Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

INE anuncia que dará vista a la FGR sobre posibles actos corruptos de Taddei y otros

Entre los posibles delitos que podrían examinarse están el cohecho, el peculado y el ejercicio abusivo de funciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, así como por posibles conductas de otros funcionarios del organismo, informó este martes la presidenta provisional del Consejo General, Blanca Yassahara Cruz García.
“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, señaló en conferencia de prensa.
La Consejera explicó que acordaron preparar la documentación para remitirla al Ministerio Público federal, con el propósito de que determine si existen elementos para investigar posibles delitos. Dicha presentación podría concretarse mañana en la Oficialía de Partes de la FGR.

En este sentido, aclaró que la revisión no estará dirigida exclusivamente contra Taddei, quien encabezó el INE del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026, sino que podrá comprender a cualquier persona que haya ocupado un cargo dentro del instituto y cuya actuación pudiera constituir una conducta sancionable.

Por dicha razón, indicó que no se presentará una lista de personas señaladas, pues la intención es que la autoridad ministerial pueda investigar a cualquier funcionario respecto del que existan indicios. En paralelo, añadió que también existen investigaciones abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC).
“Nosotros no podemos tipificarla porque no somos la autoridad competente”, sostuvo al referirse a las posibles responsabilidades penales.

En el mismo panorama, la funcionaria adelantó que el próximo jueves el Consejo General del INE prevé tomar acciones emergentes relacionadas con la situación del organismo, en medio de la revisión de las áreas administrativas y de los señalamientos sobre la gestión de la anterior Consejera presidenta.

La ASF y el OIC investigan contratos desde 2014

El viernes pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las investigaciones sobre contrataciones relacionadas con el organismo electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) abarcan operaciones realizadas entre 2014 y 2026, periodo que comprende también la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el Auditor reveló que dos grupos empresariales acumularon operaciones por ocho mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas durante esos años. De ese monto, tres mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Los hallazgos coinciden con los expuestos por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, quien informó que cinco empresas con vínculos entre sí recibieron contratos por alrededor de dos mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. De acuerdo con el funcionario, las compañías comparten representantes legales y socios, pese a que participaron como competidoras en procedimientos de contratación.

Las empresas identificadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Seriplas de México, que concentraron contratos para suministrar materiales electorales al INE y a los organismos electorales locales.

Carvente Contreras detalló que el OIC mantiene 18 expedientes por posibles irregularidades y conflictos de interés. Cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa contra personas servidoras públicas, mientras que los 13 restantes continúan bajo investigación. El contralor evitó precisar si alguno de estos expedientes involucra directamente a Taddei, al señalar que debe respetarse el debido proceso.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Sheinbaum rechaza que se llame terroristas a cárteles mexicanos

El 3 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó, desde la Ciudad de México, la clasificación como organizaciones terroristas que el Gobierno de Argentina otorgó al Cártel de Sinaloa (CDS) y a La Nueva Familia Michoacana, y advirtió que esa denominación no debe utilizarse como pretexto para una intervención extranjera en México.

La mandataria nacional sostuvo que el terrorismo constituye una categoría distinta de la delincuencia organizada y vinculó su postura con la defensa de la soberanía nacional. “Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Nosotros llamamos aquí delincuencia organizada y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país”, afirmó.

La presidenta de la República añadió que la clasificación no debe derivar en acciones de otros países en territorio mexicano. “Terrorismo es otra cosa, y además no queremos sobre todo que, al llamarle de esta manera, eso represente una injerencia en nuestro País”, expresó.

Sheinbaum Pardo recordó que su Gobierno promovió una reforma al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer restricciones expresas a cualquier intervención extranjera en territorio nacional. “Por eso la modificación que hicimos al artículo 40 de la Constitución, porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquier país en nuestro país”, señaló.

El Gobierno argentino anunció, el 21 de octubre de 2026, la clasificación de cinco organizaciones como terroristas, entre ellas el CDS y La Nueva Familia Michoacana, y las incorporó a su registro de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento, bajo una política de clasificación que también aplica Estados Unidos.

En su resolución, las autoridades argentinas señalaron que las organizaciones representan una amenaza externa real o potencial para su seguridad nacional, debido a su capacidad operativa, su expansión regional y sus actividades ilícitas transnacionales.

La Administración encabezada por Javier Gerardo Milei ya había clasificado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista en marzo de 2026, como parte de las medidas adoptadas contra organizaciones criminales transnacionales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/sheinbaum-rechaza-que-se-llame-terroristas-a-carteles-mexicanos/

Gutiérrez Müller recibió trato preferente en Consulado español en México, revela medio ibérico

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, recibió un trato distinto al habitual durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad española, presentada el 30 de abril de 2025, ante el Consulado General de España en México. Según reveló en exclusiva el diario digital español The Objective, que tuvo acceso al expediente, funcionarios consulares realizaron ante otras instituciones las gestiones para obtener un documento que la solicitante se negó a aportar.

El expediente incluye una nota adhesiva manuscrita que consigna la dificultad para reunir uno de los requisitos. En ella se asentó que la solicitante presentó el acta extracto de su padre por la línea española, pero que “no quiere traer copia fiel del libro” registral que se le reclamaba.

Fuentes consulares citadas en la publicación sostuvieron que, en circunstancias ordinarias, corresponde al interesado aportar los documentos requeridos para continuar el procedimiento, y que la intervención de los funcionarios en este caso no se practica de forma habitual con el resto de los solicitantes. Una vez completado ese trámite, el consulado estampó el sello de documentación completa, con fecha del 30 de abril de 2025.

Como punto de comparación, la publicación difundió una comunicación del Consulado General de España en Caracas dirigida a otro solicitante acogido a la misma ley, en la que se le exigía consignar personalmente la documentación pendiente, en las oficinas consulares y en un horario establecido de lunes a viernes, de ocho a diez de la mañana.

Gutiérrez Müller sustentó su solicitud en la línea paterna. Su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, provincia de León, España. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en 1940 en México, optó por la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003, al amparo de la Ley 36/2002, del 8 de octubre.

Más de dos décadas después, la historiadora inició su propio procedimiento con base en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada durante el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón y conocida como ley de nietos, que amplió el acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles afectados por el exilio. La documentación muestra que presentó el Anexo I, correspondiente al primer supuesto de la disposición adicional octava de esa norma, aplicable a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

El trámite coincide con el periodo del diferendo diplomático entre México y España. En marzo de 2019, López Obrador anunció el envío de una carta al rey Felipe VI para pedir que España reconociera los agravios cometidos contra los pueblos originarios mexicanos, en un video en el que apareció acompañado por su esposa. En 2022, el entonces mandatario planteó una pausa en las relaciones con España y, en septiembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, decisión que la mandataria nacional justificó por la falta de una respuesta directa del monarca a la petición formulada cinco años antes.

Ni Gutiérrez Müller ni el Consulado General de España en México han emitido un pronunciamiento público respecto al contenido del expediente.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ AEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/gutierrez-muller-recibio-trato-preferente-en-consulado-espanol-en-mexico-revela-medio-iberico/

Diputados avalan alivio fiscal para la industria automotriz y gasolineras; oposición reclama exclusiones

Con 349 votos a favor y 92 en contra, la Cámara aprobó las excepciones a los nuevos límites de deducciones del ISR y envió la reforma al Ejecutivo, entre reclamos por dejar fuera a empresas de autopartes y gas LP

La Cámara de Diputados aprobó exceptuar a determinadas armadoras y a empresas que venden, distribuyen o comercializan gasolinas y diésel de los nuevos límites a las deducciones y pérdidas fiscales del impuesto sobre la renta (ISR), entre cuestionamientos de la oposición porque el beneficio no se amplió a otros sectores productivos.

Las modificaciones enviadas por el Senado fueron avaladas en lo general y en lo particular con 349 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, por lo que el decreto pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron los cambios, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron su rechazo al considerar que la corrección era insuficiente y atendía advertencias que la mayoría había desechado previamente.

“Hoy, el Senado nos vuelve a enmendar la plana”, reclamó el priista Jericó Abramo Masso, quien sostuvo que representantes de la industria automotriz habían advertido sobre las afectaciones durante la discusión original de la reforma.

Qué cambia para armadoras y gasolineras

Las modificaciones al artículo 78-E amplían las excepciones al mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales, dirigido a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal en el ejercicio.

Ese mecanismo limita los gastos que pueden descontar de sus ingresos y las pérdidas de ejercicios anteriores que pueden aplicar para calcular el impuesto a pagar.

En el caso automotriz, la excepción incluye a las empresas autorizadas para ensamblar y fabricar vehículos bajo el régimen de depósito fiscal, con un tratamiento semejante al de las maquiladoras, aunque no comprende los ingresos por la venta de mercancías en territorio nacional.

También quedan exceptuados los contribuyentes dedicados al expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente.

Las modificaciones no eliminan el pago del ISR ni las obligaciones de fiscalización de estas empresas, sino que las excluyen de ese mecanismo específico de límites. El decreto establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, defendió que las excepciones reconocen las condiciones operativas de ambos sectores y negó que su aprobación se hubiera acelerado mediante dispensas de trámites.

“No estamos modificando tasas del impuesto sobre la renta”, sostuvo, y afirmó que el objetivo es equilibrar la recaudación con la inversión y la generación de empleos.

Reclaman que el beneficio no alcance a toda la cadena productiva

El principal cuestionamiento de PAN, PRI y MC fue que las nuevas excepciones no abarcan de manera general a fabricantes de autopartes, distribuidores de vehículos y empresas de gas LP, pese a que también enfrentan costos elevados y márgenes de ganancia reducidos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, explicó que su bancada votaría a favor por considerar que los cambios representan un avance, aunque cuestionó que el tratamiento fiscal dependa de la capacidad de negociación de cada sector.

“El propio Senado aceptó lo que dijimos en esta tribuna. Deducir mucho no siempre es evadir. Muchas veces simplemente es producir”, expresó.

Flores también pidió que Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria informen cuánto recauda el nuevo mecanismo, a qué empresas afecta y si contribuye a combatir la evasión o frena la inversión.

Por el PAN, Federico Döring calificó la modificación como un “mejoralito” para la industria automotriz y cuestionó que el apoyo no se extendiera a las autopartes, mientras que Abramo Masso señaló que tampoco se atendió a mayoristas, distribuidores de alimentos y empresas en reestructura.

Durante la discusión, la morenista Claudia Rivera Vivanco reconoció que la adecuación enviada por el Senado ya había sido planteada en la Comisión de Hacienda, aunque defendió que el intercambio entre ambas cámaras permite mejorar las leyes.

Su compañero de bancada Daniel Murguía también coincidió en que deberían incluirse otros sectores, pero llamó a respaldar los beneficios incorporados para armadoras y empresas de combustibles.

El Verde advierte que la reforma no garantiza gasolina más barata

Morena y el PT defendieron que la excepción para gasolineras busca evitar que una mayor carga fiscal se traslade a los consumidores y contribuya a encarecer el transporte y las mercancías.

Sin embargo, el diputado del PVEM Carlos Joaquín Ruiz Olloqui advirtió que ese objetivo no equivale a una reducción automática de precios.

“Esta reforma no establece descuentos en las gasolineras ni obliga a las empresas beneficiadas a reducir sus precios”, puntualizó.

El legislador pidió evaluar si las excepciones contribuyen a estabilizar los combustibles, favorecen la inversión y el empleo, así como conocer su efecto sobre la recaudación.

Antes de la votación, la mayoría rechazó admitir a discusión una reserva del panista Miguel Ángel Salim Alle para ampliar las actividades beneficiadas, entre ellas la comercialización de autopartes y vehículos, así como actividades de transporte relacionadas con el gas LP.

La diputada de Morena Leticia Farfán retiró su reserva, con lo que las modificaciones del Senado fueron aprobadas sin cambios.

CSP rechaza que Inés Gómez Mont sea perseguida política: "es delito lo que cometió"

La mandataria federal aseguró que las investigaciones contra la conductora y su esposo comenzaron antes de su Gobierno, y recordó que en México existen tres órdenes de aprehensión en su contra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) rechazó este martes que la conductora de televisión Inés Gómez Mont sea perseguida política por ser conservadora y aseguró que las investigaciones penales en su contra son porque, dijo, cometió delitos relacionados con el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones difundidas desde abril en redes sociales y retomadas este fin de semana por un medio de comunicación, respecto a que Gómez Mont estaría solicitando asilo político en Estados Unidos (EU) bajo el argumento de ser perseguida por sus ideas conservadoras.
“No, es delito lo que cometió. Según lo que dice la Fiscal, en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita”, respondió la titular del Poder Ejecutivo.
Asimismo, aseguró que las investigaciones contra la conductora y su esposo, Víctor Álvarez Puga, no comenzaron durante su Administración, sino que tienen antecedentes de tiempo atrás.

“Es una investigación que no iniciamos nosotros, eh. Viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora por motivos de migración fue detenida esperando que pueda proceder la extradición”, agregó.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Fiscalía señala que la conductora presuntamente recibió en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), mediante empresas fantasma.

Además, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones apuntan a que Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La conductora fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por presuntos problemas migratorios relacionados con el vencimiento de su visa.

Cayó en EU, pero en México tiene órdenes de arresto: FGR

La conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal tras recibir recursos ilícitos en sus cuentas y omitir el pago de más de 13 millones de pesos (mdp) en impuestos, según la FGR.

La titular del instituto federal, Ernestina Godoy Ramos, indicó que las investigaciones apuntan a que la mujer habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del OADPR a través de empresas fantasma.

“Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”, detalló la funcionaria federal en un mensaje oficial.


Godoy dijo que dichas conductas están calificadas como graves por la forma en que los recursos públicos fueron manejados: "El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país", detalló.

Godoy Ramos recordó que las empresas fantasmas simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino. A la pa, dijo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. "Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos", sostuvo.

FGR solicitó a EU extradición de Gómez Mont: Godoy


La alta funcionaria señaló que desde que Gómez Mont huyó del país, la Fiscalía ha trabajado para que la presunta delincuente sea presentada ante los tribunales mexicanos: "En septiembre de 2025 se solicitó a los Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y en coordinación con el Departamento de Justicia integramos la petición formal correspondiente".

Godoy señaló que las autoridades mexicanas han intercambiado con sus pares información relacionado con el caso. Asimismo, detalló que las órdenes de aprehensión vigentes fueron entregadas a las instancias judiciales del país vecino.
"Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos", explicó, y la par dijo que de determinarse su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.
Agregó que la mujer goza de la presunción de inocencia y serán las autoridades mexicanas las que, conforme a derecho y con respecto al debido proceso, determinarán su responsabilidad por los delitos que se le imputan.

“El Patrón”, líder de "Los Linos" y generador de violencia en Morelos, es detenido

La agrupación que presuntamente dirige está relacionada con extorsiones, homicidios y robo de vehículos

Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal "Los Linos" y uno de los principales generadores de violencia en Morelos, fue detenido este martes en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La captura fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que la detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, acciones instruidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).


De acuerdo con García Harfuch, "Los Linos" mantienen presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, y están relacionados con delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículos.

Operativo contra "Los Linos" deja ocho detenidos en mayo

La detención de Lino “N” da continuidad a las acciones contra esta organización criminal, luego de que el pasado 6 de mayo ocho de sus presuntos integrantes fueran detenidos durante un operativo en Yautepec, Morelos, tras un enfrentamiento armado con agentes federales.

Entre los detenidos se encontraba Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de "Los Linos", además de Carlos "N". En el despliegue fueron aseguradas cinco armas largas, cuatro armas cortas, 394 cartuchos de distintos calibres y cargadores.

También fueron decomisados 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares y 10 chips de prepago. El enfrentamiento dejó dos agentes federales heridos y un civil muerto.

El 22 de mayo, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de los ocho detenidos. Como medida cautelar, los imputados quedaron en prisión preventiva oficiosa, mientras que el Ministerio Público obtuvo un plazo de dos meses para profundizar las investigaciones.

Las indagatorias buscan esclarecer la presunta participación de esta célula delictiva en extorsiones, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de drogas hacia Estados Unidos (EU).

Después de la captura de Lino “N”, García Harfuch destacó la coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la Gobernadora Margarita González Saravia, y agradeció a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por el apoyo para concretar el arresto en territorio mexiquense.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

'Andy' López Beltrán niega vínculos con huachicol fiscal y acusa campaña en su contra

En un video publicado este 3 de noviembre en Instagram, 'Andy' López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán

Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó estar relacionado con el llamado huachicol fiscal, rechazó haber intervenido en la asignación de contratos públicos y acusó a empresarios y periodistas de promover una campaña de desprestigio en su contra.

En un mensaje difundido este martes 3 de noviembre a través de su cuenta de Instagram, desde Tabasco, López Beltrán sostuvo que las acusaciones en su contra responden a intereses políticos y buscan afectar su imagen, la de su padre y la del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Es evidente que existe una campaña en televisión, en la radio, en los periódicos, en internet; o para decirlo más claro, toda una guerra sucia en contra de mi persona, en contra de Andrés Manuel López Obrador y en contra de nuestro movimiento”, declaró.

Explicó que decidió pronunciarse públicamente después de haber evitado responder a los señalamientos, que, según afirmó, forman parte de una serie de acusaciones dirigidas contra su familia desde hace años.

Niega relación con huachicol fiscal y funcionarios de Marina

López Beltrán rechazó cualquier participación en los delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal y aseguró que se intenta vincularlo con esas actividades mediante acusaciones que considera infundadas.

“Sobre las acusaciones referentes a mi supuesta relación con el llamado huachicol fiscal, también quiero negarlo categóricamente, ya que no tengo nada que ver con dichos delitos en los cuales perversamente me quieren inmiscuir”, afirmó.

El hijo del expresidente se refirió a una entrevista difundida recientemente por TV Azteca con una persona que, según su declaración, se encuentra en prisión por delitos relacionados con este caso.

En respuesta, aseguró que nunca ha mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina.

“Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, ni de manera directa ni por teléfono o por ninguna vía”, sostuvo.

También afirmó que la persona que lo mencionó fue detenida en Argentina y que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos le habrían ofrecido protección e inmunidad a cambio de colaborar contra él, su padre y el gobierno mexicano.

López Beltrán no presentó durante el mensaje pruebas que respaldaran ese señalamiento contra los agentes estadounidenses.

“No existe ni existirá nunca ninguna prueba que nos involucre o que pueda probar nuestra participación o relación a ningún nivel con estos delitos. Nunca hemos participado en eso, nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido omisos si lo hubiéramos sabido”, aseguró.
Rechaza vínculos comerciales con Jorge Amílcar Olán.

Durante su intervención, López Beltrán también negó mantener relaciones comerciales con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario mencionado en investigaciones periodísticas sobre contrataciones públicas.


Para responder a esos señalamientos, retomó un comunicado fechado el 22 de julio de 2024, en el que había rechazado intervenir en la asignación de contratos gubernamentales.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno”, leyó.

En ese documento reconoció conocer a Olán Aparicio desde años atrás, en Villahermosa, Tabasco, y explicó que la relación surgió por amistades en común y porque la esposa del empresario había estudiado con él durante la primaria.

Según el comunicado, cuando lo conoció, Olán Aparicio se dedicaba a la venta y distribución de materiales de construcción y no mantenía relaciones comerciales con dependencias gubernamentales.

López Beltrán insistió en que nunca intervino para favorecer a personas o empresas con recursos públicos.

“No somos traficantes de influencias ni participamos en ningún acto de corrupción, como pretenden sin pruebas acusarnos”, declaró.

Acusa a Ricardo Salinas, Carlos Loret y Ramón Alberto Garza
En otro momento de su mensaje, López Beltrán señaló directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, al periodista Carlos Loret de Mola y a Ramón Alberto Garza, a quienes acusó de participar en una campaña de desprestigio.

“Acuso directamente a Ramón Alberto Garza, quien actúa como agente de las agencias extranjeras en México; a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca; a Carlos Loret de Mola, que siempre está al servicio de esos corruptos; y a otros medios de manipulación, de encabezar, participar y coordinar una campaña de calumnias en contra nuestra”, expresó.

Atribuyó los señalamientos a sectores económicos que, según dijo, perdieron privilegios con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal en 2018.

También acusó a propietarios de medios de comunicación de haberse beneficiado durante gobiernos anteriores mediante concesiones, contratos y recursos públicos.

Estas afirmaciones fueron presentadas por López Beltrán como parte de su interpretación política de las críticas y publicaciones sobre su familia. En el mensaje no aportó elementos documentales para acreditar la supuesta coordinación entre los empresarios y periodistas mencionados.


“No les tenemos miedo, no nos vamos a doblar”

Hacia el final de su intervención, López Beltrán defendió la trayectoria política de su padre y aseguró que continuará participando en el movimiento que encabezó el expresidente.

“La gente no olvida y no va a olvidar nunca que ustedes fueron los que más atacaron a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su carrera”, afirmó.

También sostuvo que los señalamientos contra su familia buscan debilitar políticamente a la Cuarta Transformación.

“No les tenemos miedo, no nos vamos a doblar, no claudicaremos; y mientras tengamos la dicha de estar vivos, continuaremos luchando por nuestros ideales y nuestros principios”, expresó.

Una presidenta del INE sin superpoderes exige el PAN

"Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto", sostiene el coordinador panista Elías Lixa: cuestiona la concentración de atribuciones otorgadas a la Presidencia del organismo electoral.

Luego de una reunión entre grupos parlamentarios, el PAN exigió ocho puntos rumbo a la convocatoria para nueva presidenta del INE, entre ellos, que se le suspendan los superpoderes “que Morena le dio a Taddei”, dijo su jefe de bancada, Elías Lixa.

“El caso Taddei implica la responsabilidad de actuar con absoluta legalidad desde la Cámara de Diputados y que tenemos que llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”, afirmó Elías Lixa al término de la reunión encabezada por Ricardo Monreal como titular de la Jucopo. 

“Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto”, sostuvo el coordinador panista, quien cuestionó la concentración de atribuciones otorgadas a la Presidencia del organismo electoral.

Previamente, Ricardo Monreal reconoció que no hubo consenso para la convocatoria y que será hasta la próxima semana que se haga un nuevo intento, aunque dejó claro que, si no hay acuerdo, Morena y aliados optarán por la mayoría legislativa sin escuchar a la oposición.


“Yo esperaba que ahora se sacara el acuerdo, pero el PAN propone creo que ocho adiciones o incorporaciones, algunas son disposiciones constitucionales que sería complejo, difícil… voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso”, dijo el presidente de la Jucopo y coordinador morenista.

En días pasados Monreal ha dicho en repetidas ocasiones que actualmente no sería posible hacer modificaciones a las atribuciones de la presidenta del INE porque la ley impide que se hagan ese tipo de cambios en periodo electoral, que empezó desde septiembre y concluirá en junio del siguiente año.

PUNTO POR PUNTO

La primera propuesta del PAN consiste en ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación respecto de cargos de dirección nacional o estatal de partidos políticos para quienes integren el Comité Técnico de Evaluación (CTE), con el fin de que estén completamente desvinculados del poder. 

Segundo: que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) establezca mecanismos de consulta con instituciones de reconocido prestigio para la designación de sus integrantes del CTE, privilegiando la construcción de acuerdos.

Como tercera medida, el PAN plantea que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consulte a organizaciones de la sociedad civil antes de designar a

sus representantes en el Comité y establezca mecanismos de objeción cuando las personas propuestas no cumplan con los requisitos de independencia e idoneidad.

La cuarta propuesta consiste en incorporar observadores de los grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en todas las sesiones del Comité, con el propósito de fortalecer la vigilancia y transparencia del proceso de evaluación y selección.

La quinta propuesta establece, respecto de los exámenes y las evaluaciones, que el Comité Técnico informe previamente a la JUCOPO sobre las medidas destinadas a garantizar la secrecía de los exámenes de conocimientos y prevenir posibles filtraciones.

La sexta plantea obtener el consentimiento de las personas aspirantes para hacer públicos los resultados de sus evaluaciones, bajo el principio de máxima publicidad.


La séptima exige una justificación reforzada de la selección de las quintetas, mediante argumentos que acrediten la idoneidad de quienes sean propuestos para ocupar los cargos.

Y la octava es la de quitar superpoderes a la presidenta del INE y restablecer las decisiones colegiadas dentro del Instituto.

“Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto”, sostuvo el coordinador panista, quien cuestionó la concentración de atribuciones otorgadas a la Presidencia del organismo electoral.

Finalmente, Elías Lixa señaló que la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el INE mediante un procedimiento abierto, independiente y sujeto al escrutinio público. “No va a haber restauración de la confianza en ese instituto si continúan los agandalles y las cuotas de poder”, advirtió.

INE rechaza a tres aspirantes a consejerías locales señalados por presuntos vínculos con Taddei

Los consejeros reconsideraron los perfiles de Guerrero y Oaxaca tras recibir nueva información sobre sus antecedentes, en medio de cuestionamientos por posibles relaciones políticas y conflictos de interés

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este lunes a tres aspirantes a consejerías electorales de Guerrero y Oaxaca, cuyos perfiles habían sido cuestionados por presuntos vínculos con la expresidenta Guadalupe Taddei y exfuncionarios de su administración, luego de que algunos consejeros retiraron su respaldo tras recibir nueva información sobre sus antecedentes.

Durante una sesión extraordinaria virtual, los diez consejeros votaron en contra de Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, quienes competían por una consejería en Guerrero, mientras que Flor Angélica Enríquez García, propuesta para Oaxaca, recibió nueve votos en contra y uno a favor, del consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

Las designaciones habían sido pospuestas desde el jueves 29 de octubre, cuando representantes de partidos políticos solicitaron revisar los perfiles, sus posibles conflictos de interés y las evaluaciones realizadas durante la gestión de Taddei, cuyas calificaciones fueron excluidas de las valoraciones finales, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.

Señalamientos contra aspirantes de Guerrero

En Guerrero, uno de los aspirantes rechazados fue Víctor de la Paz Adame, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal, designado por el Congreso local en mayo de 2023 para un periodo de seis años, quien buscaba pasar de fiscalizar al organismo a formar parte de su Consejo General, situación que provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

De la Paz había sido señalado como uno de los aspirantes impulsados por Taddei, con quien mantuvo una relación institucional por sus funciones como contralor. En noviembre de 2025, figuró junto a la entonces presidenta del INE y la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino en el programa oficial de una reunión con la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, organización que encabezaba.

La segunda aspirante en Guerrero fue Brenda María Ayala Terrazas, quien trabajó como líder de proyecto en la Secretaría Ejecutiva del INE desde diciembre de 2024, según el dictamen de designación. Antes había sido jefa de la Unidad Técnica de Comunicación Social del instituto electoral de Guerrero, además de desempeñarse como editora y jefa de redacción en periódicos locales.

Su relación con el entorno de Taddei se encuentra en la Secretaría Ejecutiva, encabezada entonces por Claudia Arlett Espino, quien fue propuesta directamente por la expresidenta del INE y asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024. Ayala también fue señalada como integrante de su equipo de asesoría, aunque el directorio institucional la identifica como líder de proyecto, adscrita a esa área y bajo la línea jerárquica de la secretaría particular.

Cuestionan a aspirante a consejeros de Oaxaca

En Oaxaca, la propuesta rechazada fue la de Flor Angélica Enríquez García, quien fue consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según consta en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de junio de 2010, relacionada con una impugnación que presentó sobre la selección de candidaturas de ese partido.

Enríquez García también fue cuestionada por sus presuntos vínculos con el partido Morena y con el entorno de Taddei, particularmente por señalamientos de cercanía con Iliana Araceli Hernández Gómez, quien ocupó la titularidad de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y habría promovido su candidatura para el organismo electoral de Oaxaca.

Hernández Gómez fue una de las funcionarias incorporadas a la estructura directiva del INE durante la gestión de Taddei, quien anunció su nombramiento en mayo de 2026, como parte de los cambios en distintas áreas del organismo. Sin embargo, durante la sesión no se presentaron pruebas públicas sobre su presunta intervención en la candidatura de Enríquez García ni se precisaron los señalamientos que influyeron en el rechazo de los perfiles.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey reconoció que inicialmente respaldaba las designaciones de Guerrero y Oaxaca, pero cambió su postura después de recibir información por escrito y consultar fuentes públicas sobre las trayectorias de los aspirantes. “Yo acompañaba las dos designaciones en el caso de Guerrero y de Oaxaca y que ahora ya no acompaño ninguna”, sostuvo.

La consejera Rita Bell López también retiró su respaldo al único perfil que inicialmente apoyaba, mientras que Arturo Castillo explicó que desde un principio había otorgado calificaciones bajas a dos aspirantes y que el historial del tercero no le generaba certeza sobre su idoneidad. “No voy a personalizar, se trata de personas, no se trata de quemar aquí a nadie“, señaló al evitar identificar a quién correspondía cada valoración.

Los cambios de postura provocaron reclamos de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Somos, quienes exigieron conocer la nueva información, pues los dictámenes presentados eran prácticamente los mismos de la semana pasada. “No nos dicen cuáles, pero es un hecho que hay nuevas valoraciones”, cuestionó Marco Antonio Baños, representante de Somos, quien también pidió evitar nombramientos de personas relacionadas con empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, reconoció que se obtuvieron nuevos elementos de valoración, pero que no se repuso el procedimiento ni se revisaron todos los antecedentes debido a la premura de los plazos, por lo que las razones específicas que llevaron a algunos consejeros a cambiar su postura no quedaron incorporadas en los dictámenes.

Con estas decisiones suman siete cargos pendientes de designación en organismos electorales estatales, luego de que el jueves pasado también se declararon desiertas las presidencias de Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz. Las vacantes de Guerrero y Oaxaca deberán incorporarse a una nueva convocatoria, para la cual los consejeros plantearon fortalecer la revisión de antecedentes y posibles conflictos de interés.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/ine-aspirantes-consejerias-oaxaca-guerrero-taddei-vinculos

Caso Aranza: investigan si disparo de helicóptero estatal mató a niña en Matamoros, Tamaulipas

El fiscal confirmó que la familia describió una aeronave con características de la corporación y que el disparo tuvo una trayectoria descendente. La Fiscalía revisa registros de vuelo y el proyectil recuperado

Las primeras líneas de investigación por la muerte de Aranza Adailini, una niña de siete años que falleció durante la jornada violenta del pasado 29 de octubre en Matamoros, apuntan hacia un helicóptero cuya descripción coincide con una aeronave de la Guardia Estatal, además de que el proyectil recuperado podría corresponder a un calibre 7.62 y la trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó en entrevista para un programa en radio de cadena nacional, que las primeras declaraciones recabadas por la Fiscalía coinciden en la descripción de la aeronave que sobrevolaba la zona del ejido Las Rusias, donde la familia de la menor fue atacada a tiros.

“Es muy precisa en señalar o describir las características de la aeronave que momentos antes tanto ella como su familia vieron que sobrevolaba el área donde ellos iban circulando”, explicó el fiscal al referirse al testimonio de la madre de Aranza, quien también resultó herida por un disparo en una pierna.

Govea Orozco reconoció que esas características corresponden a una aeronave de la Guardia Estatal, aunque aclaró que la Fiscalía aún debe corroborarlo mediante información oficial, bitácoras y registros de las instituciones que participaron en el operativo.

“Se habla de un helicóptero de la Guardia Estatal, como en las crónicas recientes, pero bueno, hay que corroborarlo a través de la integración de la investigación”, señaló.

El fiscal explicó que durante los hechos hubo referencias sobre la presencia de aeronaves en la zona, pero inicialmente no estaba claro a qué institución pertenecían, por lo que la Fiscalía solicitó información a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para establecer qué aeronaves estuvieron desplegadas y cuáles realizaron sobrevuelos.

Uno de los elementos que ahora analiza la Fiscalía es el proyectil recuperado durante las investigaciones.

De acuerdo con Govea Orozco, por sus características podría corresponder a un calibre 7.62.

“Hay un proyectil recuperado que por sus características puede corresponder al calibre 7.62”, informó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía no puede establecerse de manera definitiva el origen del disparo, debido a que el indicio balístico continúa bajo análisis en los laboratorios de la Fiscalía.

La investigación contempla confrontar el proyectil con bases de datos de actividad balística relacionada con otros hechos delictivos, así como con los registros de las instituciones policiales.

“Se busca la confronta con las bases de datos institucionales, tanto de actividad balística en otros hechos delictivos, como de registros también de las instituciones policiales”, explicó.

Otro dato relevante surgido de los primeros trabajos periciales es la trayectoria del proyectil que impactó a la niña.

El fiscal confirmó que el disparo tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, atravesó el vehículo y terminó impactando a la menor en el cráneo.

“Es de arriba hacia abajo”, confirmó Govea Orozco.

Detalló que “el impacto del proyectil que priva de la vida lamentablemente a la menor, pues tiene una trayectoria efectivamente de arriba hacia abajo, es decir, atraviesa el vehículo y se aloja en el interior del mismo, en el habitáculo, pues teniendo el impacto en el cráneo de la menor”.

La Fiscalía también recaba los testimonios de los integrantes de la familia.

De acuerdo con el fiscal, existen coincidencias entre las primeras versiones obtenidas, incluida la descripción de la aeronave y la secuencia de los disparos.

La madre relató que primero escuchó un disparo y posteriormente ocurrió el impacto que terminó con la vida de su hija.

El padre habría intentado proteger a la menor utilizando su propio cuerpo.

Govea Orozco insistió en que, aunque existen elementos relevantes que orientan la investigación, todavía falta establecer de manera científica y jurídica de dónde provino el disparo y qué aeronave se encontraba exactamente sobre la zona en el momento de los hechos.

“Es importante que toda la integración de la carpeta no se sustente en la hipótesis que tiene la investigación, sino en la corroboración formal de los datos”, advirtió.

Por ello, la Fiscalía espera obtener las bitácoras y registros de las aeronaves que participaron en las operaciones del 29 de octubre para confrontarlos con los testimonios, los indicios balísticos y los resultados periciales.

El fiscal sostuvo que incluso los deslindes realizados por instituciones que niegan haber participado en el enfrentamiento no son suficientes por sí solos para cerrar una línea de investigación.

“No es suficiente con el deslinde”, afirmó Govea Orozco, al señalar que la Fiscalía requiere datos sólidos que permitan determinar con certeza qué ocurrió.

Locutor pierde la vida por bala perdida en Cuautitlán

El comunicador trabajó en estaciones como La Z y La Mejor FM; también se desempeñó como promotor artístico y conductor de espectáculos musicales

El locutor de radio y promotor artístico David Castro, conocido como “El Gallo”, murió al ser alcanzado por una bala perdida mientras circulaba en bicicleta durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México.

El suceso ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle Melchor Ocampo, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra un hombre.

Castro transitaba en bicicleta por la zona cuando recibió uno de los impactos de bala y aunque el locutor no era el objetivo del ataque, quedó en medio de la agresión armada.

Tanto él como el hombre contra quien presuntamente iba dirigido el ataque murieron en el lugar.

Los agresores huyeron en la motocicleta después de realizar los disparos con rumbo desconocido y las autoridades tendrán que investigar el doble homicidio para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

David Castro era conocido en el ámbito radiofónico y artístico como “El Gallo”, por su trabajo como locutor de música grupera y promotor artístico.

El comunicador trabajó en estaciones como La Z y La Mejor FM; también se desempeñó como promotor artístico y conductor de espectáculos musicales.

Grecia Quiroz exige a Sheinbaum investigar “hasta sus últimas consecuencias” el asesinato de Manzo

La alcaldesa de Uruapan exige “una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales” durante la marcha a un año del asesinato de su esposo, entre abucheos a Morena y muestras de respaldo a una eventual candidatura de Quiroz a la gubernatura

A un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, incluso si las pruebas conducen a personas con poder político o económico.

El reclamo fue planteado este domingo 1 de noviembre, durante la Marcha por la Justicia y la Paz, que reunió a miles de personas en Uruapan, Michoacán. Antes de que Quiroz comenzara su discurso, entre los asistentes se escucharon consignas contra la mandataria federal y gritos de “¡Fuera Morena!”, mientras otros manifestantes expresaron su respaldo a una eventual candidatura de la alcaldesa a la gubernatura del estado en 2027.

Ante los manifestantes reunidos en la Plaza Morelos, también conocida como Plaza de los Mártires, donde Manzo fue asesinado hace exactamente un año, Quiroz advirtió que las detenciones y la apertura de carpetas de investigación no sustituyen la obligación de esclarecer la totalidad del crimen y determinar todas las responsabilidades.

“Yo no quiero venganza, no estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas, estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier Estado de derecho: que las instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y que quienes resulten responsables enfrenten a la justicia, porque atrapar a una persona no significa necesariamente haber esclarecido un crimen, porque abrir una carpeta de investigación no significa por sí sola que una familia haya encontrado justicia”, sentenció.

La alcaldesa añadió: “Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias. No una justicia de discursos”, reclamó, y exigió “una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales”.

Quiroz insistió en que el esclarecimiento del asesinato no debe condicionarse a la posición política, económica o institucional de quienes pudieran estar involucrados. “Porque la justicia no puede tener protegidos, porque la verdad no puede negociarse”, advirtió.

El pronunciamiento ocurre apenas tres días después de que, el jueves 29 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Con esa captura, el número de detenidos relacionados con el caso aumentó a 34. La dependencia había informado el 16 de octubre que la investigación registraba un avance estimado de 90%, aunque todavía mantiene diligencias pendientes.

La Fiscalía sostiene que el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las acciones del exalcalde contra grupos delictivos y que no ha encontrado indicios de un móvil político.

Entre consignas contra Morena y aspiraciones electorales

Pese a las consignas contra el partido oficialista que se escucharon durante la movilización, Quiroz inició su mensaje aclarando que no pretendía confrontar al Gobierno federal por diferencias partidistas.

“Señora presidenta, no le habla una adversaria política, no le habla a alguien que viene a confrontar a su gobierno por diferencias partidistas, le habla a una mujer que perdió a su compañero de vida, le habla a una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte”, expresó.

Su deslinde ocurre mientras mantiene abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, mediante una candidatura independiente vinculada al Movimiento del Sombrero, organización política que encabezaba su esposo.

Apenas el pasado 27 de octubre, durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Quiroz reconoció que analiza participar en la contienda estatal y adelantó que podría tomar una decisión en aproximadamente 45 días.

Exige justicia para las víctimas sin representación política

La Marcha por la Justicia y la Paz partió del monumento a Lázaro Cárdenas y avanzó hasta la Plaza Morelos, donde de acuerdo con reportes periodísticos se concentraron miles de personas provenientes de distintos municipios de Michoacán, así como de Colima, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Nayarit y Aguascalientes.

Entre los participantes estuvieron representantes del sector comercial y madres buscadoras, cuyas exigencias también fueron retomadas por Grecia Quiroz, quien extendió su reclamo de justicia a las familias de personas desaparecidas, víctimas de homicidio y feminicidio, comerciantes afectados por extorsiones, campesinos y transportistas.

“Hoy quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha, porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta y los dejan caminar en el olvido”, manifestó la alcaldesa.

Se dirigió directamente a las madres buscadoras que recorren hospitales, fosas, caminos y cerros para localizar a sus familiares desaparecidos, y reclamó que sean ellas quienes deban asumir las labores de búsqueda de sus seres queridos.

“Las madres buscadoras no deberían estar buscando restos humanos; deberían estar abrazando a sus hijos”, opinó.

Durante la jornada fue develada una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos, en el mismo sitio donde el entonces presidente municipal fue atacado a balazos mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos de 2025.

El monumento fue colocado frente a la ofrenda dedicada al exalcalde, en el espacio donde anteriormente se encontraba una figura de un sombrero y al que habitantes de Uruapan acudían para dejar flores y otros objetos en su memoria.

Frente a la estatua, Quiroz recordó una de las frases que su esposo utilizaba para referirse a los riesgos de su actividad política: que en una lucha limpia únicamente existían tres destinos, la cárcel, la muerte o el éxito.

“A Carlos le tocó la muerte”, dijo y habló de la ausencia de Manzo en la vida de sus hijos.

A quienes ordenaron el crimen, les advirtió: “La justicia tarde o temprano les llegará. No tengo duda”.

Al concluir su intervención, volvió a dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana y con mucho respeto se lo pido: ¡escúchenos! No queremos un país acostumbrado a contar muertos. Queremos un país donde podamos contar oportunidades, sueños cumplidos y familias reunidas”.

Pescadores mayo-yoreme llevan a la CIDH su lucha contra la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira

Pescadores mayo-yoreme litigan ante la CIDH contra la planta de amoniaco de GPO en Ohuira, mientras el gobierno federal mantiene su respaldo al proyecto

Han pasado más de cinco meses desde que indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ciudadanos en general de Topolobampo, Los Mochis y las comunidades indígenas que rodean la bahía de Ohuira, del norte de Sinaloa decidieron bloquear los accesos a la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman, que cuenta con financiamiento del banco alemán KfW IPEX.

Agrupados en el colectivo ¡Aquí No!, surgido en 2015, cientos de ciudadanos instalados las 24 horas del día en el plantón, en plena carretera Los Mochis-Topolobampo, han soportado temperaturas de al menos 49 grados, dos ciclones y decenas de “toritos” o pequeños remolinos que en más de una ocasión se han llevado carpas y enseres que permitían hacer llevadera la movilización, “ya no por el territorio, sino por la vida”.

“La posición es: no queremos petroquímica en nuestra bahía porque nosotros tenemos derecho a vivir. No estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo la vida, pero no sólo la vida en físico, sino la vida espiritual, la vida en la cosmogonía, pero también la vida económica de las comunidades”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, una de las voceras indígenas del colectivo.

Claudia, a quién le han apodado “La Comandanta”, junto con Melina Maldonado Sandoval, otra de las voceras de ¡Aquí No!, comparten con Proceso un balance de los casi 160 días de plantón, que se suman a los 13 años de lucha que ellas, junto con otros líderes indígenas como Felipe Montaño e Irene Díaz, han sostenido para defender la bahía de Ohuira, un sitio no sólo de pesca, sino que es reconocido ancestralmente como un lugar sagrado para los mayo-yoremes.

Ambas reconocen que el movimiento y ellas mismas han sido blanco de campañas desprestigio en medios locales de comunicación, como parte de los intentos de dividir a las comunidades que apoyan el movimiento, pero también riesgos mayores, como la exposición a explosiones causadas por una empresa vinculada a GPO, Pro Casa, que constantemente dinamita el cerro cercano al campamento.

“Nos hemos enfrentado a amenazas en ese lugar”, denuncia Melina; señala que al campamento han llegado desconocidos a advertirles que “si nos vamos a dormir puede pasar cualquier otra cosa”.

A las amenazas veladas, se han enfrentado a la intimidación: “Pasa el Ejército y nos toma fotos; pasa la policía municipal y nos toma fotos; la Guardia Nacional y nos toma fotos; nos sobrevuelan drones, no sabemos de quiénes son los drones, grandes, chicos, medianos, a cualquier hora.

“Hacemos reuniones informativas para la gente y de repente miramos la visita del dron que anda volando escuchando lo que estamos hablando”, agrega.

Ambas reconocen que gracias a la movilización social iniciada el 30 de mayo pasado, tras la llegada de un impresionante equipo, semejante a un “reactor nuclear”, para la instalación de la planta que pretende producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, las autoridades federales voltearon a ver el problema y los obligó a sentarse a la mesa con miembros del colectivo, del 10 al 22 de julio, sin que se llegara a acuerdos.

“Estuvimos con la empresa, pero al final de cuentas nuestra posición no ha cambiado; estamos esperando los estudios de línea base para poder determinar nuestra posición, que siempre ha sido aquí no a la petroquímica”, dice Claudia. Los estudios los están realizando científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El caso ante la CIDH

Pese a que están convencidas de que los resultados científicos confirmarán lo que las comunidades indígenas y pescadoras han denunciado desde hace 13 años, la inviabilidad de instalar una planta de amoniaco en un sitio catalogado internacionalmente como Ramsar 2025, por su valor ambiental, hogar de cientos de especies marinas y fuente de empleo de al menos tres mil pescadores, el colectivo decidió ir un paso más adelante y litigar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como resultado de la movilización y el acercamiento de otros grupos indígenas solidarios, así como de organizaciones sociales, en septiembre último pescadores de la bahía de Ohuira acompañados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace presentaron una petición ante la CIDH.

En el documento, del que Proceso tiene copia, los peticionarios incluyeron como uno de los elementos de prueba de los agravios el reportaje “La resistencia de un pueblo indígena contra una empresa financiada por Europa”,  publicado por este medio en el formato impreso y en video en septiembre de 2025, que documenta la lucha de los mayo-yoreme en defensa de la bahía de Ohuira.

De  acuerdo al documento, la imposición de la construcción de la planta de amoniaco a cargo de GPO ha violado los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), así como disposiciones del  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, así como del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “Acuerdo de Escazú”, del que México, irónicamente, fue un impulsor fundamental.

La petición de intervención de la CIDH establece que contra los pueblos indígenas pescadores se habrían violado sus derechos al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas; a la protección judicial, a un medio ambiente sano, aunado que se vulneró el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho a la justicia en asuntos ambientales, ambos reconocidos en el “Acuerdo de Escazú”.

Aunque el proyecto se presentó en 2013, las comunidades indígenas y pescadoras han litigado contra él desde el principio, con más intensidad desde que en 2022, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ampararon contra la aprobación el Manifiesto de Impacto Ambiental  (MIA) aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA-Semarnat).

De acuerdo a un documento emitido por el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, de fecha 26 de noviembre de 2024, obtenido por esta reportera, una resolución técnica consideró “no procedente” otorgar a GPO un título de concesión para descarga “de aguas residuales de su proceso industrial, consistente en sistema de enfriamiento, sistema desmineralizado, sistema de desalación, con un  gasto promedio de descarga de 26 mil 400 metros cúbicos/día operando las 24 horas del día, los 365 días del año, resultando con ello un volumen de descarga nueve millones 636 mil metros cúbicos/año y cuyo cuerpo receptor es la Bahía de Ohuira”.

Al litigio internacional se suman denuncias ciudadanas interpuestas ante autoridades federales sin que se les haya dado respuesta generando preocupación en el estado por el conflicto socioambiental no sólo por el caso de GPO sino por otros megaproyectos que también están considerados en la zona.

El 27 de octubre último la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (Redca) denunció en un pronunciamiento “la persistencia de opacidad en los procesos administrativos y la posible violación a los derechos humanos de las comunidades” , al no haber conclusiones de carpetas de investigación iniciadas en 2018 y 2019 por pescadores ante la delegación de la Procuraduría General de la República (ahora FGR) relacionadas “con presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos que son bienes nacionales ubicados en el bosque de manglar de la bahía de Ohuira y en la zona federal marítimo terrestre”.

Los firmantes advirtieron que tampoco hay respuesta a la denuncia popular interpuesta en 2023 ante la Profepa, por “la presunta ocupación de terrenos federales para la planta de amoniaco sin la concesión correspondiente”, a lo que se suma la suspensión de inspecciones de esa dependencia por un amparo que interpuso GPO para evitar la revisión, litigio en el que no fueron consideradas las comunidades indígenas.

La Redca advirtió “la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Ahome”, municipio donde se encuentra Ohuira, lo que “ha generado un vacío en la normatividad que orienta los usos del territorio con base en criterios ecológicos y procesos de participación social, impulsando proyectos productivos en un contexto de incertidumbre económica y perjuicio a nuestros ecosistemas naturales”.
Los pendientes descritos por los activistas sinaloenses chocan con la consideración del secretario de Economía, Marcelo Ebrad, quien el 16 de octubre en la glosa el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados anunció la continuación de los esfuerzos para concretar la construcción de la planta de amoniaco de GPO, presentada por el gobierno federal como planta de fertilizante.
“Le hemos invertido mucho tiempo al polo de desarrollo de Topolobampo y vamos a seguir adelante para lograr las inversiones que pensamos que son favorables (…) para aumentar nuestra capacidad de producción de fertilizantes, entre otras cosas”, dijo el funcionario federal.

Claudia Quintero, por su cuenta, concluye: “A la presidenta Claudia Sheinbaum no tengo ya nada que decirle, sería como hablarle a un palo, ella está convencida de que eso va, pese a que sabe lo que estamos sufriendo el pueblo mayo-yoreme”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Sacerdote fue privado de la libertad y torturado durante tres días, informa Diócesis de Culiacán

El sacerdote Clemente Morales Topete fue golpeado, sufrió quemaduras y recibió amenazas de muerte durante los tres días que permaneció privado de su libertad en Culiacán, informó la Diócesis, que también cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad en Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete fue privado de su libertad durante tres días por un grupo de personas desconocidas que lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron reiteradamente de muerte, informó la Diócesis de Culiacán en una carta circular difundida este domingo 1 de noviembre, en la que también cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad en Sinaloa.

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado regresó por sus propios medios a la casa parroquial el martes 27 de octubre, luego de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24, cuando acudió a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, su localización fue confirmada el pasado martes; sin embargo, fue hasta la publicación de la carta del obispo Jesús José Herrera Quiñónez que la Diócesis detalló las agresiones que sufrió durante su desaparición.

Golpes y quemaduras

Según el documento, Morales Topete fue trasladado a un lugar desconocido, donde sus captores le exigieron información que no tenía y por la que no podía ofrecer respuestas. Durante los tres días que permaneció retenido recibió golpes, quemaduras y amenazas de muerte.

“Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, señala la carta.

La Diócesis informó que, al regresar a la parroquia, el sacerdote presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada.

Aunque las lesiones no representaban un peligro inmediato para su vida, requerían seguimiento médico. También presentaba afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas recibidas.

Actualmente permanece bajo observación médica y su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

En la carta, el obispo señaló que las investigaciones sobre la privación de la libertad del sacerdote continúan abiertas, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas y la difusión de información que pudiera comprometer las indagatorias.

“Nuestro compromiso es con la verdad. No buscamos alimentar especulaciones, señalar responsables sin pruebas, ni contribuir a la desinformación”, expresó.

Críticas a la estrategia oficial

En el mismo documento, Herrera Quiñónez manifestó su preocupación por la violencia que enfrenta Sinaloa y consideró que las acciones de las autoridades no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a la población.

Aunque reconoció la intervención de las corporaciones municipales, estatales y federales durante la búsqueda y localización del sacerdote, pidió mantener los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia.


“Después de más de dos años de vivir esta situación, el sufrimiento de las familias, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad y las muertes violentas y en estos últimos meses los feminicidios, nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, expuso.

El obispo también cuestionó que los discursos oficiales y las estadísticas sobre seguridad no necesariamente se traduzcan en mejores condiciones para la ciudadanía.

“No bastan los discursos ni los datos estadísticos cuando las familias continúan sufriendo y las personas siguen viviendo con temor. Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, manifestó.

Por ello, llamó a fortalecer las estrategias de prevención, seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas.

Llamado a frenar la violencia

Herrera Quiñónez también vinculó la agresión contra el sacerdote con la situación que enfrentan otras personas desaparecidas y sus familias en Sinaloa. Señaló que la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes continúan buscando a sus seres queridos.

“Ninguna persona debe ser privada de su libertad y dignidad, sometida a violencia o utilizada como instrumento de intimidación. Ninguna circunstancia justifica el maltrato, las amenazas, las agresiones ni la desaparición de un ser humano”, expresó.

En un mensaje dirigido a quienes ejercen violencia, el obispo pidió detener las agresiones y reflexionar sobre sus consecuencias.

“¡Por compasión, ¡deténganse! ¡Ninguna vida humana es desechable! Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre”, manifestó.

Asimismo, pidió a la sociedad evitar señalamientos, burlas y juicios anticipados contra las víctimas de la delincuencia, particularmente en redes sociales, donde advirtió sobre la difusión de opiniones como si fueran hechos comprobados.

“Una opinión personal no constituye por sí misma una verdad, y la repetición de una opinión no la convierte en un hecho comprobado”, señaló.

Por último, convocó a las instituciones, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía a trabajar por la reconstrucción de la paz en Sinaloa.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/sacerdote-privado-libertad-torturado-diocesis-culiacan