Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

A un año, sigue sin conocerse el paradero de Carlos Emilio Galván, desaparecido en Mazatlán

A un año de que desapareció tras ingresar al bar Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, sigue sin ser localizado pese a las investigaciones de las fiscalías estatal y federal

A un año de su desaparición tras ingresar al baño del bar Terraza Valentinos en Mazatlán, Sinaloa, y pese a las investigaciones y cateos realizados primero por la Fiscalía General del Estado y posteriormente por la Fiscalía General de la República, se desconoce el paradero del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela.

El joven de 21 años de edad, originario de Guadalupe Victoria, en Durango, vino a este puerto con algunos de sus familiares para festejar su cumpleaños e ingresaron al bar en mención, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, del cual es copropietario el entonces Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, de acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento.

Tras las manifestaciones que hicieron familiares del joven para exigir investigaciones para dar con su paradero, varias de ellas en la Ciudad de México y lo mediático del caso tanto a nivel estatal como nacional, el 20 de octubre pasado Velarde Cárdenas renunció como secretario de Economía de Sinaloa luego de que horas antes, tras salir de una reunión del Gabinete de Seguridad federal en este puerto, el entonces gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que se catearía dicho bar como parte de las investigaciones.

Rocha Moya pidió licencia a su cargo el 1 de mayo del 2026 tras señalamientos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos contra él y nueve funcionarios y exfuncionarios y mandos y exmandos de seguridad en la entidad, de presuntos nexos con el crimen organizado, por lo que fue sustituido de manera interina por la secretaria general de Gobierno, Yerandine Bonilla Valverde.

Tras 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto del 2026, Rocha Moya regresó a su cargo, pero ante una serie de críticas por ello tuvo que pedir una nueva licencia al Congreso del Estado al día siguiente, y en su lugar fue designada como gobernadora interina la diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava, para terminar el periodo para el que fue electo Rocha Moya.

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se realizaron al menos cinco cateos en diferentes inmuebles en distintos puntos de Mazatlán e incluso la búsqueda se extendió de esta ciudad hasta El Verde, Concordia, donde fueron localizadas varias fosas clandestinas donde fueron hallados los cuerpos de nueve de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Viszla Silver Corp, entre otros, pero hasta el momento se desconoce el paradero del décimo ingeniero privado de su libertad por un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa el 25 de enero de este mismo 2026.

En entrevista realizada el 20 de noviembre del 2025, el vicefiscal en la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, explicó que, de acuerdo con los videos analizados en las investigaciones, Carlos Emilio salió pasadas las 2 de la mañana del domingo 5 de octubre del bar Terraza Valentinos acompañado de dos hombres y se subió a una camioneta, pero en las imágenes con que se cuenta no se aprecia si va amenazado o no.

“Como se comentó la vez pasada y lo hemos comentado: estamos en la parte importante de revisar momento a momento dónde estuvo él; podemos señalar, por ejemplo, esta parte de que se corrobora que él ingresó a ese bar, el bar Terrazas; también está la parte cuando él sale de ese bar”, añadió Aguayo Roacho en la entrevista.

“Sale del bar pasadas las 2 de la mañana, cómo se aborda a un vehículo y es trasladado a un diferente lugar; entonces, en esa parte vamos. Aquí, en este caso, por cuidar la reserva y la secrecía de la investigación y sobre todo el éxito de la misma, pudiera yo señalar esa parte nada más. Él ciertamente ingresa a ese bar, se ingresa al baño, después sale acompañado de algunas personas, caminando por su propio pie, sale al exterior, al frente de ese local y se aborda a una camioneta en conjunto con otras personas masculinas”, dijo.

En la entrevista tras asistir a una ceremonia de entrega de ascensos al nivel jerárquico superior del personal de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, agregó que se tienen identificados vehículos y más o menos rostros de personas y hacia dónde lo trasladan.

“Tenemos identificados vehículos, tenemos identificados más o menos rostros de personas, tenemos identificado hacia dónde lo trasladan, qué otros vehículos intervienen y el seguimiento de esos vehículos, entonces prácticamente estamos en eso; más detalles no puedo dar, obviamente no puedo dar características de vehículos, no puedo dar características de personas”, reiteró cuando las investigaciones todavía estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El vicefiscal en el sur de Sinaloa precisó que Carlos Emilio salió del bar con dos personas y abordó una camioneta.

“Él sale con dos personas propiamente del bar y después aborda un vehículo con un masculino… De acuerdo a los videos que entregaron propiamente los del bar, los de ese lugar, pudimos saber uno: monitorear su estancia en el bar, a qué hora llegó, qué estuvo haciendo, estuvo consumiendo algunas bebidas; pudimos ver también de acuerdo a eso videos cómo se ingresa al baño, tarda unos minutos, varios minutos, sus acompañantes se quedan en la mesa”, continuó.

“Y ya después sale en compañía de dos masculinos caminando; no podemos señalar si sale amenazado o no; lo que sí puedo señalar objetivamente es que él sale caminando por su propio pie, sale por una puerta trasera lateral que da hacia las letras de Mazatlán, sale caminando; él va atrás del masculino que lo va guiando hacia dónde dirigirse, guiando en el sentido de que él (el masculino) va marcando la pauta hacia dónde caminar y él (Carlos Emilio) detrás de él; no se alcanza a apreciar si había armas de fuego”.

Añadió que en los videos con que se cuenta no se alcanza a apreciar qué decían, solo se ve que van caminando y abordan un vehículo en el frente de ese bar; ahí se paró ese vehículo en la calle, después esa camioneta se retira con dirección al Fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

“Lo único que les puedo decir es que le dimos seguimiento, sabemos exactamente hasta dónde llegaron en ese primer momento porque luego se intervienen más vehículos y estamos en esa parte”, agregó Aguayo Roacho.

Precisó que algunas de las imágenes de los rostros que se pueden ver en los videos no son claras.

“Las imágenes no son muy claras, pero de acuerdo a otros datos pudiéramos, más o menos, por su fisionomía, por su complexión, poder identificar más o menos de quién se trata y estamos en esa parte”, dijo Aguayo Roacho.

“Como lo dije la vez pasada, la investigación cuenta, de acuerdo con los protocolos, las bases, los cimientos para avanzar; no se ha perdido ningún dato, no se ha dejado de investigar ningún dato que la investigación va arrojando y, en ese sentido, las probabilidades de que lleguemos a saber exactamente qué fue lo que sucedió son altas”.

Reiteró que cuando se habla de la reconstrucción de los hechos, se refiere a la parte de reconstruir, de revisar a qué horas llegó, qué estuvo haciendo en el bar, con quién convivió, tuvo comunicaciones o no, se revisó comunicaciones, videos, información de testigos, luego hacia dónde se dirigió.

“A eso nos referimos con reconstruir y, obviamente, vamos en una parte, como les dije yo acá, muy avanzada, del bar y ese tema de que se quedó en el bar y ya no salió, pues obviamente se ha manejado en medios, pero sí sale; lo cierto es que sí sale y vamos en esa parte siguiendo momento a momento. Ya lo demás no se los puedo decir, pero a eso nos referimos con reconstruir”, expresó.

Reiteró que hasta el momento se han hecho cinco cateos en inmuebles; algunos son en la zona del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán y otros en otras ubicaciones.

Por la relevancia del caso y la probable participación de la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejerció su facultad de atracción de esta investigación.

Fue el 14 de febrero del 2026 cuando la FGES entregó a la FGR todas las actuaciones que tenía en su poder de las investigaciones de este caso.

El pasado 23 de septiembre, se dio a conocer públicamente que la FGR ha citado a declarar al exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, y al vicefiscal en la zona sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

A principios de ese mismo mes se informó de manera pública que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Velarde Cárdenas, y el exfuncionario estatal tramitó un amparo contra esa disposición.

La familia del joven duranguense ha exigido justicia y transparencia en las investigaciones, pero a un año de su desaparición, se desconoce el paradero de Carlos Emilio Galván Valenzuela.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: 

SCJN declara constitucional las fotomultas en CDMX; propietarios deben pagar aunque no conduzcan

El ministro Giovanni Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la aplicación de las fotomultas incluso cuando el propietario del vehículo no hubiera sido quien conducía cuando se cometió la infracción. 

Durante la sesión del pleno de la Corte del pasado 1 de octubre, los ministros analizaron dos amparos tramitados contra el uso de tecnología para identificar a los infractores del Reglamento de Tránsito (fotomultas hoy fotocívicas).

Las propuestas de sentencia fueron presentadas por los ministros Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías, sin embargo, ambos sostuvieron criterios contrarios entre sí.

Primero el ministro Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas. 

El ministro Figueroa propuso librarlo del cumplimiento de las sanciones impuestas por el gobierno de la ciudad de México, que actualmente ya no consisten en multas, sino en sanciones que van desde tomar un curso de movilidad en línea hasta cumplir horas de trabajo comunitario. 
“La responsabilidad solidaria no puede penetrar en el derecho administrativo sancionador, con todo respeto, porque de lo contrario se derrumbaría el fundamento de cualquier sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos”, dijo el ministro. 
La propuesta del ministro fue rechazada por siete de sus ocho compañeros en el pleno quienes coincidieron que el mecanismo de sanción establecido en la ley capitalina es constitucional.

La única en apoyar el proyecto fue la ministra María Estela Ríos quien consideró que la sanción por una infracción debe ser aplicada al conductor que la cometió. 
“Las multas de tránsito deben sustentarse en la acreditación de la conducta infractora y en su atribución al conductor efectivo”, señaló. 
Por ello, cuando fue el turno de la ministra Sara Irene Herrerías de presentar su proyecto, quien planteaba no amparar al propietario de un vehículo que también buscaba librar la sanción que le fue impuesta por infracciones cometidas por una tercera persona que conducía su vehículo, la mayoría de ministros apoyó su propuesta con lo que fueron declaradas constitucionales las fotomultas o fotocívicas en la CDMX.

Destapan caja de Pandora en Suchiapa: evasión de reos era “periódica” a cambio de dinero

Purga de funcionarios y jefes policiacos en Suchiapa tras captura de presidente municipal y su antecesor: recibían dinero a cambio de liberar narcos fingiendo que era por la fuerza

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que la evasión de reos en Suchiapa, por la que se detuvo al jefe policial, así como al alcalde actual y anterior, era una práctica “periódica” en la que varios funcionarios están acusados por liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. 

Este sábado fueron capturados el presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lara Cordero, así como su predecesor, Alexis Nucamendi, días después de que fuera detenido el jefe de la policía local presumiblemente por ayudar en la fuga de un narco.

Llaven Abarca narró este lunes en conferencia cómo la detención de varios narcomenudistas permitió desentrañar el esquema de corrupción en el que incluso había jueces involucrados, así como policías municipales.


Todo empezó el pasado 25 de septiembre, cuando se llevó a cabo un operativo de fuerzas federales y estatales para detener a Humberto Javier “N”, alias “La Gretel”; Erick Antonio “N”, Marcos de Jesús “N” y Diego Eduardo “N”, quienes fueron trasladados a los separos de la cárcel municipal. 

Posterior a ello, se recibió una denuncia por parte de la Policía Municipal de que se había fugado uno de los cuatro detenidos (“La Gretel”).

Según la primera versión del director policiaco en funciones (ahora detenido), llegaron hombres con armas de fuego y lo amenazaron para que dejara en libertad a uno de ellos.

Sin embargo, tras ahondar en las pesquisas, dicha versión se vino abajo. Se identificó mediante videos que no llegó ninguna persona armada, sino tres sujetos que bajaron tranquilamente de dos vehículos.

Se dirigieron directamente hacia las instalaciones de la cárcel municipal y dialogaron con el director de la policía, Jesús Antonio “N”, quien entregó a uno de los detenidos, “La Gretel”.

El fiscal aseguró que continúan las investigaciones para dar con otros responsables y también para reaprehender al detenido que se evadió de la justicia. 

Aseguró que se amplió la investigación hacia todo el cuerpo de Seguridad Pública Municipal y explicó que se logró la detención de más personas que fungían como policías municipales, algunos de los cuales eran mandos, otros expolicías y una exfuncionaria que estuvo como jueza calificadora. 

Cabe señalar que el sábado pasado el Gabinete de Seguridad dijo que fueron detenidas 21 personas en total.

El fiscal Llaven reconoció que esta conducta de evadir a los detenidos era rutinaria: “Es importante mencionar que esta conducta de evadir a los detenidos se hacía de manera periódica”, afirmó.

“Hay información que están aportando los propios elementos de la policía municipal, están aportando datos de prueba, en donde sus mandos les ordenaban evadir, es decir, liberar a los detenidos por narcomenudeo, por portación de arma de fuego.

“Había también, por supuesto, la entrega de sumas de dinero a los mandos y también, por supuesto, señalaban a los responsables. En el caso del presidente municipal y expresidente municipal, quienes en muchas ocasiones también recibían llamadas de ellos para que les ordenaran dejar en libertad a varios detenidos, aún cuando son delitos del común o incluso del fuero federal. Ellos tenían la instrucción de no ponerlos a disposición.

“Los mismos elementos mencionaban, se daban cuenta que no era la Fiscalía, que era un grupo criminal quien llegaba a recoger los detenidos y los liberaban por órdenes de los dos exservidores públicos ya también detenidos, el presidente municipal y el xpresidente municipal”. 

Mencionó que las investigaciones se ampliarán hacia otras autoridades y que se actuará en consecuencia: “Si la investigación nos arroja datos de prueba que existe más corrupción por parte de otras autoridades vamos a llegar hasta el fondo”, comentó.

Juez del Estado de México declina amparo a Jalisco por Rancho Izaguirre

El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de ocho personas vinculadas a los hechos registrados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La resolución ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

El juicio de derechos fundamentales fue promovido originalmente en junio de 2025 ante la autoridad judicial radicada en Toluca por Juan Manuel Alcaraz Villa y/o Juan Manuel Almaraz Villa, Armando Guzmán Cano, Óscar Iván Ciénega Jiménez, Erick Díaz Ayala, Gustavo Ángel Montiel, quienes ya fueron sentenciados en el fuero común en Guadalajara.

También figuran como promoventes los expolicías del municipio de Tala, Jalisco, José Antonio Solís Nava y Gabriel Nieto Jiménez.

Los quejosos recurrieron la resolución del 28 de mayo de 2025, mediante la cual se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, así como el auto de vinculación a proceso emitido el 3 de junio de ese año por un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dentro de la causa penal 136/2025.

La investigación federal se inició formalmente en marzo de 2025 a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, perteneciente a la estructura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha representación social solicitó la orden de cateo sobre el inmueble ubicado en Teuchitlán y presentó las imputaciones iniciales en el Estado de México bajo criterios de seguridad.

Posteriormente, la fiscalía especial determinó enviar la investigación a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada por razón de materia, radicándose la indagatoria correspondiente en Jalisco y acumulándose a expedientes previos.

Durante una audiencia de declinatoria de competencia solicitada por la representación social, el juez de control con sede en Almoloya de Juárez determinó declinar el asunto a favor del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande.

El juzgador de control explicó que la competencia asumida inicialmente en el Estado de México “por razones de seguridad” fue superada al confirmarse que los procesados se encuentran recluidos en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco y no en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya.

Asimismo, precisó que los hechos ocurrieron en territorio jalisciense y que en el tribunal de Puente Grande ya existían causas penales abiertas conexas con los mismos acontecimientos, entre ellas la causa primigenia 412/2025.

Al analizar el expediente del amparo indirecto tras la declinatoria del proceso penal originario, el juez de distrito de Toluca concluyó que carecía de jurisdicción territorial para resolver sobre la constitucionalidad de las medidas dictadas.

Sostuvo que resulta necesario preservar la unidad del proceso y evitar resoluciones contradictorias, concentrando las actuaciones ante la autoridad judicial del lugar donde ocurrieron los hechos, donde se tramitan los juicios principales y donde permanecen recluidos los imputados.

Por ello, dispuso el envío del expediente electrónico al juzgado federal jalisciense para que asuma el conocimiento del juicio constitucional.

AMPARO A POLICÍA DE TALA

Con anterioridad, en un juicio de amparo paralelo relacionado con las mismas investigaciones, el expolicía municipal de Tala, Jalisco, Emmanuel Avelar Manjarrez obtuvo la protección de la justicia federal frente al proceso penal incoado en su contra por el delito de desaparición forzada.

La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jesús Terríquez Basulto, dentro del expediente de amparo indirecto XXX.

El fallo dejó sin efecto la resolución del 23 de abril de 2025 emitida por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la cual había confirmado el auto de vinculación a proceso dictado contra el exservidor público por el juez de control con sede en Tequila.

La imputación derivó de la detención de un motociclista ocurrida el 16 de septiembre de 2024 en Tala, quien declaró haber sido interceptado por policías municipales y trasladado al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde permaneció retenido hasta su rescate por la Guardia Nacional dos días después.

El juez federal determinó que la sala penal omitió responder a los planteamientos centrales expresados por la defensa durante la apelación.

Entre los puntos ignorados figuraba que la víctima describió que sus captores portaban uniformes verdes, mientras que los informes oficiales de la policía de Tala establecen que su personal utiliza prendas azules.

Tampoco se atendieron las objeciones sobre las patrullas señaladas ni las irregularidades denunciadas en un procedimiento de identificación fotográfica basado en 227 imágenes.

La resolución ordenó a la sala emitir un nuevo fallo donde examine de manera completa y razonada los argumentos defensivos.

NO MÁS PERITOS

En otra vertiente judicial vinculada al mismo caso, ZETA dio a conocer hace un par de semanas que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito resolvió declarar inadmisible un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República para sumar más especialistas a la inspección del Rancho Izaguirre.

El desacuerdo surgió en julio de 2026, cuando la FGR solicitó incorporar peritos e investigadores adicionales a las labores de campo autorizadas en una orden de cateo otorgada en marzo de 2025.

El juzgado de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande rechazó la petición tras considerar que en la autorización inicial ya se había avalado la entrada de especialistas en diversas materias, por lo que no procedía integrar a más personal dentro del mismo trámite.

La representación social apeló la negativa para intentar revertir la decisión. Sin embargo, los magistrados del tribunal de alzada determinaron que la impugnación resultaba improcedente.

Los colegiados explicaron que la ley contempla un listado cerrado de resoluciones que pueden ser revisadas en segunda instancia y que la negativa de agregar peritos a una diligencia de cateo concedida previamente no equivale a la negativa de un cateo ni encuadra en los supuestos permitidos para la apelación.

Con este fallo se confirmó el acuerdo de la jueza de primera instancia, manteniendo los límites fijados para la diligencia en el Izaguirre Ranch (Rancho Izaguirre), predio ubicado en La Estanzuela, en Teuchitlán.

Dicho inmueble fue intervenido inicialmente el 18 de septiembre de 2024 tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, operativo en el que se logró la detención de diez personas, el rescate de dos víctimas retenidas y el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Los capturados en el rancho de adiestramiento conocido como “La Escuelita” fueron sentenciados inicialmente a la condena de 141 años tres meses de prisión por desaparición de persona cometida por particulares agravada y el homicidio; sin embargo, en segunda instancia la pena de 131 años tres meses de cárcel.

Otro procesado en este asunto es el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, que igualmente se encuentra encausado por desaparición forzada y delincuencia organizada, quien perdió el amparo contra el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-del-estado-de-mexico-declina-amparo-a-jalisco-por-rancho-izaguirre/

No hay pruebas de disparos hacia EU, dice Sheinbaum; se activa operación espejo

México y Estados Unidos reforzaron la vigilancia en la frontera de Tamaulipas mediante una operación espejo coordinada entre fuerzas de ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México no cuenta con evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos, pese a que autoridades de ese país señalaron que se registró este hecho en la frontera. Ante ello, indicó que México solicitó las pruebas correspondientes.

“Nosotros hemos pedido pues todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia”, señaló Sheinbaum este lunes durante su conferencia matutina. Agregó que ningún elemento de la Guardia Nacional, la Defensa o la Marina ha detectado disparos desde la frontera mexicana hacia territorio estadounidense.

Operación espejo se activa en Tamaulipas

A pesar de la falta de evidencia, Sheinbaum explicó que México acordó realizar operaciones espejo con Estados Unidos para prevenir cualquier incidente en la zona fronteriza. El despliegue comenzó este domingo en Tamaulipas y contempla la coordinación de fuerzas de seguridad de ambos países en sus respectivos territorios.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la operación participan por parte de México 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La operación se desarrolla en la frontera de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas. La Sedena informó que los mandos de la XI Región Militar y de la Octava Zona Militar establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos para coordinar las acciones.

Sheinbaum explicó que el objetivo de la operación espejo es mantener presencia simultánea de fuerzas de ambos países a lo largo de la frontera y evitar nuevos incidentes. “Para prevenir cualquier situación ya se hizo un operativo espejo y ahora pues se va a hacer otro operativo espejo”, dijo.

La presidenta detalló que estas acciones contemplan la participación de elementos mexicanos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina, mientras que del lado estadounidense intervienen integrantes del Comando Norte y la Guardia Costera, debido a que las operaciones se realizan en torno al río Bravo.

México y EU refuerzan vigilancia en el río Bravo

El despliegue mexicano se suma al realizado desde el sábado en Matamoros, donde la Secretaría de Marina informó sobre la presencia de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones como parte de la Operación Sable y de los mecanismos de cooperación con Estados Unidos. En el lado norte de la frontera, Estados Unidos desplegó aproximadamente 500 elementos militares como parte de la operación “Vanguardia Ardiente”.


Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, señaló que la Embajada de Estados Unidos ayudó a coordinar el despliegue mexicano en la zona donde, según autoridades de ese país, se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera estadounidense.

Johnson afirmó que los mandos militares mexicanos mantendrán comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas y que ambos países buscan patrullar sus respectivos lados de la frontera para proteger a las comunidades y dificultar las operaciones de organizaciones criminales y terroristas.

La Sedena sostuvo que la cooperación bilateral se desarrolla bajo principios de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”. La dependencia indicó que este tipo de acciones se realizan desde febrero de 2025 y tienen como objetivo contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/pruebas-disparos-eu-sheinbaum-operacion-espejo

Sandra Cuevas se destapa una vez más para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Cuevas hizo este nuevo destape poco más de un mes después de que, el 27 de agosto último, se dio a conocer que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la inhabilitó durante un año para ejercer cargos públicos por abuso de funciones

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se destapó, una vez más, para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora puso la mira en 2030 y aseguró que se prepara desde este momento para llegar a esa elección como candidata, después de que su primer intento por disputar el cargo, en el proceso electoral de 2024, terminó sin que consiguiera la postulación. 

El anuncio lo hizo este 5 de octubre desde Madrid, España, mediante un video que compartió en su cuenta de X, cuando aún faltan tres años y ocho meses para la próxima elección de la jefatura de Gobierno y mientras en la capital ya está en marcha el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, que renovará las 16 alcaldías, 204 concejalías y las 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero no el Ejecutivo local.

Cuevas hizo este nuevo destape, además, poco más de un mes después de que, el 27 de agosto último, se dio a conocer que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) la inhabilitó durante un año para ejercer cargos públicos por abuso de funciones en el Operativo Diamante, implementado durante su gestión en Cuauhtémoc.

En el video que publicó este lunes, la exalcaldesa informó que inició estudios de Comunicación y Periodismo en Madrid y agregó: “Quiero que para el 2030 tengan a la candidata a la jefatura de gobierno mejor preparada, que les pueda brindar seguridad y que sepa trabajar. Eso ya lo demostré”. 

Su estancia en España tendrá también una vertiente empresarial, pues aseguró que busca ampliar Sandra Cuevas Diamond Group y llevar a Madrid dos de sus marcas: Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila.


El volátil peregrinaje de Sandra Cuevas rumbo a 2030

El reciente anuncio que hizo la también empresaria de buscar la jefatura de Gobierno en 2030 se suma a una trayectoria en la que ha modificado en distintas ocasiones tanto sus planes electorales como las fuerzas políticas con las que ha buscado competir. 

De hecho, la ambición de conquistar la capital en la próxima década está precedida por una promesa pública que apuntaba en la dirección opuesta: el abandono total de los escenarios políticos. El 21 de febrero de 2023, en medio de una confrontación abierta con la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum —a quien acusaba de persecución—, Cuevas anunció públicamente que se retiraría de la política al concluir su administración en 2024. 

La promesa de retiro expiró en menos de un semestre. El 14 de agosto de ese mismo año, la funcionaria utilizó la explanada de Cuauhtémoc para lanzar el proyecto “Construyendo la nueva capital” y destaparse formalmente como aspirante a la candidatura a la jefatura de Gobierno de la alianza PAN-PRI-PRD, el mismo bloque que la llevó a gobernar Cuauhtémoc en 2021. 

La oposición terminó por cerrar filas en torno a Santiago Taboada, entonces alcalde de Benito Juárez y actualmente titular de la Secretaría de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dejando a Cuevas fuera de la candidatura y detonando su ruptura con el bloque opositor.  

El pragmatismo electoral no tardó en manifestarse. El 19 de febrero de 2024, apenas seis meses después de su quiebre con la oposición, reapareció bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), recibiendo la constancia para competir en la segunda fórmula al Senado por la Ciudad de México junto a Alejandra Barrales. 

La aventura naranja en las urnas del 2 de junio de ese año resultó un fracaso y la excandidata se fue con las manos vacías.  

El origen monrealista

Aunque la controvertida exalcaldesa construyó buena parte de su perfil público a partir de la confrontación directa con Morena, en noviembre de 2023 el entonces dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció en entrevista que la postulación de Cuevas en 2021 surgió de un acuerdo entre integrantes del perredismo y Ricardo Monreal, hoy coordinador de los diputados federales de Morena, para enfrentar a Dolores Padierna, exjefa delegacional de Cuauhtémoc y candidata de Morena y PT a la alcaldía en aquella elección. 

Aquella alianza fáctica terminó en un severo distanciamiento. En mayo de 2025, Cuevas acusó públicamente a Monreal de amenazas y reveló que el entonces senador asesoraba en secreto a alcaldes de oposición para confrontar a Sheinbaum. Además, admitió haber operado junto al zacatecano para favorecer al bloque opositor en los comicios locales.  

El abrazo a la 4T

El cambio más drástico en la estrategia de la política capitalina de cara a 2030 se evidencia en la radical reconfiguración de su postura frente al bloque oficialista. En enero de 2024, tras consumar su quiebre con la coalición opositora, la entonces alcaldesa intentó construir un camino independiente mediante el lanzamiento de su propia plataforma política: la Organización por la Familia y la Seguridad de México. Presentado con un despliegue mediático en la Arena México, este movimiento nació con la promesa explícita de convertirse en partido político nacional para las elecciones intermedias e impulsar una agenda ajena a los partidos tradicionales. En aquel momento de fervor fundacional, Cuevas descartó tajantemente cualquier convergencia con el oficialismo, asegurando que no podía respaldar un proyecto del que no formaba parte. 

Sin embargo, para 2026, la brújula ideológica y el destino de su militancia propia se invirtieron por completo. El 13 de enero de ese año, Cuevas sorprendió con un llamado abierto a "cerrar filas" en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.  

Al mismo tiempo que calificó de "hipócrita" a la oposición del PAN, PRI, PRD y a su última plataforma electoral, Movimiento Ciudadano.  

Ya iniciado formalmente el proceso electoral de 2027, Cuevas buscó terminar de sepultar su pasado opositor durante una entrevista el 28 de septiembre último en el programa El Macanazo de El Heraldo de México.  

En dicho espacio, la exalcaldesa confirmó su respaldo a una eventual candidatura de la morenista Citlalli Hernández para disputar la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega.

México despliega a militares en frontera; embajador de EU reporta “disparos” contra Guardia Costera

“Los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadunidenses desplegadas”, asegura Ronald Johnson

Como parte de la “Operación Concurrente”, el gobierno de México informó que desplegó 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional en Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos para “contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas”.

El despliegue incluyó el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos, informaron la noche de este domingo en un comunicado conjunto las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Relaciones Exteriores (SRE).

La movilización, dijeron, es derivada de la coordinación entre autoridades militares de México y Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que, “para materializar este tipo de acciones, que se realizan desde el 5 de febrero de 2025, el 3 de octubre de 2026, los Comandantes de la XI Región Militar (Torreón, Coah.) y 8/a. Zona Militar (Reynosa, Tamps.), establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Frontera Sur’ de los E.U.A”.

Dicha comunicación, agregaron, es con el fin de “garantizar el enlace y coordinación para esta operación concurrente, cada fuerza en su respectivo territorio, la que se realizará en el lado mexicano en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas”.


Según dijeron, “este mecanismo de cooperación bilateral se conduce bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”.

El sábado 3 de octubre, la Secretaría de Marina y la SRE informaron en otro comunicado conjunto que alrededor de 500 elementos de las Fuerzas Armadas estadunidenses fueron desplegados en la frontera del Valle del Río Grande, en Texas, como parte de las operaciones “espejo” que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.

Añadieron que, en territorio nacional, la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, y en el marco de la “Operación Sable”, hizo despliegues operativos fronterizos con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones.

Embajada de EU: “cualquier amenaza será atendida rápidamente”

Tras la difusión del comunicado de la Defensa y la SRE, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que dicha representación diplomática “ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos”.

En el mensaje difundido en su cuenta de la red social X, aseguró que “los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadunidenses desplegadas”.


Johnson dijo que ambos gobiernos “tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas”.

Y sentenció: “Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”.

El pasado viernes, el canal NewsNation reportó que Estados Unidos desplegará 500 soldados al sur de Texas, luego de un incidente en el que personal de la Guardia Costera fue atacado a tiros desde la zona fronteriza.

“La Guardia Costera informó que personal de las fuerzas de la institución en el Río Grande recibió disparos provenientes de la frontera mexicana, cerca de Garceno, Texas, el sábado (26 de septiembre), mientras realizaba operaciones conjuntas de interdicción con agencias federales. El personal respondió al fuego”, informó NewsNation.


“No se reportaron lesiones entre el personal de la Guardia Costera ni de otros organismos, ni daños en los activos de la Guardia Costera”, añadió.

Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y a una empresa

La dependencia dirigida por Raquel Buenrostro descubrió “infracciones graves” en Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, Banco del Bienestar, Aduanas, SAT y otras dependencias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que aplicó sanciones a 55 personas servidoras públicas y a una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos, debido a la comisión de “faltas graves y no graves”.

En un comunicado, la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro detalló que acciones de investigación hechas en Unidades de Responsabilidades hallaron “pruebas que demostraron las infracciones graves” en las siguientes dependencias:

Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Órganos Internos de Control en las secretarías de Cultura y de Gobernación (Segob), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Alimentación para el Bienestar, Banco del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Agencia Nacional de Aduanas de México, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Guardia Nacional (GN) y en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las sanciones a los servidores públicos responsables fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Faltas “no graves”

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por cometer faltas “no graves” fueron sancionadas personas servidoras públicas de siete dependencias:

Secretaría de Economía, Guardia Nacional, Instituto Nacional del Derecho de Autor, Comisión Nacional del Agua, Financiera para el Bienestar, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Procuraduría Agraria.


La Secretaría detalló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, si lo hacen, la dependencia “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

Por último, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de internet denuncias.gob.mx.

Para conocer los detalles de las personas sancionadas y las faltas cometidas, se puede consultar la siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/buen-gobierno-logra-sancionar-a-55-personas-servidoras-publicas-y-1-empresa-con-destituciones-e-inhabilitaciones-de-hasta-10-anos-y?state=published

Corte valida comisión del INE para verificar vínculos de candidatos con el crimen organizado

La Suprema Corte validó la creación de una comisión del INE que revisará posibles vínculos de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular con actividades delictivas

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que se encargará de revisar si existen posibles vínculos de aspirantes y candidatos con actividades relacionadas al crimen organizado. 

Así lo resolvió al analizar la acción de inconstitucionalidad 84/2026, mediante la cual el máximo tribunal declaró procedente pero infundada la impugnación promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Estas reformas establecen un procedimiento preventivo para evaluar si las personas aspirantes a cargos de elección popular presentan un riesgo de vinculación con actividades delictivas.

Impugnación del PRI y alcance de la reforma electoral

El recurso legal fue promovido el 1 de julio de 2026 por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, en contra del Decreto publicado el 2 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho decreto modificó el artículo 42, numeral 2, y añadió el Título Segundo Bis al Libro Cuarto de la legislación electoral, integrando la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este mecanismo establece la entrega de listas de aspirantes de forma voluntaria y confidencial por parte de los partidos políticos o candidaturas independientes.

La evaluación de riesgo queda a cargo de autoridades en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas, entre las que se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante la presentación del caso ante el Pleno, la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf explicó que “el objetivo de la reforma impugnada es dotar de elementos a los partidos políticos y candidaturas independientes para una mejor toma de decisiones en relación con las postulaciones que hagan a algún cargo de elección popular”.

Debate en la Suprema Corte y derechos político-electorales

Durante la sesión, ministras y ministros analizaron la operación del mecanismo, los derechos fundamentales involucrados y el alcance de la evaluación de riesgo para los aspirantes.

Respecto al catálogo de conductas sujetas a revisión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que “no es nada más para restringirlo o limitarlo a los delitos de la delincuencia organizada, sino a todo tipo de delitos. O sea, no hay una restricción: puede ser robo, puede ser corrupción”.

Durante el debate, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra aseguró que las disposiciones impugnadas sí desembocan en una restricción en el derecho fundamental al voto pasivo, previsto en los artículos 35 constitucional y 23 de la Convención Americana, por lo que propuso añadir un test de proporcionalidad al asunto.

“Pienso que la metodología para determinar su compatibilidad con este derecho humano debe incluir dos grados más del test de proporcionalidad en relación con el derecho humano a ser votado; es decir, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto”.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que este mecanismo es completamente voluntario para las candidaturas y para los partidos políticos, por lo que consideró que no había ninguna afectación a los derechos político-electorales de los candidatos. 

“Considero que los candidatos pueden abstenerse de participar en este mecanismo, lo que no conlleva alguna consecuencia jurídica y en ese sentido no puede sostenerse que el sometimiento libre y voluntario al mecanismo es una violación de los derechos político-electorales de los aspirantes”.

Fallo final y validez de la reforma electoral

Durante la votación de los apartados correspondientes a los derechos político-electorales, la protección de datos personales, la autonomía del INE y las competencias de las entidades federativas, el Pleno votó por unanimidad en favor de la validez del decreto, formándose votos concurrentes por parte de diversos integrantes del tribunal.

De esta forma, se reconoció la validez del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/corte-comision-ine-vinculos-candidatos-crimen-organizado

La nueva Ley Indígena que quiere Sheinbaum detona la rebeldía de pueblos originarios y afromexicanos

Organizaciones indígenas y culturales advierten que la iniciativa presidencial continúa el despojo neoliberal y legaliza la apropiación cultural. Denuncian que los artículos 33, 157, 158 y 159 son los más críticos por dejar fuera del control comunitario recursos estratégicos y el patrimonio cultural

Cuando se realizó la mayoría de las asambleas regionales del llamado proceso de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, organizaciones y comunidades nahuas, mayas, purépechas, totonacas, popolucas, chontales y afromexicanos, entre otros, reclaman a la presidenta Claudia Sheinbaum que desista de llevar ese documento para su aprobación ante el Congreso de la Unión.  

El 29 de junio último, cuando firmó la convocatoria para este supuesto proceso de consulta, la mandataria adelantó que una vez que esa propuesta fuera “mejorada, aprobada o lo que digan los pueblos”, se va a presentar en la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el Día de la Nación Pluricultural.

Pero al faltar ya sólo unas semanas para que ese proceso concluya, comunidades y organizaciones han firmado pronunciamientos en los que demandan que se declare nula o que se extienda esta consulta. Y advierten que, en caso de concretarse la aprobación de esa ley, emprenderán una lucha jurídica y de protesta social.

La organización “Indígenas 3D” habilitó lo que llama el “mapa de la inconformidad” en el cual ha documentado que en 112 comunidades, municipios y regiones se han emitido pronunciamientos, acuerdos de asamblea u otras acciones por parte de pueblos indígenas y afromexicanos.   
En principio, en los pronunciamientos denuncian que la supuesta consulta convocada por el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal incumple con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Sin embargo, las principales críticas y protestas se refieren al contenido y fondo de la propuesta presidencial, pues la consideran “regresiva” y hasta “inconstitucional”.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) afirma que la iniciativa impulsada por la 4T realmente da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, lo cual inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992.
“Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial”, asegura el CNI.
A la vez que la Coordinación de Comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, de Michoacán, sostiene que esta iniciativa de Ley General “es un retroceso a siglos de resistencia y lucha frontal contra el sistema” que quiere desaparecer a los pueblos indígenas de “la historia de la humanidad”.

Aunque la presidenta Sheinbaum calificó a este proceso de consulta como “un ejercicio único en la historia de México”, los pueblos y comunidades le han recordado que entre 2019 y 2021 fueron convocados a una consulta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, proceso que levantó expectativas de que se avanzaría en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

En septiembre de 2021 entregaron a López Obrador una propuesta para reformar 15 artículos constitucionales, pero la iniciativa enviada al Congreso de la Unión sólo contempló modificar al artículo 2. Con la reforma de septiembre de 2024 se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La iniciativa promovida ahora por el ejecutivo federal se conforma de ocho libros, 453 artículos y 11 transitorios. Sería la ley reglamentaria del Artículo 2, que tenía 180 días expedirse, es decir, que debió estar aprobada desde marzo de 2025. 

Ley "regresiva e inconstitucional"
Organizaciones como el CNI, el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’, Indígenas 3D y el Consejo del Patrimonio Cultural Originario (COPACO), entre otros, han alertado sobre los contenidos regresivos del documento bajo consulta.

Indican que, si bien la iniciativa habla sobre “libre determinación” y “autonomía”, estos derechos se establecen como una concesión o tutela del Estado. Los artículos del 16 al 24 condicionan el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos a que cumplan un “ritual burocrático”, de asambleas, actas constitutivas, registro ante el INPI y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Uno de los puntos considerados más crítico es que el artículo 33 señala que los pueblos pueden disponer de sus recursos naturales “salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas”, sin definir qué abarca esa excepción.
Las organizaciones consideran que esto dejaría abierta la puerta para que la minería, el fracking, megaproyectos o el agua, queden fuera del control comunitario.

Más aún, los artículos 330 al 336 establecen que el INPI y la Segob definen la procedencia de una consulta y que ésta puede no proceder si se dictamina que el impacto generado es “no significativo”, con lo que un proyecto podría continuar sin el consentimiento de la comunidad.

De la misma manera, indican que en la propuesta de iniciativa se conceden privilegios para el sector energético, pues se asienta que la Manifestación de Impacto Social de ese tipo de proyectos condicionaría el dictamen de una consulta.

El jurista indígena Francisco López Bárcenas ha expuesto en diferentes foros que la propuesta de iniciativa promovida por el Ejecutivo federal recae en la inconstitucionalidad porque restringe el ejercicio de derechos reconocidos o establece requisitos que no contempla el Artículo 2 Constitucional en cuanto a los derechos de autonomía, propiedad intelectual colectiva y consulta.

“Ley Xcaret”

El Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco) alerta que el Capítulo VI, sobre “Patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva” contiene una serie de artículos que ponen en riesgo los derechos sobre patrimonio cultural.

La Copaco considera que la propuesta parecería surgir de la inconformidad que generó en el poder corporativo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a Grupo Xcaret continuar usando elementos del patrimonio cultural maya y estaría pensada para proteger este tipo de prácticas y no a los pueblos originarios. Por eso la llama “Ley Xcaret”.

En su análisis, menciona que el artículo 158 deja asentado que cuando un tercero quiere usar comercialmente elementos del patrimonio, lo negociaría, al margen de la comunidad, con la Secretaría de Cultura y el INPI, los cuales emiten un dictamen de titularidad en 30 días hábiles. Después, la comunidad tiene 30 días para dar su consentimiento, lo cual califica como una “tutela paternalista” y una trampa para dificultar a las comunidades el derecho de decir no. 

El mismo artículo 158 faculta a la autoridad para fijar "tabuladores" que determinan el valor del uso del patrimonio. Mientras que el artículo 157 crea un Fondo para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural, que recibe y administra esas contraprestaciones. A eso se suma que el consentimiento otorgado "tendrá validez y eficacia jurídica sin riesgo de suspensión o anulación”.
El Copaco considera que el artículo 159 sería el más dañino del capítulo, pues legaliza la apropiación cultural, al señalar que no se requiere consentimiento cuando el elemento cultura se retoma para crear una obra “nueva, original y con aportación creativa propia” o cuando se trata de elementos, historias o tradiciones consideradas "comunes o habituales de la cultura nacional".
Igual, ese artículo permite usar el patrimonio” con fines de investigación científica. Es justo la rendija que necesitan las farmacéuticas para acceder a nuestra medicina tradicional y a nuestros conocimientos sobre las plantas”, advierte la Copaco.

Para colmo, el artículo 157 sustituye la defensa del patrimonio por "mecanismos alternativos de solución de controversias" a cargo de la Secretaría de Cultura.

Eso frenaría sanciones a marcas de moda, consorcios turísticos o trasnacionales que plagian diseños textiles, iconografías o técnicas tradicionales, mientras que las otras disposiciones fomentarían la mercantilización y folclorización de la cultura.

El CNI considera que esta propuesta está inspirada en las reservaciones indígenas estadunidenses y que “seguramente” fue revisada por las cúpulas militares y las cámaras empresariales.

Consultas: apresuramiento y acarreos
Las bases de la consulta establecieron que en sólo 37 días –del 1 de julio al 6 de agosto– se realizaría la etapa informativa. Eso implicó que los representantes del gobierno visitaran 16 mil 728 comunidades catalogadas como indígenas por el INPI –lo que equivale a 440 por día– para entregar y explicar los materiales a consultar.

De acuerdo con testimonios de pobladores, esta etapa se hizo de manera apresurada, con la entrega a unas cuantas autoridades de cada comunidad de los documentos, donde lo que importaba era tomar foto y video para cumplir con el protocolo.

Raymundo García López, representante de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) de Puebla, explica que esta organización decidió no participar en este ejercicio al quedar claro que tendría el mismo formato que se usó en el sexenio de López Obrador y que fue cuestionado por la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este esquema, señala, la participación se restringe a opiniones y sugerencias, pero no a que los pueblos indígenas efectivamente lleguen a acuerdos con el Estado. Así, las aportaciones que se presentan no tienen carácter vinculatorio y el gobierno no está obligado a incorporarlas a la iniciativa que llevarán al legislativo.

En una segunda etapa se contemplaba que las comunidades y pueblos deliberarían de manera comunitaria conforme a sus sistemas normativos. García López asegura que en la Sierra Norte de Puebla esas asambleas comunitarias no se realizaron.

Ángel López Pérez, líder de la Unidad Indígena Totona-Náhuatl (Unitona), expone que los documentos sólo se distribuyeron entre presidentes municipales, comisariados, inspectores y otras autoridades que no son electas en asambleas, que es el máximo órgano de decisión de los pueblos indígenas.

Luego de la etapa deliberativa siguieron las 82 asambleas regionales.  La del 30 de agosto, realizada en Cuetzalan, López Pérez se presentó con el bastón de mando como autoridad tradicional de su comunidad, sin embargo, los organizadores sólo le permitieron participar como público general.
El líder indígena de la Sierra Norte considera que el ejercicio fue sólo para validar una reforma que ya está “planchada”, pues incluso los alcaldes y otras autoridades llevaron “acarreados” que sólo levantaron la mano cuando se les requirió.
En un pronunciamiento, la Organización Independiente Totonaca de Huehuetla, resume que “no se puede llamar consulta a la convocatoria improvisada de personas que tienen un cargo y sello como autoridades comunitarias, cuando sólo se les entrega el material en el mismo momento del ejercicio, se lee en español de manera literal sin dar explicaciones ni contextualizar en los idiomas totonaco y náhuatl y se agiliza la votación de los presentes para cumplir con un requisito”.

Las agrupaciones denuncian que hubo cientos de comunidades que ni siquiera se enteraron de la consulta o que no pudieron participar por lo alejado de las sedes.

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi, reclama en un escrito: 
“Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos, es un falso supuesto”.
Las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, de Oaxaca, rechazaron ser sede de una asamblea. En tanto que en Pátzcuaro y en Cherán, Michoacán, representantes de comunidades indígenas purépechas impidieron que se concretaran asambleas regionales en esas sedes.

Igual, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac abortó la consulta en Milpa Alta. “Un foro no es consulta”, escribieron en el piso.

Esa organización convocó para el 12 de septiembre al “Foro para analizar y acordar acciones conjuntas sobre la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
La asociación “México Negro” promovió un amparo por la exclusión de entidades con población afromexicana como Zacatecas, Tamaulipas y Aguascalientes.
Raymundo García Pérez dice que “ojalá” que la presidenta rectifique y no presente esa iniciativa porque sería ilegítima e ilegal. “Que abra un espacio de diálogo porque si no, vamos a estar en un espacio de confrontación permanente”, añade.
Y en un pronunciamiento, el Colectivo Semillas de Resistencia Ñomtiuuncue advierte: “Una ley que pretende reconocer nuestros derechos no puede construirse vulnerando esos mismos derechos en el proceso de su elaboración y consulta”.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
ENLACE: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/5/la-nueva-ley-indigena-que-quiere-sheinbaum-detona-la-rebeldia-de-pueblos-originarios-y-afromexicanos-381148.html

Llevarlos de un estado a otro, la nueva fórmula de los cárteles para desaparecer a los jóvenes

En Jalisco, adolescentes son captados mediante falsas ofertas de empleo, amenazas, videojuegos y redes sociales, y luego trasladados a Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa. Existe un patrón: los separan de su entorno, los llevan a campamentos o inmuebles de cautiverio y dificultan las búsquedas al moverlos entre entidades

Dos hermanos de 15 y 16 años fueron privados de la libertad y llevados a una casa de seguridad en Lomas de Tesistán, en Zapopan, Jalisco. Ahí fueron encadenados y golpeados. El inmueble contaba con dos cuartos acondicionados como celdas, con grilletes y diversos objetos utilizados para torturar, entre ellos tablas y machetes.

Los adolescentes estaban cautivos junto con dos hombres adultos, quienes habían sido privados de la libertad cuando estaban reparando un vehículo.

El sitio fue descubierto el 12 de julio último, luego de que se reportaran movimientos sospechosos. El operativo estuvo a cargo del Ejército.
“Fue personal del Ejército mexicano que en su momento logró la liberación de estas personas. Desde luego consideramos que es una casa de seguridad dadas las condiciones en que se encontraba y los objetos que en su momento se llegaron a encontrar en el lugar. Eran dos cuartos tipo celdas. Había grilletes, se encontraron diversos objetos relacionados con tortura, tablas, machetes y cosas de esas. Lamentablemente no se logró la detención en ese momento de alguna persona”, declaró el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos.
De acuerdo con el fiscal, los dos adultos contaban con denuncias previas por desaparición. En el caso de los adolescentes no existía un reporte formal porque su madre apenas se disponía a denunciar cuando recibió la notificación del Ejército sobre su localización.

El hallazgo llevó a las autoridades hasta otra propiedad, ubicada prácticamente “a la vuelta” de la casa de seguridad, a media cuadra. En ese inmueble fueron encontrados más de un centenar de equipos de cómputo interconectados mediante cableado industrial, que se sospecha operaba como un call center o centro de monitoreo.

Ante las características del sitio y la posibilidad de que estuviera relacionado con actividades de lavado de dinero, la Fiscalía del estado notificó a instancias federales y dio la información a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República.

Lo ocurrido en Lomas de Tesistán es una de las expresiones más extremas del fenómeno: adolescentes privados de la libertad, trasladados a inmuebles utilizados como centros de cautiverio y sometidos a violencia.

Otros casos revelan una dinámica distinta: jóvenes contactados en su entorno cotidiano, amenazados, llevados por la fuerza o atraídos mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente trasladados a otras entidades.

Jeremy fue llevado de Tonalá a Mazatlán
El 15 de julio de 2026, aproximadamente a las 4:45 de la tarde, Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, salió de su casa en el fraccionamiento Hacienda Real, en Tonalá, Jalisco. Llevaba únicamente una mochila. Su motocicleta se quedó en la vivienda.

Un mes antes había comenzado a trabajar como repartidor en un negocio de mariscos de la zona de la Central Camionera de Guadalajara. Había dejado la secundaria porque ya no quería estudiar y decidió comenzar a trabajar. Con lo que ganaba en la marisquería pagaba esa motocicleta.

Fue en ese entorno donde comenzaron los contactos con personas que lo buscaban por teléfono y también de manera presencial. Le pedían que acudiera a un punto y, cuando se negaba, lo amenazaban.

“Ven, ven, ven”, le decían, de acuerdo con lo que le relató a una mujer de confianza con la que Jeremy trabajaba.

El adolescente no contó directamente a su familia lo que estaba ocurriendo. Se lo confió a esa mujer, quien le aconsejó que hablara con su mamá. Jeremy se negó porque no quería preocuparla ni darle problemas.

Al día siguiente de su desaparición...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 040 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026

ENLACE PARA OBTENER LA EDICIÓN DE OCTUBRE: https://proceso.pressreader.com/

Gobierno de Sheinbaum busca restar responsabilidad a las Fuerzas Armadas en caso Ayotzinapa: abogados

Abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa comparten con Proceso el balance del caso, del informe sobre los avances de las indagatorias

Reconocida como “crimen de Estado” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2023, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por la implicación de funcionarios de tres órdenes de gobierno es vista por la administración de Claudia Sheinbaum como “una herida abierta para sus familiares y para el pueblo de México”, de la que se le pretende restar responsabilidad a autoridades federales, sobre todo, a las Fuerzas Armadas.  

Al menos de eso parte el balance que comparte abogados de los familiares de los jóvenes desaparecidos con Proceso, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, y el responsable de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán Álvarez, presentarán un informe sobre los avances de las indagatorias y la búsqueda de los normalistas el pasado 28 de septiembre.

A 12 años de los hechos María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coinciden, en entrevistas por separado, que las “cuatro nuevas líneas de investigación” presentadas por Medina y Pazarán, no son novedosas, fueron adelantadas por organismos internacionales que colaboraron en los primeros años de la indagatoria, y están “muy lejos de poder acceder a la verdad” de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En la presentación del informe a los medios, cuyo contenido ya había sido dosificado a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos desde noviembre del año pasado, Medina y Pazarán expusieron como  elementos relevantes los análisis de telefonía celular la noche del 26 de septiembre en Iguala, identificando “17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación”, identificándose llamadas entre miembros de Guerreros Unidos, grupo criminal que participó en los hechos, con  “policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias”.

De la revisión de la telefonía se identificó que el dueño de la funeraria “El Ángel”, Rodolfo “N”, utilizó el dispositivo de Julio César Mondragón Fontes, es estudiante asesinado a golpes que apareció la mañana del 27 de septiembre con el rostro desollado. 

Por esos indicios, se cateó el negocio en octubre el año pasado y en febrero del presente, detectándose varias irregularidades relacionadas con la disposición de los restos óseos bajo su resguardo, así como probable uso irregular de documentación oficial, lo que llevó a la detención de siete personas.  

De la revisión de la  telefonía de los estudiantes desaparecidos, se ubicó a personas que tuvieron los aparatos celulares, una de ellas un ex servidor público de Iguala contra quien se ejerció acción penal “por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”; otro más habría estado en manos de un policía municipal que “se encuentra bajo investigación”, y el último fue usado por la pareja sentimental de un servidor público de Iguala que estaba adscrito a la barandilla municipal, lo que “contradice lo declarado por José Ulises  “N”, ex juez de barandilla, a la entonces PGR”, y quien se encuentra asilado en Estados Unidos.   

Como “tercera línea de investigación”, los funcionarios se refirieron a la identificación de un integrante de Guerreros Unidos que al momento de los hechos tenía 14 años y que fungiría como “halcón” del grupo criminal, quien rindió declaración ministerial el 30 de julio de este año, testimonio “que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal”.  

En tanto que la última línea de investigación está relacionada con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a partir de declaraciones de dos testigos protegidos, una de ellas la expresidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y la exvisitadora general del TSJ, Blanca del Rocío Estrada.  
No hay nuevas líneas de investigación, todo lo que han informado fue recomendado de por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nomás que las autoridades no habían hecho lo propio. 
“Por ejemplo el tema de las funerarias, eso se dio a partir de que encontraron una bolsa supuestamente en el río de San Juan por elementos de la Marina y de esos restos dio positivo al primer estudiante, Alexander Mora de Venancio”, señala Isidoro Vicario, al recordar que los forenses argentinos concluyeron que el resto con el que se identificó al normalista había sido sometido a fuego controlado, es decir en un crematorio.

La revisión de la telefonía celular de los jóvenes no sólo fue una de las primeras exigencias de los familiares de los estudiantes y recomendaciones del GIEI desde su primer informe, sino que en el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2018, tras la primera salida del GIEI. 

Desde 2018 el organismo de la CIDH daba cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había identificado “9 teléfonos y/o IMEI de lo estudiantes (que) tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 (…) y que al menos uno de ellos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal”, destacándose como los más relevantes los hallazgos en los casos de los dispositivos relacionas con Martín Getsemaní Sánchez, Miguel Ángel Hernández Martínez y José Antonio Tizapa Legideño.  

El último caso fue presentado como nuevo en el reporte presentado por Medina y Pazarán, cuando al menos desde 2018 en el expediente del caso Iguala había “dos informes de Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), en el primero se informa la identificación de 7 usuarios de líneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante Jorge Anonio Tizapa Legideño”, y en el segundo “se precisa que una de esas personas es un policía estatal”.  

En los otros dos casos, ya se había identificado que el aparato telefónico de Miguel Ángel Hernández se halló en manos de una “trabajadora de un bar”, que al entrevistarla declaró que se lo proporcionó un familiar que a su vez lo adquirió de una persona apellidada “El Gallina”, quien hasta ese momento no había sido ubicado 

Del IMEI asociado a Martín Getsemaní, lo que se sabía en ese momento, es que el celular fue hallado en manos de la “pareja sentimental” de quien fuera chofer del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.  

  De los elementos presentados el lunes 28 de septiembre, el abogado de Tlachinollan resalta que en el caso del miembro del Guerreros Unidos que era adolescente, era identificado en los testimonios “extraídos bajo tortura”, como Bimbo, y que las familias de los jóvenes han descartado que sea relevante.  

“Este personaje está aportando información de los puntos donde están realizando algunas búsquedas, pero lo lamentable es que no hay resultados. A finales de julio y principios de agosto fuimos con los padres y madres a un punto de búsqueda en Cocula a partir de la información de este cuate, después de una jornada ahí de dos o tres días, no apareció nada más que como ropa; faltan dos o tres puntos a revisar, pero los padres y madres no confían porque si ya falló en el primer punto, no hay certeza de que haya resultados en los otros”, resalta.  

Otro elemento que genera dudas entre los padres y madres, dice Isidoro Vicario, es la línea relacionada con la funeraria El Ángel, porque en 2014 “estaba en otro lugar, no donde está actualmente ahorita, junto al Semefo, donde se encontró esa misteriosa bolsa que probablemente pudiera contener restos y que está etiquetado ‘2014’, para los padres lo lógico es que esa bolsa se hubiera encontrado la otra funeraria, no acá”. 

Más aún, advierte que en el primer cateo de octubre de 2025 en las recientes instalaciones de la funeraria “no encontraron nada y en un segundo cateo que se hace en este año, ahora aparece esa bolsa, por eso los padres consideran que si en esa bolsa hay restos, que se sometan a los estudios correspondientes coordinados con el EAAF para poder tener certeza de los resultados”. 

La versión de que los estudiantes habrían sido incinerados en una funeraria que todavía no existía en 2014, tampoco es nueva. Fue divulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!”, a partir de la declaración de un testigo protegido identificado como “Neto”, tomado por la UEILCA, y de actuaciones ministeriales. 

En las páginas 529 a 534 se describe las acciones llevadas a cabo por el testigo y otro apodado “El Pato”, luego de recibir instrucciones “entre las nueve  once de la noche” del 26 de septiembre de 2014, de una persona presuntamente apodada “El Negro”, para comprar productos de limpieza, y más tarde, “entre las tres o cinco de la mañana”, dirigirse rumbo a Cocula, a una bodega ubicada en un lugar conocido como “El Coyote”, al que se accede por terracería, y según el testimonio, era el sitio donde se distribuían los enervantes.  

De acuerdo a la declaración del 22 de febrero de 2021, en ese lugar había más vehículos, y se ordenó a “Neto” y a “El Pato”, trasladar bolsas negras con “cuerpos destazados” a la funeraria Urióstegui, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, de donde “se percibía un olor de cuerpos quemándose” y después llevarían más cuerpos “al crematorio de “Los Verdes”. El operativo descrito, en el que se menciona a un “Bimbo” como una persona que ayudó a cargar los cuerpos, terminaría con la limpieza de ambas funerarias.  

Versión de AMLO
El libro de López Obrador transcribe las actuaciones ministeriales de reconocimiento de los puntos señalados por “Neto” realizadas tres días después de recabado el testimonio. Los agentes ministeriales certificaron el lugar del testigo donde habría recogido las bolsas negras con “cuerpos destazados”, rumbo a Cocula, las instalaciones de la “Funeraria Urióstegui” en Iguala y a la de “Funeraria El Ángel”, junto al Semefo de Iguala, sin que se mencionara en la descripción la presencia de crematorios en las instalaciones.  

María Luisa Aguilar resalta que desde noviembre de 2025, en las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Covaj, se le dio fuerza a la versión del crematorio como resultado de la revisión de la telefonía, circunstancia por la que sólo una persona, el dueño de la funeraria, está siendo procesado por la desaparición de los jóvenes, ello a pesar de que en el reciente informe se habla de siete personas detenidas.  

Al recordar que las familias de los jóvenes desaparecidos han exigido “la verdad sin importar qué dolorosa sea”, Aguilar Rodríguez llamó a las autoridades a ser “responsables, que haya una investigación que tenga solidez pericial, que sea real, como explicar qué capacidad tenían los hornos en ese momento, septiembre de 2014, no ahorita”. 

“Lamentablemente sería una versión en la que difícilmente habría posibilidades de identificación, en ese contexto, si es a dónde va la principal línea de investigación, así parece por la forma en que fue presentada aunque no lo dijeron expresamente, pues a nosotros nos parece que tiene que ser algo muy cuidadoso para las familias, que tiene que tener mucha solidez pericial y que tiene que ser responsable de que, difícilmente se va a poder a 12 años, se va a poder dar una explicación total del minuto a minuto, si no luego pues se empieza a abusar de otras medidas, como el uso de testigos colaboradores, como ya se ha hecho en este caso”, advierte la directora  del Centro Prodh.  

Aguilar Rodríguez resalta que entre las alertas que han prendido las familias y se la han expresado a las autoridades tiene que ver con el uso de testigos colaboradores en la cacareada detención de Ángel Aguirre Rivero, que “dista de la versión de la investigación con perspectiva científica, pues la acusación está basada sólo en dos testimonios, por lo que, en reunión con la presidenta, las familias han sido muy claras al pedir que se fortalezca esa investigación, considerando que el juez de vinculación puede dictar un auto (de formal prisión), pero en los siguientes momentos del proceso penal el estándar probatorio tiene que subir, sobre todo si lo quieren sostener en un juicio”.  

Los abogados de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos lamentaron que en el informe presentado no se dio respuesta a sus exigencias, como lo es el regreso de expertos independientes y sobre todo la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los 853 folios de inteligencia militar que ya han sido ordenados por un juez de distrito en el amparo 1350/2023.  

Sobre esos temas, en la conferencia del 28 de septiembre, el subsecretario Medina Padilla argumentó que la CIDH había dado por concluidos los trabajos del GIEI, por lo que no era posible reactivarlo y que se exploraba una posibilidad de asistencia internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH).  

En cuanto a la entrega de los folios, el funcionarios respaldó la versión que ha sostenido la Sedena de que ya se habría entregado el material de inteligencia militar relacionado con la desaparición de los jóvenes, 33 folios, y que la Segob “tenía información” del amparo, sin abundar más.  

Sheinbaum y la versión de Sedena
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha avalado públicamente la versión de la Sedena, a pesar de que quien emitió la sentencia de amparo, es un juez electo en el proceso de renovación del poder judicial en 2025. 

“El Estado mexicano no tiene una voluntad real de avanzar en el caso Ayotzinapa, tampoco tiene esa voluntad de que se siga manteniendo la asistencia internacional”, sostiene el abogado de Tlachinollan.  

Explica que el sentir de los padres y madres de los 43 normalistas es que el Estado mexicano demostraría su intención de que el caso Ayotzinapa procurando “algún mecanismo para que regresen los expertos”, de manera particular Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes se mantuvieron hasta el último momento en el GIEI y que han manifestado su disposición de regresar.  

“No se ve esa voluntad real, de la última reunión que se tuvo el 27 de agosto, de ese tema, lo que dijo la presidenta, ‘bueno, está bien, ya no existe el GIEI, pero si ustedes insisten, pues vamos a pedirle a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que se comunique con las personas que ustedes dicen’. 

“Esperemos que en una próxima reunión que se tenga, aunque no hay fecha, nos den alguna respuesta concreta, porque para los padres y madres, si los expertos no pueden regresar a través de la CIDH o la ONU-DH, pueden regresar como expertos independientes o externos, la finalidad es que aporten ahí su experiencia para poder avanzar en el caso de Ayotzinapa, pues conocen bien el tema”, sentencia Isidoro Vicario.  

Para la directora del Centro Prodh, lo que se advierte en esta nueva etapa de la indagatoria es que “se está queriendo minimizar otra vez la responsabilidad de las autoridades federales en ese complejo marco de redes macrocriminales que estaban en ese en 2014”.  

Aguilar destaca que las expresiones del informe, señalado que los 17 militares implicados sólo hablaban de “responsabilidades individuales”, e insistiendo en que “no hay ninguna información adicional”, que agregar al caso revela un “acuerpamiento” del Ejército, que implica la protección de personal militar coludido con Guerreros Unidos.  

“Es cierto que sobre los militares procesados, hablamos de responsabilidades individuales, pero más allá de que se busque cuidar esa parte en particular, más bien da una señal o un mensaje de lo que están queriendo es dar un espaldarazo al ejército como institución, pero que creo que sí es difícil decir que la falta de entrega de información, considerando que hay mandatos judiciales, no sea una posición de la institución”, señala la directora del Centro Prodh.  

La situación va más allá, pues a pesar de que la sentencia, emitida en marzo, fue impugnada por la Sedena,”al día de hoy no hay un juzgado que ya haya radicado el amparo”, por lo que el caso está en el limbo jurídico. 

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, María Luisa Aguilar reconoce que son las familias de los jóvenes estudiantes quienes han “resistido y sostenido esta búsqueda de la verdad de manera muy digna”.  

Lamenta que el caso revele “la falta de acciones adecuadas de parte del Estado en una crisis mayor”, pues los 43 son parte de ese universo de más de 130 mil personas cuyo destino no se encuentra esclarecido. 

 “Ayotzinapa nos recuerda que esa colusión y esa gobernanza criminal que existía en Iguala se mantiene al día de hoy en varias zonas y esos son los contextos donde las familias tienen que estar buscando; nos recuerda  cómo la generalidad las instituciones de atención a víctimas no están a la altura de la crisis que viven las familias buscadoras  día a día;  nos recuerda todas las irregularidades que hay en registros, y lo que hay detrás de esa crisis forense, pues hay realidades como estas del Semefo de Iguala, que doce años después de los hechos, siguen siendo una realidad cotidiana de las mismas instituciones que le tienen que dar respuesta a las familias sobre la identificación de los suyos y al rezago forense”, concluye María Luisa Aguilar.