La histórica decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) de activar un procedimiento respecto de México por la crisis de desapariciones será finalmente planteada ante la Asamblea General del organismo internacional.
El caso será presentado formalmente por el presidente del CED, Juan Pablo Albán, este martes por la tarde, en la sede de la ONU en Nueva York.
Albán expondrá los detalles del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el marco de la presentación del informe anual del CED.
El CED formalizó en abril la invocación de ese artículo, luego de concluir, tras analizar solicitudes de acción presentadas por organismos civiles, que existían indicios de desapariciones forzadas cometidas en un contexto de ataques generalizados o sistemáticos.
Posteriormente, en mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, notificó formalmente a los Estados miembros del organismo sobre la decisión del CED.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, dijo Albán en una publicación en X este lunes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha manifestado su oposición a la decisión del CED, integrado por 10 expertos independientes, al considerar que el comité hizo una interpretación errónea del concepto de desaparición forzada.
Aunque el gobierno ha afirmado que no busca negar la crisis de desapariciones, en meses recientes la administración de Sheinbaum ha llevado a cabo modificaciones al sistema de contabilización oficial de personas desaparecidas.
Estas modificaciones han sido cuestionadas por organismos civiles, que sostienen que los cambios se realizaron sin la participación de los colectivos de búsqueda.
De acuerdo con la ONU, “se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.”
Qué hay detrás del procedimiento activado por el CED
El procedimiento del CED fue notificado a México mediante una decisión difundida el 1 de abril, en la que el comité describió sus hallazgos sobre las desapariciones forzadas en el país.
En su resolución, el CED sostuvo que encontró “indicios bien fundados” de que en México se han registrado desapariciones de manera generalizada y sistemática, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
El comité analizó evidencias proporcionadas por organismos de la sociedad civil sobre las desapariciones en México.
Entre ellas se encontraban datos proporcionados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que solicitó la activación del procedimiento.
La FIDH presentó su solicitud “a la luz de patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016; Nayarit, entre 2011 y 2017; y Veracruz, entre 2010 y 2016”.
Sin embargo, según el documento del CED, la FIDH también destacó casos más recientes, principalmente en Jalisco y Nayarit.
“Entre los principales hallazgos, la FIDH incluye información sobre desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”, señala el documento.
El rancho Izaguirre, como caso paradigmático
Uno de los ejemplos recientes citados por la FIDH es el caso del rancho Izaguirre, un sitio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que, según las autoridades, fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento y reclutamiento forzado.
El caso cobró mayor notoriedad luego de que, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubriera restos humanos, cientos de prendas y objetos personales en el rancho, pese a que el inmueble ya había sido asegurado por las autoridades meses antes.
La FIDH señaló que estas omisiones, junto con la detención de expolicías vinculados al caso, sugerían una posible aquiescencia de autoridades estatales, un argumento que fue incorporado al análisis del CED sobre México.
Además de las solicitudes de organismos civiles, el CED incluyó entre las evidencias analizadas las observaciones realizadas durante la única visita oficial de sus integrantes al país, en noviembre de 2021.
Tras esa visita, el CED emitió un informe en 2022 en el que advirtió sobre una situación de desapariciones generalizadas, niveles de impunidad extremadamente altos y problemas estructurales en las labores de búsqueda e investigación.
Posteriormente, en 2023, el CED lanzó una nueva alerta sobre la persistencia de las desapariciones forzadas. En 2024, la FIDH presentó su petición formal para activar, por primera vez en la historia, el artículo 34.
México insiste en su rechazo al procedimiento
El gobierno de Sheinbaum ha sido enfático en su rechazo a la decisión del CED de activar el procedimiento previsto en la Convención, adoptada por la asamblea general en 2006.
México ratificó la convención en 2008 y el tratado entró en vigor de manera general en 2010.
En un comunicado emitido al día siguiente de la decisión del comité, la Cancillería calificó el informe del CED de “tendencioso” y sostuvo que había sido elaborado con una “falta de rigor jurídico”.
También cuestionó una supuesta “ligereza” en las “premisas” enunciadas por el CED para fundamentar su decisión.
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señala el comunicado.
Esa postura ha sido reiterada por el canciller Roberto Velasco en distintas ocasiones. Por ejemplo, durante el proceso de ratificación de su nombramiento ante el Senado, sostuvo que el comité se había extralimitado en su interpretación jurídica.
Sin embargo, reiteró que México mantendría su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”, sostuvo.
“Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del Comité.”
En medio de las críticas a la decisión del CED, el gobierno presentó en marzo una nueva interpretación de los más de 132,000 registros de personas desaparecidas contabilizados hasta esa fecha.
Según el gobierno federal, del total de registros, solo el 33 %, es decir, poco más de 43,000 casos, se considera “sin actividad”, por lo que únicamente estos podrían clasificarse como casos de personas desaparecidas.
Esta reinterpretación de los datos ha sido cuestionada por colectivos de búsqueda, que han denunciado falta de transparencia en la metodología empleada para realizar los cambios.
Qué recomendó el CED para resolver la crisis
En la sección final de su decisión, el CED enumeró una serie de posibles vías para contribuir a resolver la crisis de desapariciones en México.
Entre ellas mencionó la “cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera” para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.
El apoyo podría beneficiar las labores de “análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”, señala el documento.
También planteó la posibilidad de “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
Albán llama a evitar la “desinformación” en torno al artículo 34
El presidente del CED ha insistido en que la intención del comité es contribuir a la solución de la crisis de desapariciones.
“Respecto de México el Comité contra la Desaparición Forzada ha reconocido los avances normativos e institucionales a nivel doméstico”, escribió en abril en X.
“Pero al mismo tiempo, ha señalado de forma reiterada la insuficiente implementación de ese marco normativo y los persistentes desafíos para atender el fenómeno, en un contexto de continuidad de la crisis”.
Este fin de semana, Albán reiteró su llamado a evitar la “desinformación” en torno a las posibilidades que abre la activación del procedimiento previsto en la Convención.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, escribió en X.
Además, precisó que el artículo 34 “no es una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado parte concernido” y tampoco “sustituye a las autoridades nacionales ni impone sanciones”.
“No suspende los otros procedimientos bajo el mandato del comité: revisión y seguimiento a los informes, observaciones finales, acciones urgentes, comunicaciones individuales, visitas y cooperación”.
Albán también ha señalado que este martes presentará el caso mexicano ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, lo que marcará la primera ocasión en la historia en que se plantee la activación de este procedimiento.
La Tercera Comisión de la asamblea está dedicada al análisis de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos.
El mecanismo previsto en el artículo 34, “una oportunidad”: organizaciones civiles
En una comunicación enviada a Guterres en septiembre, organizaciones civiles reiteraron su respaldo al tipo de apoyo recomendado por el CED en su decisión. El documento fue firmado por 51 activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este procedimiento es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a una problemática cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado”, señala el documento.
En el texto, las organizaciones añadieron que el proceso no debería verse “como un juicio o un ataque a gobierno alguno”, sino como una vía para abordar la crisis de desapariciones en México y el mundo.
“Frente a la grave crisis de desapariciones en México y la ineficacia de los mecanismos establecidos hasta ahora para resolverla y ponerle fin”, añadieron.
