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La urgencia de la ciudadanización, otra vez

El escándalo Taddei, la deliberada y lacerante corrupción que imperó en el Instituto Nacional Electoral aparentemente en los últimos años, desde que Guadalupe Taddei Zavala tomó posesión del cargo de consejera presidenta del órgano electoral nacional, en abril de 2023, no sólo ha evidenciado la deshonestidad de las personas y la decadencia de las instituciones, sino también la urgente necesidad de tener, otra vez, organismos ciudadanizados.

Durante la mayor época del priismo en el Gobierno de la República, el órgano electoral era la Comisión Federal Electoral en la facultad de la Secretaría de Gobernación, desde ahí, en 1988, siendo el titular de la importante dependencia Manuel Bartlet, posteriormente funcionario del primer gobierno de Morena en México, se fraguó lo que para muchos es el más grande fraude electoral.

Aquel año la elección presidencial fue marcada por la división en el PRI que inició Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (fallecido hace unos días), entonces encabezando por su cuenta y con la desbandada tricolor a su favor, entre quienes se encontraban Porfirio Muñoz Ledo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la candidatura a la presidencia por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Pero a pesar del descontento social y del apoyo que Cárdenas encontró en la sociedad, fue derrotado por el priista Carlos Salinas de Gortari. Cuando la tendencia del voto favorecía al de izquierda, el sistema de conteo de votos, informaría Bartlett, “se cayó”, y de pronto el triunfo fue para Salinas.

A partir de ese momento vinieron cambios importantes en el órgano electoral, y aunque en 1990 se disolvió la Comisión Federal Electoral y se creó el Instituto Federal Electoral, éste continuó siendo encabezado por el secretario de Gobernación hasta 1996 cuando, finalmente, se consolidó como un órgano autónomo y ciudadano, cuya primera presidencia del consejo recayó en el académico José Woldenberg. Lo que seguiría hasta el 2014, cuando una nueva reforma le reafirma la autonomía y modificaría la estructura interna y el nombre a Instituto Nacional Electoral. Fueron cuatro presidentes del consejo del órgano electoral que, hasta la fecha, viven sin mácula pública, más allá de las desavenencias de los derrotados: Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo Márquez, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

Pero entonces llegó Morena al poder y el presidente más necio (esto dicho por él mismo), Andrés Manuel López Obrador, que vio en el presidente del INE en la campaña del 2018 a uno de sus adversarios, cuando no lo era. Sostuvo entonces un encontronazo con Lorenzo Córdova, el último presidente del consejo del órgano electoral ciudadano, quien de hecho le reconocería —no por gusto, sino por voluntad popular— el triunfo sin duda a López Obrador, que se convirtió además, y en ese año, en el presidente más votado de México.

Aun así, AMLO continuó con su campaña contra el INE, y de hecho contra el resto de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros. Al último logró desaparecerlo, pero al primero no pudo. La sociedad se volcó a la defensa del INE, y el mandatario nacional hubo de esperar al término del periodo de Lorenzo Córdova para que su régimen se apoderara del Instituto Nacional Electoral. Así llegó Guadalupe Taddei.

Seleccionado supuestamente por el método de la tómbola, su nombre fue, supuestamente, tomado al azar, y logró la silla principal del INE, no sin el aval del presidente López Obrador, quien la calificó como una “mujer profesional, honesta, íntegra”; “no como el presidente saliente”, diría en referencia a Córdova. Y efectivamente, no eran iguales. Por más auditorías que le practicaron al INE que encabezó Córdova, no logró el régimen amloista detectarle irregularidad alguna para llevarle a juicio; la cuestión no pasó de un intento de campaña de desprestigio de la cual el académico salió bien librado.

La diferencia entre el antecesor de Taddei y ella, es que la primera mujer en la historia de México en encabezar el órgano electoral nacional, el INE, ha salido por la puerta de atrás, entre señalamientos de corrupción, de favoritismo para empresas de su querencia y empresarios de su más cercano apego, que incluso ha aireado la buena vida que le dio a los hijos de ésta: a dos, según el dicho del empresario José Alfredo Hernández Casillas, les dio casa y viajes, además del alarde que hizo al videograbar no sólo a los hijos, sino a la propia ex consejera presidente del INE, evidenciando el tráfico de influencias y la red de corrupción que tejieron en el máximo órgano electoral de México.

Cuando ya no fue posible ocultar la corrupción en la primera presidenta del INE en la era de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció lo ya sabido: “Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo”, aunque mejor dicho traicionó al régimen que prometió “no robar, no mentir y no traicionar”.

Es muy importante señalar que los mexicanos conocieron de la corrupción en el escándalo Taddei, no por la Presidencia de la República que ahora se deslinda, tampoco por la Fiscalía General de la República que seguramente investiga, menos por la Auditoría Superior de la Federación que detectó las irregularidades, ni por la UIF emitiendo comunicado sobre las empresas con contratos simulados, sino por dos medios de comunicación que obtuvieron, a través de sus contactos, información confidencial y reveladora, el periódico Reforma y Latinus.

Eliminado el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, y entregadas las facultades de acceso a la información al Gobierno de la República, es difícil que los ciudadanos, ya no digamos los periodistas, tengan respuesta a las solicitudes de información sobre el manejo de los recursos públicos en gobiernos, dependencias, poderes legislativos, judiciales y órganos autónomos, entre otros, pero no es difícil que casos de tan evidente corrupción se mantengan por siempre en la oscuridad. Contactos internos de periodistas proporcionan información de manera extraoficial para que las corruptelas sean públicas. Así conocieron los mexicanos del escándalo Taddei, por pitazos a la prensa, por la investigación documentada de Reforma, por la investigación confirmada con videos de Latinus.

Es evidente, con este gravísimo caso de corrupción, que al país le hace falta la ciudadanización de los órganos autónomos como el INE, es decir, que su futuro titular no sea ligado a los partidos políticos, mucho menos al Gobierno de la República o el partido oficialista, y que la transparencia salga de la estructura presidencial y sea devuelta a los ciudadanos. ¿Porque cuántos casos más de corrupción están sucediendo en estos momentos y son desconocidos por un gobierno que destaca por su opacidad…? Pocos lo saben, hasta que lo publica algún medio.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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Jueza federal concede suspensión definitiva a Ruffo Appel

La jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en el juicio de amparo 1085/2026 promovido en contra el auto de vinculación a proceso dictado el 23 de julio de 2026.

La resolución judicial beneficia al exmandatario dentro del expediente tramitado contra la determinación de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien lo vinculó por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible en la modalidad de huachicol fiscal mediante ferrotanques.

La medida cautelar paraliza el procedimiento penal en la etapa intermedia e impide el dictado del auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el fondo del juicio constitucional.

Ruffo Appel enfrenta la acusación como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar S.A. de C.V., firma a la que la Fiscalía General de la República señala por la presunta importación ilegal de gasolina y diésel, evadiendo contribuciones federales con un daño hacendario calculado en cuatro mil millones de pesos.

El político panista cumple prisión preventiva bajo la modalidad de resguardo domiciliario en Ensenada, Baja California, beneficio otorgado por su edad de 74 años y estado de salud tras haber permanecido recluido dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La defensa particular, a cargo del abogado Santiago Villarreal Boullosa, mantiene la el juicio de derechos fundamentales para desvirtuar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, entre los cuales figuran dictámenes periciales y registros aduanales.

Mientras la autoridad de amparo analiza la legalidad del procesamiento, la causa penal permanece suspendida en sus etapas posteriores, garantizando que no se abra el juicio oral en tanto no se dicte sentencia del juicio de amparo.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Auditoria Superior reporta más de 9 mil mdp por aclarar del gasto de 2025; municipios concentran más de 5 mil 200 mdp

La segunda entrega incluye 374 auditorías a instituciones federales, estados y municipios. El auditor también informó de 40 denuncias penales durante su gestión y de una investigación por posibles irregularidades en la plataforma del examen de admisión de la UNAM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025, de los cuales más de 5 mil 200 millones corresponden a recursos federales cuyo destino no acreditaron 42 municipios.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales, integrada por 374 auditorías, de las cuales 286 corresponden a entidades federativas, 46 a instituciones federales y 42 a municipios.

“Porque la fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos”, sostuvo.

Los montos reportados permanecen pendientes de aclaración dentro del proceso de fiscalización, por lo que no equivalen, por sí mismos, a desvíos comprobados.

Municipios no acreditaron el destino de recursos federales

Hernández Palacios informó que la Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de los recursos federales otorgados a los 42 municipios incluidos en esta entrega, sin que sus gobiernos acreditaran documentalmente su destino.

Actualmente, la institución fiscaliza directamente a más de mil 200 municipios y alcaldías, cuyos resultados se presentarán, en su mayoría, en febrero de 2027.

Ante la falta de documentación relacionada con cambios de administración, propuso una plataforma para que los gobiernos salientes depositen en servidores de la ASF la información de las cuentas públicas pendientes de revisión, y advirtió que procederá legalmente cuando se niegue información para obstaculizar las auditorías.

En el ámbito federal, la ASF reportó 2 mil 327 millones de pesos observados entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, recursos cuyo ejercicio deberán acreditar las instituciones.

En el Fondo identificó movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, mientras que la autoridad educativa tampoco acreditó el correcto ejercicio de los recursos observados.

Las revisiones a entidades federativas arrojaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en educación y salud.

El auditor también informó que los gobiernos estatales reintegraron más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, de los cuales más de 553 millones correspondieron al sector salud.

Entre las entidades que realizaron reintegros mencionó a Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California, sin presentar en esas láminas un desglose de cantidades por estado.

Obras sin ejecutar y equipo médico no localizado

Hernández Palacios reportó que, durante los primeros seis meses de su gestión, la ASF presentó 40 denuncias penales, tres de ellas relacionadas con auditorías que todavía estaban en desarrollo.

Entre los hechos denunciados mencionó obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentos presuntamente apócrifos utilizados para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social.

La institución también promovió 60 acciones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores contratados con dinero público.

El auditor pidió a las instituciones verificar esas obligaciones desde el inicio y durante la vigencia de los contratos, y señaló que las revisiones abarcarán tanto a las empresas como a los servidores públicos que pudieran resultar responsables por acción u omisión.

Además, informó de nueve denuncias penales por prácticas de “coyotaje” y advirtió que la ASF no tiene gestores, representantes particulares ni despachos intermediarios, aunque no precisó si esas denuncias forman parte de las 40 reportadas durante su gestión.

Investigan contratación de plataforma para examen de la UNAM

La ASF también presentó una investigación por posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las láminas aparecen un secretario y un coordinador como servidores públicos involucrados, sin revelar sus nombres ni las áreas a las que pertenecen.

Durante la conferencia de prensa posterior a la entrega, Hernández Palacios afirmó que el rector solicitó la intervención de la ASF y que la universidad ha colaborado con las investigaciones. El auditor anunció que canalizará al tribunal administrativo las responsabilidades que determine la investigación.

La institución informó que aseguró de manera precautoria repositorios de información y servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, con el propósito de conservar pruebas.

“Utilizamos un mecanismo nuevo para que no nos borraran la información de los servidores por parte de la empresa”, explicó el auditor.

Busca facultades para sancionar directamente

Hernández Palacios informó de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información, identificar operaciones de riesgo y posibles conflictos de interés, además de colaborar en un padrón de personas políticamente expuestas.

También anunció un registro con información de servidores públicos relacionados con el manejo de recursos y un convenio con la Comisión Nacional Antimonopolio para identificar posibles acuerdos indebidos y colusión entre proveedores.

El auditor señaló que trabajan en propuestas de reforma constitucional para que la ASF pueda sancionar directamente y recuperar con mayor rapidez los recursos ejercidos de manera indebida.

“Hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano”, sostuvo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/auditoria-superior-aclarar-gasto-2025-municipios

Despliegan en Mazatlán, Sinaloa a mil 600 elementos de Marina para fortalecer la seguridad ante ola de violencia

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y con empresarios para establecer acuerdos y fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad

La Secretaría de Marina informó que desplegó a mil 600 elementos en Mazatlán, Sinaloa para fortalecer la seguridad e impulsar el desarrollo económico de la entidad.

En un comunicado, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó la ciudad de Mazatlán para verificar dicho despliegue operativo y la estrategia de seguridad.

Además, se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y con representantes de los principales sectores empresariales del estado a fin de establecer acuerdos y fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad.

Durante el encuentro, destacó el esfuerzo que realiza la Secretaría de Marina en Sinaloa, mediante el despliegue de los elementos adicionales en la entidad, indicó que el objetivo es fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en beneficio de la población.


En ese contexto, acordó impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y generar condiciones de seguridad y confianza que permitan a las familias volver a disfrutar de parques, plazas y lugares de convivencia. Se fortalecerán las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas, a fin de brindar protección a habitantes y visitantes.

En materia económica, se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias. Para ello, se destacó la importancia de la participación del sector empresarial y su colaboración permanente con las autoridades.

Como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se proporciona a la ciudadanía un código QR que facilita el acceso al número telefónico de denuncia ciudadana, a fin de que la población pueda realizar sus reportes de manera segura y contribuir a la atención oportuna de situaciones que afecten la seguridad de sus comunidades.

“El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación y sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias sinaloenses”.

Ejército en Sinaloa

En año y medio la presencia militar en Sinaloa pasó del 11 % al 25 % del total desplegado en el país; sin embargo, ese incremento no se ha traducido en una reducción considerable de la violencia.

El repunte de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Sinaloa, provocado por los enfrentamientos entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, ha ido acompañado de un incremento sostenido en el despliegue militar. Aun así, la violencia persiste.

De noviembre de 2024 a mayo de 2026, Sinaloa casi cuadruplicó su número de militares en tareas de seguridad pública: pasó de poco más de 3 mil soldados a más de 11 mil efectivos, y actualmente uno de cada cuatro elementos desplegados en todo el país opera en la entidad.

De acuerdo con los informes semestrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportados al Congreso, de noviembre de 2024 a mayo de 2025 fueron desplegados 29 mil 711 elementos militares en todo México. En ese lapso, Sinaloa ocupó el segundo lugar nacional con 3 mil 306 efectivos, es decir 11.1 % del total. Sólo estaba debajo de Baja California, donde operaron 3 mil 425 militares.

Para el siguiente semestre, de mayo del 2025 a noviembre de 2025, el número total de elementos del Ejército y Fuerza Aérea desplegados en tareas de seguridad pública a nivel nacional tuvo una ligera reducción de 7 por ciento, al pasar a 27 mil 666 efectivos. Sin embargo, en Sinaloa la presencia militar se incrementó a 7 mil 750 soldados, con lo que pasó a ocupar el primer lugar nacional.

La presencia militar ¿ha servido para reducir la violencia en Sinaloa?

Los reportes oficiales han mostrado una reducción en homicidios y delitos de alto impacto a nivel nacional, con una caída del 53 % en 2026 respecto a las cifras de 2018, y una disminución del 31 % si se compara con octubre de 2024. Sin embargo, Sinaloa continúa como uno de los estados más violentos de México.

Sinaloa acumuló 517 víctimas de homicidio doloso en los primeros cinco meses de 2026, por lo que es la cuarta entidad con más asesinatos y por sí sola representa el 6.8 % del total de homicidios en México.

La entidad forma parte de un grupo de ocho estados que concentran el 54 % de todos los homicidios dolosos del país.

El número de asesinados de enero a mayo de este año en Sinaloa revela una disminución de 7 % respecto al mismo lapso de 2025, cuando se registraron 559, pero aún está muy lejos de lo registrado en 2024, antes de que iniciara la guerra entre grupos delincuenciales, cuando en esos primeros cinco meses del año hubo 193 homicidios dolosos, por lo que la comparación de esos dos años representa 167 % más asesinatos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
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ASF detecta triangulación de recursos en Sinaloa y Nuevo León hacia empresas y familiares de funcionarios

En Nuevo León, la Auditoría identificó transferencias hacia un despacho fundado por un funcionario y un familiar, mientras que en Sinaloa detectó pagos de una constructora a sus antiguos integrantes, quienes enviaron dinero a un exfuncionario de Finanzas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Sinaloa y Nuevo León, mediante transferencias de proveedores hacia empresas y personas vinculadas con funcionarios, aunque todavía calcula el posible daño al erario y mantiene reservados los nombres de los involucrados.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, y posteriormente amplió la información en una conferencia de prensa.

“Sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, sostuvo.

El auditor explicó que, después de esos pagos, el dinero pasa por cadenas de transferencias cuyos patrones apuntan a posibles actos ilegales, con recursos que terminan en manos de personas cercanas o familiares de servidores públicos.

Nuevo León, transferencias hacia un despacho e inmuebles

La presentación de la ASF muestra cuatro rutas de recursos que parten del gobierno de Nuevo León hacia proveedores y pasan por otras compañías antes de llegar a un despacho jurídico, identificado como una firma fundada por un funcionario y un familiar.

En una de ellas, el gobierno estatal entregó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos, desde la cual se enviaron 202.9 millones al despacho.

Otra ruta parte de una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que a su vez canalizó 385.3 millones al mismo despacho.

Las dos cadenas restantes muestran pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a proveedores, seguidos de transferencias mediante una empresa de equipamiento y una consultoría, desde las cuales llegaron al despacho 77.03 millones y 62.9 millones, respectivamente.

El esquema también vincula al despacho con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos y con una persona identificada únicamente como “Funcionario 1”, sin precisar públicamente su nombre ni detallar las operaciones inmobiliarias.

Estos montos corresponden a distintas etapas del recorrido del dinero, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes ni equivalen a un daño al erario determinado por la ASF.

Cuestionado sobre si la investigación involucra al gobernador Samuel García o a despachos vinculados con él, Hernández Palacios no confirmó responsabilidades individuales y argumentó que debía preservar el debido proceso.

Sinaloa, constructora familiar y pagos a un exfuncionario

En Sinaloa, la ASF identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, que recibió contratos de obra pública de instituciones estatales y municipales.

De acuerdo con la presentación, una de esas personas era accionista y administrador único, mientras que la otra fungía como apoderado legal; ambas aparecen identificadas mediante claves, sin sus nombres.

La Auditoría señaló que la constructora concentraba depósitos muy superiores a los correspondientes a su obra pública y triangulaba dinero entre cuentas propias, además de transferir recursos a esas dos personas después de que habían salido de la empresa.

A su vez, ambas realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, según el esquema presentado ante los diputados, que no precisa las cantidades ni identifica al beneficiario.

Durante la conferencia, el auditor también fue interrogado sobre la posible participación de un exgobernador de Sinaloa, pero no confirmó ni descartó su involucramiento.

“Eso sí es materia de nuestras investigaciones y estaremos presentando los resultados para no violentar nuestro proceso”, respondió.

Aún calculan el posible daño al erario

Al preguntarle cuánto suman los recursos presuntamente triangulados en cada estado, Hernández Palacios explicó que todavía realizan los cálculos, debido a que parte del dinero permanece en distintos puntos de las cadenas de transferencias.

“Los recursos se van transfiriendo con proporciones que se van quedando en el camino”, señaló.

La ASF ha reconstruido movimientos que considera indicios de posibles irregularidades, pero aún debe determinar qué cantidades podrían constituir un daño al erario y establecer las responsabilidades correspondientes.

El auditor aseguró que, conforme documenten los hechos, promoverán procedimientos por faltas administrativas graves ante el tribunal competente o denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin esperar a que termine todo el proceso de fiscalización.

“Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata”, afirmó.

Aunque reportó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de su gestión, no precisó si alguna corresponde a las investigaciones de Sinaloa y Nuevo León, y sostuvo que la institución actuará “independientemente del partido político que gobierne”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/asf-detecta-triangulacion-recursos-sinaloa-nuevo-leon

Salgado Ambros será la fiscal especializada en Desaparición Forzada en FGR

Se desempeñó como la primera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México

La Fiscalía General de la República anunció la incorporación de María Sol Berenice Salgado Ambros como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a partir del próximo 17 de noviembre.

La institución federal afirmó que busca consolidar sus capacidades de investigación, garantizar el derecho a la búsqueda y fortalecer el diálogo directo con las familias de las víctimas.

La dependencia federal informó que brindará continuidad a las averiguaciones previas y dará seguimiento a los compromisos asumidos, toda vez que reconoció que la confianza institucional se construye mediante la escucha activa, el trabajo constante y la entrega de resultados concretos.

Previamente se desempeñó como la primera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México y colaboró con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

La maestra Salgado Ambros acumuló experiencia en operativos de búsqueda en 15 entidades del país, además de certificar a personal operativo en atención al primer contacto e impulsar peritajes independientes con el Equipo Argentino de Antropología Forense.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Morena creó un contexto de impunidad para Taddei en el INE: Córdova

El exconsejero acusó al partido de debilitar los contrapesos del organismo y defendió su gestión ante los señalamientos por contratos con proveedores

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó a Morena de crear las condiciones que permitieron la concentración de poder en la presidencia del organismo, encabezada hasta su reciente salida por Guadalupe Taddei, y cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum intente deslindar al partido de la crisis que enfrenta la institución.

“Las dos cosas las hizo Morena”, afirmó Córdova, al responsabilizar al partido tanto de las condiciones que permitieron la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023 como de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en octubre de 2024.

Los cambios permitieron a Taddei nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin necesitar los ocho votos del Consejo General que antes se requerían, lo que redujo los contrapesos internos del organismo.

Según dijo, esas decisiones debilitaron los contrapesos internos y facilitaron que la presidencia concentrara atribuciones que antes requerían acuerdos entre las y los consejeros electorales.

Se rompió así la colegialidad y la necesidad o la posibilidad de que los propios consejeros ejerzan de contrapeso y de control a las actuaciones de la presidenta.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

López Rabadán cuestiona a contralor del INE: "¿De verdad no sabía de las contrataciones a modo?"

“Morena hizo a Taddei. Morena le otorgó esos irresponsables superpoderes. Morena debe responder por haber concentrado el poder y debilitado los contrapesos frente a los actos de corrupción que hoy conocemos", señaló la panista y pidió al partido "hacerse cargo de sus corruptos"

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, en la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN, Kenia López Rabadán cuestionó el conocimiento que tenía el contralor sobre irregularidades en contratos del órgano electoral, los "superpoderes" que Morena todo a Guadalupe Taddei, partido al que le pidió "hacerse cargo de sus corruptos".

La comparecencia de Carvente Contreras se realizó en la Cámara de Diputados luego de la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE, luego de que reportes periodísticos revelaran presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés con proveedores.  

La legisladora panista también lo cuestionó sobre si no sabía de las anomalías en la dependencia, y le recomendó contratar a periodistas, ya que, afirmó, ellos fueron quienes dieron a conocer presuntas irregularidades en contratos con proveedores.   
“El OIC está presente en los órganos que llevan a cabo las adquisiciones. ¿De verdad usted no sabía de las contrataciones a modo? ¿De verdad no tenía conocimiento de los señalamientos sobre el inmueble de Picacho 259 señalado con como una sede alterna al INE? En donde había toda clase de corrupción.
“¿Ni usted ni nadie de su equipo pudo detectar e investigar esta red de corrupción que hoy conocemos gracias al trabajo periodístico? Le recomiendo, señor titular del órgano interno de control, que usted busque y contrate a periodistas...
“¿Qué mecanismos de control piensa implementar para que no sigamos viendo más chamaquitos en París? Más contratistas que se sientan dueños del INE y los audios son brutales, son ominosos, son ofensivos a esa institución. ¿Qué mecanismos de control va a implementar? Para que presidentas con una ambición tan desmedida como la de la señora Taddei, no vuelvan a repetirse. La verdad es cruda. Con todo lo que se han robado, ni en esta ni en 10 vidas más, se lo van a poder gastar”, resaltó. 
Esto referencia a los videos difundidos sobre Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas en un hotel de lujo de París.

López Rabadán también tronó contra Morena por su relación con la ahora expresidenta del INE y pidió al contralor investigar el caso hasta sus últimas consecuencias. 

“Morena hizo a Taddei. Morena le otorgó esos irresponsables superpoderes. Morena debe responder por haber concentrado el poder y debilitado los contrapesos frente a los actos de corrupción que hoy conocemos. 
“Tráfico de influencias, proveedores que pasaron de ser funcionarios encargados de contratar, depósitos inexplicables a funcionarios públicos, y empresas vinculadas entre sí que competían por los mismos contratos, y aquí ha quedado claro, Morena debe hacerse cargo de sus corruptos".

Darán a conocer en diciembre resultados de evaluación a México sobre lavado de dinero

El informe se presentó luego de que, en 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el informe de evaluación de México, sin embargo, el resultado de qué tan eficaz es el país para combatir el lavado de dinero se conocerá hasta diciembre de 2026.  

Esto después de que, en 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector. 

Derivado de la reunión plenaria de octubre, celebrada del 28 al 30, el GAFI dio a conocer que fueron discutidos y aprobados los informes de evaluación de México y Estados Unidos, elaborados en el marco de una nueva ronda de evaluaciones mutuas. 

Sin embargo, esto no significa que México haya salido bien librado del examen, lo que el organismo internacional aprobó fueron los informes, pero sus conclusiones, incluidas las calificaciones sobre la eficacia de las medidas contra el lavado de dinero, todavía no se hacen públicas.

“Estas evaluaciones permiten examinar el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y la eficacia de las medidas que aplican los países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, expuso GAFI en un comunicado. 

Los informes serán publicados en diciembre de 2026, “una vez concluida la revisión de calidad y consistencia”. 

La última evaluación que recibió México fue en 2018. Ocho años después, en marzo de este 2026, una misión del GAFI visitó el país para revisar sus mecanismos contra el lavado de dinero. 

En esta nueva ronda, los países recibirán una Hoja de Ruta de Acciones Clave Recomendadas, con medidas que deberán atender en un plazo de tres años para fortalecer sus mecanismos de defensa contra los flujos financieros ilícitos. 

Sin pronunciamiento

En tanto, durante la conferencia virtual realizada con motivo de la plenaria, el presidente del GAFI, Giles Thomson, no dio detalles sobre la situación de México ni sobre los resultados de su evaluación. 

Tampoco lo hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, durante la conferencia en la que presentó los resultados de las finanzas públicas correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Contratista favorito de Taddei libró bloqueo bancario por lavado y terrorismo

José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado de tráfico de influencias al haber supuestamente sostenido una relación sentimental con la exconsejera presidenta del órgano electoral, logró evadir, junto con su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y la empresa Cajas Graf, el bloqueo sistemático de cuentas bancarias al verse favorecido por amparos otorgados por juzgados federales de la Ciudad de México y luego ratificados por Tribunales Colegiados de Circuito

José Alfredo Hernández Casillas, favorecido con contratos por Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), logró anular hace dos años un bloqueo de cuentas bancarias por lavado y terrorismo, solicitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  

El órgano, dirigido entonces por Pablo Gómez, en 2023 justificó el congelamiento de los recursos monetarios por acuerdos internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo al detectar movimientos inusuales del contratista, argumento que desecharon instancias judiciales.  

El empresario señalado de tráfico de influencias al haber supuestamente sostenido una relación sentimental con la exconsejera presidenta del órgano electoral, logró evadir, junto con su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y la empresa Cajas Graf, el bloqueo sistemático de cuentas bancarias al verse favorecido por amparos otorgados por juzgados federales de la Ciudad de México y luego ratificados por Tribunales Colegiados de Circuito.  

La solicitud de bloqueo de cuentas bancarias se efectuó mediante el acuerdo 401/2023 de la UIF por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. El órgano detectó movimientos de Hernández Casillas en el sistema financiero nacional que supuestamente no procedían de actividades comerciales lícitas e íntimamente relacionadas con lavado, según los expedientes judiciales consultados por Proceso.


Las cuentas bloqueadas se ubicaban en los bancos Santander, Scotiabank Invertal y Citibanamex. Tras la petición de desbloqueo, los juzgados federales ordenaron levantar el aseguramiento a favor de los empresarios.  

La UIF apeló estas determinaciones al insistir que el bloqueo se produjo motivado por acuerdos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, magistrados federales desecharon estos argumentos al considerar que “no se advierte que el bloqueo de cuentas del quejoso haya recibido una solicitud internacional para ese efecto, sino que únicamente se alude a la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. 

El fallo quedó inapelable en 2024 por el Sexto, Noveno y Décimo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, todos de la Ciudad de México. Al año siguiente, en 2025, Taddei Zavala entregó un contrato por 198.7 millones de pesos a Cajas Graf, cuyo representante es José Alfredo Hernández Casillas, para surtir de material para la elección judicial, según Latinus.  

El escándalo escaló en los últimos días, al darse a conocer videos en los que aparece la expresidenta del INE acompañada del contratista. En uno de los materiales se aprecia también al hijo de ella.



FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Detienen en Miami a Inés Gómez Mont, conductora de tv, por delitos financieros

En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo entonces una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado

Inés Gómez Mont, conductora de televisión, fue detenida en Miami, Florida, en los Estados Unidos, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2021, la FGR obtuvo entonces una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

Retiran ficha roja

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes cuentan con órdenes de aprehensión en México. La mandataria señaló que el gobierno federal solicitará conocer las razones de la decisión y buscará que la alerta sea restablecida.

Sheinbaum sostuvo que existen investigaciones y pruebas relacionadas con las acusaciones contra ambos por presuntas operaciones con facturas falsas para evitar el pago de impuestos. “Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México”, declaró.

La presidenta agregó que el gobierno mexicano busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero consideró necesario que exista reciprocidad entre ambos países en materia de procuración de justicia.

Caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont está relacionado con una investigación por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio que continúa con la integración de la solicitud formal de extradición de Álvarez Puga ante autoridades de Estados Unidos y que también prepara la petición correspondiente a Gómez Mont.

La FGR señaló que Álvarez Puga fue detenido con fines migratorios en Estados Unidos en septiembre de 2025 y que permanece sujeto a un procedimiento migratorio en ese país, mientras que su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026. Respecto de Gómez Mont, la fiscalía informó que presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

En diciembre de 2025, la FGR había señalado que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga estaban entre las personas contra quienes existían órdenes de aprehensión dentro de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado relacionadas con contratos por 2 mil 950 millones de pesos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.