Chihuahua: cuando la justicia y la política se encuentran en el mismo expediente

Caso Jáuregui: si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Por otra parte, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida

La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui obliga a discutir dos problemas al mismo tiempo. El primero es gravísimo, el determinar y probar si agentes de la CIA participaron en operaciones que la legislación mexicana nomas permite a nuestras autoridades; el segundo es igualmente peligroso y complicado, saber si una investigación legítima puede terminar contaminada por la disputa política o como se dice la política se entromete en la justicia.

El origen está en El Pinal, en la Sierra Tarahumara. En abril, un operativo permitió localizar y desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, bien, después desafortunadamente murieron en un accidente dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos estadounidenses que terminaron identificados como personal de la CIA. Las investigaciones señalan que ciudadanos estadounidenses participaron durante meses en actividades con la Agencia Estatal de Investigación y que en el operativo se habrían rebasado los límites legales de la cooperación, siempre han participado en actividades, ojo, en capacitación en la distancia, me tocó verlo, trabajarlo y presenciarlo. 

La ley sí establece límites claros, es muy puntual, sobre todo en los artículos 69 a 71 de la Ley de Seguridad Nacional permiten la presencia de agentes extranjeros para intercambio de información bajo autorización federal, pero expresamente les impiden ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas como los operativos. Los funcionarios estatales, además, tienen obligaciones de informar sus contactos y reuniones, en todo momento, por eso la investigación es necesaria, hasta las últimas consecuencias.

En este momento, debemos hacer una precisión relevante, una cosa es investigar violaciones a esos límites y otra señalar que existe traición a la patria, uno de los delitos más graves del Código Penal Federal. El artículo 123 exige elementos específicos vinculados con actos contra la soberanía, la independencia o la integridad nacional. Ese estándar debe probarse, no presumirse políticamente. 

La FGR asegura haber realizado más de cien actos de investigación y calificó lo ocurrido como un ataque al pacto federal. Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua resumió su postura con una frase interesante, dijo: “Un buen resultado no justifica violar la ley”. 

Horas antes de la detención de Jáuregui dijo en un video, que “lo volvería a hacer”, porque, según él, lo imperdonable habría sido permanecer omiso frente al crimen organizado, vaya. Su defensa sostiene además que existe una motivación electoral para apartarlo de la búsqueda de la alcaldía de Chihuahua, de nuevo la política entrometida en la justicia. Esa última afirmación es una acusación de la defensa y que deberán probar, no es fácil, pero también esto obliga a que la Fiscalía extreme transparencia y claridad en el proceso.

La propia presidenta Sheinbaum ha insistido en que “no puede haber agentes” estadounidenses operando en campo, si, no deben, en eso tiene razón. Pero el Gobierno federal también debe entender que combatir la injerencia no les da los elementos para convertir un delito de seguridad nacional en su mazo ante una posible disputa poltiica partidista.

Hoy el ex fiscal Jáuregui se encuentra ante dos escenarios, un proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y la acusación federal por presunta traición a la patria, complicados procesos. Recordemos que un juez estatal permitió que siguiera ese primer proceso sin prisión; inmediatamente después quedó bajo custodia federal para enfrentar el segundo, planeado y en acuerdo de gobiernos, parece evidente.

Cierro pues, con dos conclusiones; la primera, si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Segunda, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida, con transparencia y claridad, así que cuanto más grave es el delito, mayor debe ser la calidad de la prueba, ojo, por eso aquí la política no funciona y no entra, esperemos que así sea, al tiempo. “La justicia no puede ser un atajo para combatir al crimen, pero tampoco puede convertirse en un atajo para cobrar cuentas políticas, ya NO”.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: ODRACIR R. ESPINOZA VALDEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/chihuahua-cuando-la-justicia-y-la-politica-se-encuentran-en-el-mismo-expediente/