Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la atención a las desapariciones como una prioridad de su gobierno, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un recorte de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mientras propone incrementar en siete mil 54 millones los recursos de la Guardia Nacional.
La reducción presupuestal para la búsqueda de personas se plantea en un país que supera las 135 mil víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y enfrenta una crisis forense de al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de las fiscalías, según estimaciones de organizaciones civiles ante la falta de información oficial consolidada.
De acuerdo con el análisis Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas), elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la CNB dispondría de mil 223 millones de pesos en 2027, una disminución de 3.2% respecto de 2026, mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentaría 28.9%, hasta alcanzar 31 mil 487 millones de pesos.
La mayor parte del recorte a la CNB, aproximadamente 36 millones de pesos, corresponde a los subsidios destinados a las comisiones locales de búsqueda, responsables de realizar acciones de localización de personas e identificación forense en las entidades federativas.
Fundar advierte que la distribución de recursos revela contradicciones entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales para enfrentar las crisis de desaparición, justicia y atención a víctimas.
“Por un lado, existe un cambio positivo en las tendencias históricas de la asignación presupuestal para la investigación penal en materia de violaciones graves a derechos humanos, mientras que por otro persisten inercias y se agravan retrocesos presupuestales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, crisis forense y atención a las víctimas, al tiempo que se consolida una política centralizada con un enfoque altamente militarizado”, señala el documento.
Menos recursos para las comisiones de búsqueda
La Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tendría en 2027 una asignación de mil 223 millones de pesos, 39 millones menos que en el ejercicio anterior.
Según Fundar, la disminución prolonga una tendencia de reducción de recursos que únicamente se interrumpió en dos ocasiones: en 2020, cuando el presupuesto aumentó 71.8% respecto de 2019, después de la creación de la Comisión, y en 2023, cuando creció 40.2% tras una reforma relevante a la Ley General.
Del recorte proyectado para 2027, aproximadamente 36 millones de pesos corresponden a la partida de Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda, que tendría una disminución de 3.8%, para quedar en 889 millones de pesos.
La reducción afectaría los recursos federales que reciben las comisiones estatales para desarrollar sus tareas de búsqueda de personas con vida, localización de restos humanos, identificación forense y notificación a las familias.
La otra parte del ajuste corresponde a las actividades de búsqueda en casos federales a cargo de la CNB, que perderían alrededor de cuatro millones de pesos. En 2026, esta partida contó con 339 millones.
“Estos descensos presupuestarios son preocupantes por varias razones. Por un lado, porque contrasta con la narrativa de la asociación de las desapariciones a fenómenos criminales locales. Por otro lado, porque las Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con base a esos subsidios, con los cuales deben operar la búsqueda en vida y forense, así como estrategias de identificación y notificación digna”, advierte Fundar.
La crisis forense y los recursos para identificar cuerpos
La reducción de los subsidios para las comisiones locales también tendría consecuencias en las actividades de identificación forense, en un contexto en el que organizaciones como Fundar y Documenta han estimado que existen al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías.
Parte de los recursos destinados a esas tareas proviene de los subsidios para las comisiones locales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), cuyo presupuesto para 2027 tendría un incremento de apenas 1%, equivalente a poco más de 99 millones de pesos.
Fundar considera que ese aumento resulta insuficiente para sostener una política nacional de identificación, debido a que el fondo financia distintas actividades de seguridad pública y no exclusivamente acciones forenses.
Los recursos programados “son claramente insuficientes para hablar de una apuesta por una política forense sostenida, puesto que dicho fondo no sólo atiende la materia forense y no es posible afirmar que la totalidad de esos recursos redundarán en estrategias de identificación”, sostiene el análisis.
En el ámbito federal, el documento identifica diferencias presupuestales entre las instituciones que participan en las tareas periciales.
El Centro Federal Pericial Forense (CFPF), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tendría un incremento de 13.2% en sus recursos para 2027.
En contraste, la Unidad Médico-Forense (UMF), también adscrita a la FGR, enfrentaría una disminución presupuestal y contaría con ocho millones de pesos para operar, de acuerdo con las cifras presentadas por Fundar.
El análisis también señala falta de claridad sobre los recursos que se destinarán a la Plataforma Única de Identidad (PUI), una herramienta contemplada dentro de la política gubernamental para la búsqueda de personas.
La plataforma depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, cuyo presupuesto aumentaría 322 millones de pesos en 2027, equivalentes a 8% respecto del año anterior.
Sin embargo, Fundar advierte que las asignaciones no permiten identificar cuánto dinero será utilizado específicamente para el funcionamiento de la plataforma.
Los recursos, señala la organización, “carecen de trazabilidad suficiente de los recursos para saber cuánto de este presupuesto será utilizado para el PUI”.
Aumentan fondos para investigar delitos, pero persisten diferencias
El análisis presupuestal también identifica incrementos para las fiscalías especializadas en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR tendría un aumento de 9%, para alcanzar 546 millones de pesos.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) recibiría un incremento de 64.4%, con una asignación de 45 millones de pesos.
Los recursos para la investigación de delitos de tortura aumentarían 53.6%, hasta alcanzar 34 millones de pesos.
No obstante, Fundar señala que esos incrementos deben analizarse frente a las asignaciones de otras áreas de investigación penal.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tendría un presupuesto de 761.9 millones de pesos, tras recibir un aumento de 12.6%, equivalente a 85.3 millones.
De esta manera, los 45 millones de pesos destinados a la fiscalía especializada en desaparición forzada representarían únicamente 5.9% del presupuesto de la FEMDO.
Para Fundar, esta diferencia refleja inconsistencias con el carácter prioritario que debería tener la investigación de las desapariciones, particularmente cuando el propio gobierno federal ha vinculado estos delitos con la actuación de organizaciones criminales.
En esas condiciones, sostiene el organismo, las capacidades y los recursos destinados a investigar desapariciones y delincuencia organizada deberían guardar una mayor correspondencia.
Atención a víctimas, con un incremento limitado
Las diferencias entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales también se observan en los recursos previstos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Para 2027, la institución contaría con mil 230 millones de pesos, apenas 12 millones más que en 2026.
Del presupuesto total, 726 millones de pesos estarían destinados a medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, un incremento de 8% respecto del ejercicio anterior.
Fundar contrasta este crecimiento con las últimas mediciones disponibles sobre el número de víctimas en México, que en noviembre de 2025 registraban un aumento anual de 22%.
La organización considera que la diferencia entre el crecimiento de la población que requiere atención y los recursos previstos para las instituciones encargadas de asistirla constituye otro de los problemas del proyecto presupuestal.
Guardia Nacional recibirá siete mil millones adicionales
Mientras las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la atención a víctimas enfrentarían reducciones o incrementos limitados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla aumentos para las dependencias federales de seguridad.
La Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones de pesos adicionales, equivalentes a un incremento de 28.9% respecto de 2026, para alcanzar un presupuesto total de 31 mil 487 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, también registraría un aumento presupuestal de mil 972 millones de pesos, equivalente a 3.2%.
Según Fundar, este incremento revertiría la tendencia de reducción de recursos que la dependencia había registrado desde 2023.
En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados tendría un aumento de apenas 99 millones de pesos, equivalente a 1% respecto de 2026.
Para la organización, esta distribución consolida una política de seguridad centralizada y con un importante componente militar, al mismo tiempo que mantiene limitados los recursos para fortalecer las capacidades estatales de búsqueda e investigación.
El presupuesto, ante el escrutinio internacional
La revisión de los recursos destinados a enfrentar la crisis de desapariciones ocurre en vísperas del informe anual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas presentará el martes 20 de octubre en Nueva York.
En ese contexto se encuentra la solicitud del Comité al secretario general de la ONU, António Guterres, para que se examine la posibilidad de establecer mecanismos internacionales de asistencia frente a la situación de desapariciones en México.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado que en el país exista una política estatal de desapariciones forzadas y ha manifestado su oposición a una intervención internacional en los términos planteados por el Comité.
La posición del gobierno mexicano se desarrolla mientras el organismo internacional mantiene bajo examen la magnitud de la crisis y las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentarla.
En su análisis del proyecto presupuestal, Fundar sostiene que las asignaciones previstas para 2027 deben evaluarse a partir de las necesidades de las instituciones responsables de investigar desapariciones, localizar personas, identificar cuerpos y atender a sus familiares.
“Una apuesta decidida por la verdad, la justicia y reparación sólo puede existir si la política pública en materia de seguridad, acceso a la justicia, búsqueda y crisis forense, así como la atención victimal son coherentes política y presupuestariamente”, señala la organización.
“El Paquete Económico 2027 muestra un divorcio entre la investigación en materia de derechos humanos, búsqueda de personas, crisis forense y políticas de seguridad local”, concluye Fundar.
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