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Transportistas y gobierno federal acuerdan plan para reforzar seguridad en carreteras

El pacto fue suscrito por la Concamin junto con tres agrupaciones del sector: la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram)

Grupos de transportistas y la cúpula industrial acordaron este miércoles con el Gobierno de México un plan de trabajo para reforzar la seguridad en las carreteras, mejorar la infraestructura vial y agilizar la operación del autotransporte, informó a través de un comunicado la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El pacto fue suscrito por la Concamin junto con tres agrupaciones del sector: la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), sin abarcar a la totalidad de las organizaciones del gremio en el país.

De acuerdo con el comunicado, los acuerdos surgen de mesas de diálogo mantenidas con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Gobernación (Segob) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

En materia de seguridad, las partes establecieron reuniones periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR para combatir el robo y la extorsión en carreteras mediante labores de inteligencia y un canal directo de denuncia.

Asimismo, la FGR homologará los criterios para presentar denuncias, agilizar la liberación de unidades y atender los casos documentados de abusos en las vías federales.

Respecto a la infraestructura, el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados y puntos críticos, con el compromiso de que los baches que no sean reparados en un plazo de 72 horas sean reportados a la SICT para su intervención inmediata.

En el ámbito regulatorio y laboral, el acuerdo contempla mesas técnicas para abordar la sobrerregulación estatal y municipal y analizar el registro de la jornada laboral de los transportistas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Las autoridades y los representantes empresariales pactaron sostener reuniones mensuales de seguimiento, cuya próxima sesión tendrá lugar el 27 de noviembre con el apoyo de los delegados estatales de Gobernación en las distintas regiones del país.

Este acuerdo se produce en un contexto marcado por las denuncias persistentes del sector de carga sobre robos violentos, extorsiones y asaltos en autopistas federales, especialmente en corredores estratégicos del centro y el occidente del país.

En los últimos meses, diversas agrupaciones de transportistas han protagonizado paros nacionales, bloqueos en carretera y movilizaciones en accesos a la capital y autopistas clave para exigir mayor vigilancia, garantías de seguridad para los operadores y frenos a los abusos policiales y cobros irregulares.

En Ensenada: Cae “El Checo”, líder del CJNG en Tecate

Sergio Serrano, considerado uno de los principales cabecillas del CJNG en Tecate, fue arrestado esta mañana en el municipio de Ensenada. Se le atribuyen, junto con otros tres integrantes, una veintena de homicidios y más de 30 desapariciones en el llamado Pueblo Mágico.

Sergio Serrano, “El Checo”, identificado por las mesas de seguridad como uno de los principales cabecillas y generadores de violencia en Tecate, fue aprehendido por agentes de la Fuerza Estatal en el puerto de Ensenada, la mañana de este miércoles 18 de noviembre, en la colonia Chapultepec.

Al verse rodeado, Serrano intentó atropellar a los oficiales y emprendió la huida, impactando varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La persecución concluyó a la altura del Rancho Cañón Buena Vista, conocido como El Zorrillo.

“El Checo” cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Su detención es la segunda en lo que va de 2026, debido a que la primera fue registrada el 13 de mayo del presente año, cuando también provocó una persecución que inició en la delegación Nueva Colonia Hindú y concluyó casi 30 kilómetros después, en Rancho Viejo, ambos en Tecate.

Sergio Serrano, “El Checo”, fue liberado tres meses después del Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana, donde enfrentaba un proceso por portación de arma de fuego y asociación delictuosa, el domingo 23 de agosto de 2026.

Al mismo tiempo, a las 20:00 horas de ese domingo, Arturo Zedillo Pulido, “El Pelucas”, presunto operador del Cártel de Sinaloa de la facción Los Mayos, fue liberado. Tres minutos después fue asesinado a balazos a unos metros de la fachada del Centro de Reinserción Social, cuando se disponía a abordar un automóvil Volkswagen GTI color gris, con placas BMK989A, que iba a recogerlo.

Autoridades informaron que un sujeto armado se aproximó a “El Pelucas” y detonó su arma en al menos ocho ocasiones antes de huir a bordo de una camioneta negra con la ayuda de un cómplice, misma que fue abandonada por sus ocupantes y localizada horas después por las autoridades.

“El Pelucas”, considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la Zona Este de Tijuana, había sido detenido en abril portando un arsenal y dosis de metanfetamina, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos relacionados con narcomenudeo y crimen organizado.

Sergio Serrano salió ileso del ataque contra “El Pelucas” y, luego del homicidio, se fue con paradero desconocido. Sin embargo, horas después de la liberación de Serrano, la violencia se recrudeció en el municipio de Tecate, que registraba una semana sin homicidios, arreciando estos cuando, en menos de 72 horas, fueron ejecutados seis masculinos, entre ellos un joven deportista de 19 años; además, 11 hombres más fueron reportados como privados de la libertad.

Al menos 20 homicidios más se contabilizan luego de la detención de Serrano y más de 30 desapariciones, en las cuales investigadores han informado que sería partícipe junto con dos cabecillas más, identificados como Ricardo López, “El Chicho”, y José Ángel Ayala, “El Siete”, todos del CJNG, quienes se disputan el control del Pueblo Mágico con el Cártel de Sinaloa desde diciembre de 2025, conflicto que ha dejado 170 homicidios.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/en-ensenada-cae-el-checo-lider-del-cjng-en-tecate/

Tribunal ordena a García Harfuch dar seguimiento a la búsqueda del desaparecido Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván Valenzuela fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, de Mazatlán

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a diversos mandos de esa dependencia supervisar las diligencias ministeriales pendientes para localizar a dos testigos clave en la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en Mazatlán, Sinaloa. 

La información fue dada a conocer por la organización Defensorxs y publicada por Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, a través de sus redes sociales. Según el comunicado, la resolución establece que las autoridades deben verificar el estado de las actuaciones omitidas y realizar las gestiones necesarias para localizar a las personas que podrían aportar información sobre lo sucedido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, donde fue visto por última vez el joven.

Al momento de los hechos el bar, uno de los más populares de Mazatlán, era copropiedad de Ricardo "Pity" Velarde, entonces secretario de Economía de Sinaloa, en la administración de Rubén Rocha Moya.

Además, Defensorxs señala que el Tribunal ordenó a las autoridades correspondientes intervenir en la ejecución de las instrucciones giradas por el Ministerio Público, atenderlas y cumplirlas con la debida diligencia, particularmente aquellas relacionadas con la búsqueda de los posibles testigos. 

Según la organización, la determinación representa un revés para la decisión de la jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien previamente había negado la suspensión provisional solicitada por la familia dentro del juicio de amparo 1184/2026, al considerar que las víctimas debían esperar hasta la sentencia para obtener protección constitucional frente a las omisiones atribuidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

En contraste, el Tribunal Colegiado revocó esa determinación y otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades de la SSPC para informar sobre el cumplimiento de lo ordenado. 

Es un avance: Madre de Carlos Emilio

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, calificó la resolución como un avance en la lucha por encontrar a su hijo y reconoció la imparcialidad del órgano jurisdiccional. 

Sin embargo, advirtió que las autoridades no deberían necesitar una resolución judicial para cumplir con sus obligaciones. 

“Las autoridades de seguridad y procuración de justicia deberían actuar con eficacia, responsabilidad y humanidad por convicción y por obligación, no porque una resolución judicial tenga que recordarles que hay un hijo que debe ser buscado”, señaló. 

La madre también subrayó que el tiempo es un factor determinante en las investigaciones por desaparición y que las diligencias pendientes pueden comprometer las posibilidades de encontrar a las víctimas y conocer la verdad. 

“Cada omisión, cada diligencia pendiente y cada retraso pueden comprometer las posibilidades de encontrar a nuestros hijos y conocer la verdad”, expresó.


La resolución judicial ocurre después de que Brenda Valenzuela promoviera un juicio de amparo contra García Harfuch y otros funcionarios de la SSPC, a quienes señaló por presuntas omisiones en la ejecución y supervisión de diligencias ministeriales para localizar a dos personas que podrían aportar información sobre la desaparición de su hijo. 

De acuerdo con los argumentos presentados por la familia, el Ministerio Público había girado instrucciones en distintas ocasiones para ubicar a esos posibles testigos; sin embargo, los registros de investigación no contenían constancias suficientes para acreditar que se hubieran agotado las acciones necesarias. 

La familia también denunció la falta de respuesta a una solicitud presentada el 21 de octubre de 2026 por su asesoría jurídica, mediante la cual pidió la intervención de distintas áreas de inteligencia de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. 

La petición buscaba ampliar las capacidades institucionales para localizar a las personas que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. 

La desaparición de Carlos Emilio es investigada por dos áreas de la Fiscalía General de la República: la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. 

En la demanda de amparo, la familia también planteó que los hechos podrían estar relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como La Chapiza o Los Chapos. 

Tras la resolución, Brenda Valenzuela aseguró que continuará recurriendo a todas las instancias necesarias, tanto en México como en el ámbito internacional, para exigir que la búsqueda y la investigación se realicen con diligencia y bajo el principio de presunción de vida. 
“No dejaré de tocar ninguna puerta, en México ni en el ámbito internacional. Seguiré exigiendo que la búsqueda y la investigación de Carlos Emilio se realicen con diligencia, responsabilidad y bajo el principio de presunción de vida”, sostuvo.
La madre consideró que la decisión judicial constituye un avance, pero advirtió que ahora corresponde a las autoridades demostrar que están cumpliendo con las instrucciones mediante acciones concretas.

Senado ratifica 342 ascensos en la Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante, destacó que nueve de los nombramientos corresponden a mujeres militares, quienes alcanzan el grado de general brigadier y coronel de Servicio

En sesión vespertina, el Senado de la República ratificó 108 ascensos de integrantes de la Armada de México y 234 del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. 

El dictamen aprobado ratifica 108 ascensos navales a grados superiores de integrantes de la Armada de México, de los cuales cuatro corresponden a almirantes, ocho vicealmirantes, 30 contralmirantes y 66 capitanes de navío. 

Asimismo, los senadores avalaron por unanimidad 234 ascensos de diversos grados del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los cuales son de generales, coroneles y tenientes coroneles, que serán conferidos el 20 de noviembre de 2026.  

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante, destacó que nueve de los nombramientos corresponden a mujeres militares, quienes alcanzan el grado de general brigadier y coronel de Servicio.

Pese a que todas las fuerzas políticas apoyaron los dictámenes, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que el Senado tiene dentro de sus atribuciones la ratificación de estos importantes ascensos, por lo que, consideró, es fundamental tener acceso a datos más detallados de los perfiles.  

“A diferencia de experiencias pasadas, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional puso a nuestra disposición, para consulta de manera directa, los expedientes de los elementos que se están proponiendo para este ascenso, hecho que, sin duda, queremos reconocer hace una diferencia enorme. 

“Sin embargo, queremos señalar también que nos parece fundamental que, por tratarse de este nivel de responsabilidades, nosotros queremos insistir en la importancia de revisar este proceso. 

“Recordar que es sólo el Senado, sólo esta Cámara, quien tiene bajo sus funciones la ratificación de tan importantes ascensos; no la Cámara de Diputados, no ningún otro ente, ningún otro órgano, salvo este Senado”, dijo.

Reportan avances en cinco de 12 puntos para mejorar el servicio en el IMSS

Zoé Robledo informó que el punto número 1 ya se cumplió, pues ya se depositó la quincena con el aumento salarial, aunque no fue del 10%, como exigían los trabajadores

A tres semanas de que fue presentado, ante la presión de miles de trabajadores sindicalizados en las calles, el Plan Integral de 12 puntos para mejorar el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya tiene avances en cinco de ellos, presumió el director general, Zoé Robledo. 

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional detalló que, al día 21 -del plazo de 120 que él mismo ofreció-, ya se concluyó “al 100%” el punto uno, referente al incremento salarial que ya se depositó desde la quincena pasada. 

Sin embargo, el directivo no mencionó que los trabajadores demandan 10% de aumento al salario tabular, pero la autoridad solo les dio el 4 por ciento. 

En el segundo punto, Robledo aseguró que ya se dio la basificación laboral a cuatro mil 119 trabajadores, lo que representa casi 38% de avance de la meta que puso de 10 mil 939 trabajadores al 1 de enero del 2027. Los trabajadores beneficiados son:
  • Médicos. 
  • Enfermeros. 
  • Camilleros. 
  • Laboratoristas. 
  • Personal de higiene, limpieza, almacén, farmacia. 
Para el tercer punto, agregó que ya se instalaron 81 equipos de alta tecnología, de los cuales 69 ya avanzaron a la etapa de pruebas y capacitación del personal que los operará y 64 “ya están atendiendo a pacientes”.

Según el exlegislador morenista, como cuarto punto, ya se alcanzó 94% de surtido de recetas completas. 

“Estamos ya en una tendencia de recuperación y si a alguien no le surtieron su receta puede reportarlo en recetacompleta.gob.mx, buscamos el medicamento, le llamamos cuando está ya en su farmacia para recogerlo”, ofreció.   

Capacitan a personal en el trato a derechohabientes

Para el punto cinco, referente al servicio de urgencias, se refirió a la capacitación del personal de seguridad en materia de trato.  

Dijo que, de seis mil 656 integrantes del personal de seguridad, la gran mayoría de ellos de empresas privadas, el 88%, equivalente a cinco mil 854 ya fueron capacitados en materia de Trato Digno.  

Agregó que ya hay 489 cámaras de 360 grados en las áreas de Urgencias, lo que significa un avance 81 por ciento.  

Zoé Robledo adelantó que esta semana sigue abierta la convocatoria para contratar médicos especialistas.

Detalló que ya se tienen mil 688 aspirantes registrados y la meta es contratar a dos mil 500. También esta semana se buscará basificar a más médicos. 

Adelantan cirugías para revertir el rezago

El funcionario informó que, respecto al punto 10 del plan, relacionado con adelantar cirugías por las noches y los fines de semana para abatir el rezago, desde el 12 de octubre se ha operado a seis mil 294 pacientes adicionales. 

De ese total, casi la mitad -tres mil 72- fueron cirugías de cataratas, vesícula, hernias, rodilla, cadera y de otros tipos. 

El pasado 27 de octubre, luego de marchas y plantones de cientos de trabajadores, jubilados y activos del IMSS, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó en Palacio Nacional el plan de mejoramiento de 12 puntos de la dependencia; mismo que implicará una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y se implementará en los siguientes 120 días. La fecha límite es el 24 de febrero del 2027.

SCJN mantiene reglas que permiten geolocalizar celulares y conservar datos de usuarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo contra cinco disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones que obligan a las empresas a conservar datos de usuarios, entregarlos a las autoridades y colaborar en la geolocalización de celulares en tiempo real.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener vigentes las reglas que obligan a las empresas de telefonía e internet a la conservación de datos de telefonía, entregarlos a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, colaborar en la geolocalización de dispositivos en tiempo real, bloquear líneas robadas y anular la señal en penales.

De esta forma, la SCJN negó un amparo (193/2026) promovido por un ciudadano contra cinco disposiciones del artículo 183 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025.

Tus llamadas y ubicación: ¿Qué información conservan las empresas y por qué dividió a la SCJN?

En la demanda original, se alegaba que el resguardo masivo de datos de telefonía y tráfico de internet vulneraba la privacidad y provocaba autocensura en la libertad de expresión.

Al desestimar ese argumento, la mayoría de los ministros señaló que la norma está dirigida a las empresas y no a las personas usuarias, que en ningún momento abarca el contenido de las conversaciones y que el manejo de la información permanece sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Durante el debate, la ministra María Estela Ríos González, ponente del asunto, expuso que “la finalidad que se persigue es combatir actos que pudieran ser susceptibles de dañar la seguridad pública, la seguridad nacional y el interés público”.

En la misma línea, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que “estas disposiciones no son del orden procesal penal, sino que se trata de una legislación dirigida de manera preponderante a los concesionarios de telecomunicaciones”.

De esta forma, el Pleno también concluyó que el resguardo de datos técnicos no equivale a un monitoreo directo ni restringe la libre expresión.

En sentido contrario, quienes votaron en contra objetaron el alcance del almacenamiento masivo sobre la población.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García recordó que “los concesionarios de telecomunicaciones son los que están resguardando nuestros datos personales” y afirmó que “una medida que almacena datos de toda la población sin sospecha individualizada falla en la grada de necesidad”, por lo que planteó como alternativa conservar datos específicos únicamente cuando exista una investigación penal en curso.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra agregó que “el análisis acumulado de datos puede revelar aspectos de la vida privada que exceden al conocimiento aislado de cada comunicación”. Sin embargo, ninguno de los dos argumentos prosperó para modificar la resolución final. 

Geolocalización y Ley de Telecomunicaciones: ¿Se requiere orden judicial?

Respecto a la entrega de registros almacenados (conocidos como sábanas de llamadas), la sentencia reitera que la ley debe interpretarse en conjunto con el artículo 16 constitucional y los criterios previos del Alto Tribunal, según los cuales únicamente un juez federal puede autorizar a las autoridades investigadoras el acceso a dicha información.

La mayor discrepancia en el Pleno surgió en torno a la ubicación geográfica en tiempo real. El proyecto elaborado por la ministra Ríos González diferenció esta herramienta de una intervención de comunicaciones privadas y la clasificó como un “acto de molestia”.


La ministra María Estela explicó que “la primera únicamente permite identificar la ubicación aproximada de un equipo terminal móvil sin acceder al contenido de las comunicaciones”.

El ministro Irving Espinoza Betanzo votó en contra de cuatro de los cinco puntos analizados debido a que la ley señala que las empresas colaborarán “en los términos que establezcan las leyes”, sin hacer remisión explícita al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual exige autorización judicial previa, ratificación en un plazo de 48 horas en casos urgentes y establece un límite de 90 días para la conservación de datos.

Durante su intervención, el ministro cuestionó “si el Código Nacional establece condiciones para utilizar esta herramienta, ¿qué garantiza que la remisión abierta de la Ley de Telecomunicaciones no se utilice para eludirlas?”.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que “bastaría con precisar que la norma impugnada no deja sin efectos el artículo 303 del Código Nacional”, la ponente aceptó incorporar dicha aclaración en la resolución.

Sin embargo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que, a su consideración, “la norma aplicable es el artículo 303 del Código Nacional, y el 303 reformado en 2016 establece que sí se requiere control judicial previo para la geolocalización”. 

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra sostuvo que “es incorrecto clasificar esa medida simplemente como un acto de molestia”.

Este juicio por la Ley de Telecomunicaciones inició el 27 de agosto de 2025; una jueza federal lo canceló en 2026, pero un tribunal colegiado revocó la resolución y remitió el asunto a la SCJN para su sentencia final.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/scjn-geolocalizar-celulares-datos-usuarios

Somos denuncia a Sheinbaum y 12 gobernadores de Morena por presunta “elección de Estado”

Somos defendió a Lorenzo Córdova, expresidente del INE e integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano, ante los señalamientos del gobierno federal por presuntas irregularidades en el organismo electoral. Su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, reconoció que los ataques contra el exconsejero han llevado al partido a considerar la posibilidad de postularlo a una candidatura en las elecciones de 2027, aunque inicialmente no estaba contemplado.

El partido Somos denunció este martes una presunta “elección de Estado” y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a 12 gobernadores de Morena de utilizar recursos públicos e intervenir en el proceso electoral para favorecer a su partido y perjudicar a la oposición.

La organización presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles violaciones al artículo 134 constitucional y solicitó medidas cautelares para que los funcionarios dejen de pronunciarse sobre partidos políticos y candidaturas.

Durante una conferencia de prensa, Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE, informó que la denuncia incluye señalamientos contra la presidenta y los 12 mandatarios estatales de Morena, a quienes atribuyó intervenciones en el proceso electoral y el uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental.

Explicó que el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y no pueden utilizarse para fines electorales. También establece el principio de neutralidad al que están obligados los servidores públicos, quienes no deben pronunciarse a favor o en contra de partidos políticos o candidaturas.

“Lo que estamos viendo, y lo decimos con mucha claridad, es la orquestación de una elección de Estado, y lo que estamos denunciando es justo eso”, afirmó Álvarez Icaza.

El representante de Somos señaló que la solicitud ante el INE busca que la autoridad electoral dicte medidas cautelares para ordenar a Sheinbaum y a los gobernadores señalados que se abstengan de intervenir en las elecciones.

“La petición concreta es que saquen las manos del proceso electoral”, sostuvo.

Álvarez Icaza agregó que la queja también contempla el párrafo octavo del artículo 134, relativo a la propaganda gubernamental y al uso de recursos públicos. Indicó que, conforme al procedimiento, la denuncia ante el INE obliga a la autoridad electoral a dar vista a la Fiscalía General de la República.

El dirigente consideró que los señalamientos de la presidenta contra Somos representan una intervención indebida en la vida de un partido político y sostuvo que el gobierno federal debe garantizar condiciones de imparcialidad para las elecciones de 2027.

En ese contexto, cuestionó que Morena no haya mostrado disposición para construir acuerdos con la oposición en la designación de la próxima presidencia del INE. Advirtió que existen señales de que la mayoría legislativa pretende mantener a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional durante todo el proceso electoral.

A su juicio, la falta de consenso para designar a quien encabezará el organismo electoral, junto con los pronunciamientos de Sheinbaum contra la oposición, son indicios de que el gobierno no busca garantizar un árbitro electoral reconocido por todas las fuerzas políticas.

“Que nosotros tengamos que denunciar a la presidencia por abuso de atribuciones, por meterse ilegalmente a las elecciones, es una pésima señal del proceso electoral por venir”, afirmó.

Acusan a Morena de nombrar a Taddei y darle facultades unipersonales

Por su parte, el presidente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, sostuvo que Morena tiene responsabilidad directa en la situación que actualmente enfrenta el INE, tanto por la designación de Guadalupe Taddei como por las modificaciones legales que le permitieron realizar nombramientos de manera unipersonal.

Acosta Naranjo afirmó que el partido gobernante renunció a construir consensos con la oposición para integrar el Consejo General del organismo electoral y optó por impulsar un procedimiento que, según su versión, garantizaba que una persona afín a Morena llegara a la presidencia del instituto.

Como ejemplo, recordó que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había anticipado que Morena no buscaría acuerdos con los demás partidos para la designación de consejeros electorales.

Según el dirigente, el procedimiento de insaculación no garantizaba imparcialidad porque las quintetas estaban integradas por perfiles cercanos al partido gobernante.

“Insaculaste cinco Taddeis, no iba a haber otra cosa”, afirmó.

El segundo señalamiento de Acosta Naranjo se refirió a la reforma legal que otorgó a Taddei facultades para realizar nombramientos que anteriormente requerían el respaldo de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General del INE.

Sostuvo que Morena modificó la legislación para permitir que la presidenta del organismo designara por sí sola a funcionarios de áreas estratégicas, en lugar de someter esas decisiones a la aprobación colegiada.

“Morena designa a Taddei y luego le da superpoderes; ellos, no Lorenzo Córdova, no Woldenberg, no Hernán Cortés, no fui yo: fueron ellos los que tomaron estas dos decisiones que explican dónde estamos hoy”, señaló.

El dirigente rechazó que los señalamientos del gobierno contra antiguos funcionarios electorales y personas vinculadas con Somos permitan deslindar de responsabilidad a Morena por las decisiones que llevaron a Taddei a la presidencia del INE y le otorgaron facultades adicionales.

También cuestionó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos del instituto se hayan concentrado en exfuncionarios y personas que actualmente participan en Somos, mientras que, dijo, no se han iniciado acciones contra quienes encabezan o encabezaron las áreas señaladas.


Acosta Naranjo insistió en que la organización no tiene responsabilidad por hechos que, de acuerdo con los señalamientos públicos, se remontan a décadas atrás y que involucran a personas que posteriormente se incorporaron al partido.

En particular, rechazó que Juan Carlos Padilla, quien se afilió recientemente a Somos, tenga responsabilidades directivas dentro de la organización por el hecho de haber trabajado con personas que ahora son señaladas en las investigaciones sobre contratos del INE.

Defienden a Lorenzo Córdova y rechazan vincularlo con presuntas irregularidades

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la defensa que hicieron los dirigentes de Somos de Lorenzo Córdova, expresidente del INE e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del partido, ante los señalamientos del gobierno que buscan relacionarlo con presuntos actos de corrupción en el organismo electoral.

Acosta Naranjo sostuvo que la participación de antiguos funcionarios del IFE y del INE en Somos responde al ejercicio de sus derechos políticos y afirmó que la organización no tiene inconveniente en que personas que ocuparon cargos electorales se incorporen a sus actividades.

Entre los integrantes que mencionó estuvieron Edmundo Jacobo Molina, Rodrigo Morales, Marco Antonio Baños, Roberto Heycher Cardiel y René Miranda.

El presidente nacional del partido aseguró que no existe impedimento para que estas personas participen en una organización política, pues, según explicó, cumplieron los periodos de separación establecidos por la legislación electoral.

También expresó su respaldo a José Woldenberg, expresidente del IFE, y a Lorenzo Córdova, de quien dijo que forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos.

“Nosotros no tenemos problema en tener una camisa que diga ‘Yo estoy con Woldenberg’”, afirmó.

En respuesta a los cuestionamientos sobre la relación del partido con antiguos integrantes de la autoridad electoral, Acosta Naranjo sostuvo que tener diferencias políticas o haber mantenido debates con ellos en el pasado no impide que actualmente compartan un proyecto.

“No ha cambiado nada. Porque para nosotros en Somos pensar distinto y tener diferencia no es malo”, dijo.

Por su parte, Álvarez Icaza aclaró que Lorenzo Córdova no está contemplado para ocupar una candidatura de elección popular en 2027 y que su participación en el partido se limita a su integración al Consejo Consultivo Ciudadano.

“El caso de Lorenzo no lo tenemos contemplado para ningún cargo de elección popular. Él es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano en ejercicio legítimo de sus derechos políticos como cualquier otro”, explicó.

No obstante, Acosta Naranjo reconoció que los señalamientos del gobierno contra el exconsejero electoral han llevado a la dirigencia a considerar la posibilidad de que pueda participar como candidato.

El dirigente afirmó que inicialmente no tenían contemplado a Córdova para una candidatura y que tampoco les había manifestado su intención de participar, pero sostuvo que los ataques en su contra han provocado que comiencen a valorar esa posibilidad.

“Lorenzo no se ha manifestado para poder inscribirse, la verdad no lo teníamos contemplado, pero nos están haciendo voltear a verlo”, expresó.

Añadió que Somos todavía no ha definido sus candidaturas para las elecciones de 2027 y que, conforme a sus estatutos, los integrantes de las dirigencias nacional, estatales y municipales no podrán postularse a cargos de elección popular.

Acosta Naranjo acusa a Sheinbaum y López Obrador de buscar que Somos pierda su registro

Acosta Naranjo sostuvo que la ofensiva del gobierno federal contra Somos tiene como propósito impedir que el partido conserve su registro en las elecciones de 2027.

Al responder si consideraba que los señalamientos de la presidenta buscaban debilitar a la organización para evitar que mantenga su registro, el dirigente afirmó que tanto Sheinbaum como el expresidente Andrés Manuel López Obrador desean que el partido desaparezca de la competencia electoral.

“Yo sí creo que Claudia desea y Andrés Manuel desean que nosotros no conservemos nuestro registro, sí lo creo, y están actuando en consecuencia”, declaró.

El presidente nacional de Somos acusó a ambos de impulsar una estrategia política contra la organización y aseguró que el partido responderá mediante recursos legales y acciones políticas.

“Estamos listos para enfrentar esta ofensiva de la presidenta de la República, creo que en coordinación con Andrés Manuel López Obrador, que no está muy contento con la existencia de nuestra organización, y vamos a enfrentar esta circunstancia legal y políticamente”, señaló.

El dirigente recordó que, durante el proceso para obtener su registro, la organización enfrentó objeciones relacionadas con su nombre, emblema y colores, y acusó que las decisiones del INE estuvieron condicionadas por instrucciones provenientes de Palacio Nacional.

Álvarez Icaza también recordó que, durante la etapa de construcción del partido, Sheinbaum se pronunció contra el nombre Somos México y posteriormente el organismo electoral determinó que debían modificarlo.

El representante ante el INE sostuvo que estas decisiones reflejan la intervención del gobierno en asuntos que corresponden a la autoridad electoral y acusó que existe una mayoría dentro del Consejo General que ha permitido esas actuaciones.

Acosta Naranjo afirmó que la organización no cederá ante los señalamientos y que buscará conservar su registro para participar en los comicios de 2027.

“Pasado el 27 —porque el registro lo vamos a obtener— les vamos a enfrentar por las vías pacíficas, legales, políticas y sociales”, dijo Álvarez Icaza.

Edmundo Jacobo reporta tres contratos con empresas señaladas

En la conferencia también se abordaron los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en contratos del INE con empresas que han sido mencionadas en investigaciones periodísticas.

Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del organismo, aseguró que, de acuerdo con la documentación que tiene identificada, durante su gestión esas empresas obtuvieron tres contratos mediante concursos y licitaciones públicas.

Precisó que uno fue por 40 mil pesos, otro por 60 mil y el tercero por 450 mil pesos.

“Son los únicos que tenemos identificados”, afirmó.

Jacobo Molina sostuvo que no tenía relación directa con los proveedores y que los procedimientos de contratación establecían mecanismos para evitar que los funcionarios de alto nivel intervinieran en esas decisiones.

También defendió el modelo de organización del INE basado en decisiones colegiadas y en un Servicio Profesional Electoral integrado mediante concursos públicos y evaluaciones permanentes.

Consideró que la recuperación de la confianza en el organismo debe incluir el esclarecimiento de las presuntas irregularidades y la identificación de los responsables, por lo que advirtió que los recientes cambios en algunas áreas no deben utilizarse para dar por concluidas las investigaciones.

“Que no sirva como pretexto solamente para decir ‘Aquí no pasó nada’. No, aquí sí pasó”, señaló.

Por su parte, Marco Antonio Baños, también exintegrante del Consejo General del INE, consideró que los nuevos nombramientos en áreas del instituto deberán evaluarse a partir del desempeño de quienes fueron designados y de su contribución a recuperar la credibilidad del organismo.

Baños sostuvo que la debilidad de las instituciones electorales afecta a todos los partidos políticos y advirtió sobre el riesgo de que, después de las elecciones de 2027, se impulse una reforma para eliminar al INE y devolver al gobierno federal el control de los procesos electorales.

Desconfianza y corrupción obstaculizan cooperación en seguridad entre México y EU: UDLAP

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos Estados Unidos-México y la UDLAP, identifica la falta de confianza política, las sospechas de corrupción y las diferencias entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump como obstáculos para la cooperación bilateral

A dos décadas del inicio de la “guerra contra el narco”, lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sigue fluctuando bajo una “disonancia política”, agravada por la designación de los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, la erosión de la confianza mutua y “la protección política de actores señalados por vínculos con el crimen organizado”, según expertos en la materia. 

Según un informe publicado hoy por el Centro de Estudios Estratégicos Estados Unidos, México y la Universidad de las América Puebla (UDLAP), la cooperación bilateral se mueve al ritmo de la “asimetría de poder” entre ambos países, pero también de la “sospecha de corrupción” y en el “desconocimiento recíproco”, y de la “divergencia ideológica” entre los gobiernos de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum.

El informe, apoyado por la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), está basado en una encuesta realizada a 25 expertos en materia de cooperación entre México y Estados Unidos, principalmente mexicanos provenientes del sector público, la academia, la consultoría, el periodismo o el ámbito diplomático y militar, quienes partieron de que la cooperación requiere una “arquitectura estratégica permanente” para operar de manera perenne.
“La confianza política es la variable crítica del sistema”, según afirmaron ocho de cada diez entrevistados, incluso por encima de los temas específicos como el tráfico de fentanilo o la migración, quienes también apuntaron que las amenazas de Trump respecto a la revisión del TMEC como “instrumento de presión” coloca a México “ante la disyuntiva de ceder en materia de soberanía o resistir a costa de su economía”. 
De hecho, por el lado mexicano, los expertos estimaron que el respeto a la soberanía representa el principal aspecto crítico en materia de cooperación, sobre todo porque estimaron que, en un escenario extremo, podría ocurrir una intervención militar “unilateral” de Estados Unidos en territorio mexicano, una idea que han evocado en varias ocasiones los “halcones” más belicosos del entorno de Trump, y que reduciría de manera drástica el espacio de cooperación.

Por el momento, los expertos identificaron a la Casa Blanca y la Presidencia de la República como los actores principales en la incidencia sobre la cooperación en materia de seguridad, lo que representa un obstáculo a una cooperación más institucional y fluida, basada en “corresponsabilidad y métricas compartidas”. 

Aparte, opinaron que existen “debilidades institucionales” que hacen más difícil la cooperación en materia de seguridad, desde la corrupción y la infiltración del crimen organizado en México, hasta la ignorancia de la administración de Estados Unidos respecto del funcionamiento de su vecino del sur, sin olvidar la fragmentación –y hasta la rivalidad-- entre sus agencias. 

Consideraron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como encargadas de esta cooperación y como instituciones más capaces de destrabar un problema, por encima de la Cancillería y de la Fiscalía General de la República (FGR). 

“El panel describe así una arquitectura bilateral fuertemente militarizada en el lado mexicano, y con una participación marginal de los órdenes subnacionales de gobierno”, planteó el informe. 

De acuerdo con el documento, los expertos coincidieron en que la CIA es la agencia de Estados Unidos más influyente en la relación bilateral con México en materia de seguridad, un hecho relevante a la luz de la pugna que estalló entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno chihuahuense de la panista Maru Campos por la presencia encubierta de agentes de la CIA en operaciones contra el narcotráfico en la entidad. Los agentes estimaron que el FBI es la segunda agencia más relevante, dejando a la Agencia Antidrogas (DEA) en el tercer lugar.

Monreal admite falta de acuerdo en convocatoria del INE y plantea quitar "superpoderes" a presidencia

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras darse a conocer irregularidades en contrataciones con proveedores durante su periodo al frente del Instituto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que aún no existe un acuerdo sobre la convocatoria para la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y abrió la posibilidad de que no se realice en este periodo ordinario. 

“Yo soy de los que piensa así: que si no hay un acuerdo desde la convocatoria, no tiene sentido sacarlo porque va a ser producto de un mecanismo de origen impugnado y podría la propuesta de la persona que surgiera viciado, cuestionado o ya muerta la posibilidad de una persona que unificara las distintas corrientes políticas que se tienen.  

“Entonces, yo prefiero que hagamos el esfuerzo todos de estar de acuerdo en la convocatoria por unanimidad, de estar de acuerdo con los nombres de los comités, de los tres nuestros, porque los dos de la Comisión de Derechos Humanos nosotros no tenemos capacidad jurídica para decidir lo que ellos propongan, pero en los tres nuestros, sí, si nos podemos poner de acuerdo. 

“Y después de la inscripción de las que aspiran, buscar una persona, creo que también podemos ponernos de acuerdo. En este periodo no sé, pero sí a la brevedad posible, como dice la ley, creo que sí podríamos hacerlo”, detalló.

Modificarán ley para quitar "superpoderes" a presidencia del INE

El diputado morenista afirmó que también modificarían la ley para reestablecer la colegialidad en el INE y quitar lo que comúnmente se conoce como "superpoderes" a la presidencia del instituto en el que podía nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.  

“Entonces, yo espero que nosotros modifiquemos la ley cuando llegue el tiempo procesal. Yo sí estoy de acuerdo en retornar las facultades anteriores para que la colegiación sea una exigencia. 

“En órganos colegiados de esta naturaleza es indispensable no dejarle a una sola persona la capacidad de decisión de todo el aparato administrativo del INE”, detalló.  

Esto luego de que Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras darse a conocer irregularidades en contrataciones con proveedores durante su periodo al frente del Instituto.

Ignacio Mier pide dar "vuelta a la página" en el caso Guadalupe Taddei

El presidente de la Jucopo en el Senado dijo esperar que la FGR ya comience a actuar, tras recordar que ya existen denuncias penales

A casi un mes de la renuncia de Gudalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestos actos de corrupción en contrataciones durante su gestión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, pidió ya "darle la vuelta a la página". 

En conferencia de prensa, Ignacio Mier afirmó que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) ya comience a actuar, tras recordar que ya existen denuncias penales. 

“Y, con relación al tema, para cerrar lo del Instituto es, pues hay que esperar a que la Fiscalía actúe, creo que la pregunta es válida, hay que hacerla a la propia Fiscalía General de la República, porque nosotros estamos a la espera que ya esto se acabe, repito, para que no sea tema.  
“Pasó de ser una nota a una noticia, a ser un tema y está bien, fue un trabajo periodístico que hay que reconocer, pero ya es importante darle vuelta a la hoja para que el país esté funcionando en la otra y dejar que las autoridades puedan completar su trabajo”, dijo.  
Ignacio Mier dijo que ya van casi cuatro semanas de ese "bochornoso asunto", el que pidió perseguir hasta sus últimas consecuencias independientemente del rango o cargo que tengan los funcionarios públicos.

“Primero, decirles que son ya tres semanas, casi cuatro semanas de este bochornoso y verdaderamente inaceptable asunto que está viviendo el Instituto Nacional Electoral, que se han presentado denuncias por parte de la UIF a diversas personas y empresas, lo mismo que el propio Instituto Nacional Electoral; en sesión de sus consejeros, por unanimidad aprobaron presentar ya las denuncias para que se esclarezcan los hechos.  
“Con base en eso y el debido proceso, ya debe de haber una respuesta, porque es algo que exige el pueblo de México. Y lo exige sobre todo la necesidad de que no se distraiga el trabajo del Instituto Nacional Electoral en lo que es importante también, sin soslayar que esto debe de ser perseguido hasta sus últimas consecuencias, independientemente del rango o cargo que tengan los funcionarios públicos, hayan sido designados o con alguna función delegada”, expreso.
Gudalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre tras revelarse irregularidades en contrataciones con proveedores durante su periodo al frente del instituto y su cercanía con propietarios de empresas proveedoras.

Delfina Gómez frena presiones contra Horacio Duarte en Edomex

Delfina Gómez sale al paso de quienes piden la salida de Horacio Duarte. “Él sigue en el puesto. Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, agradeció el respaldo que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo a su trabajo luego de una ola de golpeteo político que ponía en duda su continuidad en el cargo.

“Yo primero agradezco lo que comentó la Gobernadora, escuché su declaración, siempre es un aliciente. A la que me debo es a la Gobernadora, que fue la que me designó, la que me invitó y que cuenta con todo mi respaldo”, expresó Horacio Duarte Olivares.

En días pasados, medios de comunicación le cuestionaron a la Gobernadora Delfina Gómez la continuidad del Secretario General, a lo que respondió: “Él sigue en el puesto. Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”.


Horacio Duarte aseguró que desde su nombramiento asumió el compromiso de acompañar y respaldar a Delfina Gómez en las responsabilidades de gobierno, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el beneficio del pueblo del Estado de México.

“Pues yo insisto, me mantengo en lo que me diga la Gobernadora, ¿no? Yo en broma a veces digo, pues yo nada más tengo dos patronas, que son la Presidenta Sheinbaum, la Gobernadora Delfina y, obvio, el pueblo del Estado de México, que es el que al final decide cómo vamos a seguir trabajando”, sostuvo Horacio Duarte.

Jefe de la DEA advierte que EU seguirá exhibiendo políticos mexicanos: caso Rocha Moya sigue parado

El jefe de la DEA aseguró que la agencia seguirá exponiendo presuntos nexos entre cárteles y actores políticos corruptos, mientras la investigación contra Rocha Moya continúa sin una resolución pública

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantendrá sus investigaciones para exponer los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México, advirtió su titular, Terry Cole, en un mensaje publicado en redes sociales.

“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. @DEAHQ sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió el funcionario.


Aunque Cole no mencionó nombres ni hizo referencia directa al caso de Rubén Rocha Moya, su mensaje ocurre mientras continúa sin una resolución pública la investigación contra el gobernador de Sinaloa con licencia, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

A más de seis meses de que Estados Unidos presentó cargos contra el político morenista y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en México. Sin embargo, no se han informado públicamente sus resultados ni existe una fecha para que concluya.

El caso también permanece sin avances conocidos en el procedimiento de detención provisional con fines de extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que Estados Unidos no ha entregado elementos adicionales que, bajo las leyes mexicanas, permitan proceder con esa medida.

LA ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señaló de presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados habrían participado en una conspiración para introducir drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección para las actividades de la organización criminal. También se presentaron cargos relacionados con armas.

La acusación incluyó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, los señalamientos contenidos en el expediente constituyen acusaciones y no una sentencia que acredite la responsabilidad penal de los señalados.

Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura en mayo de 2026 y compareció ante la FGR el día 26 de ese mes. Desde entonces ha rechazado las imputaciones. El político intentó reincorporarse al gobierno estatal el 21 de agosto, luego de 112 días separado del cargo, pero al día siguiente solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido. 

MÉXICO ESPERA MÁS ELEMENTOS DE EU

El 2 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición, pero respondió que no se realizaría dicha solicitud debido a la falta de pruebas. “Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional”.

La presidenta argumentó que los sistemas penales de ambos países tienen diferencias en la valoración de los elementos probatorios. Mientras en Estados Unidos los testimonios pueden considerarse pruebas por sí mismos, explicó, en México se requieren otros elementos para sustentar una imputación.

También señaló que la FGR debe determinar si existen elementos para proceder. En caso contrario, la investigación podría cerrarse. 

LA FGR NO TIENE FECHA PARA CERRAR EL EXPEDIENTE

El 13 de noviembre, Efraín Alonso Gastélum Padilla, titular de la Fiscalía Federal en Sinaloa, informó que no existe una fecha establecida para concluir las investigaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios.

El funcionario precisó que el expediente no está radicado en la representación estatal de la FGR, sino en las oficinas centrales de la Ciudad de México, donde las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Casos Complejos.

La delegación de Sinaloa, explicó, únicamente ha brindado apoyo cuando se lo han solicitado. Por ello, dijo, no puede informar sobre el avance de las indagatorias ni anticipar cuándo concluirán.

“Las investigaciones no están sujetas a tiempos, están sujetas a cómo van evolucionando de acuerdo a lo que avanzan las policías, los peritos y los agentes del Ministerio Público que están comisionados para el caso concreto”, declaró.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado públicamente de imputaciones formales u órdenes de aprehensión contra Rocha Moya derivadas de esta investigación. 

UIF DESBLOQUEA DOS CUENTAS, PERO NO TODO SU PATRIMONIO

El 13 de noviembre, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desbloqueó parcialmente dos cuentas bancarias de Rocha Moya, en cumplimiento de una resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La medida, ejecutada el 5 de noviembre, le permite disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones: una por viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La UIF aclaró que la resolución no implica el desbloqueo total de sus cuentas. Los recursos distintos a los contemplados en la determinación judicial y las demás operaciones financieras permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.

El bloqueo de sus recursos había sido aplicado en mayo, después de que las autoridades estadounidenses dieron a conocer las acusaciones en su contra. El desbloqueo parcial, por tanto, no representa una exoneración ni significa que las investigaciones penales hayan concluido.

Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista mexicano Eduardo Flores Salado

Reporteros Sin Fronteras contabilizó en octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, de los cuales el 99 % de los casos no han sido esclarecidos

Amnistía Internacional (AI) condenó este martes el asesinato del periodista mexicano Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado el 14 de noviembre en Acapulco, en el estado de Guerrero, y exigió a las autoridades justicia por la comunidad periodística.

La organización, a través de un mensaje publicado en redes sociales, exigió la Fiscalía General del Estado de Guerrero “realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que contemple de manera prioritaria su labor periodística como posible móvil del asesinato”.

“Las autoridades deben garantizar el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las personas responsables y el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares”, subrayó AI, que también pidió considerar todas las líneas de investigación sobre el caso, “incluidas aquellas relacionadas con posibles motivaciones discriminatorias”.


El cuerpo del comunicador fue localizado en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco, en el sur de México, lo que llevó a la fiscalía local a abrir una investigación por homicidio calificado, dependencia que, hasta el momento, no ha dado más detalles sobre el crimen.

El asesinato, denunció la organización, “ocurre en un contexto de persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo en México, donde las amenazas, agresiones y la impunidad continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”.

Asimismo hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar condiciones de seguridad para las personas periodistas en Guerrero, “particularmente para quienes enfrentan riesgos derivados de su labor informativa, y a adoptar medidas efectivas para prevenir nuevas agresiones”.

Flores Salado, conocido como Lalo, trabajaba en Enfoque Informativo, dando cobertura a temas como derechos humanos, política local y asuntos sociales.

Además, había sido uno de los tres fundadores de La Prensa Rosa, colectivo de periodistas LGTBI+ en Acapulco.

Reporteros Sin Fronteras contabilizó en octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, de los cuales el 99 % de los casos no han sido esclarecidos.

Guerrero además figura, junto con Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, entre los cinco estados que concentran la mitad de los asesinatos registrados por RSF.

Ante tal contexto, apuntó AI, “el ejercicio del periodismo no puede seguir desarrollándose bajo la amenaza de la violencia y la impunidad” en México.

“Proteger a quienes informan es una obligación del Estado y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos y una sociedad democrática”, concluyó.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Lilly Téllez propone auditar y transparentar todo el Fobaproa

La propuesta planteó que los titulares del IPAB, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria remitan un informe con calendario de apertura para que las comisiones del Senado evalúen el cumplimiento de estas medidas

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, presentó una proposición con punto de acuerdo ante el Senado de la República para solicitar a las autoridades financieras la revisión integral y desclasificación de todos los expedientes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El punto de acuerdo demandó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la publicación de un inventario público sobre los archivos bajo su resguardo, así como la difusión en formatos abiertos de contratos, convenios, pagarés, recuperaciones y los nombres de las instituciones y personas morales beneficiarias del rescate bancario.

La legisladora sonorense requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transparentar los instrumentos fiduciarios, las actas y las evaluaciones sobre las instituciones apoyadas.


La iniciativa estableció que estas dependencias deben revisar las reservas existentes y abstenerse de utilizar el secreto bancario o fiduciario de forma genérica cuando existan recursos públicos comprometidos.

El documento solicitó a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el seguimiento de las 110 auditorías realizadas al rescate bancario entre 1996 y 2004, de las cuales derivaron 238 observaciones y 323 acciones promovidas.

El texto precisó que las autoridades deberán aclarar la situación legal de cualquier expediente faltante, documentando si fue transferido, dado de baja o destruido.

Téllez fundamentó su petición en el artículo sexto constitucional y en la Ley General de Transparencia, al recordar su documental de 2005 sobre el tema y su reclamo en la sesión senatorial del 11 de noviembre.

La propuesta planteó que los titulares del IPAB, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria remitan un informe con calendario de apertura para que las comisiones del Senado evalúen el cumplimiento de estas medidas.

Según el Reglamento del Senado de la República, un punto de acuerdo busca que una petición o declaración formal se asuma una postura institucional.

Señalan a exfiscal de búsqueda de Nayarit de ocultar pruebas y robar muebles

Buscadora dijo que el exfuncionario se llevó teléfonos con videos de agresiones, muebles de una vivienda y negó información sobre personas desaparecidas

“Llegamos a ver videos de las personas que habían dañado, que les habían hecho cosas”, contó Virginia Garay Cázares sobre las grabaciones que encontró en teléfonos celulares durante sus búsquedas de personas desaparecidas y que, acusó, el entonces fiscal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la fiscalía de Nayarit, Juan Francisco R.B. se llevó sin declarar después qué hizo con ellos ni qué información contenían.

Por estos hechos, así como por la presunta desaparición de evidencia, presunto robo, omisión para procesar fosas clandestinas, entre otros, la madre buscadora lo señaló de obstaculizar investigaciones; por lo que, el exfuncionario fue detenido la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR), por una investigación por presunta desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Virginia, madre de Bryan Eduardo Arias Garay —desaparecido en febrero de 2018—, coordinadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C., explicó, por ejemplo, que los teléfonos aparecían en casas de seguridad y otros sitios donde las familias buscaban fosas y algunos parecían no funcionar, pero otros todavía encendían y en ellos llegaron a ver videos de personas que habían sido agredidas.

Pero todos, dijo a esta reportera, contenían información que podía ayudar a conocer qué había pasado con estas personas.
En esos teléfonos traían evidencia, tenían información.
En uno de esos lugares donde hallaron estos aparatos, cuya ubicación pidió mantener en reserva por razones de seguridad, dijo que también encontraron numerosas prendas de vestir, jeringas, llaves y otros objetos, además de vehículos desarmados, piezas y refacciones de automóviles, que el exfiscal evitó solicitar el levantamiento de evidencias.

La buscadora dijo que quiere regresar a ese sitio para continuar revisándolo y hallar material que ayude a localizar personas.

Virginia recordó sobre las omisiones del exfuncionario que, continuamente le preguntaban por los teléfonos y el procesamiento de su información, pero el exfiscal de búsqueda les decía que estaban en el almacén de indicios o evidencias, sin explicarles qué había pasado con ellos.
Él siempre decía que estaba en el almacén de evidencias, pero nunca nos decía si ya lo revisaron, qué habían encontrado.
Garay aseguró que durante la gestión de Juan Francisco R. —primer fiscal de búsqueda en la entidad, en 2018— tampoco les proporcionaban números de carpeta para poder rastrear los aparatos y conocer si habían sido incorporados a alguna investigación o conocer avances de investigaciones.

Hasta el momento, apuntó, las familias buscadoras no han sido informadas oficialmente sobre datos relacionados con los aparatos.

Garay Cázares también dijo que la falta de respuestas por estos objetos, también alcanzó a las prendas de vestir, ya que cuando las familias pedían revisarlas, el entonces fiscal les decía que no podían hacerlo porque primero tenían que lavarlas y debían evitar que se contaminaran.
Él siempre este nos trajo muy al límite no dejaba y no daba información
La negativa a mostrar las prendas que señaló Virginia Garay se cruza con lo ocurrido en la fosa de los 21, en La Saucera, Xalisco, la fosa más profunda de Nayarit con más de 4 metros.

En 2018, una búsqueda en ese predio se detuvo después de que la Fiscalía de Nayarit informó que se trataba de una fosa séptica, pero un año después, entre el 15 y el 24 de abril de 2019, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNAY) participó en la exhumación de 21 cuerpos.


Las prendas recuperadas en el lugar fueron destruidas, según se documentó en un oficio citado en la investigación publicada por Aristegui Noticias, Desaparecer toda prueba: la fiscalía de Nayarit destruye evidencias (y ahonda dudas).

En el documento se afirma que la ropa de los cadáveres correspondientes a 2019 fue entregada para su destrucción el miércoles 18 de ese año, con el argumento de liberar espacio en la bodega de evidencias y prevenir riesgos sanitarios; por esta situación, la exfiscal de búsqueda Yayori “N”, y el exsubfiscal de Nayarit, también exmagistrado, Rodrigo “N”, fueron investigados, aunque éste último permanece detenido por esta causa federal y otras dos estatales.

Buscadora solicitó acciones urgentes de la ONU

La mujer dijo que su trabajo ante el organismo internacional comenzó en 2019, cuando solicitó una Acción Urgente por la desaparición de su hijo, Bryan Eduardo Arias Garay.

Desde entonces, explicó, ha apoyado a otros familiares de personas desaparecidas en Nayarit y otros estados para presentar sus solicitudes y a reunir información para que sus casos fueran conocidos ante organismos internacionales.

Un documento de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, titulado “Víctimas con Acciones Urgentes”, registra a Virginia Garay como víctima indirecta y a Bryan Eduardo Arias Garay como víctima directa en la Acción Urgente 809/2019.

En esta solicitud relacionó a las autoridades con la dilación, obstrucción para la investigación y menciona el contexto de seguridad del Estado, en el que menciona una posible relación entre grupos criminales y policías, principalmente los que estaban a cargo del exfiscal Édgar Veytia, convicto por narcotráfico en los Estados Unidos, confeso por desapariciones, tortura y homicidios.

Hasta el momento, Nayarit mantiene vigentes 47 acciones urgentes de búsqueda emitidas por CED-ONU para el Estado mexicano y más de 70 amparos buscadores, en los que se señala a distintos servidores y exservidores públicos por omisión o participación en presuntos hechos que implicaron la desaparición de personas.

Garay también atribuyó al exfiscal de búsqueda posibles actos de robo de evidencia, entre sus señalamientos está el relacionado con un inmueble vinculado con búsquedas, del que asegura que el entonces funcionario se llevó muebles y otros objetos.
Lo que sí hizo Borrego es que en su camioneta saqueó la casa, se llevó la sala, se llevó cosas de ese, de ese lugar.
Buscadoras temen represalias del exfuncionario tras su captura

Aunque consideró importante que el exfuncionario esté detenido, Virginia teme que pueda recuperar su libertad mediante presiones o acuerdos que impidan esclarecer los hechos.
Me preocupa que vayan a encontrar la manera de dejarlo libre, que se haga algo con trampa, con chantaje, no sé lo que sea que puedan hacer.
También dijo que le preocupa la seguridad de las familias que han denunciado y entregado información a las autoridades, ya que, dijo, el exfiscal conoce quiénes son las personas que han señalado su actuación y han compartido datos sobre los casos.
Él ya sabe quiénes somos los que hemos estado denunciando, quiénes somos los que hemos pasado información.
Finalmente, la buscadora también acusó a Borrego de ocultar información sobre el paradero de personas desaparecidas.
En el ocultamiento también, hasta donde sabemos, él conoce y él sabe el lugar donde se encuentran.
Sostuvo que el exfiscal, desde el cargo que ocupaba, habría tenido conocimiento del destino de personas que sus familias todavía buscan.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.