Funcionarios municipales denunciaron que el secretario de Gobierno los presionó con retirarles obras públicas para modificar sus votos. Diez ayuntamientos buscan revertir su aprobación inicial de la reforma; el Gobierno estatal niega las acusaciones
Advirtieron que estas acciones buscan impedir que la ciudadanía decida en las urnas si Margarita González Saravia continúa en la gubernatura.
De los 36 municipios de Morelos, 24 aprobaron inicialmente la reforma, ocho votaron en contra y cuatro no emitieron su voto. Sin embargo, 10 de los ayuntamientos que la respaldaron ahora buscan modificar su postura y ya enviaron documentos al Congreso, luego de que sus autoridades habrían sido presionadas por la Secretaría de Gobierno. Se trata de Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.
El presidente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, denunció que los alcaldes fueron amenazados con retirarles obras y emprender acciones en su contra para obligarlos a modificar sus votos.
"Lo que buscan para que esos 10 municipios se retracten es amenazarlos con retirarles obra pública, emprender acciones contra los alcaldes y prometerles obras que finalmente no les cumplirán", declaró.
Marcela Hernández Salgado, presidenta estatal de SOMOS Morelos, calificó las presiones a los alcaldes como un abuso de poder y acusó a Morena de incongruencia por intentar frenar un mecanismo que promovió. "Ellos son quienes proponen la revocación de mandato para las personas que están en el Ejecutivo y lo que tienen que hacer es respetarla", señaló.
Funcionarios municipales que pidieron reservar su identidad por temor a represalias informaron a Proceso que la estrategia fue ordenada por Maldonado Ceballos. Según sus testimonios, la Secretaría de Gobierno envió oficios con instrucciones sobre cómo plantear ante los cabildos el cambio de voto y qué argumentos presentar al Congreso para que aceptara las modificaciones.
Los funcionarios también relataron que el secretario llamó personalmente a los alcaldes. A algunos les advirtió que perderían obras previamente acordadas si no apoyaban a la gobernadora; a otros les ofreció obras y gestiones a cambio de cambiar su voto.
El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal establece que los ayuntamientos no pueden revocar sus acuerdos, salvo cuando contravengan la ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas que los motivaron. En este caso, la iniciativa de revocación de mandato ya fue votada. Polanco Saldívar sostuvo que no se actualiza ninguna de esas excepciones y calificó de inconstitucional el intento de modificar los sufragios.
En algunos municipios, las presiones habrían incluido advertencias sobre posibles auditorías de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), encabezada por José Blas Cuevas Díaz, y procedimientos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, a cargo de Leonel Díaz Rogel.
Ambos funcionarios han sido señalados por actores políticos y en investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción y por utilizar las instituciones a su cargo como instrumentos de presión política.
Proceso buscó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, para conocer su postura sobre los señalamientos. En respuesta, envió por escrito un posicionamiento en el que negó que el Poder Ejecutivo haya presionado a los presidentes municipales:
"Rechazamos cualquier señalamiento en el que se establezca la intervención de este Poder para presionar a las y los presidentes municipales en la toma de decisiones".
El Gobierno estatal sostuvo que respeta la división de poderes y las decisiones de los ayuntamientos, y reiteró su respaldo a la revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.
Morenistas y aliados aplazan la declaratoria
Las bancadas de Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde respaldaron revisar los votos municipales sobre la revocación de mandato de la gobernadora Margarita González Saravia, mientras PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PT exigieron reconocer los 24 sufragios aprobatorios y votar la declaratoria constitucional.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, determinó turnar el asunto a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos, sin someter a votación la propuesta de incorporar la declaratoria al orden del día, presentada por la priista Gonzala Eleonor Martínez Gómez.
La legisladora argumentó que el 8 de octubre, con el voto favorable de Tlaquiltenango, se alcanzaron las dos terceras partes de los 36 ayuntamientos, como establece el artículo 147 de la Constitución estatal. Sin embargo, entre el 9 y el 15 de octubre ingresaron 18 nuevas actas de cabildo, diez de ellas de municipios que originalmente aprobaron la reforma y después intentaron cambiar el sentido de su voto.
Martínez Gómez sostuvo que los ayuntamientos agotaron su facultad constitucional al emitir y notificar sus decisiones al Congreso, por lo que no pueden sustituirlas posteriormente. En contraste, Pimentel Mejía argumentó que debe determinarse si los acuerdos posteriores tienen efectos sobre el cómputo constitucional.
La priista insistió en que su propuesta debía someterse a consideración del Pleno y advirtió que impedir su votación podía vulnerar sus derechos político-electorales y obstaculizar el ejercicio de sus funciones legislativas. Sin embargo, la modificación del orden del día no fue votada y tampoco se emitió la declaratoria.
Oposición y Morena confrontan posturas
Horas antes, diputados de oposición acusaron a Morena y al Gobierno estatal de obstaculizar el mecanismo de participación ciudadana y exigieron respetar los 24 votos originales.
El coordinador panista, Daniel Martínez Terrazas, sostuvo que la Constitución no contempla una segunda votación municipal ni permite retirar libremente los sufragios una vez recibidos por el Congreso. También defendió que la participación de los ayuntamientos forma parte del procedimiento del Constituyente Permanente y no constituye un acto administrativo ordinario.
"La revocación de mandato no significa destituir automáticamente a un gobernante. Significa reconocer que el poder no es propiedad de quien lo ejerce y que la confianza ciudadana debe poder evaluarse durante el ejercicio del cargo", afirmó.
La diputada Andrea Gordillo Vega cuestionó que se obstaculice el escrutinio ciudadano: "Si se presume un buen trabajo, no tendría por qué haber temor al escrutinio público".
Por MC, Luz Dary Quevedo Maldonado pidió una resolución fundada y transparente: "No pedimos saltarnos procedimientos ni vulnerar la autonomía municipal. Pedimos que este Congreso cumpla con su deber, revise los votos emitidos originalmente y dictamine sin miedo y sin presiones".
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, cuestionó que se pretenda detener el mecanismo y advirtió: "No dar paso a la revocación de mandato es traicionar los principios de la izquierda y el compromiso de que el pueblo pone y el pueblo quita".
En contraste, la morenista Jazmín Solano rechazó que su bancada esté en contra de la revocación de mandato. Sostuvo que sus objeciones se relacionan con presuntos vicios legales del procedimiento. Recordó que la reforma fue aprobada por la 55 Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y que, tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) del 24 de junio de 2026, se requirió nuevamente a los municipios para emitir sus votos. También señaló que hubo presiones para que algunos ayuntamientos modificaran sus decisiones originales.
El coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, negó que existan instrucciones para impedir la declaratoria: "Ni hay argucias ni tampoco hay instrucciones". Sostuvo que debe revisarse el periodo y la legislatura en que se aprobó y remitió la reforma a los municipios, antes de avanzar.
A esta postura se sumaron la coordinadora de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, y el coordinador del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, quienes también plantearon revisar los alcances jurídicos del mecanismo.
En entrevista con Proceso, Rafael Reyes condicionó el avance de la reforma a que una autoridad judicial determine si los ayuntamientos actuales pueden modificar los votos emitidos por cabildos de administraciones anteriores. El coordinador morenista negó que exista protección política a la gobernadora y aseguró que su bancada está dispuesta a retomar el procedimiento cuando haya un criterio jurisdiccional. "Nosotros estamos listos para reiniciar el procedimiento", afirmó. Sobre los señalamientos de que buscan prolongar la discusión, respondió: "Estamos cuidando el proceso legislativo, nada más".
La sesión concluyó sin que se votara la declaratoria constitucional. El asunto quedó pendiente de revisión en la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos. De concretarse la reforma y los procedimientos posteriores, las y los morelenses podrían decidir en 2027 si Margarita González Saravia continúa en el cargo.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/11/7/acusan-a-edgar-maldonado-de-amenazar-a-alcaldes-para-frenar-revocacion-de-mandato-en-morelos-383316.html
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.
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