Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Diputados avanzan ley para reducir uso de efectivo y extender pagos digitales en México

El dictamen obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar medios electrónicos y permite a Hacienda determinar sectores donde serán la única forma de pago

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y otras formas de pago electrónico, además de reducir gradualmente el uso de efectivo.

El dictamen fue avalado en lo general con 24 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. En lo particular obtuvo 25 votos a favor y cuatro en contra, con modificaciones, y fue remitido a la Mesa Directiva para continuar con su proceso legislativo.

La propuesta establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar medios de pago digitales y electrónicos para trámites y servicios públicos. También faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que estos mecanismos serán la única forma de pago.

Para esos casos, las autoridades de cada sector podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual. El dictamen también contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita utilizar efectivo o cheque.

Entre los medios reconocidos se encuentran las transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología NFC, además de otros mecanismos autorizados por las autoridades financieras.

La iniciativa también busca facilitar la contratación completamente digital de servicios financieros. Para ello reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza que las personas podrán utilizar, a su elección, para identificarse ante las entidades financieras.

Asimismo, crea el Expediente Digital Ciudadano para la consulta o utilización de documentos e información de los usuarios con su autorización.

El proyecto otorga además atribuciones al Banco de México relacionadas con las transferencias electrónicas, los servicios financieros y la recepción de pagos mediante códigos QR.

Con estas medidas, la iniciativa busca acelerar la digitalización de la economía, ampliar la inclusión financiera y el acceso al crédito, así como reducir gradualmente la dependencia del efectivo.

Oposición cuestiona falta de infraestructura
Durante la discusión, legisladoras de oposición coincidieron en la necesidad de ampliar los pagos digitales, pero cuestionaron que existan las condiciones tecnológicas y financieras para que toda la población pueda incorporarse a este modelo.

La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo advirtió que reducir el uso de efectivo sin resolver previamente los costos de la transición podría dejar fuera a quienes no tienen acceso a servicios financieros o infraestructura tecnológica.
“¿Qué pasa con quien no puede digitalizarse? ¿Qué sucede cuando falta la tecnología y cómo se va a proteger la información de las personas?”, cuestionó.
La panista Eva María Vásquez Hernández también respaldó avanzar hacia una economía digital, pero advirtió sobre las diferencias de acceso a internet, servicios bancarios y herramientas tecnológicas entre la población.
“No basta con decirle a una persona que existe una aplicación, necesitamos que tenga acceso a internet, señal, una cuenta, acceso al sistema y pueda utilizarlo de una forma segura”, afirmó.
La legisladora cuestionó si la infraestructura necesaria permitirá incorporar a toda la población o si las nuevas disposiciones terminarán beneficiando principalmente a quienes ya tienen acceso a servicios financieros y digitales.

México se desmarca de resolución de la OEA que exige elecciones en Nicaragua

Ante la OEA, Alejandro Encinas repudió cualquier intento de injerencia y sostuvo que corresponde a los nicaragüenses decidir el futuro de su país

Ante los demás Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la mayoría de ellos alineada con los intereses de la política exterior del gobierno estadunidense de Donald Trump, Alejandro Encinas Rodríguez expresó su rechazo a que el organismo regional califique el derrumbe de la democracia en Nicaragua como “amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica”, y repudió “cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de otros Estados”. 

Durante su participación en la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, en la cual participó en representación de la Cancillería mexicana, Encinas informó que México no acompañaría la resolución llamada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, que contempla cinco líneas de acción ante la anulación de las elecciones en Nicaragua y la decisión de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de impedir la participación política de sectores de oposición. 

A través de la resolución, los cancilleres de la región se comprometieron a urgir al gobierno Ortega-Murillo a “restablecer el espacio cívico” e instalar las condiciones para organizar elecciones, pero también a utilizar los mecanismos internacionales para apoyar la investigación de violaciones a los derechos humanos. 

El tercer resolutivo contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, “de composición voluntaria y abierto a todos los Estados”, que buscará un “diálogo directo y rápido” con el gobierno de Nicaragua y con “todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluidas la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio” para buscar una solución a la instalación de una dictadura en ese pequeño país centroamericano.

Al igual que la postura del gobierno brasileño de Lula Inácio Da Silva, la delegación de México, encabezada por Encinas --quien representa al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ante la OEA--, rechazó el texto por plantear que las políticas de los Ortega-Murillo “ya han tenido impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”. 

Encinas explicó que “una caracterización en este sentido podría abrir espacios para plantear acciones excedan las facultades de esta organización, al abordar asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA, y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias”. 

“México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia en los asuntos. La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera; al contrario, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que, lejos de favorecer una solución pacífica, terminen produciendo una mayor desestabilización”, agregó el político. 

Ante una audiencia conformada por los cancilleres de los países de la región, dirigidos en su mayoría por gobiernos alineados sobre la política exterior del presidente estadunidense Donald Trump, Encinas defendió una postura crítica hacia cualquier intervencionismo, que sus detractores han señalado como contradictoria desde que la expresó en una primera junta en la OEA, en agosto pasado. 

“Ningún país puede imponer su visión sobre los demás. La soberanía no se mide en Ejércitos o en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo, y por lo tanto no corresponde, sino a cada nación, decidir su propio futuro”, dijo Encinas, quien momentos había reconocido que Ortega anunció la anulación de elecciones y la prohibición de la participación de fuerzas opositoras en el país. 

Nicaragüenses que huyeron de su país –a algunos el gobierno de Nicaragua incluso les retiró su nacionalidad-- y voces críticas de la postura de México han señalado que México defiende una posición que apuesta a la autodeterminación de los pueblos para que la situación cambie en Nicaragua, y al mismo tiempo reconoce que el gobierno Ortega-Murillo impide que se desarrolle la autodeterminación por la vía electoral.

No sólo es Marina del Pilar: políticos morenistas bajo sospecha de convivir con el crimen organizado

Una investigación documenta que diversos militantes y funcionarios de Morena, incluidos gobernadores, legisladores y alcaldes de distintas regiones del país, han sido señalados por autoridades e instancias internacionales, principalmente de Estados Unidos, por supuestos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas como el narcotráfico y el huachicol, a pesar de los deslindes de la dirigencia federal

Pese a que son los nombres de Marina del Pilar, Andy López, Rocha Moya, Enrique Inzunza, los más sonados recientemente respecto a posibles colusiones con el crimen organizado, no son los únicos morenistas señalados.

EMEEQUIS ha documentado casos de morenistas que han sido señalados, principalmente por autoridades o instancias de Estados Unidos, por presuntos nexos con el crimen organizado, muchos de ellos se mantienen en sus cargos politicos.

Durante la mañana de este 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a intentar deslindarse de Marina del Pilar Ávila y del exesposo de la gobernadora, Carlos Torres, respecto a las acusaciones que Estados Unidos mantiene contra ellos. También mencionó al hijo del expresidente López Obrador y afirmó que no había pruebas para investigarlos en territorio mexicano. 

“‘No se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que… me dijeron que hay unas agencias que están investigando’. Imagínense, el New York Times.”

Añadió que, hasta donde ella sabe, no existe una investigación formal y que, si hubiera alguna en México, la Fiscalía General de la República tendría que informar al respecto:

Sin embargo, Marina del Pilar y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no son los únicos políticos que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal, entre otros, también han sido mencionados en acusaciones, investigaciones o reportes relacionados con grupos criminales.

Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tuvo una imputación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026 por presunta conspiración con Los Chapitos para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, a cambio de protección.

Según la acusación, Rocha Moya se habría reunido con Iván y Ovidio Guzmán antes de las elecciones de 2021 y el grupo criminal habría intimidado a rivales y sustraído urnas.

Rocha Moya solicitó licencia, regresó al cargo en agosto de 2026 y posteriormente volvió a generar fricciones con Sheinbaum y Morena. Estados Unidos pidió su detención con fines de extradición; México ha señalado que no ha recibido pruebas suficientes.

De manera local, diversos medios también lo han señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos y por haber recibido apoyo de ese grupo para llegar a la gubernatura.

Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Inzunza Cázarez, actual senador, fue incluido junto con Rocha Moya en la acusación de Nueva York como supuesto enlace con Los Chapitos. También se le ha señalado de ser el responsable de la movilización del crimen organizado en las elecciones donde resultó ganador Rocha Moya,  se ha solicitado su retiro de la cámara de senadores, sin embargo esto no ha ocurrido.

Marina del Pilar Ávila

Cabe recordar que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, fue sancionada políticamente por Estados Unidos en 2025 mediante la cancelación de su visa.

Este 29 de septiembre de 2026, la OFAC sancionó a su exesposo, Carlos Torres, y a su hermano, por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mediante influencia política.

El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que la denominada “narcocorrupción” alcanza altos niveles del gobierno estatal.

Américo Villarreal

Gobernador de Tamaulipas, ha sido incluido en investigaciones mencionadas por The New York Times, así como en denuncias del PRI y reportes sobre presunto financiamiento ilícito y huachicol.

También ha sido señalado por presunto lavado de dinero y financiamiento de cárteles mexicanos durante las campañas electorales de 2021 y 2022, además de aparecer en fotografías con operadores del Cártel del Noreste.

Evelyn Salgado

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, ha sido mencionada en investigaciones sobre redes de extorsión en Acapulco durante 2026 que, según reportes, podrían alcanzar a funcionarios de su gabinete. También se han señalado presuntos vínculos con grupos criminales como Los Ardillos, Guerreros Unidos y Los Tlacos. La investigación indaga presuntas facilidades operativas para el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Adán Augusto López

Adán Augusto López, senador, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, ha sido señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, además de irregularidades con las notarías a su cargo y huachicol fiscal.  El caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de ese grupo, avanzó con su detención.

Sheinbaum ha dicho que no existe una investigación formal contra Adán Augusto, aunque también ha marcado distancia del morenista. Cabe recordar que el Senador ya no concede entrevistas ni declaraciones a los medios.

Margarita González Saravia

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, también aparece en este recuento a partir del Operativo Enjambre, mediante el cual fueron detenidos alcaldes y una consejera estatal de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Alfredo Ramírez Bedolla

Gobernador de Michoacán, ha sido relacionado por autoridades estadounidenses con presuntas operaciones o tolerancia hacia grupos delictivos locales y cárteles con presencia en la entidad. También existen denuncias del entonces gobernador Silvano Aureoles y quejas electorales de 2021 relacionadas con una presunta injerencia de Cárteles Unidos.

Documentos de la Sedena y reportes también han mencionado a familiares del gobernador, entre ellos su tío Adalberto “El Fruto” Comparán, exalcalde de Aguililla, y un primo, quienes fueron condenados en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina ligado a Cárteles Unidos y Los Viagras.

El CJNG también lo ha acusado públicamente de proteger a grupos rivales.

Layda Sansores

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha sido mencionada en reportes de inteligencia atribuidos a agencias estadounidenses, como la DEA, y en listas de funcionarios bajo escrutinio por supuestas omisiones o relaciones con redes de delincuencia organizada en el sureste del país.

Mario Delgado y Manuel Bartlett

Mario Delgado y Manuel Bartlett fueron incluidos en una denuncia penal presentada por el PRI en 2025 por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol.

Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también ha enfrentado acusaciones de corrupción de sexenios anteriores.

Cuitláhuac García

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz entre 2018 y 2024, fue mencionado en informes de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks. Estos documentos lo señalaron de permitir la entrada y protección del Cártel del Noreste frente al CJNG.

La periodista Anabel Hernández también difundió llamadas interceptadas de 2021 en las que un operador identificado como “Capitán” afirmó haber pagado 1.5 millones de pesos por un campo de tiro y entrenamiento de 47 hectáreas utilizado por grupos criminales.

Andrés Manuel López Obrador

Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de acusaciones sobre presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña de 2006, a partir de reportes atribuidos a la DEA y difundidos por Anabel Hernández.

Durante su sexenio también fue cuestionado por hechos como el Culiacanazo de 2019, su visita a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la política de “abrazos, no balazos”, criticada por opositores como una estrategia de tolerancia hacia los grupos criminales.

OPERATIVO ENJAMBRE 

Además de los gobernadores y otros políticos mencionados, el Operativo Enjambre también ha derivado en la detención de alcaldes señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.

Miguel Sánchez Altamirano

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido el 23 de septiembre de 2026. El 29 de septiembre, un juez lo vinculó a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Permanece en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano.

La Fiscalía de Oaxaca y Omar García Harfuch lo señalan como colaborador o protector de “Los Cromos”, célula del CJNG en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con las autoridades, esa estructura se dedica al cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Harfuch dijo que el alcalde, “como actor político-social”, habría participado, fomentado y encubierto esas actividades.

También existe una orden de aprehensión contra el exsecretario municipal Mariano Rosado, quien permanece prófugo. Además, fue detenido el excomisario de Seguridad Pública, Jhon Keny Moreno Segura.

Diego Rivera Navarro

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante la Operación Enjambre. Fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado y trasladado al penal del Altiplano.

En 2021, de acuerdo con los señalamientos en su contra, habría ordenado el secuestro de los precandidatos Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para quedarse con la candidatura de Morena a la alcaldía.

También se le acusa de haber pactado con el CJNG un esquema de 40 millones de pesos anuales del erario a cambio de respaldo político y control del cobro de piso, secuestros y extorsiones en Tequila.

Ernesto Cruz Díaz

Alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue detenido la noche del 5 de enero de 2026. Fue alcalde reelecto de Morena para los periodos 2021-2024 y 2024-2027, además de consejero estatal del partido. Las autoridades lo ubicaron en el grupo de “Los Gordos” de Morena en Chiapas.

Los delitos iniciales que se le atribuyeron fueron ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos.

Reportes posteriores lo relacionaron con el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), aliado del CJNG, y con el supuesto aviso de operativos a integrantes de esa organización.

Isaac Rodríguez Ochoa

Alcalde de Esperanza, Puebla, fue detenido el 7 de septiembre de 2026 durante un operativo en el que se realizaron 23 cateos simultáneos.

El 16 de septiembre, un juez federal lo vinculó a proceso por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se establecieron dos meses para la investigación complementaria.

También es investigado por robo a autotransporte, extorsión y secuestro en la zona Puebla-Orizaba.

Se  trata de su segundo periodo como alcalde.Las autoridades lo señalan como presunto protector de la banda “Los Zúñiga”, dedicada, según las investigaciones, al asalto de tráileres en el corredor Puebla-Veracruz.

Así, aunque Morena intente deslindarse y afirme que se crearán más candados para que ningún político que llegue a un cargo esté coludido con el crimen organizado, la estructura del partido mantiene señalamientos a todos los niveles.