Agua puerca y represión política en Jalisco

"Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales"

Jalisco atraviesa diversas crisis: la grave crisis por desaparición de personas, el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el reclutamiento forzado, la crisis de vivienda y ahora se añade la crisis por la mala calidad del agua que el organismo operador entrega a millones de habitantes de la zona metropolitana del agua. Desde hace un par de años, pero intensificado a lo largo de 2026, el agua que sirve el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que agrupa a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara está llevando agua turbia y de mala calidad a los hogares de los tapatíos. El agua llega con color a agua de tamarindo, como refresco de cola y con olores nauseabundos, con olor a caño o francamente a mierda. “Agua con caca” o “agua con KK” son dos de las leyendas más usadas por los tapatíos para describir el agua que sale de nuestros grifos.

Debido a esta insoportable situación de estar recibiendo agua puerca, distintas organizaciones convocaron a una masiva manifestación de al menos 10 mil tapatíos (algunos recuentos hablan de hasta 20 mil) desde la Glorieta de la Minerva que ha sido escenario de múltiples celebraciones de la ciudad, pero el domingo 11 de octubre fue el epicentro de la indignación por el agua puerca que sirve el SIAPA y el Gobierno del estado.

La manifestación partió hacia Casa Jalisco, la residencia oficial del Gobernador en turno, en este caso Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Pero en lugar de ofrecer una atenta escucha o mesa de diálogo o negociación, el Gobierno de Pablo Lemus respondió de la peor manera posible: se ordenó un dispositivo de represión en el que participaron cientos de policías estatales. Una novedad en este episodio de represión estatal es que se ordenó el uso de oficiales del cuerpo de bomberos de Guadalajara y de Zapopan para rociar chorros de agua a alta presión para repeler a los manifestantes y además se ordenó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Eso encendió los ánimos de los manifestantes que intentaron quitar las vallas que cercaban Casa Jalisco y algunos comenzaron a arrojar piedras. En esa refriega fueron detenidas 39 personas, todas ellas golpeadas y en un hecho vergonzoso y brutal, algunos de los detenidos fueron torturados dentro de Casa Jalisco, sede oficial del Gobierno y donde se supone se discuten y toman las decisiones para responder a los problemas de los jaliscienses. Vergonzosamente Casa Jalisco se convirtió por un momento en una vil mazmorra de tortura. Fue el caso de Alejandra, integrante del colectivo cultural Casa Quinqué, quien estaba grabando las detenciones fuera de Casa Jalisco cuando fue detenida y golpeada por cuatro mujeres policías y luego se sumó un varón. Ella fue arrastrada en el pavimento lo que le ocasionó fuertes raspones en la parte baja de la espalda. Ya dentro de Casa Jalisco le quitaron el calzado y la patearon y pisaron a los pies. Jorge Ignacio, otro integrante de Casa Quinqué, fue detenido por al menos ocho policías quienes lo golpearon y macanearon hasta provocarles tres descalabradas, golpe en la quijada, y varios esguinces en el cuerpo. Una selfi que se tomó dentro de Casa Jalisco (antes de que le quitaran el celular) con los vendajes en su cabeza se ha vuelto viral como la representación de la represión y la tortura ordenada por el Gobierno emecista que encabeza Pablo Lemus.

Los 39 detenidos fueron dejados en libertad entre la misma noche del domingo, y entre el lunes y el martes. A siete de ellos se les ha fincado cargos; entre ellos a Samuel Morales, un joven de 24 años que trabaja como chofer de Rappi para ayudar a su madre quien enfrenta un tratamiento de cáncer. El caso de Samuel también se ha hecho viral porque fue grabada su detención cuando se encontraba a más de una cuadra de distancia de Casa Jalisco, lejos de los enfrentamientos, sentado en su moto cuando fue tacleado, detenido y arrastrado por un grupo de al menos ocho policías. Según el Gobierno, él fue detenido en flagrancia y ahora se le imputan delitos por agresiones a policías cuando, al menos en la detención que aparece en un video grabado en el momento, él fue el agredido. Posteriormente el Gobierno ahora sí hizo uso de las cámaras de videovigilancia del C5 para mostrar videos de Samuel haciendo señas obscenas a los policías y arrojando algunas piedras. Pero no hay videos que demuestren que él lesionó a algún elemento de las fuerzas de seguridad. La detención de estas 39 personas no sólo generó indignación, también una muestra de generosa solidaridad por parte de abogados que acompañaron gratuitamente la defensa de los imputados, organizaciones de derechos humanos como Cepad y gente que ofrecía desde alimentos hasta dinero para apoyar a los detenidos.

Obviamente la represión de la megamarcha contra el agua puerca del pasado 11 de octubre encendió más los ánimos de la sociedad tapatía y de inmediato se convocó a una segunda megamarcha, que en esta ocasión saldrá desde el Parque Rojo (en el centro de Guadalajara) hasta Palacio de Gobierno.

El repudio casi generalizado que generó la violenta represión en contra de la megamarcha del 11 de octubre obligó al Gobierno de Pablo Lemus a reconocer que hubo excesos policiales que serían investigados además de reconocer que no se debió arrojar gases lacrimógenos ni chorros de agua a los bomberos. Eso lo dijo el pasado martes 13 de octubre, aunque un día antes había culpado a un supuesto grupo de 400 encapuchados de provocar la violencia, aunque no hay ninguna evidencia de ese supuesto grupo de choque.

Ahora el Gobierno de Pablo Lemus enfrenta no sólo la ira y la molestia porque el problema del agua de mala calidad que sirve el SIAPA sigue llegando a la mayoría de las casas de los tapatíos, ahora además porque se confirma que nuevamente tienen como gobernante a un político que enfrenta la protesta social con represión y criminalización.

Con la protesta violentada el 11 de octubre, Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales. Ahora Pablo Lemus está en la lista de gobernantes como los priistas Flavio Romero de Velazco, Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío o Carlos Rivera Aceves que ordenó reprimir a los damnificados del 22 de abril en 1992. Lemus se suma a gobernantes del PAN como Alberto Cárdenas Jiménez que ordenó reprimir a los barzonistas; Francisco Ramírez Acuña que pasó a la historia por la brutal represión del 28 de mayo de 2004 contra los altermundistas. Y finalmente, Lemus siguió la huella de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez que reprimió distintas protestas sociales, pero se distinguió por el Halconazo tapatío del 5 de junio de 2020.

Hay mucha ira contenida por el problema del agua puerca que se está sirviendo a los tapatíos, pero también por otros graves problemas como la desaparición de personas y el persistente reclutamiento de los jóvenes jaliscienses que sirven como carne de cañón en las empresas criminales del capitalismo ilegal. Sería sumar otro gran error si se decide usar otra vez la represión en contra de la megamarcha de este domingo 18 de octubre.

Y esto porque el problema del agua sucia va para largo. El Gobierno de Lemus propuso como remedio cerrar el suministro de un viejo acueducto, lo que va a obligar a hacer tandeos (cortes de agua) para media ciudad en la que vivimos más de 2.5 millones de personas. En lugar de reprimir, Lemus tiene qué escuchar las propuestas no sólo de los técnicos sino de los expertos y organizaciones de la sociedad civil y pueblos organizados que desde hace años han propuesto otro modelo de gestión integral del agua. Lemus no dejará de aparecer en la lista de gobernantes represores, pero al menos puede intentar ser recordado como el gobernante que resolvió el problema del agua puerca en Guadalajara.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4889316/agua-puerca-y-represion-politica-en-jalisco/