La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, consideró que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, representa una crisis que obliga a revisar el funcionamiento interno del instituto y recuperar la colegialidad en la toma de decisiones.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la consejera señaló que la salida de Taddei ocurrió en un contexto marcado por la concentración de facultades en la presidencia del Consejo General, a partir de una reforma que otorgó un “maxipoder” a quien encabeza el organismo.
“La verdad es que es un momento muy grave para el Instituto Nacional Electoral, sin duda la renuncia de la presidenta por motivos ligados a presuntos actos de corrupción y conflictos de interés”, afirmó.
Explicó que el Consejo General está integrado por 11 consejerías y que la presidencia dentro de ese órgano colegiado funciona como una primera entre pares. Sin embargo, cuestionó que la reforma legal haya modificado el esquema de toma de decisiones y otorgado a la presidencia facultades para designar unilateralmente a funcionarios de alto nivel.
La modificación se incorporó en octubre de 2024 durante la discusión las leyes secundarias en el Senado para instrumentar la reforma judicial. Humphrey recordó que ella y otros consejeros presentaron una controversia constitucional al considerar que se afectaban la colegialidad y la corresponsabilidad del Consejo General.
La consejera señaló que, a partir de esa modificación, la presidencia adquirió la facultad de realizar los nombramientos de altos funcionarios del instituto, incluida la Junta General Ejecutiva. “Hoy toda la Junta General Ejecutiva está nombrada por ella y claramente sólo le respondían a ella”, sostuvo.
Señaló que durante ese periodo las consejerías enfrentaron dificultades para obtener información sobre distintos asuntos del instituto, incluso cuando la solicitaban formalmente o durante las reuniones de consejerías. “Había un continuo bloqueo”, denunció.
Entre los casos que mencionó se encuentra una contratación por 66 millones de pesos que fue observada por el Órgano Interno de Control del INE debido a presuntas irregularidades. También se refirió al contrato para la producción de credenciales para votar, que consideró uno de los asuntos de mayor relevancia operativa para el organismo.
Humphrey explicó que, como presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, tuvo que llevar a las sesiones de la comisión diversos asuntos relacionados con retrasos en la entrega de credenciales y cuestionamientos sobre el contrato.
Recordó que las credenciales pasaron de entregarse en un plazo de cinco o siete días a tardar hasta mes y medio, situación que llevó a la comisión a solicitar explicaciones al Registro Federal de Electores y a plantear la aplicación de penas convencionales por incumplimientos contractuales.
Los informes, agregó, fueron llevados tanto a la mesa de consejerías como al Consejo General, además de que se impugnaron distintas determinaciones.
Pide investigar posibles triangulaciones
Sobre el contrato para producir las credenciales y los señalamientos acerca de posibles vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Taddei, la consejera aclaró que las consejerías no intervienen directamente en los procesos de contratación, adjudicación o licitación, por lo que dijo no contar con información oficial que permitiera establecer alguna relación.
No obstante, consideró necesario investigar si pudo existir alguna triangulación entre empresas o grupos corporativos relacionados con las personas involucradas.
“Creo que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, combatir la corrupción frontalmente, tenemos que abrir toda la información”, afirmó.
La consejera planteó incluso la posibilidad de realizar una auditoría externa, además de las investigaciones internas y de las que correspondan a otras instancias fiscalizadoras.
“Hoy por hoy, yo no sé si es la punta del iceberg, o si ya tenemos conocimiento de todas estas actuaciones presuntamente irregulares”, señaló, al precisar que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, responsabilidades y, en su caso, sanciones.
Humphrey sostuvo que el INE debe actuar de manera firme y ejemplar ante los señalamientos, además de abrir la información necesaria para que las investigaciones puedan avanzar.
Indignación por el viaje a París
Respecto de las imágenes difundidas en medios de comunicación en las que aparece el hijo de Guadalupe Taddei junto con Hernández Casillas durante un viaje a París, la consejera expresó su rechazo a cualquier eventual uso indebido de recursos públicos.
“Creo que comparto claramente el tema de una indignación absoluta que con recursos públicos todavía tengamos que ver en los medios de comunicación ese tipo de conductas”, declaró.
Ante la crisis de confianza derivada de estos hechos, Humphrey llamó a distinguir entre el funcionamiento de la administración encabezada por Taddei y la estructura técnica del INE encargada de organizar las elecciones.
Sostuvo que el organismo mantiene capacidades técnicas y recordó que ha organizado procesos electorales y ejercicios de democracia directa, además de la elección del Poder Judicial.
En ese sentido, llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la institución y aseguró que el personal del organismo continúa trabajando en el proceso electoral. “La columna vertebral de este instituto es justamente el Servicio Profesional Electoral”, afirmó.
Sobre las investigaciones que realiza el Órgano Interno de Control, Humphrey explicó que las consejerías tenían conocimiento de que existían algunos procedimientos, principalmente porque habían recibido información de ciudadanos y correos anónimos que, en algunos casos, fueron turnados al propio órgano de control.
Sin embargo, señaló que las consejerías no contaban con los detalles de las investigaciones que fueron entregados a la Cámara de Diputados.
Explicó que el Órgano Interno de Control es designado por la Cámara de Diputados y rinde cuentas ante esa instancia, por lo que las consejerías conocerán los resultados de las investigaciones una vez que concluyan.
Más de 800 renuncias y cuestionamientos internos
En cuanto al funcionamiento interno del instituto durante la presidencia de Taddei, Humphrey señaló que hubo múltiples renuncias de funcionarios y que algunas personas habrían expresado que no estaban dispuestas a realizar determinadas acciones, además de referir presiones relacionadas con sus liquidaciones.
Mencionó que durante este año se registraron más de 800 renuncias, incluidas algunas atribuidas a motivos de salud, aunque posteriormente algunas de las personas que dejaron el organismo aparecieron en otros cargos.
Como ejemplo de la falta de comunicación interna, relató que la salida de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, se conoció entre las consejerías a través de una nota informativa, mientras se encontraban reunidas para abordar otro asunto.
También señaló que las consejerías fueron informadas con poca anticipación sobre decisiones institucionales, incluida la modificación de la imagen del organismo al inicio del proceso electoral.
Humphrey dijo que cuestionó qué ocurriría con los chalecos, gorras y otras prendas utilizadas por los capacitadores electorales para identificarse ante la ciudadanía, debido al gasto que implicaría sustituir esos materiales, pero afirmó que hasta ese momento no había recibido respuesta a su oficio.
La consejera cuestionó además el manejo de la comunicación institucional. Explicó que, por diseño, la comunicación social depende de la presidencia y sostuvo que durante la administración anterior las actividades de las consejerías dejaron de aparecer con frecuencia en los comunicados institucionales, por lo que habían sido “claramente borrados del mapa institucional”.
Dijo que cuando las consejerías cuestionaban determinadas decisiones, posteriormente aparecían señalamientos en columnas periodísticas que calificaban sus posturas como conflictos internos o desacuerdos personales.
¿Competirá por la presidencia del INE?
Ante la salida de Taddei, la consejera también habló sobre el proceso para elegir a una nueva presidenta o presidente del INE y sobre la posibilidad de que las actuales consejerías participen.
Recordó que anteriormente se registró para competir por la presidencia del instituto, pero el Comité Técnico de Evaluación determinó que no podía continuar en el proceso. Humphrey impugnó la decisión, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de que su participación implicaría una reelección.
La consejera señaló que las condiciones actuales son distintas y que deberá analizar la convocatoria antes de determinar si volvería a postularse.
Explicó que actualmente le quedan alrededor de dos años en el cargo, por lo que tendría que valorar la duración de la presidencia que será designada para sustituir a Taddei y el tiempo restante de su propio mandato.
Respecto de la presidencia provisional, Humphrey no descartó participar en la decisión y sostuvo que, ante una crisis como la actual, las consejerías deben priorizar la generación de consensos y decisiones que permitan recuperar la confianza en el organismo.
“Creo que todas y todos podemos estar interesados pero yo creo que hay que ser muy claros tener mucha claridad respecto de que aquí lo principal es justamente el Instituto Nacional Electoral”, afirmó.
El Consejo General deberá elegir a una presidencia provisional entre las consejerías mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará formalmente el cargo.
Humphrey explicó que corresponde al propio Consejo General determinar quién asumirá provisionalmente la presidencia y que la decisión se tomará mediante un procedimiento que sería discutido por las consejerías.
Recuperar la colegialidad
También sostuvo que uno de los objetivos inmediatos debe ser recuperar la colegialidad que se perdió con la reforma que concentró facultades en la presidencia.
“Lo que tenemos que aportar es confianza, credibilidad, decisiones compactadas, discutidas y retomar esta colegialidad que se rompió y nos fue arrebatada primero por una reforma legal”, señaló.
La consejera consideró que debería proponerse a la Cámara de Diputados eliminar del marco electoral la disposición que permitió concentrar esas facultades en la presidencia, aunque advirtió que no sería conveniente abrir un proceso más amplio de reformas electorales durante el actual proceso electoral.
Mientras tanto, planteó que quien asuma la presidencia debe comprometerse a mantener la colegialidad y consultar las decisiones con el Consejo General, incluso mientras conserve legalmente las facultades que le fueron conferidas.
También señaló que el Consejo General analiza posibles cambios en las áreas actualmente dirigidas por personas nombradas durante la presidencia de Taddei.
Explicó que antes de tomar decisiones solicitaron un diagnóstico de las áreas del instituto para conocer quiénes permanecen en sus cargos, qué puestos quedaron vacantes y cuáles son las condiciones de cada área.
“Tenemos que privilegiar perfiles técnicos, solventes, con experiencia, porque estamos ya en medio del proceso electoral”, indicó.
La consejera precisó que cualquier modificación deberá realizarse de manera consensuada, debido a que la facultad de los nombramientos corresponde a la presidencia del Consejo General.
El diagnóstico fue solicitado a la Secretaría Ejecutiva, actualmente encabezada de manera temporal, y servirá como base para definir posibles sustituciones o cambios en las áreas del instituto.
Respecto del nombramiento de la presidencia definitiva, Humphrey estimó que el procedimiento de la Cámara de Diputados podría tomar entre cinco y seis semanas, debido a las distintas etapas previstas en el marco constitucional.
Explicó que el proceso incluye una convocatoria, la entrega de documentación, la evaluación de las personas aspirantes y la integración de un Comité Técnico de Evaluación, además de etapas como examen, entrevista y comparecencia.
Sostuvo que mientras se desarrolla el procedimiento el principal reto de las consejerías será mantener la operación del INE durante el proceso electoral y recuperar los mecanismos de decisión colegiada, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el organismo.
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