El juez de control Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Colima, acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de vulnerar su presunción de inocencia y actuar de manera arbitraria en el procedimiento que derivó en su inhabilitación por un año y destitución, al considerar que la resolución respondió a presiones políticas y no a una evaluación jurídica de sus decisiones.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, acompañado por su abogado defensor, Arturo Guerrero Zazueta, el juzgador sostuvo que el procedimiento disciplinario se originó por su criterio al revisar nueve procedimientos abreviados en los que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no respetó los términos de sus propios acuerdos con las personas imputadas para reducir sus penas.
Sigales señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial difundió un comunicado el 2 de noviembre en el que consideró que anticipó una condena al referirse a presuntas irregularidades como hechos acreditados: “Donde hace afirmaciones, donde viola mi presunción de inocencia”.
El juez cuestionó que el tribunal señalara que había incurrido en faltas graves sin utilizar el carácter de presuntas, por lo que consideró que la institución ya había fijado una postura sobre su responsabilidad antes de que concluyera el procedimiento.
La resolución de la comisión fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de la magistrada Celia Maya, decisión que Sigales dijo reconocer, debido a que consideró que su experiencia como juzgadora le permitió valorar los argumentos jurídicos del caso.
“Me sorprende gratamente el voto de la magistrada Celia Maya, la presidenta votó en contra”, señaló.
El origen del procedimiento: nueve procedimientos abreviados
Arturo Guerrero Zazueta explicó que el caso se relaciona con el criterio del juez para revisar las penas propuestas por la Fiscalía en procedimientos abreviados, una modalidad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permite resolver asuntos penales sin llegar a un juicio oral, mediante un acuerdo entre la representación ministerial y la defensa.
De acuerdo con el abogado, Sigales había resuelto alrededor de 240 procedimientos abreviados, pero únicamente en nueve la defensa solicitó la intervención judicial para revisar si la Fiscalía estaba respetando sus propios acuerdos.
En esos asuntos, las personas imputadas argumentaron que no tenían antecedentes penales y que enfrentaban por primera vez un proceso por delitos como posesión de drogas y portación de armas. También señalaron que la Fiscalía les ofrecía penas superiores a las que correspondían conforme a los criterios de reducción establecidos en sus acuerdos.
De los nueve procedimientos, en cinco las decisiones de Sigales fueron confirmadas después de que la Fiscalía las impugnó. En los cuatro restantes, un mismo tribunal de alzada en Colima revocó las resoluciones del juez, lo que posteriormente dio origen a las denuncias en su contra.
El abogado precisó que las penas que inicialmente ofrecía la Fiscalía eran de cuatro años y dos meses de prisión, mientras que el juez las redujo a tres años y cuatro meses, con base en el acuerdo ministerial y los parámetros legales que consideró aplicables.
“El juez correctamente redujo las penas en concurso de delitos”, fue uno de los criterios que, según Sigales, respaldó una resolución posterior del Tribunal Colegiado Auxiliar en Los Mochis.
El juzgador rechazó que las revocaciones de sus decisiones hubieran provenido de distintos tribunales, como daba a entender el comunicado del Tribunal de Disciplina Judicial.
Explicó que las cuatro resoluciones contrarias a su criterio fueron emitidas por un mismo magistrado unitario de Colima, mientras que otras determinaciones de diferentes tribunales le dieron la razón, entre ellas algunas en Jalisco.
Por ello, cuestionó que el comunicado institucional destacara únicamente las resoluciones que revocaron sus decisiones y omitiera las que las confirmaron. “Por eso es arbitrario, por eso hay un efecto corruptor”, afirmó.
Los fundamentos jurídicos de las resoluciones
Sigales defendió que sus decisiones se sustentaron en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un límite máximo de reducción de un tercio de la pena en delitos dolosos.
Explicó que, en los cuatro asuntos en los que sus resoluciones fueron revocadas, tomó como referencia una pena de cinco años y aplicó la reducción máxima permitida por la legislación, con lo que llegó a una condena de tres años y cuatro meses.
Además, aseguró que tomó en cuenta estándares internacionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y referencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la prisión preventiva. “Entonces, era mi obligación, así lo hice”, afirmó.
El juzgador sostuvo que su función consistía precisamente en revisar la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía y garantizar los derechos tanto de las personas imputadas como de las víctimas.
También recordó que los procedimientos abreviados representan una de las principales vías para resolver asuntos penales sin saturar los tribunales con juicios prolongados, por lo que consideró que la revisión judicial de los acuerdos ministeriales forma parte de las atribuciones de los jueces de control.
Por su parte, el abogado Guerrero Zazueta aclaró que el asunto disciplinario no se relaciona con acusaciones de haber recibido dinero o cometido actos de corrupción, sino con la interpretación jurídica que hizo Sigales sobre la posibilidad de revisar y reducir las penas propuestas por la Fiscalía en esos nueve procedimientos.
El abogado defensor también cuestionó los tiempos en que se integró la comisión que resolvió la suspensión del juez y posteriormente impulsó el procedimiento que derivó en su destitución.
Explicó que dicha comisión se creó apenas 24 horas antes de que discutiera el caso de Sigales, mientras que la comisión de disciplina, que a su juicio era la competente para conocer del asunto, se constituyó hasta el 4 de noviembre.
En tanto, el juez sostuvo que la instancia que intervino inicialmente carecía de competencia conforme a la normativa del propio tribunal. “Me suspende rápido, expeditamente, una comisión incompetente, la competente se crea unos días después”, afirmó.
Guerrero Zazueta agregó que la rapidez con la que se resolvió el asunto también quedó reflejada en la convocatoria de sesiones extraordinarias, en las que los asuntos se circulaban prácticamente al momento y sin cumplir con los plazos internos habituales.
Consideró que esa forma de proceder podía impedir que los integrantes del tribunal contaran con todos los elementos necesarios para analizar los expedientes.
El abogado destacó además que el comunicado sobre la resolución se difundió un domingo y cuestionó que una institución emitiera información de esa naturaleza en un día no habitual, particularmente por la relevancia del caso.
También señaló que los dos magistrados que votaron a favor de la resolución contra Sigales eran los mismos que habían participado en la comisión de investigación, mientras que Celia Maya, quien votó en contra, no había formado parte de esa instancia y analizó el asunto posteriormente.
A juicio de Guerrero Zazueta, esa circunstancia pudo influir en la decisión de los magistrados que intervinieron desde el inicio del procedimiento, pues consideró que pudieron quedar comprometidos con sus propios criterios iniciales.
Advierten posibles presiones políticas
Tanto el juez como su abogado relacionaron la rapidez del procedimiento con las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en una de sus conferencias matutinas, en la que habló sobre la liberación de personas detenidas en Colima y señaló que algunos jueces incidían en los resultados de las estrategias de seguridad.
A partir de esas declaraciones, la Presidencia de la República envió una comunicación al Poder Judicial para expresar su inconformidad con actuaciones judiciales relacionadas con la liberación de personas acusadas de cometer delitos.
Guerrero Zazueta consideró que la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial fue una respuesta inmediata a esos hechos y sostuvo que los magistrados que participaron en las primeras decisiones pudieron quedar comprometidos con una postura institucional.
Sigales, por su parte, dijo percibir que existe la intención de perjudicarlo y consideró que el procedimiento podía convertirse en un precedente para sancionar a otros juzgadores por sus criterios jurídicos.
“Hay alguien ahí que está viendo todo esto para perjudicarme, eso, como ya, así lo percibo yo”, declaró al referirse al comunicado del tribunal.
El juez dijo que todavía espera conocer cómo votará el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que deberá resolver sobre la determinación de la comisión.
Identificó a los magistrados Bernardo Bátiz y a Rufino León Tovar como los integrantes que votaron en su contra desde la comisión de investigación. También mencionó a la magistrada Verónica de Gyvés, quien participó en esa primera instancia y votó a favor de su suspensión, aunque consideró que todavía podría revisar su postura.
Sigales señaló que espera que la magistrada analice nuevamente el expediente a partir de su experiencia como jueza penal durante 15 años y alrededor de una década como magistrada penal.
“Necesito dos votos para revertir esta injusticia, esta destitución, esta inhabilitación”, dijo al referirse a la posibilidad de modificar la resolución en el pleno.
Aunque reconoció complicado revertir la decisión, sostuvo que el tribunal y el gobierno enfrentarán un costo político si se consolida la percepción de que el nuevo órgano disciplinario fue creado para “perseguir a jueces incómodos por criterios judiciales”.
La denuncia ante la FGR
Sigales señaló otra irregularidad en el procedimiento: el Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que todavía no había concluido el proceso disciplinario en su contra.
Explicó que el secretario ejecutivo de la Comisión de Disciplina presentó formalmente la denuncia mediante un oficio fechado el 3 de noviembre, un día después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jueces que liberaban a personas detenidas en Colima.
El juez consideró que esa actuación vulneró su presunción de inocencia y el principio de imparcialidad, pues el mismo tribunal que lo investiga y debe resolver sobre su destitución también promovió una denuncia penal en su contra.
Mencionó precedentes de la Suprema Corte relacionados con un caso de Colima, en el que se analizó la actuación del Tribunal Superior de Justicia estatal por haber denunciado a una jueza. Dijo que en esa resolución se determinó que esa actuación vulneraba el principio de imparcialidad. “Claro, eres juez y parte”, señaló.
En ese sentido, dirigió un mensaje a las autoridades que participan en los procedimientos en su contra y, en particular, a la jueza que deberá conocer la causa penal derivada de la denuncia presentada por el Tribunal de Disciplina.
“Imagínense la presión que tiene ella cuando me ha denunciado el tribunal de disciplina, cuando en una primera instancia ya ha resuelto inhabilitarme y suspenderme de mi cargo, entonces, no hay condiciones de imparcialidad, de independencia, en este momento”, afirmó.
El juez también reveló que tres juzgadores declinaron conocer su proceso antes de que se designara a la jueza que finalmente quedó a cargo. Explicó que dos de ellos habían sido sus compañeros en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima y mantenían una relación de amistad con él, mientras que el tercero llegó posteriormente a ese órgano jurisdiccional.
Consideró correcto que los tres se excusaran por esas circunstancias. Añadió que, debido a que los juzgadores disponibles en ese circuito estaban impedidos para intervenir, se determinó que la jueza fuera designada desde Nayarit.
Juez advierte consecuencias para otros juzgadores
Sigales consideró que su caso no solamente afecta su trayectoria profesional, sino que también puede tener consecuencias para la independencia de los jueces y para las personas que recurren al sistema de justicia.
“Yo soy un juez que tengo herramientas, tengo conocimientos y me defiendo. ¿Qué pasa con la ciudadanía que no tiene ese conocimiento?, ¿que incluso no tiene los recursos? Que acude a la defensa pública, a la asesoría pública federal. ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?”, cuestionó.
El juzgador aseguró que acumula 28 años de carrera judicial sin ninguna queja fundada ni escándalos relacionados con su desempeño. También afirmó que su abogado no ha recibido dinero de su parte por la defensa del caso y agradeció el respaldo recibido de integrantes de la comunidad judicial.
El juez sostuvo que su situación podía convertirse en un precedente para otros integrantes del Poder Judicial que buscaran aplicar criterios distintos a los de las fiscalías en la resolución de asuntos penales.
Sobre las consecuencias personales y laborales de la resolución, dijo que actualmente dejó de percibir el ingreso que recibía como juez de control. Indicó que tiene la posibilidad de ejercer la abogacía o trabajar en otro ámbito, aunque reconoció que su trayectoria profesional se desarrolló principalmente dentro de la carrera judicial.
“Hoy estoy en la calle, no sé qué hacer”, expresó.
Asimismo, reveló que había considerado participar en la elección judicial, pero que después de hablarlo con su esposa y ante las condiciones que observa actualmente en el Poder Judicial, decidió que ya no buscará esa vía. “No hay condiciones, entonces no quiero seguir aquí”, afirmó.
Su principal petición es que el Tribunal de Disciplina Judicial revoque la determinación y le permita concluir el periodo para el que fue designado. También señaló que la destitución le impide acceder a las prestaciones que le corresponderían, incluida una indemnización.
Precisó que ingresó a la carrera judicial el 16 de noviembre de 1997 y que cumpliría 29 años de servicio el 16 de noviembre de 2026.
Antes de desempeñarse como juez de control en Colima, también trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde fue secretario proyectista y sustituyó al entonces magistrado Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del tribunal capitalino.
El juez reiteró que continuará con los recursos legales para intentar revertir su destitución e inhabilitación, mientras permanece pendiente la resolución definitiva del pleno del Tribunal de Disciplina Judicial.
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