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A casi un año del descarrilamiento del Tren Interoceánico construyen obras de seguridad vial que no se habían contemplado

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 ,

El gobierno de Sheinbaum inyectará otros 247 millones de pesos para obras de seguridad vial en los cruces del Ferrocarril Interoceánico que no fueron consideradas por la administración de su antecesor López Obrador. Los trabajos concluirán casi dos años después del accidente

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre del año pasado, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 personas lesionadas, el gobierno de México ahora sí pondrá reductores de velocidad, sistemas de control, señalética y diversas medidas de infraestructura ferroviaria para garantizar la seguridad de los pasajeros de este sistema de transporte. 

Documentos oficiales revelan que la Secretaría de Marina destinará 247.2 millones de pesos para la construcción de cruces a nivel y otros trabajos de Medias Aguas a Salina Cruz, del PK (punto kilométrico) 104+300 al PK 302+800 de la Línea Z, que abarca algunos puntos cercanos a la zona del accidente, con el objetivo de reactivar el servicio del tren de pasajeros.

El 1 de septiembre de 2026, durante su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia sheinbaum aseguró que en el primer bimestre de 2027 reiniciaría el servicio de transportes pasajeros en el Tren del Istmo de Tehuantepec.

“El Tren Interoceánico ha transportado dos millones de toneladas. Y el Tren de Pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos”, dijo.



Sin embargo, el 7 de septiembre, en la justificación y dictamen de excepción de licitación, el director de infraestructura del FIT, Marcelo Carlos Pérez Abrego, señaló que se requieren 350 días para realizar las obras.

En el contrato se establece que las obras iniciaron el 16 de octubre de 2026 y finalizarán el 30 de septiembre de 2027. Es decir, los trabajos concluirán siete meses después de lo prometido por Sheinbaum y casi dos años tras el accidente del 28 de diciembre de 2025.

Se van a realizar obras para mejorar la seguridad, las cuales no se consideraron en el proyecto realizado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El Tren Interoceánico no funciona actualmente para el servicio de pasajeros tras el accidente de diciembre de 2025 en Oaxaca, aunque el transporte de carga sigue operando.

LAS RECOMENDACIONES

El 11 de febrero de 2026, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec celebró con la empresa TÜV RHEINLAND DE MÉXICO S.A. DE C.V. el contrato FIT-GAOP-ADQ-S-9-26 por el “servicio de asesoría para las recomendaciones de la operación segura del ferrocarril”, con el fin de proporcionar lineamientos técnicos para la infraestructura ferroviaria y garantizar la seguridad operativa de los trenes de carga de pasajeros de la Línea K, FA y K.

Tras recibir las recomendaciones, a mediados de octubre de 2026, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec suscribió el contrato FIT-GAOP-OP-Z-14-2026 con IMEVAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. para los ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCES A NIVEL, DE MEDIAS AGUAS A SALINA CRUZ, DEL PK.104+300 AL PK. 302+800, DE LA LÍNEA “Z”.

Se contrataron obras para mejorar la superficie de rodamiento, incluidos los durmientes. Se van construir cruces a nivel en Veracruz y Oaxaca, mediante el reemplazo de las losas de concreto del sistema de protección de rieles, la construcción y rehabilitación de la superficie de rodamiento, reposición y complemento de la señalética (horizontal y vertical) existente.

Además se elaborará un proyecto ejecutivo particular de cada cruce, “para con esto garantizar el funcionamiento estructural óptimo de la vía, la operación y su seguridad, para prevenir cualquier tipo de riesgo que pudiera presentarse en el tráfico de vía tanto de carga como de pasajeros”.

“Se trata de un servicio cuya ejecución resulta impostergable para garantizar la seguridad, eficacia y eficiencia en los estudios, proyectos y trabajos de los cruces a nivel, siendo necesarios llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de estos (…) Para con esto garantizar el funcionamiento estructural óptimo de la vía, la operación y su seguridad, para prevenir cualquier tipo de riesgo que pudiera presentarse en el tráfico de vía tanto de carga como de pasajeros, Ofreciendo la conectividad y movilidad a los ciudadanos de los municipios de la región del istmo de Tehuantepec, evitando se altere el orden social, la economía, los servicios públicos y la seguridad de las regiones aledañas a estos”, se expone. 

LOS ACCIDENTES

El 28 de diciembre de 2025 se registró un accidente en el Tren Interoceánico, en la Línea Z PK- 230+800, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. 

La Fiscalía General de la República concluyó que el exceso de velocidad fue la causa del accidente del Tren Interoceánico, que iba a 65 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora por encima de lo permitido en la curva donde ocurrió el descarrilamiento.

“Inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos”, explicó la fiscal Ernestina Godoy.

El 15 de julio de 2026 se registró un nuevo descarrilamiento, en el tramo kilómetro 230+800, prácticamente la misma curva donde el 28 de diciembre de 2025 se descarriló el tren que dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 personas heridas.

La empresa TÜV RHEINLAND DE MÉXICO S.A. DE C.V. recomendó realizar modificaciones y rehabilitaciones,  obras aceptadas por la Secretaría de Marina y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

LAS OBRAS

Las obras se realizarán “KM 104+300 AL PK. 302+800, DE LA LÍNEA Z”. Trabajos de demolición y retiro de material existente en la superficie de rodamiento, retiro de durmientes existentes ya sean de madera o concreto, retiro de balasto.

Suministro e instalación de durmientes de madera 7”x9”x9” de encino de primera clase. Incluye suministro e instalación de fijaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, “destinados a integrar la infraestructura de vía y transmitir las cargas del riel al lecho de balasto, garantizando la estabilidad geométrica, resistencia estructural y seguridad de operación de la vía”.

Se ejecutará la “construcción de reductor de velocidad a base de concreto F’C= 250 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada de forma trapezoidal con dimensiones de 5 cm de altura sobre pavimento, 4 m de plataforma, rampa de un metro y rampa de salida de un metro, dando un total de 6 m el  ancho del reductor de velocidad, considerando una cimentación de 10 cm bajo pavimento de concreto”.

También preparación y adecuación de terreno para colocación de remates de concreto al crucero de nivel. Suministro e instalación de balasto que cumpla con la NOM-003-ARTF-2023. Instalación de superficie de rodamiento a base de losas de concreto módulos centrales y laterales de 2.5 m de longitud para riel 115 lbs en cruces de ferrocarril con caminos y calles. Colocación de riel de 80 pies de 115 LB/YD en cruceros. Elaboración de cuentas.

Incluso se realizarán obras que no estaban consideradas en el primer proyecto realizado bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Como construcción la construcción de banqueta peatonal a base de concreto, colocación de concreto para confinar ductos de fibra óptica que pasen por el crucero y se encuentran en riesgo de daño.

Así como sustitución de señalética y colocación de nuevas en donde no existía, entre ellos señalamientos verticales preventivos y restrictivos. Además de cuestiones de seguridad vial como balizamiento: suministro y colocación de rayas a parada del sentido de circulación, colocación de marcaje horizontal con pintura termoplástica en cruces de ferrocarril.

De esta manera, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inyectará otros 247.2 millones de pesos para obras de seguridad vial en los cruces del Ferrocarril del Istmo Istmo de Tehuantepec que no estaban consideradas por la administración del entonces presidente López Obrador.

Chihuahua: cuando la justicia y la política se encuentran en el mismo expediente

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 ,

Caso Jáuregui: si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Por otra parte, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida

La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui obliga a discutir dos problemas al mismo tiempo. El primero es gravísimo, el determinar y probar si agentes de la CIA participaron en operaciones que la legislación mexicana nomas permite a nuestras autoridades; el segundo es igualmente peligroso y complicado, saber si una investigación legítima puede terminar contaminada por la disputa política o como se dice la política se entromete en la justicia.

El origen está en El Pinal, en la Sierra Tarahumara. En abril, un operativo permitió localizar y desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, bien, después desafortunadamente murieron en un accidente dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos estadounidenses que terminaron identificados como personal de la CIA. Las investigaciones señalan que ciudadanos estadounidenses participaron durante meses en actividades con la Agencia Estatal de Investigación y que en el operativo se habrían rebasado los límites legales de la cooperación, siempre han participado en actividades, ojo, en capacitación en la distancia, me tocó verlo, trabajarlo y presenciarlo. 

La ley sí establece límites claros, es muy puntual, sobre todo en los artículos 69 a 71 de la Ley de Seguridad Nacional permiten la presencia de agentes extranjeros para intercambio de información bajo autorización federal, pero expresamente les impiden ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas como los operativos. Los funcionarios estatales, además, tienen obligaciones de informar sus contactos y reuniones, en todo momento, por eso la investigación es necesaria, hasta las últimas consecuencias.

En este momento, debemos hacer una precisión relevante, una cosa es investigar violaciones a esos límites y otra señalar que existe traición a la patria, uno de los delitos más graves del Código Penal Federal. El artículo 123 exige elementos específicos vinculados con actos contra la soberanía, la independencia o la integridad nacional. Ese estándar debe probarse, no presumirse políticamente. 

La FGR asegura haber realizado más de cien actos de investigación y calificó lo ocurrido como un ataque al pacto federal. Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua resumió su postura con una frase interesante, dijo: “Un buen resultado no justifica violar la ley”. 

Horas antes de la detención de Jáuregui dijo en un video, que “lo volvería a hacer”, porque, según él, lo imperdonable habría sido permanecer omiso frente al crimen organizado, vaya. Su defensa sostiene además que existe una motivación electoral para apartarlo de la búsqueda de la alcaldía de Chihuahua, de nuevo la política entrometida en la justicia. Esa última afirmación es una acusación de la defensa y que deberán probar, no es fácil, pero también esto obliga a que la Fiscalía extreme transparencia y claridad en el proceso.

La propia presidenta Sheinbaum ha insistido en que “no puede haber agentes” estadounidenses operando en campo, si, no deben, en eso tiene razón. Pero el Gobierno federal también debe entender que combatir la injerencia no les da los elementos para convertir un delito de seguridad nacional en su mazo ante una posible disputa poltiica partidista.

Hoy el ex fiscal Jáuregui se encuentra ante dos escenarios, un proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y la acusación federal por presunta traición a la patria, complicados procesos. Recordemos que un juez estatal permitió que siguiera ese primer proceso sin prisión; inmediatamente después quedó bajo custodia federal para enfrentar el segundo, planeado y en acuerdo de gobiernos, parece evidente.

Cierro pues, con dos conclusiones; la primera, si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Segunda, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida, con transparencia y claridad, así que cuanto más grave es el delito, mayor debe ser la calidad de la prueba, ojo, por eso aquí la política no funciona y no entra, esperemos que así sea, al tiempo. “La justicia no puede ser un atajo para combatir al crimen, pero tampoco puede convertirse en un atajo para cobrar cuentas políticas, ya NO”.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: ODRACIR R. ESPINOZA VALDEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/chihuahua-cuando-la-justicia-y-la-politica-se-encuentran-en-el-mismo-expediente/

La nueva “academia” de policía de Querétaro será negocio, otra vez, para Seguritech

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El Gobierno de Kuri contrató a Seguritech por 3 mil 913 millones de pesos de 2022 a 2027 para servicio integral de seguridad y cedió predios por 39 mil m2

La Secretaría de Seguridad de Querétaro informó que la Academia Internacional de Capacitación Policial, a cuya colocación de la primera piedra asistió el Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, se construye dentro del Complejo de Seguridad Rhino, una infraestructura equiparable a la Torre Centinela del Gobierno de Maru Campos en Chihuahua, donde también han colaborado agencias estadounidenses como US Marshals.

Solo para las obras de construcción de la Academia se estima una inversión de 30 millones de pesos de recursos estatales, de acuerdo con la licitación pública 037-LP-EST-26-SPC emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuyo fallo sería el 6 de octubre, pero no se ha hecho público.

Sin embargo, la Academia es una parte del proyecto a largo plazo con la empresa Seguritech, el principal contratista de videovigilancia de gobiernos estatales. La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Mauricio Kuri le dio un contrato por adjudicación directa por 3 mil 913 millones de pesos para el "servicio integral de tecnología e infraestructura de seguridad" con una vigencia del 4 de febrero de 2022 al 31 de agosto de 2027, muestra el contrato OM/DA/RE/030/2022 consultado por la Unidad de Datos.
"A la firma del presente contrato, el Poder Ejecutivo pone en posesión para el desarrollo y prestación del 'servicio integral' al 'proveedor' (Seguritech) la superficie total de 14 mil 332 metros cuadrados dentro del inmueble ubicado en Avenida 5 de febrero número 35 Norte, col. San Antonio de la Punta, municipio de Querétaro", dice el contrato de 2022 con referencia a la ubicación de la Secretaría de Seguridad estatal y su Complejo de Seguridad Rhino.
A la par, entre julio de 2023 y julio de 2024, la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro entregó a la Secretaría de Seguridad estatal un total de 39 mil 374.01 metros cuadrados de patrimonio del Estado para el edificio de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y el complejo Rhino, de acuerdo con una solicitud de información con el folio 220456225000328.

Aunque, dentro del contrato con Seguritech, está reservado el Anexo Único donde se especifica el servicio integral contratado en materia de cámaras, videograbación, geolocalización, captura de información, reconocimiento, edificio, entre otros.

Los detalles del servicio integral de tecnología de Seguritech al Gobierno de Querétaro están reservados

El contrato firmado por el Gobierno de Kuri programó los pagos mensuales cada marzo, junio, septiembre y noviembre de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026; y establece pago extra si hay retrasos por más de 120 días naturales y el retiro del servicio si se retrasan más de ese periodo.

Este 2026 se estipuló un pago mensual de 172 millones 985 mil pesos, es decir, un total de 691 millones 940 mil pesos.

Para el eje de "paz y respeto a la ley", el Gobierno de Querétaro estima este año 3 mil 283 millones de pesos, el 5.08 por ciento de su presupuesto total. Para la Secretaría de Seguridad estatal, que contrató a Seguritech, prevé 41 millones 279 mil 628 pesos, de acuerdo con su Ley de Ingresos 2026.

Por su parte, el medio POP Lab y la plataforma Connectas informaron que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván también pagó a Seguritech un contrato por 4 mil 710 millones de pesos para la Torre Centinela de 20 pisos, un centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua ubicado en Ciudad Juárez, donde operan cámaras y tecnología de reconocimiento facial. El Secretario de Seguridad  de Chihuahua Gilberto Loya declaró que está abierta para la presencia eventual de agencias de Estados Unidos.

La propia Secretaría de Seguridad de Querétaro también reconoció que especialistas de agencias estadounidenses han ido a la entidad "para impartir entrenamientos", informó en un video publicado en redes sociales en el que anunció la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial y se observan agentes de US Marshals, la agencia federal de aplicación de la ley más antigua de EU.

A pregunta expresa sobre los contratos millonarios de Seguritech con gobiernos estatales como Querétaro y Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó desde agosto de 2025 que este tipo de infraestructuras con monitoreo de cámaras no resuelven el problema de seguridad por sí mismos, sino que también se requieren labores de inteligencia e investigación.

En el caso de Querétaro, durante el periodo en que el Gobierno de Kuri lleva pagando a Seguritech de 2022 a 2025, el número de carpetas de investigación por homicidios dolosos bajó de 166 a 140. Pero el delito de fraude aumentó de 3 mil 916 carpetas a 4 mil 623, así como el de extorsión de 224 a 268 carpetas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.


En tanto, el número de víctimas de algún delito en Querétaro bajó de 28 mil 790 en 2024 a 25 mil 944 en el año 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 que consultó fraude, extorsión, robo en calle o transporte público, entre otros delitos.

En contraste, con 46 mil personas de 16 mil hogares, Querétaro ocupó el sexto lugar entre las entidades con mayor desplazamiento forzado por violencia, de acuerdo con la encuesta Intercensal 2020-2025 del Inegi.

La Presidenta Sheinbaum también pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar estos contratos, si se utilizan recursos federales o de los Fondos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este año el Gobierno de Querétaro prevé ingresar 64 mil 617 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento viene de la federación mediante participaciones y aportaciones, de acuerdo con su Ley de Ingresos 2026.
"Estos montos multimillonarios relacionados con la instalación de estos centros de monitoreo tienen que investigarse porque no son justificables", expuso Sheinbaum.
Entrega de predios

Dentro del Complejo de Seguridad Rhino, mil 785 metros cuadrados se destinan para la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial con una inversión de más de 30 millones de pesos de recursos estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Querétaro.

A la par de la contratación de Seguritech, la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro entregó a la Secretaría de Seguridad estatal un total de 39 mil 374.01 metros cuadrados de patrimonio del Estado entre julio de 2023 y julio de 2024, muestra la solicitud de transparencia con el folio 220456225000328.

La información de la Oficialía Mayor de Querétaro detalla que hubo tres procesos de entrega-recepción de terrenos ejidales de 8,637 m2, de 10,382 m2 y de 20,354 m2 a la Secretaría de Seguridad estatal, donde se encuentra el edificio de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y su Complejo de Seguridad Rhino.


El diseño de la Academia integra tres estaciones especializadas, un patio de maniobras, un laboratorio y un almacén, además de recepción, oficinas y espacios para la operación y las maniobras vehiculares.

La obra incluye también un puente de interconexión y la modernización de la fachada principal del Complejo de Seguridad Rhino.

Licitación pública para la construcción de la academia

En el caso del terreno para la Torre Centinela, en entrevista para el programa “Café y Noticias” de SinEmbargo Al Aire, Cruz Pérez Cuéllar fue cuestionado sobre la donación en 2022 de un terreno cuando era Alcalde de Juárez. Al respecto argumentó que sólo tenían conocimiento de que el espacio sería destinado para un tema de seguridad, pero se omitió que planeaban la presencia de agentes de EU.
"En ese momento nos pidieron un terreno para la construcción de un edificio, no nos dieron detalles, nos dijeron que era un tema de seguridad y obviamente estábamos entrando y queríamos siempre la colaboración", dijo el ahora virtual candidato para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Agencias de EU en Querétaro y Chihuahua

Como parte de la relación entre Querétaro y EU, integrantes de la policía estatal han viajado al país gobernado por Donald Trump para capacitarse mientras que especialistas de agencias estadounidenses han ido a Querétaro "para impartir entrenamientos", informó este octubre la Secretaría de Seguridad estatal en un video donde anunció la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial y se observan agentes de US Marshals.

Sin embargo, ante cuestionamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum por no haber notificado al Gobierno federal de esta colaboración con EU, el Gobernador Mauricio Kuri declaró a la prensa que no había intervención de agentes.
“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería, se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó.
En el caso de la Torre Centinela, el Secretario de Seguridad  de Chihuahua Gilberto Loya declaró al Heraldo de Juárez que está "abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias" con referencia al FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y los US Marshal.

En abril de este año además se reveló tras un accidente carretero la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en la entidad.

Durante la colocación de la primera piedra de la academia policial en Querétaro, el Gobernador Mauricio Kuri agradeció la colaboración entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Querétaro en materia de profesionalización policial para México y otros países.

El Secretario de Seguridad estatal, Iován Pérez, aseguró por su parte que la Academia es un espacio concebido para recibir "capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos y ponerlo al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública".

Como invitado a la colocación de la primera piedra, el Embajador de Estados Unidos Ronald Jhonson resaltó la colaboración entre Querétaro y Estados Unidos:
"Reconozco al Gobernador Kuri, un amigo mío, y a su equipo en total por su compromiso porque, para enfrentar a los carteles y grupos terroristas, más que buenas intenciones se necesitan acciones y recursos. Esta Academia ayudará a la colaboración tanto de personal del estado como de todo el país, es un ejemplo aquí. Y creo que Querétaro es un ejemplo de lo que podemos hacer si solamente trabajamos juntos", aseguró el estadounidense.
Pero luego del cuestionamiento del Gobierno federal, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch habló directamente con el Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri y con el Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, para acordar que seguirán los procedimientos legales en la colaboración con la Academia Internacional de Capacitación Policial.

Y le especificó que tiene que capacitar únicamente en términos de las atribuciones que le corresponden a las entidades de la República y no en delitos federales.

La Presidenta anuncia que Gobierno federal financiará sistema de agua de Guadalajara

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La mandataria federal destacó que se buscará la forma de obtener los recursos sin que haya endeudamiento

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la mañana de este miércoles que el Gobierno federal financiará el sistema de agua de Guadalajara, Jalisco, para atender la crisis que ha desatado multitudinarias protestas.
"Ah, qué bueno que me acordé. Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ayer me vi con Efraín [Morales López]. Todavía mañana hay una reunión con el Gobierno de Jalisco. El Gobierno federal va a aportar los recursos, todo", reveló.
De acuerdo con la información que le presentó Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a Sheinbaum Pardo, el proyecto necesita de una inversión estimada entre 12 mil y 13 mil millones de pesos (mdp).

"Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el Gobierno federal pueda ayudarle a los millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno de Jalisco", agregó.


Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum contó que el Gobierno de Jalisco, encabezado por el emecista Pablo Lemus Navarro, está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de siete mil 500 millones de pesos.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

CNDH va a Jalisco para evaluar a víctimas de tortura; aplicará Protocolo de Estambul

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Las investigaciones contemplan testimonios recabados por el personal del equipo multidisciplinario

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó este miércoles que envió un equipo multidisciplinario a Guadalajara, Jalisco, para investigar, bajo el protocolo de Estambul, los posibles actos de tortura u otros tratos, o penas crueles efectuados contra manifestantes de la marcha ciudadana por el derecho al agua potable del pasado 11 de octubre.
"La CNDH fortalece las investigaciones sobre los hechos del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, con un equipo multidisciplinario que realizará evaluaciones especializadas, incluida la aplicación del Protocolo de Estambul, para investigar posibles actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", se lee en el comunicado oficial.
El organismo aseguró que los trabajos se desarrollarán desde una perspectiva de derechos humanos, con atención a las circunstancias particulares de las personas afectadas y con pleno respeto a su dignidad, integridad y participación en el proceso.


¿Cómo funciona el Protocolo de Estambul?

De acuerdo con el manual internacional de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el Protocolo de Estambul busca proteger los derechos humanos, identificar posibles abusos y aportar elementos confiables para que las autoridades puedan investigar los hechos.

El método consiste en realizar entrevistas confidenciales a la presunta víctima, una evaluación médica y psicológica, y un análisis de las lesiones físicas y las posibles secuelas emocionales. También se revisan testimonios, documentos y otras evidencias para determinar si los hallazgos son compatibles con los hechos denunciados, sin probar la tortura en primera instancia.

Los resultados pueden servir como prueba pericial en investigaciones judiciales y ayudar a identificar responsabilidades, exigir justicia y reparar el daño a las víctimas. Además, el Protocolo de Estambul establece criterios para que las investigaciones sean independientes, imparciales y eficaces.


En en caso de la investigación de la CNDH sobre los abusos cometidos tras la marcha del 11 de octubre, los trabajos se desarrollarán bajo la conducción de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.
"La coordinación está integrada por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, adscrito a la Quinta Visitaduría General; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas, y de la Oficina Regional en Jalisco", se lee en el comunicado de la CNDH.
La CEDHJ aportará un expediente completo a la CNDH

En el informe se menciona que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tiene cinco días para entregar el expediente con todas sus investigaciones relacionadas a los hechos registrados durante la marcha ciudadana por el derecho al agua potable, el cual contiene información clave para determinar el tipo de violencia que se ejerció contra los manifestantes.
"La CNDH reitera que la documentación proporcionada por la CEDHJ, en conjunto con los testimonios recabados por nuestro personal, así como con la acreditación de las posibles afectaciones físicas y psicológicas, constituyen un componente fundamental para investigar estos hechos con la debida diligencia, objetividad e imparcialidad que ameritan", menciona el comunicado.
Además, el organismo autónomo reiteró su compromiso brindando protección a las personas afectadas durante las protestas, incluidas cuatro que aún se encuentran sometidas a proceso.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Los nuevos Ceferesos de Harfuch, donde existen otros

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Mientras que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dedicó a cerrar prisiones federales, diez en total, en el sexenio que transcurre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sorprendió al anunciar la puesta en marcha de una estrategia estructurada para edificar seis nuevos centros penitenciarios de alta seguridad. La determinación gubernamental, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso durante la conferencia matutina el 13 de octubre de 2026.

El detonante del anuncio derivó de los enfrentamientos ocurridos los días 8 y 9 de octubre recientes en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde 12 personas perdieron la vida en dos jornadas consecutivas dentro de los módulos del reclusorio, contabilizándose entre las víctimas mortales a 11 personas privadas de la libertad y un bebé de un año nueve meses de edad que asistía a la visita familiar, además de dejarse un saldo de 16 reclusos lesionados.

Ante la vulnerabilidad operativa puesta de manifiesto en el puerto sinalonese y como respuesta institucional (seguramente meditada con anterioridad) ante las fallas de seguridad y los episodios de violencia armada registrados en penales regionales, el Gobierno de México dispuso intervenir con recursos federales mediante la construcción de nuevos establecimientos carcelarios distribuidos en seis entidades: Sinaloa, Sonora, Estado de México, Chiapas; Nayarit y Veracruz, cuya capacidad conjunta sumará 18 mil 480 nuevos espacios carcelarios.

La proyección oficial contempla erigir estas infraestructuras de alta seguridad en regiones donde la Federación mantiene actualmente Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) operando de forma activa, al considerarlos sitios estratégicos, dejando de lado los sitios donde las propias autoridades federales aseguran que se concentra la generación de violencia de grupos de la delincuencia estructurada que incide en homicidios dolosos, como Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco.

A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre los años 2019 y 2022, se decretó el cierre definitivo y la baja operativa de presidios insulares y continentales, respaldando las clausuras en argumentos de austeridad presupuestaria, erogaciones en contratos de privatización carcelaria e insuficiencia en las condiciones tecnológicas e infraestructurales del sistema. En forma paralela al cierre de esas diez prisiones y al reciente despliegue de las seis obras anunciadas, el sistema federal mantiene en ejido Gildardo Muñoz del municipio de Papantla, Veracruz, un centro de súper máxima seguridad cuya construcción inició en el año 2009 y que acumula 17 años de inactividad operativa sin haber recibido a un solo recluso en sus instalaciones carcelarias.

A pesar de asignaciones presupuestarias acumuladas que superan una inversión millonaria en dólares tramitadas a lo largo de cuatro administraciones presidenciales y del otorgamiento de contratos directos a firmas corporativas, el complejo penitenciario de Papantla carece de decreto formal de inauguración o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación, permaneciendo bajo procesos de investigación ministerial coordinados por la Fiscalía General de la República debido a esquemas de corrupción, contrataciones simuladas y desvío de fondos públicos de la Federación.

NUEVAS OBRAS

Durante la presentación del plan de infraestructura carcelaria en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, especificó las características técnicas, operativas y de distribución espacial que guiarán la edificación de los nuevos centros penitenciarios federales. La estrategia institucional contempla una inversión pública federal destinada a levantar instalaciones blindadas que proyectan una capacidad global de 18 mil 480 espacios, programando la conclusión e inicio de funciones de la totalidad de los complejos hacia el año 2028.

El modelo arquitectónico diseñado por las autoridades federales busca erradicar las conductas de autogobierno y neutralizar la operación de agrupaciones delictivas al interior de las celdas a través de la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica y clasificación criminológica. Para tal fin, los recintos contarán con sistemas de inhibición avanzada de señales de telefonía celular y frecuencias móviles, puntos de acceso automatizados mediante reconocimiento biométrico, circuitos cerrados de televisión monitoreados con inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo y equipos de inspección no intrusiva.

La distribución interna de la población reclusa se organizará mediante módulos de segregación físicamente independizados, diferenciando a las personas privadas de la libertad en función de su evaluación técnica de peligrosidad, el tipo de delito imputado y su nivel de riesgo institucional. De manera complementaria a los esquemas punitivos y de contención tecnológica, el proyecto incorpora áreas destinadas a la instrucción escolar, talleres para el trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y disciplinas deportivas, orientadas a estructurar procesos de reinserción social de la población penal.

En el desglose geográfico de la cobertura, el estado de Sinaloa fue determinado como la entidad prioritaria para iniciar los trabajos de obra civil de la infraestructura proyectada. La nueva cárcel sinaloense contará con una capacidad diseñada para albergar a dos mil 640 personas privadas de la libertad, proyectándose su radicación en el municipio de Culiacán sobre predios estatales gestionados por la gubernatura de la entidad.

Mientras se desahogan los procedimientos de licitación pública, concesión de permisos de construcción y ejecución de la obra negra en Sinaloa, la custodia del penal estatal El Castillo, en Mazatlán, fue asumida de manera contingente por elementos de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República de México.

En respuesta a las elevadas cifras de hacinamiento reportadas en los reclusorios del Estado de México, donde las instalaciones locales diseñadas para 16 mil 310 personas albergan a más de 38 mil 600 internos, el plan federal contempla traslados masivos de reos del fuero federal hacia los centros federales vigentes con lugares disponibles en el país, reforzando la contención en campo mediante la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria integrada por mil elementos capacitados para intervenir en puntos rojos de las prisiones locales del territorio mexicano.

CEFERESOS EXISTENTES

Al momento del anuncio formulado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Sistema Penitenciario Nacional registra 14 Centros Federales de Readaptación Social en operación activa distribuidos en distintas entidades del país. Estos penales federales cuentan con una capacidad instalada conjunta para albergar a 28 mil 200 personas, registrando al cierre de agosto de 2026 una población total de 21 mil 177 internos.

La red carcelaria federal activa se integra por el Cefereso número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit; el 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz; el 7 Nor-Noroeste en Guadalupe Victoria, Durango; el 8 Nor-Poniente en Guasave, Sinaloa; el 11 CPS Sonora en Hermosillo; el 12 CPS Guanajuato en Ocampo; el 13 CPS Oaxaca en Miahuatlán; el 14 CPS Durango en Gómez Palacio; el 15 CPS Chiapas en Villa Comaltitlán; el 17 CPS Michoacán en Buenavista Tomatlán; el 18 CPS Coahuila en Ramos Arizpe; el 16 CPS Femenil Morelos en Coatlán del Río; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos.

El análisis de la infraestructura demuestra que en la totalidad de las seis entidades federativas seleccionadas para erigir los nuevos presidios ya opera previamente un Cefereso.

La duplicidad de establecimientos penitenciarios federales en estas regiones respondería a criterios de mitigación de sobrepoblación en los sistemas locales, contención de crisis de seguridad regional y segmentación criminológica por perfil de riesgo de los reclusos procesados o sentenciados del sistema. En el aspecto del hacinamiento local, reclusorios estatales como los del Estado de México presentan saturaciones críticas, al alojar más de 38 mil 600 reclusos cuando sus cupos son para 16 mil 310; mientras que en Sinaloa el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán registra una sobrepoblación del 22.5 por ciento, al mantener a dos mil 272 internos sobre un espacio diseñado para mil 855 personas.

En cuanto a la contención delictiva, el traslado de personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal desde prisiones estatales hacia recintos con arquitectura de alta seguridad busca neutralizar las redes operativas internas y cortar cadenas de mando de facciones del crimen organizado. La presencia de más de una instalación federal en zonas de alta concentración delictiva permite clasificar a la población carcelaria según su grado de peligrosidad e impedir la consolidación de cotos de poder dentro de las galerías carcelarias de la Nación.

CEFERESOS CERRADOS

La proyección de las nuevas obras carcelarias anunciada por el Gobierno de México contrasta con la política penitenciaria aplicada durante el sexenio de AMLO, periodo en el cual el Poder Ejecutivo Federal ejecutó la desincorporación formal de diez centros penitenciarios del sistema penitenciario nacional. A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre 2019 y 2022, la autoridad ordenó la clausura y el vaciamiento de recintos penales en el Océano Pacífico y diversas entidades del país.

El proceso inició el 8 de marzo de 2019 con la baja del Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM), que sustituyó en 2010 al vetusto modelo de Colonia Penal Federal creada en 1905 en la Isla María Madre. La desincorporación de cinco Ceferesos en el archipiélago: Laguna del Toro (máxima seguridad), Aserradero, Bugambilias, Morelos y Rehilete (ya inhabilitado desde antes) se sustentó en los costos logísticos de abastecimiento, calculados en dos mil 800 pesos diarios por interno, los daños del Huracán Willa en 2018 y hasta la ideología que culpaba a Porfirio Díaz de haber propiciado sufrimiento a presos y sus familias, trasladándose a 624 reclusos al continente y entregando la custodia de la isla a la Marina para un supuesto centro ambiental y cultural que se convirtió en negocio turístico. Tres de esos penales eran los mejores calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta su cierre.

El 28 de septiembre de 2020 se publicó la clausura del Cefereso 2 Occidente, en El Salto, Jalisco, inaugurado en octubre de 1993. Conocido por la fuga de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera el 19 de enero de 2021, el recinto se desincorporó para reducir erogaciones en contratos privados y eliminar pagos por espacios desocupados en otros Ceferesos que operan bajo el modelo CPS (Contrato Prestación de Servicios). Igual ocurrió el 21 de octubre de ese año cuando se decretó la baja del Cefereso 6 Sureste en Huimanguillo, Tabasco, operativo desde abril de 2012. Las evaluaciones concluyeron que el inmueble carecía de tecnología e infraestructura para contener perfiles de alta peligrosidad, trasladándose a quinientos reclusos y donando el edificio al gobierno de Tabasco, que lo reabrió como presidio local del estado.


El 15 de diciembre de 2020 se oficializó la baja del Cefereso 3 Noreste en Matamoros, Tamaulipas, recinto inaugurado en junio de 2000 y desalojado desde diciembre de 2015 para supuestamente darle mantenimiento. Pese a erogarse 200 millones de pesos en remodelaciones, las obras alcanzaron un avance del cinco por ciento, derivando en su cierre definitivo. El 27 de diciembre de ese mismo año se publicó el acuerdo del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, adaptado en mayo de 2011 sobre un antiguo reclusorio local. La autoridad determinó que la estructura no cumplía los estándares de seguridad.

Finalmente, el 4 de enero de 2022 culminó la secuencia con la baja del Cefereso 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, predio incorporado en 2012 que a final de cuentas fue entregado en comodato al gobierno coahuilense en marzo de 2023 para su uso como prisión estatal del sistema penitenciario regional.

TRANSA EN PAPANTLA

A la par de las desincorporaciones ejecutadas en el sexenio anterior y de la reciente proyección de seis nuevos reclusorios, el sistema carcelario federal mantiene en inactividad operativa la obra del Cefereso de Papantla, en Veracruz. Concebido en julio de 2009 durante las gestiones del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el proyecto se planeó como un complejo de súper máxima seguridad para albergar a dos mil 170 personas privadas de la libertad en 28 hectáreas.

El diseño arquitectónico incluyó tres niveles de celdas, puertas automáticas con esclusas controladas a distancia, hospital de sesenta camas, helipuerto y sistemas automatizados para la inhibición de señales. El 19 de marzo de 2012, autoridades federales y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizaron una inspección donde anunciaron un avance físico del 90 por ciento; no obstante, la edificación carecía de redes de energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario, imposibilitando la recepción de reclusos.

Durante ese ejercicio de 2012, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgó adjudicaciones directas a la empresa panameña Nunvav Incorporated, entre ellas un convenio el 9 de febrero por diez millones 36 mil 95 dólares y el contrato OADPRS/DGS/S/029/2012 el 4 de abril por 171 millones de dólares para servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones. Las pesquisas iniciadas por la Fiscalía General de la República establecieron que Nunvav Incorporated formó parte de una red corporativa encabezada por García Luna y diversos socios, orientada a la distracción e intermediación de cinco mil 112 millones de pesos procedentes del presupuesto penitenciario.

En julio de 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad firmó un contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) con la razón social Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla para terminar la obra civil. Al asumir el gobierno en diciembre de 2018, la administración de Andrés Manuel López Obrador detectó sobreprecios e incumplimientos contractuales, suspendiendo las erogaciones a las contratistas e interponiendo denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación.

Tras 17 años de inactividad y erogaciones millonarias acumuladas, el inmueble carece de decreto de inauguración oficial o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación. Al inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se aseguró que el Gabinete de Seguridad evaluaba esquemas financieros, técnicos y jurídicos para rescatar la infraestructura existente y reanudar la intervención en el penal de Papantla, ante las elevadas tasas de sobrepoblación e hacinamiento registradas en los centros penitenciarios estatales de Veracruz y la saturación general del sistema carcelario en la región oriental del país.

Aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que uno de los seis nuevos centros carcelarios se construirá en Veracruz, no aclaró si se trata de la misma obra inconclusa en Papantla, que, de acuerdo a lo dicho a principios del sexenio, sería rescatada para su uso en favor de la reinserción social. Probablemente pudiese ser la misma prisión a la que se le daría conclusión a su infraestructura.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/los-nuevos-ceferesos-de-harfuch-donde-existen-otros/

IMSS y Sindicato anuncian acuerdo salarial... trabajadores no aceptan la propuesta

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Zoé Robledo anunció un 'plan integral' para mejorar los servicios de salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social alcanzaron un acuerdo para otorgar un incremento salarial global del 8% tras mesas de negociación derivadas del rechazo de trabajadores a una propuesta previa, mientras que sectores disidentes de trabajadores anunciaron la continuidad de sus movilizaciones.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el Consejo Técnico de la institución aprobó subir el ofrecimiento del 6.8% al 8%, dividido en un 4% directo al salario tabular y un 4% a la ayuda para pago de renta de casa habitación.

Robledo detalló que este ajuste escuchó las demandas de la consulta sindical del 14 de octubre y aseguró que la propuesta es financieramente viable gracias a medidas de austeridad republicana, ahorros en compras e ingresos derivados del récord de 22.9 millones de puestos formales asegurados.

Asimismo, el titular del Instituto presentó un plan integral de compromisos que contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales contratados durante la pandemia de COVID-19, la entrega de insumos y equipo médico básico en unidades de atención, el mantenimiento de infraestructura física y la ejecución de 31,000 cirugías adicionales en turnos nocturnos y de fin de semana.


Por su parte, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social emitió un comunicado en el que dio por superada la revisión salarial de 2026, destacando que el ajuste acordado representó el incremento más alto respecto a la inflación en los últimos 20 años.

El gremio sindical remarcó que las mesas de trabajo permitieron abordar el abasto de medicamentos y las condiciones operativas, demostrando el valor de la democracia sindical y el diálogo abierto.


Trabajadores no aceptan

En contraste, Rafael Soto, vocero de un sector de los trabajadores, descalificó la oferta anunciada al tildarla de raquítica e insuficiente en comparación con las exigencias planteadas en su pliego petitorio.

Soto ratificó que mantendrán la convocatoria para marchas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, afirmando que la lucha obrera continuará sin dar un paso atrás.
Nos parece una burla, nos parece igual de raquítico el que el primer ofrecimiento, nos parece que no es nada que tenga que ver con lo que estamos pidiendo en nuestro pliego petitorio, donde por supuesto un congreso extraordinario es la primera fase de esta negociación y ni siquiera han volteado a vernos.

No era huachicol lo del megadecomiso de Guanajuato; empresa tenía permisos: Sheinbaum

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 ,

La Presidenta informó que la empresa de Guanajuato contaba con los permisos para trabajar en sus instalaciones en San José Iturbide

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este miércoles que los 59 millones de litros de combustible asegurados el pasado 17 de septiembre en las instalaciones de Gas Natural del Noroeste, en San José Iturbide, Guanajuato, no eran huachicol, ya que la empresa contaba con los permisos correspondientes.

-Quisiera preguntarle, aprovechando que está el Gabinete de Energía, si tienen alguna actualización de este mega aseguramiento de combustible que hicieron en Guanajuato. Finalmente, ¿sí fue huachicol o no? -le preguntó una reportera.

-No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que... Tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle -respondió Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades que ya resolvió la empresa de Guanajuato.


Sheinbaum señala irregularidades en el transporte de combustible

A pesar de que el caso se anunció inicialmente como un decomiso histórico de huachicol, la Presidenta mencionó que las investigaciones aclararon que la planta de almacenamiento vinculada a Grupo Simsa y Gas Natural del Noroeste  contaba con todos sus permisos en regla.

De acuerdo con mandataria federal, las verdaderas irregularidades detectadas no pertenecían al almacenamiento, sino a asuntos ilegales en el transporte del combustible. En específico, las autoridades identificaron anomalías en algunas de las pipas y unidades de carga que ingresaban al lugar, un punto que la empresa se comprometió a resolver.
"Había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación tenía sus permisos [...]. Había una ilegalidad y eso lo resolvió la empresa", aclaró Claudia Sheinbaum en la "mañanera del pueblo" del 21 de octubre.
La FGR asumió la investigación, con la tarea de analizar la documentación correspondiente y verificar las condiciones en las que se encontraba el combustible decomisado.

La confusión en el decomiso "histórico" de huachicol

El 4 de septiembre autoridades federales ejecutaron un cateo en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, en donde se intervinieron 10 tanques de almacenamiento y diversas unidades de carga.

El 17 de septiembre, autoridades de Guanajuato anunciaron el caso públicamente como un decomiso histórico de 59 millones de litros de presunto "huachicol". No obstante, la FGR atrajo la investigación mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para auditar la documentación, determinando que la planta contaba con sus permisos en regla y que la totalidad del combustible pertenecía a clientes legítimos.

Tras una semana de investigaciones, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 25 de septiembre que se destituyó a Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato. La decisión se tomó debido a severas fallas en el procedimiento, ya que el cateo se había llevado a cabo a inicios del mes pero los datos se difundieron dos semanas después sin haber culminado las verificaciones documentales ni los dictámenes correspondientes.

La defensa de Jáuregui exige a FGR citar a Maru para que diga lo que sabe de la CIA

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 ,

La defensa también consideró que la investigación debe profundizar en la cadena de mando y en el conocimiento que pudieron tener los distintos funcionarios sobre la participación de los extranjeros

El exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno fue imputado formalmente por el delito de Traición a la Patria, como coautor y por una conducta presuntamente dolosa. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exfuncionario consintió, autorizó y permitió la presencia de dos personas extranjeras en el operativo realizado en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, con lo que habría puesto en riesgo la soberanía y la independencia de México al intentar someter al país a un gobierno extranjero.

Sin embargo, la defensa de Jáuregui sostiene que no existe ninguna prueba sólida, videográfica o documental que acredite su participación. Además, plantea que, bajo la misma lógica con la que la Fiscalía pretende atribuirle responsabilidad al exfiscal, también debe investigarse a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para determinar qué sabía sobre el operativo y si tuvo alguna responsabilidad. Para la defensa, incluso es imperativo que la mandataria estatal sea llamada a declarar.

“Si vamos a entrar en ese terreno, pues habría que también investigar si la titular del Ejecutivo tenía conocimiento del operativo”, sostuvo el abogado Héctor Villasana en entrevista con SinEmbargo, luego de la audiencia de formulación de imputación, que se prolongó durante al menos ocho horas.

Para el abogado, quien integra la defensa del exfiscal, las declaraciones públicas de la Gobernadora, realizadas el pasado 14 de octubre en Latinus, en las que responsabilizó a Jáuregui y a otros funcionarios de la Fiscalía estatal de actuar sin su conocimiento, hacen necesario que la FGR recabe su testimonio y contraste sus versiones con los demás elementos de la investigación.

“Yo creo que tendría que hacer la Fiscalía citar a la Gobernadora, derivado de estas declaraciones que emitió, en las que cambió su versión, y hacerla comparecer a través de los mecanismos”, expresó Villasana.

El abogado señaló que, hasta donde tenía conocimiento, Campos Galván no había declarado ante la FGR en relación con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en el operativo de la Sierra Tarahumara. Recordó que el 27 de mayo fue citada, pero no rindió declaración porque, según se informó entonces, cuestionó las condiciones del citatorio.

La defensa también consideró que la investigación debe profundizar en la cadena de mando y en el conocimiento que pudieron tener los distintos funcionarios sobre la participación de los extranjeros. No obstante, Villasana insistió en que la imputación contra Jáuregui no está respaldada, desde su perspectiva, por pruebas que demuestren que autorizó o consintió la presencia de los agentes.

“Lo concreto aquí es que la acusación en contra del fiscal César Jáuregui no está sustentada en ningún dato de prueba que concluya que él participó, consintió o autorizó la presencia de estas personas”, afirmó.

La audiencia: 150 datos de prueba presentados

La imputación contra Jáuregui se sustenta, de acuerdo con lo expuesto por su abogado, en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que contempla el delito de traición a la patria.

Durante la audiencia, la FGR presentó cerca de 150 datos de prueba, entre declaraciones de testigos, dictámenes periciales y análisis. La Fiscalía sostiene que el entonces titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua permitió la presencia de dos personas extranjeras durante el operativo contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal.

La acusación plantea que, con esa conducta, Jáuregui puso en riesgo la soberanía y la independencia de la República al intentar someterla a un gobierno extranjero.

Villasana explicó que la Fiscalía atribuye a su representado una participación dolosa y en calidad de coautor, no una responsabilidad derivada únicamente de una omisión.

“No, no, no. La acusación está como doloso y como coautor. Él se puso de acuerdo. O sea, la coautoría implica que hay un concierto y acuerdo previo entre las partes para cometer un delito. Entonces, así está la acusación”, dijo.

Apuntan al fallecido director de la AEI

La estrategia de la defensa, de acuerdo con lo planteado por el abogado, se centrará en sostener que, hasta el momento, todas las pruebas presentadas por la FGR apuntan a que la relación directa con los agentes estadounidenses correspondía únicamente a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Oseguera Cervantes fue una de las cuatro personas que murieron en la volcadura ocurrida en Polanco, después del despliegue relacionado con el operativo.

Cabe señalar que entre los elementos expuestos por el Ministerio Público de la FGR se encontraban algunos de los informes presentados por Wendy Chávez, titular de la unidad especializada que Maru Campos creó para investigar el caso.

Al respecto, es importante recordar que el 12 de mayo, en un segundo informe de la investigación estatal, se señaló que agentes de la CIA habían visitado al menos dos veces las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, incluso horas antes del operativo, y que uno de ellos portaba un arma de fuego.

Villasana afirmó que los registros gráficos y las declaraciones de los testigos ubican a los extranjeros en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y no en las oficinas centrales de la Fiscalía, donde despachaba Jáuregui.

“Toda la investigación concluye que las reuniones y las visitas y la presencia de estas personas se daban en las oficinas de la Dirección General de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigaciones. La Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra como a 10 km está la salida de la ciudad de Chihuahua (salida a ciudad Aldama) y las oficinas centrales de la Fiscalía donde despacha el fiscal general están en el centro enseguida de Palacio de Gobierno”, dijo.

A partir de estos elementos, la defensa sostiene que debe esclarecerse quién coordinó la presencia de los agentes, qué funcionarios mantenían comunicación con ellos y quiénes tenían conocimiento de su participación en el operativo.

“Entonces, nunca, no hay un dato, no hay un video, no hay una bitácora, no hay absolutamente nada que acredite que hay una reunión entre el licenciado Jáuregui con estas personas”, afirmó.

El abogado insistió en que la investigación debe profundizar en la actuación de quienes, de acuerdo con las pruebas presentadas, tuvieron contacto con los agentes extranjeros.

“Le corresponderá a la Fiscalía investigar si, bajo este mismo esquema por omisión, la Gobernadora pudiera tener una grave responsabilidad”, dijo.

En cuanto al exfiscal Guillermo Zuany, Villasana explicó que también se le atribuye participación por haber sido director de Operaciones de la Unidad de Operaciones Estratégicas.

El abogado indicó que Zuany mantenía comunicación con Oseguera Cervantes, pues recientemente había dejado la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación, después de que la Gobernadora lo nombrara jefe de la Unidad de Operaciones Estratégicas y designara a Oseguera como director de la Agencia.

“Las reuniones entre ellos, de alguna manera, son lógicas y entendibles para el seguimiento de los asuntos pendientes en esta transición”, señaló.

Después de una audiencia que se prolongó durante al menos ocho horas, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos antes de que se determine si Jáuregui será vinculado a proceso.

El juez fijó la continuación de la audiencia para el sábado a las 15:00 horas. Debido a que el delito imputado contempla prisión preventiva oficiosa, el exfiscal deberá permanecer en prisión mientras se resuelve su situación jurídica, de acuerdo con lo expuesto por su abogado.

Jueza presentó su renuncia

Villasana también confirmó que la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue librada por la jueza federal Mariana Vieyra Valdez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien, según se informó durante la audiencia, había presentado su renuncia.

El IMSS fija nuevos límites de registro en la Modalidad 40: ataja las megapensiones

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 21, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Las futuras incorporaciones a la Continuación Voluntaria se realizarán únicamente mediante sistemas y plataformas digitales

El Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) implementó nuevas medidas relacionadas con las pensiones al establecer condiciones temporales para la Modalidad 40, las cuales modificarán los criterios para incorporarse a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio a partir del jueves 22 de octubre.

Las modificaciones fueron establecida mediante el Acuerdo ACDO.AS2. HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del Instituto el pasado 10 de octubre y publicado este miércoles 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

El cambio distingue entre quienes ya están inscritos y las nuevas incorporaciones. Los primeros conservarán las condiciones contratadas hasta terminar su periodo, mientras que las solicitudes posteriores quedarán sujetas a un nuevo límite relacionado con el último salario base de cotización.

Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS a partir del 22 de octubre

Uno de los principales cambios se encuentra en el salario con el cual podrán realizarse las nuevas incorporaciones a la Continuación Voluntaria. El acuerdo señala que las personas que terminen en el período que actualmente tengan contratado, así como aquellas que quieran conservar sus derechos de seguridad social para efectos pensionarios, podrán solicitar su incorporación tomando como referencia el último salario base.

La medida permite utilizar ese último salario o un importe de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional. En ningún caso la cantidad podrá quedar por debajo de un salario mínimo general vigente para el resto del país.

Otra modificación importante se encuentra en la fecha desde la cual tendrá efectos aseguramiento. El acuerdo determina que las nuevas incorporaciones se realizarán exclusivamente a partir del día en que la persona presente su solicitud ante el Instituto.

Además, el IMSS instruyó a sus áreas de Incorporación y Recaudación e Innovación y Desarrollo Tecnológico para modificar los sistemas y procedimientos necesarios con el objetivo de que la inscripción a la Continuación Voluntaria se lleve a cabo únicamente mediante mecanismos digitales.

Estos sistemas deberán garantizar la trazabilidad y consistencia de los registros afiliatorios. También se ordenó desarrollar un canal de atención para analizar casos especiales relacionados con la implementación de las nuevas disposiciones.

El acuerdo establece además que las personas incorporadas voluntariamente al régimen obligatorio como trabajadoras independientes, bajo la modalidad prevista en la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, no podrán contratar simultáneamente la Continuación Voluntaria.

Qué pasará con quienes ya están inscritos en la Modalidad 40

Las personas que ya se encuentran inscritas cuando la medidas entren en vigor tendrán una protección especifica. Los asegurados podrán permanecer en la Modalidad 40 bajo sus condiciones actuales hasta que concluya el periodo que tengan contratado.

El IMSS también determinó que las semanas y slaarios cotizados efectivamente pagado conservarán su reconocimiento y tendrán plenos efectos para calcular los derechos pensionarios futuros.

Paralelamente, el Instituto analizará el impacto financiero de la Continuación Voluntaria. La Dirección de Finanzas, mediante la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, tendrá un plazo máximo de seis meses a partir de la emisión del acuerdo para realizar el estudio.

Una vez entregados los resultados, la Dirección Jurídica contará con un periodo de hasta seis meses para coordinar la elaboración de una propuesta de modificaciones a las disposiciones correspondientes. El objetivo será atender las áreas de oportunidad detectadas y buscar que la Continuación Voluntaria resulte viable en el mediano y largo plazos.

El propio acuerdo aclara que las disposiciones son medidas temporales. El análisis financiero deberá presentarse al Consejo Técnico para que posteriormente determine la continuidad de las reglas implementadas.

La publicación no elimina la Modalidad 40 ni desconoce las semanas que los asegurados hayan pagado. Tampoco establece todavía una modificación legislativa definitiva. Lo que hace es introducir nuevas condiciones para futuras incorporaciones mientras el IMSS estudia el impacto del esquema.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
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