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Agua puerca y represión política en Jalisco

"Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales"

Jalisco atraviesa diversas crisis: la grave crisis por desaparición de personas, el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el reclutamiento forzado, la crisis de vivienda y ahora se añade la crisis por la mala calidad del agua que el organismo operador entrega a millones de habitantes de la zona metropolitana del agua. Desde hace un par de años, pero intensificado a lo largo de 2026, el agua que sirve el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que agrupa a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara está llevando agua turbia y de mala calidad a los hogares de los tapatíos. El agua llega con color a agua de tamarindo, como refresco de cola y con olores nauseabundos, con olor a caño o francamente a mierda. “Agua con caca” o “agua con KK” son dos de las leyendas más usadas por los tapatíos para describir el agua que sale de nuestros grifos.

Debido a esta insoportable situación de estar recibiendo agua puerca, distintas organizaciones convocaron a una masiva manifestación de al menos 10 mil tapatíos (algunos recuentos hablan de hasta 20 mil) desde la Glorieta de la Minerva que ha sido escenario de múltiples celebraciones de la ciudad, pero el domingo 11 de octubre fue el epicentro de la indignación por el agua puerca que sirve el SIAPA y el Gobierno del estado.

La manifestación partió hacia Casa Jalisco, la residencia oficial del Gobernador en turno, en este caso Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Pero en lugar de ofrecer una atenta escucha o mesa de diálogo o negociación, el Gobierno de Pablo Lemus respondió de la peor manera posible: se ordenó un dispositivo de represión en el que participaron cientos de policías estatales. Una novedad en este episodio de represión estatal es que se ordenó el uso de oficiales del cuerpo de bomberos de Guadalajara y de Zapopan para rociar chorros de agua a alta presión para repeler a los manifestantes y además se ordenó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Eso encendió los ánimos de los manifestantes que intentaron quitar las vallas que cercaban Casa Jalisco y algunos comenzaron a arrojar piedras. En esa refriega fueron detenidas 39 personas, todas ellas golpeadas y en un hecho vergonzoso y brutal, algunos de los detenidos fueron torturados dentro de Casa Jalisco, sede oficial del Gobierno y donde se supone se discuten y toman las decisiones para responder a los problemas de los jaliscienses. Vergonzosamente Casa Jalisco se convirtió por un momento en una vil mazmorra de tortura. Fue el caso de Alejandra, integrante del colectivo cultural Casa Quinqué, quien estaba grabando las detenciones fuera de Casa Jalisco cuando fue detenida y golpeada por cuatro mujeres policías y luego se sumó un varón. Ella fue arrastrada en el pavimento lo que le ocasionó fuertes raspones en la parte baja de la espalda. Ya dentro de Casa Jalisco le quitaron el calzado y la patearon y pisaron a los pies. Jorge Ignacio, otro integrante de Casa Quinqué, fue detenido por al menos ocho policías quienes lo golpearon y macanearon hasta provocarles tres descalabradas, golpe en la quijada, y varios esguinces en el cuerpo. Una selfi que se tomó dentro de Casa Jalisco (antes de que le quitaran el celular) con los vendajes en su cabeza se ha vuelto viral como la representación de la represión y la tortura ordenada por el Gobierno emecista que encabeza Pablo Lemus.

Los 39 detenidos fueron dejados en libertad entre la misma noche del domingo, y entre el lunes y el martes. A siete de ellos se les ha fincado cargos; entre ellos a Samuel Morales, un joven de 24 años que trabaja como chofer de Rappi para ayudar a su madre quien enfrenta un tratamiento de cáncer. El caso de Samuel también se ha hecho viral porque fue grabada su detención cuando se encontraba a más de una cuadra de distancia de Casa Jalisco, lejos de los enfrentamientos, sentado en su moto cuando fue tacleado, detenido y arrastrado por un grupo de al menos ocho policías. Según el Gobierno, él fue detenido en flagrancia y ahora se le imputan delitos por agresiones a policías cuando, al menos en la detención que aparece en un video grabado en el momento, él fue el agredido. Posteriormente el Gobierno ahora sí hizo uso de las cámaras de videovigilancia del C5 para mostrar videos de Samuel haciendo señas obscenas a los policías y arrojando algunas piedras. Pero no hay videos que demuestren que él lesionó a algún elemento de las fuerzas de seguridad. La detención de estas 39 personas no sólo generó indignación, también una muestra de generosa solidaridad por parte de abogados que acompañaron gratuitamente la defensa de los imputados, organizaciones de derechos humanos como Cepad y gente que ofrecía desde alimentos hasta dinero para apoyar a los detenidos.

Obviamente la represión de la megamarcha contra el agua puerca del pasado 11 de octubre encendió más los ánimos de la sociedad tapatía y de inmediato se convocó a una segunda megamarcha, que en esta ocasión saldrá desde el Parque Rojo (en el centro de Guadalajara) hasta Palacio de Gobierno.

El repudio casi generalizado que generó la violenta represión en contra de la megamarcha del 11 de octubre obligó al Gobierno de Pablo Lemus a reconocer que hubo excesos policiales que serían investigados además de reconocer que no se debió arrojar gases lacrimógenos ni chorros de agua a los bomberos. Eso lo dijo el pasado martes 13 de octubre, aunque un día antes había culpado a un supuesto grupo de 400 encapuchados de provocar la violencia, aunque no hay ninguna evidencia de ese supuesto grupo de choque.

Ahora el Gobierno de Pablo Lemus enfrenta no sólo la ira y la molestia porque el problema del agua de mala calidad que sirve el SIAPA sigue llegando a la mayoría de las casas de los tapatíos, ahora además porque se confirma que nuevamente tienen como gobernante a un político que enfrenta la protesta social con represión y criminalización.

Con la protesta violentada el 11 de octubre, Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales. Ahora Pablo Lemus está en la lista de gobernantes como los priistas Flavio Romero de Velazco, Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío o Carlos Rivera Aceves que ordenó reprimir a los damnificados del 22 de abril en 1992. Lemus se suma a gobernantes del PAN como Alberto Cárdenas Jiménez que ordenó reprimir a los barzonistas; Francisco Ramírez Acuña que pasó a la historia por la brutal represión del 28 de mayo de 2004 contra los altermundistas. Y finalmente, Lemus siguió la huella de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez que reprimió distintas protestas sociales, pero se distinguió por el Halconazo tapatío del 5 de junio de 2020.

Hay mucha ira contenida por el problema del agua puerca que se está sirviendo a los tapatíos, pero también por otros graves problemas como la desaparición de personas y el persistente reclutamiento de los jóvenes jaliscienses que sirven como carne de cañón en las empresas criminales del capitalismo ilegal. Sería sumar otro gran error si se decide usar otra vez la represión en contra de la megamarcha de este domingo 18 de octubre.

Y esto porque el problema del agua sucia va para largo. El Gobierno de Lemus propuso como remedio cerrar el suministro de un viejo acueducto, lo que va a obligar a hacer tandeos (cortes de agua) para media ciudad en la que vivimos más de 2.5 millones de personas. En lugar de reprimir, Lemus tiene qué escuchar las propuestas no sólo de los técnicos sino de los expertos y organizaciones de la sociedad civil y pueblos organizados que desde hace años han propuesto otro modelo de gestión integral del agua. Lemus no dejará de aparecer en la lista de gobernantes represores, pero al menos puede intentar ser recordado como el gobernante que resolvió el problema del agua puerca en Guadalajara.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4889316/agua-puerca-y-represion-politica-en-jalisco/

Las víctimas acusan tortura en Jalisco; dos policías se presentan en Asuntos Internos

Las autoridades de Jalisco compartieron un video en el que se observa a los oficiales presentarse para atender el procedimiento correspondiente

En medio de las crecientes denuncias de abusos y tortura contra las personas detenidas en la protesta por el agua que se realizó el pasado domingo en Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) inició este miércoles una investigación formal en el área de Asuntos Internos contra dos elementos de la Policía que estuvieron involucrados en la represión de manifestantes.

La apertura formal de la indagatoria se dio después de que familiares de quienes fueron aprehendidos acusaran a la corporación policiaca de la entidad de cometer abuso de autoridad y ejercer un uso excesivo de la fuerza durante la movilización ciudadana en calles de Guadalajara.

En los videos de la manifestación difundidos en redes sociales, también se observa a los oficiales recurriendo a gas lacrimógeno y agua a presión para dispersar a los inconformes. Por el momento, el procedimiento administrativo no constituye una sanción definitiva, ya que las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos.


El proceso de investigación contempla el análisis minucioso de videos y testimonios recopilados para deslindar responsabilidades, manteniendo abierta la posibilidad de indagar a más uniformados conforme avancen las diligencias.

Familiares de las víctimas relatan la tortura que vivieron los detenidos

En las entrevistas realizadas por la periodista Claudia Jurado como contenido especial para SinEmbargo, familiares de los detenidos denunciaron que los policías ejercieron un exceso de fuerza y brutalidad al someter a los manifestantes que protestaban por la calidad del agua. 

Relataron que hasta cinco agentes arremetieron contra personas individuales, derribándolas repetidamente al suelo para patearlas y golpearlas en la cabeza, rostro, espalda y costillas, provocando en algunos casos heridas severas como la pérdida de dientes.

"Me golpearon, pero hay otro manifestante que sigue detenido al que le tumbaron tres dientes y le rompieron otros. Llegó gente para generar disturbios y generar la violencia", expresó Iván Salazar, manifestante recién liberado.


Asimismo, señalaron que agentes encapuchados los asfixiaron por la espalda a manifestantes para luego trasladarlos de forma de forma repentina a Casa Jalisco. En la residencia oficial del Gobernador permanecieron incomunicados durante horas en áreas impropias para una detención, periodo en el cual sufrieron cachetadas, golpes continuos y amenazas.

Las familias expusieron también la desinformación y el bloqueo institucional por parte de la Fiscalía, la cual ocultó detalles del paradero de los detenidos y notificó los traslados al penal de Puente Grande a último momento. Denunciaron además que se les negó el acceso a sus abogados particulares en las audiencias para imponerles defensores públicos a la fuerza.
"Nos han ocultado información [...] estuve preguntando y no me dieron información. Nos dijeron al último minuto que los trasladaron al penal de Puente Grande y ya no pudimos entrar a la audiencia", compartió la hermana de Iván Salazar.
El Artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que comete este delito el servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma, su suerte, destino o paradero.

CNDH investigará la violencia ejercida por policías de Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles  que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe realizar una investigación exhaustiva para determinar si las personas detenidas durante la manifestación del domingo pasado, en la que se exigió agua limpia en Jalisco, fueron víctimas de tortura por parte de los policías.
"Por cierto, ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la ‘mañanera’, le pedí a Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] que me enviara un informe. No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", declaró durante la conferencia matutina del 14 de octubre.
La mandataria señaló que, además del uso de chorros de agua y gases lacrimógenos durante la protesta, es indispensable erradicar la tortura contra los jóvenes en México, pues se trata de una práctica que no debe tener cabida en el país.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció a través de un mensaje en sus redes sociales que las autoridades jaliscienses cometieron errores durante la manifestación del domingo. Asimismo, solicitó una investigación interna para determinar las responsabilidades y para aplicar las sanciones correspondientes en contra de los policías estatales.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Denuncian golpes, incomunicación y detenciones arbitrarias tras protesta por agua limpia en Jalisco

Organizaciones civiles mantienen su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconoce 21. Temen que se les fabriquen delitos

Madres y padres acudieron este lunes a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco para conocer la situación de sus hijos detenidos durante la protesta del domingo contra la mala calidad del agua. Denunciaron golpes, falta de información sobre el paradero de sus familiares, obstáculos para comunicarse con ellos y temor de que les fabriquen delitos.

Frente a la dependencia, ubicada en la calle 14, las familias exigieron la liberación de quienes permanecen detenidos, atención médica para los lesionados y garantías de que se respetarán sus derechos durante el proceso legal.

Los registros sobre las detenciones presentan una diferencia de 10 personas. La Fiscalía estatal informó inicialmente que había detenido a 39 personas y posteriormente reportó la liberación de 18, por lo que reconoce que 21 continúan bajo custodia.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y otras organizaciones civiles reportaron inicialmente 52 personas detenidas y sostienen que 31 permanecen privadas de la libertad.

Durante la jornada, familiares y defensores de derechos humanos también denunciaron el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua contra participantes de la movilización, así como agresiones a personas que, según sus testimonios, no estaban involucradas en actos violentos.

Cepad señala falta de información sobre los detenidos

Denisse Montiel Flores, directora del Cepad, sostuvo que el operativo policial contra la manifestación derivó en un acto de represión y cuestionó que las autoridades no proporcionaran información oportuna sobre el paradero de las personas detenidas.

“Registramos más de 50 personas detenidas de manera arbitraria y señalamos que no fueron presentadas de manera inmediata a ninguna autoridad ni se brindó información sobre su paradero durante las primeras horas. Podemos considerar que hubo desapariciones forzadas por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró.

La activista insistió en que ejercer el derecho a la protesta no debe convertirse en motivo de criminalización.

“Ninguna persona puede ser detenida ni criminalizada por ejercer el derecho a la protesta social”, afirmó.

Las denuncias se produjeron después de la movilización del domingo para exigir agua limpia en los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, que terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en las inmediaciones de Casa Jalisco.

“La tiraron al piso y la empezaron a patear”

Margarita Mora, madre de Mariana Jobel Mora, estudiante de Biología Marina de 22 años que se identifica como persona no binaria, denunció que su hija recibió una golpiza de varios policías durante la protesta.

Mora, quien es enfermera, consideró que la apariencia de Mariana pudo influir en la agresión. Aseguró que existen videos en los que se observa cómo la derribaron y patearon antes de llevársela.

“Yo pienso que fue una represalia y fue en contra de ella por verla diferente. Fue la persona que más golpearon; la tiraron al piso y la empezaron a patear entre varios. Se la llevaron arrastrando; ella solo estaba defendiendo a su amiga”, relató.

La madre afirmó que recibió información de que Mariana estaba en silla de ruedas y tenía la nariz fracturada. Por ello, exigió que las autoridades garantizaran su atención médica.

“Me comentaron que ella está en silla de ruedas y tiene fracturada su nariz. Yo necesito que le den atención”, dijo.

El testimonio se sumó a las denuncias de familiares que acudieron a la Fiscalía para localizar a sus parientes y conocer las condiciones en que permanecían detenidos.

Madres cuestionan las detenciones y el debido proceso
Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo, estudiante de 18 años, afirmó que presenció cuando policías se llevaron a su hijo por la fuerza.

Según relató, el joven participaba por primera vez en una manifestación y estaba motivado por la exigencia de agua limpia.

“Él es un chico que era su primera manifestación, estaba muy motivado, y a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar donde estaba”, declaró.

Miranda calificó la detención como un secuestro y exigió que las autoridades informaran de inmediato sobre la situación de su hijo.

“Para mí mi hijo está secuestrado y lo pido de inmediato”, expresó.

Graciela Bernal Loaiza, madre de Jorge Ignacio Luna Bernal, de 31 años, informó que su hijo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía después de ser detenido en las inmediaciones de Casa Jalisco.

Aseguró que su familia participó pacíficamente en la marcha y denunció que transcurrieron horas antes de que pudiera comunicarse con él.

“Lamentablemente se ha faltado al debido proceso. No tuvimos oportunidad de que mi hijo se comunicara con nosotros hasta hace media hora. Estamos informados de que hay expedientes abiertos; se ha planteado la posibilidad de que a todos se les van a asignar cargos de delitos que no cometieron”, sostuvo.

La mujer expresó preocupación por las posibles imputaciones contra las personas detenidas y pidió que las autoridades esclarezcan la participación de cada una en los hechos.

Denuncian que repartidor de Rappi fue detenido cuando trabajaba

Claudia Morales aseguró que su hijo, Samuel Morales Navarro, repartidor de la plataforma Rappi, no participaba en la manifestación cuando fue detenido por policías.

La mujer, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer y recientemente pasó por una mastectomía y quimioterapias, explicó que su hijo compró una motocicleta para trabajar y contribuir a los gastos familiares.

“Mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta… y lo detuvieron”, afirmó.

También denunció que los policías se llevaron la motocicleta sin dejar constancia de su aseguramiento y que el joven presentaba lesiones cuando finalmente pudo verlo.

“Apenas hoy me dejaron verlo cinco minutos. Está todo golpeado, está todo hinchado de la nariz, de la boca, así de un oído. No es justo, a él lo agredieron los policías”, dijo.

Morales pidió que su hijo recibiera atención médica y que las autoridades aclararan tanto las circunstancias de su detención como el destino de sus pertenencias.

Señalan criminalización de defensores y visitas a domicilios

Eduardo Mosqueda, consejero del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, denunció que las detenciones forman parte de un proceso de criminalización contra quienes participaron en la movilización.

Además, señaló que familiares reportaron visitas de agentes de la Fiscalía a sus domicilios y cuestionó el cierre de vialidades cercanas a la dependencia.

“Existe una criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, porque precisamente esas son las personas que participaron ayer y que lamentablemente están sufriendo ahorita una detención arbitraria”, afirmó.

Mosqueda añadió que las visitas a los domicilios de los familiares y el despliegue de patrullas en la calle 14 generaron preocupación entre quienes buscaban información sobre las personas detenidas.

Por su parte, Alejandra Cartagena, abogada, académica del ITESO e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), rechazó que los manifestantes sean considerados un grupo de choque.

La abogada cuestionó que esa narrativa oficial se utilice para justificar la actuación policial y las detenciones.

“Señor gobernador, los ciudadanos no somos grupos de choque cuando exigimos nuestros derechos. Somos ciudadanos y tenemos derecho de manifestarnos”, sostuvo.

Cartagena también expresó preocupación por la posibilidad de que se imputen delitos a los manifestantes.

“Nos preocupa muchísimo que la Fiscalía junto con la Policía Estatal estén fabricando delitos a los compañeros y compañeras que estaban adentro”, afirmó.

Las acusaciones sobre agresiones, tortura y fabricación de delitos corresponden a los testimonios y señalamientos de las personas entrevistadas y requieren investigación por parte de las autoridades competentes.

Activistas temen represalias

Javier Calderón, integrante del colectivo Resistencia Civil Pacífica (RCP) Jalisco, acudió a la Fiscalía para conocer el paradero de su compañero Jesús Torres, activista con una larga trayectoria en movilizaciones sociales.

Calderón manifestó temor de que Torres reciba un trato distinto o sea objeto de represalias por su participación en protestas contra el gobierno estatal.

“Jesús tiene años de activista. Mi temor es saber dónde está y pedir que no le vayan a dar un trato diferente, porque, como les digo, ya lo traían en el ojo. Puede ser que hasta ahorita lo estén torturando o, en una de esas, desapareciendo”, declaró.

El integrante del colectivo también cuestionó la actuación de los policías durante la protesta y sostuvo que, desde su perspectiva, hubo una intervención para provocar el enfrentamiento.

“Fueron los mismos policías los que iniciaron el desmán. Estoy seguro, sin poder confirmarlo, que fue cosa del gobierno de tronar la manifestación. Por eso mandan esos encapuchados, porque nosotros no tenemos por qué esconder la cara”, afirmó.

Al cierre de esta jornada, las organizaciones civiles mantenían su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconocía 21. Las familias exigieron información verificable sobre la situación jurídica de cada detenido, acceso a defensa legal y atención médica para quienes presentaban lesiones, además de una investigación sobre los abusos que denunciaron durante el operativo policial.

Sheinbaum pide a Lemus explicar detenciones y uso de la fuerza en protesta por agua en Jalisco

Claudia Sheinbaum rechazó la represión contra los manifestantes que exigieron agua limpia en Guadalajara y pidió al gobernador Pablo Lemus explicar el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar la protesta, que dejó 39 personas detenidas y decenas de heridos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la represión contra los manifestantes que exigieron agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicar el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar la protesta de este domingo, que dejó 39 personas detenidas, 28 policías heridos y 31 civiles que requirieron atención médica, de acuerdo con cifras oficiales.

“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la represión”, afirmó Sheinbaum este lunes, durante su conferencia matutina, en la que también llamó a privilegiar el diálogo y rechazó la violencia en las manifestaciones.

La mandataria sostuvo que corresponde al gobierno estatal informar por qué recurrió a la fuerza pública contra quienes se movilizaron para denunciar la mala calidad del agua que llega a sus hogares. “No debe haber represión y debe abrirse el diálogo”, señaló, al tiempo que insistió en que las autoridades deben explicar su actuación y atender las demandas ciudadanas.

“Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos si es que los utilizaron para afrontar una manifestación”, dijo Sheinbaum en respuesta a preguntas de la prensa sobre los hechos ocurridos en Guadalajara y las denuncias de detenciones durante la protesta.

La presidenta también se pronunció sobre la crisis de contaminación del agua en la zona metropolitana y la propuesta del gobierno de Lemus para construir un nuevo acueducto. Afirmó que el gobierno federal está dispuesto a colaborar para resolver el problema, pero descartó respaldar un esquema de financiamiento que implique la privatización del servicio.

Sheinbaum pide explicar las detenciones y el uso de la fuerza

Durante la conferencia, la prensa pidió su postura a la presidenta ante las detenciones realizadas durante la protesta y le presentó una lista de personas cuyos familiares o conocidos habían denunciado que no podían localizarlas la noche del domingo.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que las autoridades de Jalisco deben informar sobre las decisiones que tomaron durante la movilización y dar a conocer los nombres de las personas detenidas.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron, y tienen que informar las autoridades de Jalisco por qué tomaron esta decisión y las personas detenidas, y al mismo tiempo que den los nombres de todas las personas detenidas”, sostuvo.

Más adelante, cuando un reportero le preguntó si exhortaría a liberar a las personas detenidas, Sheinbaum sostuvo que la situación debía resolverse por vías pacíficas y reiteró su rechazo a la actuación represiva de las autoridades.

“La represión no lleva a nada”, dijo.

La presidenta agregó que la Secretaría de Gobernación podría intervenir en el diálogo si las personas involucradas lo solicitan, aunque señaló que, por el momento, el asunto corresponde al gobierno estatal.

Diez mil personas protestaron por la calidad del agua

La movilización del domingo reunió a alrededor de 10 mil personas que exigieron una solución a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los inconformes denunciaron que el líquido que llega a sus viviendas contiene sedimentos y desprende un olor desagradable.

La protesta comenzó en la zona de La Minerva y avanzó por distintas vialidades hasta llegar a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Durante la jornada, los manifestantes mostraron pancartas contra la contaminación del agua y la privatización del servicio. Entre los mensajes exhibidos se leía: “No aguas negras. No privatización. No corrupción”.

La marcha se desarrolló de forma pacífica durante buena parte del recorrido, pero cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y algunas personas con el rostro cubierto, quienes lanzaron piedras contra los uniformados.

En esa zona, los policías utilizaron chorros de agua y gases para dispersar a los manifestantes. En videos difundidos en redes sociales también se documentó la detención de un joven de Tonalá que, según las imágenes descritas en los reportes, dialogaba con policías cuando fue detenido.

Las autoridades estatales informaron que, a partir de las 12:00 horas, un grupo de alrededor de 400 personas ajenas a la protesta recurrió a la violencia y agredió a policías y asistentes. El gobierno de Jalisco reportó 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad; 31 civiles que requirieron atención médica y 39 personas detenidas.

La situación jurídica de las personas detenidas quedó a cargo de la fiscalía estatal, según la información oficial difundida después de la movilización.

La Universidad de Guadalajara informó que entre las personas detenidas había tres estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La institución reconoció la preocupación de los ciudadanos por la calidad y el abastecimiento del agua y pidió esclarecer los hechos y garantizar la integridad de quienes permanecían bajo custodia.

La casa de estudios también informó que estableció comunicación con las autoridades para conocer la situación de sus estudiantes y buscar que se garantizara su integridad y se concretara su liberación.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que 16 integrantes del organismo participaron como observadores durante la jornada para vigilar el respeto a los derechos humanos. La comisión señaló que dio acompañamiento a las 39 personas detenidas y que, hasta el momento de su reporte, cinco personas habían presentado quejas contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad.

El organismo también abrió el acta de investigación número 41 para dar seguimiento a los hechos y dictó medidas cautelares dirigidas a la Vicefiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el propósito de que se garantizara la atención médica de las personas detenidas.

Sheinbaum rechaza esquema de financiamiento que privatice el agua

Además de condenar la actuación policial, Sheinbaum abordó la crisis del agua en la zona metropolitana y las alternativas que el gobierno de Jalisco ha planteado para atenderla.

La presidenta explicó que Lemus le presentó una propuesta de financiamiento para construir infraestructura hidráulica y que, después de esa conversación, acordaron revisar el proyecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La mandataria informó que representantes del gobierno estatal tenían prevista una nueva reunión con la comisión este lunes para revisar el esquema financiero y analizar las alternativas para resolver el problema.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal está dispuesto a aportar recursos y colaborar con la administración de Jalisco, siempre que el mecanismo elegido no implique la privatización de los servicios de agua.

“Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización de ningún servicio del agua y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo”, afirmó.

La presidenta explicó que el gobernador propuso un esquema de financiamiento de asociación publico-privada utilizado en proyectos carreteros, pero señaló que su aplicación al servicio de agua requiere una revisión distinta por las implicaciones que podría tener en la operación del sistema.

De acuerdo con Sheinbaum, la propuesta debe analizarse tanto desde el punto de vista técnico como financiero, con el objetivo de determinar las obras necesarias y establecer un mecanismo que no derive en la operación privada del servicio.

“Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento”, explicó.

La mandataria indicó que el esquema planteado por Lemus requiere la aprobación del Congreso de Jalisco y que, según lo expuesto durante la conferencia, para autorizarlo se necesitarían dos terceras partes de los votos. Añadió que legisladores de Morena se oponen actualmente a esa propuesta.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/sheinbaum-lemus-detenciones-uso-fuerza-protesta-agua-jalisco

Reprimen con cañones de agua, gases y piedras protesta por agua limpia en Guadalajara

Granaderos lanzaron chorros de agua, gases lacrimógenos y piedras contra quienes protestaron este domingo en Guadalajara, Jalisco, para exigir una solución a la crisis que desde hace meses tiene a las viviendas de zona metropolitana con agua contaminada, negra y con mal olor en las tuberías.

Con consignas como «¡El agua es un derecho, no un privilegio!» y «¡Queremos agua, no represión!», miles de personas participaron en la movilización masiva que partió de la Glorieta de la Minerva rumbo a la Casa Jalisco, sede del gobierno estatal y residencial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Alrededor de las 13 horas llegó el contingente a la Casa Jalisco en demanda de atención del gobierno estatal y para denunciar la falta de acciones por parte de Lemus. Un grupo de personas intentó derribar las vallas metálicas que resguardaban el recinto, por lo que el gobierno desplegó elementos de seguridad y equipos antimotines que lanzaron agua y gases contra los manifestantes, entre los que se encontraban niños y adultos mayores. Además, al menos 50 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas por las piedras y objetos que lanzó la policía. Durante la protesta también se reportó el «secuestro» de al menos 20 personas que fueron ingresadas y retenidas en Casa Jalisco.


La indignación en la megamarcha creció cuando los policías utilizaron cañones de agua limpia para reprimir y dispersar la movilización, mientras que los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara llevan meses con agua turbia, con sedimentos, metales pesados y malos olores.

Tras la protesta, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en el que denunció la detención de tres de sus alumnos, mientras que el Iteso también se pronunció y expresó su preocupación por las víctimas de la represión y detenciones arbitrarias.

Se trata de una de las movilizaciones recientes más multitudinarias en Guadalajara en demanda de un servicio de agua de calidad y en rechazo a la entrega de los recursos naturales a empresas y gobiernos extranjeros, entre los que el de Israel se encuentra como uno de los más señalados por la población de querer privatizar el líquido en México.


FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/reprimen-con-canones-de-agua-gases-y-piedras-protesta-por-agua-limpia-en-guadalajara/

Lemus tras represión en Jalisco: 'No puede volver a repetirse'

Tras la protesta por agua limpia en Guadalajara, Pablo Lemus ordenó revisar 39 detenciones e investigar posibles abusos policiales; 12 personas fueron liberadas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este lunes 12 de octubre que ordenó investigar posibles excesos en el uso de la fuerza durante la protesta por el agua realizada el domingo en Guadalajara, que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como 39 personas detenidas y 28 agentes lesionados, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal reconoció que miles de personas participaron pacíficamente en la movilización para exigir agua limpia, pero atribuyó los enfrentamientos a la llegada de un grupo de aproximadamente 400 personas que, según afirmó, buscaban generar violencia.

El pronunciamiento ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera al gobierno de Jalisco explicar las detenciones y el uso de la fuerza durante la manifestación.

Lemus atribuye enfrentamientos a un grupo de 400 personas

El gobernador sostuvo que cerca de 10 mil personas participaron en la movilización que partió de la glorieta de La Minerva y llegó a Casa Jalisco, donde se concentraron ciudadanos inconformes por la calidad del agua que reciben en sus hogares.

De acuerdo con su versión, la protesta transcurrió pacíficamente durante más de dos horas, hasta que llegó un grupo de aproximadamente 400 personas, algunas encapuchadas, que presuntamente portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y otros objetos.

Lemus aseguró que estas personas agredieron a mujeres policías asignadas para acompañar la movilización y proteger una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco.

“Eso ya no era una manifestación pacífica. Se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas”, declaró.


Según el mandatario, durante los hechos se registraron 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo tras recibir un golpe con un tubo. También reconoció que hubo manifestantes heridos y personas ajenas a los enfrentamientos que quedaron atrapadas, entre ellas familias y periodistas que documentaban los hechos.

Sobre detenciones y actuación policial

Lemus informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar individualmente las detenciones realizadas durante la protesta.

De las 39 personas detenidas, 12 ya habían sido liberadas hasta el momento de su mensaje, mientras que la dependencia estatal continuará informando sobre posibles nuevas liberaciones.

“Desde anoche solicité a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”, afirmó.

Además, aseguró que ordenó analizar los videos de los enfrentamientos para determinar si hubo excesos policiales y, en su caso, aplicar sanciones. “He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, señaló.

El gobernador informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio y ofreció colaborar con la información que solicite el organismo. También señaló que comunicó lo ocurrido a Sheinbaum durante la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional.

Sheinbaum exige explicar el uso de la fuerza

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco informar las razones de las detenciones y dar a conocer la identidad de las personas arrestadas.

La solicitud surgió después de que periodistas le presentaran una lista de personas cuyos familiares y conocidos denunciaron que no habían podido localizarlas durante la noche del domingo.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron”, sostuvo.

Sheinbaum también cuestionó el uso de la fuerza pública durante la manifestación y pidió aclarar si las autoridades emplearon agua y gases lacrimógenos contra los participantes.


“Muchas veces la fuerza pública debe contener, pero una cosa es contener y otra cosa es reprimir”, afirmó.

La mandataria reiteró que su gobierno rechaza tanto la represión como las manifestaciones violentas.

“La represión no lleva a nada”, expresó.

Lemus promete que no se privatizará el agua

En la parte final de su mensaje, Lemus reiteró su compromiso de atender los problemas de calidad del agua que motivaron la movilización. El gobernador aseguró que la decisión de suspender el abastecimiento desde la presa de Las Pintas está dando resultados y que se trabaja en la modernización y ampliación de la planta potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle.

También señaló que está pendiente la aprobación, por parte del Congreso de Jalisco, de una iniciativa para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto que, según afirmó, ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante los cuestionamientos sobre una posible participación privada en la operación del servicio, Lemus aseguró:

“El agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente”.

Por su parte, Sheinbaum manifestó su desacuerdo con una eventual privatización y advirtió que algunos esquemas de financiamiento pueden derivar en la operación privada del agua.

La protesta del domingo reunió a miles de habitantes de Guadalajara que denuncian recibir agua sucia, con malos olores y coloraciones anormales, un problema que, según los vecinos, persiste de manera intermitente desde hace meses.

Mientras continúan las investigaciones sobre las detenciones y la actuación policial, el gobierno estatal enfrenta tanto los reclamos por el uso de la fuerza como las exigencias ciudadanas de garantizar el suministro de agua limpia.

Jalisco culpa a “grupo de choque”: a Iván lo arrancaron de la marcha

El gobierno estatal admite que hay 39 personas detenidas y culpa a un “grupo de choque”, aunque hay videos que evidencian arrestos de personas que se manifestaban pacíficamente

El gobierno de Jalisco reconoció esta noche que hay 39 detenidos tras las manifestaciones contra el agua sucia en Guadalajara y culpó a un “grupo de choque”, aunque hay evidencias de que se llevaron a personas que se manifestaban sin violencia, como Iván García, a quien extrajeron de la marcha. 

También circularon videos de cómo tres policías se llevaron a una señora arrastrándola por el suelo con lujo de violencia. 

El coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, indicó que fueron alrededor de 10 mil personas las que se manifestaron pacíficamente para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.


“Durante las dos primeras horas la manifestación ocurrió pacíficamente; sin embargo, a partir de las 12 horas un grupo de choque de unas 400 personas, ajeno a la protesta, recurrió a la violencia y agredió a policías y asistentes”.

El saldo oficial es de 28 policías heridos, entre ellos dos de gravedad, asimismo, 31 civiles requirieron atención médica y 39 personas fueron detenidas, cuya situación jurídica será determinada por la Fiscalía del Estado, indicó el funcionario.


“Alrededor de las 12 horas aproximadamente llegó un grupo de personas conformado por 400 aproximadamente. Algunos con capuchas, algunos otros con palos, piedras, empezaron a jalar las vallas e incitar a la violencia”, dijo por su parte el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández.


Salvador González, fiscal estatal, dijo que la dependencia a su cargo recibió a los 39 detenidos para definir su situación jurídica. Según las autoridades, las detenciones fueron supervisadas por representantes de derechos humanos. 

A IVÁN LO JALARON DE LA MARCHA

La regidora morenista Liliana Olea expresó en X: “Policías antimotines detuvieron arbitrariamente a  nuestro compañero Iván García Becerra durante la movilización a Casa Jalisco. Exigimos su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos‼️”.


En varios videos desde distintos ángulos se observa cómo Iván García está frente a los policías sin agredirlos sólo gritando su inconformidad, cuando de repente un elemento fornido lo extrae del plantón y se lo lleva a la fuerza.


No sólo fue Iván: circuló otro video en el que tres policías arrastran por el suelo a una señora para detenerla por la fuerza. Los detenidos fueron encerrados temporalmente en Casa Jalisco, donde reside el gobernador, Pablo Lemus, para después ser trasladados a la Fiscalía.

El gobernador Lemus se ha mantenido en silencio durante el curso de los acontecimientos.


FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.

Despliegan granaderos para imponer perforación de pozo en Xoxtla, alertan defensores

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) alertó por la presencia de granaderos y policías municipales y estatales desde la madrugada de este miércoles en Xoxtla, Puebla, «para imponer la perforación de un pozo profundo y el despojo de agua en la región cholulteca».

Las decenas de granaderos llegaron desde las 3:30 horas de este 7 de octubre para postrarse en los alrededores del parque Pavigi, donde «se pretende imponer la perforación» del pozo que trasladaría el agua hacia la ciudad de Puebla. A las 6 de la mañana, los policías comenzaron a cerrar los caminos de acceso al parque y activó la máquina perforadora de pozos.

La población de Xoxtla responsabilizó al gobernador estatal Alejandro Armenta, así como a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y a la presidenta Claudia Sheinbaum, «de cualquier desgracia» en Xoxtla por perforar el territorio «sin informar al pueblo» y sin contar con permisos ni concesiones «para saquear» el agua.

Los defensores de la Anavi acusaron que el despojo de agua en Xoxtla se enmarca «en un proceso de gentrificación», al que se suma la imposición del Cablebús en Puebla y proyectos inmobiliarios «para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias» en la capital del estado.

«Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen», denunció la Anavi en un comunicado.


COMUNICADO:

COMUNICADO URGENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

PRESENCIA DE GRANADEROS Y POLICÍA EN XOXTLA PARA IMPONER LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y EL DESPOJO DE AGUA EN LA REGIÓN CHOLULTECA

Desde la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos la presencia de granaderos, policía estatal y municipal para facilitar el despojo de agua en el municipio de Xoxtla, puebla.

Desde las 3:30 am del día de hoy, 7 de octubre del 2026, decenas de granaderos se postraron en los alrededores del parque PAVIGI, lugar en el que se pretende imponer la perforación de un pozo profundo con la finalidad de llevarse el agua hacia la ciudad de Puebla, en medio de un proceso de gentrificación que incluye la imposición de un cablebús así como proyectos inmobiliarios para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias en la ciudad de Puebla.

La población de Xoxtla, informa que alrededor de las 6:00 am, la policía estatal comenzó a cerrar los caminos de acceso al parque PAVIGI, mientras que la máquina perforadora de pozos profundos comienza a ser activada.

Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen.

Cabe mencionar que en el proceso de defensa del Agua, han sido criminalizados compañeros de Xoxtla y otras comunidades solidarias, ante lo cual nos mantenemos alertas sobre inminentes actos de represión y criminalización.

Desde los distintos pueblos, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, nos mantenemos en alerta, nos pronunciamos en contra de este vil despojo de nuestros hermanos de Xoxtla y exigimos que se detengan de manera definitiva las obras de perforación del pozo, ante el cual la población han manifestado su profundo rechazo.

Hacemos un llamado a difundir ampliamente esta situación y solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas de Xoxtla.

¡El agua es de los pueblos no de los empresarios!

¡El agua es de los pueblos no del mal gobierno!

¡Alto al despojo del agua en Xoxtla!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/despliegan-granaderos-para-imponer-perforacion-de-pozo-en-xoxtla-alertan-defensores/

Defienden a manifestante exhibido por Morena: asegura que tiene que emigrar

Políticos de oposición salen a defender a Edson Andrade, luego de que su información personal fuera publicada en redes por Luisa María Alcalde.

Edson Andrade, uno de los líderes de los manifestantes de la Generación Z del sábado 15 de noviembre, dijo que tiene que salir del país tras filtración de sus datos personales por parte Morena: “Ya no sólo soy blanco del gobierno, también del crimen”. 

El creador de contenido Edson Andrade anunció este martes su salida del país, luego de que información personal sensible, como su dirección, CURP, RFC y clave de elector, fuera publicada en redes desde la cuenta de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena. 

El documento difundido incluía también detalles sobre un contrato por más de 2 millones de pesos con el PAN.

A través de un video y un mensaje en X, Andrade afirmó que su decisión responde a motivos de seguridad. “La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar… y mi país”, escribió.
El creador acusó que, además de exponer información sensible, desde el oficialismo se construyó una narrativa falsa sobre supuestos “millones” en sus cuentas. “Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, sostuvo.

“BUSCAN CRIMINALIZARME POR TRABAJAR”

En un video de más de cuatro minutos, Andrade aseguró que el contrato hecho público por Luisa Alcalde “nada tiene que ver” con sus opiniones políticas personales. Señaló que forma parte de un equipo de jóvenes dedicados a la producción de contenidos institucionales y que los pagos no son exclusivos para él.
“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”, dijo.

Subrayó que la publicación de sus datos lo deja vulnerable: “Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero qué opción tengo. Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos… Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendría esa denuncia”.

En su mensaje, agregó que no es funcionario ni hijo de políticos o empresarios: “Solo soy un joven que vino desde abajo y, cansado de un país sometido a la violencia y la corrupción, alzó la voz. Ese fue mi gran crimen”.

UN CONTRATO Y UNA MARCHA

La confrontación escaló tras la marcha del 15 de noviembre, convocada bajo la etiqueta #15N, en la que Andrade fue uno de los principales promotores. Desde X, TikTok e Instagram llamó a una participación “orgánica” y “apartidista”, enfatizando que se trataba de un movimiento juvenil sin financiamiento político.

Sin embargo, la movilización terminó con actos vandálicos, resultando en 100 policías y 20 civiles lesionados, además de 29 detenidos. Dos días antes  de la marcha, Miguel Elorza, coordinador de Infodemia del gobierno federal, había insinuado que la convocatoria tenía “injerencia opositora” y utilizó publicaciones de Andrade como ejemplo.

El 18 de noviembre, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, difundió en X un contrato de seis páginas que vinculaba a Andrade con el PAN CDMX, por un monto de 2 millones 106 mil 810 pesos, distribuidos en pagos mensuales hasta enero de 2026. El documento incluía su domicilio, RFC, CURP, clave de elector y otros datos sensibles que no fueron censurados. 

Alcalde presentó la información como prueba de que la marcha no era apartidista, y acompañó su publicación con una frase irónica hacia el PAN: “Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero dijo que a la oposición solo le faltaba la violencia”.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la revelación como “muy interesante” durante su conferencia del 19 de noviembre expuso fotografías de Andrade y la información mencionada por Alcalde. 

PAN ASEGURA QUE NO ESTÁ RELACIONADO

El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó que Edson Andrade haya incurrido en una falta al trabajar para su partido y recriminó al gobierno por exhibir sus datos personales. “El contrato lo tiene desde hace un año y para fines de otro tipo, me parece que los tiene hasta con legisladores de su partido, de Morena. ¿Un joven ya no puede hacer nada más? ¿Ya no se pueden manifestar por ser panistas? Tienen todo el derecho constitucional”.
La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, defendió el contrato en MVS Noticias al día siguiente, argumentando que se trata de una relación profesional “legal y transparente”. Aseguró que Andrade no es militante, sino un prestador de servicios con trabajo previo en estrategia digital.

A la par, resurgieron videos antiguos del creador participando en un spot de campaña de Xóchitl Gálvez en Hidalgo y su intento de registrarse como concejal en Miguel Hidalgo por el PRI en 2024, antecedente rechazado por el INE. También se recordó su participación en protestas contra la reforma judicial y la toma del Senado ese mismo año.

Jorge Triana también levantó la voz para defenderlo y asegurar que pese a que lo intentó,nunca logró que Andrade se afiliará al PAN, incluso aseguró que el joven también mantiene contratos con MORENA.
difundir datos personales sin consentimiento viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, además de colocarlo en situación de riesgo.

Andrade insistió en esa línea: “Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando”, remató.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueces procesan a 3 detenidos en marcha de Generación Z; dan prisión preventiva a 5

De las 29 personas detenidas durante la denominada marcha de la Generación Z, 10 fueron remitidas al juzgado cívico por provocar lesiones que tardan en sanar menos de 15 días.

Ocho de las 18 personas detenidas por la violencia que se desató en la denominada marcha de la Generación Z del sábado fueron trasladadas el martes al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se espera que sean presentadas ante un juez de control. Tres de los detenidos están siendo procesados y cinco más recibieron la medida de prisión preventiva.

Hasta este momento, Daniel, de 20 años, José Luis, de 22 años, y Enrique N, han sido vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio, pero seguirán su proceso en libertad, ya que los jueces de Control determinaron como medida cautelar la firma periódica cada 15 días.

Por su parte, cinco personas que responden a los nombres de Sergio, Brian, José Enrique, Eduardo y Brayan, solicitaron la duplicidad del término, por lo que permanecerán en prisión preventiva.


Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) que sigue el caso por el delito de homicidio en grado de tentativa, Miguel Ángel D, el elemento del Sector Alameda que fue agredido en la marcha de la Generación Z, narró lo dicho por los manifestantes del bloque negro.
"Te vamos a matar puto policía de mierda, les sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno", se lee en el documento. "Vas a morir por culpa de Claudia, ojete "(sic), añadieron los agresores del policía.
"Pensaba que me matarían, ya que no pude defenderme, y quedé totalmente indefenso ante mis agresores. Al sentir que moría, comencé a gritar a mis compañeros por ayuda, por lo que al estar en el piso me percato de que llegan tres de mis compañeros en mi auxilio", declaró Miguel Ángel D como parte de su denuncia.


La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, comunicó el lunes que 29 personas fueron detenidas en flagrancia durante la manifestación que se llevó cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx) por delitos como tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones en distintos grados.

No obstante, 10 personas fueron remitidas al juzgado cívico debido a que las lesiones que le provocaron a los policías tardan en sanar menos de 15 días y esto no está tipificado como delito, sino como faltas cívicas. En este sentido, los casos fueron sobreseídos y las personas fueron puestas en libertad.

La Fiscal también detalló que, de los detenidos restantes, una persona menor de edad fue remitida a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras marcha de ‘Generación Z’, 18 personas fueron acusadas por diversos delitos; están en Reclusorio

Después de la marcha de la “Generación Z”, llevada a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025, al menos 18 personas fueron acusadas por su probable participación en delitos como tentativa de homicidio, lesiones y resistencia de particulares, según informó, el día 17 del mismo y año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Las autoridades capitalinas realizaron un balance de las agresiones registradas en la plancha del Zócalo, en la que algunos integrantes del llamado “Bloque Negro” derribaron las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República dio a conocer que abrió investigaciones en contra de agentes de dicha institución, luego de que se determinaron posibles violaciones al protocolo de actuación policial.

“En siete de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyen las investigaciones”, refirió Pablo Vázquez, titular de la SSC.

Las 18 personas que hasta ayer permanecían detenidas fueron trasladadas al Reclusorio Norte, tras permanecer en resguardo en una agencia del Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Serían tres casos en los cuales se presentarían cargos por tentativa [de homicidio], tenemos cinco casos por el caso de resistencia por parte de particulares, dos casos por lesión y ocho por lesiones”, detalló la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Artículo 19 documenta 13 agresiones a periodistas en protestas de Generación Z

La organización reportó agresiones en CDMX, Michoacán y Jalisco, al tiempo que pidió sanciones.

La organización Artículo 19 informó que ha documentado al menos 13 agresiones contra periodistas ocurridas durante las protestas del pasado sábado 15 de noviembre, presuntamente cometidas tanto por integrantes de las manifestaciones como por elementos policiales en distintas entidades del país.

De acuerdo con la organización, las agresiones se distribuyen de la siguiente manera:

Ciudad de México: 6;
Michoacán: 6; y,
Jalisco: 1.

A través de sus redes sociales, la organización señaló que estas agresiones afectaron principalmente a fotoperiodistas y reporteros que cubrían los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones.

“Artículo 19 está documentando al menos 13 agresiones contra la prensa, provocadas tanto por integrantes de la manifestación como por policías en el marco de las protestas del sábado 15 de noviembre”, señaló la organización.

La agrupación defensora de la libertad de expresión reconoció las expresiones de solidaridad de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia los fotoperiodistas agredidos, pero llamó a dar seguimiento a los compromisos de investigar y sancionar a los funcionarios públicos que no aplicaron los protocolos de actuación policial y que, en consecuencia, limitaron el ejercicio del derecho a la libertad de prensa.

“Reiteramos la importancia del derecho a la protesta y de la cobertura periodística de ésta, así como la necesidad de que las fuerzas del orden sigan implementando sus protocolos en contextos de manifestaciones y reuniones”, añadió Artículo 19.

Durante las protestas del sábado, registradas en diversas ciudades del país, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad, así como agresiones físicas a comunicadores que cubrían los hechos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 50 medios comunitarios e indígenas enfrentan censura y criminalización

Van a Tribunal Electoral de Veracruz y señalan afectaciones al ejercicio periodístico.

Luego de asistir a una audiencia de alegatos en el Tribunal Electoral de Veracruz, representantes de medios comunitarios e indígenas dieron una conferencia de prensa donde expresaron que enfrentan un proceso de criminalización y censura por ejercer su libertad de expresión.

Informaron que más de 50 medios comunitarios e indígenas de diversos estados enfrentan una nueva modalidad de censura en México, a través del uso distorsionado de la figura de la Violencia Política en Razón de Género que limita el debate público y la opinión crítica, lo que genera un precedente peligroso para el ejercicio periodístico.

Explicaron que por dar cobertura informativa a un tema de interés general sin menoscabar los derechos político electorales de nadie, sin usar adjetivos, sin denigrar a ninguna mujer, y por expresar una opinión en un caso de censura contra un medio comunitario de Veracruz, estos medios comunitarios e indígenas son acusados también de ejercer la Violencia Política en Razón de Género.

Añadieron que la situación es tan absurda para los medios comunitarios y periodistas que no pueden nombrar a la persona que les acusa porque la ley califica ese hecho como una revictimización.

Además, leyeron una carta abierta dirigida a las y los magistrados Tania Celina Vázquez Muñoz, Claudia Díaz Tablada y Gilberto Constituyente Salazar, donde les piden que garanticen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en especial para medios comunitarios e indígenas; revisar el caso con perspectiva de derechos humanos y reconocer el papel de estos medios para la vida democrática del país.

Entre las organizaciones y medios comunitarios demandados, estuvieron presentes en la audiencia de alegatos Canto de Cenzontles, Ojo de Agua Comunicación, Radio Teocelo, Radio Tsinaka, Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad y La Coperacha.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian censura y criminalización de la BUAP contra pueblos cholultecas

Pueblos de la región cholulteca denunciaron la censura, criminalización y amenazas a estudiantes por parte de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su Facultad de Filosofía y Letras, luego de que éstas suspendieron un conversatorio sobre la defensa del agua tras asegurar que las personas y organizaciones que asistirían «andan incitando a la violencia» y realizan «actos vandálicos y amenazas de muerte».

En un comunicado, los pueblos y colectivos cholultecas informaron que el conversatorio «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital. La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», programado para el 13 de octubre en el Colegio de Antropología Social, fue suspendido con una solicitud en la la institución se deslinda «de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes», pues con el evento se les exponía «tanto en su integridad física, psicológica, legal».

El documento oficial de la BUAP añade que «en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos, hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios», párrafo que, aseguraron los pueblos, «da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos, como es Héctor Flores Santamaría», quien firmó la solicitud.

«Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. […] Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida», reclamaron las comunidades y colectivos cholultecas.

Agregaron que las prácticas de las autoridades de la BUAP no les extrañan debido a la institución «ha sido cómplice del ecocidio» en la región, pues fue utilizada por el ahora gobernador, Alejandro Armenta Mier, para avalar «científicamente» que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente.

«De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales», denunciaron en el comunicado.

Frente a la criminalización y censura por parte de la institución, los pueblos anunciaron que el conversatorio se realizará en el campamento contra el basurero y en defensa del agua y la vida en Cholula, este 11 de octubre a las 12:00 horas, pues aseguran que es un espacio «más crítico, libre y rebelde».

«No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común», finalizaron los pueblos cholultecas.

COMUNICADO:

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.