El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió este jueves una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos antecedentes tienen por lo menos 27 años, iniciaron en la década de los ochenta y que, entre 2015 y 2025, obtuvo contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos, con empresas fachada para simular competencia.
La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones. La aclaración se presenta en medio de la crisis por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.
De acuerdo con la documentación gubernamental, entre 2015 y 2023, durante el periodo que comprende la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE y los primeros meses de la administración de Taddei, 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas.
La red empresarial mantuvo sus operaciones durante los años siguientes. Entre 2024 y 2025, otras adjudicaciones realizadas por 15 organismos electorales estatales alcanzaron los 646.3 millones de pesos, según la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema histórico CompraNet.
La presentación del gobierno federal ocurre un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una investigación de oficio para revisar 25 años de adquisiciones del INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales de las entidades federativas, con el propósito de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el manejo de recursos públicos.
A diferencia del anuncio de la ASF, que no identificó a empresas ni funcionarios involucrados, el documento presentado este jueves reconstruye el origen de la presunta red, identifica a sus integrantes y describe un mecanismo mediante el cual distintas compañías relacionadas entre sí habrían participado en las mismas licitaciones para simular competencia y obtener contratos públicos.
Los orígenes en Gobernación y el CISEN
La investigación gubernamental sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, una dependencia que entonces tenía bajo su control la organización de las elecciones federales.
Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro Nacional de Población y figura vinculada con el priismo del Estado de México.
Su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987.
En 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica, identificada por el gobierno como uno de los antecedentes empresariales de la red que posteriormente participaría en las contrataciones electorales.
Un año después, en 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario particular, mientras Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones.
En ese periodo, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios ocupaba la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN.
El documento también reconstruye la trayectoria política posterior de Padilla Aguilar, quien en 1989 fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza.
En abril de 2017, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo designó delegado regional de esa dependencia para Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
La presentación señala además que Padilla Aguilar coincidió posteriormente en el partido Somos con exintegrantes del INE, entre ellos Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova, quienes desempeñaron distintas responsabilidades en esa organización política.
Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción histórica presentada por el gobierno, aunque no constituyen por sí mismos pruebas de participación de esos exfuncionarios en las contrataciones investigadas.
El primer escándalo electoral
La investigación identifica al Estado de México como uno de los primeros escenarios de las contrataciones electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, empresa que el gobierno relaciona con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Para 1999, Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México.
En 2005, esa compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral.
Según la presentación gubernamental, las denuncias por irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación provocaron un escándalo que culminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del organismo.
El episodio constituye uno de los antecedentes que el gobierno utiliza para reconstruir la expansión de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, cuya participación como proveedoras electorales continuó durante las siguientes dos décadas.
Entre 2012 y 2013, las compañías diversificaron sus operaciones y contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
La expansión coincidió posteriormente con la transformación institucional del sistema electoral mexicano.
Con la reforma política de 2014, los congresos estatales perdieron la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales locales, responsabilidad que pasó al Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.
La presentación recuerda que ese Consejo General designó a los consejeros electorales de las 32 entidades federativas y vincula ese proceso con las contrataciones que los organismos estatales adjudicaron posteriormente a las empresas señaladas.
Entre las designaciones de septiembre de 2014 estuvo la de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del organismo electoral de Sonora, aprobada por diez votos a favor y uno en contra, emitido por la consejera Pamela San Martín.
El documento sostiene que Taddei fue designada pese a que otros aspirantes obtuvieron calificaciones superiores en las evaluaciones del procedimiento.
Sin embargo, la investigación presentada no acredita que Lorenzo Córdova haya ordenado adjudicaciones a las empresas de los hermanos Hernández Casillas ni establece una relación directa entre su participación en los nombramientos de consejeros y las decisiones de contratación adoptadas posteriormente por los organismos estatales.
Contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó seis compañías vinculadas con la presunta red: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Según las cifras oficiales, entre 2015 y 2023 estas empresas acumularon contratos por 2 mil 94 millones de pesos.
Formas Finas y Materiales concentró 825.6 millones de pesos; Cajas Graf, 751.2 millones; Seriplast de México, 380.5 millones; Corporativo ZEG, 101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, 35.5 millones.
Veracruz fue la entidad con el mayor monto de contrataciones durante ese periodo, con 570.4 millones de pesos, seguida de Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones.
En Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral local, las contrataciones atribuidas a la red sumaron 110.7 millones de pesos.
La documentación también registra adjudicaciones en Chiapas, Baja California, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México, Yucatán, Zacatecas y Morelos.
Para el periodo 2024-2025, el gobierno identificó otros 646.3 millones de pesos en contratos, distribuidos principalmente entre Comercializadora JVLY, con 234.7 millones; Cajas Graf, con 181.9 millones; Corporativo ZEG, con 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, con 105.9 millones.
Durante esos dos años, Puebla encabezó las contrataciones con 129.7 millones de pesos, seguida de Jalisco, con 102.2 millones; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.
El gobierno sostiene que la continuidad de las adjudicaciones durante distintas administraciones electorales permitió a las compañías mantener su presencia en el mercado de suministros para los comicios estatales.
Simulación de competencia y presunto lavado de dinero
Uno de los principales señalamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se refiere al mecanismo mediante el cual las empresas habrían participado en las licitaciones públicas.
De acuerdo con la presentación, distintas compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas concurrían a los mismos procedimientos de contratación y presentaban propuestas económicas aparentemente independientes.
Sin embargo, según la hipótesis gubernamental, las ofertas habrían sido coordinadas para simular competencia, de manera que una de las empresas resultara ganadora mientras las demás presentaban precios destinados a favorecer la adjudicación.
El documento identifica este mecanismo como una presunta simulación de competencia en licitaciones realizadas por el INE y los organismos públicos locales electorales.
La investigación también señala la existencia de vínculos entre proveedores y servidores públicos, así como la utilización de empresas que presuntamente carecían de capacidad operativa, infraestructura y empleados en nómina para cumplir con los contratos obtenidos.
Entre las prácticas denunciadas se encuentra el supuesto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones, incluido el caso de una mujer de 96 años cuya identidad y participación específica no se detallan en la presentación.
Asimismo, el gobierno señala posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras, con información atribuida al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El esquema societario presentado identifica a socios, representantes legales, apoderados y familiares relacionados con las distintas compañías, a partir de información del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.
No obstante, la presentación no incluye los expedientes completos de las licitaciones, los movimientos financieros ni las resoluciones judiciales que permitan establecer de manera definitiva la comisión de los delitos señalados.
Investigación alcanza a varias administraciones del INE
Las revelaciones del gobierno federal ocurren después de que la crisis por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés provocara la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.
Su salida desencadenó una revisión de nombramientos y contrataciones dentro del organismo, así como la separación de 30 funcionarios cercanos a su administración.
Los diez consejeros que permanecieron en el Consejo General designaron a Blanca Cruz García como presidenta provisional y acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con las contrataciones electorales.
En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE confirmó la existencia de 18 expedientes sobre posibles conflictos de interés y contrataciones cuestionadas.
La crisis también provocó un enfrentamiento político entre Morena y el PAN por las responsabilidades de las distintas administraciones del instituto.
La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado que las investigaciones no se limitaran a la gestión de Taddei, sino que comprendieran también las contrataciones realizadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova y otros periodos de la autoridad electoral.
Ayer, la ASF anunció una investigación de oficio sobre las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
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