahora por la OFAC, como parte de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En información emitida el 29 de septiembre por el Departamento de Estado, detallaron los norteamericanos:

“El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí (González), un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y colaborador de ‘La Rana’. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices (Moreno) y Carlos Villela Gómez Santelices (Villela) son colaboradores de González radicados en Tijuana; ambos poseen una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y para ‘La Rana’. Otros colaboradores de González designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala (Jerónimo Vera) y Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera). Jerónimo Vera es socio comercial de González y participa en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos. Jorge Vera colabora con múltiples cárteles en el tráfico de narcóticos; es una figura central y un enlace para todas las actividades de los cárteles en Tijuana. Asimismo, se sabe que Jorge Vera ha lavado dinero para el Cártel de Sinaloa”.

Por supuesto que, en abril de 2026, el general Carrillo tenía esa información, dada su cercanía y coordinación, en calidad de secretario de Seguridad, con las agencias de los Estados Unidos que hoy acusan a la red de empresarios bajacalifornianos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

Aunque de manera tardía, el general no fue el único que se deslindó del grupo de empresarios, a pesar que hicieron negocios con ellos. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y sus secretarios, particularmente los que han encabezado la de Turismo, han contratados en sobradas ocasiones a las empresas de Marco Moreno Gómez Santelices para la organización de actos y eventos; el actual titular en la materia, de hecho, tiene doble liga con los señalados lavadólares: Miguel Ángel Badiola, aparte de ser colaborador de la mandataria estatal, lo fue muy cercano a Carlos Torres Torres cuando éste aún era parte del gobierno estatal y estaba casado con la gobernadora; y antes de ser nombrado en Turismo, fue —y es— el publirrelacionista de Jorge Hank Rhon, padrino de los gemelos Vera Ayala.

Además del Gobierno del Estado, Moreno Santelices también es proveedor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde despacha quien fuera directora de seguridad de Marina del Pilar cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali, Elena Andrade, quien continuó los negocios con los señalados en la red del Cártel de Sinaloa, como proveedores de la FGE y hasta en materia administrativa de la institución.

La misma gobernadora sabía, seguramente desde antes de septiembre de 2025, que sobre el grupo de empresarios señalado por la OFAC pesaban tales sospechas, pero eso no le impidió, ni a su gobierno, ni al secretario de Seguridad, ni al de Turismo, ni a la fiscal, continuar haciendo negocios con ellos. Fue unos meses antes de aquel septiembre cuando se supo que la casa que le adjudicaban a Ávila Olmeda en San Diego (por cierto, información también confirmada con autoridades de los Estados Unidos) estaba a nombre del líder del Grupo La Familia, Fernando Salgado, en cuya corporación aparecía también la esposa de quien fuera el primer fiscal de la gobernadora, Ricardo Carpio.

Por eso el deslinde que hizo el 30 de septiembre de 2026 llegó algo tardío. En un boletín del Gobierno del Estado informaron que “la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California, y remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley”.

Además, “como una disposición preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la gobernadora determinó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del Gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes”.

Esta última determinación incluye, pues, a todos los señalados por la OFAC, el Departamento del Tesoro y otras agencias norteamericanas, y pues también incluye al exesposo de la gobernadora y a su excuñado, Carlos y Luis Torres Torres, quienes también fueron incluidos en una red de narcocorrupción por la OFAC, desde donde refirieron textualmente: “En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres), y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres). Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con ‘El Ruso’. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades delictivas y proteger al Cártel de Sinaloa frente a la intervención de las autoridades gubernamentales y policiales en Baja California. El Departamento de Estado de los EE. UU. revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a sus vínculos con el crimen organizado y a sus actividades en favor del Cártel de Sinaloa”.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, aún no se ha deslindado del grupo de empresarios hoy señalados de lavar dólares para el Cártel de Sinaloa, ni de Fernando Salgado, el líder de La Familia, y a quienes también ha otorgado toda suerte de concesiones, como la organización de la Feria de Tijuana, entre otras. De quien sí se deslindó fue de Carlos Torres Torres, a quien reconoció en el pasado y le dio trabajo en el Ayuntamiento de Tijuana.

Ahora sí que los deslindes empiezan, y es de suponerse que aún no terminan. Como reza el refrán mexicano: Dime con quién andas, y te diré quién eres, o la OFAC emitirá más sanciones.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/un-deslinde-tardio/

Partidos políticos y libertad de expresión

"Si en los partidos se incentiva la estigmatización, la intolerancia al disenso, difícilmente sus militantes se comportarán de otra manera al arribar al poder"

El derecho a buscar y recibir información enfrenta una paradoja. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de acceder, producir y compartir información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan complejo distinguir qué fuerzas determinan aquello que vemos, conocemos y discutimos.

La reciente conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información permitió recordar avances importantes. Hoy, 139 Estados miembros de Naciones Unidas cuentan con garantías constitucionales, legales o de política pública para acceder a información. Reconocer un derecho en una Ley es apenas el principio. Su efectividad depende de órganos independientes, recursos suficientes, mecanismos de revisión, archivos adecuados y divulgación proactiva de información de interés público. Es precisamente en esto último que fallan la mayoría de Estados.

A estos desafíos se suman otros que están transformando nuestros ecosistemas informativos. Hablamos de la desinformación, la concentración de poder privado en las plataformas digitales y sistemas algorítmicos que determinan la visibilidad y alcance de los contenidos. Enfrentarlos requiere transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia en derechos humanos. Pero también demanda cautela ante leyes vagas contra las llamadas “noticias falsas” o la desinformación , mismas que han sido utilizadas en distintos países contra periodistas, personas defensoras y voces críticas.

Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando miramos a los partidos políticos. Los partidos no son únicamente organizaciones que compiten por votos. Son una de las principales vías mediante las cuales las personas participan en los asuntos públicos, construyen agendas y acceden al poder. Buena parte de quienes después gobernarán nuestras sociedades aprenden y ejercen ahí sus primeras prácticas democráticas. Si en los partidos se incentiva la estigmatización, la discriminación de género, la intolerancia al disenso, ataques coordinados a voces críticas o la desinformación, difícilmente sus militantes se comportarán de otra manera al arribar al poder.

Por eso importa lo que sucede dentro de ellos. Esta semana, junto con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, presentamos una Declaración Conjunta acompañada de un Anexo de Adopción Voluntaria para el Fortalecimiento Democrático de los Partidos Políticos. La propuesta parte de una idea, en principio, sencilla: no podemos exigir instituciones democráticas hacia afuera si toleramos prácticas contrarias a los derechos humanos dentro de las organizaciones que aspiran a gobernarlas.

Esto supone, primero, proteger la libertad de expresión y el disenso dentro de los propios partidos. La crítica, la sátira, los juicios de valor y la información de interés público deben permanecer, como regla general, protegidos. También supone respetar a la prensa y el trabajo periodístico, garantizar espacios de participación para las militancias y fortalecer mecanismos internos de rendición de cuentas.

Pero la libertad de expresión no impide que los partidos asuman responsabilidades frente a fenómenos que deterioran la conversación democrática. Es necesario desarrollar respuestas frente a la desinformación y frente a la incitación a la discriminación, el odio, la hostilidad o la violencia, así como prevenir la violencia política y digital de género. También son necesarias reglas de transparencia sobre comunicación electoral y criterios responsables para el uso de inteligencia artificial.

La cuestión decisiva es cómo hacerlo. La respuesta no puede consistir en crear categorías tan amplias que terminen castigando aquello que precisa una democracia; me refiero a la crítica, el desacuerdo y la expresión política. Cualquier restricción debe estar acompañada de salvaguardas de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto implica que las restricciones no pueden generar un efecto inhibitorio a la libertad de disentir.

Existe además una dimensión que merece especial atención. La violencia y el acoso, particularmente contra las mujeres que participan en política, pueden terminar expulsando voces del espacio público. Proteger la libertad de expresión implica también crear condiciones para que todas las personas puedan ejercerla efectivamente.

Los partidos también pueden contribuir a la alfabetización mediática, transparentar sus estrategias de comunicación, rendir cuentas sobre el uso de tecnologías y construir mecanismos internos que protejan tanto el debate vigoroso como la dignidad y seguridad de quienes participan en él.

El Anexo que presentamos es voluntario y no crea obligaciones para los Estados. Más bien busca ofrecer una referencia para que partidos y movimientos políticos incorporen estas prácticas en sus estatutos, códigos de ética y reglamentos internos. También debo precisar que se pensó para las Américas, pero tiene la vocación de replicarse en diversas regiones del mundo.

La democracia comienza dentro de los institutos políticos como semilleros de cuadros. Es ahí que quienes aspiran a ejercer el poder aprenden a convivir con la crítica, la diferencia y los derechos de las demás. Si dentro de los partidos perdemos la lucha contra la censura, la violencia, la desinformación y la violencia política contra las mujeres, difícilmente la ganaremos con y frente a los gobiernos.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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https://www.sinembargo.mx/4880138/partidos-politicos-y-libertad-de-expresion/

Las redes deberán bajar contenido de odio que dañe a los niños mexicanos. Por decreto

El Gobierno federal exigirá a plataformas digitales que eliminen el contenido violento que pueda fomentar la violencia entre estudiantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes la creación de un grupo de trabajo que tendrá como objetivo formular una Ley o decreto para exigir a las plataformas de redes sociales que bajen el contenido que fomente la violencia y el odio en las escuelas, esto luego del ataque perpetrado por un par de hermanos dentro de una secundaria de Torreón, Coahuila.

Durante la "mañanera del pueblo", la Jefa del Ejecutivo lamentó los hechos ocurridos en un plantel educativo en dicha entidad y reconoció que en tiempos recientes se han suscitado actos similares al interior de escuelas. Ejemplo de ello son los casos de Lex Ashton, quien asesinó a un estudiante del CCH Sur en la Ciudad de México (CdMx) en septiembre del 2025, y de Osmar, adolescente que mató a dos docentes con un fusil en el Instituto Educativo Antón Makárenko en Michoacán en marzo de este año.
"El día de ayer ocurrió un episodio muy lamentable, una situación muy lamentable, en una escuela de Coahuila, unos jóvenes que entraron a una escuela y atacaron a una maestra. Hay algunos episodios similares que se han presentado en el país en los últimos años, son tres o cuatro", mencionó la mandataria.
Ante estos hechos, la Presidenta Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo, integrado por autoridades federales e instituciones académicas, que tiene como propósito elaborar un decreto presidencial o una Ley que obligue a las plataformas de redes sociales a evitar la difusión de contenido que fomente la violencia.


Dicho equipo será coordinado por la Consejería Jurídica de la Presidencia y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, instituciones educativas y expertos.
"El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso. Es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones", explicó la Presidenta Sheinbaum.
Gobierno federal trabajará en decreto para regular redes sociales

El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, puntualizó que como parte de la estrategia para prevenir actos violentos en escuelas del país, el equipo de trabajo creado por instrucción de la Presidenta Sheinbaum se reunirá para diseñar un proyecto de Ley que obligue a las redes sociales a tomar medidas para evitar la difusión de contenido violento.
"Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia", indicó el funcionario.
El funcionario apuntó que el equipo de trabajo también implementará otras acciones como parte de la estrategia para prevenir actos de violencia en escuelas, las cuales incluyen el fortalecimiento del programa "ABC de las emociones", realizar asambleas con madres y padres de familia, así como la instalación de buzones para denunciar de manera anónima posibles situaciones de riesgo.

En el ámbito familiar, las autoridades harán un llamado a las madres y padres de familia para que pongan más atención a sus hijas e hijos y fortalecer la comunicación, con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo. En caso de identificar una conducta preocupante podrán acercarse a la Línea de la Vida para solicitar orientación, acompañamiento y atención psicológica.

Caso Torreón: relacionan imágenes en perfil de TikTok con ataque a escuela secundaria

Un perfil de TikTok difundió fotos de vestimenta, armas y explosivos que coinciden con los indicios hallados en la escuela de Torreón

Las investigaciones realizadas sobre el asesinato a la subdirectora de la Secundaría Número 13 del ejido La Unión en Torreón, revelaron que uno de los hermanos que participó en el crimen habría publicado fotografías a través de la red social TikTok. En la cuenta identificada como "user804248814011", administrado por uno de los presuntos responsables, compartió fotos del vestuario, armamento y artefactos explosivas que se utilizaron en el ataque, publican El Universal y Reforma.

Las prendas, las armas y los mensajes compartidos en el entorno digital coincidieron plenamente con los objetos asegurados por los peritos en la escena del crimen.

Las inspecciones realizadas en la red social revelaron que las publicaciones se realizaron el miércoles 30 de septiembre, un día antes de la agresión cometida en la escuela secundaria. El violento episodio culminó con el homicidio de la subdirectora del centro escolar y dejó a cuatro personas lesionadas.

El arsenal exhibido previo la ataque

Las fotografías publicadas exhibían la vestimenta que portaría uno de los presuntos agresores: un pantalón de mezclilla negro, calzado deportivo oscuro con vivos azules y una sudadera negra con la figura de Baphomet y un pentagrama invertido con la cabeza de una cabra en su interior.

El vestuario se complementaba con dos pañoletas negras impresas con dentaduras de calavera para cubrir la cara, junto con la frase "ahora me toca a mí"o y "ya me toca a mí".

En el perfil también se exhibió el arsenal preparado para el atentado. En las imágenes se pueden ver tres cuchillos, un hacha, un martillo, una lata de veneno para ratas y ocho explosivos caseros.

La cuenta, que ya no está activa, también difundió previamente mensajes contra las mujeres y la frase No falling in love (No te enamores). La inspección en el centro educativa confirmó la coincidencia exacta entre la ropa, los artefactos y armamento dentro de la mochila asegurada. Horas después de que se dio a conocer la existencia del perfil, TikTok dio de baja la cuenta.

Los antecedentes de los agresores

El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los responsables del atentado fueron dos hermanos gemelos exalumnos de la institución.

Las primeras investigaciones establecieron que los dos jóvenes acumulaban vestimenta e imágenes de delincuentes de otros países, a quienes consideraban figuras a seguir, con la intención explicita de mular sus pasos y repetir patrones de agresiones reportadas en el extranjeros.

Las declaraciones vertidas por los testigos presenciales del ataque respaldan la carga ideológica detectada en el perfil virtual. Estudiantes y personal docente relataron que durante la irrupción armada los agresores gritaron la consigna “vamos por las mujeres”.

La integración de estos elementos a la carpeta de investigación confirma la planeación anticipada del crimen y la influencia de comunidades digitales en la ejecución de los actos violentos ocurridos en el municipio de Torreón.

Anuncian medidas para detectar violencia en redes sociales

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la Conferencia Matutina desde Palacio Nacional que se están preparando nuevas medidas de prevención y detección de conductas violentas en plataformas digitales.

El titular de la SSPC explicó que se va a trabajar con un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para actuar "de manera anticipada, reducir los riesgos y contar con más mecanismos eficaces de detección, acompañamiento y respuestas de contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia".

Dentro el plan también se tiene contemplado fortalecer el programa ABC de las Emociones, la incorporación de buzones confidenciales y fortalecer la relación entre padres e hijos para evitar cualquier situación o conducta que genere preocuapción.

Fallece Alberto Patishtán, el maestro y activista indígena que encaró la injusticia judicial

El gobierno federal otorgó el indulto presidencial a Patishtán el 31 de octubre de 2013, luego de cumplir 13 años de prisión injusta y tras impulsarse reformas legales motivadas por su caso

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización Serapaz México informaron este viernes 2 de octubre sobre el fallecimiento del profesor y activista indígena Alberto Patishtán Gómez.

La organización defensora lamentó profundamente el deceso del maestro tzotzil y envió condolencias a su familia, comunidad y seres queridos.

Alberto Patishtán Gómez nació el 19 de abril de 1971 en el municipio de El Bosque, Chiapas, donde creció en una familia de escasos recursos y trabajó el campo desde su infancia.

El activista se desempeñó como profesor de educación primaria y director de un albergue escolar en Huitiupán, tiempo en el que organizó a comunidades indígenas para gestionar viviendas, servicios y el reconocimiento oficial de poblados.

Las autoridades aprehendieron al docente el 19 de junio de 2000 en El Bosque, tras acusarlo falsamente por la emboscada a una patrulla en la que murieron siete policías.

La justicia mexicana sentenció a Patishtán a 60 años de prisión en un proceso penal caracterizado por irregularidades, discriminación y la falta de una defensa adecuada.

El docente fundó en 2006 la organización La Voz del Amate en el penal de El Amate, espacio desde el cual fungió como vocero y denunció torturas, corrupción y atropellos contra presos indígenas.

“Su dignidad y resistencia transformaron el encierro en una lucha que encaró la criminalización y la discriminación del sistema de justicia”, destacó el Centro Prodh al recordar su legado.

El gobierno federal otorgó el indulto presidencial a Patishtán el 31 de octubre de 2013, luego de cumplir 13 años de prisión injusta y tras impulsarse reformas legales motivadas por su caso.

La periodista Carmen Aristegui entrevistó a Patishtán en múltiples ocasiones, desde que estaba en prisión, mientras se procesaba la ley para permitir el indulto en este tipo de casos, al obtener la libertad en 2013 y a lo largo de los últimos años, ya que el chiapaneco se convirtió en una voz fundamental para denunciar abusos a los derechos humanos.

“Me produce alegría saber que Patishtán quedará libre”, comentó Carmen Aristegui en su programa de radio el 30 de octubre de 2013, un día antes de su liberación definitiva.


En septiembre de 2019, Alberto Patishtán asistió al estudio de Aristegui en vivo para denunciar irregularidades en diversos procesos y las condiciones de encarcelamiento de indígenas en Chiapas.

En mayo de 2020 tuvo un enlace para denunciar la falta de atención médica a presos indigenas, en plena pandemia de Covid-19.
“Tememos y las familias temen que sus presos se vayan a complicar y vayan a perder vidas allá, porque de los ocho que tenemos hay tres o cuatro compañeros que sufren hipertensión”.

Serapaz México enfatizó que la liberación reconoció la coherencia de su lucha por los derechos humanos, convirtiéndolo en la primera persona indultada por el Ejecutivo debido a violaciones graves a sus derechos fundamentales

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El IMSS separa a directivos por muerte de recién nacidos en Centro Médico de Jalisco

La investigación por la muerte de los neonatos contará con la particiáción de actores externos que actuarán de manera independiente

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció anoche la separación del director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, Julio César Cárdenas Valdez y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), derivado del fallecimeinto de tres recién nacidos.



"El director del Hospital y el jefe de la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales van a ser separados de su cargo. Lo hacemos para garantizar el proceso y para que este pueda desarrollarse con plena libertad y sin ninguna interferencia. La investigación va a ser independiente y va a ser transparente", informó el funcionario en un video compartido en la cuenta oficial de Instituto.
Asimismo, instruyó la realización de una auditoría clínica independiente para que especialistas externos al IMSS revisen caso por caso. "La auditoría responderá tres preguntas: primera si hubo una infección asociada a la atención; segunda, si causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos; y tercero, si hubo fallas que se pudieron evitar", precisó.


Robledo aseguró que la dependencia que dirige no va a intervenir en sus conclusiones ni podrá modificar los resultados; y que los avances de las pesquisas clínicas se comunicarán primero a las familias afectadas.

Además, señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) analizará los microorganismos identificados para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los seis decesos de recién nacidos presentados en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, tres de los cuales fueron denunciados por parte de las familias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

IMSS creará Comando Operativo: Robledo

El funcionario federal anunció la creación de un Comando Operativo del sector salud para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS en todo el país.


"Las infecciones hospitalarias existen en todos los sistemas de salud del mundo y los recién nacidos que requieren terapia intensiva se encuentran entre los pacientes más vulnerables. Pero esto no es una excusa. Es precisamente la razón para actuar", sostuvo.
La iniciativa escrutadora contempla implementar protocolos de vigilancia epidemiológica homologada, alertas tempranas de brotes, revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas de control de infecciones, así como protocolos para evaluar fallecimientos asociados con brotes.

"Vamos a llegar al fondo. Por eso en conferencia conjunta con la Secretaría de Salud iremos informando los avances y todos los resultados siempre con una regla: las familias conocerán primero cualquier conclusión", finalizó.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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https://www.sinembargo.mx/4880462/el-imss-separa-a-directivos-por-muerte-de-recien-nacidos-en-centro-medico-de-jalisco/

Campesinos denuncian desaparición de 8 jornaleros en Guerrero; marchan en Acapulco

Los ejidatarios exigieron la intervención del Gobierno federal para localizar a sus familiares privados de la libertad

Habitantes de los municipios de Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana, Guerrero, marcharon la mañana de este viernes sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la región de Costa Grande, para exigir la aparición con vida de ocho integrantes -dos de ellos menores de edad- del ejido El Balcón, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 24 de septiembre.

Los manifestantes hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para que acelere las indagatorias y dé con el paradero de sus familiares.

La movilización inició con una concentración en las instalaciones de la Expo Tecpan, en la colonia Las Tunas, y se dirigió hacia la comunidad de Aguas Blancas, en el municipio de Tecpan de Galeana.


Las familias de las víctimas y los pobladores indicaron que los ejidatarios de la zona han comenzado a implementar acciones de resistencia contra la tala ilegal y el presunto avance del cártel "La Familia Michoacana" en esa región.

Ejidatarios exigen intervención del Gobierno federal

Los ejidatarios exigieron en un comunicado la intervención del Gobierno federal para localizar a sus familiares privados de la libertad y advirtieron que, de no haber una pronta respuesta, incrementarán la contundencia de sus acciones de protesta.
"Exigimos al Gobierno federal que intervenga de manera inmediata. No queremos más días de espera. No queremos más promesas y no queremos más silencio. Queremos resultados. Si de manera inmediata no existen una respuesta concreta, acciones contundentes y resultados para localizar y regresar con vida a nuestros compañeros, la movilización crecerá: ya no seremos cuatro mil, será toda la sierra y paralizaremos la región", indicaron.

Hay avances en la investigación: Francisco Rodríguez

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, dijo que ya existen avances en el caso de la desaparición de los jornaleros.

El funcionario estatal indicó que, desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de los campesinos, se desplegó un operativo en el que participan el Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal. "Ya hay resultados, los dará a conocer la Fiscalía en su momento. Se siguen las investigaciones y siguen las acciones de búsqueda", afirmó el pasado 26 de septiembre.


Comentó que mantienen coordinación con representantes y familiares, con quienes se realizan labores de búsqueda en distintos puntos de la zona. Asimismo, Rodríguez Cisneros informó que establecerá comunicación con integrantes de los comités de paz que operan en la región, con quienes se mantiene un trabajo permanente.

Según las investigaciones, un grupo de once personas se dirigía a realizar sus labores en las parcelas cuando presuntamente fue interceptado por un grupo de sujetos armados en los caminos serranos que conducen al municipio, justo a la altura de la comunidad de La Lajita.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

¡2 de octubre no se olvida!: testimonios del movimiento estudiantil del presente

El 68 siempre se nombra y piensa como advertencia, pero también como inspiración, anhelo. En estas entrevistas hablan jóvenes de cinco estados de México. Marisol, Adriana, el Borrego, Gauri y Rojo vislumbran las luchas estudiantiles del pasado e intuyen las del futuro. En sus testimonios, los tiempos están entremezclados como en la vida misma.

Marisol Vázquez habla sobre su lucha en el Comité 68, sobre las mujeres en el movimiento del 68, sobre los esfuerzos que hacen por revindicar esos años, por arrancarle justicia y verdad al Estado, por no olvidar. Y Borrego, estudiante normalista de Ayotzinapa sigue organizándose para buscar a sus 43 compañeros, tiene grabado en la memoria ese 26 septiembre y mientras pueda seguirá marchando junto a sus padres y madres.

De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Adriana Gómez platica sobre la lucha feminista. El valor de los colectivos y las organizaciones de mujeres radica en plantarle cara a un gobierno y un Estado que no las escucha y menos las nombra. A los que sólo parecen importarles los feminicidios cuando la víctima es una extranjera. Por eso su movimiento busca eliminar la violencia estructural y machista que las atraviesa.

También está quien apenas se adentra en la lucha estudiantil, como Gauri, estudiante del Instituto Politécnico Nacional que participó activamente en su ultimas movilizaciones. Junto a sus compañeras y compañeros, exige instalaciones dignas, que el presupuesto no se desvíe. Y aunque la toma del Canal Once haya finalizado, sabe que la lucha apenas comienza.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra el testimonio de Rojo Carmesí, activista y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quién la huelga de 1999 pasa por razón de vida. Sus padres, como el de muchas otras y otros, se conocieron en el movimiento estudiantil. Por eso, ella tiene claro que su deber es defender la educación popular, luchar porque no se privatice a la Universidad, porque se reconozca institucionalmente el genocidio palestino y se rompan relaciones académicas con Israel.

Estos testimonios forman un abanico de postales sobre el movimiento o los movimientos estudiantiles actuales. Así reunidos dialogan entre sí, en algunas cosas coinciden, en otras no, pero todos están de acuerdo en lo fundamental: la defensa de los derechos estudiantiles.

A 48 años del Comité 68

Este año se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco y 48 de la fundación del Comité 68 Pro-Libertades Democráticas. Marisol Vázquez, militante del Comité cuenta en entrevista: “mi primera marcha del 2 de octubre fue a los 16 años”. Es originaria de la Ciudad de México. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro de Alba” cuatro generaciones después del movimiento del Consejo General de Huelga, quien puso en jaque a las autoridades universitarias durante 293 días. Ahí se formó en asambleas y movilizaciones, hasta que, en 2012, ya en la universidad, se integró al Comité. Desde entonces guarda la memoria de esas décadas de lucha.

Vázquez comenta que el Comité ha “procurado una narrativa que dignifique al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, que ponga al centro los procesos organizativos y las prácticas democráticas”. Para ella, el movimiento fue “una potencia creadora, creativa, disruptiva, alegre, disciplinada, estratégica”.

En contra de lo que se piensa y según los testimonios de sus maestras y maestros de lucha, a quienes llama los “históricos”, aquellas y aquellos que participaron en esos convulsos días del 68, Vázquez defiende que fue “un movimiento en el que las mujeres ocuparon su lugar como representantes y brigadistas, como maestras, estudiantes, profesionistas, como madres y como hijas de su propio tiempo, zanjando un camino que nos corresponde a nosotras ensanchar”. En su opinión, es el Estado y el gobierno quién ha invisibilizado la participación de las mujeres en el Consejo Nacional de Huelga y en el desarrollo del movimiento estudiantil y popular. Señala que “el Estado se ha abrogado la tarea de hacer memoria porque es más fácil que avanzar”, sin embargo, puntualiza, “la memoria la vienen haciendo las organizaciones a la par de sus luchas”.

En la entrevista no se olvida de citar a los históricos. Recuerda una frase de su querido compañero Raúl Álvarez Garin, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco y acaecido en el 2014: “El 2 de octubre volvimos a nacer. Ese día también supimos como íbamos a morir: luchando por la justicia y la democracia verdadera”. Y aclara que “ellos y los que siguieron eran sin duda jóvenes valientes que enfrentaron al autoritarismo ganándose la simpatía del pueblo”.

Vázquez dice que en ese 2012, cuando ingresó al Comité, hace ya más de una década, se le “abrió un universo de argumentos y formas de disputarle al Estado la justicia, la verdad y la memoria”. Al interior, la organización se centra en la “comprensión teórica y jurídica de larga data” sobre el 2 de octubre y el 10 de junio de 1971, en la que el grupo paramilitar Los Halcones al servicio del Estado, irrumpió con violencia extrema en una marcha estudiantil realizada en apoyo al movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Comité también reflexiona sobre el “periodo denominado guerra sucia”, caracterizado por la violencia estatal de una Dirección Federal de Seguridad a cargo de Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, o de Miguel Nazar Haro. Y resguarda, según palabras de Vázquez, “un archivo documental, fotográfico y hemerográfico que es fuente de investigación académica y periodística”, además de mantener “relaciones solidarias con organizaciones nacionales e internacionales”.

Respecto al movimiento estudiantil a día de hoy, piensa que “las y los estudiantes de educación superior y media superior son objeto de la hipervigilancia, de medidas punitivas extremas producto del hostigamiento y la persecución al interior de las escuelas”. Vázquez señala que el dialogo intergeneracional está roto: “sabemos que a las y los más jóvenes les queda lejos el 68 y un poco más cerca el 99, pero es importante que se apropien y reinventen estas experiencias, que se organicen y se instruyan”. Mientras, desde el Comité 68 no van a descansar “hasta acceder a la justicia y sentar un precedente jurídico que rompa la impunidad en los casos del pasado y del presente”. Vázquez quiere que su “legado para los más jóvenes sea el acceso a la justicia”.

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

El 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres estudiantes más. Desde entonces, sus padres y madres, junto con las nuevas generaciones de la Normal, siguen buscándolos y exigiendo justicia.

Uno de esos nuevos estudiantes de Ayotzinapa es Borrego, como lo conocen sus compañeros. En la escuela todos usan apodos, los infiltrados no faltan y es mejor estar prevenido. Borrego es originario de la costa sur de Oaxaca, pegadito a Chiapas. De sus hermanos, quienes también estudiaron en una Normal Rural, aprendió sobre el movimiento estudiantil del 68 y del 2 de octubre. Para él, la matanza de Tlatelolco fue “una forma descarada del gobierno de decir que no le interesaban los estudiantes, los mató descaradamente sólo por exigir lo que por derecho les compete como estudiantes”. Por eso, Borrego, en entrevista, exclama que “todo este sistema esta corrompido”.

Sabe que formar parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual reúne a las Escuelas Normales Rurales y busca defender el derecho de las y los normalistas, “es una experiencia que no cualquiera vive, sólo los más fuertes permanecemos en pie de lucha, en el movimiento estudiantil”. Para él, lo que les define son sus luchas. El marxismo-leninismo, reivindicado por la Federación, es, en sus palabras, “una organización que quiere dar igualdad a todas las personas, además de promover el pensamiento reflexivo para derrotar a este sistema”.

Junto a las familias de los 43, Borrego lucha por encontrar a sus compañeros, por justicia y castigo a los culpables. Y cómo señala, “también por todos los desaparecidos en México”, porque “se respeten las normales rurales, creadoras de docentes”. Borrego cuenta que esta última jornada de lucha se le hizo “un poco pesada, ya que me encargue de la parte organizativa”. Trasladar y coordinar a estudiantes de toda la República no es tarea fácil, sus días, en estas fechas, se vuelven frenéticos entre marchas, mítines, asambleas y protestas.

No falta su indignación por la ausencia de verdaderos resultados: “Me da coraje ver la apatía del gobierno. Mi persona ha estado en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sólo repiten lo mismo, no dan información relevante para el caso”. Aún con el cansancio, exigir justicia es un fin por el que Borrego dice sentirse contento.

Las luchas feministas en Morelos

En 1968 fueron muchas las y los normalistas, profesores y activistas que, desde Morelos, apoyaron y se unieron a las demandas estudiantiles. Hoy el estado de Emiliano Zapata es tierra caliente, como lo demuestra el feminicidio, ocurrido el 12 de septiembre del presente año, de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asesinada por Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, cuando éste intentó robarle el celular a Tacoronte en la ciudad morelense de Cuautla, donde ella se encontraba de visita en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. No es la única, otras cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en menos de dos años, dos de ellas por sus propios compañeros de universidad.

No es fácil vivir en Morelos, menos si se es mujer. Como señala en entrevista Adriana Gómez, egresada de Ciencias Políticas de la UAEM e integrante del Centro Comandanta Ramona, espacio de lucha feminista al interior de la universidad, “Morelos es el estado con la tasa más alta de homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años”. Ella es de Jiutepec y cuenta que no conoció “la educación pública sino hasta la universidad, cuando entré a la maravillosa UAEM”. Sin esta institución, Gómez no habría podido acceder a la educación superior, no tenía los recursos para seguir en una universidad privada. Al ingresar, según sus propias palabras: “Ya me asumía feministas. Mi jefe de carrera, el maestro Lalo, me animó a postularme al Consejo Técnico. Sin experiencia previa, choqué contra una estructura clientelar añeja, grupos de la Federación de Estudiantes cooptados por sindicatos y autoridades que compraban lealtades con favores que deberían ser derechos garantizados”. Los grupos porriles son otra de esas tantas idiosincrasias del movimiento estudiantil en México, estudiantes que funcionan como brazo armado de las autoridades universitarias. El 68 también tuvo sus federaciones charras: el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación o la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.

Para Gómez, habitar el estado de Morelos o su universidad “es presenciar en carne propia como escala la violencia machista, es vivir en constante alerta e indignación”. Sin miedo, acusa a la UAEM de encubrir a acosadores o hasta a violadores: “Es indignante ver a docentes sosteniendo discursos misóginos y acosando generación tras generación en total impunidad. Conforme avanzas en la carrera, descubres que varios están denunciados en la Fiscalía por alumnas, señalados de violentar a sus parejas, que son sus propias colegas investigadoras, o con antecedentes gravísimos mientras ocupaban carpos públicos. Los ves paseándose tranquilos y refugiados en la universidad y las instituciones del Estado”. Y añade que “quienes contamos con la voluntad y el respaldo colectivo, transformamos esta realidad en digna rabia porque no queda de otra, porque desde las aulas hasta el Congreso, las autoridades han demostrado un desinterés absoluto por cuidar nuestras vidas”.

El gobierno de Morelos carece de un plan integral para combatir la violencia de género, como indica Gómez, su estrategia “se reduce a la Secretaría de las Mujeres y a los Centros Libres, que ni siquiera operan en todos los municipios y donde esperan de brazos cruzados mientras las mujeres sortean una infinidad de trabas burocráticas”. En la UAEM las cosas no son muy diferentes, la institución no se considera parte responsable en la transformación del estado. “La universidad asume”, dice Gómez, “que no les debe seguridad a sus estudiantes porque esa obligación no está escrita al pie de la letra en un papel”.

Ante la ineficiencia e impunidad del Estado, las mujeres de Morelos se vieron obligadas a organizarse para combatir la violencia machista que las atraviesa. Para Gómez, las colectivas feministas al interior de la universidad son un rayo de luz. Piensa que al movimiento estudiantil lo “define la capacidad de sobreponernos a la criminalización y a los intentos constantes de las autoridades por cooptar voluntades e institucionalizar cualquier organización emergente”. Para ella no es una opción quedarse de brazos cruzados “cuando la universidad pública te forma con sentido crítico”. Por eso es crítica con aquellos compañeros varones que minimizan y ridiculizan la lucha feminista: “Dentro de los mismos colectivos persiste un recelo particular hacia el feminismo. A muchos les sigue resultando más cómodo articular las demandas desde la clase o las precariedades de la juventud, que nombrar a las violencias de género”. Gómez espera que sus luchas en el estado de Morelos, “consoliden una generación más crítica y menos machista, dispuesta a cruzar disciplinas para leer las llamadas ‘crisis de seguridad’ como lo que verdaderamente son, emergencias sistémicas y feminicidas”. Y no se olvida de ser autocrítica, de reflexionar que “sino nos atrevemos a mirar y desmontar desde la raíz, seguiremos atrapadas en el mismo ciclo de simulación de siempre”.

De ahí el valor de las colectivas feministas. Gómez las concibe como el futuro: “Muestran formas de cuidado, acompañamiento y reparación comunitaria que el Estado, con sus lógicas jerárquicas y patriarcales, es incapaz de siquiera imaginar”. También menciona que admira “profundamente su valentía” y que “son las colectivas las que ponen el cuerpo en las grandes denuncias que han sacudido y transformado la historia reciente de nuestro país”.

Por todo lo anterior, Gómez, “como universitaria y morelense en una tierra zapatista”, tiene “la convicción de que la lucha estudiantil va hacia una transformación estructural de nuestro estado”. Afirma que su generación ya no es “una juventud desinformada, despolitiza o que aplaude a la clase política”, es una “atravesada por una violencia brutal”. Y entiende que la lucha estudiantil, o al menos la feminista, tiene por objetivo la despenalización del aborto en Morelos, el único estado del centro del país que aún lo criminaliza.

Nuevas luchas en el IPN

Un 23 de septiembre de 1968, el ejército y la policía asaltaron las instalaciones universitarias del Casco de Santo Tomás para acabar con el movimiento estudiantil. Sin embargo, los estudiantes del IPN no se rindieron. Usaron piedras, bombas caseras y cohetes para frenarles. Ante esto, el gobierno autorizó el uso de tanques, bazucas y rifles de asalto. El saldo final fue de varios estudiantes muertos y decenas de heridos y detenidos.

Hoy las luchas del IPN son otras, pero las mismas. Gauri, originaria del Estado de México y estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, comenta en entrevista: “Desde muy chiquita siempre fui muy consciente de los movimientos sociales y de la importancia que tienen. Sin embargo, nunca me había involucrado realmente en uno hasta abril de este año. Sentí que, de alguna forma, tenía la responsabilidad de apoyar. Empecé yendo a las marchas, después a las guardias en la escuela y, poco a poco, ya no salí de ahí. Creo que fue algo que se fue dando de manera muy natural. Al principio solamente quería apoyar, pero conforme fui conociendo más a las personas, las problemáticas y la organización, entendí que también quería formar parte del movimiento”.

A finales de mayo de este año, estudiantes del IPN empezaron a exigir la destitución del director general de su universidad, Arturo Reyes Sandoval, por denuncias de desvío de recursos, falta de material para sus prácticas y abandono sistemático de la infraestructura. El 21 de mayo, la comunidad estudiantil organizada tomó las instalaciones televisivas del Canal Once. 74 días resistió el estudiantado, después, las autoridades lograron recuperarlo. Esta es la primera experiencia en el movimiento estudiantil de Gauri. Para ella “que haya terminado la toma no significa que todo lo que se hizo durante el movimiento pierda su valor”. “Hay momentos de cansancio, incertidumbre y también situaciones a las que nunca te habías enfrentado”, dice convencida de su lucha, “pero creo al final es algo que vale totalmente la pena cuando tienes claro por qué lo estás haciendo”. Y agrega que “un movimiento no solamente existe durante las marchas o las asambleas, sino también en todas esas pequeñas cosas que ocurren durante una guardia y en la convivencia diaria”.

La experiencia de Gauri es corta pero significativa, rápidamente entendió “que un movimiento estudiantil está compuesto por muchísimas realidades diferentes, no todos llegamos por las mismas razones, pero podemos encontrar puntos en común y organizarnos a partir de ellos”. Aunque casi nunca es fácil: “Hay cansancio, desacuerdos y momentos en los que cuestionas muchas cosas. Pero creo que precisamente todo eso forma parte de aprender a organizarse y a construir colectivamente”. Gauri también cree que “ni un movimiento ni una asamblea deberían de depender de una sola persona”. Tiene claro que el proceso asambleario implica “escuchar diferentes opiniones, discutirlas y llegar a acuerdos”. Y piensa que “las redes sociales han cambiado muchísimo la manera en la que se comunica y se organiza un movimiento”, pero sostiene que “la organización presencial, las asambleas y el trabajo cotidiano son fundamentales”.

Hay algunas cosas que no cambian. Al igual que en el 68, para Gauri, “el punto central es no conformarnos con que las cosas sean de determinada manera solamente porque siempre han sido así”. Ayer como hoy, el núcleo del movimiento estudiantil “es la defensa de una educación pública y digna, y de los derechos de quienes forman parte de las instalaciones educativas”. Por eso afirma convencida: “El movimiento sigue construyéndose y creo que sería un error pensar que todo está definido. Para mí, una de las cosas más importantes ahora es mantener la organización y que las personas que participaron sigan involucradas. No sé exactamente hacia dónde va a llegar la lucha estudiantil del IPN, pero creo que depende mucho de nosotros seguir organizándonos, seguir cuestionando”.

La UNAM también está presente

La máxima casa de estudios de México también tiene sus problemas. Al interior hay quien busca cambiar las cosas, mejorar las condiciones del estudiantado, del profesorado y de las y los trabajadores de la UNAM. Rojo Carmesí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, dice en entrevista que su alma mater “es una gran Universidad, pero si administraran mejor el presupuesto, trataran mejor laboralmente a sus profesores y cuidaran a sus alumnos, podría ser mil veces mejor de lo que es, yo creo que se aprovecha ese mismo amor que muchos le tenemos para explotar de más a su comunidad, sobre todo la docente”. Por eso, para ella, el 2 de octubre “es el recordatorio de que siempre que luchamos corremos peligro, aún si no tenemos armas, aún si no sabemos pelear, aún si no sabemos causar daño”, y argumenta que “quizá por eso sea mejor sí saberlo”.

Carmesí también recuerda que el 68 no fue sólo una matanza. “Creo yo que nos muestra el poder de movilización al que podemos aspirar como movimiento estudiantil”, anota. Ella es oriunda de Michoacán, fue hasta su preparatoria que empezó a vivir en la CDMX. Cuenta: “Desde que tengo memoria soy consciente de ser hija de la huelga del 99. Ahí se conocieron mis padres y desde siempre fue parte de mi vida. Así que decidí que una vez entrara en la UNAM empezaría a militar y a integrarme a la lucha estudiantil… Y así lo hice”.

Respecto al último examen de ingreso a la licenciatura impartido por la Universidad, comenta que le “parece un desacierto enorme haber realizado el examen de manera virtual para los estudiantes”, no está peleada con las nuevas tecnologías, “y uno doblemente grave haber citado presencialmente para el examen de control a los estudiantes del interior de la República, en localidades más inaccesibles que la propia CDMX”. La decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas de contratar a la empresa Territorium Life, a la que le pagaron al menos 90 millones de pesos entre 2025 y 2026 para encargarse de la seguridad del examen, afectó, como casi siempre, a los más vulnerables: “No justificaré a quienes hicieron trampa, la rectitud es importante para mí, pero también me parece que las autoridades manejaron muy mal las posibles soluciones y que, para variar, quienes menos oportunidades económicas tenían fueron quienes más sufrieron las consecuencias de errores que no les correspondían”. A partir de la subida masiva en el puntaje, de la lucha de quienes no se quedaron, pero contestaron las preguntas honradamente y del escándalo público que ocasionó en la sociedad civil, el rector Lomelí Vanegas decidió volver a la modalidad presencial del examen.

Desde niña, Carmesí ya miraba al Consejo General de Huelga como una estrella guía o un faro que alumbra el porvenir. No se engaña, sabe que organizarse es complicado, que el sector estudiantil es sumamente diverso: “Hay quienes tienen que tener dos trabajos para pagarse su carrera, como hay quienes estudian por mera obligación familiar, con todas las comodidades. Y al final, lo que nos reúne ahí son las ganas de aprender, pero muchas veces no se dimensiona que no sólo se aprende en las clases y no sólo se aprende cómodamente y que de pronto es necesario aprender de la opinión de un compañero en la asamblea o de lo que se dijo en un mitin o una marcha. O de los libros de círculos de estudio político o incluso de lo que nos toca aprender de muchos temas para redactar correctamente un pliego o de lo que nos cuenta el otro en la guardia de un paro”. Son esas pequeñas cosas, acota Carmesí, las que forman y dan fuerza a la organización.

Es consciente de las contradicciones internas al interior de su propia lucha. Para ella, el movimiento estudiantil de la Universidad tiene “una energía y explosividad muy admirable y necesaria, pero combinada con varios problemas como la falta de disciplina o la poca capacidad de retención y compromiso”. Por eso considera que las luchas fundamentales del estudiantado en la UNAM van por “una mejor distribución del presupuesto, una posición clara de la institución contra el genocidio palestino y unos protocolos de seguridad y género funcionales”. Porque, como Carmesí señaliza, “al final del día, nos guste o no, sólo tenemos a nuestros compañeros”.

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: MARIO MENESES CANDELARIA.
ENALCE: https://desinformemonos.org/2-de-octubre-no-se-olvida-testimonios-del-movimiento-estudiantil-del-presente/