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Conflicto sindical en el IMSS: Si juntan 316 mil votos, renuncio: Rafael Olivos

El secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, condiciona su renuncia a que dos tercios de los 475 mil trabajadores soliciten un congreso extraordinario. En entrevista, rechaza represalias, exige pruebas de faltas graves y atribuye las protestas del IMSS a un tema político y de sectores empresariales molestos

Con más de dos semanas de protestas en las calles de miles de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, entre otras demandas, exigen su salida de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández es claro: si se reúnen las dos terceras partes de los 475 mil trabajadores para llamar a un congreso nacional extraordinario y hacer la solicitud como lo marca el Estatuto, “la verdad es que ahí sí renuncio”.

En entrevista con Proceso, el líder sindical defiende su permanencia al frente de uno de los sindicatos más grandes e importantes del país, cuestiona la representatividad de quienes piden su cabeza y niega represalias en su contra; además, reta a comprobar alguna falta grave contra los trabajadores y acusa politización desde diferentes frentes para dañarlo no sólo a él, sino al IMSS y al mismo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para Rafael Olivos la ola de protestas recientes de trabajadores del IMSS se debe, principalmente, a un tema político. “Estamos en una etapa ya muy electoral en el país. Nosotros como sindicato hemos sido, a lo largo de nuestra historia, un sindicato que, dado las características de la institución, tiene que negociar con el partido que esté en el gobierno”. Durante años fue el PRI, dos periodos el PAN, regresó el PRI y van dos periodos con Morena, cuenta.

“Un sindicato de 475 mil personas en una institución que atiende a 77 millones de derechohabientes puede considerarse siempre un espacio para polarizar, para polemizar. No descarto que haya una situación política de estos intereses”. Y recuerda cómo fue corrido a gritos el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, el miércoles 21, cuando fue al plantón que trabajadores tienen en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma.

Agrega que hay un “grupo de jubilados muy inconformes” porque desde 2015 no les han devuelto el fondo de cesantía y vejez que aparece en las Afores y que quieren recuperar ese monto que, en muchos de los casos, suma hasta 800 mil pesos. Por otro lado, sigue, está un grupo generacional que ingresó al IMSS a partir de 2008 y que, por las reformas a la Ley del Seguro Social lo tuvieron que hacer por vía de cuentas individuales. “Esos dos focos inciden de manera importante en esta rebeldía, en este muy justo anhelo de tener una forma diferente de retiro y lo manifiestan en sus expresiones de regreso en el RJP (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), una pensión digna”.

Resalta: “Somos la primera dirigencia en la historia de este sindicato, de 2008 para acá, que ha construido un mecanismo complementario para el retiro de nuestros compañeros. Es el mejor modelo de retiro para los trabajadores de este país porque tenemos 15% de aportación del trabajador para 2030, 15% de aportación de cuota obrero patronal y 5% de cuando se concluye en 2028. Es decir, habrá 35% de aportación para las cuentas de retiro de los trabajadores”.

Aclara que la descalificación en su contra no comenzó tanto por el 6.8% de aumento salarial global, sino por la idea de que “ahora le están dando dinero a las Afores”. Eso, dice, “es una rotunda falsedad” y acusa que “se politiza la buena intención de seguir mejorando el retiro de los compañeros”. También reconoce que no ha sido bien recibida la explicación “sobre la inviabilidad financiera de recuperar un régimen de jubilación y beneficios y pensiones”. Y advierte que esa situación “atizó la llama”. Asegura que, en la más reciente revisión salarial, “la queja no era tanto el monto del incremento, sino que se había regalado dinero a las Afores”.

Luego, sin decir nombres, señala: “Se sumaron otros compañeros que ya habían politizado en otras épocas del instituto... fueron candidatos de otros partidos políticos. Y no es el propósito descalificar, sólo una referencia clara de cómo se han movido algunos de nuestros compañeros que están haciendo mucha presencia física en estas manifestaciones”.

Inercia y compras consolidadas

Aunque lo menciona sólo de paso, Rafael Olivos dice que a este escenario politizado se suma una “inercia de 44 años de falta de inversión” en el IMSS y de desajustes con proveedores de insumos y medicamentos. “El IMSS tenía un buen proceso de licitación de estas compras consolidadas que funcionó bien, con sus asegunes seguramente, yo no puedo juzgarlo, hasta 2018. Teníamos un buen ritmo. Había carencias, pero muchas se daban porque no había proveedores para una licitación o porque los proveedores incumplían”.

El líder sindical recuerda que el instituto dejó de manejar compras consolidadas y pasó un proceso que incluyó a la Oficialía Mayor de Hacienda, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora a Birmex, “pero siguen teniendo problemas de cumplimiento y proveeduría. No es un tema de pago, no es que no haya dinero para pagar, sino que se licita y los proveedores, la industria, a veces no cumple” y eso repercute en la dotación de insumos y de productos para los centros de trabajo.

Aunque tampoco menciona nombres, dice que debido a los cambios que ha hecho en el sindicato, puede haber algunos proveedores institucionales “molestos” porque los han denunciado por incumplimiento. Incluso, desliza la idea de que sectores privados como el de la construcción se han visto afectados porque desde el sexenio anterior la edificación de hospitales se le dio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dejaron de ser los “favoritos” para hacer obra pública.

Y suelta: “Todo lo que suceda en el IMSS se politiza, no solamente nuestra presencia, sino lo que pueda afectar a la institución, alguien por fuera va a obtener beneficio. No es la afectación directa, pero todo lo que genere ruido trastoca el funcionamiento, le afecta una parte del sindicato, pero también afecta a los funcionarios de la institución y también directa o indirectamente afecta al gobierno de la República”.

“Estoy más que limpio”

Rafael Olivos se dice “limpio” de cualquier falta grave que amerite renunciar a la secretaría general del SNTSS. Y ante la solicitud de su renuncia o destitución se remite al estatuto sindical y a la Ley Federal del Trabajo.

“Si alguien tiene alguna evidencia, que solicite la investigación. Si se comprueba, todos los trabajadores, los 475 mil estamos en la misma tesitura. Todos somos investigables y todos somos sancionables si cometemos una falta”.

Presume: “Nosotros nos hemos distinguido por ser una dirigencia no permisiva, pero sí muy tolerante. En nuestros dos años de gestión tenemos un solo trabajador sancionado por un tema ajeno al tema político y sindical. Fue por un tema personal entre dos compañeros. Nosotros no vamos a sancionar, hay libertad de expresión”.

Insiste: “No sé cuál es la queja, el motivo de la inconformidad con nuestra dirigencia. Y si yo tengo una falta, que se investigue”. Menciona que, de haber algún señalamiento, tiene derecho al debido proceso.

—¿Entonces en los dos los años que lleva al frente del Sindicato, no hay ninguna queja, ninguna solicitud de investigación o prueba que diga ‘lo queremos sacar por esto’?

—No. Nada. Absolutamente

—¿Usted está limpio?

—Estoy más que limpio. Bueno, lo limpio que puedo estar ¿no? Es decir, si no me baño, pues no estoy limpio. Digo, es una broma.

Y asegura que “yo no he tocado un solo centavo, no toco dinero de las cuotas sindicales”.

En la entrevista se le reitera que representantes de los trabajadores disidentes han dicho que el aumento salarial del 8% global anunciado esta semana “se puede negociar”, pero las exigencias inamovibles son su salida del SNTSS y de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y la realización de un congreso nacional extraordinario. Ante ello, el líder defiende que fue electo por “voto directo, secreto, personal y pacífico”, igual que los 37 comités ejecutivos seccionales y los 84 integrantes del CEN.

“Fuimos electos y nuestro periodo inició el 16 de octubre de 2024 y concluye el 15 de octubre del 2030. Mi pretensión por supuesto es concluirlo. Y no es un capricho, sino porque me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Puedo presumir que tenemos un trabajo financiero muy eficiente. Somos la dirigencia nacional que más recursos ha acumulado en sus primeros dos años de gestión”.

Y destaca algunas acciones: inversión en el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas en pro de la salud mental de los trabajadores, remodelación de módulos, creación de la Comisión Nacional Mixta de Revisión de Plantillas y el logro de “más de 100 mil plazas”, digitalización de procesos, optimización del uso de créditos y creación de grupos de atención de temas prioritarios; entre otros.

Tras una larga explicación de sus acciones, regresa a quienes quieren verlo fuera del sindicato: “Si en algo me equivoqué, que lo documenten, que lo demuestren y no me tienen que mandar un congreso ordinario, extraordinario, me destituyen y asunto resuelto. Que yo renuncie sería como reconocer que estoy haciendo las cosas mal”.

Insiste: “Que yo renuncie no está en mis planes, no está en mi pensamiento, nunca lo ha estado. Tengo edad para haberme jubilado hace seis años, pero tengo una ilusión que me parece muy legítima: seguir evolucionando este sindicato, seguirlo modernizando, que fue un llamado que hizo la presidenta”.

Se le recuerda que los disidentes ya llamaron a una asamblea para elegir a sus representantes con miras a realizar un congreso extraordinario donde se vote su destitución. Entonces Olivos Hernández reta a que se cumpla el estatuto y la Ley Federal del Trabajo:

“Un primer requisito legal es que nosotros todavía no recibimos la solicitud del 33% de los compañeros pidiéndonos un congreso extraordinario. Todo ha sido en las calles, en los medios. Recibimos un documento de Durango que tiene alrededor de 40 a 50 firmas. Eso es todo lo que tenemos hasta este momento”.

De recibir el documento, sigue, “tienen que estar presentes dos terceras partes de la plantilla. Necesitaríamos reunir a 316 mil trabajadores para que ese congreso fuese legal y válido. Si lo consiguen, la verdad es que, pues ahí sí renuncio… ya para qué, ante la evidencia, pues es más que natural que la inmensa mayoría de los compañeros no está de acuerdo. Pero yo no estoy viendo eso”.

Y cuestiona el número de trabajadores en las marchas y bloqueos: “Yo todavía no veo esa expresión contundente de dos tercios de los trabajadores acudiendo a un congreso nacional, todavía no veo a 150 mil trabajadores firmando para solicitar un congreso, que eso sería lo legal en términos de la Ley Federal del Trabajo”. Suelta: “Si ellos consiguen hacer eso, pues mi reconocimiento y entonces ameritaría un debate más amplio”.

Recuerda que ya hubo un comité de diálogo con la mediación de la Secretaría de Gobernación, pero “los compañeros se levantaron de la mesa”.

Rechaza acusaciones de la base trabajadora

Cuidadoso con sus aseveraciones, Rafael Olivos cuestiona sobre quienes exigen su salida: “¿Quién financia estos grupos?, ¿cómo alguien viaja de sus estados con camiones que cuestan 90, 100, 130 mil pesos? Y les dicen, ‘súbete gratis y te llevamos’. Alguien está financiando, eso no lo puedo saber, me gustaría, pero no puedo. Sin embargo, es evidente que hay un financiamiento de redes sociales, de transporte, de manutención”.

Otro de los señalamientos en las manifestaciones es su presunta cercanía con Morena, el partido en el poder. A ello responde: “Soy diputado suplente de Morena, no soy militante. Sí, hemos hecho trabajo con ellos, yo no estoy afiliado”.

En la calle, algunos trabajadores han cuestionado su participación en la Afore XXI Banorte y un presunto conflicto de interés. Él contesta: “Se falta a la verdad. El estatuto señala que el sindicato ocupará un lugar en el Consejo de Administración de la Afore XXI y que buscará espacios en otros consejos de administración de diferentes Afores”, con la intención de “vigilar que las inversiones de los trabajadores fuesen acordes a las inversiones del resto del país, que no hubiese desvío de recursos y que los rendimientos permitieran un mejor retiro para nuestros compañeros”. Afirma que no percibe “un solo centavo” por esa pertenencia.

Sobre la acusación de que ya no representa los intereses de los trabajadores, recuerda que el sindicato tiene una “estructura piramidal” y que el cargo que tiene es por voto democrático. Agrega que quienes cuestionan que no fueron incluidos en la mesa de negociación del aumento salarial con el IMSS primero debieron haber ido con sus secretarios seccionales a solicitar información, rendimiento de cuentas y aclarar dudas.

“La representación legal, con todo respeto, no la tienen ellos. No digo que no sea democrático lo que ellos hacen, pero no tienen esta legalidad estatutaria que el resto sí”.

—Los trabajadores acusan que ya hay represalias por manifestarse.

—No se limita la libertad de expresión, pero que alguien diga ‘Ya me voy a la marcha y firman mi salida para que me vaya a una marcha’ ¿Y quién atiende a los pacientes que yo dejo? No, no, no. Insisto, si a alguien le niegan un pase para irse a la marcha porque tiene pacientes esperando, eso no puede ser una represalia. No me pueden impedir, salgo de mi servicio, salgo del hospital y soy libre. Y afuera del hospital no hay nadie diciéndole ‘no vayas a la marcha’. Eso es falso.

—¿Quienes representan a trabajadores en los plantones y marchas corren el riesgo de perder sus derechos sindicales?

—No, por parte de nosotros no. No vamos a sancionar a nadie porque se exprese libremente. Eso lo he dicho públicamente, está en el estatuto.

Olivos Hernández niega la “Ley Mordaza” que acusan los trabajadores. “Ningún trabajador podrá ser molestado o sancionado por expresar libremente sus opiniones, por hacer críticas, por hacer propuestas”, dice y vuelve a acusar: “Desafortunadamente hay gente que falta a la verdad”.

Sobre las denuncias de que a los trabajadores se les obliga a firmar documentos que anuncian una pre-huelga, aclara que sólo se trata de una “actualización de los comités de huelga” como parte del proceso que lleva el sindicato. Y sobre los señalamientos de falta de transparencia en el manejo de recursos del sindicato, responde: “Cada semestre se hace un informe público a los congresistas y todo el mundo graba y se transmiten en vivo los informes del secretario tesorero. Y también informamos de la caja de ahorro más robusta que existe en este planeta. Ningún sindicato en este planeta tiene una caja de ahorro como la que tiene el sindicato del Seguro Social”.

Taddei: renuncia o juicio político

La permanencia de Guadalupe Taddei en el INE es insostenible tras revelarse conflictos de interés, contratos irregulares y vínculos de su entorno con proveedores investigados por la UIF que ya indaga la ASF. Al victimizarse y acusar ataques políticos, la consejera presidenta usa al instituto como escudo y profundiza su desprestigio. Ante la exigencia de su salida, la salida es clara: renuncia inmediata para abrir paso al relevo constitucional o juicio político bajo el artículo 110 para su destitución, una vía que obligará al oficialismo a decidir si sanciona la corrupción o asume el costo de protegerla

Guadalupe Taddei tiene que dejar la presidencia del INE tras los reportajes de esta semana sobre sus vínculos y los de sus colaboradores con empresas proveedoras, algunas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y mientras se aferra al cargo, sigue arrastrando al instituto en sus escándalos. 

Y todavía acusa a quienes la cuestionan de atacar al INE, pero lo hace así porque busca escudarse en la institución para evadir su responsabilidad por las personas que contrató y sus relaciones con proveedores. Ella misma alimenta el desprestigio del instituto que dice defender. 

LOS ESCÁNDALOS

Érika Hernández y Rolando Herrera documentaron en Reforma que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, representaba legalmente a Corporativo Zeg. Cobraba 45 mil 765 pesos mensuales en el INE. Ella admitió que trabajó ahí, pero negó que fuera su chofer y justificó que ya había salido de nómina. 

Después, Reforma publicó imágenes de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor relacionado con empresas investigadas por la UIF. El empresario participó en la organización de su cumpleaños. También difundió reuniones con funcionarios responsables de recursos materiales y financieros. 

Además, Alejandra Canchola reveló en El Universal que la hija de Lourdes Piña, quien se presenta como asesora y mano derecha de Taddei, administra Promotora de Noticias Exactas, que aparece como proveedora del INE. También Gilberto Solís Mendívil, comisario de esa empresa, obtuvo a título personal un contrato de más de un millón de pesos para una miniserie sobre la elección judicial. 

Y este viernes, la Auditoría Superior de la Federación inició por su cuenta una investigación sobre las contrataciones del INE. Informó que ya tiene indicios de contratos irregulares y conflictos de interés entre funcionarios y proveedores.

LA RENUNCIA

El PRI exigió su renuncia y Somos pidió una separación temporal durante las investigaciones. Sheinbaum respondió que renunciar “depende de ella”. Taddei tiene que asumir esa decisión y dejar de presentar su permanencia como una defensa del INE. 

Si Taddei se separa temporalmente, conserva el cargo y la opción de regresar. Esa ausencia no abre una vacante para que Diputados nombre a otra persona al frente del INE. 

Si Taddei renuncia definitivamente, los consejeros eligen a uno de ellos para encabezar provisionalmente el INE y avisan de inmediato a Diputados. La Cámara debe nombrar al reemplazo conforme a la Constitución. Así lo establece el artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Después corresponden una convocatoria pública y la evaluación por un comité de cinco integrantes. La Cámara designa a tres y la CNDH a dos. Elegir al relevo exige dos terceras partes de los diputados presentes. Si vence el plazo sin acuerdo, la Cámara aplica la tómbola entre los finalistas. Si tampoco cumple ese paso, la Suprema Corte realiza el sorteo. 

Morena, PT y PVEM reúnen la mayoría calificada y ya demostraron que logran ponerse de acuerdo para nombrar consejeros electorales. Si mantienen unido su bloque, tienen los votos para elegir a quien sustituya a Taddei. 

JUICIO POLÍTICO

El artículo 110 constitucional incluye expresamente a la presidenta del INE entre los funcionarios sujetos a juicio político. Esta vía permite sancionar actos u omisiones que dañen los intereses públicos fundamentales. 

Morena conoce ese procedimiento porque en 2022 respaldó la solicitud del PT para llevar a juicio político a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. El oficialismo ya exigió aplicar ese mecanismo a consejeros electorales. 

La Cámara de Diputados investiga y escucha su defensa. Para acusarla ante el Senado, necesita el respaldo de más de la mitad de los diputados presentes. El Senado decide la sanción con dos terceras partes de los senadores presentes. 

Una resolución condenatoria implica destituirla. También contempla impedirle ocupar otros cargos públicos durante un periodo de uno a veinte años, conforme al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Si Taddei insiste en quedarse, los partidos que exigen su salida deben presentar la denuncia para iniciar el juicio político. Ahí Morena y sus aliados tendrán que decidir si sancionan las conductas de Taddei o bloquean el proceso y asumen el costo de sostenerla.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/sin-categoria/taddei-renuncia-o-juicio-politico/

Municipio de Felipe Carrillo Puerto “desapareció” 13 mdp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Una investigación basada en auditorías de la ASF reveló un posible daño al erario por 13.1 millones de pesos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, derivado de irregularidades y traspasos indebidos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante el ejercicio 2021. La responsabilidad salpica tanto al exalcalde José Esquivel Vargas "Chak Meex" —quien enfrentó prisión domiciliaria por delitos del servicio público— como a la actual edil morenista Mary Hernández, cuya administración también ha acumulado observaciones del órgano fiscalizador en el manejo de recursos destinados a zonas vulnerables

Felipe Carrillo Puerto tiene un problema crónico con el uso de su presupuesto; una falta de transparencia que ha arrastrado desde hace varias administraciones. EMEEQUIS revela un posible daño al erario de 13 millones de pesos por parte del municipio gobernado por Maricarmen Candelaria Hernández Solís de Morena, y anteriormente por José Esquivel Vargas, quienes comparten la responsabilidad por los señalamientos.

Sin embargo, la actual presidenta municipal, Hernández Solís, señaló a EMEEQUIS que al entrar al gobierno, su administración presentó una denuncia penal contra el manejo de los recursos de dicho fondo. “Gracias, efectivamente como ahí menciona, yo tome el gobierno en octubre, la administración que me antecedió fue quien cometió dichos actos que posterior a ello mi gobierno denunció y hoy está incluso el expresidente en libertad condicional”.

AUDITORÍA DE LA ASF DETECTA IRREGULARIDADES EN EL PRESUPUESTO 2021

Según la auditoría de cumplimiento 2021-D-23002-19-1565-2022 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las irregularidades se encontraron en el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aplicado en el municipio. Esto durante el ejercicio del presupuesto de 2021, cuando terminó su mandato Esquivel Vargas e inició el de Hernández Solís.

Para el análisis, la auditoría aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron evidencias que acreditaran la existencia de los “diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario”.

La auditoría encontró varios problemas en el municipio para la administración del recurso. Por ejemplo, que no se contaba con un comité de administración de riesgos “debidamente formalizado, ni con una metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.

Incluso no existía un “lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude”.

Según la auditoría, el municipio obtuvo una calificación de 51 puntos sobre 100 en esta evaluación. La ASF consideró que era necesario que ese gobierno local rediseñara y fortaleciera “las estrategias y mecanismos de control establecidos en su sistema de control interno, a fin de brindar una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos institucionales, en la administración y mitigación de sus riesgos”.

TRASPASOS A OTRAS CUENTAS Y 13 MILLONES DE PESOS SIN REINTEGRAR

Sin embargo, el problema más grave fue el uso interno que le dio el gobierno de Felipe Carrillo Puerto al dinero. Según la auditoría, durante el ejercicio fiscal 2021, la cuenta bancaria del fondo “no fue exclusiva para manejar dichos recursos” del Fondo, ya que se realizaron traspasos por 52 millones 122 mil 200 pesos a “otra cuenta de recursos propios en la que se administraron los ingresos de operación de dicho municipio”.

La auditoría señala que de esos recursos se “reintegraron” a la cuenta del fondo 39 millones 22 mil 200 pesos “junto con los rendimientos financieros correspondientes calculados en un monto de 58 mil 500 pesos”.

No obstante, quedaron pendientes “de reintegrar” 13 millones 100 mil pesos “sin acreditar la aplicación de recursos a los objetivos del fondo”.

AFECTACIONES EN OBRAS DESTINADAS A ZONAS CON REZAGO SOCIAL

Con el dinero del fondo, según la ASF, el municipio destinó 177 millones 721 mil pesos al pago de 47 obras y acciones que beneficiaron a la población de zonas de atención prioritaria y con rezago social. Es decir, que esos 13 millones faltantes eran para atender a zonas vulnerables.

La auditoría señala que Carrillo Puerto invirtió 93 millones 661 mil pesos en la atención a estas poblaciones vulnerables, cumpliendo apenas con el 47.7% de ocupación del recurso disponible.

Además, se explica que en el caso de 16 obras, los anticipos otorgados por un importe de 17 millones 946 mil 300 pesos no fueron “amortizados en su totalidad debido a que el municipio no terminó de realizar los pagos de las estimaciones y finiquitos de dichas obras, debido a que transfirió los recursos destinados a dicho fin a otras cuentas bancarias del municipio”.

Por esta falta, la contraloría municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos a través del expediente MFCP/CM/EPRA/005/2022.


La historia política reciente de Felipe Carrillo Puerto es interesante. En primer lugar, porque José Esquivel Vargas “Chak Meex”, uno de los encargados del presupuesto desaparecido, estuvo en prisión domiciliaria varios meses durante 2024.


DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA DE “CHAK MEEX”

El 13 de febrero de 2024, el ex funcionario fue detenido cuando era precandidato por el PRD para repetir el cargo al frente del municipio. Fue arrestado por cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, según explicó Milenio.

Fue así que permaneció en prisión domiciliaria. El propio funcionario, en redes sociales, se quejó de la medida y contó los días de cautiverio a través de posts de Facebook. El 16 de junio de 2024 fue el último día en el que expresó que llevaba 122 días privado de su libertad.

Ese mismo año, ya sin numerar los días encerrado, subió una publicación en Facebook deseando feliz Navidad: “Gracias por la visita de mi familia, les deseamos una Feliz navidad de parte de su amigo Chak Meex!” Fue el 25 de diciembre.

Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual.

El 4 de septiembre de 2025, felicitó a Mara Lezama por su administración: “Felicito a nuestra gobernadora Mara Lezama de nuestro estado de Quintana Roo por su Tercer Informe de gobierno”.


Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual. “Salvo los dichos de la actual alcaldesa”.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES PÚBLICAS

El 11 de septiembre de este año, dio una entrevista a Reporteros de Banqueta durante el informe de la actual presidenta municipal, en el que decía que aunque no se retiraba de la política, no tenía planeado regresar pronto: “Nunca se jubila uno de la política, me refiero a que la política es todo los días, inicia en casa y termina todos los días ante la sociedad”.

Sobre sus temas legales, respondió que aún siguen abiertos: “En mi caso, tratando de solucionar, al final son administrativos, no son temas penales, no hay nada en cuanto a temas de enriquecimiento ilícito, robo, peculado, como se había mencionado”.


NUEVAS OBSERVACIONES DE LA ASF A LA ADMINISTRACIÓN DE MARY HERNÁNDEZ

Por su parte, la administración de Mary Hernández, actual edil, ha sido señalada varias veces por la ASF. Tan solo este año, medios locales publicaron que, según un informe de la ASF, se observaron observaciones por 27,735,231.36 pesos sin aclarar del ejercicio de 2024.

La observación, una vez más, viene del manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales.

El 2 de octubre, la alcaldesa dijo que buscaría encabezar los esfuerzos de la 4T en una parte del estado: “Les comparto que hoy me registré a la Coordinación Distrital Federal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 02 de Quintana Roo”.

Esta semana visitó Palacio Nacional: “Desde el Palacio Nacional daremos seguimiento junto a CONAVI, las Viviendas para el Bienestar en Felipe Carrillo Puerto”.


EMEEQUIS buscó contactar tanto a José Esquivel Vargas “Chak Meex” como a Mary Hernández para conocer la situación de las observaciones de la ASF. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Red de venta y fabricación de armas para el narco en Puebla y CdMx es desarticulada

Las autoridades federales realizaron cinco cateos simultáneos y aseguraron más de 30 piezas de distintos calibres, maquinaria, cartuchos y dosis de droga

El Gabinete de Seguridad informó que desarticuló una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego en Puebla y la Ciudad de México (CdMx), mediante un operativo que dejó cuatro personas detenidas y el aseguramiento de más de 30 armas de distintos calibres.

A través de un comunicado conjunto, el organismo detalló que las autoridades federales ejecutaron cinco órdenes de cateo simultáneas en inmuebles presuntamente utilizados para almacenar y producir armamento que era distribuido entre organizaciones delictivas.

Asimismo, las acciones se realizaron con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las intervenciones fueron resultado de trabajos de investigación y vigilancia que permitieron identificar los domicilios relacionados con estas actividades ilícitas. Los indicios recabados fueron presentados ante un Juez de control, quien autorizó el ingreso a las propiedades para realizar las diligencias correspondientes.

Silvio "N" fabricaba armas para grupos criminales de CdMx y Edomex

En Puebla, los agentes capturaron a Silvio "N", alias "Gato", de 51 años, señalado por las investigaciones como presunto proveedor de armamento y municiones para organizaciones criminales que operaban en la capital del país y el Estado de México. El hombre también habría elaborado pistolas artesanales para distribuirlas entre estos grupos.

Durante la inspección del domicilio donde fue localizado, los uniformados decomisaron 10 armas cortas, ocho largas, cuatro de fabricación artesanal y 11 rifles, además de cartuchos y un torno que presuntamente era utilizado para producir este tipo de artefactos.

Por otra parte, en la Ciudad de México, las fuerzas de seguridad capturaron a Javier Zadid "N", "Chayo", de 27 años, identificado como dirigente de una célula criminal relacionada con el narcomenudeo, las extorsiones y los homicidios. En el lugar donde fue localizado encontraron dos pistolas, una de ellas de elaboración casera, así como 30 dosis de droga.

En la misma entidad fueron arrestados otros dos sujetos, de 30 y 36 años. El primero estaría involucrado en la distribución de estupefacientes y asesinatos, y tenía en su poder una pistola artesanal y varias porciones de sustancias ilícitas. Al segundo le confiscaron distintas cantidades de narcóticos.

Después de las diligencias, los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica. Por su parte, las propiedades inspeccionadas permanecieron selladas y bajo resguardo oficial.

El Gobierno federal señaló que, desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones encargadas de la seguridad han confiscado más de 36 mil armas de fuego en territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

"Mando 20", implicado en explosión de coche bomba en Michoacán, es detenido en Colima

David “N” es señalado como presunto líder de una célula criminal con presencia en Tecomán y municipios cercanos

David “N”, alias “Mando 20”, presunto responsable de la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos, fue detenido en el municipio de Tecomán, Colima, junto a otras dos personas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este viernes que las detenciones derivaron de investigaciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Los otros detenidos son Sinuhe “N” y Cristian “N”, quienes también estarían relacionados con el atentado ocurrido el 6 de diciembre de 2025. De acuerdo con las líneas de investigación, “Mando 20” es identificado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Tecomán y municipios aledaños.


De acuerdo con el funcionario, las detenciones se realizaron durante cateos en dos inmuebles de Tecomán, durante los cuales las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, entre otros indicios relevantes para la investigación.
"Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
Sumado a ello, reconoció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Colima, cuyo apoyo, indicó, ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional.

¿Cómo ocurrió la explosión del coche bomba en Coahuayana?

El 8 de diciembre de 2025, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó que en el atentado participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota que provenía de Colima y llegó a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, donde explotó. Entre las seis víctimas mortales se encontraba el conductor del vehículo.

El funcionario detalló que la explosión también provocó daños en 12 vehículos, incluidos dos camionetas blindadas Chevrolet Suburban pertenecientes a la corporación comunitaria.

A partir de las imágenes de cámaras de videovigilancia, las autoridades establecieron que la unidad ingresó a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas. Posteriormente, llegó a las 08:35 horas al poblado de San Vicente, donde permaneció al menos hasta las 09:30 horas, antes de dirigirse a la zona centro de Coahuayana.

Torres Piña precisó que el vehículo explotó sobre la calle Allende, frente a la base de la Policía Comunitaria. La onda expansiva alcanzó un radio estimado de 300 metros.

Cabe destacar que en Coahuayana continúa activa la corporación comunitaria encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, quien formó parte de los grupos de autodefensa y ha enfrentado a integrantes de Los Caballeros Templarios y del CJNG.

“No debe haber sombra de corrupción”, dice la Presidenta de acusaciones contra Taddei

La consejera aseguró que no “claudicará” en sus funciones y sostuvo que los cuestionamientos en su contra buscan afectar al INE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) sostuvo este viernes que no debe existir “ninguna sombra de corrupción” en el Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió que se realicen las auditorías correspondientes para esclarecer las acusaciones que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos que enfrenta Taddei por mantener contactos poco transparentes con proveedores del instituto.
"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso", manifestó.

En paralelo, señaló que considera necesario que se lleven a cabo las revisiones que correspondan para aclarar las dudas sobre el desempeño de la autoridad electoral. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si la consejera presidenta debería dejar la titularidad del organismo y aclaró que esa determinación corresponde al propio INE.

La oposición exige la salida de Taddei

La controversia llegó ayer a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde representantes partidistas cuestionaron a la funcionaria por su presunta relación con José Alfredo Hernández Casillas, empresario investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas prácticas fraudulentas en contrataciones.

Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto, pidió a la consejera presidenta explicar su presencia en el festejo con el proveedor y sostuvo que una respuesta contribuiría a despejar las dudas sobre la transparencia del organismo.

A las críticas se sumó Carlos Mancilla, también del PRI, quien defendió la exigencia de que Taddei deje el cargo al considerar que las dudas sobre su gestión deben resolverse antes de la próxima elección federal.

Ante los cuestionamientos, Guadalupe Taddei sostuvo que no “claudicará” en el ejercicio de sus funciones y consideró que las acusaciones en su contra buscan afectar a la institución.

Otros funcionarios del INE también conviven con el proveedor

Cabe destacar que, entre otros funcionarios señalados por asistir con frecuencia a reuniones sociales convocadas por Hernández Casillas se encuentran Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE; Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.


De acuerdo con la información sobre las indagatorias de la UIF, Hernández Casillas sería la cabeza de una red de compañías que presuntamente simulan competencia entre sí y operan como empresas factureras para obtener contratos relacionados con el suministro de material electoral.

Entre las firmas señaladas en las investigaciones se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Justifica alcaldesa de Mexicali gasto de 25 mdp en asesores

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, justificó el gasto de 25 millones de pesos en asesores municipales, al argumentar que son necesarios para desarrollar distintos proyectos del Ayuntamiento

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, justificó el gasto de 25 millones de pesos en asesores durante el ejercicio fiscal 2026, al argumentar que sus servicios son necesarios para el desarrollo de distintos proyectos municipales.

Durante la glosa correspondiente a la política pública “Gobernar para servir” del Ayuntamiento de Mexicali, en la que estuvo presente el tesorero municipal, Roger Roberto Sosa Alafita, se informó que el gobierno municipal gastó cerca de 25 millones de pesos en asesorías.

Ante ello, se le cuestionó a la presidenta municipal si dicho monto no era excesivo para este concepto. En respuesta, justificó el gasto al señalar que las asesorías externas al Ayuntamiento son necesarias para distintos proyectos, entre ellos, el más próximo, el relacionado con la Academia de Policía.

“Exceso, es un juicio de valor que tiene que ser contrastado con todo lo que hemos hecho, con las grandes cosas que hemos hecho con el cuerpo de asesores; nosotros usamos asesores para todo, siempre necesitamos opiniones externas para todo lo que hacemos, más cuando se van a hacer grandes proyectos”.

Bustamante Martínez negó que los asesores tuvieran relación con su círculo personal y señaló que los gastos por concepto de asesorías están debidamente fundamentados y transparentados a través de la plataforma de transparencia.

Finalmente, al solicitarle la información correspondiente, el departamento de Comunicación Social de la alcaldesa indicó que no la entregaría directamente, por lo que tendría que solicitarse a través de la plataforma de transparencia.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.
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Carlos Torres solicita amparo contra bloqueo de cuentas bancarias

Juzgado federal en Mexicali negó la suspensión provisional al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de cuentas

El empresario y político Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las determinaciones ejecutadas por autoridades financieras mexicanas en seguimiento a investigaciones que realiza el gobierno de los Estados Unidos en su contra.

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, resolvió negar la suspensión provisional solicitada por Torres Torres dentro del juicio de amparo indirecto 1161/2026.

El juicio de derechos fundamentales reclama la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la inclusión del político y empresario en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el aseguramiento de sus cuentas bancarias en la institución financiera Banco Mercantil del Norte (Banorte).

La inmovilización de los instrumentos financieros de Carlos Torres deriva de la acción administrativa ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el acuerdo 471/2026.

Dicho acto local responde a las investigaciones y a la posterior publicación realizada el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esa fecha, la autoridad estadounidense formalizó la inclusión de 21 personas físicas y 25 entidades comerciales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, al atribuirles la aportación de apoyo financiero, material o tecnológico, o el suministro de bienes y servicios a favor de la organización denominada Cártel de Sinaloa.

El contexto de la sanción emitida en el país vecino abarca una red de operadores, intermediarios y estructuras mercantiles asentadas en municipios de Baja California como Tijuana y Mexicali, así como en entidades como Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

La resolución del Departamento del Tesoro dispuso el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras a ciudadanos y empresas de ese país con los señalados.

A partir de la difusión de ese listado internacional, la SHCP en México procedió al análisis de la información disponible e incorporó a los sujetos referidos en el padrón nacional de bloqueos como medida de contención para proteger la integridad de la economía y del sistema financiero.

En el escrito inicial de demanda presentado ante el órgano jurisdiccional federal, Carlos Alberto Torres Torres alegó el desconocimiento formal de las causas del procedimiento administrativo.

Asimismo, sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito bajo el argumento de que dicho precepto omite fijar plazos máximos de permanencia en el registro y carece de parámetros para la eliminación de personas en dicho padrón, circunstancia que expuso como una vulneración a las garantías de seguridad y certeza jurídica.

Las cuentas bancarias objeto de la restricción corresponden a una cuenta preferente y a una cuenta de inversión de vista preferente radicadas en la firma Banorte.

Al resolver sobre la solicitud de suspensión provisional en el cuaderno incidental con fecha del 22 de octubre de 2026, el juzgador federal determinó que el desconocimiento manifestado por el quejoso no resta validez a la actuación de la autoridad administrativa.

La resolución judicial fundó la negativa en la Ley de Amparo que establece la improcedencia de la suspensión cuando se afecten disposiciones de orden público y de interés social.

El fallo señaló que la orden emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera goza de presunción de legalidad y responde a la facultad estatal de prevenir y detectar operaciones ejecutadas con recursos de procedencia ilícita.

Con la admisión a trámite del juicio de amparo, el juzgado solicitó a las autoridades señaladas como responsables, entre ellas la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la rendición de sus informes justificados en un plazo de quince días.

De igual manera, el órgano jurisdiccional dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó el 29 de octubre de 2026 para la celebración de la audiencia incidental en la que se decidirá sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.

La fecha para la audiencia constitucional quedó programada para el 24 de noviembre de 2026, mientras que las autoridades requeridas deberán presentar las constancias que respalden la constitucionalidad del acto.

LOS OTROS DESIGNADOS

Además de Carlos Alberto, entre los individuos sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro, destaca la inclusión de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, Rafael Buenrostro Martín, Pedro Ariel Mendívil García, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices.

Otros son Hildegardo Gastélum García, Ismael Zambada Sicairos, Diosvany Samuel Chapotín Villalba, José Ángel Rivera Zazueta, Lorenzo Castillo Maldonado, Ilia Elizabeth Félix Rivera, Franklin Ernesto Huezo Hernández y Pedro Humberto Martínez Rodríguez.

La lista de personas físicas cierra con la designación de Francisco Javier Mendoza Uriarte, Jorge Luis Mendoza Uriarte,Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, Alfonso Arzate García, René Arzate García, así como los hermanos Jorge Mario Vera Ayala y Jerónimo Javier Vera Ayala.

En el sector empresarial y financiero se sancionó a Galerías Centro Cambiario, , Mía Centro Cambiario, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Rivos Servicios, Vida Orgánica Tijuana, Publicidad e Imagen Integral, Servicios Hoteleros Gastélum, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Raes Restaurante y The Woods Bar.

También fueron enlistadas las compañías Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, Xolo Gas de Baja California, Inteliproof Efficient, Proyecto Alerta Verde, Videovigilancia Colaborativa, Baja Fixer Group, Edifika Desarrollos Baja, Holistic Wellwaves, Codesuam, Grupo Baja Firme y a la textilera Lthings Mexico.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES).
AUTOR: 
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"Cero privilegios": Sheinbaum descarta permitir a senadores usar salas VIP del AICM

La Presidenta dio a conocer que legisladores presentaron una solicitud formal para utilizar los salones de protocolos de la terminal aérea de la capital, misma que fue rechazada por la SRE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes que los Senadores u otros legisladores reciban un trato privilegiado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que estos solicitaron acceder a los salones diplomáticos o a las salas VIP que hay en la terminal aérea.
Al ser cuestionada durante la "mañanera del pueblo" respecto a si ella permitiría que servidores públicos utilicen estos espacios, la Jefa del Ejecutivo respondió: "claro que no, cero privilegios. Que no se nos olvide nunca de donde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos, entonces no puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio".
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió la solicitud de legisladores para poder utilizar las salas VIP del aeropuerto de la Ciudad de México (CdMx), la cual fue rechazada.


“Se confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del AICM y la respuesta de la Cancillería fue negativa”, indicó la Presidenta Sheinbaum luego de recibir un mensaje de la dependencia.
Con respecto a la petición de legisladores para recibir un trato privilegiado en el AICM, la Presidenta Sheinbaum consideró que esto no es correcto, ya que los servidores públicos no deben exigir privilegios.
"Hay que sentarse con todos, ¿cuál es el problema? Todos somos iguales, por eso luchamos siempre [...] Los legisladores son legisladores del pueblo, que no se les olvide de dónde vienen", expresó.
Presidente del Senado critica solicitud para usar salas VIP del AICM

El Presidente del Senado, el Senador Higinio Martínez, consideró que la solicitud de legisladores para poder utilizar las salas VIP del AICM que son para diplomáticos fue un "error garrafal".

El legislador reveló que un Senador planteó durante una reunión de la Mesa Directiva la posibilidad de solicitar a la SRE que permitiera a legisladores utilizar el salón de protocolos de la terminal aérea.

Martínez reveló que el legislador que presentó la solicitud a la Cancillería para utilizar las salas VIP fue el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Daniel Andrés Sibaja González, quien es militante de Morena.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

“No fui yo, fue Jáuregui”, dijo Maru a la Presidenta. Y le reveló que era un corrupto

La Gobernadora de Chihuahua culpó al exfiscal por permitir el ingreso de agentes estadounidense para operar ilegalmente en territorio nacional

La Gobernadora María Eugenia "Maru" Campos Galván acusó a su Fiscal, César Gustavo Jáuregui Moreno, de ser quien permitió el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua y lo acuso de corrupto. Lo hizo durante el difícil encuentro que tuvo con la Presidenta de México el 19 de septiembre de este año. Claudia Sheinbaum Pardo le recomendó que acudiera ante la Fiscalía General de la República (FGR) y así lo hizo. La Jefa del Estado mexicano dijo esta mañana, en su conferencia de prensa, que la mandataria chihuahuense acudió ante Ernestina Godoy y allí ratificó sus dichos contra su compañero de partido y fórmula política durante muchos años.
"Cuando yo le dije 'es que entraron agentes' ella me dijo 'no fui yo, fue mi exfiscal'. Pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal", contó la Presidenta.
Campos dice que Jáuregui tiene casinos de apuestas.
"Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal. ¿Qué le dijo la Presidenta? 'Procede, como debe de proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la Ley'", agregó Sheinbaum.
Ante la denuncia hecha por la Gobernadora de Chihuahua en contra de su exfiscal, la Presidenta Sheinbaum le recomendó que la Fiscalía estatal iniciara el procedimiento correspondiente para investigar este caso y se ofreció a ponerla en contacto con la titular de la FGR para denunciar estos hechos.


"Le dije, ‘por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua y si te parece le comento a la Fiscal General de la República para que te reciba’”, relató la Jefa del Ejecutivo.
Sheinbaum reveló que Maru Campos sí se reunió con Ernestina Godoy, ante quien ratificó su denuncia en contra de Jáuregui.
"La Fiscal puede contar lo que le dijo la Gobernadora de Chihuahua, que por lo que me comenta la Fiscal el dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción", dijo.
La Presidenta y la Gobernadora intercambiaron reclamos durante su reunión

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo dicho por la Gobernadora Maru Campos durante su entrevista con Latinus: que durante su reunión, celebrada el pasado 19 de septiembre, ambas intercambiaron reclamos e incluso llegaron a alzar la voz.
"En efecto nos vimos en un salón pequeño que hay en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Ella inició la conversación reclamándome. Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos", declaró.
De acuerdo con el relato de Sheinbaum, Maru Campos le reclamó debido a que, según la Gobernadora, la había acusado de haber cometido Traición a la Patria, mientras que la Presidenta le expresó su molestia debido a que la chihuahuense calificó a su Administración como "el Gobierno de la muerte".
"Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de Traición a la Patria. Yo le dije ‘no, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros sin permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional", detalló la Jefa del Ejecutivo.
"Le dije 'yo no te acusé a ti, yo dije que el Gobierno de Chihuahua o alguien había violado la Ley de Seguridad Nacional. Y tú dijiste que nosotros éramos el Gobierno de la muerte, pues ¿qué es eso?", le dije -agregó.

La Presidenta Sheinbaum agregó que al finalizar su encuentro con Maru Campos le expresó que la relación entre ambas se mantendría únicamente por la vía institucional, por lo que reiteró que el Gobierno federal brindará apoyo al Gobierno de Chihuahua en todo lo que necesite.
"Cuando termina la conversación me dijo 'bueno, ¿cómo va a seguir la relación?' y le dije 'de manera institucional. Si tienes un tema de seguridad puedes hablar con el Secretario de Seguridad. Si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional, entre el Gobierno federal y el Gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Gobernación te ayudamos en todo lo que necesites", contó Sheinbaum.
Maru Campos revela detalles de su reunión con Sheinbaum

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que su encuentro con la Presidenta Sheinbaum, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre durante su visita al estado, fue una reunión tensa en la que intercambiaron reclamos e incluso se levantaron la voz, esto en una entrevista para Latinus.

La mandataria estatal contó que su encuentro con la Jefa del Ejecutivo se realizó en "una oficina lúgubre, triste, sin material en los escritorios, como que abandonada, sucia. Me sientan en una oficina en un escritorio chiquito [...] con unas tarjetas ejecutivas en blanco, unos lápices y me siento a esperarla".

Campos relató que, tras una espera de aproximadamente cinco minutos, la Presidenta llegó a la oficina y "hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos. Fueron reclamos, reproches mutuos sobre todo sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y sobre la situación de seguridad en el país".
"Ella estaba muy enojada y yo también estaba muy enojada. Nos levantamos la voz las dos. Las dos nos levantamos la voz porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas en la más alta tribuna de este país, en la mañanera, se me acusó de Traición a la Patria", apuntó.
Maru Campos admitió que su reunión con la Presidenta Sheinbaum no terminó bien y agregó que desde el inicio del encuentro la situación fue tensa, ya que "fue directo por parte de ella a descargar esa ira, a descargar esas emociones que no había podido descargar, eso fue el 19 de septiembre, hace más de un mes, y yo no la había visto desde el 19 de abril".

De acuerdo con la declaración de la Gobernadora, la Jefa del Ejecutivo le reclamó por "meter a los americanos por la puerta de atrás. Tú generaste un conflicto con Estados Unidos y eres la única Gobernadora con la que no puedo tener una buena relación".
Según Maru Campos, las tres razones por las que la Presidenta Sheinbaum le reclamó fue por "los agentes norteamericanos en el narcolaboratorio, el agravio porque me dijiste 'la Presidenta de la muerte' [...] y una tercera que había agentes norteamericanos al interior de la Torre Centinela".

Maru fue a la FGR y acusó a Jáuregui de la CIA y de corrupto, confirma Ernestina

La Presidenta Sheinbaum reveló que la mandataria chihuahuense señaló a su excolaborador como el responsable de haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses para operar en la entidad

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó este viernes que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, señaló a su exfiscal, César Jáuregui, como el responsable del "CIA Gate" e incluso se comprometió a presentar pruebas para comprobar esto y otros actos de corrupción en los que estaría implicado.
"Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres, que nos iba a dar la información y eso desde luego hace que la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación", dijo la Fiscal.
Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en la "mañanera del pueblo" que durante la reunión que sostuvo con Maru Campos, el pasado 19 de septiembre, la mandataria chihuahuense le informó que el exfiscal fue el responsable de permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) operaran en su estado y que era culpable de múltiples actos de corrupción.

Ante tales señalamientos, la Jefa del Ejecutivo relató que instruyó a la Gobernadora para que la Fiscalía de Chihuahua iniciara el proceso correspondiente contra Jáuregui, además de que le ofreció ponerla en contacto con la titular de la FGR para que formalizara su denuncia en contra de su excolaborador.


Más tarde este mismo viernes, la Fiscal Ernestina Godoy confirmó la versión de la Presidenta y detalló que sostuvo una reunión con Maru Campos, a petición de la mandataria estatal, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la FGR.
"Yo me reuní con la Gobernadora de Chihuahua en mi oficina. Ella me pidió una reunión y con todo gusto yo la recibí. Estuvo en la oficina un buen rato", precisó la titular de la Fiscalía.
Godoy dio a conocer que durante el encuentro con Maru Campos también estuvo presente David Boone, quien se desempeña como Fiscal Especializado de Control Regional.

La Fiscal señaló que durante su encuentro con la Gobernadora ambas acordaron que la FGR iniciaría un proceso en contra del exfiscal César Jáuregui por los delitos del orden federal, mientras que la Fiscalía chihuahuense presentaría acusaciones por los delitos del fuero común, que incluyen uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos.

"Una de las cosas que también me comentó, y lo acordamos, ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la Federación, que es delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, Traición a la Patria y ellos iban a ir por delitos del fuero común", declaró.


Maru culpó a Jáuregui por el "CIA gate" en encuentro con Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes que durante su reunión con Maru Campos la Gobernadora señaló al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, como el responsable de permitir que agentes de la CIA operaran de forma ilegal en la entidad, además de que lo señaló de estar implicado en distintos casos de corrupción.
"Cuando yo le dije 'es que entraron agentes' ella me dijo 'no fui yo, fue mi exfiscal'. Pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal", contó la Presidenta.
La mandataria chihuahuense le contó a la Jefa del Ejecutivo que su excolaborador también estaría implicado en distintos actos de corrupción, además de estar relacionado con varios casinos
"Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal. ¿Qué le dijo la Presidenta? 'Procede, como debe de proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la Ley'", agregó Sheinbaum.
Ante la denuncia hecha por la Gobernadora de Chihuahua en contra de su exfiscal, la Presidenta Sheinbaum le recomendó que la Fiscalía estatal iniciara el procedimiento correspondiente para investigar este caso y se ofreció a ponerla en contacto con la titular de la FGR para denunciar estos hechos.

Auditoría anuncia revisión al INE: hay indicios de colusiones y triangulación de recursos

El procedimiento fiscalizador abarcará tanto a funcionarios del organismo como a las personas servidoras públicas y compañías privadas que participaron en los procesos de adjudicación

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio respecto al presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral, en organismos locales y en empresas proveedoras involucradas.

El órgano fiscalizador informó en un boletín que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de fondos públicos.

La institución federal precisó que utilizará sus nuevas facultades legales para desahogar las indagatorias con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico. El procedimiento fiscalizador abarcará tanto a funcionarios del organismo como a las personas servidoras públicas y compañías privadas que participaron en los procesos de adjudicación.


La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó la realización de auditorías profundas al advertir que no debe tolerarse ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral ni en ningún espacio del país.

La mandataria sostuvo que la sociedad debe cuidar a la institución electoral sin defender intereses particulares como ocurrió en administraciones pasadas.


La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, rechazó previamente la existencia de empresas favoritas en las licitaciones institucionales durante la presentación de un micrositio de transparencia.

La funcionaria electoral anunció en dicho evento que solicitaría formalmente la presencia de la propia Auditoría Superior de la Federación para revisar los procedimientos de compra, pero se negó a responder preguntar de la prensa sobre sus vínculos con empresarios contratistas.


La controversia se originó a partir de publicaciones del diario Reforma, que documentan la designación de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto en septiembre de 2025, después de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales para la elección judicial.

García González renunció a su cargo administrativo en abril de 2026, tras ser denunciado formalmente por conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control del propio organismo.

Asimismo, documentos oficiales revelaron que Jonathan Navarrete Torres cobró un salario mensual de 45 mil 765 pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, mientras ostentaba un poder notarial para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg que omitió en su manifestación de bienes.

Personal administrativo y elementos de seguridad del órgano electoral aseguraron que Navarrete Torres no asiste a laborar a las oficinas centrales, situación por la cual el secretario ejecutivo, Roberto Félix, solicitó un informe a las áreas correspondientes.

Investigaciones periodísticas documentaron que las labores de transporte y la preparación de alimentos de Taddei Zavala son ejecutadas por Luis Alberto Bustamante Canizales, quien percibe cerca de 70 mil pesos mensuales como líder de proyecto.

Combate al crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la percepción de inseguridad de los mexicanos cayó al 58.1 % en el tercer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que inició el registro, tras una caída del 52 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del gobierno actual.

Esto significa que casi seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El dato es un 4.9 % menor al 63 % del mismo periodo de 2025, acotó el Inegi en su reporte.