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» » » Tribunal ordena a García Harfuch dar seguimiento a la búsqueda del desaparecido Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván Valenzuela fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, de Mazatlán

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a diversos mandos de esa dependencia supervisar las diligencias ministeriales pendientes para localizar a dos testigos clave en la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en Mazatlán, Sinaloa. 

La información fue dada a conocer por la organización Defensorxs y publicada por Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, a través de sus redes sociales. Según el comunicado, la resolución establece que las autoridades deben verificar el estado de las actuaciones omitidas y realizar las gestiones necesarias para localizar a las personas que podrían aportar información sobre lo sucedido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, donde fue visto por última vez el joven.

Al momento de los hechos el bar, uno de los más populares de Mazatlán, era copropiedad de Ricardo "Pity" Velarde, entonces secretario de Economía de Sinaloa, en la administración de Rubén Rocha Moya.

Además, Defensorxs señala que el Tribunal ordenó a las autoridades correspondientes intervenir en la ejecución de las instrucciones giradas por el Ministerio Público, atenderlas y cumplirlas con la debida diligencia, particularmente aquellas relacionadas con la búsqueda de los posibles testigos. 

Según la organización, la determinación representa un revés para la decisión de la jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien previamente había negado la suspensión provisional solicitada por la familia dentro del juicio de amparo 1184/2026, al considerar que las víctimas debían esperar hasta la sentencia para obtener protección constitucional frente a las omisiones atribuidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

En contraste, el Tribunal Colegiado revocó esa determinación y otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades de la SSPC para informar sobre el cumplimiento de lo ordenado. 

Es un avance: Madre de Carlos Emilio

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, calificó la resolución como un avance en la lucha por encontrar a su hijo y reconoció la imparcialidad del órgano jurisdiccional. 

Sin embargo, advirtió que las autoridades no deberían necesitar una resolución judicial para cumplir con sus obligaciones. 

“Las autoridades de seguridad y procuración de justicia deberían actuar con eficacia, responsabilidad y humanidad por convicción y por obligación, no porque una resolución judicial tenga que recordarles que hay un hijo que debe ser buscado”, señaló. 

La madre también subrayó que el tiempo es un factor determinante en las investigaciones por desaparición y que las diligencias pendientes pueden comprometer las posibilidades de encontrar a las víctimas y conocer la verdad. 

“Cada omisión, cada diligencia pendiente y cada retraso pueden comprometer las posibilidades de encontrar a nuestros hijos y conocer la verdad”, expresó.


La resolución judicial ocurre después de que Brenda Valenzuela promoviera un juicio de amparo contra García Harfuch y otros funcionarios de la SSPC, a quienes señaló por presuntas omisiones en la ejecución y supervisión de diligencias ministeriales para localizar a dos personas que podrían aportar información sobre la desaparición de su hijo. 

De acuerdo con los argumentos presentados por la familia, el Ministerio Público había girado instrucciones en distintas ocasiones para ubicar a esos posibles testigos; sin embargo, los registros de investigación no contenían constancias suficientes para acreditar que se hubieran agotado las acciones necesarias. 

La familia también denunció la falta de respuesta a una solicitud presentada el 21 de octubre de 2026 por su asesoría jurídica, mediante la cual pidió la intervención de distintas áreas de inteligencia de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. 

La petición buscaba ampliar las capacidades institucionales para localizar a las personas que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. 

La desaparición de Carlos Emilio es investigada por dos áreas de la Fiscalía General de la República: la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. 

En la demanda de amparo, la familia también planteó que los hechos podrían estar relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como La Chapiza o Los Chapos. 

Tras la resolución, Brenda Valenzuela aseguró que continuará recurriendo a todas las instancias necesarias, tanto en México como en el ámbito internacional, para exigir que la búsqueda y la investigación se realicen con diligencia y bajo el principio de presunción de vida. 
“No dejaré de tocar ninguna puerta, en México ni en el ámbito internacional. Seguiré exigiendo que la búsqueda y la investigación de Carlos Emilio se realicen con diligencia, responsabilidad y bajo el principio de presunción de vida”, sostuvo.
La madre consideró que la decisión judicial constituye un avance, pero advirtió que ahora corresponde a las autoridades demostrar que están cumpliendo con las instrucciones mediante acciones concretas.

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