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Pobladores bloquean carretera Tepeyahualco-La Colorada por proyecto de Vivienda del Bienestar en campo deportivo

Esta movilización se suma a otras registradas en Puebla y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales

Pobladores de San Lorenzo Ometepec, en el municipio de Tochtepec, bloquearon el 12 de noviembre la carretera estatal Tepeyahualco-La Colorada, en protesta por el proyecto de construir Viviendas del Bienestar en un área comunitaria que actualmente sirve de campo de béisbol. 

Esta movilización se suma a otras registradas en esta entidad y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales. 

Apenas la semana pasada, vecinos de Cuautlancingo se manifestaron en contra de que se construya una sede de la Universidad Rosario Castellanos en donde actualmente hay un parque recreativo llamado Xelhua. 

Igual, habitantes de San José Chiapa mantienen un movimiento de resistencia en contra de la construcción de un llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular del Bienestar (Podecibi) en terrenos de ese municipio.

Una lucha similar emprendieron los habitantes de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, contra un parque similar de reciclaje de basura, pero este mes de octubre se anunció la cancelación del proyecto. 

En esa misma entidad, vecinos de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, se oponen a la construcción de un complejo de salud IMSS en terrenos donde actualmente funcionan campos deportivos de esa comunidad. 

Cabe señalar que, en todos los casos, los pobladores reclaman que no fueron consultados para decidir la procedencia de esos proyectos de inversión federal en los predios que forman parte de uso cotidiano de sus comunidades o que, como ocurre con los Podecibi, generarían contaminación en zonas cercanas a sus viviendas.   

En la protesta de este jueves, los habitantes de Ometepec acusaron que no se les tomó en cuenta para decidir el uso de los campos de béisbol para construir las viviendas del Bienestar, pese a que ese predio forma parte del patrimonio de la comunidad. 

Desde la mañana de ese día, los pobladores colocaron piedras y prendieron fuego a llantas para impedir el paso de la carretera estatal en demanda de que las autoridades municipales atiendan sus reclamos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“¿Cómo las placas salvarán vidas?”: protestan repartidores por aplicación; Semovi ofrece mesas de trabajo

Unos 50 motociclistas por aplicación rechazaron el reemplacamiento de carga y el cobro de parquímetros al considerarlos medidas recaudatorias. Aunque pactaron dialogar el martes con autoridades y especialistas, marcharon al Zócalo para entregar su pliego petitorio

Al menos 50 repartidores por aplicación se concentraron este viernes en el Parque México, en la colonia Condesa, para protestar pacíficamente contra el plan de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regularización mediante placas y licencias de transporte de carga, al señalar que se trata de una medida recaudatoria y no de una política pública para salvar vidas.

Aunque las autoridades defendieron que el programa piloto está suspendido y convocarán a mesas de trabajo con expertos, diputados y repartidores a fin de que la legislación se haga en consenso, los motociclistas insistieron en el cuestionamiento a las autoridades sobre cómo el reemplacamiento se traducirá en que haya menos accidentes.

“Ustedes dicen ‘lo queremos hacer por la seguridad de todos’ pero qué beneficio da a la seguridad meter una placa nueva?, eso al final del día es un método recaudatorio del gobierno hacia nosotros, y la verdad es que nosotros ya estamos cansados”, sostuvo Édgar, uno de los repartidores que acudió a la movilización.

Semovi plantea capacitación; repartidores mantienen marcha al Zócalo

Al punto de reunión en el Parque México, acudió José Cáceres, director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Semovi, quien entabló diálogo con los inconformes y aseguró que la dependencia busca elevar los estándares de conducción en la ciudad.

“Que quede claro que lo que estamos buscando es seguridad, pero la otra cosa tiene que ver con el manejo. Hay estándares de competencia, vamos a trabajar sobre la parte de capacitación, eso no quiere decir que manejan mal, pero se puede mejorar”, respondió el funcionario ante los cuestionamientos.

Cáceres agregó que la administración local desea colaborar con el sector: “Nosotros no estamos en contra de los motociclistas, al contrario, forman parte del esquema de transporte de la ciudad y queremos trabajar con ellos de manera coordinada”.

Los motociclistas también exigieron a las autoridades capitalinas a que transparente el 2 % de impuestos que reciben por parte de ellos. Un recurso que, reprocharon, no se ve reflejado en la mejora de la infraestructura vial que cada día tiene más hoyos y baches que generan accidentes.

Aunque hubo diálogo entre las partes y se acordó que el próximo martes al mediodía habrá una mesa de trabajo entre repartidores, autoridades y expertos, los motociclistas decidieron trasladarse al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para entregar un pliego petitorio a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para después llevar a cabo bloqueos en vialidades como Reforma e Insurgentes.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/repartidores-protestas-zocalo-placas-carga-cdmx

Familiares de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevan reclamos al Congreso Internacional Minero

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto", piden familiares de mineros desaparecidos en Concordia

Familiares de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevaron sus demandas de justicia y verdad al XVI Congreso Internacional Minero 2026, celebrado en Hermosillo, Sonora, donde solicitaron a las autoridades continuar con las investigaciones y reactivar las labores de búsqueda del único trabajador que permanece sin ser localizado.

A casi diez meses de los hechos, los afectados también hicieron un llamado a la empresa Vizsla Silver Corp. para establecer un diálogo formal con las víctimas y atender sus exigencias relacionadas con el caso.

Alán Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien continúa desaparecido, participó en el encuentro con la conferencia “La seguridad de los trabajadores como responsabilidad de la industria minera”, donde expuso la situación que enfrentan las familias desde enero de este año.

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto, que nuestra disposición a establecer una mesa de diálogo y avanzar en esto como víctimas”, acotó.

Por su parte, el representante legal de las víctimas, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, informó que ya presentaron una solicitud formal para que las autoridades realicen una nueva jornada de búsqueda en el sur de Sinaloa, la cual podría concretarse dentro de aproximadamente un mes.

“Estamos esperando que en los próximos meses vamos a tener toda esa información, esperemos tener una verdad, tener algo más claro en eso. A su vez, estamos pidiendo que podamos hacer otra búsqueda en vida del ingeniero Esparza, porque recordemos, hay 9 asesinados y una persona en particular que está desaparecida. Estamos esperando que la Fiscalía, seguramente en un mes más tenemos otra búsqueda”, anotó.

Asimismo, Alán Esparza reconoció que las investigaciones han registrado avances, aunque sostuvo que todavía existen interrogantes pendientes por esclarecer, por lo que las familias continuarán insistiendo en que se conozca lo ocurrido con los trabajadores.

Fue el 23 de enero de 2026 cuando se reportó la desaparición de 10 empleados vinculados al proyecto minero “Pánuco”, de la compañía Vizsla Silver Corp., ubicado en Concordia, Sinaloa.

Posteriormente, el 1 de febrero, las autoridades federales reforzaron la presencia militar en la región como parte de los operativos de localización y, días después, confirmaron los primeros hallazgos de restos humanos.

Hasta el momento, nueve trabajadores han sido encontrados sin vida, mientras que el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

De acuerdo con la versión difundida por el Gobierno federal, los mineros presuntamente fueron confundidos con integrantes de una organización criminal rival, en medio de la disputa que mantienen las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en distintas regiones de Sinaloa.

Pescadores bloquean dragado en Laguna de Cuyutlán ante ampliación del Puerto de Manzanillo

Cooperativistas instalaron un plantón indefinido y utilizaron sus lanchas para detener los trabajos. Denuncian posibles daños ambientales e incumplimiento de acuerdos; ASIPONA asegura que realiza labores de mantenimiento

Pescadores, cooperativistas y ambientalistas realizaron este sábado una serie de acciones de protesta en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo, entre las que se encuentran la instalación de un plantón que bloquea el paso de maquinaria a la Laguna de Cuyutlán, donde sin previo aviso comenzaron los trabajos de dragado.

De igual forma, pescadores utilizaron sus lanchas para impedir que las dragas (embarcaciones especializadas) continuaran con los trabajos de excavación en el vaso lacustre ubicado en Manzanillo, actividad que levanta sedimentos y materiales pesados que afectan la flora y fauna del lugar.

Mientras que, en la capital, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán se manifestaron en el centro de la ciudad y acusaron a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de emitir de manera opaca y sin sustento técnico la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoriza la ampliación del Puerto de Manzanillo.

Todas estas acciones coordinadas se registraron ante lo que parece ser el inicio de los trabajos de construcción del puerto Nuevo Manzanillo, en la Laguna de Cuyutlán, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.

Desde la semana pasada, en ese cuerpo lagunar se pudo observar maquinaria que realiza trabajos de dragado, aunque la administración del puerto de Manzanillo (ASIPONA) afirmó que se trata de acciones de mantenimiento en la zona actualmente autorizada para el uso comercial.

La mañana de este sábado, un grupo de pescadores y cooperativistas de la Laguna de Cuyutlán se apostó en el ingreso al canal de Tepalcates, donde dispusieron todo lo necesario para permanecer de manera indefinida, en tanto no obtengan respuesta de las autoridades.

María del Carmen Velasco Chávez, representante de la Cooperativa de Pescadores y Acuicultores de la Laguna de Cuyutlán, mencionó que sus acciones de protesta responden a los trabajos en ese vaso lacustre, iniciados sin ningún aviso.

Señala que los pescadores han pedido que no comiencen esos trabajos hasta que no se realicen mesas de diálogo. “Incluso hace días nos reunimos en la Ciudad de México con el secretario de Marina, él instruyó para que se realizaran las mesas de trabajo, lo que omitieron las personas de la Asipona aquí en Colima”.
“También existió el compromiso de que, si comenzaba el dragado, se instalarían mallas para evitar que los sedimentos se dispersaran, cosa que tampoco hicieron las autoridades, por eso nos manifestamos, no están cumpliendo con nada de lo que dijeron”.
Asentó que el dragado impacta el ecosistema, “pues son alrededor de cinco dragas trabajando y van a levantar sedimentos de muchos años, metales pesados y otros materiales”, dijo.

Señaló que tales afectaciones dejan sin trabajo a los cientos de familias que dependen de la pesca, así como a los salineros y los acuicultores de la zona, “esto nos afecta directamente”.

Pidió que los trabajos de dragado se suspendan de inmediato para no ocasionar mayores daños a la Laguna de Cuyutlán. “Luego solicitamos que se realicen mesas de trabajo que sean transparentes, para que la gente sepa toda la información, que nada se haga en lo oscurito”.

Asentó que, por ese motivo, los pescadores se instalaron en plantón en el canal de Tepalcates, en la comunidad de Campos, el punto por donde ingresan materiales y maquinaria para los trabajos de ampliación del puerto. “Aquí nos vamos a quedar las 24 horas, no vamos a dejar pasar a quien pretenda dañar la laguna”.

Por la tarde de este día, ambientalistas del colectivo Salvemos Cuyutlán anunció protestas en diversos puntos del estado, además que convocó a la población para que se una al rechazo de la ampliación del Puerto de Manzanillo, toda vez que generará enormes afectaciones al medio ambiente.

Nuevo paro en el Poder Judicial: 32 mil trabajadores protestan en 17 estados contra esquema de evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en al menos 17 estados iniciaron un paro de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación del desempeño del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La inconformidad exige congelar el Acuerdo AG-POAJ-025/2026, argumentando que el examen de conocimientos solo representa el 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de criterios subjetivos que ponen en riesgo la carrera judicial y la permanencia de 32 mil empleados. Por su parte, el OAJ aseguró que la prueba programada para diciembre de 2026 será meramente diagnóstica y descartó que implique despidos o pérdida de plazas

El Poder Judicial se vuelve a ir a paro, esta vez por el examen al que están obligados a realizar, sin embargo, el problema no es el ejercicio de evaluación sino el bajo valor que tiene comparado con criterios más arbitrarios que abarcan el 60% de la evaluación final. 

 Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas sedes del país para exigir que se deje sin efectos el nuevo sistema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.


La protesta comenzó durante la madrugada en instalaciones de la Ciudad de México y se extendió a al menos 22 sedes de 17 entidades. Entre los inmuebles donde se reportaron suspensiones de actividades están los de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, en la capital del país, así como instalaciones judiciales en Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

En Monterrey, los trabajadores bloquearon de manera intermitente los carriles de la avenida Constitución, a la altura de Cuauhtémoc. En Cancún, cerraron con candado el acceso a las instalaciones. En Morelos, más de mil empleados cerraron desde el jueves las sedes de Cuernavaca y Xochitepec.


La inconformidad se dirige al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece un esquema de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios, oficiales judiciales y demás personal de carrera judicial. La medida comprende alrededor de 32 mil trabajadores adscritos a más de 900 juzgados y tribunales federales.

EVALUACIÓN: 40% EXAMEN Y 60% OTROS CRITERIOS

El nuevo mecanismo contempla evaluaciones periódicas que combinan un examen de conocimientos y competencias, equivalente a 40% de la calificación, con otros criterios que representan el 60% restante.

En esta segunda parte se consideran aspectos como capacitación, productividad, calidad del trabajo, trabajo en equipo, ética, atención a la ciudadanía y valoraciones de superiores y compañeros.


Los trabajadores cuestionan que el examen tenga un peso menor frente a criterios que, consideran, pueden prestarse a valoraciones subjetivas. También advierten que el esquema no reconoce suficientemente la antigüedad y la experiencia, y temen que los resultados puedan utilizarse para determinar la permanencia en el puesto, cambios de adscripción o separación del cargo.

La vocera Patricia Aguayo ha señalado que los trabajadores condicionan el regreso a sus actividades a que se retire el acuerdo. Entre las demandas también está establecer un mecanismo de evaluación orientado a la capacitación y no a posibles despidos o reubicaciones.


La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también cuestionó el nuevo esquema. En un comunicado, acusó que busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, al establecer mecanismos que considera discrecionales.

OAJ NIEGA RIESGO DE DESPIDOS

Ante la convocatoria al paro, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones previstas para diciembre puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.


El organismo precisó que la primera aplicación, programada entre el 4 y el 15 de diciembre de 2026, tendrá exclusivamente carácter diagnóstico. Por ello, no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

“El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, sostuvo.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Añadió que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

La institución defendió que cuenta con atribuciones para aplicar estas evaluaciones, conforme al artículo 100 de la Constitución y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal.

“La evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador”, indicó.

El organismo manifestó su disposición al diálogo para explicar el procedimiento y proporcionar herramientas de capacitación, pero insistió en que debe cumplirse el mandato constitucional.

Pueblos cholultecas instalan plantón en carretera Cholula-Huejotzingo: exigen cierre definitivo de basurero

Los pobladores han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua iniciaron el miércoles 4 de noviembre un plantón permanente para exigir que se cumpla con el cierre definitivo y las acciones de remediación del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula que fueron acordadas desde marzo. 

Los pueblos cholultecas han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva de este relleno sanitario —que se presume es propiedad del senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández— y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada. 

Desde abril se iniciaron algunas de las obras para el plan de cierre definitivo, pero los pobladores señalaron que hasta la fecha no se ha cumplido con lo acordado por lo que desde este miércoles decidieron bloquear la carretera que va de Cholula a Huejotzingo y declararse en plantón permanente.   

Entre las demandas que plantean está el detener la filtración de lixiviados y reparar la geomembrana de una laguna existente para evitar que los contaminantes continúen representando un riesgo para los pozos y mantos acuíferos de la región.

También, reclaman que se reinicien los trabajos de relleno de una excavación que había hecho la empresa de manera ilegal para ampliar el basurero, además de desmantelar la maquinaria e infraestructura de reciclado que sigue en ese lugar. 

En apoyo a esta protesta, Amnistía Internacional emitió en sus redes sociales un pronunciamiento en el que expresó su “preocupación por las persistentes respuestas deficientes y las omisiones del Gobierno de Puebla y de la PROFEPA ante las denuncias de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua”. 
“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos al agua y a un medio ambiente sano. Por ello, reiteramos el llamado que hicimos desde 2024 al Gobierno de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, para mantener abierto el diálogo, atender a las comunidades y dar respuesta a sus demandas”, señaló.
En un comunicado, el ayuntamiento de San Pedro Cholula aseguró que, luego de iniciada esta protesta, el gobierno estatal decidió intervenir con maquinaria para realizar las labores que dejó pendientes la empresa Pro-Faj-Hidrolimpieza, cuya propiedad se ha adjudicado a Ochoa Fernández.

La administración municipal señalo que la empresa deberá asumir las consecuencias de haber incumplido los compromisos establecidos desde marzo ante la Secretaría de Gobernación, por lo que se aplicarían las sanciones (sin precisar montos), además de que tendrá que pagar los recursos públicos que el gobierno estatal utilice para esos trabajos.

“Que el gobierno no sea tan ausente”: buscadoras que bloquearon la México-Toluca vigilarán compromisos de autoridades

Tras formalizar denuncias de agresiones y una mesa de trabajo con la Fiscalía del Edomex, las familias levantaron su protesta. Los acuerdos incluyen el cese a la revictimización, la reestructuración de áreas de atención, la entrega oportuna de programas sociales, atención médica y garantía de búsqueda

Tras mantener un bloqueo pacífico por más de 36 horas en la carretera México-Toluca, iniciado la mañana del martes 20 de octubre, el colectivo de personas buscadoras Mariposas Buscando Justicia y Corazones logró una serie de acuerdos como resultado de una mesa de diálogo con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes.

Su protesta, señalaron, obedeció al agotamiento y fallo sistemático de los cauces institucionales ordinarios para la localización de sus personas queridas desaparecidas. Subrayaron que en el transcurso de la manifestación implementaron un esquema de apertura parcial de carriles de 10 minutos cada hora y garantizaron el paso preferencial e inmediato a vehículos de emergencia, ambulancias, insumos médicos y personas con requerimientos de atención de salud.

“Durante nuestro bloqueo, demostramos la empatía que el Estado nos niega. Mantuvimos aperturas de carriles cada hora por más de 10 minutos y permitimos el libre paso a ambulancias, personas enfermas, transporte de medicamentos, personas que acudían a citas médicas, adultos mayores y a quienes necesitaban asistir, a familiares con discapacidad. Toda urgencia fue atendida de manera inmediata”, subrayaron en conferencia de prensa la tarde de este jueves.

Agresiones e intimidación durante la manifestación

A lo largo del desarrollo de la protesta, las personas manifestantes documentaron diversos episodios de agresión física y verbal, así como falta de acompañamiento perimetral por parte de elementos de seguridad pública. 

El martes 20 de octubre se reportó la incursión de un civil que agredió físicamente a una integrante del colectivo y provocó daños materiales al vehículo de otra de las participantes. Tras el incidente, se identificaron las placas del automóvil del agresor con el propósito de iniciar formalmente la carpeta de investigación ante las autoridades.

Luego, durante la jornada del miércoles 21 de octubre, automovilistas retiraron de forma violenta lonas explicativas y boletines de búsqueda colocados sobre la vía pública. Las familias señalaron que la intervención de la policía municipal que acudió al lugar derivó en actos de intimidación hacia las propias manifestantes.

“Para ellos simplemente podrán ser lonas y pedazos de plástico, pero para nosotros son los rostros de nuestras personas amadas”, reprocharon. Ante la reiteración de agresiones físicas perpetradas por civiles durante el cierre vial, el colectivo recalcó la necesidad de sancionar los hechos.

“En el Estado de México existe una alerta de violencia de género, y creo que el señor (agresor) en algún momento debería de saberlo. Cuando uno insiste tanto en que no nos agreda y un hombre es constante, creo que sí, en este caso sí es necesario abrir una carpeta para que esto no quede impune, porque la violencia de género existe en todo el país”, añadieron.

Acuerdos con la fiscalía del Edomex

Los compromisos a los que el colectivo llegó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contemplan la reestructuración de los procesos de atención al público y el fortalecimiento de las investigaciones.

Entre las medidas inmediatas se pactó el cese de la revictimización, la depuración administrativa y la aplicación de sanciones a los agentes del Ministerio Público que hayan incurrido en malas prácticas. Además, se determinó la reestructuración del área de atención al usuario bajo supervisión directa.

Para evitar la dispersión de funciones operativas, también se acordó la creación de un área de litigio específica, cuyo objetivo central es liberar a los agentes investigadores del Ministerio Público de cargas procesales ajenas a la localización de personas.

Al mismo tiempo, se pactaron mesas de trabajo periódicas e individuales con cada familia para revisar las inconsistencias en sus carpetas de investigación y evaluar el desempeño de mandos y titulares ministeriales. En materia de difusión y memoria, la institución garantizó que no se retirará ninguna ficha de búsqueda fijada en las instalaciones de las fiscalías locales.

Por otro lado, las familias de los colectivos serán convocadas para participar de manera activa en la discusión del diseño y estructura del nuevo panteón forense para personas sin identificar.

Otros compromisos

En el ámbito de la atención integral a las familias afectadas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México asumieron compromisos de carácter presupuestal y de salud.

El acuerdo estipula la garantía de la suficiencia presupuestal para el mantenimiento de las búsquedas y el ajuste en los calendarios de dispersión de los apoyos sociales. Específicamente, la entrega de programas sociales se recalendarizó para que ocurra de forma efectiva a principios de cada año y no a mediados, además de la agilización en el otorgamiento de becas escolares para las víctimas indirectas.

En el ámbito sanitario, se determinó la canalización médica ágil para la atención inmediata del deterioro físico y los padecimientos derivados de los procesos prolongados de búsqueda.

Protocolos para la búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México aceptó, por otro lado, homologar e intensificar sus protocolos operativos mediante planes de búsqueda inmediatos y articulados, que deberán integrar análisis de contexto y mapeos oportunos sustentados en una coordinación efectiva con las células de género y los mandos policiales municipales.

En cuanto a las acciones de difusión, se evaluará la implementación de pantallas digitales de gran formato en puntos estratégicos para la exhibición masiva de boletines de localización. Además, la Comisión se comprometió a entablar reuniones de sensibilización con las presidencias municipales de la entidad a fin de frenar la remoción arbitraria de cédulas de búsqueda por parte de autoridades locales.

“No damos nada por cumplido hasta haberlo realizado. Ninguna familia a la que le falta un ser querido debería verse obligada a bloquear una carretera y a arriesgar su integridad física para recibir la atención que por derecho le corresponde”, apuntaron las integrantes del colectivo respecto a lo que vendrá tras los acuerdos.

A esto se suma que esos compromisos no eliminan las deficiencias estructurales e insuficiencias en el número de personal asignado a las tareas de investigación. Durante el diálogo con el fiscal general, el colectivo exigió formalmente duplicar o triplicar el número de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal técnico pericial. 

La autoridad ministerial argumentó limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales, frente a lo cual las familias sugirieron la conformación de un frente común ante el Congreso local para gestionar la ampliación de partidas financieras.

Las manifestantes hicieron notar la ausencia reiterada de líneas de tiempo en las carpetas de investigación, lo que impide verificar la secuencia cronológica y la efectividad de las diligencias realizadas desde el momento del reporte inicial. También señalaron omisiones persistentes por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales en la entrega oportuna de planes de búsqueda acordados.

“Sí quiero pedirle a las instituciones, al gobierno, que no sean tan ausentes. Desde nuestros gobiernos estatales como federales, no sean tan ausentes. Porque no saben ustedes cuántas vidas están destruyendo. Y no solo lo hablo por nuestro familiar que no existe. Una familia puede tener hasta 10 núcleos. No destruyen una familia. Destruyen muchas familias con su falta de empatía, con su falta de profesionalismo, con su falta de actuar”, sostuvieron.

El colectivo recordó que no debe existir un plazo mínimo de espera, como el supuesto de las 72 horas, pues hoy las instituciones tienen la obligación legal de iniciar las carpetas y protocolos de búsqueda de manera inmediata. “Eso también es lo que hace falta. La información hacia la ciudadanía para que pueda agilizar el encuentro con su familiar”, pidieron. 

El Colectivo Mariposas Buscando Justicia y Corazones y las autoridades acordaron realizar una mesa de trabajo de seguimiento durante la semana que viene para auditar el avance concreto de los compromisos formalizados en el pliego petitorio. Las familias advirtieron que, en caso de detectar retrasos o incumplimientos injustificados, reanudarán acciones de protesta e interpondrán recursos legales.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO:
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/buscadoras-mexico-toluca-vigilaran-compromisos

Miles de indígenas denuncian presencia criminal en San Cristóbal de las Casas

Exigen justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.

“Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas”, dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y “a los tres niveles de gobierno”. En la misma lista aparece la siguiente afectación: “Consumo de drogas en jóvenes y niños”.

En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el “reclutamiento de los jóvenes”. Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las “detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches”. También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.

Los “levantones” y asesinatos, añade, “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agrega el “miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país”. Y advierte: “Pueblos en resistencia temen ser atacados”.

“¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!”, exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El documento cerró con un llamado: “Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra”.

Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: “¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!”, “¡Alto al desplazamiento forzado interno!”, “¡Alto a la desaparición forzada!”, “¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!”.

En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

“No es un caso cerrado” el proceso por el asesinato

Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.

Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.

Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, “identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen”, dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”. En octubre de 2025, Proceso lo identificó como “El Chesman”, presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.

“El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más”, dijo el sacerdote.

El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y “se llevó al equipo de fiscales”.
“Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado”.
“Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales”, dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe “del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos”.

“Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad”, sostuvo. El asesinato, dijo, “afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó”. En el contexto “criminal o macrocriminal que impera” en Chiapas, añadió, “sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes”.
“Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente”.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos

La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra “PAZ”. Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda “La paz es un grito que debe ser escuchado”.

“Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo”, decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: “Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas”.

Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: “La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune”.

“¡Alto al crimen organizado!”, “¡Alto a la narcopolítica!”, “¡Alto a los desplazamientos forzados!”.

“¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!”, coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.

En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: “Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”. Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.

“Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue”, decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.

Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma

“Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición”, señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.

A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
“A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones”.
Niñez sin registro oficial

La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.

El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la “imposición de la carretera San Cristóbal Palenque” y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su “rechazo total” a esa autopista.

Calificó como “consulta a modo” la de la llamada “Ley indígena”. Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó “a cierto grupo de personas”, y que lo que esa ley oculta es “el despojo territorial de los pueblos originarios”.

Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud “sin ofrecer medicinas”. También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con “una gran deuda económica”.

A los grupos de poder les pidió que “dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores”. Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: “¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!”.

Segunda marcha por agua limpia en Guadalajara termina en violencia

Manifestantes pacíficos confrontaron a grupos encapuchados que desvirtuaron la movilización. Sujetos embozados provocaron incendios y severos daños materiales en sedes de los tres poderes. La policía estatal replegó su presencia en las calles tras cuestionamientos por abusos anteriores

La segunda megamanifestación ciudadana convocada para exigir la mejora en la calidad y claridad del agua potable en la zona metropolitana derivó en una extensa jornada de violencia y destrozos materiales en el centro histórico de la capital jalisciense.

La movilización partió al mediodía del domingo desde las instalaciones del Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, integrada inicialmente por contingentes de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidad que marchaban de forma pacífica para demandar agua limpia e investigaciones sobre las detenciones registradas la semana previa.

Durante el trayecto inicial, los propios ciudadanos detectaron la presencia de grupos de personas embozadas que portaban palos, bates, martillos y artefactos pirotécnicos.

Para evitar conatos de enfrentamiento y resguardar la seguridad física de los asistentes, los manifestantes enfrentaron verbalmente a los encapuchados al grito unánime de “fuera encapuchados”, obligándolos a separarse de la vanguardia del contingente y pausando momentáneamente el avance sobre el cruce estratégico de las avenidas Federalismo y 8 de Julio.

Pese a las acciones de prevención social e inhibición emprendidas por los organizadores para preservar el carácter estrictamente cívico de la marcha, conforme avanzó la tarde los bloques de ciudadanos comenzaron a retirarse del primer cuadro, situación que fue aprovechada por un grupo de aproximadamente trescientas personas embozadas para apoderarse de las inmediaciones de la Plaza de Armas y del edificio del Ejecutivo estatal.

Los manifestantes violentos arrojaron globos con pintura, objetos diversos, huevos, jitomates y botellas de vidrio contra las ventanas y vitrales de la fachada institucional, derribaron las vallas metálicas para golpear los portones principales de acceso, rompieron luminarias exteriores y destruyeron cámaras del sistema de videovigilancia.

La violencia se extendió posteriormente hacia las sedes del Congreso del Estado de Jalisco y del Poder Judicial, inmuebles contra los cuales los embozados lanzaron petardos, barrenos y bombas molotov que provocaron incendios en las estructuras de madera de las entradas institucionales.

Además de las afectaciones causadas en las dependencias públicas, se registraron daños en comercios privados del centro urbano, cristales rotos en establecimientos mercantiles adyacentes y el saqueo directo a una tienda de artículos deportivos, hechos que motivaron al sistema de transporte colectivo SITEUR a cerrar de forma preventiva los accesos a las estaciones subterráneas de Guadalajara Centro y Plaza Universidad.

Frente al incremento de los actos vandálicos, la fuerza pública mantuvo un repliegue preventivo durante la mayor parte de la jornada.

La ausencia de vallas de contención y de elementos policiales en las vialidades respondió a un ajuste en la estrategia operativa del gobierno estatal para evitar choques con la población, tras los severos cuestionamientos sociales y las indagatorias administrativas abiertas por abusos de autoridad cometidos durante la protesta del pasado 11 de octubre.

Las corporaciones de seguridad únicamente intervinieron hacia el final de los disturbios cuando el fuego amenazó con consumir los accesos del Poder Legislativo y Judicial, momento en que elementos policiales y bomberos sofocaron los incendios.

En dicha acción final, agentes capturaron a cinco hombres a bordo de una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior transportaban bidones con gasolina y artefactos incendiarios.

Los hechos de violencia concluyeron poco antes de la once de la noche cuando los encapuchados abandonaron la zona.


FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/segunda-marcha-por-agua-limpia-en-guadalajara-termina-en-violencia/

Agua puerca y represión política en Jalisco

"Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales"

Jalisco atraviesa diversas crisis: la grave crisis por desaparición de personas, el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el reclutamiento forzado, la crisis de vivienda y ahora se añade la crisis por la mala calidad del agua que el organismo operador entrega a millones de habitantes de la zona metropolitana del agua. Desde hace un par de años, pero intensificado a lo largo de 2026, el agua que sirve el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que agrupa a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara está llevando agua turbia y de mala calidad a los hogares de los tapatíos. El agua llega con color a agua de tamarindo, como refresco de cola y con olores nauseabundos, con olor a caño o francamente a mierda. “Agua con caca” o “agua con KK” son dos de las leyendas más usadas por los tapatíos para describir el agua que sale de nuestros grifos.

Debido a esta insoportable situación de estar recibiendo agua puerca, distintas organizaciones convocaron a una masiva manifestación de al menos 10 mil tapatíos (algunos recuentos hablan de hasta 20 mil) desde la Glorieta de la Minerva que ha sido escenario de múltiples celebraciones de la ciudad, pero el domingo 11 de octubre fue el epicentro de la indignación por el agua puerca que sirve el SIAPA y el Gobierno del estado.

La manifestación partió hacia Casa Jalisco, la residencia oficial del Gobernador en turno, en este caso Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Pero en lugar de ofrecer una atenta escucha o mesa de diálogo o negociación, el Gobierno de Pablo Lemus respondió de la peor manera posible: se ordenó un dispositivo de represión en el que participaron cientos de policías estatales. Una novedad en este episodio de represión estatal es que se ordenó el uso de oficiales del cuerpo de bomberos de Guadalajara y de Zapopan para rociar chorros de agua a alta presión para repeler a los manifestantes y además se ordenó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Eso encendió los ánimos de los manifestantes que intentaron quitar las vallas que cercaban Casa Jalisco y algunos comenzaron a arrojar piedras. En esa refriega fueron detenidas 39 personas, todas ellas golpeadas y en un hecho vergonzoso y brutal, algunos de los detenidos fueron torturados dentro de Casa Jalisco, sede oficial del Gobierno y donde se supone se discuten y toman las decisiones para responder a los problemas de los jaliscienses. Vergonzosamente Casa Jalisco se convirtió por un momento en una vil mazmorra de tortura. Fue el caso de Alejandra, integrante del colectivo cultural Casa Quinqué, quien estaba grabando las detenciones fuera de Casa Jalisco cuando fue detenida y golpeada por cuatro mujeres policías y luego se sumó un varón. Ella fue arrastrada en el pavimento lo que le ocasionó fuertes raspones en la parte baja de la espalda. Ya dentro de Casa Jalisco le quitaron el calzado y la patearon y pisaron a los pies. Jorge Ignacio, otro integrante de Casa Quinqué, fue detenido por al menos ocho policías quienes lo golpearon y macanearon hasta provocarles tres descalabradas, golpe en la quijada, y varios esguinces en el cuerpo. Una selfi que se tomó dentro de Casa Jalisco (antes de que le quitaran el celular) con los vendajes en su cabeza se ha vuelto viral como la representación de la represión y la tortura ordenada por el Gobierno emecista que encabeza Pablo Lemus.

Los 39 detenidos fueron dejados en libertad entre la misma noche del domingo, y entre el lunes y el martes. A siete de ellos se les ha fincado cargos; entre ellos a Samuel Morales, un joven de 24 años que trabaja como chofer de Rappi para ayudar a su madre quien enfrenta un tratamiento de cáncer. El caso de Samuel también se ha hecho viral porque fue grabada su detención cuando se encontraba a más de una cuadra de distancia de Casa Jalisco, lejos de los enfrentamientos, sentado en su moto cuando fue tacleado, detenido y arrastrado por un grupo de al menos ocho policías. Según el Gobierno, él fue detenido en flagrancia y ahora se le imputan delitos por agresiones a policías cuando, al menos en la detención que aparece en un video grabado en el momento, él fue el agredido. Posteriormente el Gobierno ahora sí hizo uso de las cámaras de videovigilancia del C5 para mostrar videos de Samuel haciendo señas obscenas a los policías y arrojando algunas piedras. Pero no hay videos que demuestren que él lesionó a algún elemento de las fuerzas de seguridad. La detención de estas 39 personas no sólo generó indignación, también una muestra de generosa solidaridad por parte de abogados que acompañaron gratuitamente la defensa de los imputados, organizaciones de derechos humanos como Cepad y gente que ofrecía desde alimentos hasta dinero para apoyar a los detenidos.

Obviamente la represión de la megamarcha contra el agua puerca del pasado 11 de octubre encendió más los ánimos de la sociedad tapatía y de inmediato se convocó a una segunda megamarcha, que en esta ocasión saldrá desde el Parque Rojo (en el centro de Guadalajara) hasta Palacio de Gobierno.

El repudio casi generalizado que generó la violenta represión en contra de la megamarcha del 11 de octubre obligó al Gobierno de Pablo Lemus a reconocer que hubo excesos policiales que serían investigados además de reconocer que no se debió arrojar gases lacrimógenos ni chorros de agua a los bomberos. Eso lo dijo el pasado martes 13 de octubre, aunque un día antes había culpado a un supuesto grupo de 400 encapuchados de provocar la violencia, aunque no hay ninguna evidencia de ese supuesto grupo de choque.

Ahora el Gobierno de Pablo Lemus enfrenta no sólo la ira y la molestia porque el problema del agua de mala calidad que sirve el SIAPA sigue llegando a la mayoría de las casas de los tapatíos, ahora además porque se confirma que nuevamente tienen como gobernante a un político que enfrenta la protesta social con represión y criminalización.

Con la protesta violentada el 11 de octubre, Pablo Lemus se suma a una larga lista de gobernadores que han usado la represión y la tortura para enfrentar las protestas sociales. Ahora Pablo Lemus está en la lista de gobernantes como los priistas Flavio Romero de Velazco, Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío o Carlos Rivera Aceves que ordenó reprimir a los damnificados del 22 de abril en 1992. Lemus se suma a gobernantes del PAN como Alberto Cárdenas Jiménez que ordenó reprimir a los barzonistas; Francisco Ramírez Acuña que pasó a la historia por la brutal represión del 28 de mayo de 2004 contra los altermundistas. Y finalmente, Lemus siguió la huella de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez que reprimió distintas protestas sociales, pero se distinguió por el Halconazo tapatío del 5 de junio de 2020.

Hay mucha ira contenida por el problema del agua puerca que se está sirviendo a los tapatíos, pero también por otros graves problemas como la desaparición de personas y el persistente reclutamiento de los jóvenes jaliscienses que sirven como carne de cañón en las empresas criminales del capitalismo ilegal. Sería sumar otro gran error si se decide usar otra vez la represión en contra de la megamarcha de este domingo 18 de octubre.

Y esto porque el problema del agua sucia va para largo. El Gobierno de Lemus propuso como remedio cerrar el suministro de un viejo acueducto, lo que va a obligar a hacer tandeos (cortes de agua) para media ciudad en la que vivimos más de 2.5 millones de personas. En lugar de reprimir, Lemus tiene qué escuchar las propuestas no sólo de los técnicos sino de los expertos y organizaciones de la sociedad civil y pueblos organizados que desde hace años han propuesto otro modelo de gestión integral del agua. Lemus no dejará de aparecer en la lista de gobernantes represores, pero al menos puede intentar ser recordado como el gobernante que resolvió el problema del agua puerca en Guadalajara.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4889316/agua-puerca-y-represion-politica-en-jalisco/

Diferencias entre embozados y descubiertos enturbian segunda marcha por el agua en Jalisco

Un contingente encapuchado es rechazado por los manifestantes pacíficos. Al grito de ¡Fuera Lemus! también se lanzaron consignas contra el gobernador

La segunda marcha de Jalisco por el agua avanza entre reclamos, tras los actos de represión de hace unas semanas por parte de fuerzas del Estado. Manifestantes y medios compartieron en redes sociales algunos aspectos de la movilización. 

Destacó un contingente encapuchado que fue rechazado por los manifestantes pacíficos. Al grito de ¡Fuera Lemus!, también se lanzaron consignas contra el gobernador. 

Contingentes en la marcha señalaron la presencia de “grupos de choque”: “El gobierno de Jalisco no ha obligado a tomar esta decisión replegarnos, porque en este contingente hay personas mayores, hay infancias, hay personas discapacitadas, y no podemos arriesgar la seguridad de todas las personas que están aquí”, dijo una de las asistentes a través de un megáfono. 

Además, se registraron daños a comercios por parte del grupo “negro” o de choque, según informaron medios como Radio Fórmula. Tras una espera de cerca de dos horas, en los que contingentes esperaron que estos grupos se alejaran, se reanudó la marcha. 

También hubo consignas contra el proyecto Acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, al que los manifestantes señalaron como privatizador del agua en el estado. 

“No es reparación, es privatización”, se leyó en una de las pancartas.

Uno de los habitantes de Jalisco trajo botellas con agua contaminada para ilustrar los motivos de la marcha. Expresó que con el agua sucia los ciudadanos tienen que lavar las verduras, los trastes y bañarse


La segunda megamarcha por el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara inició en Parque Revolución (conocido como Parque Rojo) y destino al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico. 

La convocatoria, impulsada por colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, exige agua potable de calidad, justicia por las detenciones y el uso de la fuerza en la protesta anterior, sanciones a policías señalados por abusos y, en algunas versiones, la revocación de mandato del gobernador Lemus Navarro.


El contexto inmediato se remonta a la primera megamarcha del 11 de octubre, que partió de la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco (residencia del gobernador). Miles de personas protestaron por agua turbia, amarillenta, café o negra, con malos olores y sedimentos que llega a hogares de cientos de colonias.

Al llegar al destino, un sector derribó vallas y se produjeron enfrentamientos; la policía usó gas lacrimógeno y chorros de agua a presión. 

Las autoridades reportaron 39 detenidos (la mayoría liberados; varios vinculados a proceso por lesiones o resistencia), heridos en ambos bandos y el reconocimiento posterior del propio Lemus de “graves deficiencias” y uso excesivo de la fuerza en el operativo.

Protestan por derecho humano al agua en CDMX; rechazan su privatización en Guadalajara

En la CDMX manifestantes partieron del Ángel de la Independencia exigieron el respeto al derecho al agua y rechazaron la privatización de este recurso

En apoyo a a las protestas en Jalisco, se realizó una movilización en la Ciudad de México. Manifestantes partieron del Ángel de la Independencia para reclamar el derecho al agua y rechazar su privatización; se trata de la segunda protesta por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 

Los asistentes también pidieron la salida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la represión de la protesta por el agua en esa entidad el pasado 11 de octubre. La protesta se dirigió al Zócalo capitalino.

Con consignas como “El agua se defiende, no se privatiza” y “Fuera los sionistas de América Latina”, los manifestantes avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.

Danae, quien asiste a la protesta, explicó que el motivo inicial de la manifestación era la condena a los actos represivos del gobierno de Jalisco contra manifestantes por el agua, pero también piden esclarecer contratos gubernamentales con empresas de Israel para la gestión del agua.

Con la consigna “El agua es derecho, no un privilegio”, la manifestación por el agua arribó al Zócalo, donde se encuentra la Feria Internacional del Libro.

También protestan en Jalisco

En Guadalajara, Jalisco también se llevó a cabo una protesta para exigir mejorar la calidad del agua. Colectivos y ciudadanos protestaron por la mala calidad de agua en Jalisco y para exigir justicia por las agresiones y detenciones registradas durante la protesta del pasado 11 de octubre; sin embargo, la marcha se canceló ante la presencia de grupos de personas cubiertos del rostro que portan palos, piedras y martillos. 

Los manifestantes se reunieron en el Parque Rojo desde las 11:00 de la mañana para dirigirse al Palacio de Gobierno, pero ante el lanzamiento de petardos los ciudadanos reunidos se negaron a avanzar hasta que ese grupo vestido de negro o con camisetas de futbol se saliera del contingente.

Una semana de protestas por el agua en Guadalajara

El pasado domingo 11 de octubre miles de personas protestaron en Guadalajara debido a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Aunque la protesta inició de forma pacífica, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.

Organizaciones de derechos humanos pidieron investigar el uso de la fuerza durante la marcha en la que se reportan al menos 50 detenciones.

Detonación de explosivo y presencia de grupo de choque frenan marcha por el agua en Guadalajara

La protesta ocurre una semana después del operativo policial que dejó 39 personas detenidas y derivó en investigaciones contra 17 agentes estatales

La Segunda Megamarcha por el Agua Limpia en Guadalajara se detuvo pocos minutos después de iniciar este domingo, luego de que un grupo de personas con martillos y palos detonara un explosivo que generó ruido y miedo entre los participantes, de acuerdo con el reporte de la periodista Priscila Hernández para Aristegui Noticias.

Posteriormente, la marcha comenzó a retroceder ante la presencia de lo que fue identificado como un presunto grupo de choque. En un mensaje difundido durante la movilización se pidió a las personas detenerse.

De acuerdo con el reporte de Hernández, en todo el tramo de la marcha por Avenida Juárez no hay ni policía vial, ni elementos de seguridad del municipio de Guadalajara.


La movilización fue convocada para las 11:00 horas en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, en la colonia Americana, con destino al Palacio de Gobierno de Jalisco, en el Centro Histórico de Guadalajara. Los participantes exigen nuevamente el suministro de agua limpia y justicia por la actuación policial registrada durante la manifestación del pasado 11 de octubre.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el contingente salió del Parque Rojo y avanzó unos metros sobre la avenida Juárez antes de detenerse ante lo ocurrido con el presunto grupo de choque, que realizó saqueos a comercios y lanzó petardos a la zona en la que se encontraban algunos periodistas, que habrían resultado lesionados.

Durante la concentración también se reportó la presencia de un grupo de personas encapuchadas que intentó incorporarse a la marcha, pero otros manifestantes rechazaron su participación y denunciaron su intención de reventar la protesta.

La movilización fue anunciada por sus organizadores como una protesta pacífica. Como parte de las medidas preventivas, jóvenes participantes organizaron brigadas de primeros auxilios y grupos equipados con silbatos para alertar sobre posibles abusos de las autoridades o solicitar asistencia ante situaciones de riesgo.

El Palacio de Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado amanecieron protegidos con vallas metálicas ante la movilización.


La movilización ocurre una semana después de la protesta del 11 de octubre, a la que acudieron alrededor de 10 mil habitantes del área metropolitana de Guadalajara para manifestarse por la calidad del agua que reciben en sus domicilios.

Durante aquella jornada se desplegaron policías antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua, además de recurrir a la fuerza física. Las autoridades reportaron entonces la detención de 39 personas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió inicialmente la actuación de los policías y afirmó que habían respondido a un “grupo de choque” de unas 400 personas que habría provocado “un enfrentamiento”. Posteriormente reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo y señaló que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”, por lo que anunció una investigación.

El pasado 15 de octubre, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías estatales eran investigados por presunto “uso excesivo de la fuerza”. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había abierto una investigación por los abusos policiales registrados durante la movilización y que la Secretaría de Gobernación participaba en ella.

La CNDH exhortó este domingo a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a respetar y proteger los derechos de expresión y manifestación durante la segunda marcha y a evitar actuaciones de fuerza innecesaria como las observadas el 11 de octubre.

El organismo informó que el equipo que permanece en Guadalajara desde el 13 de octubre continuará con las diligencias relacionadas con los hechos de aquella protesta y estará atento a que no se repitan.

La CNDH también manifestó preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas durante la movilización anterior y señaló que existen indicios de “inconsistencias y contradicciones en las acusaciones que se les hacen”, además de posibles irregularidades en su puesta a disposición y en el acceso a una defensa jurídica adecuada.

Según la Comisión, su personal entrevistó a casi la totalidad de las personas detenidas y retenidas y realizó certificaciones médicas que permitieron documentar lesiones y “graves afectaciones físicas y también psicológicas” que atribuyó al trato recibido por policías estatales y antimotines.


Ante ello, consideró indispensable aplicar el Protocolo de Estambul para aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que permanecieron retenidas.

La CNDH también entrevistó a periodistas que aportaron testimonios e imágenes sobre las detenciones y destacó el caso de un estudiante de Derecho que sufrió una fractura en las cervicales y requiere atención especializada urgente por el riesgo para su vida y la funcionalidad de su cuerpo.

El organismo señaló que muchas de las personas detenidas y violentadas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ o son defensoras de derechos humanos, mientras que en la mayoría de los casos todavía se desconocen el contenido y los motivos de las carpetas de investigación.

De acuerdo con los testimonios recabados por el organismo, Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, “habría funcionado como un espacio de operación dentro del despliegue de seguridad implementado durante la jornada”.

Debido a las irregularidades observadas y a que todavía no ha recibido el expediente de la CEDHJ, la CNDH abrió una investigación propia bajo el expediente CNDH/5/2026/8529/Q.

En cuanto a las cuatro personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre —Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez—, un juez las vinculó a proceso el pasado viernes por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Los cuatro enfrentarán el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen acudir periódicamente a firmar ante los juzgados, según informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

La organización, que participa en su defensa, sostuvo que la resolución judicial “respaldó la criminalización de la protesta social” y reclamó que fueran liberados de todos los cargos. Sus abogados señalaron que la decisión judicial “omitió las pruebas” presentadas durante la audiencia.

Campesinos de Ucú reactivan los bloqueos al Tren Maya de carga y denuncian engaños del gobierno

Autoridades ejidales afirman que el gobierno de Yucatán rompió su promesa de devolver tierras y compensar a familias mayas afectadas por despojos. Las obras del Tren Maya de carga se paralizaron en la parcela 21, reclamada por las y los campesinos y pretendida por empresarios señalados de apropiación ilegal de terrenos. La comunidad de Ucú mantiene su resistencia en el área pese a los intentos de desalojo de las fuerzas de seguridad estatales.

Felipe Quintal es el comisario ejidal de Ucú, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán. Y donde el Tren Maya de carga partió en dos el monte y la tranquilidad de 360 ejidatarios, quienes han denunciado abiertamente que el megaproyecto federal se cimenta sobre el despojo de tierras. “No tiene palabra. El gobierno no tiene palabra“, enfatizó Quintal, en diálogo con Jaltun.

El atropello más reciente contra las y los campesinos de la comunidad ocurrió el pasado 5 de octubre de 2026. Ese día, la policía estatal de Yucatán intentó desmontar un plantón que los ejidatarios mantenían sobre la brecha abierta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Allí, las y los convocados volvieron a señalar que el Tren Maya de carga está ideado para favorecer a empresarios.

“El gobierno trabaja en beneficio de los empresarios. No tiene interés en ayudar a su pueblo, aunque gracias a ellos los gobernantes están ahí donde están sentados. Se les olvidan sus promesas de campaña, su humildad que tienen en campaña. A mí me queda claro que no somos prioridad”, dijo Quintal, ya desde la casa ejidal, mientras el tránsito de volquetes con materiales destinados a la obra del ferrocarril interrumpen la conversación.

La frase no es un arrebato. Es la conclusión de un año de negociaciones rotas y acuerdos de palabra incumplidos.

Ejemplo de ello está en que, meses atrás, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a resolver una demanda de los ejidatarios: devolverles la parcela 21 del ejido por donde pasará el Tren Maya de carga.

Precisamente ese incumplimiento es el que reactivó la lucha por parte de los campesinos de Ucú.

La parcela 21, una historia de paraísos fiscales y fraudes

En 2008, la asamblea ejidal de Ucú otorgó 194 hectáreas de tierras de uso común a Santos Dabid Dzul Pech, un ejidatario que hasta entonces no tenía tierra.

La asignación, que es parte de otra historia de despojo que involucra a la exgobernadora Ivonne Ortega, vino con un acuerdo de palabra: si algún día Santos vendía la tierra, el dinero se repartiría entre todos los ejidatarios.

Los años transcurrieron sin mayor problema. Sin embargo, en 2016 las cosas comenzaron a enturbiarse. Ese año apareció un pagaré fechado en 2003 —cuando Santos David todavía no poseía nada— que daba la titularidad de la parcela a un empresario de nombre Roberto Elías Moisés Trujillo.

En el documento se dice que Moisés Trujillo prestó diez millones de pesos a Dzul Pech, quien dejó como garantía de pago “su parcela“, aunque para ese año —2003— Santos Dabid no tenía parcela alguna: la número 21 le fue asignada por la asamblea ejidal en 2008.

“Es una deuda imposible“, remarcó Quintal, en la charla con Jaltun. Y es que, además de las inconsistencias temporales, el pagaré no establece intereses, plazos ni forma de pago. Tampoco hay rastro de transferencia bancaria ni de entrega en efectivo.

Durante trece años nadie reclamó ese dinero. No ocurrió en 2008, cuando la asamblea le asignó la parcela a Dzul Pech. Tampoco en 2015, cuando se firmó un contrato de usufructo y, de forma irregular, se aprobó el cambio de destino del terreno, que pasó de uso común a área parcelada. La deuda permaneció congelada hasta septiembre de 2016.

Ese mes apareció en Ucú otro empresario: Arturo Millet Reyes, quien se presentó en una asamblea ejidal para ofrecer cien mil pesos por hectárea, justo en la zona donde se ubicaba la parcela de Dzul Pech.

De hecho, uno de los requisitos que estableció Millet Reyes para cumplir con el pago fue que los ejidatarios firmaran la parcela 21 a su nombre. Los ejidatarios rechazaron la oferta y el empresario nunca regresó.

Muy poco tiempo después, el 30 de septiembre de 2016, el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió el título de propiedad número 1002123 a nombre de Dzul Pech. Ya en noviembre se presentaron dos avisos preventivos de compraventa a favor de un tercero, Miguel Antonio Muñoz Zetina, ambos cancelados.

El 8 de diciembre apareció un nuevo aviso: dación en pago a favor de Roberto Elías Moisés Trujillo. La deuda de 2003 despertaba de golpe, y el empresario finalmente la había cobrado en un par de semanas.

Al día siguiente, esto es, el 9 de diciembre, se otorgó la escritura pública 635 en la Notaría 87 de Mérida y las 194 hectáreas pasaron a manos de Moisés Trujillo. El campesino no firmó: lo representó Alonso Jesús Diego Molina, un exfutbolista del América que es amigo de Arturo Millet Reyes.

Ese mismo día, Gener Ismael Pech León, entonces comisario ejidal de Ucú y hoy presidente del municipio del mismo nombre, firmó un derecho de tanto. De esa forma, quitó al ejido la prioridad de compra con el argumento de que a nadie le interesaba adquirir esa tierra.

“Todo eso tiene un proceso mínimo de un año para que se pueda volver propiedad. No puede ser que en horas se haga la propiedad. Aquí es claro que hubo corrupción por parte del excomisariado y también por parte de las autoridades agrarias“, afirmó Quintal. “Con el comisario de ese entonces, que es el presidente municipal actual de Ucú, ellos, los empresarios, tenían su relación y simularon todo esto“, añadió.

Las tierras que comprenden la parcela 21 son las mismas por donde está previsto el tendido del Tren Maya de carga.

Detrás del despojo hay una disputa entre dos empresarios. Quintal lo describió así: “Hay un problema entre Arturo Millet y Roberto Elías (Moisés Trujillo). Toda esa deuda de los diez millones de pesos es una simulación, no existió. Lo hicieron para cobrarle a Arturo Millet el dinero que él le debía a Roberto Elías“. Dzul Pech, subrayó, fue un peón.

En el plantón en el monte, una campesina entrevistada lo resumió de esta forma: “Todo está mal. Desde que la asamblea le dio las tierras al señor Santos Dabid, estuvo mal, pero si así se decidió en su momento, ni modo. Pero él nunca debió vender, y si no quiere poner la cara en el ejido, quiere decir que hasta él está coludido con los empresarios y con las personas que lo están tapando. Yo le pregunté esta semana que a quién le vendió las tierras y no me contestó. ‘Tú lo sabes’, le dijo al comisario, pero a mí no me contestó. Tiene miedo”.

Como un dato al margen –o no tanto– debe mencionarse que Roberto Elías Moisés Trujillo aparece en los Paradise Papers a través de Moises & Associates International Corporation, una sociedad con sede fiscal en las islas Caimán y de la que es director desde 1998.

En México, el empresario ha constituido al menos tres sociedades inmobiliarias, una gasera y una hotelera. Ésta última es propietaria del hotel Wakax Hacienda en Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Entre sus socios se encuentran Eduardo José Patrón Cervera, Pablo Barbachano Herrero, Chikri Abimerhi Bodib y su hermano, Carlos de Jesús Moisés Trujillo, todos relacionados a denuncias de despojo de tierras en la península de Yucatán.

Arturo Millet Reyes, por su parte, figura en un informe interno del RAN de 2024 entre los dieciocho mayores acaparadores de tierras del País: 398 parcelas, que suman 755 hectáreas.

El empresario fue detenido en noviembre de 2025 por incumplir un pago de 2,8 millones de dólares y reaprehendido en abril de 2026 a raíz de un despojo de tierras perpetrado en Hunucmá, Yucatán.

El tren que abrió la brecha

Felipe Quintal recordó con precisión el momento en que entendió que, al margen de resultar una amenaza para el territorio, el Tren Maya de carga también podía abrir una oportunidad para recuperar tierras del ejido de Ucú.

Corría 2024 y se enteró de que había una demanda heredada de sus predecesores que dormía en el tribunal agrario.

“Yo no sabía de la demanda que habían puesto mis compañeros. Y en ese tiempo también nos enteramos, por empresarios que me filtraron el trazo, de que iba a pasar el tren de carga por Ucú. Ahí es cuando les dije a mis compañeros: ‘Yo creo que es nuestra oportunidad porque no hay otra’”, comentó.

Para el presidente del comisariado ejidal la estrategia se le hizo clara: incidir en la construcción del megaproyecto, anunciado con bombos y platillos como una punta de lanza del gobierno federal en el sureste mexicano, resultaba la oportunidad para destapar la cloaca de abusos y corrupción que han afectado a Ucú por años.

En asambleas, él y el resto de los ejidatarios elaboraron un diagnóstico muy simple: para negociar tiene que haber presión.

“Nuestro mejor método de presión es hacer un plantón, detener el trabajo. Y algunos estaban de que no, de que sí. Muchos tenían miedo, pues era enfrentarse a los militares. Yo, como estudié un poco de derecho, me detenía a explicar que lo que queríamos hacer era legal, y a decirles que ni empresarios ni autoridades nos pueden reprimir por protestar“, explicó.

El plantón llegó el 28 de julio de 2026. Duró tres meses. La descripción que hace Quintal de esos meses en el monte es la de una resistencia sostenida por hilos.

“Es difícil porque te muestran o te hacen creer que no vas a llegar a nada porque las autoridades no te buscan. Estás solo en el monte y nadie viene, nadie te llama, nadie te hace saber algo. Está todo en silencio. Vivimos y pasamos nuestro día conviviendo entre compañeros, contamos nuestras historias. Pero nunca tenemos algún avance, algún informe. Nada“, expresó.

“Hubo un día en que solo llegaron quince personas. Ya la gente estaba totalmente desanimada. ¿Qué es lo que estaban esperando los del gobierno? Que se desanime el ejido. Pero yo otra vez molesto, le hablo a la gente, a esas quince personas. Que hay que hacer una reunión y aquí hay que venir todos, porque acá todos van a tener un beneficio. Les dije: ‘Sí, soy comisario, soy su representante, pero yo solo no puedo acá. Aquí necesitamos la unión de todos, el trabajo de todos, la presencia de todos’”, detalló.

Siempre según Quintal, la reunión que pidió no duró más de cinco minutos. “Los regañé, los grité, les hablé fuerte. Todos callados. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie me responde. Les dije que si les interesa su derecho, la tierra, si les interesa seguir peleando, al día siguiente les esperaba en el monte. Al día siguiente, tras el desfile del 15 y 16 de septiembre, llegaron 250 personas“, comentó.

Antes, en julio pasado, un grupo de empresarios –los mismos que le habían filtrado el trazo– contactaron a Quintal para decirle que gente de la gobernación de Yucatán quería hablar con el ejido. En esa instancia conoció a Pablo Castro Alcocer, subsecretario de gobierno, y, aparentemente encargado de apaciguar los conflictos sociales en el estado.

“Me dijo que le diéramos la oportunidad de mostrarle al ejido que el gobierno iba a cumplir, que iban a trabajar, que nos querían apoyar. Yo no le aseguré ni comprometí a nada. Le dije que iba a platicar con mis compañeros a ver qué me autorizaban ellos“, aseguró el comisario ejidal.

Después de este encuentro vino una segunda reunión y luego una tercera, todas durante el mes de julio, con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

“El gobernador me dijo que la presidenta Claudia (Sheinbaum Pardo) le había pedido que hablara personalmente conmigo. Y el gobernador dijo: ‘Sí, sí, yo me comprometo a hablar con Felipe. Es más, yo mismo lo voy a ver a su casa si es posible’. Así tal cual me dijo“, recordó.

En el encuentro, según Quintal, el mandatario fue explícito: “Felipe, por órdenes que tengo de la presidenta Claudia Sheinbaum, me pidieron hablar contigo para pedirte si pueden retirar el plantón. La presidenta quiere terminar su proyecto para diciembre. Me comprometo a apoyarte jurídicamente. Es más, aquí están ellos, lo están escuchando, está Pablo, que es el encargado de darte acompañamiento jurídico”.

Quintal creyó en las palabras del gobernador yucateco. “Yo creí que me estaba hablando con la verdad. Creí que tiene palabra. Hicimos un trato de palabra que creo que es lo más sano, lo más válido para la antigüedad. No hay nada más valioso que la palabra que un escrito. Para mí así es, pero veo que para él no lo es“, se lamentó.

El trato fue que a cada ejidatario le darían 100 mil pesos a cambio de que dejaran que el tren de carga continuara su camino por Ucú. La idea inicial era pedir 300 mil pesos, dijo Quintal, “pero en el ejido hay varios grupos que presionaron para que aceptáramos los 100 mil. Además, se comprometieron a revisar jurídicamente otros conflictos, así como la demanda por restituir las tierras de la parcela 21 para operativizar los pagos de la expropiación”.

El comisario aceptó el trato después de consultarlo con la comitiva del ejido que lo acompañó al palacio de gobierno. Al regresar a Ucú, pidió a sus compañeros retirarse del plantón. “Muchos estuvieron de acuerdo. Los que estaban a muerte conmigo me decían: ‘No, te están engañando’. Pero yo me sentí comprometido con el gobernador”, reconoció.

Sin embargo, después del acuerdo alcanzado con el gobierno pasaron tres semanas sin respuesta de las autoridades.

Gobierno incumple, la resistencia se reactiva

Luego, a finales de agosto, tuvo lugar una reunión en la consejería jurídica del estado con funcionarios federales que representaban a la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Territorial, del RAN, de la Procuraduría Agraria, de Catastro y hasta mandos militares.

“Nos dijeron que ellos no son magistrados para cambiar la información, que hay que llevar el proceso adecuado. Pero no se comprometieron a nada“, rememoró Quintal, quien de inmediato pensó que el gobierno se estaba lavando las manos.

Ante esta situación, los campesinos volvieron a instalar el plantón en las inmediaciones de la construcción del tren de carga.

“Ya aprendimos la lección. Ya aprendimos que no tienen palabra. Es difícil creer otra vez en ellos porque no nos cumplieron. Sinceramente creí en ellos, que me iban a apoyar con lo que prometieron“, dijo el comisario ejidal. “Vamos a cerrarle nuevamente porque no están respetando lo que de palabra se habló. Mis compañeros me dicen: ‘Sí, vamos esta vez, Felipe, no nos vamos a quitar hasta que nos paguen’”, agregó.

Entre algunos campesinos la demanda va más allá del dinero. A eso se refirió una campesina de Ucú también en el plantón: “Lo que nosotros queremos ahora no es dinero, sino que nos regresen nuestras tierras para repartirlas entre los campesinos que no tenemos acceso. También, al interior del ejido, queremos que se depure a todos los empresarios que están en el padrón ejidal. Mi marido es de acá, y ni un pedazo de parcela le dieron en el monte. No es justo”.

Añadió que “hay muchos que somos de acá y no nos toca nada. Yo le diría a otros campesinos que no se dejen. Aquí mi papá es ejidatario, mi abuelo es ejidatario, y en las asambleas no nos dejan hablar ni tener derechos, pero a otros empresarios de afuera les regalan las tierras, no es justo. Ya basta, hombre”.

El 5 de octubre de 2026, la policía estatal desmontó el plantón de los campesinos y dio acceso a los trabajadores del Tren Maya de carga para que continuen laborando. Un día después, los ejidatarios de Ucú se reorganizaron y volvieron a detener las obras.

“El 5 de octubre un grupo de compañeras fueron a la zona del bloqueo a las 10.30 de la noche, dijeron que los palos que bloqueaban el acceso a las obras seguían ahí. Pero cuando llegamos en la mañana del 6 los trabajadores estaban ahí, y vino la policía y los retiraron. Fuimos todos a ver cómo habían quitado el bloqueo. Los señores estaban trabaje y trabaje, aunque saben que hay un conflicto aquí en la parcela 21”, comentaron a Jaltun varios integrantes del grupo en resistencia. Agregaron que, al margen de que fuerzas de seguridad y operarios del ferrocarril despejaron el bloqueo entre la noche del 5 y la madrugada del 6, el plantón comunitario continúa en la zona.

El gobierno de Yucatán hasta ahora sigue sin reunirse con los ejidatarios.

FUENTE/MEDIO: JALTUN.
AUTOR: ALEJANDRO RUIZ.
ENLACE: https://jaltun.mx/campesinos-de-ucu-reactivan-los-bloqueos-al-tren-maya-de-carga-y-denuncian-enganos-del-gobierno/