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Tras rechazo sindical, IMSS evalúa un aumento salarial mayor y regularización de plazas

El director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evalúa un programa integral para el personal de salud pública de la institución que contempla incrementos salariales y la regularización de plazas, luego de que la base sindical rechazara la oferta inicial de aumento del 6.8 % para el periodo 2026-2027.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director (del IMSS) Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La instrucción del Ejecutivo responde al rechazo mayoritario manifestado por el personal de salud pública del organismo en una consulta celebrada esta semana, en la cual se votó en contra del incremento ofertado previamente por el IMSS de un 2.9 % directo al salario y un 3.9 % en prestaciones laborales.

En respuesta al resultado de las urnas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo en un video difundido en redes sociales.


La reapertura del diálogo ocurre en un clima de tensión laboral marcado por una ola de movilizaciones iniciada en días pasados por personal de salud pública activo y jubilado en la Ciudad de México y diversos estados, en los que denuncian bajos salarios, desabastecimiento de medicamentos y falta de cobertura de vacantes.

Por su parte, la disidencia sindical instó en un mensaje a través de redes sociales “reiniciar la renegociación del convenio salarial con un incremento digno no menor al 10 % y acorde a las necesidades reales de los trabajadores”.

Trump prohíbe drones en la frontera con México

El gobierno de Trump prohíbe al vuelo de drones hasta los 121 metros de altura del suelo y 1.8 kilómetros hacia el norte de la frontera con México

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió los drones en la frontera con México como parte de sus medidas para reforzar la seguridad del espacio aéreo y limitar las actividades ilícitas en la zona.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), junto con el Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de Guerra (DOW), informaron que esta restricción —que entra en vigor este viernes 16 de octubre— prohibirá cualquier actividad no autorizada de drones una altura de 121 metros sobre el nivel del suelo y contempla una extensión de 1.8 metros al norte de la frontera entre ambos países.

“El DHS continuará avanzando en el progreso histórico logrado para asegurar la frontera sur”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Añadió: “Esta acción ayudará a contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles, protegerá a nuestro personal y reforzará la seguridad en el espacio aéreo sobre la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y estamos cumpliendo esa promesa mediante acciones continuas y una sólida colaboración con el Departamento de Transporte y el Departamento de Guerra”.

Por su parte, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, señaló que “el presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo hizo. Ahora estamos redoblando esa promesa al proteger nuestros cielos de las amenazas de los drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, dijo .

“Agradezco la estrecha colaboración con nuestros socios del DHS y el DOW mientras trabajamos juntos para defender nuestro espacio aéreo y mantener a salvo al pueblo estadounidense”.

“El gobierno de Estados Unidos mantendrá el control operativo al 100% de nuestra frontera: terrestre, aérea y marítima”, aseguró el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles se han aprovechado de las brechas a lo largo de nuestra frontera sur. Gracias al presidente Donald J. Trump, esos días han terminado. Al restringir la actividad no autorizada de drones, estamos brindando a los comandantes mayor información, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria.

“Equipados con tecnología de vanguardia —incluidas las armas de energía dirigida—, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de los cárteles que amenace la soberanía de Estados Unidos”, indicó Hegseth.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://aristeguinoticias.com/1610/mundo/trump-prohibe-drones-en-la-frontera-con-mexico/

A un año del asesinato de Carlos Manzo, fiscalía de Michoacán descarta que actores políticos estén involucrados

La Fiscalía de Michoacán explicó que los elementos recabados permitieron establecer, como principal línea de investigación una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan, Michoacán.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía de Michoacán, descartó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, sea vinculado a una línea política con trasfondos o actores políticos.

“La investigación de forma objetiva no nos indica que haya participación de alguna línea política, es lo que indica de manera objetiva la investigación hasta el momento”, contestó ante la pregunta expresa de si los políticos, Raúl Morón, Ignacio Campos y Leonel Godoy habrían participado.

En conferencia de prensa, indicó que, a casi un año de los hechos, el funcionario aseguró que hasta el momento no es necesario el teléfono de la alcaldesa Grecia Quiroz.

“No se tiene información para que acredite algo diferente. Hasta el momento no es necesario”, indicó.

Prosiguió: “Eso es el derecho de todos, de poder aportar información en cualquier momento. En cuanto al tema de la aportación del dispositivo telefónico, se tiene que agotar lo que dice la ley y hasta hacer la requisición de estos a través del procedimiento establecido en la ley”, detalló.

Venganza de grupos criminales

Vega Rodríguez explicó que los elementos recabados permitieron establecer, como principal línea de investigación una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan, particularmente la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto integrante de una estructura criminal, así como los operativos dirigidos a combatir actividades ilícitas en el municipio.

Entre los principales resultados, destacó la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Lic.”, investigados por su probable participación como autores intelectuales del crimen.

“Estas detenciones representan un avance sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Al permitir reconstruir la planeación y coordinación del ataque. De igual forma, nos permite identificar a personas presuntamente involucradas en su ejecución y fortalecer los elementos de prueba para determinar las responsabilidades penales correspondientes con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, declaró el encargado.

En ese contexto, la Fiscalía desarrolló 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales, además de analizar mil 200 horas de videograbaciones y celebrar 200 mesas de inteligencia, mediante la participación de personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación.

“A la fecha suman un total de 33 personas detenidas; asimismo, estas acciones han significado también un golpe significativo a la estructura criminal que mantenía una importante presencia en la región de Europa. Con estos actos hemos logrado disminuir esa actividad”, recordó.

Añadió que las acciones operativas también comprendieron 15 inmuebles cateados y el cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión, así como el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones. Para el desarrollo de estas labores se contó con un estado de fuerza de apoyo de aproximadamente 2 mil elementos.

La fiscalía recalcó que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas están próximas a avanzar a la etapa de juicio, en la que corresponderá a la autoridad judicial determinar las responsabilidades penales, conforme a las pruebas presentadas por esta institución.

Convocan a movilización

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una movilización nacional, simultánea, pacífica y ciudadana para el próximo 1 de noviembre, cuando se cumplirá un año del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con la convocatoria, la protesta, denominada “Marcha por la Justicia y la Paz”, busca visibilizar a las víctimas de homicidio, desaparición, extorsión, desplazamiento e impunidad en México.

En un mensaje publicado en redes sociales este domingo, Quiroz llamó a que la movilización trascienda la exigencia de justicia por el asesinato de Manzo y dé voz a madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas, comerciantes, productores del campo, periodistas, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y rurales, entre otros sectores afectados por la violencia.

Quiroz denuncia falta de acceso al expediente

El 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que corresponde a la FGR decidir si atrae el caso, luego de que la alcaldesa acudiera a la Cámara de Diputados para respaldar una propuesta legislativa en ese sentido.

“La atracción del caso tendrá que determinarla la propia Fiscalía General de la República”, declaró el funcionario, quien aseguró que mantiene comunicación permanente con Quiroz y que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó brindar protección federal a la alcaldesa.

Harfuch recordó que hay 33 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio, entre ellas integrantes de la célula que habría organizado el seguimiento, la vigilancia y la ejecución de Manzo. También señaló que algunos trabajadores del ayuntamiento presuntamente filtraban información al grupo criminal.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANTONIO GONZÁLEZ.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/asesinato-carlos-manzo-fiscalia-michoacan-descarta-actores-politicos-involucrados

México: la justicia que protege a los poderosos y abandona a las víctimas

La exoneración del extitular del INM, Francisco Garduño, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes, revela una justicia con excepciones para los poderosos

En México la justicia tiene precio, cobijo político y gafete de servidor público. Si eres una persona migrante buscando sobrevivir, el Estado te persigue, te encierra y te deja morir. Pero si eres un alto funcionario, el Estado te protege, te perdona y, para rematar, te premia con un nuevo cargo gubernamental.

Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad.

Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio.

Esta trampa legal le permitió a Francisco G.Y. obtener una suspensión condicional del proceso en enero de 2025 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, a cambio de admitir que existían hechos constitutivos de delitos de homicidio y lesiones y garantizar (verbalmente) la reparación integral del daño. Condiciones a modo que terminarían a cargo del Estado mexicano, entre ellas que el INM pagará una compensación económica con el erario; que la atención médica se realizará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que ninguna víctima está en México; y sin que exista ninguna prueba documental de que las 25 estancias migratorias en todo el país cuentan con medidas de protección civil para evitar futuros incendios.
La desolación de los sobrevivientes y de las familias que perdieron a sus hijos, hermanos o esposos es total. Se enfrentan a un monstruo burocrático donde las instituciones que deberían defenderlos son, en realidad, cómplices de sus verdugos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abandonó su deber y rol de defensa de las víctimas ante las decisiones del juez. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto una ventanilla de encubrimiento; basta ver cómo le dio un portazo en la cara a las 15 mujeres que sobrevivieron al incendio en Juárez y a quienes hoy se les niega siquiera el reconocimiento de víctimas.
¿Quién escucha entonces a quienes ya lo perdieron todo? ¿Quién defiende a las personas que ni siquiera pudieron comprender plenamente el proceso por la falta de intérpretes? ¿Quién responde a quienes no han recibido atención médica continua ni una reparación completa del daño?
Tristemente, esta justicia selectiva es la marca de la casa. La memoria sangra cuando recordamos otras tragedias. Pensemos en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; o en los 19 cuerpos calcinados en Camargo, en 2021. En todos estos casos, las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales quedaron expuestas. Sin embargo, en las cárceles sólo hay chivos expiatorios, policías de bajo rango o halcones. Jamás un secretario de Estado, jamás un comisionado de alto nivel. La cadena de mando es intocable.
Durante la gestión de Francisco G.Y., de 2019 a 2025, el 80% de las personas migrantes sufrieron extorsión o secuestro al cruzar nuestro país. La población solicitante de asilo dejó de recibir documentación migratoria, a las personas migrantes se les empezó a prohibir el tránsito por territorio mexicano, inclusive obligando a las empresas de autotransporte a no vender boletos ni trasladar a quienes no demostraran su documentación migratoria. Sin contar las miles de personas migrantes fallecidas y desaparecidas que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y las promesas de que las estaciones migratorias ya no serían trampas mortales quedaron huecas, tan sólo el pasado 12 de septiembre un nuevo incendio se registró en la estación migratoria de Janos, Chihuahua.

Las víctimas de Ciudad Juárez no piden privilegios. Exigen lo que cualquier persona merece: verdad, justicia, atención y reparación. No puede haber derechos humanos que dependan de la nacionalidad, ni justicia que cambie según el cargo que se ocupa.

Un Estado que protege a sus funcionarios mientras abandona a las víctimas renuncia a su responsabilidad más básica. Y mientras la justicia siga teniendo excepciones para los poderosos y obstáculos para los demás, México continuará acumulando expedientes, familias rotas y heridas que ninguna indemnización podrá cerrar por sí sola. La audiencia de Francisco G. Y. pasará a la historia como el día en que el sistema judicial nos escupió en la cara para decirnos que, mientras las víctimas lloran a sus muertos en el abandono, los poderosos siempre encontrarán una salida de emergencia.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: 
Fundación Para La Justicia, Derechos Humanos Integrales En Acción, Instituto Para Las Mujeres En La Migración Y Clínica Jurídica Alaíde Foppa Para Personas Migrantes
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/opinion/2026/10/15/mexico-la-justicia-que-protege-a-los-poderosos-y-abandona-a-las-victimas-381897.html

Detienen a Noemí “N”, “La Patrona”, identificada como operadora de una célula delictiva en Tabasco

La detención de Noemí “N”, “La Patrona” se realizó en Ciudad del Carmen, Campeche; es identificada como operadora de una célula delictiva en Tabasco

El Gabinete de Seguridad informó la detención de Noemí “N”, “La Patrona”, identificada como operadora de una célula delictiva en Tabasco.

La detención se realizó en Ciudad del Carmen, Campeche con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 

Las investigaciones de las autoridades en seguridad identificaron que Noemí “N” se ocultaba en Ciudad del Carmen, Campeche, mientras mantenía la coordinación de actividades delictivas en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.


Con la información obtenida, se implementó un despliegue operativo que permitió localizar y detener a “La Patrona”, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

¿Quién es Noemí “N”, “La Patrona”?

El Gabinete de Seguridad detalló que Noemí “N” es identificada como operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez vinculada con delitos de narcomenudeo, homicidio, extorsión y secuestro, así como robo de vehículos y portación de armas de fuego. 

Aseguró que las instituciones que lo integran mantienen acciones coordinadas para detener a generadores de violencia y debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad de la población.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/seguridad/detienen-patrona-operadora-celula-delictiva-tabasco

Morena aprueba más deuda para 2027 y perdón de multas a grandes contribuyentes

La Ley de Ingresos amplía la regularización fiscal tras un acuerdo de Sheinbaum con empresarios; PAN y PRI acusaron una condonación encubierta, mientras Ricardo Monreal, de Morena, sostuvo que los impuestos deberán pagarse completos

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 con una modificación que permite a grandes contribuyentes acceder al “perdón” de multas, recargos y gastos de cobro por adeudos fiscales, además de autorizar nueva deuda interna para el gobierno federal hasta por 1.7 billones de pesos.

Con 340 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones, el pleno concluyó la aprobación en lo particular y envió el dictamen al Senado, después de haberlo avalado en lo general durante la tarde del miércoles con 331 votos a favor y 118 en contra.

El cambio al programa de regularización fiscal fue presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, quien explicó que respondía al acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial,” reconoció.

El martes 13 de octubre, durante el 50 aniversario del organismo empresarial, Sheinbaum anunció que había propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ampliar las facilidades para pagar adeudos sin multas ni recargos, compromiso que Monreal llevó a la tribuna un día después.

En una intervención de cerca de 32 minutos, el coordinador defendió que la medida permitiría recuperar recursos y reducir controversias fiscales, además de dar cumplimiento al compromiso presidencial con los empresarios.

“A nosotros, la mayoría legislativa, nos corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidido con los empresarios del país”, sostuvo.

Grandes empresas podrán regularizar adeudos sin multas ni recargos

La reserva modifica el artículo vigésimo primero transitorio para eliminar el requisito de que los contribuyentes hubieran obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2025, así como la exclusión de quienes están bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El límite eliminado correspondía a los ingresos anuales, no al monto del adeudo, por lo que las personas y empresas que lo superen podrán acceder al programa si cumplen las demás condiciones, pues la modificación conserva otras restricciones.

El esquema contempla eliminar el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en los casos de regularización previstos, pero mantiene la obligación de cubrir las contribuciones pendientes, es decir, deberán pagar el impuesto que deben para obtener el beneficio sobre esas cargas adicionales.

“El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, afirmó Monreal, quien rechazó que su propuesta implique una condonación y sostuvo que facilitaría tanto la inversión como el cobro de adeudos.

El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que se leyera el artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones de impuestos en los términos establecidos por las leyes, y calificó la modificación como un beneficio para “machuchones”, al cuestionar su congruencia con el discurso presidencial contra los privilegios fiscales.

Monreal volvió a intervenir para responder al panista e insistió en que la medida no elimina el impuesto principal, sino multas, recargos y gastos de cobro. “No se trata de condonación de impuestos, los impuestos se tienen que pagar”, sostuvo.

El diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a la mayoría de disfrazar una condonación como estímulo fiscal y contrastó la atención a la petición empresarial con el rechazo a propuestas de su bancada, como eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.

“Hoy deciden resolver un bomberazo a petición de empresarios, pero se niegan a ayudar al grueso de la población”, reclamó, antes de cuestionar por qué Morena impulsaba una medida que, a su juicio, contradecía la prohibición constitucional que promovió en 2020.

Desde Morena, la diputada Sandra Anaya Villegas defendió que el programa permite recuperar impuestos que podrían quedarse sin cobrar, al sostener que “es mejor un contribuyente que puede pagar y regularizarse que una deuda que crece, que se vuelve incobrable y que termina sin beneficiar a nadie”.

Cuestionan el alcance y el costo del beneficio

El alcance de la ampliación también generó preguntas, luego de que Monreal mencionara un universo hipotético de cerca de 30 millones de contribuyentes y el diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, le pidiera precisar cuántos tenían créditos fiscales firmes o consentidos, condición señalada en la reserva.

Monreal respondió que calculaba entre 3 millones y 4 millones de contribuyentes en esas condiciones y mencionó también una estimación de entre 200 mil y 300 mil personas morales, sin presentar esas cifras como un padrón definitivo de beneficiarios. Para defender la ampliación, aseguró que la aplicación previa del programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes, por lo que consideró que retirar el límite permitiría aumentar la recaudación.

La reserva escrita no cuantifica el costo recaudatorio de la ampliación ni el número de personas y empresas que se incorporarían, una omisión que cuestionó el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, después de que la mayoría aceptara el cambio en votación económica. “¿Y el mensaje al contribuyente cumplido cuál va a ser?”, preguntó el legislador, al reclamar que se otorgaran beneficios sobre obligaciones fiscales ya determinadas sin definir su impacto en los ingresos públicos.

Baja el límite para pedir prestado, pero la deuda seguirá creciendo

La Ley de Ingresos también permite al gobierno federal contratar endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares, montos que generaron cuestionamientos de la oposición por el destino de los préstamos y el costo de los intereses.

El límite interno es 80 mil millones de pesos menor que los 1.78 billones autorizados para 2026, pero eso no significa que el país vaya a deber menos, pues permite sumar deuda después de descontar los pagos para reducir préstamos anteriores.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la deuda pública, en su medida más amplia, alcanzaría unos 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce México en un año.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que el aumento de la recaudación y del endeudamiento no estuviera acompañado de una estrategia suficiente de inversión y crecimiento. “Cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos, por ejemplo, para la salud, para la educación, para la infraestructura”, señaló.

La presión se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para cubrir intereses, comisiones y otros costos financieros de la deuda pública, una cantidad superior a los recursos previstos para inversión física, pues por cada 100 pesos destinados a infraestructura, obras y equipamiento, el gobierno federal gastaría aproximadamente 150 pesos en el costo financiero de la deuda.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, defendió la reducción del límite de endeudamiento interno y sostuvo que los préstamos permiten financiar proyectos productivos, al mencionar inversiones en infraestructura energética, ferroviaria, carretera, hospitales y vivienda. “La deuda bien aplicada es una herramienta legítima y necesaria para impulsar el crecimiento”, afirmó.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, corresponderá al Senado revisar la Ley de Ingresos y la ampliación del programa de regularización fiscal, mientras la distribución de los recursos entre programas y dependencias se resolverá después en el Presupuesto de Egresos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-deuda-2027-perdon-multas-grandes-contribuyentes

Brugada se compromete a no aumentar el impuesto predial en la CDMX

La jefa de gobierno ofreció eliminar durante el 2027 el cobro de multas y recargos a los contribuyentes con adeudos de predial, para que se regularicen en sus pagos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a que el predial no subirá en la Ciudad de México, además de eliminar durante 2027 el cobro de multas y recargos a los contribuyentes con adeudos del impuesto predial en la capital, con el objetivo de facilitar su regularización. 

Durante su segundo informe de gobierno, presentado el miércoles 14 de octubre ante el Congreso capitalino, la morenista declaró: “Para aquellos que tengan adeudo en el predial, anuncio, quiero informar que no cobraremos ni una multa o recargo el próximo año, con el objetivo de que se regularicen y vayan al corriente”. 

El anuncio se produjo en medio de la presión política sobre Brugada por los planteamientos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que desataron cuestionamientos del PRI y el PAN ante la posibilidad de incrementos al predial y afectaciones a la propiedad privada. Durante su informe, la mandataria rechazó que el programa implique un aumento de este impuesto y defendió la política tributaria de su administración. 
Más y mejor recaudación, sí. Más impuestos, no. Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subirá en la Ciudad de México”, afirmó ante el pleno.
En materia de ingresos, la jefa de Gobierno reportó que durante el primer semestre de 2026 la recaudación del predial aumentó 35% respecto de 2024, también dijo que, durante los primeros dos meses de este año, más del 50% de los contribuyentes pagaron el impuesto correspondiente a todo 2026.

"Trabajamos con México para combatir el narcotráfico, pero los cárteles controlan el país": Trump

El mandatario cuestionó la capacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar a las organizaciones criminales, al asegurar que EU conoce la ubicación de sus integrantes y cuenta con los medios para atacarlos. “Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que se lo ha dicho directamente a su homóloga Claudia Sheinbaum, en una nueva declaración que intensifica sus presiones para ampliar las operaciones militares estadunidenses contra las organizaciones criminales.  

Durante un almuerzo celebrado este jueves en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario republicano sostuvo que la presidenta mexicana conoce su postura, aunque no está de acuerdo con ella.  
“Estamos trabajando con México, lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, declaró.
Trump también cuestionó la capacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar a las organizaciones criminales, al asegurar que Estados Unidos conoce la ubicación de sus integrantes y cuenta con los medios para atacarlos.
“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, afirmó.
En referencia a las operaciones contra el narcotráfico, consideró que el gobierno mexicano debería emprender acciones similares, pero sostuvo que actualmente no tiene capacidad para hacerlo.
“México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”, expresó.  
Las declaraciones se produjeron mientras el gobierno de Trump mantiene una campaña de ataques militares contra embarcaciones que identifica para el supuesto transporte de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que haya mostrado evidencias de esto. Las operaciones han provocado cuestionamientos por el uso de fuerza letal.

El mandatario defendió estas operaciones y aseguró que han reducido 97% el flujo de drogas por vía marítima y 64% el de fentanilo, cifras que presentó durante su intervención sin aportar elementos que permitieran verificar de manera independiente sus resultados.  

Trump advirtió, además, que Estados Unidos todavía no ha emprendido un ataque terrestre a gran escala contra las organizaciones criminales, aunque afirmó que su administración trabaja con México en materia de seguridad.  

Durante su intervención, el presidente estadunidense llegó a imitar el sonido de los misiles utilizados contra las embarcaciones y defendió los ataques al sostener que los cargamentos de drogas provocan miles de muertes.  

La presión sobre México

Los nuevos señalamientos de Trump forman parte de una serie de declaraciones con las que ha cuestionado la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los cárteles y ha planteado la posibilidad de que fuerzas estadunidenses participen directamente en operaciones contra el narcotráfico.  

En septiembre pasado, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario calificó a México como el “epicentro” del narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente la posibilidad de permitir operaciones militares unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano, al considerar que representarían una violación a la soberanía nacional.  

El gobierno mexicano ha defendido la cooperación bilateral en inteligencia y seguridad, pero ha establecido como límite la intervención de fuerzas extranjeras sin autorización.  

En marzo de este año, después de que Trump planteó nuevas acciones para combatir a los cárteles, Sheinbaum respondió que la soberanía mexicana no estaba sujeta a negociación.

Gobierno de Sheinbaum cabildea en la ONU para evitar asistencia internacional en crisis de desaparición forzada

De acuerdo con el “programa tentativo” al que tuvo acceso Proceso, el foro organizado por la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas será inaugurado por Jennifer Feller, representante Permanente Alterna en la Misión Permanente de México ante la ONU

A unos días de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) rinda su informe anual ante la Asamblea General de la ONU, y aborde su decisión de someter la crisis de desapariciones en México ante los miembros del organismo multilateral, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretende convencer a representantes de los Estados miembros que puede atender un problema que rebasa las 135 mil víctimas.  

Es así que una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Fiscalía General de la República, se trasladaron a Nueva York para participar en un foro organizado por la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas, a realizarse este viernes 16 en la sala CR9, de sede de la ONU.

El evento titulado “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, está dirigido a los Estados miembros de la ONU, para compartir “las acciones que emprende el Estado mexicano para prevenir y erradicar las desapariciones de personas, así como los resultados alcanzados y los desafíos que persisten”.

De acuerdo con el “programa tentativo” al que tuvo acceso Proceso, el evento será inaugurado por Jennifer Feller, representante Permanente Alterna en la Misión Permanente de México ante la ONU.  

Diplomática de carrera, Feller tuvo como maestro a Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, ex subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvo a cargo de las negociaciones de la asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Con al menos 17 años de experiencia diplomática, Feller fue enviada a reforzar la Misión Permanente de México en Nueva York, que encabeza Héctor Vásconcelos, en julio pasado, luego de encabezar la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia en la Cancillería.  

De acuerdo con información obtenida por esta reportera, Feller no ha ocultado cuál es su papel en la Misión Permanente:  ha sostenido que fue enviada para evitar proceda la creación de un mecanismo de asistencia internacional ordenado por la Asamblea General de Naciones Unidas, como parte de la resolución del CED de aplicar a México el artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones.    

En la información de contexto que se ofrece a los representantes de los Estados, se recuerda que el 2 de abril de 2026 se publicó la decisión del CED, luego de concluir que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas de manera sistemática o generalizada”, y que a través de la aplicación del artículo 34, la Asamblea General podría examinar “posibles medidas orientadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito”.  

En el texto se advierte que México “ha expresado su profunda preocupación por el recurso, por primera vez, de este mecanismo que fue concebido como excepcional y bajo una interpretación que excede el mandato del Comité”. 

Según se lee en la invitación a los Estados, “hacer frente a la desaparición de personas, con miras a su erradicación, constituye una de las más altas prioridades del Estado mexicano”, y que para ello se trabaja de manera “permanente en el fortalecimiento de su marco jurídico e institucional, a través el diálogo permanente con colectivos de familias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales”. 

En el documento se reconoce que, para atender el tema de desapariciones, México coopera con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la CIDH. 

“El evento busca compartir con los Estados Miembros de la ONU las acciones que emprende el Estado mexicano para prevenir y erradicar las desapariciones de personas, así como los resultados alcanzados y los desafíos que persisten. “En el evento participarán las autoridades responsables de las estrategias de búsqueda, identificación humana y procuración de justicia”, se explica en la invitación.  

Entre los objetivos del evento se destaca la apertura a un “espacio de diálogo abierto con las delegaciones para atender sus preguntas e intercambiar experiencias”, luego de las participaciones de funcionarios mexicanos y representantes de la UNFPA.  

Tras la inauguración el evento por Jennifer Feller, están programadas las participaciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla; la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Mariana Díaz Figueroa, así como representantes de ACNUDH y UNFPA, cuyos nombres no están aún confirmados.  

El evento será clausurado por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, diplomático de carrera cercano al Alto Comisionado Volker Turk, con quien comparte amistad desde que Ochoa formó parte de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, de 1999 a 2007.  

De acuerdo con el “programa tentativo”, el evento en la sede de la ONU organizado por la Misión mexicana iniciara a las 13:15 horas para concluir a las 14:45

IMSS: arranca mesa de negociación… y anuncian nuevas movilizaciones

Arranca la mesa de negociación entre el IMSS y su sindicato rumbo a una nueva cifra de aumento, mientras los inconformes anuncian nueva marcha para el 21 de octubre y movilizaciones a partir de mañana

Tras el rechazo mayoritario de los trabajadores del IMSS a la propuesta salarial en la consulta de este jueves, el director general, Zoé Robledo, instaló una mesa de diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos. 

Sin embargo, esto dista de significar una solución al problema, porque los inconformes insistieron en un aumento del 10% al tabulador y anunciaron una nueva marcha para reiterar sus demandas, una de ellas, precisamente, la salida de Rafael Olivos del sindicato, así como la mejora de sus condiciones laborales.

Por lo pronto, quedó claro que los casi medio millón de trabajadores no aceptaron la oferta del gobierno de 2.9% de aumento al salario y 3.9% a prestaciones, por considerarlo insuficiente. 

Por lo mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al IMSS a revisar alternativas “más favorables” dentro de lo posible.

Robledo confirmó en video y redes que “a partir de hoy” se instalaría la mesa para analizar opciones que mejoren la oferta salarial y las condiciones laborales y, por la tarde, se divulgaron fotos desde las redes de gobierno donde están sentadas nueve personas, Robledo y Olivos al centro.


Los trabajadores disidentes consideran insuficiente el 6.8% (sumando los dos aumentos) y exigen al menos un 10% directo al tabulador, además de otras demandas (abasto de insumos, más personal, régimen de jubilaciones).

Anunciaron otra marcha nacional para el miércoles 21 de octubre, aunque desde mañana habrá plantones y cortes a la circulación en vías importantes como la México-Pachuca “para que vean que no estamos jugando”, dijeron esta tarde.

Rafael Soto (enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento) lo anunció en conferencia desde el plantón en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.


Exigieron nuevamente el aumento del 10%, la destitución de Rafael Olivos (a quien acusan de no representar a la base) y un Congreso Nacional Extraordinario del sindicato.

Mantuvieron un plantón y advirtieron que continuarán las movilizaciones (cada 8 o 15 días si es necesario) hasta que se atiendan las demandas. Algunas secciones sindicales ya están tomadas. 

Las protestas venían de días anteriores (megamarchas y bloqueos el 13 y 14 de octubre en CDMX y varios estados), motivadas por salarios considerados bajos, desabasto de medicamentos e insumos, falta de personal, condiciones laborales y críticas a la dirigencia sindical.

Arrancan las negociaciones rumbo a otra cifra de aumento.

La consulta del 14 de octubre dio el “No” mayoritario a la oferta del sindicato oficial, lo que abrió esta nueva etapa: negociación formal IMSS-SNTSS por un lado, y presión callejera de la disidencia por el otro.

Los servicios del IMSS se han mantenido operando de forma habitual según las autoridades. La situación sigue en desarrollo, con la mesa de negociación en curso y la marcha programada para el 21, mientras tanto, aún no hay otra oferta de aumento por parte del gobierno.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://emeequis.com/al-dia/imss-arranca-mesa-de-negociacion-y-anuncian-nuevas-movilizaciones/

Denuncian criminalización y persecución judicial contra defensores de la Sierra Mixe-Zapoteca

Colectivos y organizaciones indígenas exigieron un alto a la criminalización y la persecución judicial «contra quienes defienden los derechos de sus comunidades» en la Sierra Mixe-Zapoteca, en Oaxaca, donde desde hace cuatro días los pobladores del Istmo de Tehuantepec exigen el mantenimiento al sistema de red eléctrica y la reparación de las carreteras.

En un comunicado, las organizaciones de la Unidad Anticapitalista de los Pueblos Organizados (Unapo) de Oaxaca acusaron que la Fiscalía General de la República citó a comparecer al defensor y agente municipal de Santa María Nativitas Coatlán, Delfino Reyes González, como parte de una carpeta de investigación federal sobre los bloqueos que las comunidades de la sierra han realizado.

La acusación contra Reyes González, señalaron, «constituye una preocupante señal de criminalización de la protesta social, mediante el uso de las instituciones de procuración de justicia contra quienes alzan la voz frente al abandono y la falta de atención a las demandas legítimas de sus comunidades».

Criticaron que las autoridades buscan «colocar bajo sospecha» a quienes exigen respuestas, «en lugar de atender las causas del descontento social y garantizar los derechos de los pueblos».

Las organizaciones de la Unapo rechazaron cualquier intento de «intimidar, perseguir o criminalizar» a quienes protestan y reiteraron que las demandas de las comunidades en la Sierra Mixe-Zapoteca «merecen atención, diálogo y respuestas concretas, no amenazas ni procesos judiciales».

COMUNICADO:


FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/denuncian-criminalizacion-y-persecucion-judicial-contra-defensores-de-la-sierra-mixe-zapoteca/