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» » » » Nuevo paro en el Poder Judicial: 32 mil trabajadores protestan en 17 estados contra esquema de evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en al menos 17 estados iniciaron un paro de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación del desempeño del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La inconformidad exige congelar el Acuerdo AG-POAJ-025/2026, argumentando que el examen de conocimientos solo representa el 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de criterios subjetivos que ponen en riesgo la carrera judicial y la permanencia de 32 mil empleados. Por su parte, el OAJ aseguró que la prueba programada para diciembre de 2026 será meramente diagnóstica y descartó que implique despidos o pérdida de plazas

El Poder Judicial se vuelve a ir a paro, esta vez por el examen al que están obligados a realizar, sin embargo, el problema no es el ejercicio de evaluación sino el bajo valor que tiene comparado con criterios más arbitrarios que abarcan el 60% de la evaluación final. 

 Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas sedes del país para exigir que se deje sin efectos el nuevo sistema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.


La protesta comenzó durante la madrugada en instalaciones de la Ciudad de México y se extendió a al menos 22 sedes de 17 entidades. Entre los inmuebles donde se reportaron suspensiones de actividades están los de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, en la capital del país, así como instalaciones judiciales en Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

En Monterrey, los trabajadores bloquearon de manera intermitente los carriles de la avenida Constitución, a la altura de Cuauhtémoc. En Cancún, cerraron con candado el acceso a las instalaciones. En Morelos, más de mil empleados cerraron desde el jueves las sedes de Cuernavaca y Xochitepec.


La inconformidad se dirige al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece un esquema de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios, oficiales judiciales y demás personal de carrera judicial. La medida comprende alrededor de 32 mil trabajadores adscritos a más de 900 juzgados y tribunales federales.

EVALUACIÓN: 40% EXAMEN Y 60% OTROS CRITERIOS

El nuevo mecanismo contempla evaluaciones periódicas que combinan un examen de conocimientos y competencias, equivalente a 40% de la calificación, con otros criterios que representan el 60% restante.

En esta segunda parte se consideran aspectos como capacitación, productividad, calidad del trabajo, trabajo en equipo, ética, atención a la ciudadanía y valoraciones de superiores y compañeros.


Los trabajadores cuestionan que el examen tenga un peso menor frente a criterios que, consideran, pueden prestarse a valoraciones subjetivas. También advierten que el esquema no reconoce suficientemente la antigüedad y la experiencia, y temen que los resultados puedan utilizarse para determinar la permanencia en el puesto, cambios de adscripción o separación del cargo.

La vocera Patricia Aguayo ha señalado que los trabajadores condicionan el regreso a sus actividades a que se retire el acuerdo. Entre las demandas también está establecer un mecanismo de evaluación orientado a la capacitación y no a posibles despidos o reubicaciones.


La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también cuestionó el nuevo esquema. En un comunicado, acusó que busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, al establecer mecanismos que considera discrecionales.

OAJ NIEGA RIESGO DE DESPIDOS

Ante la convocatoria al paro, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones previstas para diciembre puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.


El organismo precisó que la primera aplicación, programada entre el 4 y el 15 de diciembre de 2026, tendrá exclusivamente carácter diagnóstico. Por ello, no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

“El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, sostuvo.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Añadió que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

La institución defendió que cuenta con atribuciones para aplicar estas evaluaciones, conforme al artículo 100 de la Constitución y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal.

“La evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador”, indicó.

El organismo manifestó su disposición al diálogo para explicar el procedimiento y proporcionar herramientas de capacitación, pero insistió en que debe cumplirse el mandato constitucional.

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