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Acusan a Edgar Maldonado de amenazar a alcaldes para frenar revocación de mandato en Morelos

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Funcionarios municipales denunciaron que el secretario de Gobierno los presionó con retirarles obras públicas para modificar sus votos. Diez ayuntamientos buscan revertir su aprobación inicial de la reforma; el Gobierno estatal niega las acusaciones

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, presionó bajo amenazas a alcaldes para que cambiaran sus votos sobre la revocación de mandato, mientras diputados de Morena y sus aliados buscan que el Congreso vuelva a recibir los sufragios municipales, pese a que no existe sustento legal para hacerlo, denunciaron funcionarios municipales, dirigentes partidistas y legisladores de oposición. 

Advirtieron que estas acciones buscan impedir que la ciudadanía decida en las urnas si Margarita González Saravia continúa en la gubernatura.

De los 36 municipios de Morelos, 24 aprobaron inicialmente la reforma, ocho votaron en contra y cuatro no emitieron su voto. Sin embargo, 10 de los ayuntamientos que la respaldaron ahora buscan modificar su postura y ya enviaron documentos al Congreso, luego de que sus autoridades habrían sido presionadas por la Secretaría de Gobierno. Se trata de Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.

El presidente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, denunció que los alcaldes fueron amenazados con retirarles obras y emprender acciones en su contra para obligarlos a modificar sus votos.
"Lo que buscan para que esos 10 municipios se retracten es amenazarlos con retirarles obra pública, emprender acciones contra los alcaldes y prometerles obras que finalmente no les cumplirán", declaró.
Marcela Hernández Salgado, presidenta estatal de SOMOS Morelos, calificó las presiones a los alcaldes como un abuso de poder y acusó a Morena de incongruencia por intentar frenar un mecanismo que promovió. "Ellos son quienes proponen la revocación de mandato para las personas que están en el Ejecutivo y lo que tienen que hacer es respetarla", señaló.

Funcionarios municipales que pidieron reservar su identidad por temor a represalias informaron a Proceso que la estrategia fue ordenada por Maldonado Ceballos. Según sus testimonios, la Secretaría de Gobierno envió oficios con instrucciones sobre cómo plantear ante los cabildos el cambio de voto y qué argumentos presentar al Congreso para que aceptara las modificaciones.

Los funcionarios también relataron que el secretario llamó personalmente a los alcaldes. A algunos les advirtió que perderían obras previamente acordadas si no apoyaban a la gobernadora; a otros les ofreció obras y gestiones a cambio de cambiar su voto.

El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal establece que los ayuntamientos no pueden revocar sus acuerdos, salvo cuando contravengan la ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas que los motivaron. En este caso, la iniciativa de revocación de mandato ya fue votada. Polanco Saldívar sostuvo que no se actualiza ninguna de esas excepciones y calificó de inconstitucional el intento de modificar los sufragios.

En algunos municipios, las presiones habrían incluido advertencias sobre posibles auditorías de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), encabezada por José Blas Cuevas Díaz, y procedimientos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, a cargo de Leonel Díaz Rogel.

Ambos funcionarios han sido señalados por actores políticos y en investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción y por utilizar las instituciones a su cargo como instrumentos de presión política.

Proceso buscó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, para conocer su postura sobre los señalamientos. En respuesta, envió por escrito un posicionamiento en el que negó que el Poder Ejecutivo haya presionado a los presidentes municipales:
"Rechazamos cualquier señalamiento en el que se establezca la intervención de este Poder para presionar a las y los presidentes municipales en la toma de decisiones".
El Gobierno estatal sostuvo que respeta la división de poderes y las decisiones de los ayuntamientos, y reiteró su respaldo a la revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.

Morenistas y aliados  aplazan la declaratoria

Las bancadas de Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde respaldaron revisar los votos municipales sobre la revocación de mandato de la gobernadora Margarita González Saravia, mientras PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PT exigieron reconocer los 24 sufragios aprobatorios y votar la declaratoria constitucional.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, determinó turnar el asunto a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos, sin someter a votación la propuesta de incorporar la declaratoria al orden del día, presentada por la priista Gonzala Eleonor Martínez Gómez.

La legisladora argumentó que el 8 de octubre, con el voto favorable de Tlaquiltenango, se alcanzaron las dos terceras partes de los 36 ayuntamientos, como establece el artículo 147 de la Constitución estatal. Sin embargo, entre el 9 y el 15 de octubre ingresaron 18 nuevas actas de cabildo, diez de ellas de municipios que originalmente aprobaron la reforma y después intentaron cambiar el sentido de su voto.

Martínez Gómez sostuvo que los ayuntamientos agotaron su facultad constitucional al emitir y notificar sus decisiones al Congreso, por lo que no pueden sustituirlas posteriormente. En contraste, Pimentel Mejía argumentó que debe determinarse si los acuerdos posteriores tienen efectos sobre el cómputo constitucional.

La priista insistió en que su propuesta debía someterse a consideración del Pleno y advirtió que impedir su votación podía vulnerar sus derechos político-electorales y obstaculizar el ejercicio de sus funciones legislativas. Sin embargo, la modificación del orden del día no fue votada y tampoco se emitió la declaratoria.

Oposición y Morena confrontan posturas

Horas antes, diputados de oposición acusaron a Morena y al Gobierno estatal de obstaculizar el mecanismo de participación ciudadana y exigieron respetar los 24 votos originales.

El coordinador panista, Daniel Martínez Terrazas, sostuvo que la Constitución no contempla una segunda votación municipal ni permite retirar libremente los sufragios una vez recibidos por el Congreso. También defendió que la participación de los ayuntamientos forma parte del procedimiento del Constituyente Permanente y no constituye un acto administrativo ordinario.
"La revocación de mandato no significa destituir automáticamente a un gobernante. Significa reconocer que el poder no es propiedad de quien lo ejerce y que la confianza ciudadana debe poder evaluarse durante el ejercicio del cargo", afirmó.
La diputada Andrea Gordillo Vega cuestionó que se obstaculice el escrutinio ciudadano: "Si se presume un buen trabajo, no tendría por qué haber temor al escrutinio público".

Por MC, Luz Dary Quevedo Maldonado pidió una resolución fundada y transparente: "No pedimos saltarnos procedimientos ni vulnerar la autonomía municipal. Pedimos que este Congreso cumpla con su deber, revise los votos emitidos originalmente y dictamine sin miedo y sin presiones".

La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, cuestionó que se pretenda detener el mecanismo y advirtió: "No dar paso a la revocación de mandato es traicionar los principios de la izquierda y el compromiso de que el pueblo pone y el pueblo quita".

En contraste, la morenista Jazmín Solano rechazó que su bancada esté en contra de la revocación de mandato. Sostuvo que sus objeciones se relacionan con presuntos vicios legales del procedimiento. Recordó que la reforma fue aprobada por la 55 Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y que, tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) del 24 de junio de 2026, se requirió nuevamente a los municipios para emitir sus votos. También señaló que hubo presiones para que algunos ayuntamientos modificaran sus decisiones originales.

El coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, negó que existan instrucciones para impedir la declaratoria: "Ni hay argucias ni tampoco hay instrucciones". Sostuvo que debe revisarse el periodo y la legislatura en que se aprobó y remitió la reforma a los municipios, antes de avanzar.

A esta postura se sumaron la coordinadora de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, y el coordinador del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, quienes también plantearon revisar los alcances jurídicos del mecanismo.

En entrevista con Proceso, Rafael Reyes condicionó el avance de la reforma a que una autoridad judicial determine si los ayuntamientos actuales pueden modificar los votos emitidos por cabildos de administraciones anteriores. El coordinador morenista negó que exista protección política a la gobernadora y aseguró que su bancada está dispuesta a retomar el procedimiento cuando haya un criterio jurisdiccional. "Nosotros estamos listos para reiniciar el procedimiento", afirmó. Sobre los señalamientos de que buscan prolongar la discusión, respondió: "Estamos cuidando el proceso legislativo, nada más".

La sesión concluyó sin que se votara la declaratoria constitucional. El asunto quedó pendiente de revisión en la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos. De concretarse la reforma y los procedimientos posteriores, las y los morelenses podrían decidir en 2027 si Margarita González Saravia continúa en el cargo.

Pescadores bloquean dragado en Laguna de Cuyutlán ante ampliación del Puerto de Manzanillo

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

Cooperativistas instalaron un plantón indefinido y utilizaron sus lanchas para detener los trabajos. Denuncian posibles daños ambientales e incumplimiento de acuerdos; ASIPONA asegura que realiza labores de mantenimiento

Pescadores, cooperativistas y ambientalistas realizaron este sábado una serie de acciones de protesta en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo, entre las que se encuentran la instalación de un plantón que bloquea el paso de maquinaria a la Laguna de Cuyutlán, donde sin previo aviso comenzaron los trabajos de dragado.

De igual forma, pescadores utilizaron sus lanchas para impedir que las dragas (embarcaciones especializadas) continuaran con los trabajos de excavación en el vaso lacustre ubicado en Manzanillo, actividad que levanta sedimentos y materiales pesados que afectan la flora y fauna del lugar.

Mientras que, en la capital, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán se manifestaron en el centro de la ciudad y acusaron a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de emitir de manera opaca y sin sustento técnico la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoriza la ampliación del Puerto de Manzanillo.

Todas estas acciones coordinadas se registraron ante lo que parece ser el inicio de los trabajos de construcción del puerto Nuevo Manzanillo, en la Laguna de Cuyutlán, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.

Desde la semana pasada, en ese cuerpo lagunar se pudo observar maquinaria que realiza trabajos de dragado, aunque la administración del puerto de Manzanillo (ASIPONA) afirmó que se trata de acciones de mantenimiento en la zona actualmente autorizada para el uso comercial.

La mañana de este sábado, un grupo de pescadores y cooperativistas de la Laguna de Cuyutlán se apostó en el ingreso al canal de Tepalcates, donde dispusieron todo lo necesario para permanecer de manera indefinida, en tanto no obtengan respuesta de las autoridades.

María del Carmen Velasco Chávez, representante de la Cooperativa de Pescadores y Acuicultores de la Laguna de Cuyutlán, mencionó que sus acciones de protesta responden a los trabajos en ese vaso lacustre, iniciados sin ningún aviso.

Señala que los pescadores han pedido que no comiencen esos trabajos hasta que no se realicen mesas de diálogo. “Incluso hace días nos reunimos en la Ciudad de México con el secretario de Marina, él instruyó para que se realizaran las mesas de trabajo, lo que omitieron las personas de la Asipona aquí en Colima”.
“También existió el compromiso de que, si comenzaba el dragado, se instalarían mallas para evitar que los sedimentos se dispersaran, cosa que tampoco hicieron las autoridades, por eso nos manifestamos, no están cumpliendo con nada de lo que dijeron”.
Asentó que el dragado impacta el ecosistema, “pues son alrededor de cinco dragas trabajando y van a levantar sedimentos de muchos años, metales pesados y otros materiales”, dijo.

Señaló que tales afectaciones dejan sin trabajo a los cientos de familias que dependen de la pesca, así como a los salineros y los acuicultores de la zona, “esto nos afecta directamente”.

Pidió que los trabajos de dragado se suspendan de inmediato para no ocasionar mayores daños a la Laguna de Cuyutlán. “Luego solicitamos que se realicen mesas de trabajo que sean transparentes, para que la gente sepa toda la información, que nada se haga en lo oscurito”.

Asentó que, por ese motivo, los pescadores se instalaron en plantón en el canal de Tepalcates, en la comunidad de Campos, el punto por donde ingresan materiales y maquinaria para los trabajos de ampliación del puerto. “Aquí nos vamos a quedar las 24 horas, no vamos a dejar pasar a quien pretenda dañar la laguna”.

Por la tarde de este día, ambientalistas del colectivo Salvemos Cuyutlán anunció protestas en diversos puntos del estado, además que convocó a la población para que se una al rechazo de la ampliación del Puerto de Manzanillo, toda vez que generará enormes afectaciones al medio ambiente.

Dos décadas en prisión: Tony y Albert Castillo en el laberinto del caso Wallace

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 ,

A dos décadas de su detención por el caso Wallace, los hermanos Tony y Albert Castillo aguardan la resolución de un amparo clave en un tribunal colegiado, impulsado tras la invalidación del testimonio de Juana Hilda González por parte de la SCJN

Tony y Albert Castillo llevan poco más de 20 años en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, un caso que volvió a tomar relevancia después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en 2025 la declaración de Juana Hilda González Lomelí, una de las pruebas utilizadas durante la investigación.

La resolución permitió la liberación de Juana Hilda y abrió la discusión sobre los procesos de otras personas relacionadas con el expediente, entre ellas los hermanos Castillo, quienes todavía esperan que un tribunal revise la condena que recibieron.

Una foto en Chalma y lo que  llevó a prisión a los hermanos Castillo

Los hermanos Tony y Albert Castillo quedaron relacionados con la investigación a partir de una fotografía tomada durante un viaje de amigos a Chalma, Estado de México, en 2005. En la imagen aparecen junto a otras personas que posteriormente fueron señaladas por Isabel Miranda de Wallace como integrantes de una supuesta banda de secuestradores.

Como reconstruye el periodista Ricardo Raphael en su libro Fabricación, la fotografía terminó convirtiéndose en uno de los elementos que conectaron a distintas personas con la investigación por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Albert había acompañado a su hermano Tony al viaje y, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, no conocía a la mayoría de quienes aparecen en la imagen. Tony, por su parte, había trabajado con César Freyre, otro de los hombres detenidos por el caso.

Albert fue detenido el 7 de marzo de 2006 en su lugar de trabajo, donde daba clases de computación a médicos. Tony se presentó posteriormente ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), luego de enterarse de que su hermano había sido detenido, con la intención de aclarar lo sucedido. Sin embargo, también quedó detenido el 24 de marzo de ese año.

Raphael recupera en Fabricación el testimonio de Luis Castillo, tío de los hermanos, quien relata las circunstancias de ambas detenciones y la decisión de Tony de acudir ante las autoridades, pese a las advertencias de sus familiares.

La vida de los hermanos Castillo en prisión

A noviembre de 2026, los hermanos permanecen recluidos en centros penitenciarios federales distintos.

Tony Castillo, de 52 años, está en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, en Durango, mientras que Albert Castillo, de 50 años, se encuentra en el Cefereso número 15, en Chiapas.

Durante su estancia en prisión, ambos han realizado trabajos dentro de los centros penitenciarios. Albert también aprendió a pintar y algunos de sus cuadros han participado en concursos organizados entre penales federales.

De acuerdo con el testimonio de su tío Luis Carrillo recuperado por el medio EL PAÍS, los hermanos reciben pagos muy bajos por algunos de los trabajos que realizan, mientras que la distancia entre los centros penitenciarios ha complicado las visitas familiares, que pueden ocurrir apenas dos o tres veces al año.

De una condena de más de 70 años a una última esperanza judicial: el amparo de los Castillo

En 2009, Tony y Albert Castillo recibieron una sentencia de 36 años de prisión por los supuestos  delitos de secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, después de distintas apelaciones, la condena aumentó hasta llegar a más de 70 años, según información difundida por EL PAÍS.

Los hermanos promovieron un amparo contra esa resolución hace ocho años, pero el recurso permaneció sin resolverse durante el proceso judicial.

El panorama cambió después de que la SCJN revisó el caso de Juana Hilda González Lomelí en junio de 2025. El máximo tribunal invalidó la declaración que rindió durante la investigación al determinar que fue obtenida mediante tortura y ordenó su liberación inmediata.

La resolución también estableció que debían desecharse las pruebas que derivaron de esa declaración, lo que abrió una nueva discusión sobre los elementos utilizados para procesar a las otras personas señaladas.

En noviembre de 2026, el amparo de Tony y Albert está próximo a ser revisado por el Octavo Tribunal Colegiado, con sede en Ciudad de México. Su abogado, Alberto Gómez ha mencionado que existen tres escenarios posibles, el primero es que se confirme la postura de la Fiscalía, que se ordene reponer el procedimiento o que se les exonere.

Mientras los tribunales revisan los recursos pendientes, Tony y Albert Castillo continúan recluidos en penales federales, casi dos décadas después de que fueron detenidos por el caso Wallace.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/sociedad/hermanos-castillo-caso-wallace-dos-decadas-amparo

Proponen en el Senado protocolo de emergencia para proteger a mexicanos en el extranjero en caso de guerras y desastres

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

Dicho plan comprenderá evaluaciones de riesgo físico, avisos de seguridad a la comunidad, asistencia jurídica y apoyo logístico inmediato

Senadores del PAN propieron una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano con el objetivo de crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, orientado a salvaguardar a los ciudadanos nacionales en el extranjero frente a guerras, desastres naturales y situaciones de extrema gravedad.

Los legisladores señalaron que México mantiene un historial relevante en asistencia consular para evitar la indefensión de los connacionales, pero advirtieron que las representaciones diplomáticas enfrentan obstáculos operativos ante eventos de alta demanda.

Por ello, el mecanismo proyectado busca otorgar al Estado una estrategia de respuesta rápida ante contextos de fuerza mayor.

En un comunicado publicado por el Senado se detalla que dicho mecanismo se activará en casos de detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, riesgo de pena de muerte, violaciones al derecho internacional, conflictos armados, crisis de estabilidad política y emergencias por desastres naturales.

El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.

Para fundamentar la propuesta, los senadores recordaron la experiencia reciente en el extranjero al señalar que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.

Asimismo, contrastaron que, aunque no se registraron afectaciones a connacionales, otras naciones implementaron operativos de transporte aéreo inmediato para evacuar a sus poblaciones.

La reforma facultará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para implementar el protocolo en un plazo máximo de 24 horas tras suscitarse un evento extremo. Dicho plan comprenderá evaluaciones de riesgo físico, avisos de seguridad a la comunidad, asistencia jurídica y apoyo logístico inmediato.

Adicionalmente, la norma obligará a la dependencia federal a notificar al Senado sobre la activación del protocolo dentro de las 48 horas posteriores al hecho.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/pan-senado-protocolo-emergencia-proteger-mexicanos-extranjero

Corte y Sindicato del Poder Judicial acuerdan cambios en evaluación; eliminarán posibles sanciones

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 ,

La Corte acordó con el Sindicato del Poder Judicial de la Federación modificar el nuevo esquema de evaluación del desempeño de los trabajadores; se eliminará cualquier referencia a posibles sanciones, como la separación del cargo, derivadas de estas pruebas

Tras las protestas realizadas por trabajadores del Poder Judicial para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron eliminar las posibles sanciones relacionadas con la evaluación.

Luego de sostener una mesa de diálogo con el sindicato, la Corte indicó que se acordó  la eliminación de posibles sanciones, como la separación del cargo, derivadas de estos exámenes. También se eliminarán las evaluaciones extraordinarias y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.

“Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo. Además, se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad”, explicó el máximo tribunal en un comunicado.

Asimismo, se acordó que estas modificaciones al “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026” se publicarán lo antes posible en el Diario Oficial de la Federación.

Trabajadores del Poder Judicial levantan paro

La Corte también informó que todos los órganos jurisdiccionales del PJF retomarán actividades y trabajaran con normalidad este lunes 9 de noviembre.

Como parte de los acuerdos, también se realizarán mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre demandas específicas de los trabajadores “a fin de lograr el normal funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación“, indicó la SCJN.

El viernes 6 de noviembre trabajadores del Poder Judicial protestaron en al menos 17 estados del país, con reportes de suspensiones de actividades, concentraciones de trabajadores, cierres de accesos y bloqueos en vialidades.

En la Ciudad de México se reportaron movilizaciones y suspensiones de labores en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. También hubo protestas en vialidades como Insurgentes Sur.

¿Por qué protestaban los trabajadores del Poder Judicial?

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026”; los trabajadores del Poder Judicial advirtieron que el mecanismo de evaluación podría utilizarse para remover personal o justificar despidos, mientras que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó las movilizaciones y expresó su preocupación por las posibles consecuencias del acuerdo.

En un comunicado difundido este viernes, la JUFED advirtió que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, mediante el cual el Pleno del OAJ regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, representa una amenaza para la estabilidad laboral de quienes integran la estructura jurisdiccional.

La asociación, cuya directiva nacional corresponde al periodo 2026-2027, sostuvo que el mecanismo presentado como un procedimiento diagnóstico podría convertirse en una herramienta para separar del cargo a trabajadores en evaluaciones posteriores.

“El Acuerdo de Evaluación del Desempeño Judicial busca desmantelar lo que queda de Carrera Judicial”, señaló la organización en el encabezado de su pronunciamiento.

La JUFED cuestionó particularmente los criterios de valoración establecidos en el nuevo esquema. De acuerdo con su interpretación, 30% de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, mientras que 60% estará bajo control de la Escuela Judicial.

La organización consideró que esa distribución resta importancia a la experiencia adquirida en el trabajo cotidiano y a los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, al dar mayor peso a las apreciaciones de otras personas.

A su juicio, los criterios pueden generar condiciones para que las evaluaciones posteriores se utilicen como mecanismos de presión contra trabajadores o para remover a quienes resulten incómodos dentro de la institución.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/corte-evaluacion-sindicato-poder-judicial-acuerdos

Cae presunto feminicida de Zaira; era su vecino de cuarto

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 ,

La comunidad universitaria pidió medidas de seguridad y un plan integral de bienestar estudiantil, ante los riesgos que enfrentan quienes rentan fuera de casa

La fiscalía de Oaxaca detuvo al probable feminicida de Zaira Marbeli, joven estudiante de primer semestre de la Universidad del Mar que fue localizada el pasado 3 de noviembre sin vida al interior de su cuarto, en la Unidad Habitacional H3 de La Crucecita, en Huatulco, Oaxaca.

Las autoridades de justicia señalaron que el hombre, identificado por las iniciales G. A. A., compartía el inmueble de renta con la joven; tras el crimen, sustrajo su teléfono celular, lo que derivó en su rastreo y captura.

De acuerdo con lo establecido en la causa penal, los hechos se registraron la madrugada del 3 de noviembre de 2026.

Las indagatorias señalan que el imputado —quien era vecino de la víctima y habitaba en el mismo lugar— habría ingresado a la habitación que la joven rentaba en el Sector H3 de La Crucecita, donde la agredió sexualmente y, posteriormente, la estranguló.

Tras cometer el delito, el sujeto sustrajo el teléfono celular de la víctima con la finalidad de venderlo; ante estos hechos, la Institución procuradora de justicia desplegó un equipo multidisciplinario que implementó técnicas de rastreo y análisis de registros telefónicos.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizó el dispositivo móvil y a la persona que lo había comprado. Al rendir su declaración, el comprador aportó los datos clave que permitieron a las autoridades identificar y ubicar a G. A. A. como la persona que le vendió el aparato.

Con esta sólida base de indicios, la Vicefiscalía Regional de la Costa solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por parte del Juez de Control con sede en San Pedro Pochutla, lo que hizo posible su detención legal.

Luego de la lectura de sus derechos y su respectiva certificación médica, G. A. A. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La resolución de este caso fue posible gracias a la aplicación inmediata de los protocolos de actuación por feminicidio y a la eficiencia de los trabajos de investigación ministerial, pericial y de inteligencia tecnológica.

Oriunda de Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipio ubicado en la sierra sur de Oaxaca, la joven de 19 años dejó su hogar para conquistar sus sueños, los cuales fueron truncados por un vecino de cuarto, a lo que sus familiares y amigos exigieron justicia y todo el peso de la ley.

“Era una joven comprometida, linda y estudiosa, Zaira no merecía morir de esta manera. No podemos permitir que estudiantes que van a buscar su sueño terminen truncados por gente enferma y sin escrúpulos”, dijeron.

Durante el cortejo fúnebre que partió de su domicilio y posteriormente llegó al CBTIS 183, donde cursó la preparatoria, sus familiares recalcaron que iban a exigir justicia hasta localizar a quién le quitó la vida.

Profesoras y profesores de la UMAR también exigieron a la rectoría de la universidad acciones concretas para la no repetición de feminicidios ni crímenes de ningún tipo.

“No podemos normalizar que estudiar una carrera universitaria implique exponerse a condiciones de inseguridad ni aceptar que las dificultades económicas para acceder a una vivienda digna terminen colocando a nuestras estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad”, indicaron.

Por último, señalaron que es urgente que rectoría se pronuncie por una exigencia de justicia digna para la joven y sus familiares; asimismo, construir un plan integral de seguridad y bienestar estudiantil, con compromisos responsables y plazos.

Localizan a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, informa García Harfuch

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El secretario de Seguridad atribuyó el resultado al intercambio de información y la coordinación operativa entre instituciones federales y autoridades estatales.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido tras la presunta privación ilegal de su libertad, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario indicó que la localización fue resultado de un operativo coordinado con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

García Harfuch señaló que en las acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades estatales.

El secretario agradeció la colaboración de los gobernadores David Monreal Ávila, de Zacatecas; Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, en las labores de búsqueda y localización.


El Gabinete de Seguridad federal había informado que, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realizaba las labores de investigación y búsqueda para localizar Almaraz Maldonado, y a sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad.


Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, había anunciado el seguimiento al caso. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario señaló que su gobierno mantenía la comunicación con las autoridades para conocer los avances y que está atento a la situación de los familiares del edil.

“Nuestra prioridad es su seguridad. Seguiremos trabajando con toda la responsabilidad que este momento exige”, señaló esta mañana.


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPCE) confirmó el sábado la presunta privación ilegal de Almaraz Maldonado y precisó que los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio de Zacatecas.

“De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades”, indicó la institución en un breve comunicado difundido en su cuenta de Facebook.

La SSPCE detalló que, tras recibir el reporte de lo sucedido en Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo de seguridad en la zona limítrofe entre ambas entidades y estableció coordinación con las autoridades zacatecanas y otras instancias para contribuir a la localización de las personas afectadas.

De acuerdo con el reporte del periodista Carlos Manuel Juárez, director del medio Elefante Blanco, de Tamaulipas,  Almaraz Maldonado viajaba con integrantes de su familia por el altiplano potosino cuando fueron interceptados por personas armadas que se desplazaban en dos camionetas.

Según esta versión, la familia se dirigía al municipio de Real de Catorce, en San Luis Potosí, cuando ocurrieron los hechos.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://aristeguinoticias.com/0811/mexico/localizan-a-miguel-angel-almaraz-alcalde-de-rio-bravo-informa-garcia-harfuch/

"La Pocha" y "El Nazi", integrantes del Cártel del Noroeste, caen en Nuevo Laredo

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

"La Pocha" es identificado como el responsable de desaparecer los cuerpos de las víctimas de la organización criminal

Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha” y su hijo, alias “El Nazi”, integrantes del Cártel del Noroeste, fueron detenidos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
"En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier 'N', alias 'La Pocha', y a su hijo, alias 'El Nazi', presuntos integrantes del Cártel del Noreste", apuntó el funcionario en su cuenta oficial de X.
El encargado de la seguridad a nivel federal indicó que Gerardo Javier "N" cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos (EU). Además, las investigaciones y los testimonios recabados lo identifican como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde que operaba para la organización criminal "Los Zetas", actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste.


García Harfuch también detalló que "El Nazi" es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa de esta organización criminal.

A ambos delincuentes se les relaciona con la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y desapariciones en la entidad.

Cártel del Noreste en la mira de Estados Unidos

El Cártel del Noreste (CDN), surgido de la organización criminal Los Zetas, es señalado por el gobierno de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, violencia y operaciones en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, uno de los cruces fronterizos más transitados.


El pasado 13 de octubre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU sancionó a cuatro personas y 11 empresas por sus presuntos vínculos con esta organización criminal, en busca de desarticular la infraestructura financiera de la organización criminal cuyas operaciones abarcan sectores como las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los hidrocarburos.

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo, esta red de empresas y personas habría facilitado el lavado de dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico, el financiamiento de campañas electorales y el acceso a contratos gubernamentales en Tamaulipas, además del traslado de drogas hacia EU.

Entre las personas sancionadas se encuentra Gamaliel Garza García, empresario dedicado a las carreras de caballos y al que las autoridades estadounidenses identifican como socio del cártel. También fueron incluidos su hijo, Gamaliel Garza Elías; Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo; y Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de una empresa de transporte de carga.

La Marina asegura 650 kg de metanfetamina y laboratorio clandestino en Puebla; caen 2

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Durante el operativo también fueron localizados cuatro reactores de destilación, sustancias químicas y equipo especializado

Dos personas fueron detenidas y un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de drogas sintéticas fue desmantelado en Puebla, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en el que las autoridades aseguraron 650 kilogramos de metanfetamina en proceso de elaboración, informó este domingo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

A través de sus redes sociales, el organismo federal detalló que la intervención se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales y municipales, como parte de las acciones contra la producción de sustancias ilícitas.

Durante la inspección del inmueble, los agentes también localizaron diversas sustancias químicas, cuatro reactores de destilación y equipo especializado utilizado para procesar estupefacientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos ni la ubicación exacta de las instalaciones.


Autoridades destruyen precursores químicos en otro laboratorio de Puebla

En una operación distinta, el Gabinete de Seguridad informó a través de un comunicado sobre la localización de otro centro clandestino para la elaboración de metanfetamina en el municipio de Tlachichuca, Puebla, cuya inhabilitación representó una afectación económica estimada en cuatro mil 132 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

El hallazgo ocurrió en un paraje de la localidad de Agua Escondida el Salitrero, donde las fuerzas federales identificaron instalaciones divididas en 11 zonas que presuntamente eran utilizadas para procesar sustancias ilícitas.

Durante la inspección, los agentes encontraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos empleados en la fabricación de narcóticos sintéticos. Tanto los materiales como los instrumentos fueron destruidos o inutilizados en el sitio para impedir su reutilización.

El despliegue fue resultado de labores de inteligencia e investigación en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Tres civiles armados mueren durante enfrentamiento con militares en Sinaloa
En otra acción de seguridad, tres presuntos agresores murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa en el municipio de Navolato, Sinaloa, luego de que personal militar fuera atacado a balazos mientras realizaba recorridos de reconocimiento y vigilancia.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, los hechos ocurrieron en la localidad de Las Trancas, donde un grupo de civiles armados que viajaba a bordo de un vehículo abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión para proteger su integridad física.

Las autoridades señalaron que los efectivos actuaron conforme a los protocolos establecidos y que, como resultado del intercambio de disparos, tres de los atacantes perdieron la vida. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades.

Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno, los cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El Ministerio Público fue notificado de lo ocurrido para llevar a cabo las diligencias legales y determinar las circunstancias en las que se desarrolló el enfrentamiento.

"El Bolillo", jefe de sicarios del "Cártel de Los Reyes", es detenido en Michoacán

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

El presunto criminal también es investigado por el asesinato de la activista y mujer transgénero Miriam Noemí Ríos Ríos en el Municipio de Zamora

La Guardia Civil de Michoacán detuvo ayer a Fausto Alejandro “N”, alias "El Bolillo", presunto lider del grupo criminal "La Birotiza", uno de los brazos operativos del Cártel de Los Reyes, señalado por extorsión  productores y empresarios.
"Detuvimos a 'El Bolillo', presunto líder criminal en Michoacán. La Guardia Civil junto a fuerzas federales y la Fiscalía del Estado de Michoacán, capturó en Los Reyes a Fausto Alejandro 'N', señalado por presuntas extorsiones contra productores y empresarios de Los Reyes, Zamora y Jacona", señaló la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán en su cuenta oficial de X.
"El Bolillo" fue capturado luego de ser denunciado por su posible participación en la extorsión contra aguacateros, agricultores, empacadores de berries y ganaderos de la región, a quienes presuntamente exigía el pago de cuotas para permitirles desarrollar sus actividades.


El hombre fue detenido en flagrancia por posesión de un arma de fuego, un cargador, 26 cartuchos útiles de distintos calibres, 19 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, un teléfono celular y una bolsa personal.

La aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El Bolillo", vinculado al asesinato de activista transgénero

El presunto extorsionador también es investigado por el asesinato de la activista y mujer transgénero Miriam Noemí Ríos Ríos, ocurrido el 10 de enero del 2024 en el Municipio de Zamora.

La mujer también era líderesa del partido político Movimiento Ciudadano (MC) en Jacona, y de acuerdo con las investigaciones oficiales, la víctima se habría negado a pagarle una cuota exigida por "El Bolillo", razón por la que el criminal atentó contra su vida.

La víctima fue atacada a balazos mientras atendía un puesto de venta de ropa ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Libertad, en dicha demarcación.

Ríos Ríos también encabezaba el colectivo Respeto e Igualdad de Género A.C., dedicado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Periodista Jorge García Orozco acusa intimidación de la diputada María Candelaria Ochoa

Por: Draco Dracul on domingo, noviembre 08, 2026 / Comentarios: 0 ,

El periodista Jorge García Orozco, colaborador de EMEEQUIS, enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género presentada por la diputada de Morena en Jalisco, María Candelaria Ochoa Ávalos, tras haber revelado irregularidades y omisiones en la declaración patrimonial de la legisladora. Pese a que el organismo electoral desestimó las medidas cautelares contra el reportero por falta de pruebas y desvinculación de los hechos, García Orozco busca sentar un precedente legal para evitar que la clase política instrumentalice las lagunas regulatorias de esta figura jurídica como un mecanismo de intimidación y censura contra el periodismo de investigación

El periodista Jorge García Orozco, reportero y colaborador de EMEEQUIS, enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género promovida por la diputada de Morena en Jalisco, María Candelaria Ochoa Ávalos, luego de publicar información sobre el patrimonio de la legisladora.

Sin embargo, las pruebas presentadas por la diputada así como los señalamientos no coinciden, llegando al punto de  haber desestimado cualquier medida cautelar en contra del reportero. 

Ahora Jorge no se detendrá hasta crear un precedente que permita observar cómo ciertas leyes ambiguas son utilizadas por la clase política para censurar la crítica y libertad de expresión de los medios que resultan “incómodos”. 

El procedimiento comenzó después de que García Orozco difundiera en redes sociales capturas de la declaración patrimonial de Ochoa Ávalos, documento que obtuvo del Congreso de Jalisco.

La publicación se relaciona con las investigaciones de EMEEQUIS sobre los inmuebles de la diputada, entre ellas el reportaje Candelaria Ochoa omite propiedad que compró en 2024, publicado el 23 de abril de este año.

En esa investigación, EMEEQUIS documentó, con información del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, la existencia de un inmueble adquirido en 2024 por Ochoa Ávalos y Elisa Ayala Cárdenas, que no había sido mencionado por la legisladora durante una conferencia de prensa.

García Orozco explicó que hace aproximadamente dos semanas recibió una notificación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), en la que se le informó que la diputada había presentado una denuncia en su contra.

El periodista señaló que entre las pruebas incorporadas por la legisladora se encuentra su publicación con la declaración patrimonial, además de notas de otros medios de comunicación como Infobae, RTVA y Azteca, sin embargo el texto original publicado en emeequis y escrito por él no se encuentra dentro de las pruebas. 

También afirmó que Ochoa Ávalos lo responsabiliza de insultos y amenazas de muerte que recibió en redes sociales, aunque, sostuvo, no presentó pruebas que lo relacionen con esos mensajes.

“Yo niego cualquier acusación”, afirmó. De acuerdo con su testimonio, la diputada también solicitó medidas cautelares en su contra, pero estas fueron negadas por la autoridad electoral, por no considerarlo un personaje peligroso. 

El reportero acudió el 30 de octubre a una audiencia para presentar sus alegatos por escrito, acompañado de la abogada Mónica Calles. Según su versión, Ochoa Ávalos y su representante legal no se presentaron.

“Yo no voy a ser responsable de lo que le digan a ella cualquier persona de internet, porque así como ella recibe a veces insultos, yo también. Pero eso no tiene nada que ver con otra persona ni que una persona te los haya provocado”, señaló.

Cabe señalar que Jorge expresa no estar en contra de dichos mecanismos que tiene una causa “noble”, sino que nos ee aproveche las lagunas que estos mantiene para censurar: 

“Quiero sentar un precedente porque considero inadmisible que se pretenda censurar e intimidar a los periodistas mediante una ley que, si bien fue creada pensando en una causa noble, que era evitar la violencia política de género, principalmente la que se ejerce dentro de los propios partidos, donde sus dirigentes maltratan a las mujeres que participan en la política, después se ha querido hacer extensiva para censurar a cualquier persona: periodistas o ciudadanos que no tienen nada que ver con la política, como ocurrió con el caso de Carla Estrella y todo lo relacionado con el dato protegido”.

ALERTA POR POSIBLE CENSURA A PERIODISTAS

García Orozco considera que el procedimiento representa un riesgo para la libertad de expresión, pues sostiene que la figura de violencia política en razón de género, creada para sancionar agresiones contra mujeres en el ámbito político, se ha intentado extender para perseguir críticas periodísticas.

El reportero señaló que está de acuerdo con sancionar conductas de acoso y violencia contra mujeres que participan en política, pero rechazó que los cuestionamientos sobre el patrimonio de funcionarios públicos puedan considerarse violencia política de género.

“Yo creo que eso no debe ser violencia política de género, eso es una crítica tan necesaria y justa si queremos vivir en un sistema democrático”, expresó.

También mencionó el caso de la ciudadana Carla Estrella como otro ejemplo de lo que considera una aplicación extensiva de esta figura legal.

El periodista agregó que ha recibido amenazas de muerte, incluso en su teléfono personal, aunque aseguró que no las considera creíbles y que por esa razón no ha solicitado incorporarse al mecanismo de protección para periodistas.

Afirmó que se siente vulnerado por el procedimiento, pero consideró que otros periodistas que investigan desapariciones o trabajan en regiones con presencia del crimen organizado enfrentan riesgos mayores.


CUESTIONA OPACIDAD EN DECLARACIONES PATRIMONIALES

El caso también llevó al periodista a cuestionar la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.

García Orozco señaló que, pese a los cambios institucionales derivados de la reforma de 2018, todavía existen declaraciones de integrantes de fiscalías locales y federales que permanecen ocultas bajo argumentos de seguridad nacional.

Por ello, planteó la necesidad de fortalecer las facultades de la Secretaría de la Función Pública y establecer un comité técnico que determine qué información realmente compromete la seguridad nacional y cuál debe permanecer disponible para consulta pública.

“Lo que realmente le conviene a este país y lo que tiene que terminar sucediendo es que se le dé una especie de dentadura a la Secretaría de la Función Pública”, sostuvo.

BUSCA SENTAR UN PRECEDENTE

Sobre el estado del procedimiento, García Orozco explicó que, después de presentar sus alegatos, detectó en el portal del tribunal un acuerdo mediante el cual, según su interpretación, se pretende devolver el asunto al IEPC para que no llegue a manos del órgano jurisdiccional.

El periodista dijo que todavía no recibía la notificación formal del acuerdo, pero adelantó que actuará jurídicamente cuando esto ocurra, pues considera que el tribunal debe resolver el caso.

Su intención, afirmó, es sentar un precedente que impida utilizar los procedimientos por violencia de cualquier tipo como mecanismos de presión contra quienes investigan y cuestionan a la clase política.

“Yo lo que quiero es sentar un precedente que nos defienda a los periodistas que estamos haciendo periodismo crítico de investigación, para que mañana, gane quien gane, no tengan estas herramientas para ejercer coerción en contra de los periodistas”, concluyó.

Grábelos, oiga

Por: Draco Dracul on sábado, noviembre 07, 2026 / Comentarios: 0 ,

El gobierno, sea federal, estatal o municipal, protege a los suyos. Así sean denunciados por ciudadanos de actos de corrupción, exhibidos en medios de comunicación, e incluso denunciados en narcomantas por criminales a los que burlaron, extorsionaron o robaron.

Lo mismo hacen funcionarios con los ciudadanos, con los hombres y las mujeres de bien que tienen un negocio, un emprendimiento, una propiedad o una empresa. Los supuestos servidores públicos los extorsionan por cualquier tema. Si es municipal, por la oficina de Reglamentos, de Desarrollo Urbano, desde cualquier oficina; si es estatal, lo mismo; y en el Gobierno de la República tampoco quedan a salvo, especialmente en áreas como las Aduanas, las Relaciones Exteriores, las que regulan la naturaleza y la fauna, o cualquier permiso.

En los dos últimos años, como nunca antes, se han escuchado voces de inconformidad, particularmente en Tijuana, pero no privativo a esa ciudad de Baja California: los funcionarios públicos están extorsionando a los ciudadanos que acuden a realizar un trámite. A veces hasta los envían a una oficina externa donde, ya sea un empleado de confianza o un empresario externo, le cobrarán la cuota extraoficial para que el Ayuntamiento les conceda el trámite solicitado. No es una bicoca, las exigencias llegan a los miles y a los cientos de miles de dólares.

Lo mismo han denunciado restauranteros y propietarios de bares. Ya incluso consideran la cuota a los extorsionadores del Ayuntamiento en su presupuesto de operación del negocio. Es paradigmático el caso de los yonqueros. Primero denunciaron el cobro de piso por parte del Cártel Arellano Félix, 650 dólares mensuales, y posteriormente el de los funcionarios del Ayuntamiento, que empezaron cobrándoles la extorsión en pesos, unos cuatro mil al mes, para cambiar a dólares y llegar casi a los 800. En una tercera denuncia, los yonqueros revelaron que había cambiado el método de pago: ya no serían dos extorsionadores los que acudirían mensualmente, sino una sola persona que se encargaría del cobro de piso para el cártel, y la cuota para el Ayuntamiento.

Todo esto es público, y a pesar que la extorsión es un delito que se investiga de oficio, es decir, que no necesariamente debe presentarse una denuncia por parte de las víctimas, la Fiscalía General del Estado de Baja California no está investigando con fines de solicitar órdenes de aprehensión, ni a los narcos que les cobran piso a los yonqueros, ni a los del Ayuntamiento de Tijuana que los extorsionan mensualmente; los primeros amenazan con consecuencias fatales si no les pagan, los segundos con clausurar el negocio con cualquier pretexto.

En las semanas recientes, nos ha tocado, a los reporteros que trabajamos en ZETA, escuchar más historias de corrupción, extorsión y cobro de piso por parte no sólo de cárteles, sino de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, y, por supuesto, por parte de policías y elementos de las Fuerzas Armadas.

Otra constante es el anonimato de las denuncias. Aunque las personas nos lo digan directo, invariablemente nos solicitan no publicar sus nombres, ni el de sus negocios o empresas, por claro temor a represalias. Los narcos, dicen, los pueden matar; los funcionarios, llevarlos a la quiebra con la negativa a entregar permisos o la fiscalización extrema de sus negocios.

La recomendación ha sido que los graben. Que capturen el momento en que están solicitando dinero a nombre del Ayuntamiento en video o en audio, que los graben para exhibirlos. En los últimos días los mexicanos nos hemos dado cuenta de que eso, al final, sí funcionó. El medio Latinus ha exhibido videos diversos que documentaron actos de corrupción protagonizados por la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, varios de sus colaboradores y sus hijos.

Los videos del caso Taddei, que demuestran la podredumbre de la corrupción en la que se sumió al órgano electoral nacional, fueron evidentemente tomados por el corruptor, por el proveedor con el cual la ex consejera presidente del INE estaba cometiendo los actos ilícitos; delitos de corrupción que, de hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador los clasificó como graves, es decir, que son de prisión preventiva oficiosa.

Alfredo Hernández, el empresario del que se trata, no sólo grabó a Guadalupe Taddei mientras la elogiaba o la mimaba; también grabó a sus hijos y los privilegios que les concedió. Ya la frase de “París a tus pies, chamaquito” es tan popular para referir un acto de corrupción como aquella de “cooperas o cuello”, y se la dijo Hernández al hijo de Taddei, cuando lo hospedó y mimó, en la capital de Francia, en un lujoso hotel con una privilegiada vista de la ciudad de la luz.

En otro video, el más fulminante, se escucha a Alfredo Hernández repartirse el botín producto de los contratos “ganados” en el INE, teniendo a la mismísima Taddei sentada en la mesa. En el video, aparentemente grabado con un celular y sin que la exconsejera tuviera conocimiento, en bruscos movimientos del aparato se alcanza a ver la imagen de ella, recargada sobre la mesa, sosteniendo su cara con una mano en el mentón, mientras él le dice cuántos millones le corresponden a ella y cuántos a él.

A raíz de la liberación de los videos, y de la publicación de investigaciones periodísticas en Latinus y Reforma, sobre los contratos entregados por el INE a Alfredo Hernández, y las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, Guadalupe Taddei Zavala renunció. Finalmente la grabación de un acto, bueno, en este caso, varios— de corrupción, funcionó. Hubo una renuncia, hubo un deslinde oficial y se han anunciado investigaciones ministeriales y de la Auditoría.

Aunque el costo ha sido alto, en estos momentos el Instituto Nacional Electoral ha sido manchado desde el oficialismo, en una medida que se podría tomar como estrategia para alegar, en el futuro, un fraude inexistente pero atribuible a una institución corrompida.

La cuestión, por el momento, es que videograbar a los corruptos y corruptores sí está funcionando. No ha sido exitoso, aun, en el caso de los hijos del expresidente, el Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, quienes han sido mencionados en audios grabados y liberados por Latinus, como quienes sostuvieron a un contratista, amigo de ellos y tabasqueño también, quien durante la administración de su padre se enriqueció, y hoy vive en el auto exilio en el extranjero, la última vez en Suiza, donde un periodista de TV Azteca lo localizó, y el empresario, Jorge Olán Amílcar, cambió de país y de residencia.

Así que, a los hombres y a las mujeres empresarios de Baja California, a los desarrolladores de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tecate, San Quintín, San Felipe, cuando los extorsionadores del Ayuntamiento lleguen a pedirles dinero por cualquier pretexto, grábelos, oiga.

Si con el cinismo que caracteriza a la clase política y a los servidores públicos, le dicen que la reunión es sin celular, recuerde que la tecnología ha avanzado tanto, que existen en el mercado adminículos habilitados como sistemas de grabación de audio e imagen que pueden resultar imperceptibles. No los deje ir corruptos, exhíbalos como lo que son.

Por lo menos en el caso Taddei ya hubo consecuencias, y legales. Ahora estamos a la espera del destino de los hijos del expresidente.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/grabelos-oiga/

Vinculan a Erick “N”, elemento de la Guardia Nacional por feminicidio de su pareja en Culiacán, Sinaloa

Por: Draco Dracul on sábado, noviembre 07, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

La víctima fue identificada como Christian Ziboney, elemento activo de la Guardia Nacional y, de acuerdo con los primeros reportes de seguridad, presentaba huellas de asfixia por estrangulamiento

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Erick “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, relacionado con el hallazgo del cuerpo de una mujer ocurrido el pasado 2 de noviembre en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) localizaron y detuvieron al hombre tras las investigaciones realizadas por el caso.

Erick “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

Feminicidio en Culiacán

El pasado lunes 2 de noviembre se reportó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Christian Ziboney, elemento activo de la Guardia Nacional y, de acuerdo con los primeros reportes de seguridad, presentaba huellas de asfixia por estrangulamiento.

Feminicidios en Sinaloa

En el acumulado del año, 113 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, siendo en Mazatlán, donde las cifras de agosto y septiembre suman 24 víctimas, en dos meses consecutivos con el mismo número de casos.

Mazatlán cerró septiembre con 12 asesinatos dolosos de mujeres, misma cifra que se registró en agosto, mientras la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que se revisaron 10 carpetas de investigación tipificadas como feminicidio y que se mantiene coordinación con el gobierno de Sinaloa para impulsar acciones preventivas.

Los casos registrados en el puerto representan casi la mitad de los 26 asesinatos de mujeres contabilizados durante septiembre en el estado, pues de ese total, siete ocurrieron en Escuinapa, seis en Culiacán y uno en Ahome.

En lo que respecta al tema sobre las muertes de mujeres y las medidas para atender esta violencia, Palacios Domínguez señaló que el tema fue abordado durante la revisión de seguridad.

INE de Taddei rechazó propuestas de empresa y 15 días después le adjudicó materiales por hasta 9.2 millones para la elección judicial

Por: Draco Dracul on sábado, noviembre 07, 2026 / Comentarios: 0 ,

El INE redujo de cinco a tres los contratos exigidos para acreditar experiencia y afirmó que la empresa cumplía los requisitos técnicos y económicos, pero los documentos revisados no permiten establecer cómo subsanó cada incumplimiento previo

El Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, adjudicó directamente a GRUMMEC (Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales) la fabricación de materiales para la elección judicial de 2025 por hasta 9 millones 212 mil 989 pesos, 15 después de rechazar sus propuestas por incumplimientos técnicos y documentales.

La contratación ocurre en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en las adjudicaciones del INE. Estos señalamientos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación de oficio y antecedieron a la renuncia de Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre. Parte de las investigaciones se han centrado en empresas proveedoras de materiales electorales vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre ellas Comercializadora JVLY.

GRUMMEC también aparece en una auditoría de la ASF relacionada con una de esas empresas. En esa revisión, que corresponde a un contrato por 63.2 millones de pesos adjudicado por el INE a Comercializadora JVLY, la ASF identificó que JVLY transfirió recursos a Plásticos y Metales MYC, que posteriormente realizó dos transferencias a GRUMMEC por un total de 2 millones 325 mil pesos. La auditoría también documentó que varias inspecciones relacionadas con el contrato de JVLY se llevaron a cabo en un domicilio de Formas Finas y Materiales, otra empresa señalada en las investigaciones sobre las contrataciones del INE durante la gestión de Taddei.

En la contratación de 2025, GRUMMEC recibió el encargo de fabricar forros de cartulina para cubrir las urnas electorales, cintas adhesivas de seguridad utilizadas para sellar las urnas y las cajas de paquetes electorales, así como etiquetas para estas últimas. Aunque el INE había rechazado sus propuestas en la licitación declarada desierta el 24 de marzo, el 8 de abril le adjudicó directamente esos materiales. Para la nueva contratación, el instituto redujo de cinco a tres los contratos exigidos para acreditar experiencia y afirmó que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y económicos, pero los documentos revisados no permiten establecer cómo subsanó cada incumplimiento previo.

¿Por qué fueron rechazadas las propuestas de GRUMMEC?

El instituto exigía que las empresas presentaran al menos cinco contratos completos, formalizados con organismos electorales en los cinco años anteriores, para demostrar experiencia en la fabricación de materiales de la misma naturaleza. En la evaluación de GRUMMEC, el área técnica determinó que la documentación proporcionada no cumplía esa condición.

De acuerdo con los anexos del fallo del 24 de marzo, los contratos presentados por la empresa estaban incompletos, no contenían todos los anexos, apéndices o firmas requeridas, o superaban la antigüedad permitida. El incumplimiento fue identificado en las tres partidas para las que GRUMMEC presentó propuestas. Además, la empresa incumplió otros requisitos específicos en la partida correspondiente a las cintas de seguridad.

En primer lugar, presentó un archivo con el diseño de la caja de empaque de las cintas, pero no incluyó el diseño técnico acotado de las propias cintas, como lo establecía la convocatoria. Estas cintas adhesivas, identificadas con el emblema del INE, se utilizaban para sellar las urnas una vez llenas y proteger las boletas electorales de posibles manipulaciones. En segundo lugar, el INE determinó que las muestras físicas tenían un espesor inferior al solicitado. El reporte técnico elaborado con acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México registró un calibre de 0.020 milímetros, frente a la especificación de 0.025 milímetros, con una tolerancia de ±0.002 milímetros.

La evaluación de los requisitos administrativos estuvo a cargo de Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, y fue avalada por Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios. La evaluación técnica correspondió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, encabezada por Daniel Eduardo Flores Góngora.

El documento también señala que, al momento de emitir el fallo, GRUMMEC y Avar Foam no aparecían como empresas inhabilitadas o sancionadas en los registros consultados por el INE. Su exclusión del procedimiento obedeció a incumplimientos de las propuestas técnicas, no a una prohibición general para contratar con instituciones públicas.

¿Por cuánto y bajo qué condiciones fue contratada después?

El contrato INE/019/2025 fija un monto mínimo de 7 millones 677 mil 476 pesos y un máximo de 9 millones 212 mil 989 pesos, para adquirir cintas, forros y los dos tipos de etiquetas. Su vigencia va del 8 de abril al 31 de diciembre de 2025, con precios unitarios fijos y sin anticipos.

La cantidad mínima contratada coincide con las 688 mil 532 piezas registradas en el informe de producción de abril. El máximo es de 826 mil 240 piezas. El contrato establece el pago a la entrega de la totalidad de los bienes, previa validación del administrador, y exige una garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto máximo sin IVA.

La excepción a la licitación fue aprobada mediante el acuerdo 1 de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, celebrada el 7 y 8 de abril, según la declaración I.2 del contrato. La adjudicación se notificó a GRUMMEC el 8 de abril.

El INE fundamentó la contratación en las fracciones II y IV del artículo 50 de su Reglamento de Adquisiciones, relativas a supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten sus actividades o impidan obtener los bienes mediante licitación en el tiempo requerido. La fracción VI, específica para licitaciones desiertas y que exige conservar los requisitos cuyo incumplimiento afectó la solvencia de las propuestas, no figura entre las invocadas.

Por el INE suscribieron el contrato Amaranta Arroyo Ortiz, como apoderada legal; Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios; Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de Organización Electoral y del área requirente, y Daniel Eduardo Flores Góngora, director de Estadística y Documentación Electoral y administrador del contrato. Este último quedó encargado de vigilar el cumplimiento, evaluar al proveedor y validar los pagos.

Qué cambió en los requisitos y qué explicación existe

La comparación de los documentos muestra un cambio en la acreditación de experiencia. Mientras la licitación exigía al menos cinco contratos completos, los anexos técnicos de la adjudicación directa pidieron tres para forros, cintas y etiquetas. Se mantuvo la exigencia de que estuvieran completos, tuvieran una antigüedad no mayor a cinco años y acreditaran la fabricación de materiales de la misma naturaleza.

Para las cintas se mantuvo la obligación de presentar el diseño conceptual acotado y el calibre de 25 micras, equivalente a 0.025 milímetros, con tolerancia de dos micras. El anexo fijó el 28 de marzo para entregar tres muestras de cinta y una de su caja de empaque, y contempló pruebas de espesor, adherencia, diseño e impresión. También exigió nuevas muestras después de la adjudicación, sujetas al visto bueno del personal designado por el administrador antes de iniciar la producción.

El contrato incorpora la propuesta técnica de GRUMMEC fechada el 28 de marzo, con las especificaciones y cartas compromiso sobre contenido nacional, pruebas de laboratorio, plazos, calidad e infraestructura. Su inclusión permite conocer lo que la empresa ofreció, pero no demuestra por sí misma qué contratos completos entregó para acreditar experiencia, si presentó las muestras requeridas ni los resultados de las mediciones de su espesor.

La notificación de adjudicación, suscrita por Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, afirma que GRUMMEC cumplía los requerimientos técnicos y económicos de Organización Electoral. A su vez, el contrato atribuye la evaluación de la cotización técnica al área requirente y su Anexo Único está firmado por Flores Góngora y el representante de la empresa, Agustín Báez Ortega. 

Los documentos revisados permiten identificar el monto, el fundamento citado, la aprobación del comité y los responsables contractuales, pero no reconstruir cómo se subsanó cada deficiencia. 

Animal Político consultó al INE y a GRUMMEC para conocer su postura sobre la adjudicación directa del contrato. Al cierre de esta edición, GRUMMEC no había respondido, mientras que el INE indicó que la información solicitada debía requerirse mediante una solicitud de transparencia, sin ofrecer una respuesta a los cuestionamientos planteados.

Las observaciones de la ASF

El 7 de marzo de 2024, el INE formalizó con Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., el contrato INE/011/2024, por 63 millones 241 mil 392 pesos, IVA incluido. El objeto del contrato era imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro para la capacitación electoral del proceso federal 2023-2024, con vigencia del 21 de febrero al 30 de junio.

La ASF identificó que Comercializadora JVLY había celebrado un contrato de asociación en participación mercantil con Plásticos y Metales MYC, el 5 de diciembre de 2023. Según esa documentación, Plásticos y Metales MYC realizaría trabajos de producción de materiales electorales. 

La ASF también señaló que Plásticos y Metales MYC había reportado una operación comercial por 4.1 millones de pesos, IVA incluido, con una empresa identificada como GRUMMEC Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales, S.A. de C.V., por la producción de blísteres para canceles electorales. Además, también rastreó los movimientos bancarios relacionados con el contrato de Comercializadora JVLY, utilizando información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El informe documenta que el INE depositó a JVLY los 63.2 millones de pesos el 31 de diciembre de 2024, mediante dos transferencias bancarias. Posteriormente, entre el 31 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, la compañía transfirió los recursos a nueve personas morales y una persona física. Entre las receptoras estaba Plásticos y Metales MYC, que recibió 6 millones 393 mil 900 pesos.

Al seguir los movimientos bancarios de Plásticos y Metales MYC, la ASF identificó dos transferencias a GRUMMEC: una por 2 millones de pesos y otra por 325 mil pesos. En conjunto, los movimientos expresamente identificados hacia GRUMMEC suman 2 millones 325 mil pesos.

La revisión de la ASF identificó problemas en la documentación del servicio contratado a Comercializadora JVLY. Entre ellos, diferencias entre las cantidades de materiales reportadas como entregadas a las juntas locales y distritales del INE, documentación incompleta sobre su distribución y falta de elementos para acreditar los costos, gastos y personal utilizados por el proveedor.

También encontró discrepancias en la documentación de Plásticos y Metales MYC, incluidos comprobantes fiscales que no describían los productos suministrados y remisiones de entrega cuyas cantidades no coincidían con las establecidas en los documentos contractuales. Asimismo, la ASF determinó que los recursos depositados a Comercializadora JVLY fueron transferidos a terceros sin que pudiera verificar la relación de diversas operaciones con la prestación de los servicios pagados por el INE.

Por esos motivos, la auditoría emitió el Pliego de Observaciones 2024-0-22100-23-0230-06-001, en el que estableció un probable daño o perjuicio al patrimonio público por 63 millones 241 mil 392.14 pesos, sujeto al procedimiento de aclaración y seguimiento correspondiente.

Las observaciones preliminares fueron notificadas al INE en noviembre de 2025 y la institución presentó documentación y argumentos para intentar aclararlas. Sin embargo, la ASF consideró que distintas observaciones permanecían sin solventar después de analizar la respuesta.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRASUA ESQUERRA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/ine-taddei-adjudicacion-empresa-grummec
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