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Cártel de Sinaloa exhibe a jóvenes desaparecidos

Arrodillados, visiblemente golpeados y tomados del cabello mientras están rodeados por un comando armado de sujetos que se identifica como integrantes de las “Fuerzas Especiales del Ranchero” (F.E.R.), tres hombres son videograbados en la oscuridad luego de presuntamente haber sido capturados mientras realizaban actividades para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la delegación Nueva Colonia Hindú en Tecate.

Quien realiza la grabación los exhibe mientras advierte al CJNG de la pérdida del control de la delegación rural considerada como bastión de los jaliscienses: “Ay ta’chicho… tu gente verga, ahí ta el rápido ira”, dice mientras acerca el celular al rostro del hombre ubicado en medio del grupo, y prosigue: “Pinche bola de volteados, ahí están tus pinches soldados de papel… pinche cobra plaza, cerro azul tiene dueño verga, el Ranchero, puro Ranchero es cerro azul y cáiganle a topar que aquí estamos instalados”, reta mientras muestra la escena.

A quien menciona como el Chicho, es identificado por investigadores de Tecate como Ricardo López, uno de los principales sicarios al servicio del Cártel Jalisco en Tecate bajo las órdenes de José Ángel Ayala, el Siete, grupo al que también pertenece Sergio, el Checo, capturado y liberado este mismo año.

Al Chicho se le atribuyen cerca de 40 homicidios de diciembre del 2025 a octubre del 2026, aunque pudieran ser más antes de ese periodo, advierten investigadores; la cantidad no es especifica debido a que no figuraba en el cártel sinaloense al que servía hasta diciembre del 2026, luego que junto a otros tres operadores más decidieron “brincar” de bando y disputarse el control del Pueblo Mágico.

Los tres hombres que aparecen capturados en el video fueron identificados como Luis Mendoza, el Rápido; Jorge Abel Carrasco Mendoza, de 19 años, apodado Draco; y Bruno Paul Cruz Lares, también de 19 años. De los últimos dos, informaron familiares a ZETA, “salieron acompañados de otro amigo a hacer un trabajo de construcción, y -advirtieron- esa mala amistad es del que aparece en medio; no puede ser lo que nos está pasando”. Actualmente son apoyados por colectivos de búsqueda locales para dar con el paradero de los jóvenes.

Los captores que toman el video visten ropa militar y equipo táctico, otro más con ropa similar a la utilizada por la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE); portan armas largas, y alrededor de ellos se observan también vehículos tipo camionetas pickup al fondo, una de color blanco y otra gris, muy parecidas también a las utilizadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y FGE, ambas portan estrobos.

Casi a la par de que el video se hiciera público en redes sociales, se difundió también la ficha de búsqueda emitida por la Guardia Nacional y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Tecate, que incluían fotografías de dos de los hombres que aparecen en el mismo, Jorge y Bruno; ambos fueron visto por última vez —según reportaron sus propios familiares— el pasado 3 de noviembre en la Nueva Colonia Hindú, cuando dijeron dirigirse a realizar un trabajo en la construcción.

Familiares informaron días después que Adriana Cervantes Escalante, de 35 años, pareja sentimental de uno de los hombres que aparece en el video como capturado, se encuentra privada de la libertad desde el pasado 4 de noviembre, cuando fue vista por última vez en su vivienda ubicada en la sección Cerro Azul, también en la Nueva Colonia Hindú.

El 9 de noviembre otro video fue difundido en redes; ahí se observa el interrogatorio al que fueron sometidos dos de los tres hombres capturados, Luis y Jorge, quienes aparecen en una silla respondiendo preguntas como la operatividad del CJNG, cuánto tiempo tenían delinquiendo, y además se muestran capturas de conversaciones que el grupo criminal sostuvo.

El Draco señala durante su interrogatorio a su suegra Teresa Jazmin López Rodríguez como una de los principales informantes sobre los recorridos que realiza la Guardia Nacional en la delegación Nueva Colonia Hindú; se informa también de presuntos pagos que se le realizan a SEDENA y cómo ha disminuido la venta de estupefacientes debido a el despliegue de los 506 agentes. En las conversaciones se mencionan empresarios de la Nueva Colonia Hindú, a quienes el grupo extorsiona para obtener fondos que les permita cubrir la nómina, la cual ronda entre los mil 500 y dos mil pesos semanales; en caso de no contar con efectivo se les proporciona “material” para su consumo.

Dentro de la lista de operadores que se mencionan en la información vertida durante el interrogatorio, se encuentran Pedro, quien operaría en la zona de San Pablo; el Takis identificado como Carlos Torrecillas; y Roberto, a quien señalan como el principal operador de las cámaras de videovigilancia operadas por el CJNG y quien vía frecuencia transmite la información de las actividades y recorridos de las autoridades. Este último, informaron investigadores, recibe también información de un policía municipal conocido como Gámez, de nombre Jesús, a quien identifican como “compadre” de José Ángel Ayala, el Siete, y otro agente más familiar de Ricardo López, precisamente con ese apellido, además de otro agente identificado como Chavira.

Agentes federales informaron también, que los hechos registrados precisamente el día 6 de noviembre se llevaron a cabo durante recorridos que se realizaban lejos de la zona, por lo que no descartan que información se haya filtrado a los grupos delictivos, informando de la ubicación del operativo, lo que permitió realizar el ataque armado y la fuga; además, insistieron que los atacantes parecían tener conocimiento de las zonas en las que no se cuenta con operatividad el Centro de Control y Comando.

Los hechos que señalaron los agentes federales ocurrieron tres días después de la captura de los hombres. El 6 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Nayarit de la colonia El Paraíso, en Tecate, asesinando a un hombre de aproximadamente 65 años. Del lugar se llevaron privado de la libertad a otro sexagenario que habría atestiguado el crimen, y quien fue identificado por sus familiares como Sergio García Chávez, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

A las 22:10 minutos vía radiofrecuencia, vecinos de la colonia La Viñita alertaban detonaciones de armas de fuego en la zona; ahí pese al operativo implementado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Tecate que concentran a más de 500 elementos municipales, estatales y federales, sujetos armados volvieron a realizar un ataque armado que dejó en el lugar (identificado como la Zona del Río, en el que prevalecen personas en situación de calle) dos personas sin vida y tres más lesionados. Horas más tarde, autoridades informaron que dos de las víctimas fallecieron mientras recibían atención médica, dando un saldo total de cuatro personas sin vida.

A la par, el colectivo de búsqueda en Tecate, Madres Hasta Encontrarte, informó de manera oficial, también el 6 de noviembre, sobre la localización de un cuerpo sin vida al interior de una caja de plástico color negra, en las inmediaciones de la Nueva Colonia Hindú, cerca nuevamente del Rancho Las Creaturas. En esta zona, solamente en lo que va del 2026, se han contabilizado más de nueve cuerpos en fosas clandestinas, y que, a decir de los investigadores, es una zona considerada como de uso del CJNG para ocultar los cuerpos de sus víctimas.

Se trata de un hombre de entre 19 y 24 años, delgado, vistiendo pantalón de mezclilla azul marca LEE, camisa tipo polo manga larga marca TRUE RELIGION, una camisa de manga corta, short color verde marca NIKE y unas botas negras marca RUGGED EXPOSURE. Hasta la fecha la víctima no ha sido identificada.

Otros dos hombres, incluido un menor de 13 años, fueron reportados como desaparecidos el 11 de noviembre. Del menor se señaló que había salido de su vivienda rumbo a la secundaria numero dos denominada Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia El Descanso; ni familiares ni autoridades han informado de su estatus actual, por lo que los colectivos siguen publicando sus fichas como desaparecidos.

La presidenta del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Madres Hasta Encontrarte, ha advertido de la creciente ola de desapariciones en los últimos dos meses, en la que se contabilizan cerca de 50 personas desaparecidas. La misma situación ocurre en la localización de fosas clandestinas en la Nueva Colonia Hindú, particularmente cerca del Rancho Las Creaturas, en donde no descartan se ubiquen al menos cinco fosas más con un numero de cuerpos inciertos.
“La llegada de todos los policías no ha limitado a los grupos delictivos a que cometan homicidios, a que se escuchen balaceras, a que desaparezcan gente. Ya lo vimos, es una burla para las autoridades; es momento, creemos, de que realmente el secretario de Seguridad, el general Laureano Carrillo se pregunte realmente si tienen la capacidad para poder controlar a los grupos delictivos que ya hemos visto no se limitan a matarse entre ellos o ir por los ciudadanos indefensos, como los comerciantes, sino que también van por los propios policías”, dijo uno de los empresarios de Tecate.
A más de dos semanas de que una agente estatal fuera ejecutada (a quien se identificó como Astrid), los 506 agentes no han logrado la detención de quien en video fue captado jalando el gatillo directamente en la cabeza de la agente, ni tampoco ninguno de los cabecillas señalados como parte de la estructura criminal al que pertenecen.

Tecate acumula en lo que va del 2026, 170 homicidio, más de 150 personas desaparecidas y una decena de fosas clandestinas.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES).
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ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/cartel-de-sinaloa-exhibe-a-jovenes-desaparecidos/

Salgado Ambros será la fiscal especializada en Desaparición Forzada en FGR

Se desempeñó como la primera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México

La Fiscalía General de la República anunció la incorporación de María Sol Berenice Salgado Ambros como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a partir del próximo 17 de noviembre.

La institución federal afirmó que busca consolidar sus capacidades de investigación, garantizar el derecho a la búsqueda y fortalecer el diálogo directo con las familias de las víctimas.

La dependencia federal informó que brindará continuidad a las averiguaciones previas y dará seguimiento a los compromisos asumidos, toda vez que reconoció que la confianza institucional se construye mediante la escucha activa, el trabajo constante y la entrega de resultados concretos.

Previamente se desempeñó como la primera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México y colaboró con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

La maestra Salgado Ambros acumuló experiencia en operativos de búsqueda en 15 entidades del país, además de certificar a personal operativo en atención al primer contacto e impulsar peritajes independientes con el Equipo Argentino de Antropología Forense.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

'Déjense ayudar': Comité de la ONU pide a México cooperación internacional ante desapariciones

El presidente del organismo, Juan Pablo Albán, insistió en que el procedimiento del artículo 34 busca fortalecer la cooperación internacional y apoyar a México ante la crisis de desapariciones

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, afirmó que el procedimiento activado por el organismo respecto de la situación de México busca impulsar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones y no determinar responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las razones por las que en abril de 2025 activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dijo que el procedimiento se sustentó en información recabada durante años, incluida la proporcionada por el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, así como en el análisis de la evolución de la situación desde la visita que el comité realizó a México en noviembre de 2021.

“Analizó toda la información recibida de México desde el año 2014, porque México se convirtió en estado parte de la convención en el año 2012, analizó la evolución de la situación desde que hicimos la visita en el año 2021, y llegó a la conclusión de que en varias zonas del territorio hay elementos para determinar que se cometen crímenes de lesa humanidad”, señaló.

Albán precisó que, de acuerdo con el análisis del comité, el principal perpetrador de las desapariciones es el crimen organizado, aunque también existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios públicos de los niveles municipal y estatal.

“Como el propio secretario Arturo Medina reconoció ayer en la sala, hay muchos casos en los que se puede confirmar la participación de funcionarios del nivel municipal y del nivel estatal”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que el comité no encontró elementos para sostener que exista una política del gobierno federal para cometer desapariciones.

“Nosotros en nuestro informe sí habíamos concluido ya anteriormente que no tenemos elementos para afirmar que hay una política desde el estado federal, desde el gobierno nacional para cometer estos crímenes”, dijo.


El comité espera cooperación de México

El presidente del comité sostuvo que México ha rechazado desde el inicio la activación del procedimiento y posteriormente ha cuestionado el análisis realizado por el organismo, pero aclaró que Naciones Unidas no espera que el Estado mexicano necesariamente comparta su interpretación del artículo 34.

“Nosotros no esperamos que el Estado mexicano acepte o no acepte nuestra interpretación. Lo que sí esperaríamos es que el Estado mexicano acepte la cooperación internacional porque el propósito del mecanismo es preventivo”, sostuvo.

Explicó que la propuesta del comité a la comunidad internacional consiste en respaldar a México en áreas como la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, la identificación humana y la protección de quienes participan en labores de búsqueda.

De acuerdo con Albán, la necesidad de fortalecer esas áreas se desprende también de la evolución de las cifras oficiales.  Cuando el comité realizó su visita a México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 96 mil registros. Para el momento en que el organismo tomó la decisión de activar el procedimiento, la cifra había superado las 134 mil personas.

En cuanto a los cuerpos humanos pendientes de identificación, señaló que durante la visita del comité había 52 mil en poder de los servicios forenses mexicanos, mientras que para el momento de la decisión la cifra había aumentado a 72 mil.

A ello se suman los reportes sobre personas que han sido hostigadas, intimidadas o atacadas por participar en labores de búsqueda e investigación, además de las altas tasas de impunidad frente al delito de desaparición.

“En consecuencia, frente a la continuidad del fenómeno, frente al hecho de que nosotros hemos seguido recibiendo solicitudes de acciones urgentes respecto de personas que han desaparecido posteriormente a nuestra toma de decisión de apertura del procedimiento, es decir, seguimos constatando que las personas de México desaparecen todos los días, el comité tenía que tomar una decisión”, afirmó.

Albán explicó que la activación del artículo 34 fue el resultado de un proceso gradual previsto en la propia Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El comité comenzó con la revisión del cumplimiento de las obligaciones de México mediante informes y diálogos; posteriormente revisó las acciones urgentes, un mecanismo mediante el cual México se convirtió en el país con más casos registrados; continuó con comunicaciones individuales y después realizó la visita de noviembre de 2021.

Señaló que tras esa visita, el comité mantuvo nuevos diálogos con el Estado mexicano y recibió información complementaria antes de activar el procedimiento del artículo 34. “Lo único que ha hecho el comité es aplicar una disposición que está en el tratado y que los propios estados incluyeron en el tratado y por ende debe tener efecto”, sostuvo.

Procedimiento es preventivo, no sancionatorio

Albán insistió en que el procedimiento no constituye una sanción contra México ni una determinación de responsabilidad internacional.

“En su resolución, el comité hizo unas propuestas y son solamente esas propuestas quiero insistir en que el comité entiende que la naturaleza del procedimiento del artículo 34 es preventiva, no sancionatoria, por ende, no se trata de una determinación de responsabilidad internacional del estado”, explicó.

“No pretendemos que la Asamblea reproche a México, no pretendemos que la Asamblea reclame a México, ni pretendemos que la Asamblea le haga imposiciones a México”, afirmó.

Por el contrario, señaló que las propuestas buscan una movilización internacional para ayudar a México a enfrentar un problema que ya trascendió sus fronteras debido a la dimensión regional de la delincuencia organizada.

“Yo creo que estamos perdidos en la traducción, porque la intención del comité no es atacar a México ni a su gobierno. La intención del comité es que México cuente con el respaldo de la comunidad internacional, con todo el apoyo necesario, con los recursos adicionales que fuera del caso para poder atender una crisis y por lo menos ralentizarla, por lo menos reducir la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno”, sostuvo.

El presidente del comité consideró que erradicar el fenómeno en este momento resulta complejo y subrayó la dimensión humana de la crisis.

“Dar respuestas a 136 mil familias, porque al final yo creo que cuando la asamblea tome una decisión tendrá que tener en cuenta que lo que está detrás son las historias de al menos 136 mil familias, de al menos 136 mil personas que merecen verdad, que merecen justicia, que merecen la atención de la comunidad internacional, ya no solamente del Estado mexicano”, señaló.

Atribuye parte de las medidas de México a la activación del procedimiento

El presidente del comité afirmó que la activación del artículo 34 ya tuvo efectos en las medidas adoptadas por el Estado mexicano durante el último año.

“Yo creo que de hecho la decisión ya ha tenido un primer efecto, porque es claro que estas diez medidas que ha anunciado el Estado mexicano que viene tomando desde hace un año son consecuencia directa de que nosotros activamos el procedimiento, y de otras cosas también, pero nuestra decisión también influyó en eso”, aseguró.

En particular, se refirió a la cifra de 16 mil personas que, según lo informado por el Estado mexicano, fueron localizadas durante el último año.

“Se ha dicho que han encontrado en el curso del último año a 16 mil personas, pues qué bueno si así es y ojalá se presente la evidencia de que efectivamente estas personas fueron encontradas, y que sus familias han sido informadas debidamente sobre su situación y paradero”, dijo.

“Pero aún así quedarían 120 mil, y 16 mil es un primer avance”, sostuvo.

Albán agregó que el procedimiento también puede establecer un precedente para futuros casos en otros países donde las desapariciones forzadas alcancen características de masividad y generalidad.

“En el mundo en el que vivimos es un mundo muy violento, hay otros escenarios en que la desaparición forzada llega a cifras alarmantes, pero además tiene características de masividad y de generalidad, y por ende pudiera ser necesario que el comité acuda otra vez a este procedimiento, y será necesario un precedente sobre qué se hacen estos casos”, señaló.

La activación del artículo 34 respecto de México es la primera en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada. Albán dijo que el organismo espera que sea también la última, aunque reconoció que las condiciones internacionales hacen difícil anticiparlo.

“La primera, y quisiéramos que sea la última, pero con la realidad del mundo actual pensamos que tal vez no será la última”, afirmó.

México mantiene cooperación internacional

Respecto de la posibilidad de que México rechace también cualquier colaboración internacional derivada del procedimiento, Albán consideró que el escenario más probable es que el país mantenga la cooperación con otros Estados y organismos.

“Parecería que estamos más cerca del escenario dos, de hecho, porque el propio secretario Arturo Medina durante su intervención dio cuenta de que se han celebrado acuerdos de cooperación recientemente”, señaló.

Mencionó acuerdos recientes con países como España, Guatemala y Países Bajos, además de cooperación con Alemania y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Para Albán, la cooperación internacional no implica desconocer las acciones que México ha emprendido para atender la desaparición de personas. En ese sentido, reconoció la existencia de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, una Ley General de Víctimas, una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales de búsqueda y fiscalías especializadas.

“Que son pasos positivos, pero es claro que no fueron suficientes. Entonces, el reconocer los avances no nos impide a nosotros decir, todavía hay que hacer más”, afirmó.

El presidente del comité sostuvo que la petición de recibir apoyo internacional no debería ser interpretada como un enfrentamiento entre México y el organismo de Naciones Unidas. “Y el que nosotros le digamos a México, habría que hacer más, déjense ayudar, no debería significar que México considere que el comité es su enemigo”, dijo.

Añadió que el Comité contra la Desaparición Forzada seguirá monitoreando la situación mexicana debido a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Convención.

“Nosotros tenemos la obligación de continuar monitoreando a México, y vamos a tener que seguir pidiendo la información, y vamos a tener que seguir convocándolo a diálogos, y vamos a tener que seguir registrando acciones urgentes mientras persista la situación de los desaparecidos en México”, sostuvo.

Tercera Comisión de la ONU analizará el caso

Albán explicó que el procedimiento ya se encuentra formalmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La secuencia comenzó con la apertura del procedimiento y la decisión del comité basada en la evidencia recabada. Posteriormente, el organismo remitió el asunto a la Asamblea General a través del secretario general de la ONU.

“Esto ya ocurrió en el mes de mayo del presente año. En el mes de junio del presente año, el secretario ya lo llevó a la atención de la Asamblea, es decir, lo puso en conocimiento de todos los estados miembros de la ONU”, explicó.

La Asamblea General trabaja a través de seis comisiones y la Tercera Comisión es la encargada de los asuntos relacionados con derechos humanos. La presentación realizada por Albán ocurrió ante esa comisión, pero el proceso de análisis ya estaba en marcha.

“Entonces lo que seguiría es que esa tercera comisión analice la cuestión a los efectos de determinar si corresponde dictar una resolución, si corresponde convocar a una mesa de diálogo, si corresponde remitir el asunto a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que continúe trabajando el tema, si corresponde pedir aclaraciones adicionales al comité, o qué es lo que corresponde”, señaló.

La Tercera Comisión deberá adoptar sus proyectos de resolución antes de que termine el año, por lo que el comité dará seguimiento al proceso durante los próximos meses.

“Nosotros estaremos monitoreando de cerca e insisto, continuaremos trabajando con México en la medida en que México esté dispuesto a trabajar con nosotros porque tenemos la obligación de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado”, afirmó.

Países expresan disposición a cooperar

Sobre las intervenciones de otros Estados durante la sesión de la Tercera Comisión, Albán explicó que varios países solicitaron la palabra y abordaron cuestiones relacionadas con cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo a las labores de búsqueda e investigación.

Ningún país, salvo México, se refirió de manera específica al artículo 34, según el presidente del comité. Sin embargo, consideró que el contenido de varias intervenciones apuntó a dar seguimiento a la decisión adoptada por el organismo.

“Por eso mismo nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que habrá estados que se ofrecerán como facilitadores de un diálogo, de una conversación, y de una canalización de procesos de cooperación con México”, dijo.

Destacó además que entre los países que intervinieron con una postura que calificó de positiva hubo Estados latinoamericanos. Sostuvo que el comité espera que el proceso produzca mayores resultados, particularmente en beneficio de las familias de personas desaparecidas.

“Así que yo creo que debemos mantener la esperanza de que esto, más allá de los frutos que ya dio, porque insisto, creo que ya ha dado frutos, es claro que las medidas tomadas tienen en buena en buena parte que ver con lo que nosotros resolvimos de más frutos, sobre todo para que haya mejores respuestas para las familias”, concluyó.

Posteriormente, en sus redes sociales Albán reconoció que los esfuerzos oficiales han permitido localizar a 16 mil personas desaparecidas en el último año, aunque falta conocer quiénes son y si sus familiares ya fueron notificados:
Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar, pero, primero es importante saber quiénes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias o al menos sus familias han sido debidamente informadas; segundo, si se ha localizado a 16000 quedan más de 120000 por localizar y hay que continuar los esfuerzos en tal sentido; y tercero, si esto es verdad, claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del art. 34 por parte del #CED que no exonera a la #UNGA81 de analizar la situación y de ser el caso tomar acciones frente a la remisión de la situación a su conocimiento, que realizamos en abril del presente año.

La capital del país, un cementerio oculto: Fosas clandestinas en casas particulares

En la Ciudad de México domicilios también son fosas clandestinas. La cifra alcanza a miles de predios, incluso en el mismo Centro Histórico. Proyecciones a partir de cifras oficiales, indican que la mitad de los desaparecidos y una tercera parte de mujeres víctimas de feminicidio han sido enterrados en propiedades privadas

Parte de la crisis de desapariciones en la Ciudad de México se prolonga y permanece impune al otro lado de una puerta cerrada, cuando una línea de investigación conduce a un inmueble privado y la búsqueda queda sujeta a un cateo que puede tardar meses o años en concretarse, un plazo que rebasa por mucho las primeras 72 horas de búsqueda, decisivas para una localización con vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ofrece datos públicos que permitan saber cuántas carpetas abiertas por desaparición tienen indicios que apuntan a una casa, una bodega o un negocio. Sin esa información no es posible dimensionar cuántas búsquedas atraviesan ese obstáculo en una ciudad donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cinco mil 638 personas permanecen desaparecidas hasta el 18 de septiembre de 2026.

La falta de datos oficiales no vuelve marginal el problema: entre 2020 y 2024 el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), documentó que 53% de las fosas clandestinas registradas en la CDMX estaban en predios privados, principalmente en el sur y la zona centro de la capital.

Proceso mantuvo contacto con cinco familias buscadoras con investigaciones que conducen a domicilios particulares y cuyos cateos siguen pendientes, en algunos casos desde hace seis meses y en otros hasta cinco años, aun cuando fueron las propias víctimas indirectas quienes encabezaron las búsquedas, localizaron las direcciones, llevaron esa información ante las autoridades y aportaron datos de prueba para sustentar las diligencias.

Dos casos condensan esa demora. El primero es el de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que desapareció después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de avenida Revolución, y fue localizada sin vida dentro del mismo inmueble, tras una búsqueda marcada por dilaciones que dejaron abierta la pregunta sobre lo que habría ocurrido con una intervención oportuna.

El segundo es el de una madre que desde hace un lustro busca a su hijo, desaparecido en Tepito, mientras espera que las autoridades cateen un domicilio ubicado en ese mismo barrio, ubicado gracias a la información que ella misma recabó.

En entrevista, Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora de Trazar la ausencia…, explica que las búsquedas suelen atorarse cuando llegan a un inmueble privado porque a partir de ese momento ya no basta con seguir el indicio: la diligencia deja de depender exclusivamente de la Fiscalía capitalina y de la Comisión de Búsqueda local, pues el Ministerio Público debe convertir esa línea de investigación en una solicitud de cateo suficientemente sustentada para que un juez autorice el ingreso.
Esa complejidad burocrática no es la única traba. “Pareciera que no hay voluntad suficiente para pedir un cateo, no hay capacidad institucional suficiente para garantizar que se hagan búsquedas a tiempo en inmuebles particulares, y obviamente tiene su complejidad, no vamos a decir que solicitar cateos es sencillo, pero sí es algo que las familias han identificado de años, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, una vez que la investigación o la búsqueda da a un inmueble se paraliza”, apuntó.
Para Horcasitas el problema está en el desfase entre los tiempos del procedimiento y la urgencia de actuar ante una desaparición, cuya búsqueda debería emprenderse siempre bajo la expectativa primordial de una localización con vida: “Habría que seguir exigiendo que realicen más búsquedas en cateos, que sea una herramienta de búsqueda expedita, que no tome años llevar una investigación a tal punto que nos permita conseguir un cateo, sobre todo cuando se cree que la persona pueda correr riesgo”.

Violencia feminicida bajo llave
Dentro de ese universo de búsquedas pendientes, las desapariciones de mujeres obligan a mirar con especial atención al interior de los domicilios. En la Ciudad de México ellas representan una tercera parte de las personas que permanecen desaparecidas, según el RNPDNO.

La proporción es todavía mayor entre el 5 de octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de la morenista Clara Brugada, y el 19 de septiembre de 2026, periodo en el que 665 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas, 35.66% del total.

Frente a esa radiografía oficial del gobierno de México, el informe de la Ibero situó a la capital mexicana entre las entidades con mayor presencia de fosas vinculadas con feminicidio, que representaron 31% del total de las documentadas en la entidad.
Horcasitas tradujo con claridad ese contraste: “En los casos donde hay urgencia, como es en la desaparición de mujeres, lo que hemos identificado también es que uno de los primeros lugares en los que deberíamos estar buscando es en el domicilio de la pareja”.
Mariana Marchand, también investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora del informe, refiere…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 49 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026. ENLACE PARA ADQUIRIR LA VERSIÓN DIGITAL EDICIÓN DE OCTUBRE https://proceso.pressreader.com/

Desalojan de sesión de la ONU a familiares de desaparecidos mientras México rechazaba asistencia internacional

Familiares de personas desaparecidas fueron retirados de la sala de Naciones Unidas cuando mostraron fotografías de sus seres queridos durante la intervención del subsecretario Arturo Medina. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada calificó el incidente como “profundamente lamentable” y pidió evitar que la crisis mexicana se diluya entre cálculos políticos

Mientras el gobierno mexicano rechazaba ante Naciones Unidas la propuesta de establecer un mecanismo de asistencia internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, familiares de personas desaparecidas fueron desalojados de la sala donde se desarrollaba la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General por mostrar fotografías de sus seres queridos.

El incidente ocurrió este martes durante la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, quien respondía al posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, sobre la necesidad de instrumentar un mecanismo internacional de asistencia ante la magnitud de las desapariciones en México.

Mientras el funcionario mexicano exponía el rechazo del gobierno a la decisión adoptada por el CED desde abril pasado, familiares ubicados en la parte posterior de la sala se levantaron y mostraron carteles con los rostros de sus seres queridos desaparecidos.

La protesta silenciosa provocó la intervención del personal de seguridad de Naciones Unidas, que retiró a los familiares del recinto y los condujo a una sala más pequeña, donde permanecieron retenidos hasta que concluyó la sesión, de acuerdo con la información recabada.

Consultados por Proceso para conocer las circunstancias del incidente, familiares y representantes de organizaciones presentes en la sesión solicitaron dar a conocer el siguiente posicionamiento:
“Durante la sesión se produjo un acto de protesta silenciosa y se solicitó a las personas involucradas que se retiraran de la sala. Estamos dando seguimiento a lo ocurrido por los canales correspondientes, por lo que no haremos más comentarios por el momento”.
El desalojo fue cuestionado públicamente por el propio presidente del CED, quien consideró “profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos”.

A través de su cuenta de X, Albán Alencastro sostuvo que la presencia de las víctimas en la sesión “merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo”.


El llamado a evitar los cálculos políticos
El incidente ocurrió en una sesión en la que el presidente del CED expuso ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas la gravedad de la crisis de desapariciones en México, cuya dimensión, según destacó, alcanza niveles de “crímenes de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento posterior, el experto ecuatoriano expresó su confianza en que la resolución sobre México “no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”.
“Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”, señaló.
Albán recordó que, durante la elaboración de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Estados incluyeron el artículo 34 como un mecanismo excepcional para atender situaciones de especial gravedad mediante la intervención de los órganos competentes de Naciones Unidas.

El presidente del CED confió en que los mismos Estados que establecieron ese procedimiento “ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico”.

La propuesta de activar ese mecanismo para México, impulsada por el Comité desde abril, ha encontrado la oposición del gobierno mexicano, que durante la sesión reiteró su rechazo a la intervención internacional planteada por el organismo.

En ese contexto, la protesta de los familiares y su posterior desalojo evidenciaron la tensión entre la posición del gobierno mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos y las exigencias de las víctimas, que reclaman medidas efectivas para encontrar a sus seres queridos.
“La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan”, concluyó Albán Alencastro.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.

En manos de la ONU, la petición para dar asistencia a México sobre desaparición forzada

El presidente del CED; Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”

Sin avances mayores se desenvolvió la esperada sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas en la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) expuso ante los representantes de los Estados miembros de la ONU, la petición para instrumentar un mecanismo de asistencia internacional para detener las desapariciones en México y acabar con la impunidad.

Durante la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, dejó en manos de los Estados miembros de Naciones Unidas decidir la creación de un mecanismo de “cooperación internacional y de apoyo” a México para atender la crisis de desapariciones, sin que ello signifique un señalamiento “de responsabilidad internacional” para el país.

Durante la presentación del informe anual del CED, Albán Alencastro resaltó ante la Asamblea General de la ONU “considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.

Tras recordar que “el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, Albán Alencastro recordó que la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra de las Desapariciones Forzadas para el caso de México se dio “tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde el año 2012”.

De esa revisión, apuntó el CED, “concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, de ahí que “decidió traer a la atención” de los Estados, “con carácter de urgente”, en apego a lo dispuesto en la Convención y que los integrantes del órgano se han “limitado a aplicar”.

“Esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tampoco encontró el Comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión”, puntualizó Albán Alencastro.

En su breve discurso, el presidente del CED resaltó que en la resolución se reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”.

Tras recordar que el artículo 34 “es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”, Albán Alencastro dejó en claro que en el caso de México el CED sólo “ejerció una competencia que los propios Estados le han asignado”, de acuerdo al tratado internacional.

“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias, en la decisión, el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, insistió.

El experto independiente confirmó el compromiso del CED de “continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo con México, con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil”.

Flagelo persistente

En su informe anual, Albán Alencastro alertó sobre la persistencia del flagelo de desapariciones forzadas en el mundo, lo que se refleja en la recepción de 336 casos nuevos, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de los cuales se documentaron ampliamente 251.

“Desde la creación del procedimiento se ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida. No obstante, persisten dificultades relacionadas con la falta de comparación de algunos estados, deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación y actos de intimidación y represalias contra las víctimas y quienes las acompañan”, sostuvo el experto.

Durante la sesión, en la que también participó la presidenta del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) Grazyna Baranowska, la crisis de desapariciones en México prácticamente pasó por alto para los representantes de los países que asistieron al encuentro, a excepción de México.

La postura de México

En nombre del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien repudió el informe de Juan Pablo Albán, al sostener que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum “no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea la posibilidad”.

Luego de hacer un recuento de avances en la localización de 16 mil personas, así como de la creación de instrumentos para la búsqueda de personas y la colaboración con instancias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Arturo Medina negó que en México ocurran desapariciones forzadas como en el pasado.

“Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político.

“Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar. Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana”, afirmó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).


“México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional”, abundó Medina, flanqueado del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Enrique Ochoa, y la representante alterna de la Misión Permanente de México en la ONU, Jennifer Feller.

Destacó la creación de “un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente nuestro registro nacional” de personas desaparecidas, con la colaboración del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de contar con el apoyo de Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, “entre otros miembros de esta Asamblea”.

Medina resaltó la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “para fortalecer nuestras capacidades de búsqueda, identificación e investigación”.

“Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos. Nuestro compromiso es claro, encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”, concluyó Arturo Medina en respuesta.

En la sesión de respuestas a los planteamientos de los miembros de la Asamblea General, el presidente del CED celebró la disposición de México a colaborar con la comunidad internacional, y asumió como un primer logro de su resolución de aplicación del artículo 34, la localización de personas presumidas por Medina.

“Ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las 136 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales del propio Estado mexicano. Felicitamos estos avances”, aplaudió Juan Pablo Albán.

Apuntó que el CED tomó nota de la cooperación internacional mencionada en espera de que “se mantengan a través del tiempo”, y que ese mismo ánimo subsista con el Comité, órgano que seguirá realizando su trabajo.

“El Comité tiene la responsabilidad bajo el artículo 29, numeral cuarto de la Convención, de continuar monitoreando la situación en México, continuar solicitando información, continuar invitando a diálogos constructivos a México, así como continuar registrando acciones urgentes” de desapariciones forzadas, concluyó Juan Pablo Albán Alencastro.

México ante la ONU: qué sigue tras la histórica decisión del Comité contra la Desaparición Forzada

El caso de las desapariciones forzadas en México será planteado ante una comisión de la asamblea general a través de un mecanismo activado por primera vez en la historia

La histórica decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) de activar un procedimiento respecto de México por la crisis de desapariciones será finalmente planteada ante la Asamblea General del organismo internacional.

El caso será presentado formalmente por el presidente del CED, Juan Pablo Albán, este martes por la tarde, en la sede de la ONU en Nueva York.

Albán expondrá los detalles del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el marco de la presentación del informe anual del CED.

El CED formalizó en abril la invocación de ese artículo, luego de concluir, tras analizar solicitudes de acción presentadas por organismos civiles, que existían indicios de desapariciones forzadas cometidas en un contexto de ataques generalizados o sistemáticos.

Posteriormente, en mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, notificó formalmente a los Estados miembros del organismo sobre la decisión del CED.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, dijo Albán en una publicación en X este lunes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha manifestado su oposición a la decisión del CED, integrado por 10 expertos independientes, al considerar que el comité hizo una interpretación errónea del concepto de desaparición forzada.

Aunque el gobierno ha afirmado que no busca negar la crisis de desapariciones, en meses recientes la administración de Sheinbaum ha llevado a cabo modificaciones al sistema de contabilización oficial de personas desaparecidas.

Estas modificaciones han sido cuestionadas por organismos civiles, que sostienen que los cambios se realizaron sin la participación de los colectivos de búsqueda.

De acuerdo con la ONU, “se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.”

Qué hay detrás del procedimiento activado por el CED

El procedimiento del CED fue notificado a México mediante una decisión difundida el 1 de abril, en la que el comité describió sus hallazgos sobre las desapariciones forzadas en el país.

En su resolución, el CED sostuvo que encontró “indicios bien fundados” de que en México se han registrado desapariciones de manera generalizada y sistemática, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

El comité analizó evidencias proporcionadas por organismos de la sociedad civil sobre las desapariciones en México.

Entre ellas se encontraban datos proporcionados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que solicitó la activación del procedimiento.

La FIDH presentó su solicitud “a la luz de patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016; Nayarit, entre 2011 y 2017; y Veracruz, entre 2010 y 2016”.

Sin embargo, según el documento del CED, la FIDH también destacó casos más recientes, principalmente en Jalisco y Nayarit.
“Entre los principales hallazgos, la FIDH incluye información sobre desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”, señala el documento.
El rancho Izaguirre, como caso paradigmático

Uno de los ejemplos recientes citados por la FIDH es el caso del rancho Izaguirre, un sitio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que, según las autoridades, fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento y reclutamiento forzado.

El caso cobró mayor notoriedad luego de que, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubriera restos humanos, cientos de prendas y objetos personales en el rancho, pese a que el inmueble ya había sido asegurado por las autoridades meses antes.

La FIDH señaló que estas omisiones, junto con la detención de expolicías vinculados al caso, sugerían una posible aquiescencia de autoridades estatales, un argumento que fue incorporado al análisis del CED sobre México.

Además de las solicitudes de organismos civiles, el CED incluyó entre las evidencias analizadas las observaciones realizadas durante la única visita oficial de sus integrantes al país, en noviembre de 2021.

Tras esa visita, el CED emitió un informe en 2022 en el que advirtió sobre una situación de desapariciones generalizadas, niveles de impunidad extremadamente altos y problemas estructurales en las labores de búsqueda e investigación.

Posteriormente, en 2023, el CED lanzó una nueva alerta sobre la persistencia de las desapariciones forzadas. En 2024, la FIDH presentó su petición formal para activar, por primera vez en la historia, el artículo 34.

México insiste en su rechazo al procedimiento

El gobierno de Sheinbaum ha sido enfático en su rechazo a la decisión del CED de activar el procedimiento previsto en la Convención, adoptada por la asamblea general en 2006.

México ratificó la convención en 2008 y el tratado entró en vigor de manera general en 2010. 

En un comunicado emitido al día siguiente de la decisión del comité, la Cancillería calificó el informe del CED de “tendencioso” y sostuvo que había sido elaborado con una “falta de rigor jurídico”.

También cuestionó una supuesta “ligereza” en las “premisas” enunciadas por el CED para fundamentar su decisión.
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señala el comunicado.
Esa postura ha sido reiterada por el canciller Roberto Velasco en distintas ocasiones. Por ejemplo, durante el proceso de ratificación de su nombramiento ante el Senado, sostuvo que el comité se había extralimitado en su interpretación jurídica.

Sin embargo, reiteró que México mantendría su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”, sostuvo.
“Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del Comité.”
En medio de las críticas a la decisión del CED, el gobierno presentó en marzo una nueva interpretación de los más de 132,000 registros de personas desaparecidas contabilizados hasta esa fecha.

Según el gobierno federal, del total de registros, solo el 33 %, es decir, poco más de 43,000 casos, se considera “sin actividad”, por lo que únicamente estos podrían clasificarse como casos de personas desaparecidas.

Esta reinterpretación de los datos ha sido cuestionada por colectivos de búsqueda, que han denunciado falta de transparencia en la metodología empleada para realizar los cambios.

Qué recomendó el CED para resolver la crisis

En la sección final de su decisión, el CED enumeró una serie de posibles vías para contribuir a resolver la crisis de desapariciones en México.

Entre ellas mencionó la “cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera” para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.

El apoyo podría beneficiar las labores de “análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”, señala el documento.

También planteó la posibilidad de “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.

Albán llama a evitar la “desinformación” en torno al artículo 34

El presidente del CED ha insistido en que la intención del comité es contribuir a la solución de la crisis de desapariciones.

“Respecto de México el Comité contra la Desaparición Forzada ha reconocido los avances normativos e institucionales a nivel doméstico”, escribió en abril en X.
“Pero al mismo tiempo, ha señalado de forma reiterada la insuficiente implementación de ese marco normativo y los persistentes desafíos para atender el fenómeno, en un contexto de continuidad de la crisis”.
Este fin de semana, Albán reiteró su llamado a evitar la “desinformación” en torno a las posibilidades que abre la activación del procedimiento previsto en la Convención.


“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, escribió en X.

Además, precisó que el artículo 34 “no es una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado parte concernido” y tampoco “sustituye a las autoridades nacionales ni impone sanciones”.

“No suspende los otros procedimientos bajo el mandato del comité: revisión y seguimiento a los informes, observaciones finales, acciones urgentes, comunicaciones individuales, visitas y cooperación”.

Albán también ha señalado que este martes presentará el caso mexicano ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, lo que marcará la primera ocasión en la historia en que se plantee la activación de este procedimiento.

La Tercera Comisión de la asamblea está dedicada al análisis de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos.

El mecanismo previsto en el artículo 34, “una oportunidad”: organizaciones civiles

En una comunicación enviada a Guterres en septiembre, organizaciones civiles reiteraron su respaldo al tipo de apoyo recomendado por el CED en su decisión. El documento fue firmado por 51 activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este procedimiento es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a una problemática cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado”, señala el documento.

En el texto, las organizaciones añadieron que el proceso no debería verse “como un juicio o un ataque a gobierno alguno”, sino como una vía para abordar la crisis de desapariciones en México y el mundo.

“Frente a la grave crisis de desapariciones en México y la ineficacia de los mecanismos establecidos hasta ahora para resolverla y ponerle fin”, añadieron.
“Se hace indispensable contar con mecanismos extraordinarios que permitan avanzar de manera eficaz y concreta en la prevención, búsqueda, identificación forense de las numerosas víctimas de este crimen, así como su acceso a la verdad y la justicia”.
FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MARCOS MARTÍNEZ CHACÓN.

Personas buscadoras exponen ante la ONU la crisis de desapariciones en México

El encuentro ocurre luego de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de abrir un procedimiento a México bajo el artículo 34 de la convención internacional en torno al tema, y a un día de la presentación de su informe anual

Familias de personas desaparecidas y representantes de colectivos de distintas entidades de México presentaron este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta el país en materia de desaparición desde hace décadas.

Representantes de colectivos de Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Colima, y de Honduras, expusieron el trabajo en materia de búsqueda e investigación que hacen las familias ante la negligencia del Estado. 

Esto ocurre tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de abrir un procedimiento a México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de pedir la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de manera general o sistemática. A la par, sucede un día antes de que el CED presente su informe anual.

Guadalupe Fernández Martínez, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, recordó que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas que son parte de una crisis que cuatro gobiernos de todos los partidos no han podido frenar, en medio de un clima de impunidad que muchas veces no permite siquiera clasificar el crimen como desaparición forzada, como ocurrió en el caso de su hijo. 

Exigen peritos internacionales y protección ante ataques

Las personas que buscan coincidieron en pedir a la ONU y a los Estados miembros que ayuden a México con financiamiento y personas expertas para desarrollar medidas preventivas, así como el correcto avance de las investigaciones para poder llegar a sentencias. Acusó que hoy en día no hay rendición de cuentas para las familias.

Del mismo modo, describieron que el proceso, a nivel individual y colectivo, para quienes buscan a un ser querido desaparecido es doloroso, y lleno de incertidumbre y preguntas. Además, deben involucrarse en la búsqueda de diversas maneras: dando seguimiento a las carpetas, en búsquedas de campo y conociendo las diligencias realizadas. 

Bibiana Mendoza Negrete, quien busca a su hermano en Guanajuato, expuso los riesgos que corren las madres y personas buscadoras, dado que la entidad es la que lidera el número de ataques y asesinatos hacia ellas. Señaló que las mujeres buscadoras necesitan protección con enfoque de género, y reiteró que la mayor seguridad para ellas sería que no hubiera más personas desaparecidas en México.

Por separado, las familias agrupadas en torno a la Glorieta de personas desaparecidas dieron a conocer esta mañana una carta pública dirigida a quienes integran el grupo de personas expertas, nacionales e internacionales, convocado por la Secretaría de Gobernación para el análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en respuesta al anuncio de la dependencia en ese sentido el pasado viernes.

En la carta, colectivos y familiares firmantes solicitan a las personas expertas que informen sobre su mandato, objetivos de su trabajo, la transparencia en torno a este, y si se trabajará en coordinación con las víctimas.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/sociedad/personas-buscadoras-onu-crisis-desapariciones-mexico

Crímenes de lesa humanidad contra las personas migrantes en México: una aproximación desde el artículo 7 del Estatuto de Roma

La Organización Internacional para las Migraciones registra 6 mil 745 migrantes desaparecidos a lo largo de la frontera México-EU. Sin datos oficiales, informes civiles y de la CNDH sugieren crímenes de lesa humanidad en esa zona por desapariciones, detenciones y deportaciones con participación estatal e impunidad

En el continente americano, la frontera entre México y Estados Unidos ha sido identificada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como una de las rutas terrestres más peligrosas del mundo. Desde 2014, la organización ha documentado 11 mil 555 personas migrantes desaparecidas en las Américas, de las cuales 6 mil 745 corresponden a esa frontera.

Estas cifras no reflejan la realidad y es importante tener en cuenta que la OIM incluye hechos que no constituyen delitos. En México, a pesar del incremento sostenido de las desapariciones, homicidios y otros delitos graves contra personas migrantes durante casi dos décadas, no existen estadísticas oficiales precisas que permitan dimensionar la magnitud real del fenómeno.

Sin embargo, existe un amplio conjunto de datos recopilados por la sociedad civil que ha sido retomado, entre otros, por organismos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esa puede ser una base para plantear la hipótesis de que en México se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra personas migrantes en tránsito. Esta hipótesis descansa en varios elementos: la continuidad de los patrones de violencia durante casi dos décadas; la extensión territorial de las agresiones a lo largo del país; la magnitud de las víctimas; las políticas migratorias y de seguridad implementadas por el Estado, que también han derivado en una grave violencia; y la participación de autoridades y grupos del crimen organizado que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia estatal.

El análisis se enmarca en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad como ciertos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre los actos contemplados se encuentran el asesinato, esclavitud, deportación, privación grave de la libertad, tortura, violencia sexual, persecución por motivos de identidad, desaparición forzada y otros actos inhumanos que causen graves sufrimientos físicos o mentales. El propio artículo establece que un “ataque contra una población civil” implica una línea de conducta que supone la comisión múltiple de esos actos conforme a la política de un Estado o una organización, o para promover dicha política.

En este sentido, la jurisprudencia internacional desarrollada por los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia (TPIY) y Ruanda (TPIR), en casos como Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković y Prosecutor v. Akayesu, ha precisado que la generalización requiere una dimensión cuantitativa significativa de las violaciones, mientras que la sistematicidad exige la existencia de organización, planificación o regularidad en la comisión de los hechos.

Desapariciones, secuestros y tráfico de migrantes

Un elemento central del análisis son los informes públicos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el secuestro y el tráfico de personas migrantes. Según dichos documentos, al menos 91 mil personas habrían sido víctimas de estos delitos tomando solamente como base los informes producidos que cubren del 2019 al 2020. No obstante, resulta necesario revisar cuidadosamente la clasificación jurídica de muchos de estos casos para determinar cuántos podrían constituir, en realidad, desapariciones forzadas y no sólo secuestros, ya que los informes contienen información que apunta a una posible participación o colusión de autoridades de distintos niveles de gobierno.

Entre los patrones identificados figuran la entrega de personas migrantes por parte de policías y otras autoridades a grupos criminales, omisiones deliberadas en retenes o puestos de control, en los que las autoridades permitieron el tránsito de vehículos que transportaban a personas privadas ilegalmente de su libertad, así como denuncias de migrantes que señalaron haber sido secuestrados directamente por agentes estatales. Los testimonios describen condiciones extremas de cautiverio, tratos crueles, inhumanos y degradantes y diversos casos de violencia sexual. Estas características muestran que la violencia ejercida contra la población migrante no puede interpretarse únicamente como una suma de delitos aislados, sino como un fenómeno estructural que involucra mecanismos recurrentes que abarcan múltiples delitos.

Detenciones masivas, desapariciones y deportaciones colectivas

Otro fenómeno que, por su magnitud y vinculación con políticas estatales, merece atención desde la óptica del derecho penal internacional son las detenciones migratorias masivas y las deportaciones colectivas. Según datos oficiales citados por la OIM, entre enero y agosto de 2025 se registraron 130 mil 385 “eventos” relacionados con personas en situación migratoria irregular. Las estadísticas reportan “eventos” y no personas, y aunque la cifra representa una disminución respecto de los 925 mil 085 eventos reportados en el mismo periodo de 2024, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado enérgicamente el uso de esta categoría estadística. El término “evento” invisibiliza el hecho de que detrás de cada registro existen personas sometidas a un procedimiento administrativo migratorio. Este lenguaje puede contribuir a minimizar las implicaciones humanas y jurídicas de las acciones estatales de detención arbitraria, desaparición forzada y deportación, incluso de personas con necesidad de protección internacional.

Además, diversos informes de organizaciones civiles y recomendaciones emitidas por la CNDH han documentado las condiciones deficientes y en ocasiones inhumanas en los centros de detención migratoria. Entre las problemáticas reportadas se encuentran la incomunicación con familiares, la ausencia de asistencia jurídica adecuada, condiciones sanitarias críticas, insuficiencia de alimentos y agua potable, carencia de medicamentos y limitaciones en el acceso a servicios médicos.

La política de detención migratoria alcanzó niveles especialmente altos cuando México aceptó acuerdos migratorios con Estados Unidos para que los solicitantes de asilo permanecieran en territorio mexicano mientras sus casos se tramitaban en ese país. Asimismo, bajo la amenaza de medidas económicas por parte de Estados Unidos, México desplegó inicialmente 6 mil elementos de la Guardia Nacional, cifra que posteriormente llegó a aproximadamente 28 mil efectivos dedicados al control migratorio y la deportación de personas migrantes. Durante este periodo, diversas organizaciones documentaron casos de personas con necesidades de protección internacional que fueron detenidas y deportadas de forma irregular; denuncias de violaciones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes y muertes ocurridas en estaciones migratorias administradas o vigiladas por fuerzas de seguridad.

Estas prácticas que nacen de acuerdos migratorios deberían ser evaluadas a la luz del derecho penal internacional, particularmente cuando los delitos asociados a las políticas migratorias son cometidos directamente por agentes estatales o por grupos criminales que operan con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Asimismo, sería interesante analizar si estos patrones podrían encuadrarse en la figura de persecución prevista en el artículo 7.1.h del Estatuto de Roma, sumando a lo ya descrito las prácticas de criminalización, perfilamiento racial y detención diferenciada aplicadas a personas migrantes y personas con necesidad de protección internacional.

Homicidios y masacres de personas migrantes

La violencia homicida contra personas migrantes constituye otro componente central del análisis. Aunque no existe un registro integral de estos asesinatos, diversos casos emblemáticos ilustran la magnitud del fenómeno, entre los que destacan:


Estos acontecimientos no sólo evidencian niveles extremos de violencia, sino también la frecuente participación de agentes estatales. En algunos casos dicha participación se da de manera directa; en otros, mediante la colaboración con grupos criminales. La investigación de las fosas clandestinas de San Fernando, por ejemplo, incluye testimonios según los cuales policías interceptaban autobuses, obligaban a las personas migrantes a descender y las entregaban a organizaciones criminales. Este patrón revela la posible existencia de acciones coordinadas en las que agentes estatales actuaban con pleno conocimiento del destino que esperaba a las víctimas, como el secuestro, la violencia sexual, la trata de personas y el homicidio. Además, expedientes judiciales han documentado relaciones de colaboración entre funcionarios públicos y el grupo criminal Los Zetas, que incluyen pagos y tareas realizadas a favor de dicha organización.

Impunidad y ausencia de respuesta estatal efectiva

Un aspecto central del argumento es la persistencia de la impunidad. Durante el primer examen de México por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) en 2015, dicho órgano recomendó fortalecer la cooperación con países de origen y destino de migrantes, garantizar la participación de víctimas y organizaciones civiles, redoblar esfuerzos para prevenir e investigar desapariciones y establecer un mecanismo transnacional de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Aunque se han producido algunos avances en ciertos ámbitos, la situación general continúa marcada por la impunidad. La mayoría de los casos de desaparición de personas migrantes siguen sin resolverse, y no hay voluntad para investigar adecuadamente la participación de agentes estatales, con excepciones limitadas como la masacre de Camargo.

Posible configuración de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad

A partir de los Elementos de los Crímenes adoptados por la Corte Penal Internacional para interpretar el Estatuto de Roma, realizaremos una aproximación preliminar respecto de la posible configuración del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. Desde esta perspectiva, existirían indicios de generalidad por el elevado número de víctimas reflejado, entre otras fuentes, en los informes de la CNDH sobre secuestro y tráfico de migrantes que documentan aproximadamente 91 mil víctimas. También existirían elementos de sistematicidad, dado que las desapariciones no parecen obedecer a conductas aleatorias o esporádicas. Por el contrario, los hechos muestran patrones de organización, coordinación y regularidad, tanto por parte de organizaciones criminales como de agentes estatales involucrados, directa o indirectamente, en los delitos. Existe también una política estatal de detención masiva y persecución de migrantes que ha provocado muertes y desapariciones, aunada a las deportaciones colectivas que podrían incluir personas con necesidad de protección internacional.

Estas conductas incluyen la detención, el secuestro o la privación de la libertad de personas migrantes, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de las víctimas. Asimismo, existiría conocimiento de las consecuencias derivadas de estas acciones y una intención de mantener a las víctimas fuera de la protección legal durante periodos prolongados. De acuerdo con esta hipótesis, los perpetradores actuarían sabiendo que sus acciones forman parte de un ataque más amplio dirigido contra una población civil específica: las personas migrantes en tránsito por México.

Reflexiones finales

En el contexto descrito, la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas representa una oportunidad para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas analice específicamente la situación de las personas migrantes desaparecidas y valore si concurren los elementos de generalidad y sistematicidad. Igualmente, se plantea la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil fortalezcan la documentación sistemática de los casos para sustentar futuras acciones ante instancias internacionales.

Los hechos mencionados merecen también una evaluación rigurosa desde el derecho penal internacional. Si bien se requiere investigación adicional y un análisis más profundo de los elementos jurídicos aplicables, varios de los previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma podrían acreditarse. Particularmente relevante sería la posibilidad de aportar información a la Corte Penal Internacional para que, en el marco del principio de complementariedad establecido en el artículo 17 del Estatuto de Roma, evalúe la existencia de investigaciones nacionales efectivas, la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para actuar y la persistencia de la impunidad. Hay suficientes elementos para demostrar que la complementariedad es necesaria y que México no quiere ni puede investigar los graves delitos cometidos contra las personas migrantes.

Crímenes de lesa humanidad: desapariciones, ejecuciones y tortura

El CED y el Relator de la ONU ven indicios bien fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México. No hay política federal, pero organizaciones criminales actúan sistemáticamente con apoyo o aquiescencia estatal. En tanto, gobiernos descalifican denuncias

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enumera los delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos desaparición forzada, tortura y asesinato. Es frecuente escuchar que, por el simple hecho de estar incluidos en ese catálogo, toda desaparición, todo acto de tortura o todo asesinato constituyen automáticamente crímenes de lesa humanidad. Eso es incorrecto.

Para que dichas conductas alcancen esa categoría, deben cumplir los requisitos establecidos en el encabezado del artículo 7 y en el inciso a) de su apartado 2 del Estatuto.

La noción de crimen de lesa humanidad, desarrollada a partir de las ideas del jurista Hersh Lauterpacht (Sands, Philippe; Calle Este Oeste) e incorporada al Estatuto de Roma, exige que los actos se cometan como parte de un ataque contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque; que éste sea generalizado o sistemático; que responda a una política de un Estado o de una organización, y que los actos se ejecuten para poner en práctica o promover esa política.

Desde 2015, en virtud de pronunciamientos como los del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Relator de la ONU contra la Tortura, se ha intensificado en México el debate sobre si en México se cometen crímenes de lesa humanidad, a raíz de la multiplicidad de desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones ocurridos en gran parte del territorio nacional.

Esta discusión cobró especial relevancia porque tanto el CED como el Relator Especial sobre la Tortura utilizaron el calificativo de “generalizada” para describir la práctica de las desapariciones y de la tortura en México.

En el caso del CED, esa apreciación se ha reiterado en sus observaciones finales de 2015 (CED/C/MEX/CO/1), 2018 (CED/C/MEX/OAI/1), y 2023 (CED/C/MEX/OAI/2), así como en el informe derivado de su misión a México del 2021 publicado en 2022 (CED/C/R.9) y, especialmente, en la decisión de abril de 2026 (CED/C/MEX/A.34/D/1). En ésta, el CED concluyó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones en México no sólo son generalizadas, sino también sistemáticas, y que han alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad (Párr. 70 a 114).

Por razones de espacio resulta imposible analizar aquí cada uno de los elementos de esa definición, pero quien desee profundizar sobre esta cuestión puede revisar el segundo informe del relator especial para la elaboración de una convención sobre crímenes de lesa humanidad; Sr. Sean D. Murphy, a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (A/CN.4/690) y, sobre todo, la decisión del CED de abril de 2026, en la que se examina uno por uno cada elemento. El CED concluye, con base en abundante evidencia y análisis de contexto, que existen suficientes indicios bien fundados para sostener que en México pudieran estarse cometiendo desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad.

La reacción de los gobiernos de México, desde Calderón a la fecha, frente a estos pronunciamientos ha consistido, principalmente, en descalificar e insultar a los expertos y cuestionar su imparcialidad, sin responder seriamente a la argumentación jurídica y fáctica de los informes y, particularmente, de la decisión del CED.

Para el derecho penal internacional, las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidas tanto por agentes estatales como por organizaciones, incluso cuando exista (o no) autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. El propio Estatuto de Roma establece que la política puede provenir del Estado o de una organización.

En su decisión, el CED aclara expresamente que no encontró indicios de una política del Estado mexicano, a nivel federal, destinada a cometer desapariciones forzadas. Sin embargo, concluye que las desapariciones se cometen de manera sistemática como parte de políticas de organizaciones criminales que, en numerosas ocasiones, actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades estatales.

¿El CED excedió sus facultades al interpretar el Estatuto de Roma? El artículo 5 de la Convención de la ONU en esta materia remite expresamente al “derecho internacional aplicable” en materia de crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, el CED está plenamente facultado para interpretar ese precepto, incluyendo el Estatuto de Roma, tal como ya lo había reconocido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU desde 2010 en su Observación General No. 8 (A/HRC/16/48 párr. 39).

Asimismo, tanto la Convención como el Estatuto, dentro de la definición de desaparición forzada, incluyen los supuestos de “autorización, apoyo o aquiescencia” de agentes estatales respecto de actos cometidos por particulares u organizaciones criminales. El CED ya había emitido, desde mayo de 2023, una “Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención”, en la que aclara con precisión y basada en estándares internacionales, los términos de “autorización, apoyo y aquiescencia” (CED/C/10).

Con base en un amplio cúmulo de información proveniente del propio estado mexicano, ONGs mexicanas e internacionales, personas académicas y otras fuentes, el CED concluyó que existen indicios bien fundados de que organizaciones criminales llevan a cabo desapariciones de manera sistemática como parte de sus políticas, frecuentemente con la autorización, apoyo o aquiescencia, de servidores públicos de distintos órdenes y niveles.

Un ejemplo reciente es el caso de Tabasco, donde se ha comprobado la coparticipación de organizaciones criminales y servidores públicos en la comisión de desapariciones forzadas (https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/4/4/vinculan-proceso-hernan-bermudez-por-desaparicion-forzada-seguira-preso-en-el-altiplano-369467.html). Este tipo de situaciones ya había sido documentado en el informe del 16 de junio de 2016, titulado Atrocidades innegables, por Open Society-Justice Initiative, en el que se concluye que (en 2016) existen “fundamentos razonables” para considerar que se cometen crímenes de lesa humanidad en México, tanto por agentes estatales, como no estatales (e.g. Los Zetas) (https://idpc.net/es/publications/2016/06/atrocidades-innegables-confrontando-crimenes-de-lesa-humanidad-en-mexico).

Sobre tortura y ejecuciones todavía no existen pronunciamientos internacionales tan contundentes como el del CED. El informe del relator especial sobre la tortura de 2014 calificó la práctica de la tortura como “generalizada”, aunque no utilizó el término “sistemática” (A/HRC/28/68/Add.3). El relator sobre ejecuciones tampoco formuló una conclusión semejante respecto de las ejecuciones tras su visita a México en abril de 2013 (A/HRC/26/36/Add. 1).

Considerando que las desapariciones implican actos de tortura y, con frecuencia, culminan en ejecuciones (Art. 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada), no sería aventurado sostener que esas conductas también podrían estar ocurriendo dentro de un contexto generalizado y sistemático, conjuntamente con desapariciones.

Lo que sí resulta indiscutible es que el CED ha concluido que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Por ello resulta importantísimo que la decisión del CED haya llegado a la Asamblea General, a fin de que establezca mecanismos extraordinarios de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis humanitaria que vive México. Tales mecanismos deben abarcar: prevención de nuevas desapariciones, búsqueda, hallazgo e identificación de las personas desaparecidas, apoyo y protección a las familias buscadoras, fortalecimiento de capacidades forenses, esclarecimiento de los hechos y abatir la impunidad, que el propio CED ha calificado como casi absoluta.

Hacemos votos para que la Asamblea General cumpla con el artículo 34 de la Convención y considere esta cuestión con carácter de urgente y adopte una resolución poderosa que abarque eficazmente los aspectos mencionados.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.