La exoneración del extitular del INM, Francisco Garduño, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes, revela una justicia con excepciones para los poderosos
Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad.
Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio.
Esta trampa legal le permitió a Francisco G.Y. obtener una suspensión condicional del proceso en enero de 2025 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, a cambio de admitir que existían hechos constitutivos de delitos de homicidio y lesiones y garantizar (verbalmente) la reparación integral del daño. Condiciones a modo que terminarían a cargo del Estado mexicano, entre ellas que el INM pagará una compensación económica con el erario; que la atención médica se realizará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que ninguna víctima está en México; y sin que exista ninguna prueba documental de que las 25 estancias migratorias en todo el país cuentan con medidas de protección civil para evitar futuros incendios.
La desolación de los sobrevivientes y de las familias que perdieron a sus hijos, hermanos o esposos es total. Se enfrentan a un monstruo burocrático donde las instituciones que deberían defenderlos son, en realidad, cómplices de sus verdugos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abandonó su deber y rol de defensa de las víctimas ante las decisiones del juez. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto una ventanilla de encubrimiento; basta ver cómo le dio un portazo en la cara a las 15 mujeres que sobrevivieron al incendio en Juárez y a quienes hoy se les niega siquiera el reconocimiento de víctimas.
¿Quién escucha entonces a quienes ya lo perdieron todo? ¿Quién defiende a las personas que ni siquiera pudieron comprender plenamente el proceso por la falta de intérpretes? ¿Quién responde a quienes no han recibido atención médica continua ni una reparación completa del daño?
Tristemente, esta justicia selectiva es la marca de la casa. La memoria sangra cuando recordamos otras tragedias. Pensemos en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; o en los 19 cuerpos calcinados en Camargo, en 2021. En todos estos casos, las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales quedaron expuestas. Sin embargo, en las cárceles sólo hay chivos expiatorios, policías de bajo rango o halcones. Jamás un secretario de Estado, jamás un comisionado de alto nivel. La cadena de mando es intocable.
Durante la gestión de Francisco G.Y., de 2019 a 2025, el 80% de las personas migrantes sufrieron extorsión o secuestro al cruzar nuestro país. La población solicitante de asilo dejó de recibir documentación migratoria, a las personas migrantes se les empezó a prohibir el tránsito por territorio mexicano, inclusive obligando a las empresas de autotransporte a no vender boletos ni trasladar a quienes no demostraran su documentación migratoria. Sin contar las miles de personas migrantes fallecidas y desaparecidas que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y las promesas de que las estaciones migratorias ya no serían trampas mortales quedaron huecas, tan sólo el pasado 12 de septiembre un nuevo incendio se registró en la estación migratoria de Janos, Chihuahua.
Las víctimas de Ciudad Juárez no piden privilegios. Exigen lo que cualquier persona merece: verdad, justicia, atención y reparación. No puede haber derechos humanos que dependan de la nacionalidad, ni justicia que cambie según el cargo que se ocupa.
Un Estado que protege a sus funcionarios mientras abandona a las víctimas renuncia a su responsabilidad más básica. Y mientras la justicia siga teniendo excepciones para los poderosos y obstáculos para los demás, México continuará acumulando expedientes, familias rotas y heridas que ninguna indemnización podrá cerrar por sí sola. La audiencia de Francisco G. Y. pasará a la historia como el día en que el sistema judicial nos escupió en la cara para decirnos que, mientras las víctimas lloran a sus muertos en el abandono, los poderosos siempre encontrarán una salida de emergencia.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: Fundación Para La Justicia, Derechos Humanos Integrales En Acción, Instituto Para Las Mujeres En La Migración Y Clínica Jurídica Alaíde Foppa Para Personas Migrantes
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/opinion/2026/10/15/mexico-la-justicia-que-protege-a-los-poderosos-y-abandona-a-las-victimas-381897.html
AUTOR: Fundación Para La Justicia, Derechos Humanos Integrales En Acción, Instituto Para Las Mujeres En La Migración Y Clínica Jurídica Alaíde Foppa Para Personas Migrantes
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/opinion/2026/10/15/mexico-la-justicia-que-protege-a-los-poderosos-y-abandona-a-las-victimas-381897.html
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