El miércoles, Quiroz acompañó en San Lázaro a la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación. La propuesta pidió esclarecer la planeación, el financiamiento, el encubrimiento y los posibles beneficiarios del crimen, además de garantizar independencia frente a intereses políticos.

La alcaldesa reiteró entonces su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y denunció que sus abogados no habían obtenido acceso completo al expediente, a 11 meses del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó.

En su respuesta de este jueves, Harfuch sostuvo que el esclarecimiento del homicidio es una prioridad para el gobierno federal desde que ocurrió y que, por instrucciones presidenciales, se estableció un grupo de investigación en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

El secretario reiteró que hay 33 detenidos, entre ellos quien organizó la célula encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del alcalde, además de personas que trabajaban para Manzo y que, según las investigaciones, filtraban información al grupo criminal.

“Están detenidas personas que trabajaban para el propio presidente municipal, para el propio alcalde Carlos Manzo. La función que tenían ellos era filtrar información al grupo criminal”, afirmó. La cifra de 33 detenidos ya había sido reportada el 19 de septiembre por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Harfuch destacó también la captura en Jalisco de una persona identificada como “R-1”, a quien señaló como autor intelectual del homicidio. Explicó que fue detenida por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y fuerzas especiales del Ejército, durante un operativo en el que hubo un enfrentamiento.

Un día antes, Quiroz relató que, en una conversación previa, Harfuch le dijo que no tenía que entregar el teléfono celular de Manzo, porque las autoridades federales ya contaban con la información que necesitaban del aparato.

Así, la semana pasada, más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores” —es decir, sus precandidatos a gobernadores— en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

El proyecto de los tres consejeros del INE, que probablemente será desechado una vez más por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, contempla autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”, y con un conjunto de reglas estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en 3 millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia. 

Los lineamientos contemplan que el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), monitoreará el dinero que se mueva en torno a estos procesos e investigará posibles irregularidades.

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario. 

Además de recalcar que los partidos o los aspirantes no podrán utilizar sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, los lineamientos agregan ciertas condiciones a los procesos internos, como que sus participantes no tengan “expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral”, o que “no se empleará propaganda, por si o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

En una primera parte, cinco hombres aparecen sometidos, esposados con las manos y vestidos con ropa militar.  

Al ser interrogados por una persona que no aparece a cuadro, los detenidos dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados.  

La mañana del pasado 24 de septiembre, ocho vecinos del Balcón fueron privados de su libertad en el paraje conocido como La Lajita, en la zona de la sierra entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.  

Habitantes y autoridades ejidales de El Balcón han señalado como responsables de la privación de la libertad de sus vecinos a la organización criminal La Familia Michoacana. 

El 1 de octubre, fue liberado un menor de ocho años, con quien los captores mandaron a decir que entregarían al resto de los detenidos a cambio de que El Balcón entregará sus tierras, que incluye parte de la ruta de Tierra Caliente a la Costa Grande. 

Los detenidos que aparecen en la grabación se identifican como Everardo León Atanacio, el adolescente de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; y José Leodanis Medrano López, de 24. 

En el interrogatorio mencionan a supuestos mandos y el número de personas armadas en sus comunidades. Tres mencionan que portaban armas largas AK-47 y R-15. 

En otra parte, el material muestra a seis hombres vendados, esposados y sentados en el suelo, a sus espaldas se observan pacas de paja.  

Y al final son presentadas fotografías presuntamente obtenidas de los celulares de los cautivos donde se ven a personas con armas de alto calibre, entre ellos menores de edad. 

Más tarde, el ejido El Balcón respondió que rechazan cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de lo ocurrido. 

Dice que en el video hallaron elementos que preocupan y que deben ser investigados:  

“La vestimenta que portan en el video no corresponde con la que llevaban el día en que fueron sustraídos. Asimismo, las declaraciones presentan inconsistencias en los nombres y apellidos que se mencionan”. 

Los detenidos, asegura, son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. 

“Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Participan directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”. 

Su trabajo, dice, es conocido por instituciones del sector forestal y ambiental.  

“Queremos ser absolutamente claros: Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue. 

“Nuestra exigencia sigue siendo la misma: queremos a nuestros compañeros vivos, íntegros y de regreso con sus familias. 

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos continuaremos exigiendo su localización”. 

En ese contexto, la tarde de ayer el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia "Minerva Bello", Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación (PJF) información acerca de la posible ubicación de los siete campesinos privados de su libertad. 

"Siguen en la región de la Tierra Caliente de Guerrero", dijo el sacerdote y director del organismo. 

Horas antes, el Ejido El Balcón advirtió que 319 comunidades marcharán hacía el Palacio Nacional, en la capital del país, para pedir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la búsqueda de las víctimas.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

Afirmó que con el procedimiento en su contra, se busca sancionarla por su actuación y por haber levantado la voz debido a que ella formó parte activa de las protestas que el Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizó en 2024 contra la reforma judicial.

“Antes de que se determine si mi actuación es motivo de sanción, quiero dejar constancia de que honrar a nuestra patria no consiste solamente en pronunciar discursos sobre la Constitución, sino en tener el valor de respetarla y defenderla cuando hacerlo resulta difícil y en congruencia con ello dicté una medida fundada en derecho para proteger su identidad, antes de que el daño fuera irreparable. Eso me correspondía como jueza. La inconformidad del poder no me relevaba de ese deber”, agregó.