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Familias de mineros de Concordia critican distintivo otorgado a Vizsla Silver

Cuestionan que la minera canadiense reciba el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (ESR) mientras nueve trabajadores fueron localizados sin vida, uno continúa desaparecido y persisten señalamientos sobre posibles omisiones de seguridad

Las familias de los trabajadores privados de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, expresaron rechazo y profunda inconformidad ante la noticia de que Vizsla Silver recibió nuevamente el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), reconocimiento asociado al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Consideraaron que el otorgamiento de esta distinción resulta difícil de comprender mientras nueve de los 10 trabajadores privados de la libertad fueron posteriormente localizados sin vida, Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido, y permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre las condiciones de seguridad en las que la compañía mantuvo sus operaciones.

“No cuestionamos la importancia de promover la responsabilidad social empresarial. Cuestionamos que una compañía pueda ostentar públicamente ese reconocimiento sin que cumpla con los criterios básicos para recibirlo y que no se haya esclarecido suficientemente su actuación frente a una tragedia de esta magnitud”, expresaron en carta.


Recordaron que la propia Vizsla Silver reconoció condiciones de inseguridad que motivaron la suspensión de trabajos de campo en abril de 2025 y anunció su reanudación en mayo del mismo año. “Las familias hemos solicitado conocer qué evaluaciones permitieron determinar que existían condiciones para regresar y quién asumió la responsabilidad de esa decisión”.

También han solicitado aclarar qué información fue entregada a las autoridades mexicanas, si se preservaron videos, registros de GPS, comunicaciones internas, bitácoras y evaluaciones de riesgo, así como las acciones concretas que mantiene la empresa para contribuir a la localización del trabajador que continúa desaparecido.

Estas preguntas fueron planteadas formalmente al Consejo de Administración de Vizsla Silver con motivo de su Asamblea Anual y Especial de Accionistas del 8 de octubre de 2026.

“Ante el anuncio del distintivo, preguntamos públicamente al CEMEFI: ¿qué evaluación realizó sobre la protección de los trabajadores de Vizsla Silver? ¿Tuvo conocimiento de los acontecimientos de Concordia y de los antecedentes de inseguridad reconocidos por la propia empresa? ¿Consideró los señalamientos de las familias antes de otorgar o mantener esta distinción?”.

La responsabilidad social de una empresa no puede evaluarse únicamente por sus programas comunitarios, sus políticas declaradas o sus compromisos institucionales, agregaron. “Como los principios de este reconocimiento lo establecen, también debe examinar las decisiones que establece en materia de seguridad frente a riesgos conocidos y de la manera en que responde cuando sus trabajadores y sus familias enfrentan una tragedia”.

Solicitaron al CEMEFI una explicación pública de los criterios aplicados en este caso, así como una revisión del reconocimiento otorgado a Vizsla Silver a la luz de los hechos y cuestionamientos que continúan pendientes.

“No pedimos que se anticipe una responsabilidad penal que corresponde determinar a las autoridades. Pedimos que un distintivo de responsabilidad social no sea utilizado como aval general de la conducta de una empresa cuando existen asuntos graves que requieren esclarecimiento. Para nuestras familias, la responsabilidad social comienza por la protección de la vida y la dignidad de los trabajadores”.

Ser "de izquierda"

"Decían que nosotros éramos ideológicamente izquierdosos, pero en realidad éramos ideológicamente periodistas..."

Hace algunos días me encontré con un queridísimo amigo al que no había visto en varios años. Casi de entrada me soltó la pregunta: ¿Por qué si tú has sido siempre de izquierda, ahora eres crítico del gobierno morenista y de sus principales figuras? No es el primero que me cuestiona al respecto. De entrada le dije: como periodista, nunca he sido de izquierda y menos de derecha, por un lado; por el otro, Morena y la autollamada Cuatroté, representan a una falsa izquierda. Platicamos largo rato.

La polarización fomentada por el obradorismo, le dije, ha derivado en una aberración: el considerar que son “de izquierda” los que apoyan al oficialismo y “de derecha” quienes asumen una actitud crítica frente a él y lo cuestionan. La verdad es que, además de ser un anacronismo, tal clasificación es absolutamente falaz. La autodenominada Cuarta Transformación insiste en presentarse como un proyecto de izquierda, pero los hechos la ubican en un terreno... muy, pero muy diferente.

Morena y sus gobiernos han construido una narrativa que apela a la justicia social y a la memoria histórica, pero en la práctica operan con un pragmatismo que combina nacionalismo económico, populismo, concentración de poder y una relación ambigua, cada vez más evidente, con el crimen organizado. La destrucción de las instituciones democráticas no es de una izquierda democrática sino de un régimen autoritario. Es un híbrido que se sostiene en programas sociales masivos con objetivos abiertamente electoreros, pero que debilita instituciones, controla a los poderes Legislativo y Judicial, y que en nombre del “pueblo bueno” ha dañado gravemente al país. La corrupción define cada vez más claramente la naturaleza de este gobierno, como lo hacen evidente casos concretos conocidos públicamente.

La clasificación de marras se aplica también desde el púlpito presidencial a los medios de comunicación y a los periodistas independientes, con la clara intención de descalificarlos. La mayoría de la prensa escrita y los medios electrónicos no tienen más bandera que la ganancia económica, hay que reconocerlo. No son “de izquierda” ni “de derecha”: si reciben publicidad del gobierno suelen ser dóciles con él, como ocurría en los tiempos del PRI; quienes no, lo hacen evidente con su actitud crítica y golpeadora.

Aquello de que “la prensa” estaba en contra del proyecto morenista, como tanto lo acusó Andrés Manuel cuando era Presidente, es una mentira más. Basta repasar las informaciones difundidas cotidianamente por los canales de televisión comerciales (con excepción actualmente de TV Azteca, por obvias razones) y los diarios llamados “de circulación nacional” para desmentirlo, aunque sus secciones de opinión acojan a articulistas y columnistas críticos del régimen. El juego de siempre.

Hay excepciones, por supuesto. Algunos medios --los menos, lamentablemente-- ejercen su libertad de expresión mediante un ejercicio periodístico profesional, independiente, que investiga en busca de la verdad. En automático, esos medios críticos e independientes son etiquetados “de derecha”, instrumentos al servicio de los enemigos del pueblo, voceros de la ultraderecha, fascistas, etcétera, etcétera.

Algo similar ocurre con los informadores en lo individual. Quienes no se tragan las mentiras del oficialismo y ejercen la crítica, son “de derecha”. Los incondicionales, incluidos los paleros que acuden a las conferencias matutinas en Palacio Nacional-- son “de izquierda”.

En lo personal, declaro de entrada que no creo en esa geometría caduca. Nunca me he ostentado como “hombre de izquierda”, aunque suene bonito. Toda mi vida profesional he ejercido el periodismo como lo entendemos quienes trabajamos primero en el diario Excélsior y luego en el semanario Proceso, en ambos casos bajo la dirección de Julio Scherer García. Consideramos que dar un sesgo ideológico a la información no es hacer periodismo, sino propaganda. Asumimos como norma una actitud crítica frente a los poderes, sea cual sea su signo ideológico. Rechazamos en consecuencia el periodismo militante.

Creo que para precisar de manera sencilla y tener mayor claridad al respecto sirven los conceptos que expresó poco antes de morir, en diciembre de 2014, el periodista y escritor Vicente Leñero --con quién trabajé muchos años, primero en el semanario Revista de Revistas de Excélsior y luego en Proceso, del que fue subdirector-- en una entrevista para la revista Nexos:

“La investigación era la base de nuestro periodismo”, respondió a una pregunta sobre la ubicación ideológica de Proceso. “No tratábamos de hacer un periodismo partidista, sino uno que buscaba desentrañar la realidad. Éste en consecuencia era un periodismo ‘de izquierda’, no ideológicamente, sino que eramos de izquierda por descubrir la realidad. Eso es clave en ese periodismo. Lo vuelve a uno naturalmente de izquierda, pues es naturalmente agresivo y naturalmente contrario a la oficialidad. Decían que nosotros eramos ideológicamente izquierdosos, pero en realidad éramos ideológicamente periodistas”.

Debo reiterar en consecuencia que mis apreciaciones sobre la realidad son las de un simple periodista, no de un político ni de un ideólogo; menos de un militante. Mi único afán a lo largo de mi carrera ha sido el de informar. Y en la última etapa, ya como columnista, el interpretar la realidad a partir de hechos comprobados, observaciones, datos.

Mi formación personal previa se dio en el conocimiento de una realidad nacional de desigualdad, injusticia, explotación y pobreza de la mayoría de la población mexicana, particularmente en el área rural. Desengañarla y denunciarla fue mi motivación inicial y ha sido mi preocupación constante. Trabajé durante algún tiempo en organizaciones sociales de inspiración cristiana promotoras del desarrollo popular, comunitario. Compartí las tesis de la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres. Nunca, sin embargo, he militado políticamente ni he acogido una ideología.

No fui “de izquierda” cuando reseñé las luchas sindicales de electricistas y petroleros, los despojos de los terratenientes y caciques contra campesinos e indígenas en Chiapas y Morelos en los ochentas, el enriquecimiento de políticos priistas evidenciado en sus mansiones, las protestas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988 o la campaña electoral del entonces perredista Porfirio Muñoz Ledo en 1995; no fui “de derecha” cuando documenté el fraude electoral contra el PAN en 1986 en Chihuahua, entrevisté varias veces a Manuel Clouthier del Rincón, Maquío, o seguí paso a paso la victoriosa campaña presidencial de Vicente Fox Quesada en el año 2000.

Ni soy ahora de bandería política o ideológica alguna cuando observo con mirada crítica, y consigno en mis textos, los desaciertos y aberraciones de un gobierno populista y mentiroso que se autodefine como “de izquierda”. Al despedirnos, mi amigo y yo nos dimos un largo abrazo. Válgame.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4888517/ser-de-izquierda/

¿Certificar a las buscadoras?

"Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan 'técnicas certificadas' puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado"

El 7 de octubre pasado Ceci Patricia Flores Armenta y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicaron en X que obtuvieron del Gobierno mexicano un documento oficial que avala su labor para la búsqueda de personas desaparecidas. En su tweet, que comienza anunciando que “hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, y se muestran dos constancias que las acreditan como personas con las competencias necesarias para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México. Los certificados fueron expeditos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual reconoce y otorga validez oficial a una serie de habilidades y competencias, destrezas y conocimientos tras la aprobación de cursos y procesos de capacitación.

En redes sociales las buscadoras explicaron lo siguiente: “Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542. Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente”.

La mencionada certificación incluye los protocolos de búsqueda inmediata, búsqueda individualizada y búsqueda generalizada en campo y vida. Según la página oficial garantiza “el respeto a la dignidad humana y el Protocolo Homologado de Búsqueda” y va dirigida a funcionarios de comisiones de búsqueda de personas, a personas buscadoras independientes e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también a personas en general, peritos, criminólogos, policías y personal de fiscalías del país.

El curso y certificado acreditan conocimientos sobre temáticas como el análisis de contexto y la integración inicial de carpetas, fichas de búsqueda, la prospección de terreno, la seguridad y búsqueda en campo y en vida, búsqueda administrativa, el manejo de hallazgos forenses y el acompañamiento a víctimas con apego a los principios de no revictimización. Fue el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del estado de Guanajuato la institución encargada de la capacitación y evaluación en materia de búsqueda, y también capacitó y acreditó a ocho buscadoras de tres colectivos de Guanajuato.

Aunque esta formación, como varias otras, desde luego, aporta herramientas técnicas útiles para las familias y mayor conciencia acerca de leyes, protocolos y estándares, considero importante hacer hincapié en el trasfondo político y las críticas de un proceso en el que, sin querer estar en el lugar de víctimas indirectas de la desaparición, a lo largo de los años, han sido las personas buscadoras y los colectivos quienes, por inoperancia de las instituciones estatales, han tenido que salir a buscar y desarrollar conocimientos y habilidades desde su comunidad en búsqueda.

Han tenido que protestar y sufrir el peso de amenazas, represión policiaca y criminal, y hasta asesinatos, para ser reconocidas y escuchadas, para que comenzaran a moverse tantito del escritorio y trabajar los ministerios públicos, las policías y las fiscalías, las comisiones y mecanismos extraordinarios de búsqueda ante más de 130 mil desaparecidos.

En mi opinión, no deben de confundirse, entonces, el derecho, duramente conquistado y revindicado, a la participación conjunta y a la coadyuvancia en búsqueda e investigación que tienen las familias, o el hecho de que ya hayan constituido brigadas independientes para prospectar, buscar, exhumar e identificar a personas, con el mantenimiento de la exigencia de búsqueda, verdad y justicia para la no repetición y bajo la consigna de que “el Estado no busca porque se encuentra”.

Las familias se han organizado y movilizado a pesar de las autoridades para llevar a cabo tareas y funciones, labores desgastantes, legales, forenses y técnicas incluso, que deben de estar garantizadas plenamente por el Estado, el cual, al no cumplir, viola derechos humanos continuadamente y se torna cómplice de desapariciones forzadas mediante la ineficiencia burocrática y la falta de voluntad y acción.

Ahora, es un poco paradójico que se fijen estándares y reconocimientos a partir de una certificación estatal, equivalente a una suerte de microcredencial y curso formativo de unas 50 horas, avalada por la Federación y, en este caso, el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato.

No me malentiendan: es positivo que existan formaciones a disposición de cualquiera, y particularmente frente a la realidad tremenda de la desaparición, pero en este caso surgen de una insuficiencia crónica y una complicidad endémica de instituciones públicas que generan las condiciones y la necesidad de su existencia. Este aspecto ha sido borrado de la narrativa dominante en estos días.

Como autoridad estatal no busco, pero te capacito para que lo hagas.

No ofrezco protección adecuada, sin embargo, te paso un número de teléfono de emergencia y delego en ti la responsabilidad.

No quiero encontrar recursos para herramientas de avanzada ni personal suficiente para identificar cuerpos, pero creo un programa municipal para regalar palas, hacer eventos de “sensibilización” y tomar fotografías todas juntas.

En general las familias, de hecho, han tenido que formarse de manera independiente durante años y años, cuentan con muchas más horas, jornadas, semanas y experiencias de capacitación, otorgadas por la práctica y los saberes compartidos de forma comunitaria y solidaria, pero también, y mucho, por universidades, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones educativas de todo tipo, nacionales y foráneas. Muchas de ellas literalmente vienen a darnos clases a las y los “académicos”.

Es decir, ha sido un proceso obligado de capacitación en la marcha para la gran parte de ellas en todos los asuntos y materias posibles: antropología, historia, derecho, criminalística, arqueología, comunicación, informática, tecnología, cartografía, solo por mencionar algunos ejemplos.

Serían, más bien, las buscadoras quienes deberían certificar si las autoridades saben, pueden, quieren y van a hacer su trabajo decentemente. Muchos servidores e instituciones reprobarían.

Cabe distinguir, entonces, entre la formación técnica reconocida por las instituciones y los conocimientos que las familias buscadoras han construido durante años de trabajo en campo, mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas comunitarias, es decir, saberes y prácticas forenses ciudadanas y comunitarias que el Estado típicamente ha encasillado, menospreciado o normalizado para mantener cierto control y dar la ilusión de que se está respondiendo de alguna forma a la problemática.

Todos estos saberes, formados y compartidos por brigadas y colectivos, no siempre están documentados formalmente y menos certificados como tales, pero son los que han sido fundamentales para las labores de búsqueda y en la misma evolución histórica de los movimientos desde abajo contra la desaparición y para la justicia y la paz. En este sentido, si bien tiene su valor formativo como otras capacitaciones, una certificación institucional como la de CONOCER-IECA represente por sí misma un cambio histórico en la búsqueda de personas desaparecidas, al contrario, tiene el riesgo de crear jerarquías artificiales entre buscadoras y colectivos, los puede dividir, si es que el Estado la promueve como discriminante entre personas más o menos competentes.

En efecto, el contar con una certificación de este tipo habilita más un discurso que un cambio substancial: los derechos concretos y prerrogativas legales son las mismas para cualquier persona buscadora, no dependen de un título, pero sí es posible que desde ciertas instituciones se establezca una narrativa sobre quiénes son “las mejores” o “las buenas” buscadoras y su posibilidad e acceso a ciertos espacios. Aunque puede mejorar la capacidad de negociación o la exigibilidad ante autoridades, una certificación de competencia laboral (como la EC1542 de CONOCER) no otorga, crea ni amplía facultades públicas ni atribuciones legales administrativas. En otras palabras, la ley no hace distinciones. El derecho a la coadyuvancia, a presentar propuestas de investigación, a exigir la preservación de la escena, a revisar el plan de búsqueda y a promover amparos o recursos de impugnación pertenece a todas las víctimas indirectas por el solo hecho de serlo.

De hecho, hay muchas familiares con formación universitaria, diplomados, títulos de educación superior, doctorados y capacitaciones técnicas en todo tipo de temas, así como buscadoras que han adquirido conocimientos altamente especializados a partir de su experiencia en campo y el diálogo interno con su colectividad y con especialistas externos.

Hay un riesgo implícito de que el Estado utilice estas certificaciones como una simulación de atención y profesionalización, mientras las deficiencias estructurales, la impunidad y la falta de capacidad operativa en las fiscalías permanecen intactas y no se reforman o sancionan.

Por otro lado, se asimilan las herramientas y aprendizajes que las familias crearon empíricamente, se empaquetan bajo una norma oficial y luego se reserva el derecho de decidir quién es competente y quién no. El corolario de lo anterior es que tampoco se reconoce la construcción colectiva del conocimiento ni la fortaleza del grupo o la comunidad en ello.

Otra criticidad sería la de convertir la búsqueda, entendida como acción de resistencia y reconstrucción social, memoria y exigencia de justicia, en una suerte de proceso técnico-operativo o un checklist de habilidades laborales.

Repito, la capacitación es hasta cierto punto necesaria y útil, si se usa estratégica y críticamente, incluso para subvertir jerarquías, formar nuevos saberes y dinámicas horizontales o contestar errores. Pero ciertos riesgos que señalo existen.

Difícilmente un título oficial va a poder subsumir la enorme experiencia social, colectiva, productora de conocimientos y relaciones necesarias para la búsqueda, su humanización y efectividad, así como para el desarrollo de cuidados entre compañeras y comunidad incluso con las personas muertas encontradas.

El reconocimiento institucional puede tener dos vertientes, ya que ofrece herramientas técnicas a las familias, pero también se utiliza para legitimar una intervención estatal que normalmente no incluye y no puede incluir los conocimientos generados desde las propias comunidades, sino que puede reforzar lógicas verticales y crear más disparidades.

Por ejemplo, en Guanajuato, podrían acceder al curso sin tener que pagar miles de pesos de colegiatura sólo las buscadoras que cuenten con el respaldo de un colectivo constituido como Asociación Civil. La forma legal de la AC no siempre ni convenientemente es la mejor para un colectivo o grupo social, depende. A veces puede reforzarlo, permite recolectar recursos externos más fácilmente o “darse una estructura”, pero a la vez puede descafeinar ciertas luchas, desviar la atención y los escasos tiempos disponibles del grupo, además de eventualmente enfrascarlo en dinámicas políticas y afiliaciones aprovechadas o manipuladas por la autoridad.

Los saberes de las familias buscadoras han sido históricamente menospreciados o excluidos frente a “la ciencia forense”, al “derecho” y los “protocolos” legales, pese a que estos mismos procedimientos en buena parte existen o han sido modificados en el tiempo por la propia intervención política de las familias.

Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan “técnicas certificadas” puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado. Sucede que cuando las búsquedas fallan o no hay hallazgos, la autoridad puede achacarlo a la falta de información fehaciente, recolectada por las familias bajo su propio riesgo con mensajes anónimos e inteligencia comunitaria sobre los posibles puntos positivos, o a su conducta “indisciplinada”. Esto ha pasado. Así se llega a desviar la responsabilidad, insinuando fallas en la metodología o en la capacitación de un colectivo, en lugar de asumir la propia negligencia o complicidad estructural.

Una formación técnica de alto nivel puede ser positiva, siempre y cuando no se pierda de vista que su participación responde, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las autoridades, además de que puede provocar rencillas y separar más los movimientos de colectivos y buscadoras, si el Estado establece “becas” o “prioridades” para algunas y no otras. O si su discurso refuerza esas divisiones y presuntas ficticias jerarquías.

Un ejemplo concreto y consistente de progresivo y deliberado alejamiento de las lógicas y las certificaciones o apoyos “desde arriba” lo ha confirmado con coherencia y dignidad el zapatismo, su construcción de autonomía, dialogante con instituciones y sectores sociales diversos, pero firme, por fuera de partidos políticos y autoridades estatales.

También por eso es importante seguir y apoyar la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que va preparando para diciembre y enero el “Viaje-Abrazo a Buscador@s”, que no es otra cosa que un diálogo para la paz y la resistencia, el intercambio y la articulación: una movilización en la que una delegación de mil 509 zapatistas viajará desde Chiapas hacia la Ciudad de México para encontrarse y solidarizarse con colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: FABRIZIO LORUSSO.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4888513/certificar-a-las-buscadoras/

Ebrard desmiente las versiones de que Lutnick bloqueó un acuerdo comercial México-EU

El Secretario de Economía aseguró que México mantiene un desempeño favorable en comercio exterior, pese a la incertidumbre internacional

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, negó hoy que su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, haya intervenido para bloquear un nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos (EU), como lo reportó The Wall Street Journal (WSJ), y señaló que las conversaciones entre ambos países siguen en marcha.

Al ser cuestionado sobre la información difundida por el WSJ, el funcionario mexicano dijo no haber advertido ninguna "actitud en contra de México" por parte de Lutnick y, al contrario, lo reconoció como un "buen amigo" y destacó que, sin su apoyo, no se habrían logrado distintos avances económicos entre los dos países.
"La última reunión que yo tuve presencial con el Secretario Lutnick fue en Carolina del Norte, en el G20, y ahí conversé con él. Puedo decirte que lo considero un buen amigo porque él fue una pieza clave, junto con Jamieson Greer, los dos, para que México tenga lo que llamamos carveout, en inglés, y en español quisiera decirlo de esta manera: que el 85 o el 82 por ciento de lo que exportamos a Estados Unidos no tenga arancel", dijo Ebrard.
El titular de la Secretaría de Economía sostuvo que Lutnick nunca le ha hecho algún comentario negativo sobre México y añadió que, pese a los imprevistos, no considera que las negociaciones con EU en materia económica estén paralizadas.

El Journal reportó reportó ayer, según fuentes cercanas a las negociaciones, que las conversaciones con México se han estancado por la resistencia de Lutnick a reducir el arancel de 25 por ciento que Estados Unidos aplica a los automóviles mexicanos y las tarifas de 50 por ciento sobre el acero y el aluminio, además de los gravámenes sobre productos elaborados con esos metales.

Esas mismas fuentes refieren que Lutnick se ha opuesto a las reducciones de aranceles sobre los llamados productos derivados: productos terminados elaborados con acero y aluminio. Las empresas estadounidenses de aluminio han comunicado al gobierno de su país que cualquier reducción de estos gravámenes perjudicaría a las empresas estadounidenses y costaría empleos a los estadounidenses, indicó el diario.

No obstante, de acuerdo con esta misma información, funcionarios de ambas partes afirmaron que las conversaciones continúan y negaron que existiera algún estancamiento. “Hay avances en las negociaciones y mantenemos una relación constructiva con el Departamento de Comercio”, declaró el viceministro de Comercio, Luis Rosendo Gutiérrez, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Cuarta ronda de negociaciones del T-MEC será este año: Ebrard
Por otro lado, hoy mismo, Ebrard anunció durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad; y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, que México y Estados Unidos (EU) celebrarán la cuarta ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de que concluya 2026, en medio de la incertidumbre provocada por los cambios en la política comercial estadounidense.
"Estamos por determinar la cuarta ronda de conversaciones, tiene que ser antes del fin de año, con Estados Unidos", aseguró el funcionario, quien destacó que este avance contrasta con los pronósticos de que el T-MEC no sobreviviría a las diferencias comerciales con la nueva Administración estadounidense.
Durante su intervención, Ebrard destacó que, pese a las medidas arancelarias impulsadas por el Gobierno estadounidense, alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia ese país continúa libre de estos gravámenes, lo que consideró una señal favorable para la economía nacional.
"Tenemos el mayor nivel de exportación con el menor nivel de arancel efectivo. ¿Por qué estamos ahí? Bueno, estamos ahí principalmente porque hubo una conducción, y lo debo decir y compartírselos, porque hubo una conducción atinada y previsora de la Presidenta Claudia Sheinbaum", agregó.


Ebrard destaca estrategia de México frente al proteccionismo de EU

Ante este escenario, Ebrard explicó que el Gobierno mexicano diseñó una estrategia para mantener el crecimiento económico frente al endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos, con el objetivo de preservar el acceso a los mercados de sus principales socios y evitar afectaciones a la industria nacional.
"¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir para mantener un cierto ritmo de crecimiento de la economía mexicana? O dicho de otros modos, de otra forma, ¿es posible mantener el crecimiento sin eso? ¿O cómo vas a lograr el crecimiento del país en un ámbito con un proteccionismo extremo que no veíamos hace un siglo con nuestro principal socio comercial?", planteó.
El Secretario detalló que la respuesta del Gobierno se concentró en movilizar los recursos disponibles para proteger la actividad exportadora y, al mismo tiempo, impulsar el Plan México, una iniciativa orientada a incrementar la producción nacional, atraer inversiones y adaptar el modelo económico a las nuevas condiciones internacionales.
"Tenemos que producir más y tenemos que ajustar nuestro modelo de desarrollo económico que se formó en los últimos 40 años, porque hay otras reglas. Producir más, participar más en las nuevas sectores de la economía, como puede ser semiconductores, electrónica, computación, etc", puntualizó.
En ese sentido, señaló que el proyecto contempla fortalecer la participación del país en sectores estratégicos, como semiconductores, electrónica y computación, además de diversificar los destinos de los productos mexicanos para ampliar su presencia en otros mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos.

Ebrard atribuye a Sheinbaum avances en la relación comercial con EU

En cuanto a la relación bilateral, Ebrard atribuyó los resultados comerciales de México a las gestiones diplomáticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según explicó, ha mantenido contacto directo con funcionarios de alto nivel estadounidenses para evitar la imposición de nuevos aranceles y preservar la integración económica entre ambos países.

El titular de la SRE detalló que la mandataria recibió en dos ocasiones en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, además de sostener conversaciones con el Secretario de Comercio estadounidense y más de 22 contactos con el Presidente Trump. Recordó que, durante los primeros meses de la nueva Administración, México enfrentó la posibilidad de que se aplicara un arancel generalizado del 25 por ciento a sus exportaciones.
"Me tocó presenciar esa llamada y realmente fue algo extraordinario que la Presidenta haya convencido al presidente Trump, se los digo honestamente, de no aplicar el 25 por ciento", relató.
Asimismo, destacó que la titular del Ejecutivo ha establecido comunicación con representantes de fondos de inversión, bancos y grandes compañías, entre ellas General Motors, para fortalecer la confianza empresarial.

Además, indicó que estas gestiones han contribuido a mantener a México en una posición favorable frente a otros socios comerciales de Washington, mientras la inversión extranjera directa continúa creciendo, impulsada también por la reinversión de empresas que ya operan en territorio nacional.


México prepara nuevas inversiones ante cambios en el comercio mundial
Por otra parte, el Secretario de Economía advirtió que las decisiones de Wahington podrían transformar las reglas del comercio internacional, por lo que México busca fortalecer su competitividad, atraer capital extranjero y ampliar su participación en industrias estratégicas.
"Ya no son sólo los aranceles y las reglas de origen, sino otras disposiciones complejas. Entonces, tenemos que mantener la posición ventajosa de México que tenemos hoy en día", lanzó.
Inversiones y proyectos del Plan México

Ebrard presentó los principales avances en materia de inversión y los objetivos para fortalecer la industria nacional:
  • Más de tres mil 500 millones de dólares: monto de los proyectos de inversión que ya fueron autorizados.
  • 18 mil millones de dólares: inversiones adicionales que permanecen en cartera.
  • Más de 400 mil millones de dólares: proyectos identificados en portafolios de inversión para el sexenio.
  • Plan México: incrementar el contenido nacional de las exportaciones, desarrollar empresas mexicanas en electrónica y semiconductores, así como acelerar la innovación tecnológica.
Próximos encuentros y acuerdos comerciales

El funcionario también adelantó las actividades internacionales con las que el Gobierno busca diversificar sus mercados y fortalecer sus relaciones económicas:
  • Unión Europea (UE): avanzar en la implementación del acuerdo comercial con el bloque.
  • Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT): participar en una reunión prevista para noviembre, donde México propondrá perfeccionar las reglas de origen.
  • China: asistir a una próxima reunión internacional en la que también participarán legisladores mexicanos.
  • Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): México será sede de este encuentro en 2028.
El titular de Economía sostuvo que estas acciones permitirán ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer la presencia de México en otros mercados, aunque reconoció que todavía existen desafíos para consolidar la producción nacional.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Asesinos de surfistas extranjeros son sentenciados a 158 años de prisión

Los tres implicados fueron condenados por los hechos ocurridos en abril de 2024, en el área de Punta San José en las inmediaciones de Ensenada

Una sentencia condenatoria de 158 años y 9 meses de prisión fue establecida para Jesús Gerardo “N”, alias “El Kekas”; Irineo “N” y Ángel Jesús “N”, por su responsabilidad, en calidad de coautores, en el homicidio de dos hermanos australianos y un ciudadano estadounidense, ocurrido en abril de 2024 en el municipio de Ensenada

La Fiscalía General del Estado informó que la resolución fue dictada este 16 de octubre, durante la audiencia de individualización de sanciones, luego de que el pasado 9 de octubre se emitiera el fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; robo calificado cometido con violencia y robo de vehículo con violencia.

De acuerdo con la investigación, entre la tarde del 27 y la mañana del 28 de abril de 2024, los tres surfistas acampaban en Punta San José en Santo Tomás, cuando fueron sorprendidos por los agresores, quienes intentaron despojarlos de su vehículo y, ante la reacción de las víctimas, las privaron de la vida.

Como parte de las indagatorias, la Policía de Investigación localizó calcinado el vehículo Chevrolet Colorado, modelo 2016, en las inmediaciones de Santo Tomás. El 3 de mayo de 2024, durante un operativo de la Fiscalía en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, fueron localizados los cuerpos en un pozo de más de 15 metros de profundidad, en un rancho de Punta San José.

A cada sentenciado le impusieron 158 años y 9 meses de prisión, desglosados en 135 años por homicidio calificado, 10 años y 9 meses por robo calificado con violencia y 13 años por robo de vehículo con violencia.

Asimismo, establecieron una reparación del daño de 1 millón 628 mil 550 pesos por las tres víctimas, más 19 mil 542 pesos por gastos funerarios. Los derechos de las víctimas indirectas respecto del vehículo y los objetos robados quedaron a salvo para hacerse valer en la etapa de ejecución de la sentencia.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/asesinos-de-surfistas-extranjeros-son-sentenciados-a-158-anos-de-prision/

Trabajadores del IMSS exigen 10 por ciento de aumento y salida de líder sindical

La disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) exigió el 16 de octubre de 2026 un aumento de 10 por ciento directo al salario tabular y la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos Hernández, luego de ganar la consulta en la que los trabajadores rechazaron el incremento de 6.8 por ciento propuesto por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por la dirigencia sindical.

El grupo inconforme demandó que el aumento se aplique sin considerar prestaciones y anunció nuevas movilizaciones para conseguirlo. También pidió que se convoque a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar la destitución de Olivos Hernández y de los integrantes de su equipo.

“Estamos parados en una exigencia, el 10 por ciento al salario tabular porque las nuevas generaciones no tienen un régimen de jubilaciones y sus pensiones van a ser calculadas con el sueldo tabular”, dijo al periódico Reforma, Vinicio Martínez, representante de los jubilados y líder del grupo.

La disidencia adelantó que las protestas continuarán porque el Gobierno Federal no ha respondido al resto de su pliego petitorio, que incluye la dotación de insumos y equipo médico y la ampliación del personal en clínicas y hospitales.

“Brincamos un obstáculo que se nos impuso, pero es uno de nuestros puntos del pliego petitorio; las movilizaciones y plantones van a continuar pues no tenemos una respuesta a las peticiones. Además, necesitamos una real representación sindical”, manifestó al periódico Reforma, Zuiry Hernández, asistente médica en el Hospital General 8 “Dr. Gilberto Flores”. “Y no vamos a dejar de movilizarnos hasta que ruede la cabeza de Rafael Olivos y retomemos la organización de nuestro sindicato”, advirtió.

El 15 de octubre de 2026, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, y Olivos Hernández instalaron una mesa de trabajo para evaluar una nueva propuesta de incremento salarial. “Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, planteó Robledo Aburto.

El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que, tras los resultados de la consulta, deben reabrirse las negociaciones. “El director del IMSS tiene que buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta”, manifestó la mandataria nacional.

En paralelo, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicitó mil millones de pesos adicionales para el IMSS en 2027, destinados a mejorar las prestaciones de su personal. La solicitud se aprobó con 23 votos a favor y tres en contra en la Comisión que preside el morenista Arturo Olivares Cerda, exsecretario del SNTSS.

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé una asignación al IMSS superior a 1.8 billones de pesos, equivalente a un incremento real de 9.8 por ciento respecto a 2026. La mesa instalada entre el instituto y la dirigencia sindical evaluará la nueva propuesta salarial.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/trabajadores-del-imss-exigen-10-por-ciento-de-aumento-y-salida-de-lider-sindical/

María Elena Ríos busca que SCJN niegue amparos a Vera Carrizal

Tras el rechazo de una petición de la FGR en mayo, la saxofonista promovió otra solicitud, respaldada por el ministro presidente y Loretta Ortiz

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga cinco amparos relacionados con el proceso contra Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido que ella sufrió en 2019.

Ríos espera que la intervención del máximo tribunal permita revisar los recursos con los que los acusados buscan revertir resoluciones judiciales que les afectan.

María Elena Ríos dijo a Aristegui Noticias, que Vera Carrizal busca la absolución y expresó su esperanza de que la decisión de los ministros sea favorable a su petición.

La saxofonista explicó que la nueva solicitud se presentó después de que la Corte rechazó en mayo una petición de atracción promovida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Afortunadamente pude llevar a cabo una solicitud por cuenta propia la cual la hizo suya el Ministro Presidente (Hugo Aguilar Ortiz) y la Ministra Loretta (Ortiz Ahlf).
Además, señaló que la defensa de Vera Carrizal intentó en dos ocasiones que desecharan su solicitud, pero no lo consiguió y el asunto quedó incluido en el listado de la sesión pública ordinaria del pleno del 19 de octubre.

Los expedientes identificados en la agenda son los amparos en revisión 278/2024, 279/2024, 38/2025, 55/2025 y 80/2025, todos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito.

La Corte deberá resolver si ejerce su facultad de atracción para conocer esos recursos; si acepta, asumirá su análisis y resolución; si no, los expedientes continuarán su trámite en el tribunal de origen.

El suceso ocurrió el 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue atacada con ácido en Huajuapan de León, Oaxaca.

La saxofonista identificó a Juan Antonio Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, como la persona que presuntamente ordenó la agresión.

Vera Carrizal fue vinculado a proceso en 2020 por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa y quedó sujeto a prisión preventiva.

El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a otros dos acusados y ordenó su liberación y esta resolución provocó una nueva controversia judicial.

Luego, una jueza dejó sin efecto la absolución y ordenó que los acusados continuaran sujetos a prisión preventiva, mientras se reponía el procedimiento.

En mayo de 2026, la SCJN rechazó atraer los asuntos a petición de la FGR, aunque la mayoría de los ministros votó en contra de intervenir, aunque Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf se pronunciaron a favor de la atracción.

Tras ese rechazo, Ríos presentó una nueva solicitud, que fue respaldada por el ministro presidente y la ministra Loretta Ortiz Ahlf, mientras la defensa de Vera Carrizal intentó frenar su trámite, pero el pleno mantuvo abierta la posibilidad de estudiar si atrae los expedientes.

Finalmente, la saxofonista manifestó que, después de siete años del ataque, ha perdido la confianza en las autoridades de Oaxaca.

Cae el ‘Ingeniero’, miembro del CJNG, diseñaba y construía narcotúneles hacia EE.UU.

Luis Manuel 'N', alias 'Ingeniero', cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas'

El presunto responsable del diseño y construcción de túneles utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue capturado en Zapopan, Jalisco.

En un comunicado emitido este viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno informó del arresto de Luis Manuel ‘N’, alias ‘Ingeniero’, identificado como operador de un grupo delictivo.

Las autoridades lo señalan como responsable de la creación de los túneles transfronterizos, principalmente desde Tijuana, Baja California, indicó la nota.

El detenido, quien según medios locales es integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado en flagrancia en el municipio de Zapopan y, según fuentes de seguridad, operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González el ’03’, jefe del CJNG.

El Gabinete de Seguridad señaló que el “Ingeniero” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas y durante su captura se decomisaron armas, droga y un vehículo.

Tras el arresto, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, quien determinará su situación jurídica.

Según autoridades mexicanas, desde 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos unos 20 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde dicen que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

El ‘narcotúnel’ más grande que descubierto fue en enero del 2020 entre Tijuana (México) y San Diego (EE.UU.), contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carro, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional.

Campesinos de Ucú reactivan los bloqueos al Tren Maya de carga y denuncian engaños del gobierno

Autoridades ejidales afirman que el gobierno de Yucatán rompió su promesa de devolver tierras y compensar a familias mayas afectadas por despojos. Las obras del Tren Maya de carga se paralizaron en la parcela 21, reclamada por las y los campesinos y pretendida por empresarios señalados de apropiación ilegal de terrenos. La comunidad de Ucú mantiene su resistencia en el área pese a los intentos de desalojo de las fuerzas de seguridad estatales.

Felipe Quintal es el comisario ejidal de Ucú, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán. Y donde el Tren Maya de carga partió en dos el monte y la tranquilidad de 360 ejidatarios, quienes han denunciado abiertamente que el megaproyecto federal se cimenta sobre el despojo de tierras. “No tiene palabra. El gobierno no tiene palabra“, enfatizó Quintal, en diálogo con Jaltun.

El atropello más reciente contra las y los campesinos de la comunidad ocurrió el pasado 5 de octubre de 2026. Ese día, la policía estatal de Yucatán intentó desmontar un plantón que los ejidatarios mantenían sobre la brecha abierta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Allí, las y los convocados volvieron a señalar que el Tren Maya de carga está ideado para favorecer a empresarios.

“El gobierno trabaja en beneficio de los empresarios. No tiene interés en ayudar a su pueblo, aunque gracias a ellos los gobernantes están ahí donde están sentados. Se les olvidan sus promesas de campaña, su humildad que tienen en campaña. A mí me queda claro que no somos prioridad”, dijo Quintal, ya desde la casa ejidal, mientras el tránsito de volquetes con materiales destinados a la obra del ferrocarril interrumpen la conversación.

La frase no es un arrebato. Es la conclusión de un año de negociaciones rotas y acuerdos de palabra incumplidos.

Ejemplo de ello está en que, meses atrás, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a resolver una demanda de los ejidatarios: devolverles la parcela 21 del ejido por donde pasará el Tren Maya de carga.

Precisamente ese incumplimiento es el que reactivó la lucha por parte de los campesinos de Ucú.

La parcela 21, una historia de paraísos fiscales y fraudes

En 2008, la asamblea ejidal de Ucú otorgó 194 hectáreas de tierras de uso común a Santos Dabid Dzul Pech, un ejidatario que hasta entonces no tenía tierra.

La asignación, que es parte de otra historia de despojo que involucra a la exgobernadora Ivonne Ortega, vino con un acuerdo de palabra: si algún día Santos vendía la tierra, el dinero se repartiría entre todos los ejidatarios.

Los años transcurrieron sin mayor problema. Sin embargo, en 2016 las cosas comenzaron a enturbiarse. Ese año apareció un pagaré fechado en 2003 —cuando Santos David todavía no poseía nada— que daba la titularidad de la parcela a un empresario de nombre Roberto Elías Moisés Trujillo.

En el documento se dice que Moisés Trujillo prestó diez millones de pesos a Dzul Pech, quien dejó como garantía de pago “su parcela“, aunque para ese año —2003— Santos Dabid no tenía parcela alguna: la número 21 le fue asignada por la asamblea ejidal en 2008.

“Es una deuda imposible“, remarcó Quintal, en la charla con Jaltun. Y es que, además de las inconsistencias temporales, el pagaré no establece intereses, plazos ni forma de pago. Tampoco hay rastro de transferencia bancaria ni de entrega en efectivo.

Durante trece años nadie reclamó ese dinero. No ocurrió en 2008, cuando la asamblea le asignó la parcela a Dzul Pech. Tampoco en 2015, cuando se firmó un contrato de usufructo y, de forma irregular, se aprobó el cambio de destino del terreno, que pasó de uso común a área parcelada. La deuda permaneció congelada hasta septiembre de 2016.

Ese mes apareció en Ucú otro empresario: Arturo Millet Reyes, quien se presentó en una asamblea ejidal para ofrecer cien mil pesos por hectárea, justo en la zona donde se ubicaba la parcela de Dzul Pech.

De hecho, uno de los requisitos que estableció Millet Reyes para cumplir con el pago fue que los ejidatarios firmaran la parcela 21 a su nombre. Los ejidatarios rechazaron la oferta y el empresario nunca regresó.

Muy poco tiempo después, el 30 de septiembre de 2016, el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió el título de propiedad número 1002123 a nombre de Dzul Pech. Ya en noviembre se presentaron dos avisos preventivos de compraventa a favor de un tercero, Miguel Antonio Muñoz Zetina, ambos cancelados.

El 8 de diciembre apareció un nuevo aviso: dación en pago a favor de Roberto Elías Moisés Trujillo. La deuda de 2003 despertaba de golpe, y el empresario finalmente la había cobrado en un par de semanas.

Al día siguiente, esto es, el 9 de diciembre, se otorgó la escritura pública 635 en la Notaría 87 de Mérida y las 194 hectáreas pasaron a manos de Moisés Trujillo. El campesino no firmó: lo representó Alonso Jesús Diego Molina, un exfutbolista del América que es amigo de Arturo Millet Reyes.

Ese mismo día, Gener Ismael Pech León, entonces comisario ejidal de Ucú y hoy presidente del municipio del mismo nombre, firmó un derecho de tanto. De esa forma, quitó al ejido la prioridad de compra con el argumento de que a nadie le interesaba adquirir esa tierra.

“Todo eso tiene un proceso mínimo de un año para que se pueda volver propiedad. No puede ser que en horas se haga la propiedad. Aquí es claro que hubo corrupción por parte del excomisariado y también por parte de las autoridades agrarias“, afirmó Quintal. “Con el comisario de ese entonces, que es el presidente municipal actual de Ucú, ellos, los empresarios, tenían su relación y simularon todo esto“, añadió.

Las tierras que comprenden la parcela 21 son las mismas por donde está previsto el tendido del Tren Maya de carga.

Detrás del despojo hay una disputa entre dos empresarios. Quintal lo describió así: “Hay un problema entre Arturo Millet y Roberto Elías (Moisés Trujillo). Toda esa deuda de los diez millones de pesos es una simulación, no existió. Lo hicieron para cobrarle a Arturo Millet el dinero que él le debía a Roberto Elías“. Dzul Pech, subrayó, fue un peón.

En el plantón en el monte, una campesina entrevistada lo resumió de esta forma: “Todo está mal. Desde que la asamblea le dio las tierras al señor Santos Dabid, estuvo mal, pero si así se decidió en su momento, ni modo. Pero él nunca debió vender, y si no quiere poner la cara en el ejido, quiere decir que hasta él está coludido con los empresarios y con las personas que lo están tapando. Yo le pregunté esta semana que a quién le vendió las tierras y no me contestó. ‘Tú lo sabes’, le dijo al comisario, pero a mí no me contestó. Tiene miedo”.

Como un dato al margen –o no tanto– debe mencionarse que Roberto Elías Moisés Trujillo aparece en los Paradise Papers a través de Moises & Associates International Corporation, una sociedad con sede fiscal en las islas Caimán y de la que es director desde 1998.

En México, el empresario ha constituido al menos tres sociedades inmobiliarias, una gasera y una hotelera. Ésta última es propietaria del hotel Wakax Hacienda en Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Entre sus socios se encuentran Eduardo José Patrón Cervera, Pablo Barbachano Herrero, Chikri Abimerhi Bodib y su hermano, Carlos de Jesús Moisés Trujillo, todos relacionados a denuncias de despojo de tierras en la península de Yucatán.

Arturo Millet Reyes, por su parte, figura en un informe interno del RAN de 2024 entre los dieciocho mayores acaparadores de tierras del País: 398 parcelas, que suman 755 hectáreas.

El empresario fue detenido en noviembre de 2025 por incumplir un pago de 2,8 millones de dólares y reaprehendido en abril de 2026 a raíz de un despojo de tierras perpetrado en Hunucmá, Yucatán.

El tren que abrió la brecha

Felipe Quintal recordó con precisión el momento en que entendió que, al margen de resultar una amenaza para el territorio, el Tren Maya de carga también podía abrir una oportunidad para recuperar tierras del ejido de Ucú.

Corría 2024 y se enteró de que había una demanda heredada de sus predecesores que dormía en el tribunal agrario.

“Yo no sabía de la demanda que habían puesto mis compañeros. Y en ese tiempo también nos enteramos, por empresarios que me filtraron el trazo, de que iba a pasar el tren de carga por Ucú. Ahí es cuando les dije a mis compañeros: ‘Yo creo que es nuestra oportunidad porque no hay otra’”, comentó.

Para el presidente del comisariado ejidal la estrategia se le hizo clara: incidir en la construcción del megaproyecto, anunciado con bombos y platillos como una punta de lanza del gobierno federal en el sureste mexicano, resultaba la oportunidad para destapar la cloaca de abusos y corrupción que han afectado a Ucú por años.

En asambleas, él y el resto de los ejidatarios elaboraron un diagnóstico muy simple: para negociar tiene que haber presión.

“Nuestro mejor método de presión es hacer un plantón, detener el trabajo. Y algunos estaban de que no, de que sí. Muchos tenían miedo, pues era enfrentarse a los militares. Yo, como estudié un poco de derecho, me detenía a explicar que lo que queríamos hacer era legal, y a decirles que ni empresarios ni autoridades nos pueden reprimir por protestar“, explicó.

El plantón llegó el 28 de julio de 2026. Duró tres meses. La descripción que hace Quintal de esos meses en el monte es la de una resistencia sostenida por hilos.

“Es difícil porque te muestran o te hacen creer que no vas a llegar a nada porque las autoridades no te buscan. Estás solo en el monte y nadie viene, nadie te llama, nadie te hace saber algo. Está todo en silencio. Vivimos y pasamos nuestro día conviviendo entre compañeros, contamos nuestras historias. Pero nunca tenemos algún avance, algún informe. Nada“, expresó.

“Hubo un día en que solo llegaron quince personas. Ya la gente estaba totalmente desanimada. ¿Qué es lo que estaban esperando los del gobierno? Que se desanime el ejido. Pero yo otra vez molesto, le hablo a la gente, a esas quince personas. Que hay que hacer una reunión y aquí hay que venir todos, porque acá todos van a tener un beneficio. Les dije: ‘Sí, soy comisario, soy su representante, pero yo solo no puedo acá. Aquí necesitamos la unión de todos, el trabajo de todos, la presencia de todos’”, detalló.

Siempre según Quintal, la reunión que pidió no duró más de cinco minutos. “Los regañé, los grité, les hablé fuerte. Todos callados. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie me responde. Les dije que si les interesa su derecho, la tierra, si les interesa seguir peleando, al día siguiente les esperaba en el monte. Al día siguiente, tras el desfile del 15 y 16 de septiembre, llegaron 250 personas“, comentó.

Antes, en julio pasado, un grupo de empresarios –los mismos que le habían filtrado el trazo– contactaron a Quintal para decirle que gente de la gobernación de Yucatán quería hablar con el ejido. En esa instancia conoció a Pablo Castro Alcocer, subsecretario de gobierno, y, aparentemente encargado de apaciguar los conflictos sociales en el estado.

“Me dijo que le diéramos la oportunidad de mostrarle al ejido que el gobierno iba a cumplir, que iban a trabajar, que nos querían apoyar. Yo no le aseguré ni comprometí a nada. Le dije que iba a platicar con mis compañeros a ver qué me autorizaban ellos“, aseguró el comisario ejidal.

Después de este encuentro vino una segunda reunión y luego una tercera, todas durante el mes de julio, con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

“El gobernador me dijo que la presidenta Claudia (Sheinbaum Pardo) le había pedido que hablara personalmente conmigo. Y el gobernador dijo: ‘Sí, sí, yo me comprometo a hablar con Felipe. Es más, yo mismo lo voy a ver a su casa si es posible’. Así tal cual me dijo“, recordó.

En el encuentro, según Quintal, el mandatario fue explícito: “Felipe, por órdenes que tengo de la presidenta Claudia Sheinbaum, me pidieron hablar contigo para pedirte si pueden retirar el plantón. La presidenta quiere terminar su proyecto para diciembre. Me comprometo a apoyarte jurídicamente. Es más, aquí están ellos, lo están escuchando, está Pablo, que es el encargado de darte acompañamiento jurídico”.

Quintal creyó en las palabras del gobernador yucateco. “Yo creí que me estaba hablando con la verdad. Creí que tiene palabra. Hicimos un trato de palabra que creo que es lo más sano, lo más válido para la antigüedad. No hay nada más valioso que la palabra que un escrito. Para mí así es, pero veo que para él no lo es“, se lamentó.

El trato fue que a cada ejidatario le darían 100 mil pesos a cambio de que dejaran que el tren de carga continuara su camino por Ucú. La idea inicial era pedir 300 mil pesos, dijo Quintal, “pero en el ejido hay varios grupos que presionaron para que aceptáramos los 100 mil. Además, se comprometieron a revisar jurídicamente otros conflictos, así como la demanda por restituir las tierras de la parcela 21 para operativizar los pagos de la expropiación”.

El comisario aceptó el trato después de consultarlo con la comitiva del ejido que lo acompañó al palacio de gobierno. Al regresar a Ucú, pidió a sus compañeros retirarse del plantón. “Muchos estuvieron de acuerdo. Los que estaban a muerte conmigo me decían: ‘No, te están engañando’. Pero yo me sentí comprometido con el gobernador”, reconoció.

Sin embargo, después del acuerdo alcanzado con el gobierno pasaron tres semanas sin respuesta de las autoridades.

Gobierno incumple, la resistencia se reactiva

Luego, a finales de agosto, tuvo lugar una reunión en la consejería jurídica del estado con funcionarios federales que representaban a la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Territorial, del RAN, de la Procuraduría Agraria, de Catastro y hasta mandos militares.

“Nos dijeron que ellos no son magistrados para cambiar la información, que hay que llevar el proceso adecuado. Pero no se comprometieron a nada“, rememoró Quintal, quien de inmediato pensó que el gobierno se estaba lavando las manos.

Ante esta situación, los campesinos volvieron a instalar el plantón en las inmediaciones de la construcción del tren de carga.

“Ya aprendimos la lección. Ya aprendimos que no tienen palabra. Es difícil creer otra vez en ellos porque no nos cumplieron. Sinceramente creí en ellos, que me iban a apoyar con lo que prometieron“, dijo el comisario ejidal. “Vamos a cerrarle nuevamente porque no están respetando lo que de palabra se habló. Mis compañeros me dicen: ‘Sí, vamos esta vez, Felipe, no nos vamos a quitar hasta que nos paguen’”, agregó.

Entre algunos campesinos la demanda va más allá del dinero. A eso se refirió una campesina de Ucú también en el plantón: “Lo que nosotros queremos ahora no es dinero, sino que nos regresen nuestras tierras para repartirlas entre los campesinos que no tenemos acceso. También, al interior del ejido, queremos que se depure a todos los empresarios que están en el padrón ejidal. Mi marido es de acá, y ni un pedazo de parcela le dieron en el monte. No es justo”.

Añadió que “hay muchos que somos de acá y no nos toca nada. Yo le diría a otros campesinos que no se dejen. Aquí mi papá es ejidatario, mi abuelo es ejidatario, y en las asambleas no nos dejan hablar ni tener derechos, pero a otros empresarios de afuera les regalan las tierras, no es justo. Ya basta, hombre”.

El 5 de octubre de 2026, la policía estatal desmontó el plantón de los campesinos y dio acceso a los trabajadores del Tren Maya de carga para que continuen laborando. Un día después, los ejidatarios de Ucú se reorganizaron y volvieron a detener las obras.

“El 5 de octubre un grupo de compañeras fueron a la zona del bloqueo a las 10.30 de la noche, dijeron que los palos que bloqueaban el acceso a las obras seguían ahí. Pero cuando llegamos en la mañana del 6 los trabajadores estaban ahí, y vino la policía y los retiraron. Fuimos todos a ver cómo habían quitado el bloqueo. Los señores estaban trabaje y trabaje, aunque saben que hay un conflicto aquí en la parcela 21”, comentaron a Jaltun varios integrantes del grupo en resistencia. Agregaron que, al margen de que fuerzas de seguridad y operarios del ferrocarril despejaron el bloqueo entre la noche del 5 y la madrugada del 6, el plantón comunitario continúa en la zona.

El gobierno de Yucatán hasta ahora sigue sin reunirse con los ejidatarios.

FUENTE/MEDIO: JALTUN.
AUTOR: ALEJANDRO RUIZ.
ENLACE: https://jaltun.mx/campesinos-de-ucu-reactivan-los-bloqueos-al-tren-maya-de-carga-y-denuncian-enganos-del-gobierno/

Caso Axe Ceremonia: vinculan a responsable de Protección Civil por homicidio culposo

La familia de Berenice Giles otorgó el perdón a las personas imputadas, por lo que la causa contra la funcionaria corresponde a la muerte de Miguel Ángel Rojas

María del Pilar “N”, responsable del Programa Especial de Protección Civil (PC) del festival Axe Ceremonia 2025 fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo por la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, fallecido luego de que le cayera una de las estructuras del concierto encima. La familia de su compañera, Berenice Giles, le otorgó el perdón.

Tras una audiencia de más de 20 horas, el Juez José Luis Palacios Fernández determinó que la mujer, quien fue la única de las 11 personas físicas y morales imputadas que solicitó resolver su situación jurídica de inmediato, enfrentará el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.

María del Pilar “N” es la persona registrada ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CdMx) como responsable de elaborar y vigilar el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil autorizado para el festival, realizado el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. La familia de Berenice Giles, también fallecida en el evento, le otorgó el perdón.


Ese día, alrededor de las 18:00 horas, una estructura metálica decorativa sostenida por una grúa tipo tijera cayó sobre los fotoperiodistas, quienes cubrían el festival para el medio especializado Mr. Indie. Ambos sufrieron traumatismos craneoencefálicos y fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero, a donde llegaron sin signos vitales.

Diez imputados esperan resolución

Además de María del Pilar “N”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) imputó por homicidio culposo a otras siete personas físicas y a tres empresas presuntamente relacionadas con la organización y operación del festival.

Las personas morales señaladas son Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas. La situación jurídica de estas compañías y de las otras personas físicas será definida cuando se reanude la audiencia el próximo domingo, dado que solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su defensa.

Cabe destacar que la audiencia inicial se celebró después de varios aplazamientos y dificultades. Incluso, el pasado 2 de septiembre, una audiencia fue diferida debido a que uno de los imputados argumentó tener nacionalidad francesa, por lo que solicitó asistencia consular.

En aquella ocasión, la representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas consideró que la petición era una estrategia para retrasar la formulación de cargos.

El "Trébol", buscado por la DEA por traficar drogas a EU, es detenido en Querétaro

Erick "N" es acusado por autoridades estadounidenses por presuntamente traficar drogas a través de la frontera con México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal dio a conocer este viernes que fue detenido en Querétaro un sujeto identificado como Erick "N", alias "Trébol", quien es buscado por las autoridades de Estados Unidos (EU) debido a su presunta responsabilidad en delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, el grupo interinstitucional detalló que el detenido es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, y fue identificado como presunto integrante de una célula criminal dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México a territorio estadounidense.

La detención del "Trébol" fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Interpol, en colaboración con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Luego de su arresto, Erick "N", quien era buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) será extraditado a los Estados Unidos para que enfrente a la justicia estadounidense por los cargos que se le imputan.
"Esta detención debilita la estructura operativa de una organización criminal transnacional y fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado", destacó el Gabinete de Seguridad.
Detención del "Trébol" se dio gracias a cooperación México-EU

La detención de Erick "N", alias "Trébol" fue posible gracias al intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos, lo cual permitió determinar la ubicación del presunto criminal.

Gracias a la colaboración entre instituciones de ambos países, agentes mexicanos lograron identificar que el presunto criminal se ubicaba en la capital del estado de Querétaro, por lo que implementaron tareas de vigilancia y lograron ubicar los vehículos que utilizaba para desplazarse.


Con la información obtenida, autoridades implementaron un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, el cual dio como resultado el arresto del "Trébol".

Luego de ser arrestado, Erick "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica, y posteriormente será extraditado a los Estados Unidos.

El padre de Dafne Zapata es condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual agravado

El abogado Víctor Paz aseguró que recurrirá a un amparo si la apelación no prospera, al insistir en que no hay elementos suficientes para la condena

Gabriel "N" fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra su hija, Dafne Zapata Quintos, quien murió el 16 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La sentencia fue dictada este viernes por el Juez Eliseo Sánchez Wong, durante una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, donde determinó la culpabilidad del acusado.

Víctor Paz, abogado defensor, reveló que el juzgador impuso la pena mínima y adelantó que apelará la sentencia. Mientras se resuelven los recursos legales correspondientes, Gabriel "N" continuará en libertad.


La defensa del imputado también contempla acudir al amparo si la apelación no prospera, puesto que, sostiene, no existen elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de su cliente en el delito por el que fue sentenciado.

El proceso penal comenzó en 2019

La denuncia contra Gabriel "N" fue presentada en 2019 por Alejandra Quintos, madre de Dafne, por los hechos ocurridos cuando la menor tenía alrededor de seis años. La acusación se formuló inicialmente por violación equiparada, pero posteriormente el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

El juicio oral se prolongó durante aproximadamente dos meses, en los que se desahogaron pruebas y testimonios. La audiencia para dar a conocer el fallo estaba prevista inicialmente para el viernes 9 de octubre; sin embargo, el juez solicitó 24 horas adicionales para analizar los elementos presentados durante el proceso.

Cabe destacar que la resolución corresponde a un procedimiento judicial independiente de la investigación por la muerte de la menor, ocurrida el 16 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Dafne se preparaba para testificar contra su padre

Alejandra Quintos había revelado que su hija estaba lista para rendir testimonio en el juicio contra su padre por el abuso sexual. De acuerdo con la mujer, la adolescente recibía acompañamiento de una psicóloga y una tanatóloga para prepararse para declarar ante el juzgador.

La comparecencia de Dafne era uno de los pasos pendientes del proceso, desafortunadamente, su muerte impidió que pudiera presentar su testimonio. Pese a ello, su madre explicó que da seguimiento al caso y lamentó que los detalles de la denuncia se hicieran públicos, debido a la delicadeza del asunto.

Tras rechazo sindical, IMSS evalúa un aumento salarial mayor y regularización de plazas

El director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evalúa un programa integral para el personal de salud pública de la institución que contempla incrementos salariales y la regularización de plazas, luego de que la base sindical rechazara la oferta inicial de aumento del 6.8 % para el periodo 2026-2027.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director (del IMSS) Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La instrucción del Ejecutivo responde al rechazo mayoritario manifestado por el personal de salud pública del organismo en una consulta celebrada esta semana, en la cual se votó en contra del incremento ofertado previamente por el IMSS de un 2.9 % directo al salario y un 3.9 % en prestaciones laborales.

En respuesta al resultado de las urnas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo en un video difundido en redes sociales.


La reapertura del diálogo ocurre en un clima de tensión laboral marcado por una ola de movilizaciones iniciada en días pasados por personal de salud pública activo y jubilado en la Ciudad de México y diversos estados, en los que denuncian bajos salarios, desabastecimiento de medicamentos y falta de cobertura de vacantes.

Por su parte, la disidencia sindical instó en un mensaje a través de redes sociales “reiniciar la renegociación del convenio salarial con un incremento digno no menor al 10 % y acorde a las necesidades reales de los trabajadores”.

Trump prohíbe drones en la frontera con México

El gobierno de Trump prohíbe al vuelo de drones hasta los 121 metros de altura del suelo y 1.8 kilómetros hacia el norte de la frontera con México

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió los drones en la frontera con México como parte de sus medidas para reforzar la seguridad del espacio aéreo y limitar las actividades ilícitas en la zona.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), junto con el Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de Guerra (DOW), informaron que esta restricción —que entra en vigor este viernes 16 de octubre— prohibirá cualquier actividad no autorizada de drones una altura de 121 metros sobre el nivel del suelo y contempla una extensión de 1.8 metros al norte de la frontera entre ambos países.

“El DHS continuará avanzando en el progreso histórico logrado para asegurar la frontera sur”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Añadió: “Esta acción ayudará a contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles, protegerá a nuestro personal y reforzará la seguridad en el espacio aéreo sobre la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y estamos cumpliendo esa promesa mediante acciones continuas y una sólida colaboración con el Departamento de Transporte y el Departamento de Guerra”.

Por su parte, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, señaló que “el presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo hizo. Ahora estamos redoblando esa promesa al proteger nuestros cielos de las amenazas de los drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, dijo .

“Agradezco la estrecha colaboración con nuestros socios del DHS y el DOW mientras trabajamos juntos para defender nuestro espacio aéreo y mantener a salvo al pueblo estadounidense”.

“El gobierno de Estados Unidos mantendrá el control operativo al 100% de nuestra frontera: terrestre, aérea y marítima”, aseguró el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles se han aprovechado de las brechas a lo largo de nuestra frontera sur. Gracias al presidente Donald J. Trump, esos días han terminado. Al restringir la actividad no autorizada de drones, estamos brindando a los comandantes mayor información, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria.

“Equipados con tecnología de vanguardia —incluidas las armas de energía dirigida—, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de los cárteles que amenace la soberanía de Estados Unidos”, indicó Hegseth.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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