El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, afirmó que el procedimiento activado por el organismo respecto de la situación de México busca impulsar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones y no determinar responsabilidad internacional del Estado mexicano.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las razones por las que en abril de 2025 activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dijo que el procedimiento se sustentó en información recabada durante años, incluida la proporcionada por el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, así como en el análisis de la evolución de la situación desde la visita que el comité realizó a México en noviembre de 2021.
“Analizó toda la información recibida de México desde el año 2014, porque México se convirtió en estado parte de la convención en el año 2012, analizó la evolución de la situación desde que hicimos la visita en el año 2021, y llegó a la conclusión de que en varias zonas del territorio hay elementos para determinar que se cometen crímenes de lesa humanidad”, señaló.
Albán precisó que, de acuerdo con el análisis del comité, el principal perpetrador de las desapariciones es el crimen organizado, aunque también existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios públicos de los niveles municipal y estatal.
“Como el propio secretario Arturo Medina reconoció ayer en la sala, hay muchos casos en los que se puede confirmar la participación de funcionarios del nivel municipal y del nivel estatal”, afirmó.
Al mismo tiempo, señaló que el comité no encontró elementos para sostener que exista una política del gobierno federal para cometer desapariciones.
“Nosotros en nuestro informe sí habíamos concluido ya anteriormente que no tenemos elementos para afirmar que hay una política desde el estado federal, desde el gobierno nacional para cometer estos crímenes”, dijo.
El comité espera cooperación de México
El presidente del comité sostuvo que México ha rechazado desde el inicio la activación del procedimiento y posteriormente ha cuestionado el análisis realizado por el organismo, pero aclaró que Naciones Unidas no espera que el Estado mexicano necesariamente comparta su interpretación del artículo 34.
“Nosotros no esperamos que el Estado mexicano acepte o no acepte nuestra interpretación. Lo que sí esperaríamos es que el Estado mexicano acepte la cooperación internacional porque el propósito del mecanismo es preventivo”, sostuvo.
Explicó que la propuesta del comité a la comunidad internacional consiste en respaldar a México en áreas como la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, la identificación humana y la protección de quienes participan en labores de búsqueda.
De acuerdo con Albán, la necesidad de fortalecer esas áreas se desprende también de la evolución de las cifras oficiales. Cuando el comité realizó su visita a México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 96 mil registros. Para el momento en que el organismo tomó la decisión de activar el procedimiento, la cifra había superado las 134 mil personas.
En cuanto a los cuerpos humanos pendientes de identificación, señaló que durante la visita del comité había 52 mil en poder de los servicios forenses mexicanos, mientras que para el momento de la decisión la cifra había aumentado a 72 mil.
A ello se suman los reportes sobre personas que han sido hostigadas, intimidadas o atacadas por participar en labores de búsqueda e investigación, además de las altas tasas de impunidad frente al delito de desaparición.
“En consecuencia, frente a la continuidad del fenómeno, frente al hecho de que nosotros hemos seguido recibiendo solicitudes de acciones urgentes respecto de personas que han desaparecido posteriormente a nuestra toma de decisión de apertura del procedimiento, es decir, seguimos constatando que las personas de México desaparecen todos los días, el comité tenía que tomar una decisión”, afirmó.
Albán explicó que la activación del artículo 34 fue el resultado de un proceso gradual previsto en la propia Convención contra las Desapariciones Forzadas.
El comité comenzó con la revisión del cumplimiento de las obligaciones de México mediante informes y diálogos; posteriormente revisó las acciones urgentes, un mecanismo mediante el cual México se convirtió en el país con más casos registrados; continuó con comunicaciones individuales y después realizó la visita de noviembre de 2021.
Señaló que tras esa visita, el comité mantuvo nuevos diálogos con el Estado mexicano y recibió información complementaria antes de activar el procedimiento del artículo 34. “Lo único que ha hecho el comité es aplicar una disposición que está en el tratado y que los propios estados incluyeron en el tratado y por ende debe tener efecto”, sostuvo.
Procedimiento es preventivo, no sancionatorio
Albán insistió en que el procedimiento no constituye una sanción contra México ni una determinación de responsabilidad internacional.
“En su resolución, el comité hizo unas propuestas y son solamente esas propuestas quiero insistir en que el comité entiende que la naturaleza del procedimiento del artículo 34 es preventiva, no sancionatoria, por ende, no se trata de una determinación de responsabilidad internacional del estado”, explicó.
“No pretendemos que la Asamblea reproche a México, no pretendemos que la Asamblea reclame a México, ni pretendemos que la Asamblea le haga imposiciones a México”, afirmó.
Por el contrario, señaló que las propuestas buscan una movilización internacional para ayudar a México a enfrentar un problema que ya trascendió sus fronteras debido a la dimensión regional de la delincuencia organizada.
“Yo creo que estamos perdidos en la traducción, porque la intención del comité no es atacar a México ni a su gobierno. La intención del comité es que México cuente con el respaldo de la comunidad internacional, con todo el apoyo necesario, con los recursos adicionales que fuera del caso para poder atender una crisis y por lo menos ralentizarla, por lo menos reducir la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno”, sostuvo.
El presidente del comité consideró que erradicar el fenómeno en este momento resulta complejo y subrayó la dimensión humana de la crisis.
“Dar respuestas a 136 mil familias, porque al final yo creo que cuando la asamblea tome una decisión tendrá que tener en cuenta que lo que está detrás son las historias de al menos 136 mil familias, de al menos 136 mil personas que merecen verdad, que merecen justicia, que merecen la atención de la comunidad internacional, ya no solamente del Estado mexicano”, señaló.
Atribuye parte de las medidas de México a la activación del procedimiento
El presidente del comité afirmó que la activación del artículo 34 ya tuvo efectos en las medidas adoptadas por el Estado mexicano durante el último año.
“Yo creo que de hecho la decisión ya ha tenido un primer efecto, porque es claro que estas diez medidas que ha anunciado el Estado mexicano que viene tomando desde hace un año son consecuencia directa de que nosotros activamos el procedimiento, y de otras cosas también, pero nuestra decisión también influyó en eso”, aseguró.
En particular, se refirió a la cifra de 16 mil personas que, según lo informado por el Estado mexicano, fueron localizadas durante el último año.
“Se ha dicho que han encontrado en el curso del último año a 16 mil personas, pues qué bueno si así es y ojalá se presente la evidencia de que efectivamente estas personas fueron encontradas, y que sus familias han sido informadas debidamente sobre su situación y paradero”, dijo.
“Pero aún así quedarían 120 mil, y 16 mil es un primer avance”, sostuvo.
Albán agregó que el procedimiento también puede establecer un precedente para futuros casos en otros países donde las desapariciones forzadas alcancen características de masividad y generalidad.
“En el mundo en el que vivimos es un mundo muy violento, hay otros escenarios en que la desaparición forzada llega a cifras alarmantes, pero además tiene características de masividad y de generalidad, y por ende pudiera ser necesario que el comité acuda otra vez a este procedimiento, y será necesario un precedente sobre qué se hacen estos casos”, señaló.
La activación del artículo 34 respecto de México es la primera en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada. Albán dijo que el organismo espera que sea también la última, aunque reconoció que las condiciones internacionales hacen difícil anticiparlo.
“La primera, y quisiéramos que sea la última, pero con la realidad del mundo actual pensamos que tal vez no será la última”, afirmó.
México mantiene cooperación internacional
Respecto de la posibilidad de que México rechace también cualquier colaboración internacional derivada del procedimiento, Albán consideró que el escenario más probable es que el país mantenga la cooperación con otros Estados y organismos.
“Parecería que estamos más cerca del escenario dos, de hecho, porque el propio secretario Arturo Medina durante su intervención dio cuenta de que se han celebrado acuerdos de cooperación recientemente”, señaló.
Mencionó acuerdos recientes con países como España, Guatemala y Países Bajos, además de cooperación con Alemania y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Para Albán, la cooperación internacional no implica desconocer las acciones que México ha emprendido para atender la desaparición de personas. En ese sentido, reconoció la existencia de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, una Ley General de Víctimas, una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales de búsqueda y fiscalías especializadas.
“Que son pasos positivos, pero es claro que no fueron suficientes. Entonces, el reconocer los avances no nos impide a nosotros decir, todavía hay que hacer más”, afirmó.
El presidente del comité sostuvo que la petición de recibir apoyo internacional no debería ser interpretada como un enfrentamiento entre México y el organismo de Naciones Unidas. “Y el que nosotros le digamos a México, habría que hacer más, déjense ayudar, no debería significar que México considere que el comité es su enemigo”, dijo.
Añadió que el Comité contra la Desaparición Forzada seguirá monitoreando la situación mexicana debido a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Convención.
“Nosotros tenemos la obligación de continuar monitoreando a México, y vamos a tener que seguir pidiendo la información, y vamos a tener que seguir convocándolo a diálogos, y vamos a tener que seguir registrando acciones urgentes mientras persista la situación de los desaparecidos en México”, sostuvo.
Tercera Comisión de la ONU analizará el caso
Albán explicó que el procedimiento ya se encuentra formalmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La secuencia comenzó con la apertura del procedimiento y la decisión del comité basada en la evidencia recabada. Posteriormente, el organismo remitió el asunto a la Asamblea General a través del secretario general de la ONU.
“Esto ya ocurrió en el mes de mayo del presente año. En el mes de junio del presente año, el secretario ya lo llevó a la atención de la Asamblea, es decir, lo puso en conocimiento de todos los estados miembros de la ONU”, explicó.
La Asamblea General trabaja a través de seis comisiones y la Tercera Comisión es la encargada de los asuntos relacionados con derechos humanos. La presentación realizada por Albán ocurrió ante esa comisión, pero el proceso de análisis ya estaba en marcha.
“Entonces lo que seguiría es que esa tercera comisión analice la cuestión a los efectos de determinar si corresponde dictar una resolución, si corresponde convocar a una mesa de diálogo, si corresponde remitir el asunto a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que continúe trabajando el tema, si corresponde pedir aclaraciones adicionales al comité, o qué es lo que corresponde”, señaló.
La Tercera Comisión deberá adoptar sus proyectos de resolución antes de que termine el año, por lo que el comité dará seguimiento al proceso durante los próximos meses.
“Nosotros estaremos monitoreando de cerca e insisto, continuaremos trabajando con México en la medida en que México esté dispuesto a trabajar con nosotros porque tenemos la obligación de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado”, afirmó.
Países expresan disposición a cooperar
Sobre las intervenciones de otros Estados durante la sesión de la Tercera Comisión, Albán explicó que varios países solicitaron la palabra y abordaron cuestiones relacionadas con cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo a las labores de búsqueda e investigación.
Ningún país, salvo México, se refirió de manera específica al artículo 34, según el presidente del comité. Sin embargo, consideró que el contenido de varias intervenciones apuntó a dar seguimiento a la decisión adoptada por el organismo.
“Por eso mismo nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que habrá estados que se ofrecerán como facilitadores de un diálogo, de una conversación, y de una canalización de procesos de cooperación con México”, dijo.
Destacó además que entre los países que intervinieron con una postura que calificó de positiva hubo Estados latinoamericanos. Sostuvo que el comité espera que el proceso produzca mayores resultados, particularmente en beneficio de las familias de personas desaparecidas.
“Así que yo creo que debemos mantener la esperanza de que esto, más allá de los frutos que ya dio, porque insisto, creo que ya ha dado frutos, es claro que las medidas tomadas tienen en buena en buena parte que ver con lo que nosotros resolvimos de más frutos, sobre todo para que haya mejores respuestas para las familias”, concluyó.
Posteriormente, en sus redes sociales Albán reconoció que los esfuerzos oficiales han permitido localizar a 16 mil personas desaparecidas en el último año, aunque falta conocer quiénes son y si sus familiares ya fueron notificados:
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