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Guardia Nacional ahora agentes de vialidad

A pesar que la Guardia Nacional fue constituida para sustituir a la Policía Federal, combatir la inseguridad, se convirtió en policía de aproximación; si no combatieron el crimen, ahora son agentes de vialidad

En respuesta a los reclamos de la ausencia de apoyo de la Federación en el combate a los integrantes de los cárteles de las drogas en los estados, el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador que originalmente había rechazado el Ejército, se inventó una policía militarizada, la Guardia Nacional (GN).

Creada según los anuncios para “combatir la delincuencia y mitigar la incidencia delictiva, en particular los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada”, se supone que iban por los capos y los asesinos; hasta facultades investigadoras les asignaron.

Teniendo a la Guardia como “parte central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual busca disminuir homicidios dolosos, extorsiones y otros delitos de alto impacto mediante inteligencia, investigación y proximidad social”, los elementos fueron repartidos en los estados, de acuerdo a la incidencia de muertes violentas.

Siete años después, se la han pasado en patrullajes y guardias perimetrales, porque las detenciones de traficantes, capos y asesinos las han ejecutado los elementos de la Secretaría de Marina, los agentes de la Unidad Estratégica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch y las policías estatales.

No existe reportes del 2026, pero de acuerdo a los informes oficiales del año pasado, en todo el país, la Guardia detuvo a 23 mil 206 personas, que representó apenas el 5.6 por ciento de estos delincuentes medianos y menores, mientras las policías estatales y municipales aprehendieron al otro 94.4 por ciento.

Con estos deficientes resultados, sin haber cumplido el objetivo para el que fueron creados, ahora los convirtieron en policías viales. En marzo del presente 2026, el Gobierno Federal publicó la reforma al reglamento de tránsito federal, facultando a la Guardia Nacional para: multar; solicitar documentos; revisar y determinar —como si tuvieran la formación necesaria— las condiciones físico-mecánicas de los vehículos; realizar operativos de alcoholímetro o pruebas toxicológicas. Y a partir de un decreto publicado en agosto pasado, utilizar dispositivos electrónicos y radares para medir el exceso de velocidad, tema que actualmente están socializado a través de páginas en redes sociales.

En Baja California, en múltiples ocasiones, durante años, este Semanario ha dado cuenta de las denuncias de trabajadores del volante que operan transporte de carga, acusando las extorsiones cometidas por diversas corporaciones policíacas que los detienen, en carreteras o intersecciones de caminos federales y vialidades locales, sin justificar el acto de molestia, para terminar pidiéndoles miles y miles de pesos, a cambio de evitar que se lleven sus camiones de trabajo o les retengan los documentos, usando multas inventadas.

Que si una de las 18 llantas le falta aire, o a las luces no tienen suficiente intensidad y reflejar, que invadieron un carril, o iban a exceso de velocidad, que circulan fuera de horario o en zonas restringidas, o realizan maniobras prohibidas, que si tardaron mucho tiempo estacionados frente a parques industriales para registrarse e ingresar a descargar, que los engomados no son válidos, que si las guías no coinciden con la mercancía, o que a “ojo de buen cubero” la carga excede el peso y las medidas permitidas.

Ahora, este negocio extorsivo, en carreteras y puentes de jurisdicción federal, se hizo exclusivo de la Guardia Nacional, y la zona costa bajacaliforniana es todo un botín, considerando que los municipios están conurbados y las vialidades federales son caminos comunes en el atrofiado y embotellado tráfico local.

Además, la corporación ya tuvo la oportunidad de medir los beneficios, entre el 11 y el 27 de abril, en el operativo de Semana Santa del 2025, cuando con 100 elementos y 50 vehículos, la Guardia Nacional aplicó 1 mil 842 multas en las carreteras federales bajacalifornianas, con importes que iban desde los mil 131 pesos hasta los 22 mil 628 pesos, dependiendo del tipo de infracción.

Según el Gobierno Federal, esta controvertida reforma fue para “evitar la corrupción”, pero otra vez, respecto a la honestidad y ética laboral de los guardias nacionales, los ciudadanos en Baja Californian tienen memoria y otros datos.

Considerando sólo los delitos en los que han sido videograbados en Tijuana, están: los robos a casas en colonias de alto poder adquisitivo en diciembre del 2025 y febrero del 2026, incluso acompañados a Ulises Rayas, traficante del Cártel Arellano. En junio del 2024, el homicidio de Adán Morales en Tijuana. En junio del 2023, el robo de una caja fuerte en la casa de un comerciante y adulto mayor; en abril del mismo año, el intento de extorsión en un hotel de la Zona Centro de Tijuana y otros negocios; en el mismo periodo fueron captados protegiendo a traficantes de personas en la zona de la Libertad y Otay; también en abril, en Mexicali, y noviembre del mismo año, pero en Tijuana, los grabaron robando droga. Igual que en noviembre de 2022, cuando sacaron el cargamento de una recicladora en la Carretera Libre Tijuana-Tecate.

Aún no existen estadísticas del 2026, pero según el Informe Anual de la corporación, recibido por el Senado de la República, en 2025 se presentaron 103 denuncias “penales” contra 320 elementos. El informe del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal realizado por el INEGI, indica que, en 2025, la GN “registró haber cometido 19 mil 707 presuntos delitos, durante las puestas a disposición ante del Ministerio Público.

Y el informe de Asuntos Internos de la GN del 2024 expuso que 749 agentes habían sido denunciados “penalmente”, incluidos en 286 carpetas. Mismo período en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 409 quejas en contra de elementos de la corporación, e invalidó el 42 por ciento, asegurando que los agentes no tuvieron responsabilidad. También informaron que, en los primeros cinco años, se había iniciado 1899 expedientes contra la Guardia.

Los antecedentes evidencian que, tratándose de la GN, ya habían puesto “al lobo a cuidar las ovejas”, y ahora que los convierten en policías de tránsito, les están ampliando el rebaño del que pueden abusar.

Los guardias nacionales no usan cámaras corporales, y sólo un número mínimo de patrullas están equipados con sistemas de videos, así que, como siempre, tocará a los ciudadanos buscar la manera de protegerse.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/guardia-nacional-ahora-agentes-de-vialidad/

Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza buscan recuperar cuentas congeladas por la UIF

Una fuente del TFJA confirmó a Proceso que el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán con licencia y el senador mantienen procedimientos para recuperar sus cuentas bancarias

El gobernador y alcalde con licencia Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendivil, mantienen juicios para recuperar sus cuentas bancarias junto al senador Enrique Inzunza Cázarez, congeladas desde el 18 de mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Una fuente de la Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó a Proceso que los tres morenistas mantienen procesos en esta instancia para recuperar sus cuentas. 

Los casos guardan en común que ninguno tiene representante legal nombrado ni dirección para recibir notificaciones, únicamente los nombres de los afectados y direcciones de correo electrónico. 

La información surge luego de que se diera a conocer que la UIF desbloqueó tres cuentas bancarias de un “ex funcionario sinaloense”, luego de que la Sala Regional en Sinaloa del TFJA fallara a favor del afectado, Rubén Rocha Moya. En el comunicado no se refieren al ex gobernador por su nombre, sin embargo, advierten que las cuentas descongeladas son de pagos del ISSSTE, IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El acuerdo se debe al criterio de protección de pagos futuros de pensión, que advierte que, aunque la cuenta general permanezca congelada, los tribunales federales conceden la suspensión provisional para disponer exclusivamente de los depósitos futuros provenientes de pensiones (IMSS, ISSSTE o universidades). Esto se fundamenta en el principio legal de inembargabilidad de las pensiones para garantizar el mínimo vital, según se publicó en el Semanario Judicial de la Federación.  

A este respecto, en su comunicado la UIF precisa que “la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, es decir, el resto de las cuentas del afectado permanecen bloqueadas. 

La fuente del TFJA explicó a Proceso que tanto Rubén Rocha Moya como su ahijado Juan de Dios Gámez Mendivil y Enrique Inzunza Cázarez mantienen casos para recuperar sus cuentas. 

El embargo de cuentas es una medida cautelar, y de acuerdo a esta fuente data del 18 de mayo en que se congelaron las cuentas de los tres morenistas, acusados de mantener nexos con los Chapitos, señalamientos surgidos de una corte en Nueva York y dada a conocer porno Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sentencian a 22 años y medio de prisión al hermano de “El Mencho” en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes recibió una condena por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Durante la audiencia pidió clemencia por su edad y estado de salud: “Mi mayor temor es morir fuera de mi familia”

La jueza federal Beryl Howell, del Distrito de Columbia, sentenció a 22 años y medio de prisión al narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La sentencia quedó dividida en dos partes: 17 años y medio de prisión (210 meses) por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetaminas de México a Estados Unidos, así como otras actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado, y cinco años adicionales por delitos relacionados con la posesión y el tráfico ilegal de armas como parte de una organización dedicada al narcotráfico. 

Durante la audiencia, que se prolongó por una hora y 25 minutos, la jueza desestimó la petición de clemencia que hizo en español el acusado, quien solicitó que se tomaran en cuenta su edad, sus problemas de salud y el temor de morir lejos de su familia. 

“Considere mi edad (68 años) y estado de salud… mi mayor temor es morir fuera de mi familia”, expresó Oseguera Cervantes ante la jueza, quien le recordó sus más de dos décadas de participación en el narcotráfico como integrante de alto rango, primero del Cártel del Milenio y posteriormente del CJNG.

La defensa del narcotraficante mexicano, expulsado a Estados Unidos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de 2025, argumentó que su representado padece enfermedades cardiovasculares crónicas por las cuales tendría una expectativa de vida de apenas 10 años. 

Los abogados también destacaron que Oseguera Cervantes había mantenido buena conducta durante su estancia en prisión desde su llegada a territorio estadunidense. 

Vestido con un overol de preso color olivo, el hermano de “El Mencho” ofreció una disculpa pública y reiteró su petición de clemencia, al señalar que era un hombre próximo a cumplir 70 años. 

En su intervención, relató que provenía de una familia de siete hermanos que fueron abandonados por su padre cuando él era pequeño. 

Oseguera Cervantes explicó que llegó a Estados Unidos a los 16 años para trabajar y que permaneció durante tres décadas en ese país, hasta que fue deportado a México. 

También aseguró que tiene hijos que son ciudadanos de ambos países y que trabajan en Estados Unidos. 

Agregó que en México tiene dos hijos adultos cuya madre falleció de cáncer, además de otros dos hijos menores de edad, de seis y dos años. 

Sin embargo, los argumentos del narcotraficante no prevalecieron frente a los señalamientos del Departamento de Justicia, cuyos representantes recordaron a la jueza que el CJNG es una de las organizaciones criminales más violentas de México, responsable de numerosos actos de violencia, corrupción y muertes. 

El equipo de abogados de Oseguera Cervantes, encabezado por Frank Pérez, insistió en que la jueza debía considerar las condiciones de salud y la edad de su representado al momento de determinar la condena. 

El Departamento de Justicia había solicitado una pena de 30 años de prisión, mientras que la defensa planteó una condena de 20 años. Finalmente, la jueza Howell impuso una sentencia total de 22 años y medio. 

La juzgadora aclaró que a la condena se deberá descontar el tiempo que Oseguera Cervantes ya ha permanecido encarcelado en Estados Unidos desde su traslado desde México. 

Una vez cumplida la sentencia, el hermano de “El Mencho” deberá ser deportado a México.

Pobladores bloquean carretera Tepeyahualco-La Colorada por proyecto de Vivienda del Bienestar en campo deportivo

Esta movilización se suma a otras registradas en Puebla y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales

Pobladores de San Lorenzo Ometepec, en el municipio de Tochtepec, bloquearon el 12 de noviembre la carretera estatal Tepeyahualco-La Colorada, en protesta por el proyecto de construir Viviendas del Bienestar en un área comunitaria que actualmente sirve de campo de béisbol. 

Esta movilización se suma a otras registradas en esta entidad y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales. 

Apenas la semana pasada, vecinos de Cuautlancingo se manifestaron en contra de que se construya una sede de la Universidad Rosario Castellanos en donde actualmente hay un parque recreativo llamado Xelhua. 

Igual, habitantes de San José Chiapa mantienen un movimiento de resistencia en contra de la construcción de un llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular del Bienestar (Podecibi) en terrenos de ese municipio.

Una lucha similar emprendieron los habitantes de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, contra un parque similar de reciclaje de basura, pero este mes de octubre se anunció la cancelación del proyecto. 

En esa misma entidad, vecinos de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, se oponen a la construcción de un complejo de salud IMSS en terrenos donde actualmente funcionan campos deportivos de esa comunidad. 

Cabe señalar que, en todos los casos, los pobladores reclaman que no fueron consultados para decidir la procedencia de esos proyectos de inversión federal en los predios que forman parte de uso cotidiano de sus comunidades o que, como ocurre con los Podecibi, generarían contaminación en zonas cercanas a sus viviendas.   

En la protesta de este jueves, los habitantes de Ometepec acusaron que no se les tomó en cuenta para decidir el uso de los campos de béisbol para construir las viviendas del Bienestar, pese a que ese predio forma parte del patrimonio de la comunidad. 

Desde la mañana de ese día, los pobladores colocaron piedras y prendieron fuego a llantas para impedir el paso de la carretera estatal en demanda de que las autoridades municipales atiendan sus reclamos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“¿Cómo las placas salvarán vidas?”: protestan repartidores por aplicación; Semovi ofrece mesas de trabajo

Unos 50 motociclistas por aplicación rechazaron el reemplacamiento de carga y el cobro de parquímetros al considerarlos medidas recaudatorias. Aunque pactaron dialogar el martes con autoridades y especialistas, marcharon al Zócalo para entregar su pliego petitorio

Al menos 50 repartidores por aplicación se concentraron este viernes en el Parque México, en la colonia Condesa, para protestar pacíficamente contra el plan de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regularización mediante placas y licencias de transporte de carga, al señalar que se trata de una medida recaudatoria y no de una política pública para salvar vidas.

Aunque las autoridades defendieron que el programa piloto está suspendido y convocarán a mesas de trabajo con expertos, diputados y repartidores a fin de que la legislación se haga en consenso, los motociclistas insistieron en el cuestionamiento a las autoridades sobre cómo el reemplacamiento se traducirá en que haya menos accidentes.

“Ustedes dicen ‘lo queremos hacer por la seguridad de todos’ pero qué beneficio da a la seguridad meter una placa nueva?, eso al final del día es un método recaudatorio del gobierno hacia nosotros, y la verdad es que nosotros ya estamos cansados”, sostuvo Édgar, uno de los repartidores que acudió a la movilización.

Semovi plantea capacitación; repartidores mantienen marcha al Zócalo

Al punto de reunión en el Parque México, acudió José Cáceres, director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Semovi, quien entabló diálogo con los inconformes y aseguró que la dependencia busca elevar los estándares de conducción en la ciudad.

“Que quede claro que lo que estamos buscando es seguridad, pero la otra cosa tiene que ver con el manejo. Hay estándares de competencia, vamos a trabajar sobre la parte de capacitación, eso no quiere decir que manejan mal, pero se puede mejorar”, respondió el funcionario ante los cuestionamientos.

Cáceres agregó que la administración local desea colaborar con el sector: “Nosotros no estamos en contra de los motociclistas, al contrario, forman parte del esquema de transporte de la ciudad y queremos trabajar con ellos de manera coordinada”.

Los motociclistas también exigieron a las autoridades capitalinas a que transparente el 2 % de impuestos que reciben por parte de ellos. Un recurso que, reprocharon, no se ve reflejado en la mejora de la infraestructura vial que cada día tiene más hoyos y baches que generan accidentes.

Aunque hubo diálogo entre las partes y se acordó que el próximo martes al mediodía habrá una mesa de trabajo entre repartidores, autoridades y expertos, los motociclistas decidieron trasladarse al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para entregar un pliego petitorio a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para después llevar a cabo bloqueos en vialidades como Reforma e Insurgentes.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/repartidores-protestas-zocalo-placas-carga-cdmx

Detienen en Matamoros a cuatro presuntos integrantes de célula de Ciclones del Cártel del Golfo

La Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula de Ciclones del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, quienes formaban parte del círculo de seguridad de un jefe criminal identificado como “Choco”

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a la facción Ciclones del Cártel del Golfo, quienes formaban parte del círculo de seguridad de Fausto “N”, alias “Choco”, identificado como jefe de seguridad de Alan Alexis “N”, hijo de José Alfredo “N”, alias “Contador”, señalado como líder de ese grupo criminal.

La detención ocurrió este viernes en la colonia Eva Sámano, en Matamoros, Tamaulipas, luego de que personal militar fuera agredido con disparos de armas de fuego y repeliera el ataque, informó el Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el operativo participaron elementos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (Lobos) de la Guardia Nacional y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, quienes realizaron las acciones a partir de trabajos de inteligencia e investigación.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un fusil Barret calibre .50, tres armas largas, una granada de fragmentación, mil 200 cartuchos y 14 cargadores, además de dos vehículos, diverso equipo táctico, 100 gramos de mariguana y 50 artefactos conocidos como ponchallantas.

Señalan a “Choco” por bloqueos y ataque contra policías

En el mismo comunicado, la dependencia señaló a Fausto “N”, alias “Choco”, como responsable de organizar los bloqueos y la quema de vehículos registrados el 7 de mayo de este año en Matamoros, después de la captura de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando del Cártel del Golfo.

Asimismo, indicó que es considerado autor material de una agresión ocurrida el 17 de mayo contra dos policías federales penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el mismo municipio, en la que uno de los agentes perdió la vida.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Reynosa, Tamaulipas, para continuar con las investigaciones, realizar las diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

El Cártel del Golfo opera a través de distintas facciones

La detención ocurre en un contexto de operaciones federales contra distintas estructuras vinculadas al Cártel del Golfo, organización que opera a través de facciones con presencia en Tamaulipas y otras entidades.

El 27 de septiembre pasado, autoridades federales realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que derivaron en la detención de tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como presunto operador financiero de Los Metros, otra de las facciones del Cártel del Golfo.

De acuerdo con la información difundida entonces por el Gabinete de Seguridad, las investigaciones estaban relacionadas con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos. Durante los operativos fueron asegurados 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones y 49 camiones recolectores, además de 11 bombas despachadoras y cuatro tanques.

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de alrededor de 500 mil litros de combustible, así como metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo. Jesús Manuel “N” contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con información de InSight Crime, el Cártel del Golfo dejó de operar como una organización unificada y se encuentra dividido en distintas facciones que compiten por el control de actividades criminales en la frontera de Tamaulipas y otras entidades del oriente del país.

Entre los grupos identificados se encuentran Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Rojos, Los Metros y Las Panteras. Estas estructuras mantienen presencia en la frontera y están vinculadas con actividades como el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Los Escorpiones y Los Ciclones concentran actualmente una mayor parte del poder dentro de la estructura fragmentada del Cártel del Golfo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO:
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/seguridad/detienen-matamoros-cuatro-integrantes-ciclones-cartel-golfo

Sheinbaum descarta "roce" con EU por Guillermo Zuany

La mandataria destacó la relevancia del caso para la relación bilateral, y pidió que el Gabinete de Seguridad informe sobre el exfiscal y su paradero

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el caso de Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, es relevante para la relación con Estados Unidos, por su participación con agencias de seguridad e inteligencia de ese país. 

“Es una historia larga la de este personaje”, dijo, sobre todo porque “llegó a ser vicefiscal de Chihuahua. Es muy relevante incluso para la relación bilateral con Estados Unidos”. 

En un inicio dijo que en este momento no quería comentar el tema; sin embargo, adelantó varios señalamientos.   

“Tiene una historia (...), la conoce el Gabinete Seguridad, de cómo es que esta persona, que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, colabora con las agencias de Estados Unidos”, dijo.

La mandataria federal fue redundante en que es “muy relevante, muy muy relevante incluso para la relación bilateral. Entonces pediría al Gabinete de Seguridad que diera toda la información sobre esta persona y en este momento en dónde se encuentra de acuerdo con el con conocimiento del gabinete de seguridad”.  

Una vez más dijo que es muy relevante cómo Zuany, afirmó, está vinculado con actos de corrupción y, sobre todo, “vínculos con la delincuencia organizada, lo puedo decir, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”. 

Por tanto, consideró que “sí vale mucho la pena conocer (el caso) por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía”, y pidió que la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad informe al respecto. 

Cuando se le preguntó si consideraba que este caso podría generar “un roce” en la relación bilateral, rechazó la idea y se refirió a la Ley de Seguridad Nacional.   

“Una de las razones que nos, me comentó la fiscal —ella va al gabinete de seguridad una vez a la semana, una vez cada 15 días—, que fue tomada en cuenta para la acusación de traición a la patria del fiscal de Chihuahua, fue la modificación que hicimos al 40 constitucional, que fue tomada en cuenta por el Poder Judicial”.  

El gobierno de Estados Unidos, dijo, conoce esa postura y sabe que si quiere llevar a cabo actividades de seguridad en México “tiene que cumplir necesariamente con la Constitución mexicana y con la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad Nacional”. 

En este caso, la jefa del Ejecutivo sí acreditó lo publicado en el medio New York Times, lo cual no ha sucedido en otros casos cuando el reportaje es sobre actos de presunta corrupción de personajes de Morena.  

"Pero es importante que se conozca, ya que ha estado saliendo, salieron dos reportajes sobre esta persona en el New York Times, pues que podamos dar a conocer la información que tiene el Gabinete de Seguridad de esta persona”, dijo. 

Sobre si Zuany se encuentra bajo la protección de las autoridades de EU, la mandataria no respondió y dijo que será el gabinete el que informará sobre la situación.

Investigan a exvicefiscal de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos y caso Cuén

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que el Órgano Interno de Control mantiene dos procedimientos contra Dámaso Castro Saavedra, relacionados con señalamientos surgidos en Estados Unidos

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene dos investigaciones abiertas en contra de Dámaso Castro Saavedra, según confirmó la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo. 

Las investigaciones son por crimen organizado y sobre el montaje del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda. El primer caso deriva de las acusaciones en Estados Unidos ventiladas a finales de abril último que ubican a Dámaso Castro como colaborador de los Chapitos. 

La segunda investigación del OIC es por el montaje en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, hipótesis que buscaron imponer tras el crimen durante la administración de Sara Bruna Quiñónez Estrada como fiscal de Sinaloa. 

El caso planteado fue un intento de robo en una gasolinera en la comunidad de La Presita, aportando videos como presuntas pruebas del delito y presentados ante medios de comunicación días más tarde del asesinato.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso y determinó que el delito ocurre en el mismo lugar en donde secuestraron a Ismael “el Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024 y no en la gasolinera como lo intentaron demostrar en la FGE. 

La información de las investigaciones contra Castro Saavedra fue corroborada por Claudia Zulema Sánchez Kondo a medios locales, quien informó que de manera administrativa el Órgano Interno de Control inicia sus procesos, los cuales están en trámite. 
“El OIC inicia el procedimiento por tratarse de una persona activa en esos momentos, es por el caso de Estados Unidos”, dijo. 
Dámaso Castro solicitó licencia como vicefiscal general el 5 de mayo debido a las acusaciones en su contra de mantener vínculos con los Chapitos. Este proceso surge de una corte en Nueva York y fue dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril último.

Y seis meses más tarde el ex funcionario presentó su renuncia a la FGE mediante un oficio, hecho que también confirmó la fiscal Sánchez Kondo.

Morena designa a Carlos Castillo, cercano a Montiel, como representante ante el INE

Según ha detallado la propia Ariadna Montiel, Carlos Castillo es su mejor amigo desde que fueron parte de las movilizaciones estudiantiles en la huelga de la UNAM del 2000

El diputado federal Carlos Castillo será el nuevo representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), un movimiento estratégico de la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, pues Castillo es un personaje cercano y leal a su persona.  

Morena anunció el nombramiento a través de un comunicado, en el que detalló que Castillo Pérez “se apegará a los principios vectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y la consolidación del sistema democrático del país, bajo los principios del Partido-Movimiento Morena”. 

Según ha detallado la propia Ariadna Montiel, Castillo es su mejor amigo desde que fueron parte de las movilizaciones estudiantiles en la huelga de la UNAM del 2000. Este diputado también tenía aspiraciones para la alcaldía de Coyoacán en la CDMX, aunque no era el favorito de las encuestas.  

Carlos Castillo será el enlace principal de Morena ante el INE, donde defenderá los intereses del partido en el marco del inicio del proceso electoral de 2027, el más grande de la historia del país.

Estamos matando a nuestros jóvenes

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado se ha convertido en una tragedia silenciosa en México, donde miles de jóvenes son engañados y trasladados desde diversos estados para alimentar enfrentamientos en zonas como Sinaloa, una problemática agravada por más de 20,480 homicidios anuales en población de 15 a 44 años y por la falta de una coordinación interestatal efectiva entre fiscalías para rescatar a las víctimas, investigar las rutas de explotación y desmantelar las redes financieras que sostienen esta red criminal

En México estamos perdiendo a miles de jóvenes a manos de la violencia y el crimen organizado. El reclutamiento forzado muestra hasta dónde llega ese abandono. Hoy, grupos armados se los llevan de otros estados para alimentar la guerra en lugares como Sinaloa.

Lo peor es que esto no provoca un escándalo. El gobierno tampoco trata esta tragedia como una prioridad nacional ni persigue a quienes sostienen esas redes. Lo mínimo sería que la Federación y los estados se coordinaran para rescatar a las víctimas antes de que las maten.

LOS ESTAMOS PERDIENDO

El INEGI registró 20 mil 480 homicidios de personas de 15 a 44 años durante 2025. Son 56 víctimas diarias y casi siete de cada diez asesinatos. Entre los 25 y 44 años, el homicidio encabezó las causas de muerte. Entre los 15 y 24 ocupó el segundo lugar.

En 2017 ya era la principal causa entre los 15 y 44 años. Han pasado tres presidentes y seguimos enterrando a miles de personas, sobre todo jóvenes. Ni siquiera esa cantidad de muertos lleva a las autoridades a revisar qué está fallando y actuar para detenerlo.

Y es que las redes de reclutamiento forzado alimentan parte de esta violencia. Los grupos criminales necesitan reemplazar a quienes mueren en los enfrentamientos y buscan gente fuera de los territorios que disputan. Así se llevan a jóvenes cuyas familias viven lejos de la guerra en la que los obligan a pelear.

LOS LLEVAN A MATAR

Miriam Ramírez reconstruyó para El Universal rutas de reclutamiento hacia Sinaloa. Una empieza en Jalisco y pasa por campamentos de entrenamiento en Zacatecas. Después trasladan a las víctimas al territorio donde se enfrentan Los Chapitos y La Mayiza.

El reportaje recoge el caso de Gerardo, albañil de Tlajomulco, engañado con un empleo en Colima. Terminó en la sierra de Sinaloa. Su hermana denunció la desaparición e insistió durante meses para que lo rescataran. La familia recibió después la noticia de su muerte en un ataque con dron.

Esa historia muestra el costo de no hacer nada, porque el joven siguió comunicándose desde el cautiverio. Su familia sabía que estaba vivo y pedía ayuda. Pasaron los meses sin que lo rescataran.

El 10 de noviembre, Sheinbaum atribuyó a sus programas una reducción del ingreso de jóvenes a grupos criminales. Harfuch informó sobre detenciones de reclutadores. Pero esas respuestas dejan fuera a quienes son llevados por la fuerza y siguen esperando un rescate.

QUITARLE GENTE AL CRIMEN

La Cámara de Diputados aprobó el 20 de octubre castigar el reclutamiento forzado con penas de quince a veinticinco años. La reforma sigue pendiente en el Senado. Aumentar las penas exige también investigar y detener a los responsables. Estas redes atraviesan varios estados y las autoridades siguen sin coordinarse para perseguirlas.

La FGR y las fiscalías estatales necesitan investigar las rutas completas de reclutamiento. Una denuncia de desaparición debe servir para localizar a la víctima y llegar a quienes la trasladaron, sin que la investigación se detenga en la frontera entre estados.

También hay que perseguir a quienes financian los campamentos. Mantener armados y alimentados a los reclutados cuesta dinero y requiere complicidad de autoridades locales. Dejar intactos esos recursos y alianzas permite que los criminales vuelvan a llenar sus filas con vidas inocentes.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/estamos-matando-a-nuestros-jovenes/