Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Jasmine Bugarín renuncia al Verde y se afilia a Morena; va por la candidatura de Nayarit

De manera estricta, Jasmine Bugarín fue la primera aspirante del Verde que es designada como coordinadora estatal, en el proceso interno que define los perfiles que se encamina a las candidaturas gubernamentales. Sin embargo, se confirmó su renuncia a la militancia del PVEM y su ingreso a Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Jasmine Bugarín Rodríguez, sostuvieron un encuentro en Nayarit donde anunciaron la incorporación de Bugarín a las filas del partido oficialista tras dejar la presidencia estatal del Verde Ecologista de México (PVEM) y perfilarse para la candidatura en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, Montiel Reyes detalló que la visita al estado  fue para reunirse con la estructura territorial y legisladores, y declaró que “Morena es un movimiento que siempre se ha planteado como un instrumento del pueblo, por lo que es muy importante el diálogo con las comunidades y no dejar el territorio”.

Asimismo, indicó que a Bugarín le corresponderá encabezar las tareas de organización colectiva frente a los ataques de grupos de oposición.

Sobre este punto, Montiel Reyes apuntó que “hay que seguir luchando, seguir defendiendo la transformación y la soberanía nacional, porque hoy más que nunca tenemos que hacer mucha conciencia que hay un ataque sistemático a los proyectos humanistas como el nuestro. Entonces la organización territorial nos permitirá hacer la defensa de nuestro proyecto”.

Agregó que el partido “ha logrado consolidar el empoderamiento real de sus cuadros femeninos, que cada vez más mujeres consolidan su liderazgo”.

Por su parte, Bugarín Rodríguez confirmó su salida del Partido Verde Ecologista de México tras comunicarlo a la dirigencia nacional de esa fuerza política, por lo que oficialmente se suma a Morena con miras a la contienda electoral en Nayarit.

En su intervención, Bugarín aseveró que en la entidad existe cohesión política y sostuvo que “hay un gran equipo, grandes perfiles y se reconoce el trabajo de los compañeros que aspiraron a la coordinación. Cada quien aportará su talento desde su trinchera para seguir llevando el mensaje de la transformación”.

Finalmente, la aspirante a la gubernatura aseguró que el movimiento político mantendrá su cohesión rumbo a los próximos comicios al afirmar que “vamos a seguir fortalecidos y a la dirigencia le vamos a dar los mejores resultados. En Nayarit la transformación está más fuerte que nunca”.

La polémica de Jasmín Bugarín por su nacionalidad

El pasado 2 de octubre, Jasmin Bugarín aspirante de Morena en Nayarit acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense, luego de que el Congreso  mexicano aprobara una reforma que impide a quienes tienen otra nacionalidad, además de la mexicana, competir por una gubernatura o por la Presidencia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la política señaló que la soberanía nacional es un principio que debe protegerse y defenderse, y sostuvo que su decisión va más allá de un procedimiento jurídico.

Apenas el 28 de septiembre se dio a conocer que Morena cedió la coordinación de Nayarit a una integrante de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que la coloca en la antesala de la candidatura por la gubernatura de 2027.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/jasmine-bugarin-renuncia-partido-verde-afilia-morena-nayarit

“Que el gobierno no sea tan ausente”: buscadoras que bloquearon la México-Toluca vigilarán compromisos de autoridades

Tras formalizar denuncias de agresiones y una mesa de trabajo con la Fiscalía del Edomex, las familias levantaron su protesta. Los acuerdos incluyen el cese a la revictimización, la reestructuración de áreas de atención, la entrega oportuna de programas sociales, atención médica y garantía de búsqueda

Tras mantener un bloqueo pacífico por más de 36 horas en la carretera México-Toluca, iniciado la mañana del martes 20 de octubre, el colectivo de personas buscadoras Mariposas Buscando Justicia y Corazones logró una serie de acuerdos como resultado de una mesa de diálogo con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes.

Su protesta, señalaron, obedeció al agotamiento y fallo sistemático de los cauces institucionales ordinarios para la localización de sus personas queridas desaparecidas. Subrayaron que en el transcurso de la manifestación implementaron un esquema de apertura parcial de carriles de 10 minutos cada hora y garantizaron el paso preferencial e inmediato a vehículos de emergencia, ambulancias, insumos médicos y personas con requerimientos de atención de salud.

“Durante nuestro bloqueo, demostramos la empatía que el Estado nos niega. Mantuvimos aperturas de carriles cada hora por más de 10 minutos y permitimos el libre paso a ambulancias, personas enfermas, transporte de medicamentos, personas que acudían a citas médicas, adultos mayores y a quienes necesitaban asistir, a familiares con discapacidad. Toda urgencia fue atendida de manera inmediata”, subrayaron en conferencia de prensa la tarde de este jueves.

Agresiones e intimidación durante la manifestación

A lo largo del desarrollo de la protesta, las personas manifestantes documentaron diversos episodios de agresión física y verbal, así como falta de acompañamiento perimetral por parte de elementos de seguridad pública. 

El martes 20 de octubre se reportó la incursión de un civil que agredió físicamente a una integrante del colectivo y provocó daños materiales al vehículo de otra de las participantes. Tras el incidente, se identificaron las placas del automóvil del agresor con el propósito de iniciar formalmente la carpeta de investigación ante las autoridades.

Luego, durante la jornada del miércoles 21 de octubre, automovilistas retiraron de forma violenta lonas explicativas y boletines de búsqueda colocados sobre la vía pública. Las familias señalaron que la intervención de la policía municipal que acudió al lugar derivó en actos de intimidación hacia las propias manifestantes.

“Para ellos simplemente podrán ser lonas y pedazos de plástico, pero para nosotros son los rostros de nuestras personas amadas”, reprocharon. Ante la reiteración de agresiones físicas perpetradas por civiles durante el cierre vial, el colectivo recalcó la necesidad de sancionar los hechos.

“En el Estado de México existe una alerta de violencia de género, y creo que el señor (agresor) en algún momento debería de saberlo. Cuando uno insiste tanto en que no nos agreda y un hombre es constante, creo que sí, en este caso sí es necesario abrir una carpeta para que esto no quede impune, porque la violencia de género existe en todo el país”, añadieron.

Acuerdos con la fiscalía del Edomex

Los compromisos a los que el colectivo llegó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contemplan la reestructuración de los procesos de atención al público y el fortalecimiento de las investigaciones.

Entre las medidas inmediatas se pactó el cese de la revictimización, la depuración administrativa y la aplicación de sanciones a los agentes del Ministerio Público que hayan incurrido en malas prácticas. Además, se determinó la reestructuración del área de atención al usuario bajo supervisión directa.

Para evitar la dispersión de funciones operativas, también se acordó la creación de un área de litigio específica, cuyo objetivo central es liberar a los agentes investigadores del Ministerio Público de cargas procesales ajenas a la localización de personas.

Al mismo tiempo, se pactaron mesas de trabajo periódicas e individuales con cada familia para revisar las inconsistencias en sus carpetas de investigación y evaluar el desempeño de mandos y titulares ministeriales. En materia de difusión y memoria, la institución garantizó que no se retirará ninguna ficha de búsqueda fijada en las instalaciones de las fiscalías locales.

Por otro lado, las familias de los colectivos serán convocadas para participar de manera activa en la discusión del diseño y estructura del nuevo panteón forense para personas sin identificar.

Otros compromisos

En el ámbito de la atención integral a las familias afectadas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México asumieron compromisos de carácter presupuestal y de salud.

El acuerdo estipula la garantía de la suficiencia presupuestal para el mantenimiento de las búsquedas y el ajuste en los calendarios de dispersión de los apoyos sociales. Específicamente, la entrega de programas sociales se recalendarizó para que ocurra de forma efectiva a principios de cada año y no a mediados, además de la agilización en el otorgamiento de becas escolares para las víctimas indirectas.

En el ámbito sanitario, se determinó la canalización médica ágil para la atención inmediata del deterioro físico y los padecimientos derivados de los procesos prolongados de búsqueda.

Protocolos para la búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México aceptó, por otro lado, homologar e intensificar sus protocolos operativos mediante planes de búsqueda inmediatos y articulados, que deberán integrar análisis de contexto y mapeos oportunos sustentados en una coordinación efectiva con las células de género y los mandos policiales municipales.

En cuanto a las acciones de difusión, se evaluará la implementación de pantallas digitales de gran formato en puntos estratégicos para la exhibición masiva de boletines de localización. Además, la Comisión se comprometió a entablar reuniones de sensibilización con las presidencias municipales de la entidad a fin de frenar la remoción arbitraria de cédulas de búsqueda por parte de autoridades locales.

“No damos nada por cumplido hasta haberlo realizado. Ninguna familia a la que le falta un ser querido debería verse obligada a bloquear una carretera y a arriesgar su integridad física para recibir la atención que por derecho le corresponde”, apuntaron las integrantes del colectivo respecto a lo que vendrá tras los acuerdos.

A esto se suma que esos compromisos no eliminan las deficiencias estructurales e insuficiencias en el número de personal asignado a las tareas de investigación. Durante el diálogo con el fiscal general, el colectivo exigió formalmente duplicar o triplicar el número de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal técnico pericial. 

La autoridad ministerial argumentó limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales, frente a lo cual las familias sugirieron la conformación de un frente común ante el Congreso local para gestionar la ampliación de partidas financieras.

Las manifestantes hicieron notar la ausencia reiterada de líneas de tiempo en las carpetas de investigación, lo que impide verificar la secuencia cronológica y la efectividad de las diligencias realizadas desde el momento del reporte inicial. También señalaron omisiones persistentes por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales en la entrega oportuna de planes de búsqueda acordados.

“Sí quiero pedirle a las instituciones, al gobierno, que no sean tan ausentes. Desde nuestros gobiernos estatales como federales, no sean tan ausentes. Porque no saben ustedes cuántas vidas están destruyendo. Y no solo lo hablo por nuestro familiar que no existe. Una familia puede tener hasta 10 núcleos. No destruyen una familia. Destruyen muchas familias con su falta de empatía, con su falta de profesionalismo, con su falta de actuar”, sostuvieron.

El colectivo recordó que no debe existir un plazo mínimo de espera, como el supuesto de las 72 horas, pues hoy las instituciones tienen la obligación legal de iniciar las carpetas y protocolos de búsqueda de manera inmediata. “Eso también es lo que hace falta. La información hacia la ciudadanía para que pueda agilizar el encuentro con su familiar”, pidieron. 

El Colectivo Mariposas Buscando Justicia y Corazones y las autoridades acordaron realizar una mesa de trabajo de seguimiento durante la semana que viene para auditar el avance concreto de los compromisos formalizados en el pliego petitorio. Las familias advirtieron que, en caso de detectar retrasos o incumplimientos injustificados, reanudarán acciones de protesta e interpondrán recursos legales.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO:
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/buscadoras-mexico-toluca-vigilaran-compromisos

Irapuato, Reynosa y Culiacán: las ciudades con la mayor percepción de inseguridad

La encuesta, elaborada en 91 ciudades del país por el Inegi, reveló que, a nivel nacional, en el tercer trimestre del año, el promedio de sensación de inseguridad fue de 58.1%, una disminución de 1.7% con respecto al trimestre anterior

Por segundo trimestre consecutivo, Irapuato, Guanajuato, se mantuvo como la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente a septiembre pasado.  

Elaborada en 91 ciudades del país por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la ENSU, que mide la percepción de inseguridad ciudadana, alertó que mientras en el segundo semestre de este año el 91.2% de la población de esa localidad del Bajío se sentía insegura, tres meses después, la sensación disminuyó 0.7 décimas, sólo el 90.5% considera que Irapuato es riesgoso. 

Mientras al cierre de junio, a la ciudad guanajuatense le seguían en percepción de inseguridad Reynosa, Tamaulipas, con 86.6%, y Culiacán, Sinaloa, con 81.6%, tres meses después a Irapuato, le siguen Chilpancingo, Guerrero, 86.9%, y Mazatlán, Sinaloa, con 85.8% de su población que no se siente segura.  

Para este trimestre, la población de San Pedro Garza García en Nuevo León, es la que menos sensación de inseguridad tiene en su ciudad, con 5.8%, seguida de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, con 13.8% y Nicolas de los Garza, con 14.3%.

Cabe destacar que, en el trimestre anterior, el porcentaje de la población de San Pedro Garza García que se sentía insegura fue de 10.6%, seguida de los habitantes de Piedras Negras, Coahuila, con 13.9%, y Saltillo, Coahuila, y Nicolás de los Garza, con 16.9% cada una. 

A nivel nacional, en el tercer trimestre del año, el promedio de sensación de inseguridad fue de 58.1%, una disminución de 1.7% con respecto al trimestre anterior, en el que 59.8% de la población se sentía insegura en su ciudad.  

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, la ENSU mostró también disminución de la percepción de inseguridad a nivel nacional, cuando en promedio 63% de los habitantes del país se sintieron inseguros en sus ciudades. 

En un comunicado, el Inegi llamó la atención respecto a los datos obtenidos entre junio y septiembre en diez ciudades con reducciones de percepción de inseguridad y seis con incrementos.  

Entre las que se sienten más inseguras entre junio a septiembre, son Hermosillo, Sonora, que pasó de 43.2 a 53.2%; Lázaro Cárdenas, Michoacán, de 33 a 42.3%, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 47.5 a 56.4%. 

Las que mayores reducciones registraron en la percepción de inseguridad, entre junio y septiembre, fueron San Francisco, Campeche, que pasó de 65.9 a 49.6%; Tlanepantla de Baz, Estado de México, de 73.1 a 59.3%, y Ciudad Obregón, Sonora, de 82.4 a 69.8%.  

Por género, “en septiembre de 2026, 64.2% de la mujeres y 50.6% de los hombres de 18 años y más residentes en 91 áreas urbanas (ciudades) e interés, consideraron que vivir en su ciudad era inseguro”, resaltó el Inegi en su comunicado.  

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios específicos, “68.7 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 67.8% en la calle; 61.1% en el transporte público; y 55.3% en la carrera”.  

La ENSU reveló que la población encuestada en las 91 ciudades de interés ha atestiguado “conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda”, destacando el consumo de alcohol en las calles, con 57.4%; robos o saltos, con 45.3%; venta o consumo de drogas, 38.4%; vandalismo en las viviendas o negocios, 36.4%, y disparos frecuentes con armas, con 32%. 

Para el tercer trimestre de 2026, las Fuerzas Armadas mantuvieron altos niveles de aceptación ciudadana, percibidas con “un desempeño muy o algo efectivo”. La Marina fue percibida por el 85% de la población con esa calificación; el Ejército por el 82.3% de los encuestados; para la Guardia Nacional, el 73.5%, mientras que, en el caso de las policías estatales y preventivas municipales, la aceptación ciudadana fue de 55.7 % y 50.9%.

Exfiscal de Chihuahua es procesado por ejercicio ilegal del servicio público

Simental Ortega acreditó que el imputado ocultó información importante obtenida por su cargo, con lo que desvirtuó los hechos en declaraciones contradictorias sobre la presencia de los agentes estadunidenses en el operativo realizado en El Pinal

El juez Luis Alberto Simental Ortega vinculó a proceso al exfiscal César Gustavo J.M, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público cometido a título de dolo en su calidad de coautor y autor, y no lo vinculó por el delito de coalición. 

De acuerdo con la causa penal 3055/2026, el juzgador consideró que hay suficientes elementos para que el exfuncionario enfrente el proceso por el primer delito tipificado en el artículo 253 fracciones II y IV del Código Penal del Estado, aunque reconoció que no hay señalamientos directos de los testigos contra César Gustavo J.M.

Y es que el abogado defensor del exfiscal César Gustavo J.M. destacó durante la audiencia que no hay documentos ni confesiones que prueben que su cliente haya dado instrucciones, haya organizado o ejecutado acciones para realizar el operativo del 18 de abril pasado en la comunidad de El Pinal del municipio de Morelos.

Sin embargo, tomó en cuenta los fundamentos de la representación social, respecto de que fue fiscal general del estado y había una cadena de mando para fincarle responsabilidades. 

Simental Ortega acreditó que el imputado ocultó información importante obtenida por su cargo, con lo que desvirtuó los hechos en declaraciones contradictorias sobre la presencia de los agentes estadunidenses en el operativo realizado en El Pinal.

Asimismo, el juzgador determinó el auto de no vinculación a proceso por el delito de coalición, previsto en el artículo 260 del Código Penal del Estado porque considera que los actos desplegados no encuadran en los elementos típicos de dicha figura penal.  

La audiencia comenzó a las 10:00 horas y concluyó pasadas las 19:30 horas de este jueves 22 de octubre. El juez concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, conforme a la solicitud de la representación social fundamentada en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El abogado que llevó la voz de la defensa en la causa penal que se le sigue al exfiscal en el fuero común es Héctor Villasana Ramírez. 

El exfiscal estuvo presente en la audiencia vía videoconferencia porque se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México.  

En el caso de la causa penal del fuero común, César J.M tendría que ir a firmar cada mes, no acercarse a los testigos de la investigación y entregó sus documentos migratorios al juzgado: su pasaporte mexicano y su visa americana. Sin embargo, debe permanecer en el penal federal por lo menos hasta que se determine su situación jurídica este sábado 24 de octubre. 

César Gustavo J.M. tomó la palabra antes de la resolución, como lo hizo en la audiencia de formulación de la imputación. En esta ocasión, de acuerdo con medios locales, falló el audio de la transmisión al momento de su intervención, ya que los medios dieron cobertura en una sala contigua.

Detienen por narcotráfico a director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco

En Emiliano Zapata y Paraíso, municipios gobernados por MC en Tabasco, las investigaciones de las autoridades han alcanzado a funcionarios municipales o a operadores identificados como cercanos a los alcaldes

El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Cleofas Juárez Lara, fue aprehendido este viernes por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, mediante el operativo Enjambre desplegado por autoridades estatales y federales en esa localidad gobernada por MC y que incluyó cateos y el aseguramiento de otras personas. 

La detención ocurrió después que el pasado 2 de octubre la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cateó en aquella cabecera municipal un inmueble relacionado con Miguel Aristóteles Marín Pérez, alias "El Zorro", señalado como presunto operador político del alcalde emecista José Armín Marín Saury. 

En el inmueble las autoridades aseguraron más de 144 kilos de hierba con características similares a la marihuana, así como dos kilos de un polvo blanco similar a la cocaína, tres armas largas, cuatro chalecos balísticos, cargadores y tres prendas con insignias similares a las de la Policía Estatal. 

La Fiscalía no informó entonces si detuvo a personas relacionadas con esa casa de seguridad.

Reportes extraoficiales vinculan a "El Zorro" con el inmueble cateado, y refieren que tendría una orden de aprehensión  

El caso de Emiliano Zapata se suma al de Paraíso, donde autoridades federales buscan, desde el pasado 19 de agosto, al alcalde con licencia, Alfonso Baca Sevilla, también de MC, contra quien se libró una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos. 

El operativo Enjambre desplegado en Paraíso incluyó acciones para ejecutar la orden contra el edil, quien no fue localizado y permanece prófugo. Las investigaciones también alcanzaron a otros servidores públicos y empleados del ayuntamiento. 

Emiliano Zapata y Paraíso son dos de los tres municipios gobernados por MC en Tabasco, que se divide en 17 ayuntamientos; el tercero es Tacotalpa. En los dos primeros, las investigaciones de las autoridades han alcanzado a funcionarios municipales o a operadores identificados como cercanos a los alcaldes. 

En Emiliano Zapata, los señalamientos se extienden a la esposa de "El Zorro", Cynthia del Carmen Segura Díaz, quien ocupa la Dirección de Educación, Cultura y Recreación del ayuntamiento. Su hermano, Luis Marín Pérez, también ha sido identificado como funcionario municipal. 

Hasta el momento, las investigaciones en ambos municipios siguen su curso.

En dos años, solo 6 de 22 compromisos del gobierno con la prensa registran avances: RSF

Reporteros Sin Fronteras documentó 18 asesinatos de periodistas durante los dos primeros años del actual gobierno federal y señaló pendientes en protección, investigaciones y acceso a la información. Según la organización, Gobernación reconoció los retrasos y ofreció acelerar el cumplimiento de los acuerdos

Solo seis de los 22 compromisos que el actual gobierno asumió en 2024 ante Reporteros Sin Fronteras (RSF) para fortalecer la libertad de prensa registraron avances. Ninguno alcanzó la categoría de avance significativo, de acuerdo con la evaluación de la organización internacional, que además documentó 18 asesinatos de periodistas durante ese periodo.

El balance identifica cinco compromisos con cumplimiento parcial y avances insuficientes, uno con cumplimiento parcial y evolución positiva, diez sin avances sustantivos verificables y dos con retrocesos institucionales. En otros cuatro, RSF no contó con información suficiente para determinar su cumplimiento. 

La revisión abarcó cinco ejes: defensa del derecho a la información y del periodismo; protección de periodistas; combate a la impunidad; atención a las zonas de riesgo, y legislación para garantizar el ejercicio periodístico.

Entre sus hallazgos están la falta de una evaluación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la pérdida de personal especializado en la fiscalía encargada de investigar agresiones contra la prensa y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 21 de octubre se celebró una reunión entre Reporteros sin Fronteras y la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con la organización, su titular admitió pendientes y pidió a la Fiscalía Especializada revisar los asesinatos caso por caso y acelerar la descentralización de la protección con mayores capacidades estatales. 

En otra reunión, la fiscal general Ernestina Godoy se comprometió ante RSF a impulsar la capacitación ministerial sobre libertad de prensa, especialmente en los estados e incluir el tema en una sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027, informó la organización. “Tras dos años de mandato, los compromisos deben traducirse ahora en resultados concretos”, afirmó el director general de RSF, Thibaut Bruttin.

Protección sin evaluación y periodistas asesinados pese a las alertas

El informe registra un periodista asesinado en octubre de 2024, nueve durante 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026. La organización reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum condenó algunos de estos crímenes y solicitó investigaciones, pero no identificó una estrategia sostenida de prevención de la violencia ni de rechazo a las agresiones contra la prensa.

En el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, RSF no encontró una revisión formal de su funcionamiento ni evaluaciones periódicas que permitan conocer la eficacia de las medidas. Tampoco documentó nuevas acciones para reforzar el apoyo psicoemocional de las 2 mil 355 personas beneficiarias de esta política, que atiende tanto a periodistas como a personas defensoras.

De acuerdo con el documento, en 2025 la incorporación al Mecanismo equivalió al 25% de las solicitudes.

RSF señala que dos periodistas asesinados en 2026 habían sido incorporados a mecanismos estatales de protección. En sus conclusiones refiere el asesinato de un periodista al que se le habían retirado las medidas y de otro que permanecía bajo protección del Estado.

Uno de los casos que expone es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026 en Oaxaca, después de denunciar amenazas desde 2025. Según el informe, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, no adoptó medidas de protección y remitió el expediente a la fiscalía estatal, que confirmó su recepción cuatro meses después. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había solicitado protección para el periodista en ocho ocasiones; ninguna de esas solicitudes fue atendida, señala RSF.

La organización reconoce la celebración de encuentros de autoridades federales y estatales en agosto de 2025 y septiembre de 2026, pero advierte que no hay información pública que permita establecer sus resultados sobre la protección brindada. Aunque el Mecanismo incorpora la perspectiva de género en su matriz de evaluación de riesgos, tampoco identificó un análisis sobre su aplicación.

La capacitación fue el único compromiso clasificado con cumplimiento parcial y evolución positiva: 386 servidores públicos de las entidades federativas recibieron formación presencial o virtual sobre medidas preventivas. Sin embargo, el informe señala que no hay cifras públicas sobre la capacitación del personal del Mecanismo federal y advierte sobre su carga de trabajo y las renuncias.

Investigaciones y búsqueda de periodistas desaparecidos

Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 909 indagatorias por delitos contra periodistas, de las cuales 53 contaban con sentencias condenatorias. Solo 11 de estas corresponden a homicidios. Es un registro acumulado de casi 16 años, que comprende administraciones anteriores al gobierno evaluado, y el informe indica que se desconoce si las personas sentenciadas presentaron apelaciones.

RSF reconoce resultados en algunos expedientes, entre ellos la vinculación a proceso de un presunto autor intelectual de un homicidio en Guerrero y sentencias de hasta 40 años por el asesinato de un periodista en Oaxaca. No obstante, considera que esos casos no modifican el balance de las investigaciones.



En su comunicado, la organización añade que 168 de 169 asesinatos de periodistas registrados en 20 años siguen sin esclarecerse por completo, al no haberse identificado al autor intelectual ni el móvil. Este indicador es distinto del registro de sentencias de la FEADLE.

Sobre periodistas desaparecidos, el texto refiere un registro de 29 casos de RSF y menciona al menos un caso adicional registrado en 2023. En contraste, advierte que el último reporte estadístico de la FEADLE citado en la evaluación sólo hacía referencia a un caso ocurrido en 2022. Según RSF, la falta de registro en la fiscalía impide priorizar las búsquedas.

Aunque la Secretaría de Gobernación anunció en agosto de 2026 diez acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, RSF no encontró medidas que atendieran la situación específica de la prensa. 

Transparencia, señalamientos oficiales y uso de leyes contra la prensa

Otro retroceso institucional identificado corresponde al acceso a la información pública. La evaluación señala que la desaparición del INAI, aprobada en diciembre de 2024, eliminó al organismo autónomo encargado de garantizar ese derecho. RSF considera que ese cambio debilitó las garantías de independencia.

El informe también contrasta las declaraciones de respeto a la libertad de prensa de la presidenta con sus señalamientos contra periodistas y medios. Refiere el uso de expresiones como “propaganda de la derecha” y “comentócratas”, así como el inicio, en junio de 2026, del programa Derecho de Réplica, transmitido desde Palacio Nacional para refutar información a partir de datos oficiales. 

En el ámbito legislativo, RSF no encontró reformas impulsadas por el Ejecutivo federal para modificar tipos penales que puedan restringir el periodismo o favorecer la autocensura. Como parte de ese contexto, el informe retoma datos de ARTICLE 19: entre enero y julio de 2025, esa organización documentó 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios, mediante procedimientos penales, civiles, electorales y administrativos.

Uno de los avances fue la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026. No obstante, RSF aclara que no pudo establecer su relación con las gestiones del gobierno federal. En febrero de 2025, la Secretaría de Gobernación había instalado una mesa con RSF y Propuesta Cívica para impulsar reformas en Zacatecas, Nuevo León y Yucatán.

Al cierre del informe, Yucatán conservaba delitos contra el honor y en Nuevo León seguía en debate una iniciativa para derogarlos, con fecha de caducidad del 12 de noviembre. Según datos de la fiscalía de Nuevo León citados en el documento, en la última década se abrieron más de 15 mil carpetas de investigación por esos delitos.

Prevención territorial y compromisos sin información para evaluarlos

RSF no encontró documentación pública que acredite la actualización periódica de mapas de riesgo para periodistas ni su uso para prevenir agresiones, pese a que la ley asigna esas tareas a la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo federal.

Tampoco identificó un estudio nacional de zonas de riesgo elaborado con organizaciones defensoras de la libertad de prensa o políticas derivadas de ese trabajo. Los informes estadísticos mensuales del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas permiten seguir solicitudes y medidas otorgadas, pero no presentan indicadores sobre la evolución territorial del riesgo.

Entre los episodios que ilustran esa necesidad, RSF refiere ocho casos de periodistas agredidos, amenazados o despojados de sus equipos por integrantes de organizaciones criminales el 22 de febrero de 2026, durante coberturas de violencia en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.

Los cuatro compromisos que RSF no pudo evaluar por falta de información corresponden a la atención de periodistas desplazados y sus familias; los parámetros para evaluar el protocolo de investigación; la política de seguimiento permanente del riesgo, y las reformas estatales sobre reparación, daño moral y rectificación en procedimientos civiles.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRASUA ESQUERRA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/sociedad/rsf-compromisos-gobierno-mexico-prensa-avances

Crean consejo para modernizar el abasto de medicamentos con un sistema digital en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un consejo asesor que desarrollará un sistema automatizado para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en hospitales y centros de salud públicos, cuya implementación está prevista para enero de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por especialistas en logística, inteligencia artificial e investigación de operaciones, así como jóvenes formados en la Fábrica de Inteligencia Artificial, con el objetivo de modernizar el sistema público de salud y mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el equipo desarrollará un sistema automatizado para dar seguimiento a los medicamentos desde su compra y almacenamiento hasta su llegada a las farmacias hospitalarias, las distintas áreas médicas y los pacientes. La herramienta también buscará optimizar los inventarios y las rutas de distribución, así como anticipar las necesidades de hospitales y centros de salud.

“Lo que queremos es modernizar el sistema, que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes sea un proceso automatizado, que sepamos exactamente la trazabilidad de cada medicamento”, afirmó Sheinbaum.

El proyecto será coordinado por la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital y se aplicará en las instituciones públicas del sector, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La presidenta indicó que el equipo se concentrará inicialmente en diseñar el sistema y presentar sus primeros resultados en aproximadamente un mes. La meta es que la implementación comience en enero de 2027, mientras el gobierno desarrolla mecanismos provisionales para atender las necesidades de suministro durante el periodo previo.

Sheinbaum explicó que los problemas de abasto no siempre se originan en la falta de compra de medicamentos, sino en los retrasos que pueden presentarse durante su distribución y entrega a los pacientes o a las áreas hospitalarias que los requieren.

“A veces no necesariamente es un problema de que no se haya comprado un medicamento porque se compró, pero el proceso de que ese medicamento llegue a las manos de un paciente, de un derechohabiente o incluso del área en donde va a haber un quirófano en un hospital público, hay retrasos por diferentes razones”, señaló.

La mandataria sostuvo que el propósito es desarrollar una herramienta que permita conocer la ubicación y el movimiento de cada medicamento dentro de la red de suministro, desde su adquisición hasta su entrega, y reducir los retrasos en la distribución de los insumos necesarios para la atención médica.

Sheinbaum agregó que el equipo presentará avances durante las conferencias matutinas y que, mientras se desarrolla la plataforma, se establecerán mecanismos de distribución e intercambio de información con los hospitales para evitar afectaciones en el suministro.

Tres proyectos prioritarios para mejorar el suministro

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicó que el Consejo Asesor trabajará en tres proyectos prioritarios: establecer mecanismos para conocer en tiempo real las necesidades de las unidades médicas; mejorar la administración de almacenes e inventarios, y optimizar la distribución de medicamentos e insumos para que lleguen con mayor rapidez a los lugares donde se requieren.

El primer proyecto contempla mecanismos para que las necesidades identificadas por pacientes, médicos, enfermeras y demás personal sanitario puedan comunicarse y gestionarse de manera urgente. El objetivo es reducir el tiempo entre la detección de una carencia y la atención de la solicitud.

El segundo se enfocará en la gestión de los almacenes y los inventarios, mediante el análisis de la información disponible sobre las compras, las existencias y el consumo de medicamentos e insumos. Con ello se buscará mejorar la asignación de los recursos y evitar que las necesidades de las unidades médicas queden desatendidas.

Clark señaló que el sector salud utiliza cada año cerca de 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, que deben distribuirse a más de mil hospitales y casi 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

El tercer proyecto consistirá en mejorar la logística de distribución mediante el análisis de las rutas de transporte, la ubicación de los almacenes y las necesidades de cada unidad médica. La intención es reducir los tiempos y costos de traslado y asignar los medicamentos de acuerdo con la demanda de cada hospital, centro de salud o farmacia.

“Optimizar el abastecimiento para que las farmacias, los centros de salud, los hospitales tengan asignados los medicamentos según lo que requieren, siempre en el momento que lo necesitan y, de una manera muy importante, predecir las necesidades y anticiparlas para poder atender a todos los mexicanos en el sector público”, explicó Clark.

Para desarrollar estas herramientas, el equipo integrará información de las unidades médicas, los almacenes, las compras de medicamentos, los niveles de consumo y la ubicación de las farmacias y las redes de distribución existentes.

De acuerdo con el subsecretario, el análisis de esos datos permitirá construir modelos para anticipar la demanda y mejorar la asignación de los insumos. El sistema también buscará identificar las rutas más eficientes para reducir los tiempos de entrega y los costos de operación.

Cuatro especialistas y cinco jóvenes integran el equipo

El Consejo Asesor estará integrado por cuatro especialistas con experiencia en ingeniería, investigación de operaciones, logística, sistemas de información y optimización, quienes trabajarán con cinco jóvenes vinculados con la Agencia de Transformación Digital y la Fábrica de Inteligencia Artificial.

Entre los especialistas se encuentra Zaida Estefanía Alarcón Bernal, doctora en ingeniería con especialización en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya experiencia incluye cadenas de suministro, control y distribución de inventarios e insumos clínicos, así como modelos para administrar el flujo de pacientes y la capacidad hospitalaria.

También participará Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, doctor en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería industrial y de manufactura, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba y ganador del Premio Nacional de Logística 2017. Su trayectoria incluye proyectos de logística y cadenas de suministro mediante modelos de simulación y análisis de sistemas complejos, además de trabajos relacionados con salud pública y gestión hospitalaria.

El tercer integrante es Jonás Velasco Álvarez, doctor en ingeniería de sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador en el CIMAT de Aguascalientes. Sus áreas de trabajo incluyen la localización de almacenes, la planeación de rutas de transporte, el pronóstico de la demanda y la administración de inventarios y recursos públicos.

El cuarto especialista es Rolando Menchaca Méndez, doctor en ingeniería en computación por la Universidad de California en Santa Cruz, quien fue director general de Tecnologías de la Información en la Secretaría de la Función Pública. Su experiencia comprende el desarrollo de sistemas de información para la administración pública y la aplicación de técnicas de optimización y aprendizaje de máquina a problemas de logística y distribución.

A este grupo se sumarán cinco jóvenes con experiencia en programación, análisis de datos, inteligencia artificial, modelado matemático y desarrollo de software. Su función será colaborar con los especialistas tanto en el diseño conceptual de las herramientas como en su desarrollo e implementación.

Los jóvenes son Javier Campos Alvarado, ingeniero en sistemas computacionales con experiencia en programación, análisis de datos y desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial; Norma Angélica Zabaleta García, matemática con maestría en inteligencia artificial y experiencia en investigación de operaciones y modelado matemático; y Jorge Miguel Telles Torres, físico especializado en procesos estocásticos, investigación de operaciones y procesamiento del lenguaje natural mediante modelos de lenguaje extensos.

También participarán Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza, ingeniera industrial con formación en sistemas computacionales y experiencia en análisis de datos, desarrollo de software y aprendizaje de máquina, así como Gustavo Pérez Briones, egresado del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con experiencia en desarrollo e integración de sistemas y herramientas informáticas.

Primeros resultados en noviembre

El subsecretario indicó que el objetivo es presentar alrededor del 23 de noviembre el plan de trabajo del Consejo Asesor y los mecanismos previstos para desarrollar e implementar las herramientas en el IMSS, el ISSSTE y el resto del sector público de salud.

A partir de ese diseño, el gobierno buscará comenzar la implementación en enero de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por Sheinbaum.

La presidenta señaló que, en paralelo, se trabaja en mecanismos provisionales para mejorar la distribución y el intercambio de información entre las unidades médicas mientras se desarrolla el sistema automatizado.

Suspenden a director del penal El Castillo, de Mazatlán, tras riñas que dejaron 12 muertos

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que la medida se tomó para permitir el desarrollo de las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en el centro penitenciario, que tiene una población de mil 800 internos

Las autoridades estatales anunciaron este viernes la salida temporal del director del penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde se registraron dos incidentes violentos seguidos en los que murieron 11 reclusos y un niño de un año que estaba de visita.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, dijo a la prensa que Enrique Mora García fue separado temporalmente de su cargo.

Téllez indicó que la medida se tomó para permitir el desarrollo de las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en el centro penitenciario, que tiene una población de mil 800 internos.

El anuncio de la salida del director se dio un día después de que se difundió en redes sociales un video en el que se ve a varios hombres heridos en el suelo y en camillas, presuntamente reclusos de la cárcel mazatleca, mientras son custodiados por funcionarios policiales y militares fuertemente armados. Las autoridades estatales no confirmaron la veracidad del video.

El pasado 8 de octubre se registró un enfrentamiento armado dentro del penal de El Castillo durante la hora de la visita de los familiares de los internos. En el incidente murieron nueve presos y un niño de un año que estaba de visita en el lugar, y otros 16 reclusos resultaron heridos.

Al día siguiente de ese evento ocurrió otro choque armado en la misma cárcel que dejó dos presos muertos.

Téllez López informó que durante una revisión en el penal se encontraron en dos pistolas. Agregó que la autoridad judicial se encargaría de determinar cómo ingresaron las armas y si algún funcionario del penal estaba involucrado.

Cuatro días después de esos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno construirá nuevos penales en seis estados, entre ellos Sinaloa, para hacer frente al hacinamiento que se ha agravado en los últimos años con la detención de 70 mil personas.

“No podemos permitir la sobrepoblación”, afirmó Sheinbaum en la mañanera, al reconocer que los 70 mil nuevos detenidos, que fueron apresados durante los primeros dos años de su sexenio, han complicado los problemas de violencia y hacinamiento en las 278 cárceles mexicanas. Para febrero pasado México tenía una población penal de 261 mil 388 personas

De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitencia 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se difundió el mes pasado, hay sobrepoblación en 129 prisiones y hacinamiento en otras 124. La investigación encontró que la población penitenciaria creció 39.15% mientras que la infraestructura carcelaria sólo aumentó 5.89%.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios, según analistas.

Libro revela que Elba Esther pactó su libertad con AMLO a cambio de dejar el control del SNTE

De acuerdo con el libro “Educación y Poder”, de Fernando González Sánchez (yerno de la maestra Elba Esther), el acuerdo con el entonces presidente López Obrador se cerró tras el triunfo de 2018: Gordillo saldría de prisión y cedería la conducción del poderoso sindicato magisterial

Fernando González Sánchez publicará en breve el libro Educación y Poder. Claves para comprender la educación y el Estado, en el que revela los acuerdos de Elba Esther Gordillo con los entonces presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Además, critica las reformas educativas de los tres últimos sexenios y ofrece una argumentación del poder que tuvo Elba Esther Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al que, asegura, convirtió en un “actor político con agenda propia” que participó en el proceso de democratización del país durante los gobiernos del PAN y que fue truncado por Peña Nieto en el momento en que la encarceló en 2013.

El político sinaloense tiene una amplia participación en el sector educativo y en la política partidista. Fue director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación y Subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además participó en la formación del Partido Nueva Alianza y ha sido operador político de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien le une una relación familiar, pues está casado con Maricruz Montelongo, hija de la exdirigente del magisterio.

En su libro de cinco capítulos despliega una amplia y detallada explicación del contenido pedagógico de las reformas educativas y también una reflexión y crítica sobre las mismas bajo la premisa de que cada gobierno ha tomado la educación como “campo de reconfiguración política, administrativa y territorial”. Es decir, “en un problema de gobernabilidad nacional” sin alcanzar la meta de ofrecer un instrumento de transformación social para el siglo XXI.

“Gobernar la educación significaba administrar una de las estructuras laborales y territoriales más extensas del Estado mexicano”, afirma cuando entra a analizar el poder que alcanzó el SNTE con Elba Esther Gordillo durante el régimen del PRI en los noventa del siglo XX, pero sobre todo, a partir del año 2000 cuando Vicente Fox al frente del PAN derroca al candidato presidencial priista Francisco Labastida.

Apunta: “Desde finales de la década de 1980 sería difícil comprender la reconfiguración del sistema político mexicano sin considerar el papel desempeñado por liderazgos capaces de moverse entre las viejas estructuras corporativas del régimen y los nuevos espacios abiertos por la transición democrática. Entre ellos, uno de los más influyentes —y al mismo tiempo más controvertidos— fue el de Elba Esther Gordillo.

“Su trayectoria política coincidió con uno de los momentos más delicados del Estado mexicano: el agotamiento del modelo político que había sostenido durante décadas al régimen priista. La crisis económica de mediados de los noventa, las tensiones sociales acumuladas y el debilitamiento del presidencialismo tradicional obligaron al sistema a buscar nuevas formas de equilibrio político”.

En ese contexto, agrega el autor, “el sindicalismo —y particularmente el sindicalismo magisterial— adquirió un papel inesperado. Durante gran parte del siglo XX los sindicatos habían operado como instrumentos de intermediación dentro del corporativismo priista. Sin embargo, conforme el régimen comenzó a fracturarse, algunas de esas organizaciones adquirieron una autonomía política creciente.
“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por su dimensión territorial y su presencia en prácticamente todas las comunidades del país, era uno de los pocos organismos capaces de articular redes políticas, sociales y electorales a escala nacional. Bajo el liderazgo de Gordillo, esa estructura comenzó a transformarse gradualmente. No se trató simplemente de un cambio de estilo político. Lo que comenzó a gestarse fue una redefinición del lugar del sindicato en el sistema político mexicano”.
Fernando González describe en este libro al que le dedicó varios años la importancia del sindicato presidido por Elba Esther Gordillo durante la crisis política del gobierno de Ernesto Zedillo, la caída del PRI, el arribo del PAN a la Presidencia y destaca la confrontación con Peña Nieto, cuya reforma educativa es, dice, un gran retroceso dentro de la historia de reformas educativas del país.

“La presencia activa de Gordillo en estos espacios no era casual. Representaba a uno de los pocos liderazgos capaces de conectar la vieja estructura corporativa con los nuevos actores políticos que emergían en el país. Su capacidad de negociación y su comprensión del funcionamiento real del poder político le permitieron participar en procesos de mediación que, en muchos casos, se desarrollaban fuera de los canales institucionales formales.”

Precisa que, al mismo tiempo, al interior del SNTE la maestra Gordillo comenzó a impulsar una serie de cambios que alteraron la relación tradicional entre el sindicato y el partido en el poder, pues durante décadas el sindicato magisterial operó como parte integral del aparato político del PRI.

Y advierte: “Sin embargo, hacia finales de los noventa esa relación comenzó a tensarse. Las reformas internas impulsadas por Gordillo introdujeron mecanismos de mayor apertura en la vida sindical y permitieron el surgimiento de nuevas corrientes al interior de la organización. Ese proceso generó inevitablemente conflictos con la dirigencia tradicional del partido gobernante.

“La creciente autonomía política del sindicato y la disposición de su liderazgo a negociar con distintos actores del sistema político causaron un progresivo distanciamiento respecto del PRI. El rompimiento no ocurrió de manera abrupta. Fue el resultado de un proceso gradual en el que el sindicalismo magisterial comenzó a redefinir su papel dentro de un sistema político que ya no podía sostenerse exclusivamente sobre las bases del viejo corporativismo.

“En ese tránsito el liderazgo de Gordillo reveló una característica central del momento histórico: la transición democrática mexicana no se construyó únicamente a través de partidos políticos o reformas electorales, sino también mediante la reconfiguración de los grandes intermediarios sociales del Estado”.

Negociaciones políticas, la tarea

En esta parte del libro le dedica un espacio a las reformas educativas del año 2000 a 2013 en las cuales la maestra Gordillo al frente del SNTE fue clave. Aclara que dichas reformas, sobre todo la última, no deben verse únicamente en la parte educativa, evolutiva y pedagógica, sino en la forma en que el Estado mexicano se relaciona con sus organizaciones y ejerce el poder sobre el territorio.

“Las tensiones entre el viejo corporativismo, las nuevas fuerzas políticas que emergían con la alternancia electoral y la reorganización del poder dentro del sistema educativo mexicano formarían parte de una compleja secuencia de acuerdos, rupturas y reacomodos que marcarían el periodo comprendido entre el año 2000 y la reforma educativa de 2013. Comprender esa etapa exige reconocer que las reformas educativas de comienzos del siglo XXI no fueron únicamente el resultado de diagnósticos pedagógicos o debates académicos. Fueron también el producto de una intensa negociación política entre actores que buscaban redefinir su lugar en el nuevo equilibrio del poder mexicano. Y en esa negociación, el liderazgo sindical del magisterio desempeñó un papel decisivo”.
Al mismo tiempo que destaca las reformas educativas propuestas por Elba Esther Gordillo, el autor explica de manera paralela las decisiones políticas que la maestra tomó cuando empezó a distanciarse del PRI. Fue el caso de la formación en 2003 del Partido Nueva Alianza creado en sólo 35 días luego de que Elba Esther Gordillo fuera relevada de la coordinación del grupo mayoritario del PRI en la Cámara de Diputados.
Fernando González revela que la participación del SNTE en la elección de 2006 como estructura electoral en favor de Felipe Calderón fue decisiva en la victoria ante Andrés Manuel López Obrador porque el PAN cuenta con una estructura territorial limitada, frente a la que tiene el magisterio en todo el país.

“El activismo de Elba Esther fue determinante porque se convirtió en una estructura territorial complementaria a la del partido ganador. Esa red hizo la diferencia en una elección cerrada y permitió construir una coalición territorial que daba fuerza al nuevo presidente para gobernar. Su partido carecía de ese nivel de implantación en el territorio, y en muchos casos el alcance de sus gobernadores era limitado y a veces contrario al entonces candidato y después presidente. Además, la victoria había sido mínima frente a una izquierda movilizada y a un liderazgo combativo y profundamente desconfiado”.

Sostiene que Calderón respetó el liderazgo de Elba Esther Gordillo, integró a parte de su equipo en el gobierno y nació el proyecto Alianza por la Calidad Educativa que no se concretó por la muerte de Juan Camilo Mouriño, encargado de las negociaciones con la maestra chiapaneca.

Además resalta que Calderón y la maestra Gordillo coincidieron en el tema político. “Ambos percibían el riesgo que representaba el retorno del PRI bajo el liderazgo de Enrique Peña Nieto y analizaban distintas alternativas para modificar el equilibrio de la competencia presidencial. La política suele confundirse con las afinidades personales, cuando con frecuencia responde a cálculos estratégicos mucho más complejos”.

En este contexto es que revela una observación del entonces secretario de Educación, Alfonso Lujambio, a quien Calderón veía como candidato a la presidencia por el PAN, pero que al morir de cáncer dejó un vacío que aprovechó Josefina Vázquez Mota acercándose al grupo de Peña Nieto.

“Dolidos aún por la enfermedad de Lujambio, continuamos trabajando mientras él me confesaba en privado que veía cada vez más cercanos a Josefina y al grupo de Peña. Josefina y Luis Videgaray habían sido diputados en la misma legislatura y compartían vínculos con círculos empresariales y tecnocráticos. Tragedias, encuestas y plazos legales nos llevaron a proponer a Elba Esther una alianza con Enrique Peña, aprovechando que el presidente del PRI era un amigo cercano del grupo: Humberto Moreira”.

Aunque se logró un acuerdo en 2011 entre el PRI y Nueva Alianza negociado por él, por Luis Castro y la hija de la maestra Gordillo, Mónica Arriola, advierte que la coalición provocó alarmas y con ellas la oposición de uno de los patriarcas del priismo de la época de Zedillo: el excandidato presidencial Francisco Labastida.

“Entonces ocurrió un golpe decisivo. Desde un grupo de senadores recelosos del poder sindical, y con filtraciones provenientes de cercanos a Videgaray, se hizo público el expediente de la deuda de Coahuila. El escándalo desestabilizó al PRI. Humberto Moreira, quien había sido gobernador de ese Estado, fue destituido de la dirigencia y apartado del grupo dirigente”.

La caída de la maestra

En este extenso capítulo el autor se detiene en dos hechos que generaron la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto: la detención de Elba Esther Gordillo y el caso Ayotzinapa.

“La detención de Elba Esther Gordillo —sostiene— debe analizarse en dos planos distintos. El primero es el jurídico, relacionado con las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR) y con el proceso penal que siguió su propio curso. El segundo es el político: el significado que aquella acción adquirió dentro del sistema y, particularmente, entre los trabajadores de la educación.”
En este último punto señala que el mismo día 26 de febrero de 2013 en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia educativa, Elba Esther Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca por elementos de la PGR, con lo cual “la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos otorgó a la operación una carga política imposible de ignorar, independientemente de que la investigación judicial tuviera antecedentes propios”.
Critica que el operativo tuvo una espectacularidad que excedía el cumplimiento rutinario de una orden judicial y lo que en el fondo significaba era un acto fundacional de una nueva relación entre la Presidencia y el magisterio. “No sólo se procesaba a una dirigente; se anunciaba el final de un equilibrio y se establecía que la reforma avanzaría sin la conducción política que el sindicato había ejercido durante décadas”.

Sobre el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los estudiantes de la escuela rural “Francisco Burgos”, afirma que la ineficacia del gobierno de Peña para revelar el paradero mostró una crisis de legitimidad del régimen peñista y abonó a la derrota del PRI en 2018 con el arribo de López Obrador.

“Ayotzinapa no explica por sí sola ese cambio histórico. Pero sí constituye uno de los momentos en los que la sociedad mexicana comenzó a percibir con mayor claridad que algo fundamental se había fracturado en la relación entre el Estado y los ciudadanos”.

Otra revelación del autor del libro es el acuerdo al que llegó la maestra Gordillo con Andrés Manuel López Obrador como presidente: ser liberada después de la elección a cambio de dejar el control del SNTE. “Así ocurrió en 2018. Pero aquella liberación también marcó, paradójicamente, el final de su propio legado sindical.”

Y a manera de conclusión para cerrar el capítulo político, sentencia: “Gordillo acumuló poder, intervino en nombramientos, negoció presupuestos, influyó en la administración educativa y convirtió al sindicato en un actor central de la política nacional. Nada de ello debe minimizarse. Pero es necesario distinguir entre poder corporativo, capacidad de intermediación y control ideológico del proyecto educativo”. Esto último en referencia al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana que impulsó López Obrador.

Conflicto sindical en el IMSS: Si juntan 316 mil votos, renuncio: Rafael Olivos

El secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, condiciona su renuncia a que dos tercios de los 475 mil trabajadores soliciten un congreso extraordinario. En entrevista, rechaza represalias, exige pruebas de faltas graves y atribuye las protestas del IMSS a un tema político y de sectores empresariales molestos

Con más de dos semanas de protestas en las calles de miles de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, entre otras demandas, exigen su salida de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández es claro: si se reúnen las dos terceras partes de los 475 mil trabajadores para llamar a un congreso nacional extraordinario y hacer la solicitud como lo marca el Estatuto, “la verdad es que ahí sí renuncio”.

En entrevista con Proceso, el líder sindical defiende su permanencia al frente de uno de los sindicatos más grandes e importantes del país, cuestiona la representatividad de quienes piden su cabeza y niega represalias en su contra; además, reta a comprobar alguna falta grave contra los trabajadores y acusa politización desde diferentes frentes para dañarlo no sólo a él, sino al IMSS y al mismo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para Rafael Olivos la ola de protestas recientes de trabajadores del IMSS se debe, principalmente, a un tema político. “Estamos en una etapa ya muy electoral en el país. Nosotros como sindicato hemos sido, a lo largo de nuestra historia, un sindicato que, dado las características de la institución, tiene que negociar con el partido que esté en el gobierno”. Durante años fue el PRI, dos periodos el PAN, regresó el PRI y van dos periodos con Morena, cuenta.

“Un sindicato de 475 mil personas en una institución que atiende a 77 millones de derechohabientes puede considerarse siempre un espacio para polarizar, para polemizar. No descarto que haya una situación política de estos intereses”. Y recuerda cómo fue corrido a gritos el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, el miércoles 21, cuando fue al plantón que trabajadores tienen en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma.

Agrega que hay un “grupo de jubilados muy inconformes” porque desde 2015 no les han devuelto el fondo de cesantía y vejez que aparece en las Afores y que quieren recuperar ese monto que, en muchos de los casos, suma hasta 800 mil pesos. Por otro lado, sigue, está un grupo generacional que ingresó al IMSS a partir de 2008 y que, por las reformas a la Ley del Seguro Social lo tuvieron que hacer por vía de cuentas individuales. “Esos dos focos inciden de manera importante en esta rebeldía, en este muy justo anhelo de tener una forma diferente de retiro y lo manifiestan en sus expresiones de regreso en el RJP (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), una pensión digna”.

Resalta: “Somos la primera dirigencia en la historia de este sindicato, de 2008 para acá, que ha construido un mecanismo complementario para el retiro de nuestros compañeros. Es el mejor modelo de retiro para los trabajadores de este país porque tenemos 15% de aportación del trabajador para 2030, 15% de aportación de cuota obrero patronal y 5% de cuando se concluye en 2028. Es decir, habrá 35% de aportación para las cuentas de retiro de los trabajadores”.

Aclara que la descalificación en su contra no comenzó tanto por el 6.8% de aumento salarial global, sino por la idea de que “ahora le están dando dinero a las Afores”. Eso, dice, “es una rotunda falsedad” y acusa que “se politiza la buena intención de seguir mejorando el retiro de los compañeros”. También reconoce que no ha sido bien recibida la explicación “sobre la inviabilidad financiera de recuperar un régimen de jubilación y beneficios y pensiones”. Y advierte que esa situación “atizó la llama”. Asegura que, en la más reciente revisión salarial, “la queja no era tanto el monto del incremento, sino que se había regalado dinero a las Afores”.

Luego, sin decir nombres, señala: “Se sumaron otros compañeros que ya habían politizado en otras épocas del instituto... fueron candidatos de otros partidos políticos. Y no es el propósito descalificar, sólo una referencia clara de cómo se han movido algunos de nuestros compañeros que están haciendo mucha presencia física en estas manifestaciones”.

Inercia y compras consolidadas

Aunque lo menciona sólo de paso, Rafael Olivos dice que a este escenario politizado se suma una “inercia de 44 años de falta de inversión” en el IMSS y de desajustes con proveedores de insumos y medicamentos. “El IMSS tenía un buen proceso de licitación de estas compras consolidadas que funcionó bien, con sus asegunes seguramente, yo no puedo juzgarlo, hasta 2018. Teníamos un buen ritmo. Había carencias, pero muchas se daban porque no había proveedores para una licitación o porque los proveedores incumplían”.

El líder sindical recuerda que el instituto dejó de manejar compras consolidadas y pasó un proceso que incluyó a la Oficialía Mayor de Hacienda, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora a Birmex, “pero siguen teniendo problemas de cumplimiento y proveeduría. No es un tema de pago, no es que no haya dinero para pagar, sino que se licita y los proveedores, la industria, a veces no cumple” y eso repercute en la dotación de insumos y de productos para los centros de trabajo.

Aunque tampoco menciona nombres, dice que debido a los cambios que ha hecho en el sindicato, puede haber algunos proveedores institucionales “molestos” porque los han denunciado por incumplimiento. Incluso, desliza la idea de que sectores privados como el de la construcción se han visto afectados porque desde el sexenio anterior la edificación de hospitales se le dio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dejaron de ser los “favoritos” para hacer obra pública.

Y suelta: “Todo lo que suceda en el IMSS se politiza, no solamente nuestra presencia, sino lo que pueda afectar a la institución, alguien por fuera va a obtener beneficio. No es la afectación directa, pero todo lo que genere ruido trastoca el funcionamiento, le afecta una parte del sindicato, pero también afecta a los funcionarios de la institución y también directa o indirectamente afecta al gobierno de la República”.

“Estoy más que limpio”

Rafael Olivos se dice “limpio” de cualquier falta grave que amerite renunciar a la secretaría general del SNTSS. Y ante la solicitud de su renuncia o destitución se remite al estatuto sindical y a la Ley Federal del Trabajo.

“Si alguien tiene alguna evidencia, que solicite la investigación. Si se comprueba, todos los trabajadores, los 475 mil estamos en la misma tesitura. Todos somos investigables y todos somos sancionables si cometemos una falta”.

Presume: “Nosotros nos hemos distinguido por ser una dirigencia no permisiva, pero sí muy tolerante. En nuestros dos años de gestión tenemos un solo trabajador sancionado por un tema ajeno al tema político y sindical. Fue por un tema personal entre dos compañeros. Nosotros no vamos a sancionar, hay libertad de expresión”.

Insiste: “No sé cuál es la queja, el motivo de la inconformidad con nuestra dirigencia. Y si yo tengo una falta, que se investigue”. Menciona que, de haber algún señalamiento, tiene derecho al debido proceso.

—¿Entonces en los dos los años que lleva al frente del Sindicato, no hay ninguna queja, ninguna solicitud de investigación o prueba que diga ‘lo queremos sacar por esto’?

—No. Nada. Absolutamente

—¿Usted está limpio?

—Estoy más que limpio. Bueno, lo limpio que puedo estar ¿no? Es decir, si no me baño, pues no estoy limpio. Digo, es una broma.

Y asegura que “yo no he tocado un solo centavo, no toco dinero de las cuotas sindicales”.

En la entrevista se le reitera que representantes de los trabajadores disidentes han dicho que el aumento salarial del 8% global anunciado esta semana “se puede negociar”, pero las exigencias inamovibles son su salida del SNTSS y de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y la realización de un congreso nacional extraordinario. Ante ello, el líder defiende que fue electo por “voto directo, secreto, personal y pacífico”, igual que los 37 comités ejecutivos seccionales y los 84 integrantes del CEN.

“Fuimos electos y nuestro periodo inició el 16 de octubre de 2024 y concluye el 15 de octubre del 2030. Mi pretensión por supuesto es concluirlo. Y no es un capricho, sino porque me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Puedo presumir que tenemos un trabajo financiero muy eficiente. Somos la dirigencia nacional que más recursos ha acumulado en sus primeros dos años de gestión”.

Y destaca algunas acciones: inversión en el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas en pro de la salud mental de los trabajadores, remodelación de módulos, creación de la Comisión Nacional Mixta de Revisión de Plantillas y el logro de “más de 100 mil plazas”, digitalización de procesos, optimización del uso de créditos y creación de grupos de atención de temas prioritarios; entre otros.

Tras una larga explicación de sus acciones, regresa a quienes quieren verlo fuera del sindicato: “Si en algo me equivoqué, que lo documenten, que lo demuestren y no me tienen que mandar un congreso ordinario, extraordinario, me destituyen y asunto resuelto. Que yo renuncie sería como reconocer que estoy haciendo las cosas mal”.

Insiste: “Que yo renuncie no está en mis planes, no está en mi pensamiento, nunca lo ha estado. Tengo edad para haberme jubilado hace seis años, pero tengo una ilusión que me parece muy legítima: seguir evolucionando este sindicato, seguirlo modernizando, que fue un llamado que hizo la presidenta”.

Se le recuerda que los disidentes ya llamaron a una asamblea para elegir a sus representantes con miras a realizar un congreso extraordinario donde se vote su destitución. Entonces Olivos Hernández reta a que se cumpla el estatuto y la Ley Federal del Trabajo:

“Un primer requisito legal es que nosotros todavía no recibimos la solicitud del 33% de los compañeros pidiéndonos un congreso extraordinario. Todo ha sido en las calles, en los medios. Recibimos un documento de Durango que tiene alrededor de 40 a 50 firmas. Eso es todo lo que tenemos hasta este momento”.

De recibir el documento, sigue, “tienen que estar presentes dos terceras partes de la plantilla. Necesitaríamos reunir a 316 mil trabajadores para que ese congreso fuese legal y válido. Si lo consiguen, la verdad es que, pues ahí sí renuncio… ya para qué, ante la evidencia, pues es más que natural que la inmensa mayoría de los compañeros no está de acuerdo. Pero yo no estoy viendo eso”.

Y cuestiona el número de trabajadores en las marchas y bloqueos: “Yo todavía no veo esa expresión contundente de dos tercios de los trabajadores acudiendo a un congreso nacional, todavía no veo a 150 mil trabajadores firmando para solicitar un congreso, que eso sería lo legal en términos de la Ley Federal del Trabajo”. Suelta: “Si ellos consiguen hacer eso, pues mi reconocimiento y entonces ameritaría un debate más amplio”.

Recuerda que ya hubo un comité de diálogo con la mediación de la Secretaría de Gobernación, pero “los compañeros se levantaron de la mesa”.

Rechaza acusaciones de la base trabajadora

Cuidadoso con sus aseveraciones, Rafael Olivos cuestiona sobre quienes exigen su salida: “¿Quién financia estos grupos?, ¿cómo alguien viaja de sus estados con camiones que cuestan 90, 100, 130 mil pesos? Y les dicen, ‘súbete gratis y te llevamos’. Alguien está financiando, eso no lo puedo saber, me gustaría, pero no puedo. Sin embargo, es evidente que hay un financiamiento de redes sociales, de transporte, de manutención”.

Otro de los señalamientos en las manifestaciones es su presunta cercanía con Morena, el partido en el poder. A ello responde: “Soy diputado suplente de Morena, no soy militante. Sí, hemos hecho trabajo con ellos, yo no estoy afiliado”.

En la calle, algunos trabajadores han cuestionado su participación en la Afore XXI Banorte y un presunto conflicto de interés. Él contesta: “Se falta a la verdad. El estatuto señala que el sindicato ocupará un lugar en el Consejo de Administración de la Afore XXI y que buscará espacios en otros consejos de administración de diferentes Afores”, con la intención de “vigilar que las inversiones de los trabajadores fuesen acordes a las inversiones del resto del país, que no hubiese desvío de recursos y que los rendimientos permitieran un mejor retiro para nuestros compañeros”. Afirma que no percibe “un solo centavo” por esa pertenencia.

Sobre la acusación de que ya no representa los intereses de los trabajadores, recuerda que el sindicato tiene una “estructura piramidal” y que el cargo que tiene es por voto democrático. Agrega que quienes cuestionan que no fueron incluidos en la mesa de negociación del aumento salarial con el IMSS primero debieron haber ido con sus secretarios seccionales a solicitar información, rendimiento de cuentas y aclarar dudas.

“La representación legal, con todo respeto, no la tienen ellos. No digo que no sea democrático lo que ellos hacen, pero no tienen esta legalidad estatutaria que el resto sí”.

—Los trabajadores acusan que ya hay represalias por manifestarse.

—No se limita la libertad de expresión, pero que alguien diga ‘Ya me voy a la marcha y firman mi salida para que me vaya a una marcha’ ¿Y quién atiende a los pacientes que yo dejo? No, no, no. Insisto, si a alguien le niegan un pase para irse a la marcha porque tiene pacientes esperando, eso no puede ser una represalia. No me pueden impedir, salgo de mi servicio, salgo del hospital y soy libre. Y afuera del hospital no hay nadie diciéndole ‘no vayas a la marcha’. Eso es falso.

—¿Quienes representan a trabajadores en los plantones y marchas corren el riesgo de perder sus derechos sindicales?

—No, por parte de nosotros no. No vamos a sancionar a nadie porque se exprese libremente. Eso lo he dicho públicamente, está en el estatuto.

Olivos Hernández niega la “Ley Mordaza” que acusan los trabajadores. “Ningún trabajador podrá ser molestado o sancionado por expresar libremente sus opiniones, por hacer críticas, por hacer propuestas”, dice y vuelve a acusar: “Desafortunadamente hay gente que falta a la verdad”.

Sobre las denuncias de que a los trabajadores se les obliga a firmar documentos que anuncian una pre-huelga, aclara que sólo se trata de una “actualización de los comités de huelga” como parte del proceso que lleva el sindicato. Y sobre los señalamientos de falta de transparencia en el manejo de recursos del sindicato, responde: “Cada semestre se hace un informe público a los congresistas y todo el mundo graba y se transmiten en vivo los informes del secretario tesorero. Y también informamos de la caja de ahorro más robusta que existe en este planeta. Ningún sindicato en este planeta tiene una caja de ahorro como la que tiene el sindicato del Seguro Social”.

Taddei: renuncia o juicio político

La permanencia de Guadalupe Taddei en el INE es insostenible tras revelarse conflictos de interés, contratos irregulares y vínculos de su entorno con proveedores investigados por la UIF que ya indaga la ASF. Al victimizarse y acusar ataques políticos, la consejera presidenta usa al instituto como escudo y profundiza su desprestigio. Ante la exigencia de su salida, la salida es clara: renuncia inmediata para abrir paso al relevo constitucional o juicio político bajo el artículo 110 para su destitución, una vía que obligará al oficialismo a decidir si sanciona la corrupción o asume el costo de protegerla

Guadalupe Taddei tiene que dejar la presidencia del INE tras los reportajes de esta semana sobre sus vínculos y los de sus colaboradores con empresas proveedoras, algunas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y mientras se aferra al cargo, sigue arrastrando al instituto en sus escándalos. 

Y todavía acusa a quienes la cuestionan de atacar al INE, pero lo hace así porque busca escudarse en la institución para evadir su responsabilidad por las personas que contrató y sus relaciones con proveedores. Ella misma alimenta el desprestigio del instituto que dice defender. 

LOS ESCÁNDALOS

Érika Hernández y Rolando Herrera documentaron en Reforma que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, representaba legalmente a Corporativo Zeg. Cobraba 45 mil 765 pesos mensuales en el INE. Ella admitió que trabajó ahí, pero negó que fuera su chofer y justificó que ya había salido de nómina. 

Después, Reforma publicó imágenes de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor relacionado con empresas investigadas por la UIF. El empresario participó en la organización de su cumpleaños. También difundió reuniones con funcionarios responsables de recursos materiales y financieros. 

Además, Alejandra Canchola reveló en El Universal que la hija de Lourdes Piña, quien se presenta como asesora y mano derecha de Taddei, administra Promotora de Noticias Exactas, que aparece como proveedora del INE. También Gilberto Solís Mendívil, comisario de esa empresa, obtuvo a título personal un contrato de más de un millón de pesos para una miniserie sobre la elección judicial. 

Y este viernes, la Auditoría Superior de la Federación inició por su cuenta una investigación sobre las contrataciones del INE. Informó que ya tiene indicios de contratos irregulares y conflictos de interés entre funcionarios y proveedores.

LA RENUNCIA

El PRI exigió su renuncia y Somos pidió una separación temporal durante las investigaciones. Sheinbaum respondió que renunciar “depende de ella”. Taddei tiene que asumir esa decisión y dejar de presentar su permanencia como una defensa del INE. 

Si Taddei se separa temporalmente, conserva el cargo y la opción de regresar. Esa ausencia no abre una vacante para que Diputados nombre a otra persona al frente del INE. 

Si Taddei renuncia definitivamente, los consejeros eligen a uno de ellos para encabezar provisionalmente el INE y avisan de inmediato a Diputados. La Cámara debe nombrar al reemplazo conforme a la Constitución. Así lo establece el artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Después corresponden una convocatoria pública y la evaluación por un comité de cinco integrantes. La Cámara designa a tres y la CNDH a dos. Elegir al relevo exige dos terceras partes de los diputados presentes. Si vence el plazo sin acuerdo, la Cámara aplica la tómbola entre los finalistas. Si tampoco cumple ese paso, la Suprema Corte realiza el sorteo. 

Morena, PT y PVEM reúnen la mayoría calificada y ya demostraron que logran ponerse de acuerdo para nombrar consejeros electorales. Si mantienen unido su bloque, tienen los votos para elegir a quien sustituya a Taddei. 

JUICIO POLÍTICO

El artículo 110 constitucional incluye expresamente a la presidenta del INE entre los funcionarios sujetos a juicio político. Esta vía permite sancionar actos u omisiones que dañen los intereses públicos fundamentales. 

Morena conoce ese procedimiento porque en 2022 respaldó la solicitud del PT para llevar a juicio político a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. El oficialismo ya exigió aplicar ese mecanismo a consejeros electorales. 

La Cámara de Diputados investiga y escucha su defensa. Para acusarla ante el Senado, necesita el respaldo de más de la mitad de los diputados presentes. El Senado decide la sanción con dos terceras partes de los senadores presentes. 

Una resolución condenatoria implica destituirla. También contempla impedirle ocupar otros cargos públicos durante un periodo de uno a veinte años, conforme al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Si Taddei insiste en quedarse, los partidos que exigen su salida deben presentar la denuncia para iniciar el juicio político. Ahí Morena y sus aliados tendrán que decidir si sancionan las conductas de Taddei o bloquean el proceso y asumen el costo de sostenerla.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/sin-categoria/taddei-renuncia-o-juicio-politico/