Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

INE rechaza a tres aspirantes a consejerías locales señalados por presuntos vínculos con Taddei

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

Los consejeros reconsideraron los perfiles de Guerrero y Oaxaca tras recibir nueva información sobre sus antecedentes, en medio de cuestionamientos por posibles relaciones políticas y conflictos de interés

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este lunes a tres aspirantes a consejerías electorales de Guerrero y Oaxaca, cuyos perfiles habían sido cuestionados por presuntos vínculos con la expresidenta Guadalupe Taddei y exfuncionarios de su administración, luego de que algunos consejeros retiraron su respaldo tras recibir nueva información sobre sus antecedentes.

Durante una sesión extraordinaria virtual, los diez consejeros votaron en contra de Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, quienes competían por una consejería en Guerrero, mientras que Flor Angélica Enríquez García, propuesta para Oaxaca, recibió nueve votos en contra y uno a favor, del consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

Las designaciones habían sido pospuestas desde el jueves 29 de octubre, cuando representantes de partidos políticos solicitaron revisar los perfiles, sus posibles conflictos de interés y las evaluaciones realizadas durante la gestión de Taddei, cuyas calificaciones fueron excluidas de las valoraciones finales, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.

Señalamientos contra aspirantes de Guerrero

En Guerrero, uno de los aspirantes rechazados fue Víctor de la Paz Adame, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal, designado por el Congreso local en mayo de 2023 para un periodo de seis años, quien buscaba pasar de fiscalizar al organismo a formar parte de su Consejo General, situación que provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

De la Paz había sido señalado como uno de los aspirantes impulsados por Taddei, con quien mantuvo una relación institucional por sus funciones como contralor. En noviembre de 2025, figuró junto a la entonces presidenta del INE y la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino en el programa oficial de una reunión con la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, organización que encabezaba.

La segunda aspirante en Guerrero fue Brenda María Ayala Terrazas, quien trabajó como líder de proyecto en la Secretaría Ejecutiva del INE desde diciembre de 2024, según el dictamen de designación. Antes había sido jefa de la Unidad Técnica de Comunicación Social del instituto electoral de Guerrero, además de desempeñarse como editora y jefa de redacción en periódicos locales.

Su relación con el entorno de Taddei se encuentra en la Secretaría Ejecutiva, encabezada entonces por Claudia Arlett Espino, quien fue propuesta directamente por la expresidenta del INE y asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024. Ayala también fue señalada como integrante de su equipo de asesoría, aunque el directorio institucional la identifica como líder de proyecto, adscrita a esa área y bajo la línea jerárquica de la secretaría particular.

Cuestionan a aspirante a consejeros de Oaxaca

En Oaxaca, la propuesta rechazada fue la de Flor Angélica Enríquez García, quien fue consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según consta en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de junio de 2010, relacionada con una impugnación que presentó sobre la selección de candidaturas de ese partido.

Enríquez García también fue cuestionada por sus presuntos vínculos con el partido Morena y con el entorno de Taddei, particularmente por señalamientos de cercanía con Iliana Araceli Hernández Gómez, quien ocupó la titularidad de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y habría promovido su candidatura para el organismo electoral de Oaxaca.

Hernández Gómez fue una de las funcionarias incorporadas a la estructura directiva del INE durante la gestión de Taddei, quien anunció su nombramiento en mayo de 2026, como parte de los cambios en distintas áreas del organismo. Sin embargo, durante la sesión no se presentaron pruebas públicas sobre su presunta intervención en la candidatura de Enríquez García ni se precisaron los señalamientos que influyeron en el rechazo de los perfiles.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey reconoció que inicialmente respaldaba las designaciones de Guerrero y Oaxaca, pero cambió su postura después de recibir información por escrito y consultar fuentes públicas sobre las trayectorias de los aspirantes. “Yo acompañaba las dos designaciones en el caso de Guerrero y de Oaxaca y que ahora ya no acompaño ninguna”, sostuvo.

La consejera Rita Bell López también retiró su respaldo al único perfil que inicialmente apoyaba, mientras que Arturo Castillo explicó que desde un principio había otorgado calificaciones bajas a dos aspirantes y que el historial del tercero no le generaba certeza sobre su idoneidad. “No voy a personalizar, se trata de personas, no se trata de quemar aquí a nadie“, señaló al evitar identificar a quién correspondía cada valoración.

Los cambios de postura provocaron reclamos de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Somos, quienes exigieron conocer la nueva información, pues los dictámenes presentados eran prácticamente los mismos de la semana pasada. “No nos dicen cuáles, pero es un hecho que hay nuevas valoraciones”, cuestionó Marco Antonio Baños, representante de Somos, quien también pidió evitar nombramientos de personas relacionadas con empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, reconoció que se obtuvieron nuevos elementos de valoración, pero que no se repuso el procedimiento ni se revisaron todos los antecedentes debido a la premura de los plazos, por lo que las razones específicas que llevaron a algunos consejeros a cambiar su postura no quedaron incorporadas en los dictámenes.

Con estas decisiones suman siete cargos pendientes de designación en organismos electorales estatales, luego de que el jueves pasado también se declararon desiertas las presidencias de Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz. Las vacantes de Guerrero y Oaxaca deberán incorporarse a una nueva convocatoria, para la cual los consejeros plantearon fortalecer la revisión de antecedentes y posibles conflictos de interés.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/ine-aspirantes-consejerias-oaxaca-guerrero-taddei-vinculos

Caso Aranza: investigan si disparo de helicóptero estatal mató a niña en Matamoros, Tamaulipas

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El fiscal confirmó que la familia describió una aeronave con características de la corporación y que el disparo tuvo una trayectoria descendente. La Fiscalía revisa registros de vuelo y el proyectil recuperado

Las primeras líneas de investigación por la muerte de Aranza Adailini, una niña de siete años que falleció durante la jornada violenta del pasado 29 de octubre en Matamoros, apuntan hacia un helicóptero cuya descripción coincide con una aeronave de la Guardia Estatal, además de que el proyectil recuperado podría corresponder a un calibre 7.62 y la trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó en entrevista para un programa en radio de cadena nacional, que las primeras declaraciones recabadas por la Fiscalía coinciden en la descripción de la aeronave que sobrevolaba la zona del ejido Las Rusias, donde la familia de la menor fue atacada a tiros.

“Es muy precisa en señalar o describir las características de la aeronave que momentos antes tanto ella como su familia vieron que sobrevolaba el área donde ellos iban circulando”, explicó el fiscal al referirse al testimonio de la madre de Aranza, quien también resultó herida por un disparo en una pierna.

Govea Orozco reconoció que esas características corresponden a una aeronave de la Guardia Estatal, aunque aclaró que la Fiscalía aún debe corroborarlo mediante información oficial, bitácoras y registros de las instituciones que participaron en el operativo.

“Se habla de un helicóptero de la Guardia Estatal, como en las crónicas recientes, pero bueno, hay que corroborarlo a través de la integración de la investigación”, señaló.

El fiscal explicó que durante los hechos hubo referencias sobre la presencia de aeronaves en la zona, pero inicialmente no estaba claro a qué institución pertenecían, por lo que la Fiscalía solicitó información a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para establecer qué aeronaves estuvieron desplegadas y cuáles realizaron sobrevuelos.

Uno de los elementos que ahora analiza la Fiscalía es el proyectil recuperado durante las investigaciones.

De acuerdo con Govea Orozco, por sus características podría corresponder a un calibre 7.62.

“Hay un proyectil recuperado que por sus características puede corresponder al calibre 7.62”, informó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía no puede establecerse de manera definitiva el origen del disparo, debido a que el indicio balístico continúa bajo análisis en los laboratorios de la Fiscalía.

La investigación contempla confrontar el proyectil con bases de datos de actividad balística relacionada con otros hechos delictivos, así como con los registros de las instituciones policiales.

“Se busca la confronta con las bases de datos institucionales, tanto de actividad balística en otros hechos delictivos, como de registros también de las instituciones policiales”, explicó.

Otro dato relevante surgido de los primeros trabajos periciales es la trayectoria del proyectil que impactó a la niña.

El fiscal confirmó que el disparo tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, atravesó el vehículo y terminó impactando a la menor en el cráneo.

“Es de arriba hacia abajo”, confirmó Govea Orozco.

Detalló que “el impacto del proyectil que priva de la vida lamentablemente a la menor, pues tiene una trayectoria efectivamente de arriba hacia abajo, es decir, atraviesa el vehículo y se aloja en el interior del mismo, en el habitáculo, pues teniendo el impacto en el cráneo de la menor”.

La Fiscalía también recaba los testimonios de los integrantes de la familia.

De acuerdo con el fiscal, existen coincidencias entre las primeras versiones obtenidas, incluida la descripción de la aeronave y la secuencia de los disparos.

La madre relató que primero escuchó un disparo y posteriormente ocurrió el impacto que terminó con la vida de su hija.

El padre habría intentado proteger a la menor utilizando su propio cuerpo.

Govea Orozco insistió en que, aunque existen elementos relevantes que orientan la investigación, todavía falta establecer de manera científica y jurídica de dónde provino el disparo y qué aeronave se encontraba exactamente sobre la zona en el momento de los hechos.

“Es importante que toda la integración de la carpeta no se sustente en la hipótesis que tiene la investigación, sino en la corroboración formal de los datos”, advirtió.

Por ello, la Fiscalía espera obtener las bitácoras y registros de las aeronaves que participaron en las operaciones del 29 de octubre para confrontarlos con los testimonios, los indicios balísticos y los resultados periciales.

El fiscal sostuvo que incluso los deslindes realizados por instituciones que niegan haber participado en el enfrentamiento no son suficientes por sí solos para cerrar una línea de investigación.

“No es suficiente con el deslinde”, afirmó Govea Orozco, al señalar que la Fiscalía requiere datos sólidos que permitan determinar con certeza qué ocurrió.

Locutor pierde la vida por bala perdida en Cuautitlán

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El comunicador trabajó en estaciones como La Z y La Mejor FM; también se desempeñó como promotor artístico y conductor de espectáculos musicales

El locutor de radio y promotor artístico David Castro, conocido como “El Gallo”, murió al ser alcanzado por una bala perdida mientras circulaba en bicicleta durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México.

El suceso ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle Melchor Ocampo, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra un hombre.

Castro transitaba en bicicleta por la zona cuando recibió uno de los impactos de bala y aunque el locutor no era el objetivo del ataque, quedó en medio de la agresión armada.

Tanto él como el hombre contra quien presuntamente iba dirigido el ataque murieron en el lugar.

Los agresores huyeron en la motocicleta después de realizar los disparos con rumbo desconocido y las autoridades tendrán que investigar el doble homicidio para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

David Castro era conocido en el ámbito radiofónico y artístico como “El Gallo”, por su trabajo como locutor de música grupera y promotor artístico.

El comunicador trabajó en estaciones como La Z y La Mejor FM; también se desempeñó como promotor artístico y conductor de espectáculos musicales.

Grecia Quiroz exige a Sheinbaum investigar “hasta sus últimas consecuencias” el asesinato de Manzo

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

La alcaldesa de Uruapan exige “una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales” durante la marcha a un año del asesinato de su esposo, entre abucheos a Morena y muestras de respaldo a una eventual candidatura de Quiroz a la gubernatura

A un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, incluso si las pruebas conducen a personas con poder político o económico.

El reclamo fue planteado este domingo 1 de noviembre, durante la Marcha por la Justicia y la Paz, que reunió a miles de personas en Uruapan, Michoacán. Antes de que Quiroz comenzara su discurso, entre los asistentes se escucharon consignas contra la mandataria federal y gritos de “¡Fuera Morena!”, mientras otros manifestantes expresaron su respaldo a una eventual candidatura de la alcaldesa a la gubernatura del estado en 2027.

Ante los manifestantes reunidos en la Plaza Morelos, también conocida como Plaza de los Mártires, donde Manzo fue asesinado hace exactamente un año, Quiroz advirtió que las detenciones y la apertura de carpetas de investigación no sustituyen la obligación de esclarecer la totalidad del crimen y determinar todas las responsabilidades.

“Yo no quiero venganza, no estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas, estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier Estado de derecho: que las instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y que quienes resulten responsables enfrenten a la justicia, porque atrapar a una persona no significa necesariamente haber esclarecido un crimen, porque abrir una carpeta de investigación no significa por sí sola que una familia haya encontrado justicia”, sentenció.

La alcaldesa añadió: “Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias. No una justicia de discursos”, reclamó, y exigió “una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales”.

Quiroz insistió en que el esclarecimiento del asesinato no debe condicionarse a la posición política, económica o institucional de quienes pudieran estar involucrados. “Porque la justicia no puede tener protegidos, porque la verdad no puede negociarse”, advirtió.

El pronunciamiento ocurre apenas tres días después de que, el jueves 29 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Con esa captura, el número de detenidos relacionados con el caso aumentó a 34. La dependencia había informado el 16 de octubre que la investigación registraba un avance estimado de 90%, aunque todavía mantiene diligencias pendientes.

La Fiscalía sostiene que el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las acciones del exalcalde contra grupos delictivos y que no ha encontrado indicios de un móvil político.

Entre consignas contra Morena y aspiraciones electorales

Pese a las consignas contra el partido oficialista que se escucharon durante la movilización, Quiroz inició su mensaje aclarando que no pretendía confrontar al Gobierno federal por diferencias partidistas.

“Señora presidenta, no le habla una adversaria política, no le habla a alguien que viene a confrontar a su gobierno por diferencias partidistas, le habla a una mujer que perdió a su compañero de vida, le habla a una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte”, expresó.

Su deslinde ocurre mientras mantiene abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, mediante una candidatura independiente vinculada al Movimiento del Sombrero, organización política que encabezaba su esposo.

Apenas el pasado 27 de octubre, durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Quiroz reconoció que analiza participar en la contienda estatal y adelantó que podría tomar una decisión en aproximadamente 45 días.

Exige justicia para las víctimas sin representación política

La Marcha por la Justicia y la Paz partió del monumento a Lázaro Cárdenas y avanzó hasta la Plaza Morelos, donde de acuerdo con reportes periodísticos se concentraron miles de personas provenientes de distintos municipios de Michoacán, así como de Colima, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Nayarit y Aguascalientes.

Entre los participantes estuvieron representantes del sector comercial y madres buscadoras, cuyas exigencias también fueron retomadas por Grecia Quiroz, quien extendió su reclamo de justicia a las familias de personas desaparecidas, víctimas de homicidio y feminicidio, comerciantes afectados por extorsiones, campesinos y transportistas.

“Hoy quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha, porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta y los dejan caminar en el olvido”, manifestó la alcaldesa.

Se dirigió directamente a las madres buscadoras que recorren hospitales, fosas, caminos y cerros para localizar a sus familiares desaparecidos, y reclamó que sean ellas quienes deban asumir las labores de búsqueda de sus seres queridos.

“Las madres buscadoras no deberían estar buscando restos humanos; deberían estar abrazando a sus hijos”, opinó.

Durante la jornada fue develada una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos, en el mismo sitio donde el entonces presidente municipal fue atacado a balazos mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos de 2025.

El monumento fue colocado frente a la ofrenda dedicada al exalcalde, en el espacio donde anteriormente se encontraba una figura de un sombrero y al que habitantes de Uruapan acudían para dejar flores y otros objetos en su memoria.

Frente a la estatua, Quiroz recordó una de las frases que su esposo utilizaba para referirse a los riesgos de su actividad política: que en una lucha limpia únicamente existían tres destinos, la cárcel, la muerte o el éxito.

“A Carlos le tocó la muerte”, dijo y habló de la ausencia de Manzo en la vida de sus hijos.

A quienes ordenaron el crimen, les advirtió: “La justicia tarde o temprano les llegará. No tengo duda”.

Al concluir su intervención, volvió a dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana y con mucho respeto se lo pido: ¡escúchenos! No queremos un país acostumbrado a contar muertos. Queremos un país donde podamos contar oportunidades, sueños cumplidos y familias reunidas”.

Pescadores mayo-yoreme llevan a la CIDH su lucha contra la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Pescadores mayo-yoreme litigan ante la CIDH contra la planta de amoniaco de GPO en Ohuira, mientras el gobierno federal mantiene su respaldo al proyecto

Han pasado más de cinco meses desde que indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ciudadanos en general de Topolobampo, Los Mochis y las comunidades indígenas que rodean la bahía de Ohuira, del norte de Sinaloa decidieron bloquear los accesos a la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman, que cuenta con financiamiento del banco alemán KfW IPEX.

Agrupados en el colectivo ¡Aquí No!, surgido en 2015, cientos de ciudadanos instalados las 24 horas del día en el plantón, en plena carretera Los Mochis-Topolobampo, han soportado temperaturas de al menos 49 grados, dos ciclones y decenas de “toritos” o pequeños remolinos que en más de una ocasión se han llevado carpas y enseres que permitían hacer llevadera la movilización, “ya no por el territorio, sino por la vida”.

“La posición es: no queremos petroquímica en nuestra bahía porque nosotros tenemos derecho a vivir. No estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo la vida, pero no sólo la vida en físico, sino la vida espiritual, la vida en la cosmogonía, pero también la vida económica de las comunidades”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, una de las voceras indígenas del colectivo.

Claudia, a quién le han apodado “La Comandanta”, junto con Melina Maldonado Sandoval, otra de las voceras de ¡Aquí No!, comparten con Proceso un balance de los casi 160 días de plantón, que se suman a los 13 años de lucha que ellas, junto con otros líderes indígenas como Felipe Montaño e Irene Díaz, han sostenido para defender la bahía de Ohuira, un sitio no sólo de pesca, sino que es reconocido ancestralmente como un lugar sagrado para los mayo-yoremes.

Ambas reconocen que el movimiento y ellas mismas han sido blanco de campañas desprestigio en medios locales de comunicación, como parte de los intentos de dividir a las comunidades que apoyan el movimiento, pero también riesgos mayores, como la exposición a explosiones causadas por una empresa vinculada a GPO, Pro Casa, que constantemente dinamita el cerro cercano al campamento.

“Nos hemos enfrentado a amenazas en ese lugar”, denuncia Melina; señala que al campamento han llegado desconocidos a advertirles que “si nos vamos a dormir puede pasar cualquier otra cosa”.

A las amenazas veladas, se han enfrentado a la intimidación: “Pasa el Ejército y nos toma fotos; pasa la policía municipal y nos toma fotos; la Guardia Nacional y nos toma fotos; nos sobrevuelan drones, no sabemos de quiénes son los drones, grandes, chicos, medianos, a cualquier hora.

“Hacemos reuniones informativas para la gente y de repente miramos la visita del dron que anda volando escuchando lo que estamos hablando”, agrega.

Ambas reconocen que gracias a la movilización social iniciada el 30 de mayo pasado, tras la llegada de un impresionante equipo, semejante a un “reactor nuclear”, para la instalación de la planta que pretende producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, las autoridades federales voltearon a ver el problema y los obligó a sentarse a la mesa con miembros del colectivo, del 10 al 22 de julio, sin que se llegara a acuerdos.

“Estuvimos con la empresa, pero al final de cuentas nuestra posición no ha cambiado; estamos esperando los estudios de línea base para poder determinar nuestra posición, que siempre ha sido aquí no a la petroquímica”, dice Claudia. Los estudios los están realizando científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El caso ante la CIDH

Pese a que están convencidas de que los resultados científicos confirmarán lo que las comunidades indígenas y pescadoras han denunciado desde hace 13 años, la inviabilidad de instalar una planta de amoniaco en un sitio catalogado internacionalmente como Ramsar 2025, por su valor ambiental, hogar de cientos de especies marinas y fuente de empleo de al menos tres mil pescadores, el colectivo decidió ir un paso más adelante y litigar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como resultado de la movilización y el acercamiento de otros grupos indígenas solidarios, así como de organizaciones sociales, en septiembre último pescadores de la bahía de Ohuira acompañados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace presentaron una petición ante la CIDH.

En el documento, del que Proceso tiene copia, los peticionarios incluyeron como uno de los elementos de prueba de los agravios el reportaje “La resistencia de un pueblo indígena contra una empresa financiada por Europa”,  publicado por este medio en el formato impreso y en video en septiembre de 2025, que documenta la lucha de los mayo-yoreme en defensa de la bahía de Ohuira.

De  acuerdo al documento, la imposición de la construcción de la planta de amoniaco a cargo de GPO ha violado los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), así como disposiciones del  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, así como del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “Acuerdo de Escazú”, del que México, irónicamente, fue un impulsor fundamental.

La petición de intervención de la CIDH establece que contra los pueblos indígenas pescadores se habrían violado sus derechos al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas; a la protección judicial, a un medio ambiente sano, aunado que se vulneró el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho a la justicia en asuntos ambientales, ambos reconocidos en el “Acuerdo de Escazú”.

Aunque el proyecto se presentó en 2013, las comunidades indígenas y pescadoras han litigado contra él desde el principio, con más intensidad desde que en 2022, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ampararon contra la aprobación el Manifiesto de Impacto Ambiental  (MIA) aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA-Semarnat).

De acuerdo a un documento emitido por el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, de fecha 26 de noviembre de 2024, obtenido por esta reportera, una resolución técnica consideró “no procedente” otorgar a GPO un título de concesión para descarga “de aguas residuales de su proceso industrial, consistente en sistema de enfriamiento, sistema desmineralizado, sistema de desalación, con un  gasto promedio de descarga de 26 mil 400 metros cúbicos/día operando las 24 horas del día, los 365 días del año, resultando con ello un volumen de descarga nueve millones 636 mil metros cúbicos/año y cuyo cuerpo receptor es la Bahía de Ohuira”.

Al litigio internacional se suman denuncias ciudadanas interpuestas ante autoridades federales sin que se les haya dado respuesta generando preocupación en el estado por el conflicto socioambiental no sólo por el caso de GPO sino por otros megaproyectos que también están considerados en la zona.

El 27 de octubre último la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (Redca) denunció en un pronunciamiento “la persistencia de opacidad en los procesos administrativos y la posible violación a los derechos humanos de las comunidades” , al no haber conclusiones de carpetas de investigación iniciadas en 2018 y 2019 por pescadores ante la delegación de la Procuraduría General de la República (ahora FGR) relacionadas “con presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos que son bienes nacionales ubicados en el bosque de manglar de la bahía de Ohuira y en la zona federal marítimo terrestre”.

Los firmantes advirtieron que tampoco hay respuesta a la denuncia popular interpuesta en 2023 ante la Profepa, por “la presunta ocupación de terrenos federales para la planta de amoniaco sin la concesión correspondiente”, a lo que se suma la suspensión de inspecciones de esa dependencia por un amparo que interpuso GPO para evitar la revisión, litigio en el que no fueron consideradas las comunidades indígenas.

La Redca advirtió “la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Ahome”, municipio donde se encuentra Ohuira, lo que “ha generado un vacío en la normatividad que orienta los usos del territorio con base en criterios ecológicos y procesos de participación social, impulsando proyectos productivos en un contexto de incertidumbre económica y perjuicio a nuestros ecosistemas naturales”.
Los pendientes descritos por los activistas sinaloenses chocan con la consideración del secretario de Economía, Marcelo Ebrad, quien el 16 de octubre en la glosa el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados anunció la continuación de los esfuerzos para concretar la construcción de la planta de amoniaco de GPO, presentada por el gobierno federal como planta de fertilizante.
“Le hemos invertido mucho tiempo al polo de desarrollo de Topolobampo y vamos a seguir adelante para lograr las inversiones que pensamos que son favorables (…) para aumentar nuestra capacidad de producción de fertilizantes, entre otras cosas”, dijo el funcionario federal.

Claudia Quintero, por su cuenta, concluye: “A la presidenta Claudia Sheinbaum no tengo ya nada que decirle, sería como hablarle a un palo, ella está convencida de que eso va, pese a que sabe lo que estamos sufriendo el pueblo mayo-yoreme”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Sacerdote fue privado de la libertad y torturado durante tres días, informa Diócesis de Culiacán

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

El sacerdote Clemente Morales Topete fue golpeado, sufrió quemaduras y recibió amenazas de muerte durante los tres días que permaneció privado de su libertad en Culiacán, informó la Diócesis, que también cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad en Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete fue privado de su libertad durante tres días por un grupo de personas desconocidas que lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron reiteradamente de muerte, informó la Diócesis de Culiacán en una carta circular difundida este domingo 1 de noviembre, en la que también cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad en Sinaloa.

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado regresó por sus propios medios a la casa parroquial el martes 27 de octubre, luego de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24, cuando acudió a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, su localización fue confirmada el pasado martes; sin embargo, fue hasta la publicación de la carta del obispo Jesús José Herrera Quiñónez que la Diócesis detalló las agresiones que sufrió durante su desaparición.

Golpes y quemaduras

Según el documento, Morales Topete fue trasladado a un lugar desconocido, donde sus captores le exigieron información que no tenía y por la que no podía ofrecer respuestas. Durante los tres días que permaneció retenido recibió golpes, quemaduras y amenazas de muerte.

“Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, señala la carta.

La Diócesis informó que, al regresar a la parroquia, el sacerdote presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada.

Aunque las lesiones no representaban un peligro inmediato para su vida, requerían seguimiento médico. También presentaba afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas recibidas.

Actualmente permanece bajo observación médica y su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

En la carta, el obispo señaló que las investigaciones sobre la privación de la libertad del sacerdote continúan abiertas, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas y la difusión de información que pudiera comprometer las indagatorias.

“Nuestro compromiso es con la verdad. No buscamos alimentar especulaciones, señalar responsables sin pruebas, ni contribuir a la desinformación”, expresó.

Críticas a la estrategia oficial

En el mismo documento, Herrera Quiñónez manifestó su preocupación por la violencia que enfrenta Sinaloa y consideró que las acciones de las autoridades no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a la población.

Aunque reconoció la intervención de las corporaciones municipales, estatales y federales durante la búsqueda y localización del sacerdote, pidió mantener los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia.


“Después de más de dos años de vivir esta situación, el sufrimiento de las familias, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad y las muertes violentas y en estos últimos meses los feminicidios, nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, expuso.

El obispo también cuestionó que los discursos oficiales y las estadísticas sobre seguridad no necesariamente se traduzcan en mejores condiciones para la ciudadanía.

“No bastan los discursos ni los datos estadísticos cuando las familias continúan sufriendo y las personas siguen viviendo con temor. Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, manifestó.

Por ello, llamó a fortalecer las estrategias de prevención, seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas.

Llamado a frenar la violencia

Herrera Quiñónez también vinculó la agresión contra el sacerdote con la situación que enfrentan otras personas desaparecidas y sus familias en Sinaloa. Señaló que la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes continúan buscando a sus seres queridos.

“Ninguna persona debe ser privada de su libertad y dignidad, sometida a violencia o utilizada como instrumento de intimidación. Ninguna circunstancia justifica el maltrato, las amenazas, las agresiones ni la desaparición de un ser humano”, expresó.

En un mensaje dirigido a quienes ejercen violencia, el obispo pidió detener las agresiones y reflexionar sobre sus consecuencias.

“¡Por compasión, ¡deténganse! ¡Ninguna vida humana es desechable! Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre”, manifestó.

Asimismo, pidió a la sociedad evitar señalamientos, burlas y juicios anticipados contra las víctimas de la delincuencia, particularmente en redes sociales, donde advirtió sobre la difusión de opiniones como si fueran hechos comprobados.

“Una opinión personal no constituye por sí misma una verdad, y la repetición de una opinión no la convierte en un hecho comprobado”, señaló.

Por último, convocó a las instituciones, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía a trabajar por la reconstrucción de la paz en Sinaloa.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/sacerdote-privado-libertad-torturado-diocesis-culiacan

Localizan nueva fosa clandestina en el poblado Miguel Alemán, en Mexicali

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

Durante labores de búsqueda realizadas la mañana de este lunes, colectivos y autoridades localizaron una nueva fosa clandestina en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali; sería la número 25 en la zona

Colectivos de búsqueda localizaron una nueva fosa clandestina en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, con lo que suman 25 las encontradas en dicha zona, de acuerdo con los propios colectivos.

Durante la mañana de este lunes 2 de noviembre se realizaron labores de búsqueda por parte de colectivos y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Como resultado, localizaron una nueva fosa clandestina con restos humanos en las inmediaciones del poblado Miguel Alemán, una zona ubicada en el área limítrofe entre Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

La fosa se encontraba entre la vegetación de la zona, donde fue hallado un cuerpo que estaba enterrado. Además, se presume que podría haber más restos óseos en el mismo sitio.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la escena para continuar con las labores correspondientes. Los restos humanos fueron colocados sobre una lona azul, mientras se daba seguimiento a las actividades de búsqueda.

Fue a inicios de 2026 cuando se reanudaron las actividades en dicho lugar, donde han encontrado fosas clandestinas, restos óseos e incluso vehículos calcinados. Entre los casos recientes se encuentra el del señor Justo Martín, quien desapareció en septiembre del presente año.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado no ha actualizado las cifras sobre la cantidad de restos humanos que han sido encontrados en la zona del Valle de Mexicali.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/localizan-nueva-fosa-clandestina-en-el-poblado-miguel-aleman-en-mexicali-2/

México concentra casi la mitad de los asesinatos de periodistas en América Latina: UNESCO

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El organismo internacional documentó 17 asesinatos de periodistas en México durante 2024 y 2025, de un total de 37 registrados en América Latina y el Caribe. Su observatorio acumula 183 casos en el país, mientras que únicamente el 13.76% figura como resuelto en el desglose judicial consultado.

México concentró el 46% de los asesinatos de periodistas registrados en América Latina y el Caribe durante 2024 y 2025, con 17 de los 37 casos documentados en la región, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que advirtió que el 86% de estos crímenes permanece sin resolver a escala mundial.

Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora este 2 de noviembre, el organismo internacional presentó los resultados de su "Informe del director general sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad", en el que documentó 189 asesinatos relacionados con el ejercicio periodístico durante el bienio 2024-2025.

La cifra representa un incremento del 20% respecto del periodo anterior y confirma que, pese a los esfuerzos internacionales para proteger a quienes ejercen el periodismo, los asesinatos y la falta de justicia continúan siendo problemas persistentes.

En México, el Observatorio de Periodistas Asesinados registra un acumulado de 183 víctimas. Entre los casos más recientes incluidos en su plataforma aparece el de Ricardo Zúñiga Rosas, con fecha del 29 de agosto de 2026.

El desglose del estatus judicial disponible en el observatorio muestra que únicamente el 13.76% de los casos figura como resuelto, mientras que el 62.49% aparece en curso o sin resolver.

En otro 19.80% de los casos, la UNESCO señala que no ha recibido información sobre el estado de las investigaciones, mientras que el 3.95% restante está clasificado bajo la categoría de "otro".

Esto significa que el 86.24% de los casos incluidos en ese desglose no aparece clasificado como resuelto, aunque el organismo distingue entre investigaciones abiertas, casos sin resolver, ausencia de información y otras situaciones judiciales.

Los porcentajes corresponden al desglose judicial consultado en el observatorio y no deben interpretarse automáticamente como una tasa nacional de impunidad, debido a que las categorías reflejan distintos estados de las investigaciones.

Un periodista asesinado cada cuatro días

El informe ofrece un balance de dos décadas de seguimiento sistemático de los asesinatos de periodistas en el mundo.

Entre 2006 y 2025, el organismo documentó 1,641 asesinatos, lo que representa un promedio de un periodista privado de la vida cada cuatro días.

Durante el bienio 2024-2025 se verificaron 189 asesinatos relacionados con el ejercicio periodístico. La mayoría de las víctimas cubría temas de política, crimen organizado o corrupción.

El incremento de los homicidios estuvo relacionado principalmente con el recrudecimiento de los conflictos armados, en los que ocurrieron 127 asesinatos, equivalentes al 67% del total mundial.

En contraste, los países sin conflictos armados registraron 62 asesinatos, la cifra más baja de los últimos 18 años.

En América Latina y el Caribe, donde se contabilizaron 37 asesinatos, México concentró 17 casos, equivalentes a casi la mitad de las víctimas documentadas en la región.

El organismo ambién identificó cambios en los patrones de violencia contra la prensa, entre ellos un incremento de los asesinatos cometidos en los lugares de trabajo y de aquellos precedidos por la desaparición de las víctimas.

Los homicidios perpetrados en los espacios laborales de los periodistas pasaron de uno durante 2020-2021 a 17 en 2024-2025.

En el mismo periodo, los asesinatos precedidos por una desaparición aumentaron de nueve a 15 casos.

También se registró un incremento en los homicidios de periodistas jóvenes, de entre 25 y 29 años, que pasaron de 12 a 20 casos entre ambos periodos.

El organismo advirtió que los periodistas sin una plaza laboral fija enfrentan condiciones adicionales de vulnerabilidad, debido a las dificultades para acceder a capacitación, herramientas de seguridad y respaldo jurídico.

La impunidad persiste en el 86% de los asesinatos

Uno de los principales hallazgos del informe es que el 86% de los asesinatos de periodistas en el mundo continúa sin resolverse, un punto porcentual más que en 2024.

Aunque el porcentaje representa una disminución respecto del 95% registrado en 2012, la UNESCO advirtió que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

En los países sin conflictos armados, la proporción de casos sin resolver disminuyó del 94% al 77%.

De acuerdo con el organismo, las investigaciones que llegan a resolverse tardan, en promedio, cuatro años. Después de cinco años, las posibilidades de esclarecer un asesinato disminuyen considerablemente.

Por ello, consideró necesario fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad, las fiscalías y los órganos judiciales encargados de investigar los crímenes contra periodistas.

En el caso de México, el organismo informó que el Estado mexicano figura entre los 40 países que proporcionaron información sustantiva durante 2026 sobre el estado de las investigaciones judiciales relacionadas con asesinatos de periodistas.

La respuesta de México abarcó 141 casos, una cifra que corresponde a los expedientes incluidos en el reporte gubernamental y que no debe confundirse con el acumulado de víctimas registrado en el observatorio.

Destacó que la entrega de información constituye un paso importante para evaluar el avance de las investigaciones, particularmente en un contexto en el que la tasa mundial de respuesta de los Estados cayó al 62%, su nivel más bajo desde 2019.

Nuevas amenazas contra periodistas

El informe también advierte sobre la transformación de los mecanismos utilizados para agredir, intimidar y silenciar a quienes ejercen el periodismo.

Entre las principales amenazas identificadas se encuentra el incremento de la violencia digital, particularmente contra las mujeres periodistas.

Según los datos presentados, el porcentaje de mujeres periodistas que recurren a la autocensura ante las agresiones digitales pasó del 30% en 2021 al 45% en 2025.

El organismo también alertó sobre el aumento de las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, utilizadas para ejercer presión judicial contra periodistas y medios de comunicación.

En las zonas de conflicto armado, la utilización de drones representa otra transformación de las amenazas contra quienes realizan labores informativas.

Durante 2024 y 2025 fueron asesinadas 14 mujeres periodistas, equivalentes al 7% del total mundial, el porcentaje más bajo registrado en dos décadas.

Señaló que casi todos estos asesinatos ocurrieron en zonas de conflicto armado, con excepción del caso de Roxana Guzmán Ramírez, en México.

Cooperación internacional para combatir la impunidad

Ante este panorama, la UNESCO sostuvo que la impunidad no es inevitable y llamó a fortalecer la cooperación internacional para mejorar la investigación de los asesinatos y garantizar la protección de los periodistas.

De acuerdo con el informe, las instituciones de seguridad y justicia que participan en mecanismos de cooperación y asistencia técnica presentan mejores condiciones para atender los casos con mayor rapidez.

América Latina y el Caribe figura entre las regiones que reportan una resolución más pronta de los expedientes que logran esclarecerse: el 61% de sus casos resueltos concluyó dentro del plazo medio de cuatro años.

Cinco países de la región informaron sobre el fortalecimiento de sus mecanismos institucionales mediante protocolos especializados de investigación, grupos de trabajo para la judicialización de los crímenes, mayores recursos para la protección de víctimas y procedimientos con perspectiva de género.

Señaló que su repositorio internacional de mecanismos de seguridad para periodistas reúne más de 80 esquemas de protección e intervención implementados en al menos 35 países.

México cuenta con ocho mecanismos registrados: dos de carácter federal y seis implementados en el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

Desde 2013, el organismo ha capacitado a más de 39 mil operadores de justicia en más de 160 países, así como a 13 mil agentes del orden en 150 naciones, en estándares internacionales relacionados con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas.

Asimismo, desde 2012, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación ha respaldado más de 200 proyectos locales de seguridad para periodistas.

El informe será discutido durante la 35 sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, programada para el 19 y 20 de noviembre de 2026.

Bajo el lema "Las amenazas cambian. La impunidad continúa", la UNESCO reiteró que la protección de los periodistas requiere no solamente mecanismos de prevención, sino investigaciones eficaces que permitan identificar y sancionar a los responsables de los crímenes.

El organismo subrayó que garantizar la seguridad de quienes informan es una responsabilidad colectiva y una condición indispensable para la libertad de expresión, el acceso a la información y el funcionamiento de las sociedades democráticas.

ONG denuncia incumplimiento de sentencia de Corte IDH que ordena la eliminación del arraigo

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció que “el Estado mexicano ha ido en sentido contrario a lo ordenado por la Corte IDH” en la atención a la sentencia por la detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva contra los indígenas Jorge Marcial y Gerardo Tzomplaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006

En vísperas de cumplirse cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la eliminación del arraigo y armonizar la prisión preventiva oficiosa a los estándares internacionales, México no sólo no ha dado cumplimiento a la resolución si no que va en retroceso.  

La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció que “el Estado mexicano ha ido en sentido contrario a lo ordenado por la Corte IDH” en la atención a la sentencia por la detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva contra los indígenas Jorge Marcial y Gerardo Tzomplaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006.  

La organización que representa a las víctimas destacó que, en la sentencia del 7 de noviembre, la Corte IDH “declaró responsable al Estado Mexicano por violar sus derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la presunción de inocencia, y ordenó reformar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”. 

Sin embargo, a unos días de cumplirse otro año más de emitida la sentencia, se mantiene vigente el arraigo en el artículo 16 de la Constitución para casos de delincuencia organizada “pese a que la Corte ordenó dejar sin efecto esa figura, con que se privó de la libertada a las víctimas de este caso”.

Peor aún, la prisión preventiva se amplió” dos años después de emitida la sentencia, pues el 31 de diciembre de 2024 se publicó en Diario Oficial de la Federación (DOF) “una reforma al artículo 19 constitucional que agregó nuevos delitos al catálogo de prisión preventiva automática”.  

La RSDCIAC alertó que “cada reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa no sólo incumple el punto resolutivo octavo (de la sentencia): profundiza la violación que la Corte declaró”. 

“Hoy hay más personas expuestas a quedar presas sin que un juez valore su caso, como ocurrió a Jorge Marcial, Gerardo y Gustavo”, apuntó la organización, tras señalar que el pasado 15 de octubre la Corte IDH emitió una nueva resolución de supervisión sobre el cumplimiento del “Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México”. 

De acuerdo con la organización, la resolución confirmó que a casi cuatro años de publicar su sentencia “el Estado mexicano mantiene pendientes cinco de las ocho medidas de reparación ordenadas en la sentencia del 7 de noviembre de 2022”.  

La RSDCIAC detalló que, además de la eliminación del arraigo y la adecuación de la prisión preventiva a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el Estado mexicano no ha publicado el “resumen oficial de la sentencia en el DOF”, tampoco ha realizado el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ni ha garantizado “tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico adecuado, preferencial y gratuito”, medidas que “dependen sólo de la voluntad del gobierno federal”. 

La organización apuntó que dichos puntos resolutivos “no requieren reformas constitucionales ni legislativas”, por lo que “su incumplimiento no tiene justificación”.  

La RSDCIAC resaltó que, hasta ahora, el Estado mexicano sólo ha cumplido plenamente con el pago de dos becas educativas, avance que “llegó tarde, después de que los beneficiarios ya habían concluido sus estudios”, quedando sin atender las “reparaciones estructurales, las que buscan que ninguna persona vuelva a vivir lo que vivieron Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gerardo Robles López”.  

La organización añadió que ese punto corresponde a “un Acta de Entendimiento firmada por las partes en febrero de 2020”, es decir más de dos años previos a la emisión de la sentencia. El Estado se había resistido a dar cumplimiento a esa resolución, alegando la “imposibilidad” de cubrir becas retroactivamente a través del Fideicomiso 10233, creado para solventar reparaciones de la Corte, por lo que el tribunal tuvo que instruir “expresamente a México a realizar ese pago retroactivo por el mismo fideicomiso”, realizándose las transferencias en agosto de 2025 y febrero de 2026.  

Ante el incumplimiento de la sentencia, la RSDCIAC exigió al Estado mexicano atender los resolutivos de la sentencia pendientes, tanto los que sólo requieren voluntad gubernamental, como aquellos de requieren reformas legislativas y constitucionales, presentando al Congreso de la Unión “una iniciativa para eliminar el arraigo del artículo 16 constitucional y adecuar el artículo 19 a los estándares interamericanos sobre prisión preventiva”. 

Tras informar que el 1 de marzo de 2027 vence el plazo para que el Estado entregue a la Corte IDH “un informe con avances verificables y no sólo declaraciones de voluntad”, la RSDCIAC recordó que “las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para México”, por lo que “cumplirás a medias, tarde o en sentido contrario también es incumplirlas”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Exigen justicia por muertes de tres adolescentes en Nuevo León y Michoacán

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

En el marco del Día de Muertos, Tejiendo Redes Infancia lanzó dos campañas para exigir que se esclarezcan los fallecimientos de Ángel Moreno, Valeria Cantú y Víctor Manuel, y se investiguen posibles responsabilidades institucionales

En el contexto de la conmemoración del Día de Muertos, la organización Tejiendo Redes Infancia, dedicada a la defensa de niñas, niños y adolescentes, lanzó dos campañas para esclarecer los fallecimientos de adolescentes, a cuyos casos se les dio seguimiento en medios de comunicación por ser emblemáticos.  

Con campañas lanzadas a través de la plataforma de Change.org, Tejiendo Redes Infancia recordó las muertes de Ángel Moreno y Valeria Cantú, quienes estuvieron bajo el resguardo del Sistema de DIF de Nuevo León, así como de Víctor Manuel, quien fue víctima de reclutamiento forzado y de ejecución arbitraria, tras haberse visto involucrado en el asesinato de Carlos Manzo, acalde de Uruapan, Michoacán.  

La organización recordó que Ángel, quien tenía 14 y era discapacitado, fue asesinado el 9 de febrero de 2022 cuando estaba bajo cuidado del DIF Nuevo León, caso que derivó recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos. 

“Sin embargo, persiste la impunidad y seguimos denunciando la protección política que ha impedido esclarecer las responsabilidades de toda cadena de mando”, puntualizó la organización en la campaña de recaudación de firmas.

El documento agregó el caso de Valeria Cantú, quien padecía epilepsia, “también creció y murió bajo la responsabilidad de DIF Capullos y, cuando cumplió la mayoría de edad fue egresada (el 2 de octubre de 2025) sin la preparación, los apoyos y el acompañamiento que necesitaba para construir una vida independiente”.  

Valeria “poco después murió (el 2 de junio de 2026), en medio de posibles omisiones institucionales que hoy deben investigarse con verdad, transparencia y sanciones efectivas a las instituciones responsables”.  

“Este Día de Muertos no queremos más niñas y niños convertidos en fotografías de recuerdo por la violencia institucional”, resaltó Tejiendo Redes Infancia al exigir al gobierno de Nuevo León “aceptar y cumplir las recomendaciones de derechos humanos: al Congreso del Estado a reactivar la comisión especial del caso, a la Fiscalía, investigar a todas las personas involucradas; y al Poder Judicial, garantizar que la próxima audiencia permita avanzar hacia la verdad y la justicia, sin privilegios ni impunidad.  

“Ángel y Valeria merecen justicia. Sus familias merecen verdad. Las infancias merecen vivir”, puntualizó Tejiendo Redes en su campaña en Change.org. 

En cuanto Víctor Manuel, Tejiendo Redes Infancia recordó en su campaña en la misma plataforma que era un adolescente indígena de 17 años, originario de Paracho, Michoacán.  

“Su vida fue arrebatada públicamente en los últimos minutos de una noche de violencia. Hoy queremos recuperar su nombre, su dignidad y su derecho a la justicia”, puntualizó la organización.  

Víctor Manuel estuvo involucrado en el atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, como víctima de reclutamiento de una organización criminal, así reconocido por la Fiscalía estatal.  

“Las versiones públicas señalan que, después del ataque, varios escoltas lo detuvieron y sometieron; entonces recibió el disparo que le quitó la vida”, se resalta en la campaña de recaudación de firmas.  

  “Ningún delito justifica ejecutar a una persona detenida. Víctor Manuel tenía derecho a seguir vivo, a recibir protección y a que su participación se investigara mediante la justicia especializada para adolescentes”, apuntó Tejiendo Redes Infancia.  

La organización denunció que el caso de su muerte se mantiene en la impunidad, pues no hay información sobre la investigación sobre ella ni sobre el “funcionario público que le disparó y quiénes continúan beneficiándose de la violencia”.  
“Pedimos a la Fiscalía de Michoacán una investigación independiente y exhaustiva sobre su posible ejecución extrajudicial y sobre las redes criminales que siguen reclutando y utilizando adolescentes. Exigimos esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todas las personas responsables”, puntualizó Tejiendo Redes Infancia.

Sonora Grill cierra en Yucatán tras acusar de extorsión al gobierno estatal

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

El Sonora Grill de Yucatán cierra sus puertas luego de acusar a funcionarios estatales de cobros excesivos. Les habrían pedido 500 mil pesos entre multas y pagos irregulares

Luego de denunciar extorsión por parte de las autoridades de Salud de Yucatán, el Sonora Grill del estado cerró su sucursal y su franquicia, según informan reportes periodísticos locales. 

El Sol de Yucatán explicó que en octubre de este año el restaurante ubicado en Mérida habría cerrado; el 12 de septiembre de 2025 realizó una visita y suspendió las actividades del establecimiento. 

El 18 de septiembre, Sonora Grill presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por extorsión, informó el medio. En la denuncia se aclara que las autoridades habrían pedido 300 mil pesos por la multa, 200 mil pesos más y 30 mil pesos al mes. Es decir, más de medio millón de pesos. 

Sin embargo, la Secretaría de Salud defendió que encontró irregularidades sanitarias en el restaurante. Domitilo Carballo Cámara, encargado de la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado, dijo que el Sonora Grill tenía colillas de cigarro, alimentos sin cubrir, utensilios sucios, agua sin cloración y personal sin certificados médicos.

El funcionario señalado presume amistad con el gobernador Joaquín Díaz Mena y con AMLO en sus redes sociales.

Sonora Grill señaló como ejecutor de esta extorsión a Abraham Antonio Puch Cardeña, entonces subdirector de Protección contra Riesgos Sanitarios. Posteriormente, el funcionario fue removido del cargo, pero Carballo permanece, siendo señalado como cercano al gobernador Joaquín Díaz Mena, con quien presume fotos en sus redes.

El restaurante abrió sus puertas en 2017 en el centro comercial Urban Center, al norte de Mérida. Se trataba del vigésimo establecimiento de la cadena y el primero en Yucatán, con capacidad para más de 300 comensales.

OTRAS DENUNCIAS

Ya existían denuncias públicas de una supuesta red similar en la misma Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, encabezada entonces por Joaquín Efraín Cardeña Sánchez (subdirector) y Hernán Zapata Aguilar (jefe de inspectores). 

Empresarios como Edgar Manuel Miranda Morales (Mesón Yucateco) relataron múltiples extorsiones (pagos en efectivo en las oficinas de Salud por levantar clausuras, reducciones “negociadas” de multas, etc.), con montos de decenas de miles de pesos y clausuras por motivos menores. Otros negocios mencionados: Bonampak y Cervecería de la Patria. Se describía un modus operandi de visitas, sellos y exigencia de pagos para “solucionar”

Cabos sueltos del caso Manzo a un año del atentado

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

A un año del ataque a Carlos Manzo aún faltan piezas del rompecabezas, como el paradero del jefe de escoltas, coronel en retiro José Manuel Jiménez Miranda, la entrega de su celular, así como las líneas políticas inexploradas, sin olvidar la falta de atracción por parte de la FGR

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, aún quedan cabos sueltos, como el paradero del jefe de escoltas, coronel en retiro José Manuel Jiménez Miranda, así como las líneas políticas inexploradas. 

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reporta un avance del 90% y 34 personas detenidas (al menos 29 vinculadas a proceso), pero persisten piezas sueltas que mantienen el expediente abierto. 

La hipótesis central de la FGE es una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), específicamente de la célula de “Los R”. El móvil se liga a las acciones de seguridad de Manzo, en particular a la detención y exhibición pública (en una transmisión en vivo) de René “N”, alias “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan, el 27 de agosto de 2025.

Las autoridades descartan, hasta ahora, un móvil político, aunque Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, ha insistido en que se investigue a los rivales políticos que su marido tuvo en vida y ayer en la ceremonia a un año del homicidio pidió a la presidenta que las investigaciones no tengan límites por la política.

José Manuel Jiménez Miranda es un coronel retirado del Ejército y hombre de confianza de Manzo. Fue secretario de Seguridad Pública de Uruapan por menos de un mes en septiembre de 2024. Despedido tras acusaciones de violencia intrafamiliar y luego nombrado jefe de escoltas del alcalde.

Existe orden de aprehensión en su contra por omisión (misma línea que los escoltas detenidos). Escapó del operativo del 21 de noviembre de 2025 en el que se detuvo a siete escoltas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a su captura. Fue quien reclutó al primer círculo de protección, en su mayoría exmilitares de otros estados.

De acuerdo con El Financiero, posee conocimientos tácticos que le permiten mantenerse fuera del radar.

Otro punto pendiente es el teléfono que portaba Carlos Manzo al momento del ataque. A pesar de que ya pasó un año, la Fiscalía no ha podido tenerlo en sus manos, debido a que la viuda desconfía del trato que se dará a la información ahí contenida y pone condiciones para su revisión.


La FGE ha requerido formalmente a Grecia Quiroz García (viuda y actual alcaldesa de Uruapan) la aportación del teléfono o los equipos de telefonía del exedil para análisis pericial (Grecia Quiroz dice que sólo es un dispositivo). La ahora alcaldesa de Uruapan ha expresado desconfianza en la Fiscalía estatal, teme filtraciones o usos políticos de la información privada y condiciona la entrega a que la FGR atraiga el caso o a un proceso con garantías (incluso ha hablado de entregarlos a la SSPC o en su presencia). La Fiscalía ha advertido posibles medidas de apremio o una carpeta por obstrucción. Quiroz sostiene que se trata de un solo dispositivo y que ya hubo revisiones previas. La FGE mantiene que los aparatos no se han aportado formalmente.

A pesar de que el gobierno federal ha participado en las investigaciones a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, la FGR no ha atraído la investigación.

Grecia Quiroz ha solicitado de manera reiterada y formal (incluyendo escritos a la FGR y peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, y gestiones en el Congreso) que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta. Argumenta la participación de delincuencia organizada (competencia federal) mediante el CJNG, la necesidad de una investigación imparcial y su desconfianza en la FGE de Michoacán.


Hasta la fecha, el caso permanece en el fuero estatal, con colaboración federal en detenciones y análisis. La FGE sostiene que no hay indicios de móvil político y que la línea criminal está consolidada. 

Líneas políticas no exploradas a fondo: La FGE, por voz de Israel Vega Rodríguez (encargado del despacho), ha declarado que “de forma objetiva” las líneas agotadas no indican participación de actores políticos. Se han descartado señalamientos contra figuras como el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy o el exalcalde Ignacio Campos (denunciados por la familia en febrero de 2026). Quiroz y familiares insisten en no cerrar hipótesis sobre amenazas previas, rivalidades políticas o posibles colusiones, especialmente en el contexto de las tensiones previas a las elecciones de 2027, en las que Grecia Quiroz figura como una de las favoritas rumbo a la gubernatura de Michoacán, aunque hasta el momento no ha declarado de forma contundente sus intenciones por competir. La investigación se ha centrado en la infiltración del CJNG en el ayuntamiento y el círculo de seguridad.


Según balances de la FGE de mediados de octubre, hasta el momento hay 34 detenidos y 90% de avance. Se reportan alrededor de 3,500 actos de investigación, análisis de 1,200 horas de video, 72 extracciones de dispositivos, 120 audiencias y miles de actuaciones periciales. Los principales pendientes para cerrar la parte de fuero común son precisamente la captura de Jiménez Miranda y la obtención de los teléfonos.

CLAVES DEL CASO:
  • Entre los detenidos más importantes están Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto autor intelectual y líder de “Los R” (célula vinculada al CJNG). Detenido en julio de 2026; recluido en el Altiplano.
  • Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”: Presunto coordinador operativo y logístico del atentado. Detenido en noviembre de 2025; también en Altiplano.
  • Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”: Ahijado de Manzo; señalado por filtrar información y operar en el sitio. Vinculado a la familia de funcionarios municipales.
  • Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”: Hermano de “El Brilloso”; mando intermedio.
  • Siete escoltas (incluyendo Alejandro “N”, alias “El Macas”, trasladado al Altiplano): Procesados por homicidio calificado por omisión. Detenidos el 21 de noviembre de 2025.
  • Samuel “N” (director de Protocolo/Relaciones Públicas): Señalado por filtrar la agenda.
  • Rosa Alejandra “N” (secretaria de Bienestar municipal y madre de “El Macas”): Detenida a finales de octubre de 2026 por encubrimiento.
  • Otros operadores de la red: “El K-OZ”, “El Congo”/King Kong, “El Pelón” (reclutamiento, incluyendo menores), y figuras logísticas y de sicariato.
  • Los presuntos autores materiales (Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’) fueron hallados sin vida poco después del atentado. La investigación ha reconstruido un esquema de infiltración que alcanzó el entorno cercano del alcalde, con filtraciones desde dentro del ayuntamiento y el círculo de seguridad.
En resumen, a un año del magnicidio la FGE presenta una estructura criminal del CJNG identificada y desmantelada en gran parte, con los presuntos autores intelectuales capturados.

Sin embargo, el prófugo jefe de escoltas, la disputa por los teléfonos, la negativa de atracción federal y las tensiones sobre posibles líneas políticas mantienen fisuras en el caso, en un contexto de desconfianza de la familia de la víctima hacia la Fiscalía estatal.

La vocación democrática de Cuauhtémoc Cárdenas

Por: Draco Dracul on lunes, noviembre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

"El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo una visión de la historia que encontró en cada hito libertario del país un motivo para articular una propuesta"

En mi pésame público por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, inicié con una frase de Víctor Hugo que este pronunció en el funeral del escritor Honoré de Balzac: “De ahora en adelante, las miradas no se dirigirán a las cabezas de los que gobiernan, sino a las de los que piensan, y el país entero se estremece cuando desaparece una de estas cabezas”.

Sé que contiene una ambición desproporcionada, pero a mi modo de ver, con la pertinencia para justipreciar, al margen del poder establecido, una fructífera vida que se extendió a lo largo del siglo XX hasta ahora.

La voz del poder no es la única. En el futuro se irán expresando sus hazañas por la libertad y la democracia, su personalidad, sus errores y omisiones. Es lo justo. Pero el balance crítico, no tengo duda, le será favorable.

Empiezo por decir que con actos honró la memoria de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, el Presidente honorable del que nos habló Octavio Paz. Esto es excepcional en un país en el que desde la etapa colonial los linajes corrompen. En este marco, el ingeniero Cárdenas brilló por su sencillez, austeridad y de inicio por haber emprendido una carrera más cercana a la tecnología que a la política.

Hoy se recuerda su disenso que desembocó en el crucial año de 1988, pero poco se sabe que en 1974 hizo campaña como precandidato a la gubernatura de Michoacán, pero ante la imposición del candidato Carlos Torres Manzo, Cárdenas protestó públicamente. Eran los tiempos en que Jesús Reyes Heroles dirigía el PRI nacional y Luis Echeverría era Presidente de la república.

Con esto quiero decir que no fue ciego ante el autoritarismo de un PRI que finalmente lo llevó a la gubernatura de Michoacán de 1980 al 86. A su modo fue un insumiso y eso se demostró de manera de manera clara cuando rompió con los designios presidenciales de Miguel De la Madrid Hurtado, y de un priismo engreído y anquilosado.

Al lado de Porfirio Muñoz Ledo, quien había sido dirigente nacional de ese partido, de la maestra Ifigenia Martínez y de otros muchos, Cárdenas discrepó de la hegemonía priista, pasando a formar una corriente democrática dentro del mismo, lo que le valió la exclusión, pero marcando muy claramente su rebeldía. No se doblegó y fue el mismo PRI el que lo puso fuera de sus filas, pero no de la competencia política.

Recorrió el país, habló con infinidad de disidentes, conversó con intelectuales, pretendió el poder convertido en el hombre solitario que irrumpiría en la elección de 1988, y supo, sin remilgos, apoyarse en partidos como el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Popular Socialista y el Socialista de los Trabajadores, para vertebrar una oposición que resultó fecunda, porque a la postre rompió el autoritarismo desde adentro del poder mismo, cuando muchos esperábamos que eso sucediera a un impulso externo.

En el corazón de la historia su acción política palpitó en 1988 con el despliegue que se advirtió en los eventos de la comarca lagunera, o en el encuentro con los universitarios en la Ciudad de México.

El viejo nacionalismo, legitimador de la llamada “familia revolucionaria”, había naufragado en el preciso momento en que se inauguraba la implantación del modelo neoliberal. El fraude electoral de 1988 cimbró al país en proporciones que obligaban a articular una transición democrática, que se tardó y fue acompasada.

Carlos Salinas usurpó la Presidencia durante un sexenio y la respuesta que dio Cárdenas fue fundar un partido político, precisamente para proponer una revolución democrática, la reivindicación de la política frente a las armas y la violencia, y el privilegiar la vida cívica nacional.

Parecía que de repente la vieja idea maderista de “sufragio efectivo” había reaparecido con la fuerza de 1910, pero sin la convocatoria a una insurrección armada. El haber sido líder de esta gesta, en sí mismo lo enaltece. Eso se ha subrayado en miles de discursos y no está a discusión su mérito legítimo.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo una visión de la historia que encontró en cada hito libertario del país un motivo para articular una propuesta. En uno de sus últimos libros postuló, y tiene plena validez hoy, el convocar a una convención nacional de ciudadanos, hombres y mujeres libres, para pactar las convergencias nacionales en un haz de principios que no deben estar al arbitrio de los que integran gobiernos por el sólo hecho de que se les conceda una representación delimitada en el tiempo.

El PRD, hoy prácticamente muerto, fue más que una sumatoria de dos autoritarismos: el priista y el comunista. En este partido se decantó una propuesta transicional a la democracia, se habló consistentemente de pactar la transición misma, si fuese necesario, y los liderazgos deliberaron con brillantez, reconociendo que en un partido político los militantes son los que tienen el derecho a decidir la línea política, el programa partidario y la elección de sus dirigentes y candidatos. Es cierto que el PRD fracasó en el intento, pero esas ideas siguen vigentes y son las que alentó el líder recientemente fallecido.

Ahora el sistema de partidos en México está abatido, por más que esos cascarones sigan siendo el andamiaje para acceder al poder, muy por debajo de la calidad constitucional que los obliga a ser entes de interés público, por ende, producto de un Estado de derecho.

A esta hora, con el dolor de la pérdida de un gran líder, es el momento de que esas grandes cabezas a las que se refiere Víctor Hugo tomen en sus manos la reflexión para construir alternativas que den respuesta a preguntas de este tipo:

Cuauhtémoc Cárdenas es el líder de la transición democrática, ¿pero acaso esa transición alcanzó la democracia o colapsó, con un retorno a un régimen aún más autoritario que el que se desbancó a partir de 1997, el 2000 y el 2018? ¿Tenemos una República de ciudadanos o de siervos sujetos a un neocorporativismo que oprime y lastima al país?

El debate no es si Cárdenas pudo haber dado un golpe en la mesa para cambiar las cosas, sino de asumir la propia responsabilidad que muchos tenemos para que este país cambie en la dirección de todos esos planes y proclamas nacionales que el ingeniero Cárdenas recogió cuando hizo su propuesta Por una democracia progresista (2021).

El mejor homenaje que le podemos rendir a Cuauhtémoc Cárdenas es continuando la lucha a la que él le dio gran aliento, rompiendo una estéril dominación que se agotó con el viejo partido hegemónico.

Porque en esto hay un flujo permanente y no todo está perdido.

Siento orgullo de haber contado con su amistad y compañerismo, y de haber recorrido juntos calles, pueblos y plazas en mi calidad de candidato a la gubernatura del estado en 1992.

Va un fraterno saludo a sus amigos, compañeros y a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: JAIME GARCÍA CHÁVEZ.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4896946/la-vocacion-democratica-de-cuauhtemoc-cardenas/
Suscribirse a: Entradas (Atom)
Created By Blogger | Distributed By Theme