“Lo que vemos es que Morelos, además de estar en segundo lugar a nivel nacional, ya separándolo por rango de edad, sería primer lugar en el caso de jóvenes de 13 a 17, 18 a 19, lo que nos coloca, creo yo, como un foco rojo”, señaló.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nueve estudiantes han sido asesinados en menos de dos años: dos en 2025 y siete durante los primeros nueve meses de 2026. Son cuatro casos investigados como feminicidio y cinco homicidios ocurridos en circunstancias distintas. No existe información pública que permita afirmar que estén relacionados.

Nueve estudiantes. Nueve familias esperando justicia.

Nueve estudiantes

En 2025 Aylin Rodríguez Fernández, de 20 años, estudiante de Psicología, fue reportada desaparecida el 3 de abril tras salir de su domicilio en Cuernavaca. Al día siguiente fue localizada sin vida en la colonia El Porvenir, Jiutepec. La UAEM confirmó que se trató de un feminicidio y exigió una investigación con perspectiva de género.

El 17 de septiembre fue asesinado David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1. Salió de clases rumbo a su domicilio, pero no llegó. Su madre confirmó ante la Fiscalía que había sido localizado sin vida en Temixco. Familiares señalaron que recibió un disparo en la cabeza; la investigación permanece abierta.

Abril Gómez, hermana del joven, denunció que la UAEM fue indolente y que en su momento sólo se limitó a enviar una corona de flores. “Que no se olviden de ese caso, que no lo entierren, que busquen a los culpables y que se haga justicia”, expresó.

En 2026 Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de Contaduría, Administración e Informática, fue vista por última vez el 20 de febrero en Campus Chamilpa y localizada sin vida el 2 de marzo en sus inmediaciones. Su caso detonó la toma del campus y la exigencia de medidas de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Ese mes fue asesinada Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Desapareció el 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después en Coatetelco. Ambos casos provocaron movilizaciones y un paro prolongado en la UAEM, extendido a otras unidades académicas.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta. Familiares y estudiantes participaron en su búsqueda. El 2 de junio fue localizada sin vida en las inmediaciones de Tepoztlán. Su caso se integra al recuento de asesinatos, pero no al de feminicidios.

El 12 de septiembre Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiante española de intercambio entre la Universidad de Barcelona y la UAEM, fue atacada con un arma blanca en la Casa de la Cultura de Cuautla y murió esa noche.

La Fiscalía informó que investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio. Había llegado a Morelos el 17 de agosto y tenía prevista su estancia hasta diciembre.

El 26 de septiembre Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria Número 2, fueron asesinados a balazos en Chulavista, Cuernavaca, tras salir de una celebración. Un tercer menor resultó herido. Hasta las primeras investigaciones, la Fiscalía no había informado sobre detenidos ni móvil.

Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años, alumno de quinto semestre de la Preparatoria Número 1 y repartidor de una pollería, fue asesinado el 5 de septiembre mientras trabajaba en la colonia Satélite de Cuernavaca.

Su caso tardó semanas en hacerse visible, hasta que Resistencia Estudiantil UAEM comenzó a difundirlo y exigir justicia. Autoridades de la UAEM corroboraron que era alumno de la Preparatoria Número 1. De acuerdo con su credencial, tenía 17 años y pertenecía al bachillerato en Ciencias Sociales.

A más de tres semanas del homicidio, la familia continuaba a la espera de información sobre los avances de la investigación.

Resistencia Estudiantil declaró septiembre el mes más violento para la comunidad universitaria y difundió fotografías de Ángel Miguel, Claudia, Christian y Gael. “Pronunciaremos sus nombres para no olvidar las vidas que nunca se nos debieron arrebatar”, escribió el colectivo.

Jóvenes en la mira

Entre enero y agosto, 179 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años fueron víctimas de homicidio doloso.

Salinas plantea revisar las capacidades de seguridad: policías capacitados, certificados de control de confianza y acciones para aumentar el estado de fuerza. Morelos Rinde Cuentas documentó una reducción de elementos municipales; como ejemplo señaló que Cuernavaca disminuyó su estado de fuerza en más de 40% durante los últimos 10 años.

“Es un proyecto de 800 millones para cámaras, pero no hay transparencia y tampoco sabemos o creemos que eso vaya a resolver el problema de invertir solamente en cámaras de videovigilancia”, afirmó.

Proceso solicitó una entrevista a Rodrigo Heredia del Orbe, director general del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), directamente y a través de Comunicación Social, para conocer su postura sobre la violencia que enfrentan adolescentes y jóvenes en Morelos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

También se buscó a autoridades de la UAEM, mediante su área de Comunicación Social, para conocer su postura sobre los asesinatos y desapariciones de estudiantes y las medidas implementadas ante esta situación. Tampoco hubo respuesta.

¿Por qué están matando a los jóvenes?

Los nueve expedientes relativos a los asesinatos de los estudiantes ya mencionados muestran circunstancias distintas y corresponden a investigaciones ministeriales. Salinas plantea analizar la vulnerabilidad juvenil junto con las desapariciones y la posibilidad de reclutamiento o captación por grupos vinculados con la violencia, sin afirmar que todos los jóvenes asesinados estén relacionados con organizaciones criminales.

“Es un grupo vulnerable y a lo mejor podrían estar siendo víctimas, es un forzarlos”, explicó.

La estadística no explica quién mata ni por qué, pero muestra la magnitud: Morelos ocupa el primer lugar nacional por tasa de homicidio doloso entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29.

Para Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma Metropolitana, la violencia contra adolescentes y jóvenes tampoco puede entenderse sólo como un problema de seguridad.

“Esto es resultado de una falla profunda de nuestra estrategia, no sólo de seguridad, sino una estrategia social de recomposición”, sostuvo.

El investigador señala la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios, tanto en capacidades como en recursos, además de problemas históricos de corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales.

“A falta de Estado (el espacio) es ocupado por la criminalidad”, sostuvo.

Martínez Dunker considera que la respuesta también debe involucrar a la sociedad y las universidades.

“Creo que hay que partir del punto de que todos estamos fallando y es ahí en donde tenemos que cuestionarnos primero a nosotros mismos y ver qué es lo que nos toca hacer”, afirmó.

La violencia también llegó a la universidad

Aunque varios estudiantes fueron atacados mientras realizaban actividades cotidianas fuera de instalaciones universitarias, para Martínez Dunker las universidades no pueden permanecer al margen.

“Por más silencio que se tenga, por más que se deje de hablar, el tema es que ha crecido y esto, al final, está tocando la puerta”, expresó.

Considera que las instituciones educativas deben participar en la construcción de propuestas y espacios de diálogo.

“Las universidades, sus académicos, deben dar una guía a la sociedad a la que sirven, de hacia dónde ir”, sostuvo.

La violencia contra las estudiantes también pone bajo la lupa las medidas institucionales para prevenir y atender la violencia de género.

En un informe publicado en agosto de 2026, Intersecta señaló que, aunque existen avances legales, persisten obstáculos para hacerlos efectivos. Un análisis de 2023 encontró que 38 de 40 universidades revisadas contaban con unidades de igualdad de género, pero la mitad operaba sin presupuesto propio. Entre ellas estaba la UAEM.

Para la organización, la falta de recursos dificulta atender casos, realizar diagnósticos y capacitar al personal.

Los que faltan

A los nueve asesinatos se suman dos estudiantes desaparecidos.

Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM, tenía 21 años cuando desapareció el 12 de agosto de 2012. Viajó al Estado de México con su entonces esposo, Roberto Altamirano López. Dos días después él fue localizado sin vida. Ella nunca volvió.

Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años, había cursado estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM. Desapareció el 2 de junio de 2026, después de trasladarse hacia Tres Marías, en Huitzilac. Su última ubicación conocida quedó registrada entre Cuernavaca y Huitzilac, donde se perdió la comunicación.

La UAEM confirmó su desaparición y expresó su respaldo a la familia. Hasta septiembre de 2026, continuaba desaparecido.

El 2 de octubre, otra vez las calles

Para este 2 de octubre integrantes de Resistencia Estudiantil, la Red de Estudiantes de Posgrado, Mujeres Revolucionarias y el Ensamble de Percusiones Femenil WUAMAZO 8 de Marzo, entre otros colectivos, convocaron a una movilización en Cuernavaca, que estuvo encabezada por la familia de Miguel Ángel, estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM.

La marcha partió cerca de las 2 de la tarde de la Glorieta de Tlaltenango hacia el Tribunal Superior de Justicia, donde se exigió justicia por los nueve estudiantes asesinados y la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Los colectivos también reclamaron seguridad para las y los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

Durante la movilización, Víctor Manuel Hernández, padre de Miguel Ángel, relató que su hijo fue atacado a balazos el 5 de septiembre en la colonia Satélite y que, a casi un mes de la agresión, no hay avances en la investigación. La familia exige justicia.

También agregó que en Morelos ya existe un refuerzo de seguridad en distintas áreas, particularmente en Cuautla, y señaló que Rosa Icela Rodríguez ya atiende el tema.

Asimismo, informó que pidió al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, trabajar particularmente en Cuernavaca, donde los delitos del fuero común son los que ocurren principalmente.

“Y además, trabajar, le pedí a Omar particularmente para la ciudad de Cuernavaca, en donde también son delitos del fuero común principalmente los que están ocurriendo en Cuernavaca. Han bajado mucho los homicidios, pero robos y otros temas tienen algún incremento”, señaló.

Por último, agregó: "Vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver en qué necesitan nuestro apoyo".

Asesinan a dos estudiantes de la UAEM en Cuernavaca

La noche del sábado 26 de septiembre, los dos estudiantes fueron asesinados en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, según confirmaron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos y la propia institución educativa.

De acuerdo con fuentes policiacas, alrededor de las 21:30 horas, vecinos de la colonia reportaron varias detonaciones de arma de fuego. Tras el reporte, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al sitio, donde realizó las diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos sin vida de los jóvenes, quienes fueron identificados como Christian “N” y Gael “N”.

La casa de estudios confirmó los hechos y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y profesores de los jóvenes; comunidad que una vez más se encuentra de luto tras el reciente feminicidio de la ciudadana española, Claudia Tacoronte, también estudiante de la UAEM.

GN refuerza seguridad en Juchitán

En materia de seguridad, Sheinbaum indicó que una de las primeras acciones fue incrementar la presencia de la Guardia Nacional en el municipio. Además, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) mantenerse pendiente de la situación y en contacto con la ciudadanía.

Dicha resolución estableció la desaparición del Ayuntamiento electo para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027, con base en disposiciones de las constituciones federal y estatal, así como de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca.

Tras la resolución, Francisco Vásquez Jiménez fue nombrado Comisionado Municipal temporal de Juchitán, y rindió protesta en el Palacio de Gobierno de Oaxaca el pasado 25 de septiembre. Cabe señalar que, a través de un mensaje en X, antes Twitter, la designación fue respaldada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Son 15 de 20 diputadas y diputados los que no han publicado nada a pesar de ser sujetos obligados”, indicó. 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su Artículo 23, todos los congresos del país están obligados a hacer pública su información. En el ámbito estatal, las leyes locales retoman lo establecido en el Artículo 70, que determina qué datos deben estar disponibles para cualquier persona, incluyendo información sobre las y los servidores públicos y el monto de sus percepciones. 

A ello se suma lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que ordena a los sujetos obligados —entre ellos el Congreso local— poner a disposición del público toda su información de transparencia en la Plataforma Electrónica del IMIPE y mantenerla actualizada sin necesidad de una solicitud.  

Además, la fracción XII del Reglamento de Transparencia del Estado establece la obligación de publicar la versión pública de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial de las y los servidores públicos, tal como lo manda la Constitución estatal. 

La propia Ley de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 34, ordena que todos los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad; el Artículo 35 fija los plazos obligatorios para la declaración inicial, la declaración de modificación y la de conclusión del encargo. 

Salinas explicó que únicamente cinco integrantes del Congreso tienen disponible su declaración de inicio. “Dos de ellas, porque están repitiendo como legisladoras, ya tenían publicada la de inicio: Andrea Gordillo y Tania Valentina”, precisó.  

Agregó que otros tres legisladores cumplen con esta obligación, mientras que el resto mantiene la información sin publicar. “Es lamentable que quince legisladores no tengan publicada la información”, señaló. 

Coordinadores parlamentarios en incumplimiento

Salinas advirtió que este patrón de incumplimiento se replica en el propio Congreso como institución. “Nos preocupa que el Congreso sea una de las instituciones que menos cumple con la publicación de la información; sobre todo cuando se trata de temas financieros, no les gusta transparentar”, afirmó. 

Agregó que los resultados evidencian una falta de compromiso con la rendición de cuentas. “Esto confirma que no hay realmente un compromiso en cumplir la ley… Es relevante que a quienes legislan no les interesa transparentar”, dijo. 

Finalmente, subrayó que la ausencia de declaraciones patrimoniales “es una alerta sobre legisladores que no cumplen con la ley y que no muestran disposición para transparentar su información”.

Entre los documentos rasurados están los reportes de las visitas que los auditores hicieron a hospitales y almacenes de Morelos con los que comprobaron los incumplimientos; las entrevistas con los funcionarios de los hospitales que confirmaron el desabasto; facturas emitidas por las empresas; archivos contables de Servicios de Salud de Morelos; reportes fotográficos de los servicios, y evidencia documental del suministro de medicamento a hospitales y clínicas.

Todo lo anterior fue mencionado en la auditoría de cumplimiento forense número 1355, hecha a Servicios de Salud de Morelos, en la que confirmaron que las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación incumplieron contratos.

Animal Político reveló que estas tres empresas están relacionadas entre sí por sus socios y representantes legales y compitieron en los mismos procesos de contratación, simulando competencia y obtuvieron contratos por actividades no contempladas en su objeto social.

Además, integrantes de estas empresas son socios de Christian Carmona, consejero estatal de Morena, quien fue allegado a Blanco durante su gobierno y también es primo hermano de Héctor Barón Olivares, el exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, quien firmó al menos 11 contratos a favor de la red de empresas.

Con su experiencia de tres años en la ASF, Lozano Dubernard insistió en que “tú mandas a seguimiento todo el expediente completo, mandas todo, no mandas una parte. Lo digo porque estuvimos ahí. Nosotros terminamos la auditoría y enviamos el expediente completo”.

La instancia encargada de revisar y vigilar la actuación de la auditoría corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este medio lo buscó para conocer qué medidas tomarían ante esto, pero no aceptó la entrevista.

Auditoría testa información clave

Además de entregar el expediente incompleto, la ASF testó datos clave de la investigación, como el nombre y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de las empresas que incumplieron con servicios, una información que tampoco está disponible en el informe público de auditoría. Sin embargo, para la investigación, Animal Político obtuvo los contratos y pudo confirmar el nombre de las compañías.

Ocultar los nombres de las empresas que reciben recursos públicos contraviene una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 19 de noviembre de 2021, en la que resolvió que no se puede ocultar los nombres de las empresas en los informes de la auditoría.

“La transparencia en la fiscalización de las operaciones relacionadas con recursos públicos no tendría sentido si se testara el nombre de los particulares involucrados, ya que son éstos quienes prestan los servicios que constituyen la materia del escrutinio”, resolvió la Suprema Corte.

El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido por Lozano Dubernard, detectó que el ocultamiento de las empresas es sistemático. En una revisión hecha a 20 informes de resultados de auditorías de la cuenta pública 2023, la organización encontró que en ningún caso se menciona el nombre de las compañías implicadas en presuntos hechos de corrupción.

Incumplimientos en el sector salud de Morelos

El pasado mes de septiembre, Animal Político reveló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.

El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Aunque la auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político accedió a los contratos y detectó la red conformada por Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, empresas que entre los cinco y ocho meses de haber sido creadas empezaron a ganar contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena.

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

La resolución se dictó siete años después de su detención y fue emitida por el Juez Sexto de Distrito en Coahuila, con sede en La Laguna, tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal. 

Miranda Gallegos tiene una trayectoria política consolidada en Amacuzac: fue presidente municipal de 2009 a 2012, posteriormente diputado local en Morelos de 2012 a 2015, y en 2018 regresó a la contienda electoral, resultando alcalde electo pese a encontrarse detenido. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Miranda Gallegos integraba la organización delictiva “Los Rojos” y participó, en junio de 2013, en el secuestro de una víctima en Amacuzac. 

Por estos hechos, fue detenido el 6 de mayo de 2018, a semanas del proceso electoral; pese a ello, nunca fue sustituido como candidato a la presidencia municipal y su nombre apareció en las boletas electorales. 

?Miranda Gallegos resultó ser el legítimo ganador de la alcaldía, al computarse casi el 100 por ciento de los votos, liderando la elección con 3 mil 672 sufragios bajo la bandera de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). 

Miranda Gallegos y Miranda Abarca participaron en la elección sin realizar campaña, debido a que ambos se encontraban detenidos en ese momento. Miranda Abarca, principal competidor de Miranda Gallegos, pertenece a la familia política antagónica que ha alternado el control municipal con la familia de Miranda Gallegos a lo largo de distintos periodos, consolidando un patrón de dominación por trienios sucesivos.

A pesar de su situación legal, los partidos que los postularon no solicitaron la sustitución de los candidatos, aunque contaban con la posibilidad jurídica de hacerlo, según informaron en su momento autoridades del Impepac. 

Amacuzac, territorio de Los Rojos

Amacuzac ha sido históricamente un municipio estratégico para la operación de grupos delictivos en Morelos. Durante varios años, se convirtió en el centro de operaciones de “Los Rojos”, organización liderada por Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, quien nació en este municipio. Su ubicación, a 47.8 kilómetros del centro de Cuernavaca y fronteriza con Guerrero, lo convirtió en un punto clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que conectaban con la Ciudad de México. 

A partir de 2011, “Los Rojos” extendieron su influencia en Amacuzac y al menos siete municipios vecinos, incluidos Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, consolidando su control mediante secuestros, extorsiones, robos, asesinatos y desapariciones. La organización surgió como escisión del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, comenzó a operar de manera independiente, estableciendo en Amacuzac su base principal. Familiares de Santiago Mazari vinculados a la política local reforzaron su control territorial durante varios años. 

Durante su reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango, Miranda Gallegos habría mantenido comunicación con funcionarios municipales a través de terceros y operado mediante amigos y familiares, evidenciando la influencia política y criminal que mantenía en la región. 

El 3 de junio de 2019 llamó poderosamente la atención que, desde la cárcel y mediante una llamada telefónica, inaugurara la pavimentación de dos calles en la comunidad de Casahuatlán: Río Balsas y Miguel Hidalgo, felicitando a los vecinos de ambas vialidades. Cuatro meses después, el 15 de septiembre, realizó de manera similar su función como alcalde al dar el Grito de Independencia de Amacuzac vía telefónica. Desde el palco de la presidencia municipal, uno de sus hijos anunció que Alfonso Miranda Gallegos procedería a dar el Grito; a través del micrófono se escuchó la voz del exalcalde, con cierta interferencia inicial: “¡Mexicanas y mexicanos, vivan los Niños Héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva Almada! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva el cura Miguel Hidalgo! ¡Viva la Independencia! ¡Viva la justicia y la democracia que nos da la libertad! ¡Viva el Estado de Morelos! ¡Viva México!”. Ambos actos, el de junio y el de septiembre, fueron videograbados y posteriormente difundidos en redes sociales, donde trascendieron ampliamente. 

 Aunque “El Carrete” fue detenido el 1 de agosto de 2019 y sentenciado a 20 años de prisión, su influencia histórica dejó una huella profunda en la dinámica delictiva de la zona. Con el tiempo, la presencia del grupo disminuyó y otras organizaciones comenzaron a disputar el territorio. 

 La sentencia de Miranda Gallegos pone fin a siete años de procesos judiciales que comenzaron con su detención en 2018 y marca un precedente sobre la interacción entre procesos electorales y situaciones legales de los candidatos en la región de Morelos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.