Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

México presentará denuncia por muerte de mexicano bajo custodia del ICE; van 18 casos

La Cancillería mexicana activó sus protocolos de protección, contactó a la familia y solicitó una investigación a las autoridades estadounidenses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este lunes que México presentará una denuncia en Estados Unidos (EU) por la reciente muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
"El día de ayer falleció otro connacional en un centro de detención. Ayer mismo estuvo Roberto [Velasco Álvarez] en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos", dijo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que el compatriota fue detenido en junio, y que la familia reportó a las autoridades mexicanas que "él sufría de diabetes e hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos".

Por ello, adelantó, se reforzarán los trabajos en los consulados, con el objetivo de que, "en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior y particularmente de aquellos que son detenidos".

Sheinbaum aseguró que las y los migrantes mexicanos "son héroes y heroínas porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, a buscar una vida mejor y a apoyar a sus familias". Sin embargo, destacó que también "ayudan mucho a la economía de los Estados Unidos". "Entonces siempre nuestra solidaridad, nuestro cariño", agregó.


Durante su conferencia de prensa matutina, aprovechó para reiterar la postura del Gobierno federal "en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos".
"En México, en el Gobierno de México, en la Presidenta siempre van a tener una aliada. Nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior", concluyó la Jefa del Poder Ejecutivo.
SRE exige esclarecer muerte de mexicano bajo custodia del ICE en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió ayer a las autoridades de EU esclarecer la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en Laredo, Texas, un caso que eleva a 18 la cifra de connacionales fallecidos en esta circunstancia o en operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.

El connacional se encontraba en el centro de procesamiento Río Grande, donde la oficina local del ICE notificó su fallecimiento al Consulado General de México en Laredo, anunció la Cancillería en un boletín.

Tras conocer los hechos, la SRE activó los protocolos de protección, estableció comunicación con los familiares y les brindó asistencia consular. También solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación que permita conocer las causas de la muerte.

La SRE pidió una indagatoria "pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes".


México denunciará caso ante Fiscal del condado Webb
La Cancillería manifestó su preocupación por la recurrencia de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria o durante operativos en EU y advirtió que la cifra de 18 fallecimientos desde el 20 de enero de 2025 "exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes".

Como parte de las acciones para atender estos casos, el Gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas al Departamento de Estado, presentado denuncias ante las autoridades competentes y gestionando que las familias tengan acceso a representación legal.

La dependencia federal también compartió que enviará una denuncia al Fiscal del condado Webb para solicitar el esclarecimiento de este fallecimiento. Además, "por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos, se solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de las personas mexicanas".

La SRE expuso que el objetivo es que el personal consular pueda cumplir con sus funciones de protección y exigir que las personas mexicanas detenidas reciban atención médica adecuada, por lo que insistió en que continuará con las acciones diplomáticas y jurídicas para proteger sus derechos.
"El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional, y reitera su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior", finalizó.

No hay pruebas de que Maru supo de la CIA: Sheinbaum. “Operativo fue irresponsable”

Antes de atender el procedimiento federal por Traición a la Patria, las autoridades deberán resolver la situación jurídica del exfiscal en el fuero estatal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó de “irresponsable” el operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, Chihuahua, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuya intervención habría sido permitida por el exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno.
“Ahora que la responsabilidad recae en el Fiscal, o el exfiscal, de ese momento, pues, la verdad fue muy irresponsable, por decir lo menos. No solamente por haber permitido la participación en contra de la Ley, de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina.
Sheinbaum cuestionó que el operativo se realizara durante la madrugada y señaló que los elementos estadounidenses no tenían atribuciones para participar en una intervención de ese tipo. Además, recordó que éstos murieron durante los hechos, una pérdida que calificó de lamentable, independientemente de que se tratara de agentes extranjeros.

“Entonces fue un operativo muy irresponsable, además de que estaban violando la Ley, porque no informaron y además no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, sostuvo.


La Presidenta también explicó que la primera orden de aprehensión y la carpeta de investigación surgieron de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. No obstante, de acuerdo con la información que le proporcionó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ambas instituciones trabajaron de manera coordinada posterior a ello.

Más adelante, señaló que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la responsabilidad directa del operativo recaería en el entonces Fiscal estatal, y aseguró que, hasta donde ella tiene conocimiento, no hay pruebas que involucren directamente a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.
"De la investigación que tiene la Fiscalía, pues, finalmente, el responsable directo es el Fiscal [...]. No tienen, hasta donde yo sé, y si no, que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la Gobernadora", indicó.
Finalmente, la Jefa del Ejecutivo mencionó que existen otras investigaciones contra Jáuregui por asuntos y delitos distintos al caso del laboratorio clandestino.

Chihuahua reanuda el jueves audiencia contra Jáuregui

César Gustavo Jáuregui Moreno fue detenido por la FGR minutos después de concluir la audiencia en la que un Juez de control estatal descartó imponerle prisión preventiva. El próximo jueves 22 de octubre ésta se reanudará para determinar si es vinculado o no a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía chihuahuense.

Como parte de las medidas cautelares dictadas por el juzgador, Jáuregui deberá presentarse una vez al mes ante el Tribunal para firmar, abstenerse de salir del país sin autorización judicial y evitar cualquier acercamiento o comunicación con los testigos relacionados con el caso. Además, se ordenó el resguardo de su pasaporte y visa.

A través de un video publicado en redes sociales, el Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que, luego de formular la imputación e incorporar los antecedentes de investigación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.


Ante dicha petición, la Fiscalía argumentó que existía riesgo de fuga por las relaciones de Jáuregui en el extranjero y advirtió que sus antiguos vínculos con personal de la propia institución podrían permitirle obstaculizar las investigaciones.

La defensa rechazó los señalamientos y sostuvo que no había elementos objetivos suficientes para justificar la prisión preventiva. Asimismo, manifestó la disposición del exfuncionario para enfrentar el procedimiento y cumplir con las medidas cautelares que determinara el Juez.

Al resolver la controversia, el juzgador consideró que la prisión preventiva resultaba excesiva y que las restricciones impuestas eran proporcionales para asegurar la presencia del exfiscal durante el proceso y prevenir cualquier interferencia en la investigación.


Exfiscal de Chihuahua está bajo custodia federal

Loya Chávez informó que, minutos después de concluir la audiencia estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal contra Jáuregui, quien quedó bajo custodia de dichas autoridades.
“El proceso en Chihuahua sigue su curso. Sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República [FGR] cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J.M. [...]. Se trata de un proceso distinto”, señaló el funcionario.
El procedimiento federal corresponde al delito de Traición a la Patria y es independiente de la causa que se sigue contra el exfiscal en Chihuahua por por los presuntos ilícitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Una vez que se resuelva su situación jurídica en el fuero estatal, se atenderá la audiencia correspondiente al proceso federal.

La defensa adelantó que notificará al Juez federal sobre el procedimiento penal que enfrenta Jáuregui en Chihuahua, a fin de que esta circunstancia sea considerada en las decisiones relacionadas con su situación jurídica.

'No es un tema salarial': trabajadores del IMSS exigen más presupuesto, personal e insumos

Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pidió la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos y la convocatoria a un congreso extraordinario

Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de trabajadores disidentes del IMSS, afirmó que las movilizaciones que realizan empleados del instituto tienen como principal demanda mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los derechohabientes y no el incremento salarial.

“El motivo principal de nuestras manifestaciones es que estamos peleando por el derecho a la salud de los derechohabientes. El IMSS requiere el doble de presupuesto. Dinamarca tiene seis camas por mil habitantes, nosotros una”, sostuvo en entrevista con Aristegui en Vivo.

Soto Cruz señaló que el instituto también enfrenta una brecha en el número de especialistas, pues cuenta con uno por cada mil derechohabientes, frente a 3.5 en Dinamarca. “No queremos ser Dinamarca, queremos ser México y queremos pelear por la salud de los trabajadores de México”, afirmó.

Explicó que las primeras movilizaciones recientes surgieron en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde, según relató, había falta de personal, insumos y otros elementos necesarios para realizar las labores. Señaló que a partir de esa protesta fueron concedidas 53 plazas y llegaron insumos, lo que motivó a trabajadores de otros hospitales y estados a sumarse a las manifestaciones.

El enfermero sostuvo que posteriormente se incorporó el conflicto por el incremento salarial acordado entre la dirigencia sindical y la representación patronal. De acuerdo con Soto Cruz, el aumento anunciado como de 9 por ciento representó en realidad menos de 2.9 por ciento al tabulador. También señaló que el movimiento exige una revisión nacional de las plantillas e insumos, así como un canal de diálogo directo con el gobierno.

“No es un tema salarial, sí queremos dejarle muy claro a nuestra a la población, es un tema de de la salud de los mexicanos y de del sistema de seguridad para los para los trabajadores de todo el país”, dijo.


Sobre la consulta mediante la cual los trabajadores rechazaron el acuerdo salarial, Soto Cruz afirmó que ésta no fue una concesión de la dirigencia sindical, sino un procedimiento establecido por la reforma laboral. Aseguró que el ofrecimiento fue rechazado en una proporción de 20 votos contra uno.

Cuestionó además a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a la que calificó de “sindicato charro”, y acusó que no representa los intereses de los trabajadores. Entre sus principales exigencias mencionó la destitución del secretario general, Rafael Olivos, y la convocatoria a un congreso extraordinario.

El enfermero también cuestionó los planteamientos para modernizar el sistema de salud mediante personal especializado en ciencia de datos y una reducción de la burocracia. Consideró que el IMSS requiere principalmente mayor presupuesto, médicos, enfermeras y medicamentos, además de combatir prácticas de corrupción dentro de la institución y del ámbito sindical.

“Lo que le requiere es el doble de presupuesto lo que le requiere son médicos enfermeros este medicamentos y limpiar de corrupción la institución la parte institucional y la parte sindical”, señaló.

Rechazó que las visitas de funcionarios a las unidades médicas constituyan un canal suficiente de diálogo con los trabajadores y pidió un encuentro directo con quienes se encuentran en las áreas operativas. Afirmó que el movimiento mantiene abierta la convocatoria al diálogo, pero advirtió que continuará con las movilizaciones hasta lograr la salida de Rafael Olivos y la realización de un congreso extraordinario.

“A lo mejor podemos negociar menos que el diez por ciento al tabulador en el salario, pero no la renuncia de Rafael Olivos”, sostuvo.

También se refirió al reportaje de El Sol de México sobre la salida de especialistas del sistema público de salud. Entre enero de 2020 y agosto de 2026, 8 mil 926 especialistas presentaron su renuncia al IMSS y mil 211 al ISSSTE, para un total de 10 mil 137. Entre las especialidades con mayor número de renuncias se mencionaron medicina interna, anestesiología, urgencias y ginecobstetricia.

Soto Cruz relacionó estas salidas con la presión laboral, las condiciones de trabajo y los ingresos. “Es la la presión laboral, el ‘trabaja con lo que hay, y cállate’. Queremos calidad, calidez, eficiencia, eficacia, y pero no queremos más plantillas, no queremos más médicos, no queremos más especialistas”, afirmó.

El enfermero recordó que los trabajadores del Seguro Social que ingresaron después de las modificaciones realizadas desde 2007 ya no cuentan con el antiguo régimen de jubilaciones y pensiones. Aseguró que bajo este esquema un trabajador que perciba 10 mil pesos mensuales podría retirarse con alrededor de una cuarta parte de ese ingreso.

También denunció condiciones de presión laboral y restricciones a la actividad sindical. Dijo que lleva siete años sin derechos sindicales y que previamente fue rescindido, según su relato, por denunciar presuntos actos de corrupción en el Hospital de Cardiología.

Sostuvo que las necesidades no se limitan a salarios, sino que abarcan insumos, infraestructura y especialistas, particularmente en zonas rurales. Mencionó los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo y llamó a los trabajadores de otras entidades a continuar con las movilizaciones. “Necesitamos insumos, infraestructura, especialistas en las zonas rurales”, señaló.

El trabajador informó que el próximo 21 de octubre habrá una nueva movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con una convocatoria a las 15:00 horas para trabajadores de la Ciudad de México y el Estado de México. También llamó a replicar las protestas en otras entidades y afirmó que el movimiento no abandonará los edificios que ya ocupa y que podría tomar más instalaciones. Aseguró que las movilizaciones continuarán hasta que sean atendidas sus demandas.

CSP descarta salida de Robledo del IMSS, pese a conflicto salarial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 19 de octubre de 2026, que no está en duda la permanencia de Zoé Alejandro Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese al conflicto laboral que enfrenta la institución luego de que los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento salarial. Lo dijo en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“En este momento, no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse”, respondió la mandataria nacional al ser cuestionada respecto a la continuidad del funcionario.

La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que Robledo Aburto debe concentrarse en resolver las inconformidades de los empleados, quienes preparan nuevas movilizaciones para exigir mejoras salariales, laborales y operativas en hospitales y unidades médicas.

Sheinbaum Pardo explicó que instruyó al funcionario a elaborar una nueva oferta de aumento salarial y prestaciones, acompañada de medidas para atender las deficiencias denunciadas por el personal. El planteamiento se formula después de que la mayoría de los trabajadores que participaron en una consulta sindical rechazó el acuerdo aprobado previamente por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Lo que yo le comenté a Zoé es, en el marco de los recursos que tiene el IMSS, porque no se puede hacer una propuesta que no corresponde a los recursos que tiene, haz una nueva propuesta de aumento salarial con las prestaciones y al mismo tiempo preséntale a las y los trabajadores la manera en que se van a atender las distintas problemáticas que fueron manifestadas”, explicó.

La presidenta de la República señaló que la propuesta original representaba un incremento aproximado de 5.1 por ciento en los ingresos de los trabajadores, distribuido entre el salario tabular y prestaciones adicionales. El IMSS había informado que el aumento sometido a consulta era de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

La mandataria nacional anunció que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar los recursos disponibles y determinar hasta dónde puede mejorarse la oferta económica, y descartó comprometer recursos que no estén disponibles.

“Vamos a tener una reunión con Secretaría de Hacienda porque Hacienda, aunque los recursos son propios del IMSS, pues también tiene que participar en las finanzas públicas, en general del sector público, y se va a hacer la mejor propuesta posible”, indicó.

Sheinbaum Pardo reconoció que existen deficiencias en el funcionamiento del Instituto, aunque sostuvo que las movilizaciones registradas no representan a la totalidad de sus trabajadores. Vinculó parte de los problemas de atención médica con procesos administrativos que consideró obsoletos, en particular en la distribución de medicamentos y el funcionamiento de almacenes, donde todavía existen trámites que deben realizarse mediante oficios.

Respecto a la exigencia de destituir al dirigente sindical, la presidenta de la República afirmó que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a los trabajadores y no al Gobierno Federal. “Eso es un asunto sindical, eso no lo decide la Presidenta”, declaró.

El Gobierno Federal buscará digitalizar esos procedimientos con apoyo de ingenieros mexicanos y egresados de instituciones públicas, sin contratar empresas privadas para desarrollar los sistemas. Robledo Aburto mantiene mesas de trabajo con el SNTSS para construir una propuesta que incluya las remuneraciones y las condiciones laborales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.

Segunda marcha por agua limpia en Guadalajara termina en violencia

Manifestantes pacíficos confrontaron a grupos encapuchados que desvirtuaron la movilización. Sujetos embozados provocaron incendios y severos daños materiales en sedes de los tres poderes. La policía estatal replegó su presencia en las calles tras cuestionamientos por abusos anteriores

La segunda megamanifestación ciudadana convocada para exigir la mejora en la calidad y claridad del agua potable en la zona metropolitana derivó en una extensa jornada de violencia y destrozos materiales en el centro histórico de la capital jalisciense.

La movilización partió al mediodía del domingo desde las instalaciones del Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, integrada inicialmente por contingentes de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidad que marchaban de forma pacífica para demandar agua limpia e investigaciones sobre las detenciones registradas la semana previa.

Durante el trayecto inicial, los propios ciudadanos detectaron la presencia de grupos de personas embozadas que portaban palos, bates, martillos y artefactos pirotécnicos.

Para evitar conatos de enfrentamiento y resguardar la seguridad física de los asistentes, los manifestantes enfrentaron verbalmente a los encapuchados al grito unánime de “fuera encapuchados”, obligándolos a separarse de la vanguardia del contingente y pausando momentáneamente el avance sobre el cruce estratégico de las avenidas Federalismo y 8 de Julio.

Pese a las acciones de prevención social e inhibición emprendidas por los organizadores para preservar el carácter estrictamente cívico de la marcha, conforme avanzó la tarde los bloques de ciudadanos comenzaron a retirarse del primer cuadro, situación que fue aprovechada por un grupo de aproximadamente trescientas personas embozadas para apoderarse de las inmediaciones de la Plaza de Armas y del edificio del Ejecutivo estatal.

Los manifestantes violentos arrojaron globos con pintura, objetos diversos, huevos, jitomates y botellas de vidrio contra las ventanas y vitrales de la fachada institucional, derribaron las vallas metálicas para golpear los portones principales de acceso, rompieron luminarias exteriores y destruyeron cámaras del sistema de videovigilancia.

La violencia se extendió posteriormente hacia las sedes del Congreso del Estado de Jalisco y del Poder Judicial, inmuebles contra los cuales los embozados lanzaron petardos, barrenos y bombas molotov que provocaron incendios en las estructuras de madera de las entradas institucionales.

Además de las afectaciones causadas en las dependencias públicas, se registraron daños en comercios privados del centro urbano, cristales rotos en establecimientos mercantiles adyacentes y el saqueo directo a una tienda de artículos deportivos, hechos que motivaron al sistema de transporte colectivo SITEUR a cerrar de forma preventiva los accesos a las estaciones subterráneas de Guadalajara Centro y Plaza Universidad.

Frente al incremento de los actos vandálicos, la fuerza pública mantuvo un repliegue preventivo durante la mayor parte de la jornada.

La ausencia de vallas de contención y de elementos policiales en las vialidades respondió a un ajuste en la estrategia operativa del gobierno estatal para evitar choques con la población, tras los severos cuestionamientos sociales y las indagatorias administrativas abiertas por abusos de autoridad cometidos durante la protesta del pasado 11 de octubre.

Las corporaciones de seguridad únicamente intervinieron hacia el final de los disturbios cuando el fuego amenazó con consumir los accesos del Poder Legislativo y Judicial, momento en que elementos policiales y bomberos sofocaron los incendios.

En dicha acción final, agentes capturaron a cinco hombres a bordo de una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior transportaban bidones con gasolina y artefactos incendiarios.

Los hechos de violencia concluyeron poco antes de la once de la noche cuando los encapuchados abandonaron la zona.


FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/segunda-marcha-por-agua-limpia-en-guadalajara-termina-en-violencia/

Trump pidió participar en producción de petróleo, pero le dije que no se puede: CSP

La mandataria expuso que México fortalecerá su producción de gas natural, mientras que la participación de EU en el sector petrolero seguirá sujeta al marco jurídico nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló que su homólogo Donald Trump le ha solicitado durante sus conversaciones telefónicas que incremente las compras de gas natural estadounidense. Sin embargo, la mandataria mexicana explicó que ha rechazado la propuesta, dado que el país tiene previsto aumentar la extracción de este combustible en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, también expuso que el líder republicano ha manifestado interés en que empresas de su país intervengan en la producción de petróleo en México. Al respecto, sostuvo que existen restricciones constitucionales y legales que impiden otorgar derechos sobre los hidrocarburos, aunque aclaró que las compañías estadounidenses pueden ampliar su participación mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo, y en todos los casos hemos sido claros. Le he dicho: ‘A ver, Presidente Trump, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes. Entonces aquí no se pueden dar derechos de petróleo’”, afirmó la Presidenta.


En este contexto, recordó que empresas estadounidenses han participado durante décadas en actividades de la industria petrolera mexicana como contratistas de Pemex, por lo que esa vía permitiría ampliar su intervención sin modificar el marco jurídico que regula al sector energético nacional.

Trump no condiciona el T-MEC a entrega de "narcopolíticos"

La Jefa del Ejecutivo negó que el inquilino de la Casa Blanca condicione la negociación de un acuerdo comercial con México a la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico o a acciones contra la corrupción. Además, aclaró que el mandatario no ha utilizado el término “narcopolíticos” durante sus conversaciones telefónicas.
“Nada de eso, nada de eso. Y, además, ¿Cuáles narcopolíticos? No, no, nada de eso”, respondió al ser cuestionada sobre el tema.
Por otro lado, reconoció que Trump sí le ha expresado que existen zonas del territorio mexicano controladas por organizaciones criminales, afirmación que ha rechazado directamente. Según relató, le ha respondido que dicha situación no corresponde a la realidad del país y le ha expuesto los resultados de su estrategia de seguridad.
"Pues, no es cierto, Presidente. Es más, pues mire, los resultados que tenemos. Se ha reducido en 60 y tantos por ciento el cruce de fentanilo, redujimos a la mitad el número de homicidios. Varios resultados que se han dado en materia de seguridad. Si eso fuera cierto, pues no tendríamos, obviamente, estos resultados" manifestó.
La mandataria atribuyó parte de las declaraciones sobre México al contexto electoral del país vecino y sostuvo que se trata de opiniones de Estados Unidos. Por ello, pidió nuevamente que la Nación no sea utilizada como tema de campaña política.

El exfiscal de Chihuahua ingresa al Altiplano; FGR lo acusa de Traición a la Patria

La detención ocurrió después de una audiencia en Chihuahua, cuya resolución que le había permitido seguir el proceso en libertad

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal General de Chihuahua, ingresó este lunes al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), donde quedará a disposición de una Jueza federal por el delito de Traición a la Patria, derivado de su presunta responsabilidad en el operativo contra un narcolaboratorio que contó con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

La detención ocurrió anoche, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra el exfuncionario al concluir una audiencia en territorio chihuahuense, donde un Juez determinó que podía enfrentar en libertad el proceso estatal por ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con medios locales, Jáuregui fue llevado primero a las instalaciones de la FGR en Chihuahua y posteriormente trasladado al Estado de México. Su arribo al penal del Altiplano se reportó alrededor de las 07:30 horas.

El abogado del exfiscal, Héctor Villasana Ramírez, explicó que la resolución del Juez estatal corresponde a una causa penal distinta de la investigación federal. Por ello, las medidas cautelares que le permitieron continuar en libertad en el proceso local no impidieron que se ejecutara la orden de aprehensión emitida por la otra autoridad.

Exfiscal enfrenta dos procesos judiciales

César Jáuregui enfrenta dos procedimientos penales distintos. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado lo acusa de presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que en el fuero federal la Fiscalía General de la República lo investiga por el probable delito de Traición a la Patria.

En la causa estatal, un Juez de control determinó que el exfiscal podía enfrentar el proceso en libertad y descartó imponerle prisión preventiva. Como parte de las medidas cautelares, ordenó que se presente una vez al mes ante el Tribunal, que no salga del país sin autorización judicial y que evite cualquier acercamiento o comunicación con los testigos relacionados con el caso. También dispuso el resguardo de su pasaporte y visa.


El Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que, después de que el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los antecedentes de investigación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Por ello, la audiencia se reanudará el jueves 22 de octubre, cuando el juzgador determinará si existen elementos para vincularlo o no a proceso.

Por otro lado, la orden federal fue emitida el sábado 17 de octubre y está relacionada con la investigación por el probable delito de traición a la patria. Por esta causa, el exfiscal fue trasladado al Estado de México, donde deberá comparecer ante la autoridad correspondiente para conocer los cargos y continuar con el proceso.

CNDH exhibe falta de cooperación de CEDHJ: "No ha entregado expediente sobre abusos"

Tras cinco días de diligencias, el organismo nacional cuestionó que la comisión estatal no entregara información relevante

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de no cooperar en la investigación sobre las presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la represión de manifestantes en Guadalajara, durante las protestas por el agua limpia, y exigió esclarecer el papel de los presuntos infiltrados que participaron en las movilizaciones del 11 y 18 de octubre.

Al concluir cinco días de diligencias en Jalisco, la CNDH informó que su homóloga estatal no respondió la solicitud de reunión que le formuló ni entregó el expediente relacionado con los acontecimientos. La omisión contrasta con las declaraciones oficiales según las cuales el Gobierno estatal y la CEDHJ realizan investigaciones conjuntas y colaboran con el organismo nacional.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional advirtió que la documentación solicitada es relevante para determinar las responsabilidades correspondientes, pues personal de la CEDHJ estuvo presente tanto durante las detenciones registradas en las protestas como en las retenciones ocurridas en Casa Jalisco el 11 de octubre.


El expediente también permitiría conocer las evidencias recabadas por el organismo estatal, su intervención ante las denuncias de posibles actos de tortura y la identificación de los policías que habrían participado en esas agresiones y en el operativo.
"La falta de respuesta y de remisión del expediente no ha sido obstáculo para que la CNDH avance en su trabajo; pero es un elemento que deberá ser tomado en cuenta en el análisis de los hechos y en las conclusiones a las que finalmente se llegue", explica el documento.
CNDH pide esclarecer papel de “infiltrados”

En su comunicado DGDDH/114/2026, emitido este lunes, la CNDH también advirtió sobre la importancia de investigar la presencia y actuación de los presuntos infiltrados durante ambas manifestaciones, ante las sospechas de que su participación pudiera estar relacionada con los escenarios de represión denunciados.

En este sentido, recordó que la protesta realizada ayer incluso se suspendió de manera temporal debido a la presencia de un grupo numeroso de personas a quienes los propios manifestantes identificaron como posibles infiltrados. Dichas personas, de acuerdo con el documento, lanzaron petardos contra los asistentes que avanzaban de manera pacífica.
"Se tuvo conocimiento de que una pareja de personas señaladas por los manifestantes como presuntos infiltrados fue entregada por estos a elementos policiales. Esta actuación fue acompañada por personal de la CEDHJ, que realizó la grabación y documentación del procedimiento, en contraste con la actuación de dicho organismo durante los hechos ocurridos el día 11 en Casa Jalisco", indica el documento.
Por su parte, la Comisión Nacional registró la presencia de pequeños grupos de policías federales y municipales, además de elementos antimotines desplegados en las calles aledañas. No obstante, según su observación, estos últimos portaban un equipo de armamento considerable, carecían de identificación visible y, en muchos casos, tampoco llevaban insignias que permitieran reconocer a la corporación a la que pertenecían.

Cabe destacar que, durante la movilización, personal de la CNDH la coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Jalisco, para darle seguimiento y monitorear su desarrollo.

Investigan detenciones y posibles actos de tortura

Respecto a los disturbios del 18 de octubre y las cinco detenciones posteriores, la CNDH indicó que, al cierre de sus diligencias, no tenía conocimiento de denuncias presentadas por familiares u organizaciones, ni de que las detenciones hubieran sido calificadas como injustas.
"Este escenario levanta suspicacias y será objeto de una amplia investigación", advirtió en el comunicado.
En ese sentido, recordó que la presencia de infiltrados forma parte de escenarios de represión y sostuvo que también hubo personas con esas características durante los acontecimientos de la semana pasada.


"Si bien elementos infiltrados también hicieron presencia en los hechos del 11 de octubre, según declaraciones oficiales fueron 'ajenos' a los operativos, a pesar de que se ha acreditado que estaban coordinados directamente con las autoridades policiales", resaltó.
Derivado de ello, reiteró que la información que mantiene la CEDHJ podría contribuir a reconstruir los operativos, conocer su intervención ante las denuncias de tortura y establecer quiénes participaron en las agresiones señaladas por los manifestantes.

Pese a la falta de cooperación, la CNDH sostuvo que continuará trabajando en los próximos días para esclarecer las violaciones a Derechos Humanos denunciadas y dar seguimiento a la defensa de las personas procesadas, así como a la determinación de responsabilidades.

Defensa de César Jáuregui confirma participación de la Sedena en operativo en Chihuahua

El abogado Héctor Villasana afirmó que corresponde al Ministerio Público acreditar cómo las acciones atribuidas al exfiscal habrían puesto en riesgo la soberanía, independencia o integridad de México

La defensa de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua y quien enfrenta un proceso estatal y uno federal -traición a la patria- por la presencia de cuatro agentes estadounidenses en un operativo en la entidad, sostuvo que no existe un dato de prueba que demuestre que el exfuncionario ordenó, autorizó o conoció la participación del personal de la CIA.

Sobre el proceso estatal, Héctor Villasana Ramírez, abogado de Jáuregui Moreno, afirmó en Aristegui en Vivo que la unidad creada por la Fiscalía estatal para investigar los hechos no tenía facultades para indagar delitos cometidos por funcionarios públicos. Según el litigante, la instancia competente era la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua.

El abogado también sostuvo que deben determinarse las responsabilidades de los mandos que estuvieron a cargo del operativo, pues el cargo de fiscal general que ocupaba Jáuregui Moreno no implicaba responsabilidad directa sobre la ejecución de las acciones. “De ninguna manera es responsable del operativo en sí mismo”, afirmó.

El abogado explicó que Jáuregui Moreno tenía conocimiento de que se realizaría un operativo para buscar posibles generadores de violencia en la zona. “Lo que mi representado no conoce, y eso es por elemental competencia y lógica, son los mecanismos del operativo: cuántos agentes, cuántas camionetas, cuántas armas, el despliegue operativo”, afirmó.

Sin embargo, explicó que la responsabilidad operativa correspondía al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió en un accidente automovilístico tras el despliegue. Dijo que tenía entre sus atribuciones diseñar la estrategia para ejecutar una orden y realizar la intervención del sitio donde fue localizado un laboratorio.

Villasana Ramírez señaló que la defensa tuvo acceso a alrededor de 50 antecedentes de investigación y declaraciones de personas que participaron en el operativo. De acuerdo con esos testimonios, quien organizó, solicitó y planeó las acciones fue Oseguera Cervantes.

“Todas las declaraciones establecen que quien organizó, quien solicitó, quien planeó, incluso quien se allegó de todos los agentes que iban a participar en ese operativo era él”, dijo.

Añadió que el entonces director también se coordinó con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua para acudir al sitio donde se había localizado el laboratorio.

La defensa sostiene que la Fiscalía estatal pretende atribuir responsabilidad al exfiscal a partir de la cadena de mando. Según el abogado, la acusación parte de que Jáuregui Moreno era superior jerárquico del director de la Agencia Estatal de Investigación y, por ello, habría tenido conocimiento de quiénes participaron en el operativo e incluso habría autorizado la presencia de ciudadanos estadounidenses.


El abogado rechazó esa conclusión y afirmó que “no hay ni un solo dato de prueba” que demuestre que el exfiscal conociera o autorizara la participación de esas personas.

“Escuchamos durante este fin de semana, insisto, más de 50 declaraciones entre agentes de policías estatales, agentes de la Sedena, peritos que participaron en el evento y ninguno de ellos, insisto, da un dato”, afirmó.

A decir del litigante, la única inferencia que la defensa identifica para intentar vincular al exfiscal con los hechos es que sostenía reuniones frecuentes con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y con el encargado de operaciones estratégicas.

Sobre la presencia de los cuatro agentes estadounidenses en el operativo, dos de los cuáles murieron en el mismo accidente que Oseguera, el abogado señaló que dentro de la carpeta de investigación existen testimonios de al menos seis agentes que los identifican como instructores de Estados Unidos en materia de drones y capacitación en seguridad. “No lo digo yo, lo dicen los antecedentes de investigación”, puntualizó.

Según la defensa, algunos de los testimonios ubican a estas personas como instructores desde antes del operativo y señalan que impartían capacitación en distintas áreas. Mencionó que agentes estatales también habían acudido a Estados Unidos para recibir capacitación en técnicas de investigación y otros temas de seguridad.

El abogado rechazó, sin embargo, que los testimonios disponibles acrediten que los ciudadanos estadounidenses hayan participado activamente en la operación. Explicó que existen seis o siete declaraciones que, según la defensa, indican que su presencia no fue activa y que incluso permanecieron dentro de los vehículos.

Agregó que, de acuerdo con esos testimonios, los ciudadanos estadounidenses no portaban armas ni participaron directamente en las acciones en el lugar donde se encontraba el laboratorio clandestino.

La acusación de traición a la patria

En cuanto a la acusación federal contra Jáuregui Moreno por el delito de traición a la patria, Villasana Ramírez explicó que la orden de aprehensión se sustenta específicamente en la fracción primera del artículo 123 del Código Penal Federal.

Precisó que la fracción por la que se libró la orden de aprehensión establece que incurre en ese delito quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con finalidad de someterla a un gobierno extranjero”.

El litigante sostuvo que la defensa considera que ese supuesto legal no se actualiza en el caso de su representado y señaló que corresponde al Ministerio Público acreditar todos los elementos del delito que se le atribuye.

Señaló que la defensa conoce la carpeta de investigación estatal, pero no ha tenido acceso completo a la carpeta federal. No obstante, dijo que tuvo acceso a la orden de aprehensión y a parte de las constancias utilizadas para sustentarla.

Según el abogado, la investigación federal se habría alimentado en buena medida de la indagatoria realizada previamente en Chihuahua. Por ello, consideró relevantes los testimonios contenidos en la carpeta estatal para cuestionar la imputación contra el exfiscal.

“Le corresponde a la Fiscalía demostrar de qué manera se puso en riesgo la soberanía del Estado mexicano a través de estas acciones”, sostuvo.

La participación de la Sedena

Villasana también confirmó que en el operativo hubo presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que, de acuerdo con las declaraciones incorporadas a la investigación, el convoy que salió de Chihuahua hacia la zona del operativo hizo una primera parada en instalaciones militares de Cuauhtémoc, donde se coordinó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No obstante, aclaró que en la carpeta de investigación que conoce la defensa no existen declaraciones de los propios elementos de la Defensa sobre su participación. Dijo que los testimonios disponibles corresponden a agentes de la Policía Estatal Investigadora que refieren la presencia militar y la coordinación previa.

Señaló que tampoco existe en la carpeta información que permita establecer si la participación de los militares fue exclusivamente de seguridad o si tuvieron una intervención operativa directa en tierra.

Sobre los ciudadanos estadounidenses, el abogado sostuvo que la investigación revisada por la defensa tampoco indica que la información que llevó a las autoridades hasta el sitio proviniera de alguna agencia de inteligencia de EE.UU.

Precisó que el operativo no fue producto de una coincidencia. De acuerdo con los testimonios que ha revisado, existía una investigación previa sobre esa zona y datos que apuntaban a la posible presencia de actividades delictivas, aunque las autoridades desconocían las dimensiones y características exactas de lo que encontrarían.

“No es que estaban aleatoriamente y iban pasando por la carretera”, señaló Villasana, quien explicó que el despliegue fue planeado a partir de antecedentes de investigación sobre la región.

Villasana también se refirió a la situación procesal del exfiscal. Señaló que Jáuregui Moreno se encuentra ya en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y que la defensa espera la notificación sobre la audiencia correspondiente al proceso federal.

El abogado cuestionó que la continuación de la audiencia relacionada con los hechos investigados en Chihuahua pudiera realizarse de manera simultánea con la audiencia federal por la acusación de traición a la patria. Explicó que la audiencia estatal está programada para el jueves y que la formulación de cargos en el proceso federal podría realizarse previamente.

En su opinión, esa situación podría afectar el derecho de defensa de Jáuregui Moreno, pues el exfiscal ya no se encuentra físicamente en Chihuahua para atender la audiencia estatal y tendrá que enfrentar de manera simultánea dos procedimientos.

“Estamos haciendo ya las estrategias correspondientes para que eso no suceda”, afirmó.

“Estoy convencido de que con los datos que existen hasta este momento vamos a demostrar que nuestro representado no es responsable de los hechos que se le están imputando a través de estas causas penales”, concluyó.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agua puerca y represión política en Jalisco

"Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales"

Jalisco atraviesa diversas crisis: la grave crisis por desaparición de personas, el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el reclutamiento forzado, la crisis de vivienda y ahora se añade la crisis por la mala calidad del agua que el organismo operador entrega a millones de habitantes de la zona metropolitana del agua. Desde hace un par de años, pero intensificado a lo largo de 2026, el agua que sirve el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que agrupa a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara está llevando agua turbia y de mala calidad a los hogares de los tapatíos. El agua llega con color a agua de tamarindo, como refresco de cola y con olores nauseabundos, con olor a caño o francamente a mierda. “Agua con caca” o “agua con KK” son dos de las leyendas más usadas por los tapatíos para describir el agua que sale de nuestros grifos.

Debido a esta insoportable situación de estar recibiendo agua puerca, distintas organizaciones convocaron a una masiva manifestación de al menos 10 mil tapatíos (algunos recuentos hablan de hasta 20 mil) desde la Glorieta de la Minerva que ha sido escenario de múltiples celebraciones de la ciudad, pero el domingo 11 de octubre fue el epicentro de la indignación por el agua puerca que sirve el SIAPA y el Gobierno del estado.

La manifestación partió hacia Casa Jalisco, la residencia oficial del Gobernador en turno, en este caso Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Pero en lugar de ofrecer una atenta escucha o mesa de diálogo o negociación, el Gobierno de Pablo Lemus respondió de la peor manera posible: se ordenó un dispositivo de represión en el que participaron cientos de policías estatales. Una novedad en este episodio de represión estatal es que se ordenó el uso de oficiales del cuerpo de bomberos de Guadalajara y de Zapopan para rociar chorros de agua a alta presión para repeler a los manifestantes y además se ordenó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Eso encendió los ánimos de los manifestantes que intentaron quitar las vallas que cercaban Casa Jalisco y algunos comenzaron a arrojar piedras. En esa refriega fueron detenidas 39 personas, todas ellas golpeadas y en un hecho vergonzoso y brutal, algunos de los detenidos fueron torturados dentro de Casa Jalisco, sede oficial del Gobierno y donde se supone se discuten y toman las decisiones para responder a los problemas de los jaliscienses. Vergonzosamente Casa Jalisco se convirtió por un momento en una vil mazmorra de tortura. Fue el caso de Alejandra, integrante del colectivo cultural Casa Quinqué, quien estaba grabando las detenciones fuera de Casa Jalisco cuando fue detenida y golpeada por cuatro mujeres policías y luego se sumó un varón. Ella fue arrastrada en el pavimento lo que le ocasionó fuertes raspones en la parte baja de la espalda. Ya dentro de Casa Jalisco le quitaron el calzado y la patearon y pisaron a los pies. Jorge Ignacio, otro integrante de Casa Quinqué, fue detenido por al menos ocho policías quienes lo golpearon y macanearon hasta provocarles tres descalabradas, golpe en la quijada, y varios esguinces en el cuerpo. Una selfi que se tomó dentro de Casa Jalisco (antes de que le quitaran el celular) con los vendajes en su cabeza se ha vuelto viral como la representación de la represión y la tortura ordenada por el Gobierno emecista que encabeza Pablo Lemus.

Los 39 detenidos fueron dejados en libertad entre la misma noche del domingo, y entre el lunes y el martes. A siete de ellos se les ha fincado cargos; entre ellos a Samuel Morales, un joven de 24 años que trabaja como chofer de Rappi para ayudar a su madre quien enfrenta un tratamiento de cáncer. El caso de Samuel también se ha hecho viral porque fue grabada su detención cuando se encontraba a más de una cuadra de distancia de Casa Jalisco, lejos de los enfrentamientos, sentado en su moto cuando fue tacleado, detenido y arrastrado por un grupo de al menos ocho policías. Según el Gobierno, él fue detenido en flagrancia y ahora se le imputan delitos por agresiones a policías cuando, al menos en la detención que aparece en un video grabado en el momento, él fue el agredido. Posteriormente el Gobierno ahora sí hizo uso de las cámaras de videovigilancia del C5 para mostrar videos de Samuel haciendo señas obscenas a los policías y arrojando algunas piedras. Pero no hay videos que demuestren que él lesionó a algún elemento de las fuerzas de seguridad. La detención de estas 39 personas no sólo generó indignación, también una muestra de generosa solidaridad por parte de abogados que acompañaron gratuitamente la defensa de los imputados, organizaciones de derechos humanos como Cepad y gente que ofrecía desde alimentos hasta dinero para apoyar a los detenidos.

Obviamente la represión de la megamarcha contra el agua puerca del pasado 11 de octubre encendió más los ánimos de la sociedad tapatía y de inmediato se convocó a una segunda megamarcha, que en esta ocasión saldrá desde el Parque Rojo (en el centro de Guadalajara) hasta Palacio de Gobierno.

El repudio casi generalizado que generó la violenta represión en contra de la megamarcha del 11 de octubre obligó al Gobierno de Pablo Lemus a reconocer que hubo excesos policiales que serían investigados además de reconocer que no se debió arrojar gases lacrimógenos ni chorros de agua a los bomberos. Eso lo dijo el pasado martes 13 de octubre, aunque un día antes había culpado a un supuesto grupo de 400 encapuchados de provocar la violencia, aunque no hay ninguna evidencia de ese supuesto grupo de choque.

Ahora el Gobierno de Pablo Lemus enfrenta no sólo la ira y la molestia porque el problema del agua de mala calidad que sirve el SIAPA sigue llegando a la mayoría de las casas de los tapatíos, ahora además porque se confirma que nuevamente tienen como gobernante a un político que enfrenta la protesta social con represión y criminalización.

Con la protesta violentada el 11 de octubre, Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales. Ahora Pablo Lemus está en la lista de gobernantes como los priistas Flavio Romero de Velazco, Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío o Carlos Rivera Aceves que ordenó reprimir a los damnificados del 22 de abril en 1992. Lemus se suma a gobernantes del PAN como Alberto Cárdenas Jiménez que ordenó reprimir a los barzonistas; Francisco Ramírez Acuña que pasó a la historia por la brutal represión del 28 de mayo de 2004 contra los altermundistas. Y finalmente, Lemus siguió la huella de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez que reprimió distintas protestas sociales, pero se distinguió por el Halconazo tapatío del 5 de junio de 2020.

Hay mucha ira contenida por el problema del agua puerca que se está sirviendo a los tapatíos, pero también por otros graves problemas como la desaparición de personas y el persistente reclutamiento de los jóvenes jaliscienses que sirven como carne de cañón en las empresas criminales del capitalismo ilegal. Sería sumar otro gran error si se decide usar otra vez la represión en contra de la megamarcha de este domingo 18 de octubre.

Y esto porque el problema del agua sucia va para largo. El Gobierno de Lemus propuso como remedio cerrar el suministro de un viejo acueducto, lo que va a obligar a hacer tandeos (cortes de agua) para media ciudad en la que vivimos más de 2.5 millones de personas. En lugar de reprimir, Lemus tiene qué escuchar las propuestas no sólo de los técnicos sino de los expertos y organizaciones de la sociedad civil y pueblos organizados que desde hace años han propuesto otro modelo de gestión integral del agua. Lemus no dejará de aparecer en la lista de gobernantes represores, pero al menos puede intentar ser recordado como el gobernante que resolvió el problema del agua puerca en Guadalajara.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4889316/agua-puerca-y-represion-politica-en-jalisco/

Diferencias entre embozados y descubiertos enturbian segunda marcha por el agua en Jalisco

Un contingente encapuchado es rechazado por los manifestantes pacíficos. Al grito de ¡Fuera Lemus! también se lanzaron consignas contra el gobernador

La segunda marcha de Jalisco por el agua avanza entre reclamos, tras los actos de represión de hace unas semanas por parte de fuerzas del Estado. Manifestantes y medios compartieron en redes sociales algunos aspectos de la movilización. 

Destacó un contingente encapuchado que fue rechazado por los manifestantes pacíficos. Al grito de ¡Fuera Lemus!, también se lanzaron consignas contra el gobernador. 

Contingentes en la marcha señalaron la presencia de “grupos de choque”: “El gobierno de Jalisco no ha obligado a tomar esta decisión replegarnos, porque en este contingente hay personas mayores, hay infancias, hay personas discapacitadas, y no podemos arriesgar la seguridad de todas las personas que están aquí”, dijo una de las asistentes a través de un megáfono. 

Además, se registraron daños a comercios por parte del grupo “negro” o de choque, según informaron medios como Radio Fórmula. Tras una espera de cerca de dos horas, en los que contingentes esperaron que estos grupos se alejaran, se reanudó la marcha. 

También hubo consignas contra el proyecto Acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, al que los manifestantes señalaron como privatizador del agua en el estado. 

“No es reparación, es privatización”, se leyó en una de las pancartas.

Uno de los habitantes de Jalisco trajo botellas con agua contaminada para ilustrar los motivos de la marcha. Expresó que con el agua sucia los ciudadanos tienen que lavar las verduras, los trastes y bañarse


La segunda megamarcha por el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara inició en Parque Revolución (conocido como Parque Rojo) y destino al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico. 

La convocatoria, impulsada por colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, exige agua potable de calidad, justicia por las detenciones y el uso de la fuerza en la protesta anterior, sanciones a policías señalados por abusos y, en algunas versiones, la revocación de mandato del gobernador Lemus Navarro.


El contexto inmediato se remonta a la primera megamarcha del 11 de octubre, que partió de la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco (residencia del gobernador). Miles de personas protestaron por agua turbia, amarillenta, café o negra, con malos olores y sedimentos que llega a hogares de cientos de colonias.

Al llegar al destino, un sector derribó vallas y se produjeron enfrentamientos; la policía usó gas lacrimógeno y chorros de agua a presión. 

Las autoridades reportaron 39 detenidos (la mayoría liberados; varios vinculados a proceso por lesiones o resistencia), heridos en ambos bandos y el reconocimiento posterior del propio Lemus de “graves deficiencias” y uso excesivo de la fuerza en el operativo.

Exfiscal de Chihuahua enfrenta acusación de traición a la patria por operativo con la CIA: FGR

La FGR señala a César Jáuregui por permitir la participación de dos agentes estadounidenses en un operativo en la sierra de Chihuahua, sin autorización federal, lo que presuntamente vulneró la soberanía nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional a César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por presuntamente permitir que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) intervinieran sin autorización en un operativo en la sierra del estado, informó la fiscal general, Ernestina Godoy.

La orden de aprehensión contra el exfuncionario fue cumplimentada en la ciudad de Chihuahua por mandato de un juez federal, luego de trabajos de gabinete y campo que comprendieron más de 100 actos de investigación. Los hechos están relacionados con un operativo realizado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue asegurado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.

Godoy señaló que la actuación atribuida al exfiscal representa una posible vulneración de las facultades federales y de la soberanía nacional. “La investigación determinó que César N habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, afirmó en un mensaje público.

Soberanía nacional, eje de la investigación

La fiscal general explicó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a las facultades de las entidades federativas y les impiden transferir potestades públicas a autoridades extranjeras. Según la investigación, la fiscalía estatal y su policía realizaron el operativo sin atribuciones para ejecutar acciones reservadas a la Federación y sin haber abierto previamente una carpeta de investigación.

La funcionaria sostuvo que la participación de los agentes estadounidenses carecía de justificación y que tampoco existía fundamento para la cadena de mando que permitió su intervención. Además, indicó que el propio Jáuregui había declarado ante medios de comunicación que el operativo fue resultado de meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas dependientes de la institución estatal.

La investigación también está relacionada con un accidente vehicular ocurrido cuando los participantes descendían de la sierra, en el que murieron dos servidores públicos mexicanos de la Fiscalía de Chihuahua y los dos agentes estadounidenses. Godoy precisó que la carpeta de investigación contiene información de la propia fiscalía estatal que establece que la participación de los extranjeros no tenía justificación.

Señalamientos por ocultar información a la Federación

Otro de los puntos expuestos por la titular de la FGR es que los dos ciudadanos estadounidenses habrían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. La fiscal general también señaló que el exfiscal habría ocultado información a las autoridades federales, pese a que correspondía a la institución estatal informar sobre los hechos.

De acuerdo con Godoy, en lugar de comunicar oportunamente la información a la Federación, el entonces fiscal habría informado a personas extranjeras y avisado de manera precipitada e indebida a las fuerzas federales sobre el operativo. 

Jáuregui dejó la titularidad de la Fiscalía General de Chihuahua en abril de 2026, luego de que se conociera la participación de agentes de la CIA de Estados Unidos en el operativo. El exfuncionario reconoció entonces su “responsabilidad política” por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización del gobierno federal. 

Además de la orden federal, Godoy informó que la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra el exfiscal por diversos delitos del fuero local. La titular de la FGR afirmó que la institución mantuvo comunicación y coordinación con las autoridades estatales y que continuará con las investigaciones con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

“Donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”, sostuvo Godoy al concluir su mensaje. La fiscal general indicó que se informará sobre los avances del caso conforme lo permita la ley.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/seguridad/exfiscal-chihuahua-traicion-patria-operativo-cia-fgr

Protestan por derecho humano al agua en CDMX; rechazan su privatización en Guadalajara

En la CDMX manifestantes partieron del Ángel de la Independencia exigieron el respeto al derecho al agua y rechazaron la privatización de este recurso

En apoyo a a las protestas en Jalisco, se realizó una movilización en la Ciudad de México. Manifestantes partieron del Ángel de la Independencia para reclamar el derecho al agua y rechazar su privatización; se trata de la segunda protesta por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 

Los asistentes también pidieron la salida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la represión de la protesta por el agua en esa entidad el pasado 11 de octubre. La protesta se dirigió al Zócalo capitalino.

Con consignas como “El agua se defiende, no se privatiza” y “Fuera los sionistas de América Latina”, los manifestantes avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.

Danae, quien asiste a la protesta, explicó que el motivo inicial de la manifestación era la condena a los actos represivos del gobierno de Jalisco contra manifestantes por el agua, pero también piden esclarecer contratos gubernamentales con empresas de Israel para la gestión del agua.

Con la consigna “El agua es derecho, no un privilegio”, la manifestación por el agua arribó al Zócalo, donde se encuentra la Feria Internacional del Libro.

También protestan en Jalisco

En Guadalajara, Jalisco también se llevó a cabo una protesta para exigir mejorar la calidad del agua. Colectivos y ciudadanos protestaron por la mala calidad de agua en Jalisco y para exigir justicia por las agresiones y detenciones registradas durante la protesta del pasado 11 de octubre; sin embargo, la marcha se canceló ante la presencia de grupos de personas cubiertos del rostro que portan palos, piedras y martillos. 

Los manifestantes se reunieron en el Parque Rojo desde las 11:00 de la mañana para dirigirse al Palacio de Gobierno, pero ante el lanzamiento de petardos los ciudadanos reunidos se negaron a avanzar hasta que ese grupo vestido de negro o con camisetas de futbol se saliera del contingente.

Una semana de protestas por el agua en Guadalajara

El pasado domingo 11 de octubre miles de personas protestaron en Guadalajara debido a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Aunque la protesta inició de forma pacífica, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.

Organizaciones de derechos humanos pidieron investigar el uso de la fuerza durante la marcha en la que se reportan al menos 50 detenciones.