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Cuando una caricatura termina ante los tribunales

El caso del caricaturista Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

En estos tiempos, algunas decisiones judiciales, más allá de las personas involucradas, nos obligan a reflexionar sobre los límites del poder y la fortaleza de nuestros derechos. La sanción impuesta al caricaturista Paco Navarrete, a quien se ordenó ofrecer disculpas públicas durante 15 días a la diputada local de Morena en Jalisco, Itzul Barrera, es uno de esos casos.

No es el primero que genera este debate. En 2025, Karla María Estrella Murrieta, ciudadana de Hermosillo, Sonora, también fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ofrecer disculpas públicas durante 30 días a la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, en un caso que se hizo conocido en redes sociales como “Dato Protegido”.

Ahora, el caso de Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el caricaturista publicó un cartón relacionado con una declaración de la legisladora sobre los aranceles al aguacate. Las autoridades electorales determinaron que la publicación constituía violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la resolución y, en octubre de 2026, la Sala Superior desechó la impugnación posterior, con lo que la sanción quedó firme.

La diputada consideró que el uso de su fotografía y el tratamiento gráfico de la publicación sexualizaban su imagen y la desacreditaban. Reconozco que la violencia contra las mujeres en la política existe y no debe minimizarse. Ninguna persona debería ser objeto de ataques por razón de su sexo ni enfrentar expresiones destinadas a obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos.

Sin embargo, reconocer este problema no significa que toda expresión ofensiva deba convertirse automáticamente en un asunto sancionador. La libertad de expresión también protege el humor, la ironía, la caricatura y la crítica, incluso cuando resultan incómodos o molestan a quienes ejercen el poder. El desafío consiste en determinar, a partir del contexto y de los elementos de cada caso, cuándo una expresión cruza los límites establecidos por la ley.


Uno de los elementos de esta controversia es que la fotografía utilizada por Paco Navarrete había sido publicada por la propia legisladora en sus redes sociales. Esto no significa que una imagen compartida públicamente pueda utilizarse de cualquier manera ni que desaparezcan los derechos de quien aparece en ella. Sin embargo, sí nos recuerda que las redes sociales forman parte de un espacio de conversación pública en el que las imágenes y las declaraciones pueden adquirir nuevos contextos y provocar reacciones que no siempre podemos controlar. De ahí la importancia de actuar con responsabilidad tanto al publicar contenidos como al utilizarlos para hacer una crítica.

Quienes ocupan cargos públicos deben tener presente que sus declaraciones y actuaciones estarán sujetas al escrutinio ciudadano. La vida pública implica exposición, crítica y memoria. Por supuesto, esto no elimina el derecho a la dignidad, a la privacidad ni a una vida libre de violencia; exige, más bien, que esos derechos se ponderen cuidadosamente frente a la libertad de expresión.

Lo que me preocupa de este caso es el alcance de la respuesta institucional: una amonestación pública, la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la obligación de ofrecer disculpas públicas durante 15 días. ¿Era indispensable una medida de esta naturaleza? ¿Se ponderaron suficientemente la libertad de expresión y el ejercicio periodístico? ¿La sanción guarda proporción con la conducta y con el daño que las autoridades consideraron acreditado?

Estas preguntas adquieren mayor relevancia en un contexto en el que el Poder Judicial y sus decisiones están bajo un intenso escrutinio público, particularmente después de la elección judicial de 2025. Las resoluciones que involucran derechos fundamentales deben estar debidamente fundamentadas y explicar con claridad por qué una conducta merece determinada consecuencia. La legitimidad de la justicia no depende únicamente de quiénes imparten las sentencias, sino también de la solidez de sus argumentos, su imparcialidad y la confianza que generan.

Cuestionar una resolución no equivale a desconocer la violencia política de género. Es ejercer el derecho a examinar las decisiones de las autoridades y discutir sus consecuencias para la vida democrática.

La caricatura política cumple una función democrática precisamente porque incomoda. Su lenguaje se basa en la exageración, la ironía y la crítica. Si quienes dibujan, escriben o investigan comienzan a autocensurarse por temor a que una expresión incómoda termine en un procedimiento sancionador, el daño puede ir más allá de una persona: puede empobrecer el debate público y reducir los espacios para cuestionar a quienes gobiernan.

Por eso, las autoridades deben aplicar criterios claros, analizar cada caso en su contexto y justificar por qué una restricción resulta necesaria y proporcional. La protección de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión no son objetivos incompatibles. Ambos son indispensables para una democracia y corresponde a las instituciones encontrar el equilibrio que exige la Constitución.

No se trata de afirmar que un periodista tiene derecho a publicar cualquier cosa sin consecuencias, ni de sostener que una figura pública debe tolerar cualquier agresión. Se trata de impedir que herramientas jurídicas creadas para proteger derechos terminen aplicándose de manera que desalienten la crítica legítima. También es necesario que las autoridades actúen con criterios consistentes, sin distinciones arbitrarias por la identidad, la posición política o la influencia de las personas involucradas.

En México desaparecieron instituciones autónomas, entre ellas el INAI, responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el ámbito federal. Pero la desaparición de un organismo no extingue los derechos que protegía. La ciudadanía conserva su derecho a preguntar, investigar, cuestionar y debatir, así como a exigir que se respete su vida privada. Son derechos que deben seguir garantizándose. En un país que enfrenta problemas de impunidad, corrupción y arbitrariedad, también es necesario vigilar que los mecanismos sancionadores no se conviertan en instrumentos que inhiban la crítica.

Estoy a favor de proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia, pero también de defender la libertad de expresión. Me preocupa que la aplicación de las normas contra la violencia política de género pueda generar un efecto inhibidor cuando no se distinguen con suficiente claridad las agresiones de la crítica política, la sátira y el ejercicio periodístico. Por eso, debemos cuidar que la protección de un derecho no se traduzca en una restricción injustificada de otro.

Al final, la discusión no termina con una sentencia. También importa el mensaje que reciben periodistas, caricaturistas y ciudadanos que participan en la conversación pública: ¿pueden cuestionar a quienes ejercen el poder sin temor a que una crítica termine en un expediente sancionador?

Quienes deciden participar en la vida pública deben asumir que sus actuaciones serán cuestionadas. Ojalá la justicia se aplicara con la misma eficacia en tantos casos de impunidad que aquejan al país. Hay asuntos de mayor trascendencia para la ciudadanía que merecen la atención de los magistrados. La justicia debe ser pareja, no selectiva.

La democracia necesita proteger a las mujeres de la violencia y garantizar que el poder pueda ser cuestionado. Pero también proteger la libertad de expresión y contar con equilibrios. El verdadero desafío es lograr ambas cosas sin arbitrariedad, sin privilegios y sin convertir la justicia en una advertencia para quienes se atreven a criticar.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: JULIETA DEL RÍO.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/cuando-una-caricatura-termina-ante-los-tribunales/

La rebelión de las batas blancas

Desde un sillón de una colonia del sur de la Ciudad de México, un médico ve las noticias.

Toma su café de la mañana. Se toca instintivamente el brazo izquierdo donde tiene una cicatriz producto de un culatazo de un granadero en diciembre del 1964. Él era un joven médico residente del Hospital 20 de noviembre, que se rebeló junto con sus compañeros médicos por las precarias condiciones laborales. Pero el impulso final para protestar fue que les avisaron mediante un oficio que no recibirían aguinaldos. La respuesta de las autoridades fue brutal al despedir a más de 200 doctores de plaza e internos. Él fue uno de ellos. Era el inicio del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La represión a los médicos fue el inicio de lo que vendría después…

Verónica Hernández es enfermera de una pequeña clínica del IMSS (Unidad Médica Familiar) del Centro Histórico. Ella no se explica por qué no hay casi nada. Los médicos expiden las recetas y piden a los pacientes que vayan a comprarlas. Ella misma ha tenido que ir a comprar jeringas y gasas de su propio bolso para poder aplicar las inyecciones. Su compañero de mantenimiento y aseo se queja de que no hay jabón, cloro, papel higiénico.

Ella no cree en el desabasto, sabe de otros lugares en los que, si bien no lo tienen todo, no le sufren. Ella piensa que hay un boicot dentro de la institución, porque descubrieron hace poco miles de cajas de medicinas caducadas que no se distribuyeron. Pero mientras, le da mucho coraje tener que gastar de su raquítico sueldo para insumos de la clínica. Por eso y muchas cosas más, Verónica y dos de sus compañeras, al terminar su turno, se fueron a plantar frente a las oficinas centrales del IMSS en Reforma. Hacía días que las protestas brotaron por todo el país como hongos y éstas tuvieron como resultado una mesa de negociación en Gobernación.

EL 8 de octubre todo empezó mal. Como era previsible las comisiones que entraron al diálogo en la Secretaría de Gobernación llegaban con posturas divididas. Por un lado, los dirigentes del sindicato acordaron un miserable aumento del 2.9 por ciento con las autoridades sin consultar a las bases de médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y administrativos.

El desenlace estaba previsto desde que en la mesa de negociaciones los inconformes se sentaron en bloque tomando distancia de sus líderes sindicales. Ahí los trabajadores de la salud y jubilados exigieron como mínimo un aumento del 10 por ciento, contratación de más personal y el inmediato abasto de medicamento, insumos suficientes y, para rematar, la destitución del repudiado líder gremial Rafael Olivos Hernández.

Después de siete horas, la ruptura fue total al ver la cerrazón del sindicato y la nula respuesta de las autoridades. Los trabajadores disidentes se levantaron de la mesa y anunciaron que seguirían la protestas y bloqueos en avenidas y frente a las oficinas centrales del IMSS. Para el 9 de octubre en las horas de la mañana, se anunciaban acciones en protestas en por lo menos 16 estados de la República. Por la tarde, la Sección 9 de la CNTE anuncia su apoyo a los trabajadores del IMSS y se hacen presentes en su campamento. Tras de ellos, otros sindicatos ofrecen su apoyo y se anuncia una megamarcha para el 13 de octubre.

Profesional en mentir, la presidenta niega una crisis en el sector salud, se enfada cuando en la mañanera le hacen el menor cuestionamiento. Mientras afuera, en los estados, la inconformidad crece. Hace rato que en las mañaneras Claudia se ve enfadada, sus ojos miran un horizonte inexistente, miran como a la nada para no enfrentar a la reportera que la cuestiona. Desde hace dos años su cara se ha endurecido tanto que ni el maquillaje la logra suavizar.

La doctora Cristina vive en Azcapotzalco, atiende pacientes en el Hospital de La Raza. Hace días le hablé para pedirle consejos por una niña recién nacida y retenida en el Hospital Pediátrico de Peralvillo. La doctora indignada hizo llamadas, hizo lo que pudo sin lograr ayudar a la angustiada madre, pero se puso contenta cuando las autoridades se vieron obligadas a entregar a la bebé por la presión mediática.

La llamo para saludarla y de paso le pregunto qué está pasando con las protestas y me dice entusiasmada: “La base estaba como dormida y ya despertó. Lo que parece que está tronando en realidad ya estaba, sólo que la gente ya se hartó de la corrupción del sindicato y del desabasto en las clínicas y hospitales. ¡Yo misma estoy alistándome para salir a la marcha saliendo del hospital!”. Y me grita antes de colgar: “¡allá nos vemos!”.

“¿Cuántos vienen en la marcha, güey?”, le dice una enfermera que se encuentra en el plantón de las oficinas centrales del IMSS a su vecina de turno en el Hospital General. “No sé, güey, yo sólo veo un chingo de gente, pero somos miles y allá vamos”.

Y eran miles. Miles de doctores, enfermeras, administrativos y jubilados del IMSS que estaban hartos y cansados de maltratos del sindicato y gobierno. Eran miles los que salieron justo a las cuatro de la tarde. Miles que llegaron de a poquito en poquito de Guadalajara, Puebla, Morelos, Guerrero, Toluca, Querétaro. Miles los que gritaron consignas que suponemos le taladraron los oídos al tan cuestionado dirigente “Olivos”. Y miles de gargantas gritando: “Fuera Olivos” y “Si Olivos pudiera, a su madre la vendiera”. La conciencia de la organización hecha consigna: “Secciones unidas jamás serán vencidas” y “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.

Eran las 18:20 cuando el contingente entró al Paseo de la Reforma. Habían marchado aproximadamente siete kilómetros sin detenerse. Una ligera lluvia y un montón de aplausos los recibieron a dos cuadras del plantón. El grito unánime “Fuera Olivos” arreció.

La camioneta del sonido se detuvo frente a las oficinas del IMSS que tiene días cerrado por un campamento muy compacto frente a sus puertas. El momento es anticlimático: las nuevas figuras visibles en realidad son bases que se han distinguido por un reciente impacto en sus secciones y han aguantado presiones y amenazas del sindicato. No hay poses del clásico “líder” que agita y quiere encender a las masas, no hay promesas de nada, salvo la insistente invitación a estar organizadas y organizados. Los unen las impostergables y urgentes demandas y la conclusión unitaria de destituir a su dirigencia, que los ha traicionado.

Por ahí de las 19:15 se acaba el mitin con tres tareas que todas y todos aprueban levantando la mano: apoyar y fortalecer los campamentos, movilizarse cada quince días hasta que caiga el tal “Olivos” y, dado que es imposible cancelar la consulta sobre aceptar o rechazar el aumento salarial de 2.9 por ciento, todos acordaron votar NO.

La concentración se dispersa. Unos acordaron estar un rato en el campamento central, otros optaron por retirarse por las distancias, sobre todo los contingentes que llegaron de otros estados.

Un doctor llamado Juan Manuel, al menos eso dice su bata, como de unos 50 años, trae en una silla de ruedas a su madre y van platicando casi a gritos: “¿Cómo viste la marcha, mamá?”, le dice el médico acercándosele a la oreja. “Bien, bien, pero se tardaron. Hasta que despertaron de un largo letargo. Los médicos no habían protestado desde 1964-65. Ahí estuvimos tu padre y yo bien plantados a pesar de la represión. A ver de esto que resulta”.

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ALFREDO LÓPEZ CASANOVA.
ENLACE: https://desinformemonos.org/la-rebelion-de-las-batas-blancas/

Santa Martha, otro nivel del modelo penitenciario

"Dignificar la estancia carcelaria implica dotar a las personas de habilidades reales indispensables para su retorno armónico a la comunidad"

El desafío de la seguridad ciudadana no termina con las detenciones o la baja en la incidencia delictiva, está también en el interior de los centros de reclusión.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asume el reto mediante el trazado del segundo piso penitenciario, un proyecto con una inversión inicial de 200 millones de pesos destinada a mejorar las condiciones estructurales, situando el inicio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Un modelo penitenciario entendido como la intervención 1) para evitar que las personas —particularmente las y los jóvenes— encuentren en la delincuencia una forma equivocada de salir adelante; 2) modernizar la infraestructura física de las cárceles, y 3) fortalecer el esquema de reinserción social.

El epicentro de esa renovación estará en el histórico complejo de Santa Martha Acatitla inaugurado en octubre de 1957 y operativo desde 1958. Ahí, desde el 2004 está el Centro Femenil de Reinserción Social que entonces sustituyó a lo que fue el Centro Femenil de Xochimilco.

Hacia el interior de este proceso, las evaluaciones externas sirven como catalizadores del cambio. El reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abre ventanas de oportunidad a partir de una apertura absoluta para la revisión de los criterios métricos.

La confrontación de datos permite homogeneizar los indicadores de gobernabilidad, robustecer la transparencia y afinar mecanismos de control interno en beneficio directo de la población privada de la libertad.

Dignificar la estancia carcelaria implica dotar a las personas de habilidades reales indispensables para su retorno armónico a la comunidad, neutralizando los factores de reincidencia. La seguridad fracasa si la reclusión perpetua el ciclo delictivo; por el contrario, se consolida cuando el periodo de internamiento ofrece herramientas de capacitación laboral especializada, educación formal y salud mental.

Una política que dialoga directamente con los indicadores de seguridad presentados ayer en el informe mensual: reducción histórica de los homicidios dolosos por cuarta ocasión consecutiva, acompañada por una disminución del 19 por ciento en los delitos de alto impacto en los dos primeros años de Gobierno de Brugada.

La transformación iniciada en la capital nacional proyecta a Santa Martha como otro nivel del modelo penitenciario.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

"El Cromo", uno de los líderes de una célula ligada al CJNG, es detenido en Jalisco

El presunto líder criminal tiene dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y una tercera por el mismo delito, en 2020

Iván "N", alias “El Cromo”, identificado por autoridades federales como uno de los líderes de la organización criminal "Los Cromos", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grupo es señalado por su presunta participación en homicidios, extorsiones, cobro de piso, secuestros y tráfico de drogas y armas, principalmente en Oaxaca.
"El detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia", detalló el funcionario federal a través de un comunicado en sus redes sociales.
Las investigaciones también relacionan a "Los Cromos" con "el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán [de Zaragoza, Oaxaca]", por lo que García Harfuch señaló que la organización está bajo investigación por su presunta participación en el crimen.

Antes de su captura, las autoridades habían ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos (mdp) por información que permitiera localizar y capturar a “El Cromo”.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).


Operativo continúa investigaciones en Juchitán

La aprehensión de Iván "N" formaría parte de las acciones federales contra las células criminales que generan violencia en Juchitán y la región del Istmo de Tehuantepec.

La indagatoria también se conecta con la detención del entonces Presidente Municipal de Juchitán, Miguel "N", el pasado 23 de septiembre, así como de otro presunto integrante de la estructura criminal.

Ambos cayeron por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de ser investigados por brindar protección al crimen organizado.


El operativo para detener a Iván N fue encabezado por la Semar, en coordinación con la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), el CNI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), entre otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Las plataformas deberán retirar contenido que dañe a menores. Es Decreto Presidencial

Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en una reunión con el Gobierno federal para revisar las medidas de protección para menores de edad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto que obliga a las plataformas digitales a identificar y retirar de inmediato de redes sociales cuentas o contenidos que promuevan o inciten a la violencia, discursos de odio, extremismo violento o suicidio. También se deberán clasificar los contenidos por edad y verificar cuántos años tienen sus usuarios en un plazo de un mes.

La mandataria federal adelantó que, una vez vencido ese plazo, si las plataformas no cumplen con lo establecido en el decreto, el Gobierno federal aplicará las disposiciones legales correspondientes, que implicarían sanciones para las empresas.

Durante su conferencia de prensa matutina, Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica de la Presidencia, explicó que el decreto tiene como fundamento legal el artículo 101 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de Internet, así como promover políticas de prevención, atención y sanción del ciberacoso.

El decreto establece que las plataformas digitales deberán contar con herramientas para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, conductas ilícitas y ciberbullying, entre otros.

Además de identificar y retirar de inmediato los contenidos señalados, las plataformas estarán obligadas a clasificarlos por edad y verificar cuántos años tienen sus usuarios.

El acuerdo también contempla herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras; mecanismos para reportar usuarios o contenidos violentos; así como configuraciones de privacidad y seguridad activadas de manera predeterminada, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con las opciones de protección más estrictas.

Las obligaciones también incluyen bloquear algoritmos de recomendación que expongan a menores a ese tipo de materiales y publicar sus criterios de moderación para transparentar la aplicación de estas medidas.

Otro apartado establece que las plataformas deberán habilitar un enlace directo con las autoridades de seguridad e investigación, resguardar pruebas y alertar cuando se detecten situaciones de riesgo o amenazas a la vida de los usuarios.

Plataformas deberán colaborar con autoridades
El decreto también prevé acciones coordinadas entre instituciones públicas para reforzar la protección de menores en Internet y obliga a las plataformas a documentar e informar sobre sus avances dentro de un plazo de 30 días naturales.

Las empresas deberán documentar e informar las reglas que implementen para cumplir con las disposiciones dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que el periodo responde a una petición de las plataformas para adaptar sus sistemas, e informó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dará seguimiento a la medida.

“Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, señaló.


La mandataria advirtió que, si las empresas no cumplen con las disposiciones, su administración recurrirá a otros instrumentos legales que contemplen sanciones: "Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una Ley que también implicaría sanciones a las plataformas".

A la par de las reglas a empresas, el Gobierno federal alista medidas preventivas junto con la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSa), entre ellas está la Línea de la Vida, que ofrece orientación y apoyo psicológico a niñas, niños y adolescentes, así como a sus madres, padres y personas tutoras. También está la estrategia ABC de las emociones, para abordar la salud mental y fomentar el uso consciente de las redes sociales.

Finalmente, contempla que la Consejería Jurídica de la Presidencia habilite un espacio para discutir posibles propuestas regulatorias que fortalezcan la protección de menores en los entornos digitales.

Claudia Sheinbaum minimiza la marcha del IMSS y tilda de “oportunista” la presencia de líderes del PT

Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno Federal atenderá de manera prioritaria cada una de las exigencias formuladas por el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No obstante, la mandataria invitó a la ciudadanía a observar con detenimiento las imágenes aéreas captadas durante la reciente movilización sobre Paseo de la Reforma, sugiriendo de forma implícita que la afluencia de manifestantes no correspondió a las dimensiones difundidas por diversos sectores.

Al exhibir fotografías tomadas por drones que circulaban en plataformas digitales, la titular del Ejecutivo evitó dar una cifra oficial sobre la asistencia y prefirió dejar la interpretación a criterio de la opinión pública.

“Para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron, eso es lo primero”, puntualizó Sheinbaum Pardo, al tiempo que enfatizó la necesidad de mantener el análisis de los hechos dentro de su justa proporción frente a la cobertura realizada por medios y redes sociales.

PLAN INMEDIATO DE ABASTO, BECAS Y CERTEZA LABORAL PARA EL PERSONAL DE SALUD

En el plano operativo, la presidenta confirmó que se han girado instrucciones precisas al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para estructurar una estrategia integral que resuelva los rezagos pendientes. “Zoé tiene la instrucción de a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores”, aseveró.

Entre los compromisos asumidos por la administración destacan el monitoreo directo en ventanillas para erradicar fallas en el suministro de medicamentos y la regularización del personal contratado durante la contingencia sanitaria.

Asimismo, Sheinbaum hizo hincapié en la situación de los médicos en formación: “necesitamos aumentar la beca de los residentes, porque una beca es muy baja y muchas veces hace que reciban los residentes la atención en los hospitales. Estamos haciendo cuánto significaría y hasta cuánto podemos aumentar”.

CRÍTICAS A LA PRESENCIA DE GRUPOS DISIDENTES Y OPORTUNISMO EN EL SECTOR POLÍTICO

Al abordar los liderazgos que arroparon la protesta, la mandataria señaló la convergencia de bloques opositores, cuentas digitales con fines de amplificación y agrupaciones sindicales minoritarias, entre las que citó a fracciones disidentes del Metro y a la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital. Sobre estas últimas, recordó que carecen de la representación oficial tras los recientes procesos de elección interna.

Cuestionada sobre la participación activa de figuras políticas pertenecientes al Partido del Trabajo (PT) —fuerza aliada en la coalición de gobierno—, la titular del Ejecutivo calificó su reaparición en este escenario como una maniobra desprovista de acompañamiento genuino en las causas laborales.

“Ayer estaban ahí algunos partidos políticos que la verdad, o no sabemos si impulsaron, o de manera muy oportunista, ni se paran por ahí”, recriminó Sheinbaum Pardo, añadiendo con severidad ante la insistencia sobre el rol de dichos actores: “Yo lo veo, la verdad, por decirlo, muy oportunista”.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/claudia-sheinbaum-minimiza-la-marcha-del-imss-y-tilda-de-oportunista-la-presencia-de-lideres-del-pt/

El Flaco, liga de empresarios y morenistas con el CDS

La captura de José Ángel Rivera Zazueta, alias el Flaco, alto perfil de extradición para el Gobierno de los Estados Unidos, ocurrida el pasado 22 de septiembre, fue la última pieza que necesitó el vecino país del Norte para relacionar y emitir las sanciones del Departamento del Tesoro contra empresarios fachada y políticos morenistas con el Cártel de Sinaloa.

Capturado en un operativo especial de fuerzas federales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, se conocía de su alto nivel como criminal vinculado a la Mayiza y, en específico, al tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, pero no se le reconocía como un perfil peligroso, sino que se disfrazaba de empresario. Pasaba inadvertido, presumía lujos con su esposa Miriam Anahid Ramos Santana (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el art. 13 del CNPP), y sus hijas en redes sociales.

Fotos en París, Francia; en las Vegas y Disneyland, son parte de las postales que presumen al igual que playas y zonas exclusivas de México y el mundo. Con ver el perfil delgado, con entradas pronunciadas, de barba poblada, pasaría inadvertido en cualquier escenario, pero según el Gobierno de los Estados Unidos, Rivera Zazueta representaba un líder del Cártel de Sinaloa a la altura de Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, en Mexicali; o de los hermanos René y Alfonso Arzate, alias la Rana y el Aquiles, respectivamente, todos ligados a la Mayiza, dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco.

“Muchas felicidades al niño grande chikitin!!! Que Dios los siga bendiciendo van muchos años mas” [sic] seguido de algunos emoticones, es parte del mensaje replicado en 2018 por José Ángel Rivera Zazueta en sus redes sociales, cuyo remitente es nada menos que Rafael Buenrostro Martín, operador morenista sancionado por el Departamento del Tesoro por, presuntamente, apoyar mediante favores y sobornos mediante su influencia política al Flaco Rivera Zazueta, quien, además, es hermano del exdirector de Cecyte, Luis Miguel Buenrostro Martín, el cual dejó el cargo apenas anunciadas las sanciones.

Esta conexión brindó mucha información de los nexos políticos entre los políticos y empresarios que ya estaban bajo sospecha, entre ellos los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres.

El Flaco, a través de su esposa, Miriam Anahid Ramos Santana, cuenta con dos empresas llamadas Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., y Rivos Servicios, S.A. de C.V. (Rivos), señaladas como “lavanderías” de la Mayiza; una se ubica en Mexicali y otra en Culiacán, Sinaloa.

La pareja tiene propiedades en dos residenciales exclusivos, de los cuales el primero se ubica en la calle Takalic, número 699, de Residencial Mayakán; mientras que la otra se ubica en Residencial Montecarlo, misma que fue adquirida en el año 2016 nada menos que tras un acuerdo millonario con el exdiputado del PRI y de Movimiento Ciudadano, además del exfuncionario de Tijuana, Elí Topete Robles.

Aunque la empresa que fue señalada por Rafael Buenrostro fue Publicidad e Imagen Integral Enla-C, el ex funcionario aduanero de Chihuahua cuenta con inversión en otras empresas como Distribuidora de Amoniaco de Baja California, fundada en 2014, donde está asociado con Homero Alejandro Martínez García, Gabriel Arturo Burunat García, Lorenzo Cárdenas Zertuche, Juan Antonio Sánchez Zertuche y Tomás Flores Moreno.

Y en 2025 y 2026 constituyó otras dos empresas, de nombre Silica, de Baja California, especializada en materiales pétreos, con la que se vinculó con Alejandro Márquez Cisneros, Arantza Román Castro, Daniela Edith Fabela López, Diego René Rivera Montoya, Javier y Juan Esquivias Ortega; y Agrovalle Buenrostro, donde se asoció con Myldret Larithza Navarro Torres (docente de preescolar), José Edgardo Buenrostro Martín; Raquel Martín Curiel y David Rivera Esparza.

Otro de los perfiles de relevancia mencionados es el de Alejandro Martín Colmenares, quien es representante legal de prácticamente todas las empresas de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señaladas por el Departamento del Tesoro.

Todas sus empresas están dirigidas por Martín Colmeneras, quien a su vez cuenta con varias compañías, entre ellas Prestadora de Servicios BMC, donde tenía como uno de sus representantes legales a Arón Ureña Zaragoza, quien se incluyó en sus funciones en julio de 2024.

Este médico especialista dejó el cargo apenas en 2026 para unirse a la Secretaría de Turismo, dirigida por Miguel Ángel Badiola, otro de los más allegados a la familia Hank Rhon, y además hilo conductor con los hermanos Jerónimo y Jorge Mario Vera, ambos socios y perfiles cercanos al gángster casinero Jorge Hank Rhon, y que también fueron vinculados a la red de lavado de dinero de la Mayiza.

AGATÓN CONTRATÓ EMPRESAS DE SANTELICES

El XXV Ayuntamiento de Ensenada firmó al menos ocho contratos, unos por donaciones, con empresas ligadas al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien fue señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.

Aunque la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, afirmó el lunes 6 de octubre que el ayuntamiento tiene las cartas bajo protesta de decir verdad en la que los representantes de FAMA Producciones se deslindan de cualquier operación ilícita, el documento no forma parte de los contratos suscritos por el Gobierno Municipal con la empresa.

Dos de estos contratos se firmaron con la empresa Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., para la organización de las ediciones 2025 y 2026 del Carnaval de Ensenada, sin que se adjuntara la carta que es un requisito legal.

La documentación contractual se realizó con el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada (IMCUDHE), cuyo consejo carece de esta constancia, hecho que es señalado por el Órgano de Fiscalización del Estado.

Los contratos con las empresas del mismo empresario se hicieron a través de IN HOUSE, S.A.P.I. de C.V. para la realización del carnaval 2025 y 2026, donde también se realizaron donaciones. En un primer contrato fueron los encargados de la colocación de los baños portátiles y escenarios para artistas o talentos locales, de acuerdo con el expediente.

En la misma edición del carnaval la empresa se encargó de la presentación de los conciertos de Matute, Los Ángeles Azules, Banda El Recodo, Ana Barbara y Omar Cárdenas, entre otros locales. Un concierto de los Ángeles Azules puede llegar a costar hasta ocho millones, mientras que la Banda El Recodo hasta 2.2 millones.

Otra de las compañías de Marco Moreno Gómez que firmó contrato fue Wermak, para la adquisición de servicios relacionados con instalación de escenarios así como barra de bebidas. Otra empresa fue Inteliproof Efficients S. de R.L., la cual se dedica a la seguridad y proveyó de la renta de unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como otros sistemas de tecnología para los oficiales.

Después, la misma empresa IN HOUSE, en conjunto con FAMA, realizaron otros dos eventos distintos, pero con una contraprestación de casi 750 mil pesos por la colocación de un escenario.

Incluso, en el Carnaval 2026, las empresas Wermak e IN HOUSE, otorgaron servicios de montaje para los conciertos con una contraprestación de poco más de 700 mil pesos, además de un contrato de patrocinios para barra de bebidas. Mientras que FAMA de nuevo se encargó de patrocinar el elenco artístico, a cargo de la agrupación Parranda Tour, Alicia Villarreal, Paty Cantú, Yuridia, Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro, Raúl Hernández y la Banda MS, esta última con una asistencia de más de 100 mil personas.

Otro evento donde estuvieron involucrados promotores de estas empresas fue la organización de las Fiestas Patrias el pasado 16 de septiembre, en donde se presentó la agrupación La Sonora Dinamita, en la explanada del ayuntamiento. Cuando se le preguntó a la alcaldesa Agatón quién pagaría por el concierto, ella respondió que era una “sorpresa”.

La contratación estuvo a cargo del consejo de la paramunicipal; quienes tienen voz y voto son: la presidenta municipal Claudia Agatón; la coordinadora en el cabildo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que en este caso es Raquel Esther Manriquez Peña; además de un representante del subcomité de cultura del COPLADEM, y tres representantes ciudadanos, con al menos uno que pertenezca a alguna etnia indígena y uno a la comunidad de personas con discapacidad. Quienes sólo tienen voz, o derecho a opinar son el director general del Instituto, Rodrigo Ventura de la Cabada, y cuatro representantes del Ayuntamiento, de Deporte, Educación, Asistencia Social y Salud.

 

PRESIDENTA ASEGURÓ QUE NO RECIBIÓ APOYO DE EMPRESAS EN CARNAVAL 2025

“No hay empresas por fuera. Hemos escuchado que dicen que traemos empresas de quién sabe dónde. Ojalá y las tuviéramos para que no tuviéramos las deudas que tuvimos. Este Carnaval (2025) que pasó lo organizamos nosotros solitos como pudimos, como tuvimos la oportunidad y la capacidad”, manifestó la presidenta municipal Claudia Agatón en el Pleno del Cabildo.

En la sesión de Cabildo realizada a inicios de año, en la que se determinó que el IMCUDHE volvería a organizar el Carnaval del 2026, la presidenta municipal Agatón Muñiz pidió la palabra al pleno para desmentir que la empresa La Familia, ligada a Santelices, intervino en la organización del año 2025.
“El Carnaval fue un tema muy álgido que nosotros en el primer año tuvimos que hacer muchos sacrificios, muchos reacomodos para que pudiéramos dignificar el carnaval, del nivel que se merece Ensenada, sin dinero, porque esa es la realidad: no había recurso”, dijo frente a sus regidores.
Agregó que lo más importante es el tema de la legalidad.


“La parte medular, regidoras y regidores, que tengan conocimiento es el tema de la legalidad en cuanto al tema, ha sido muy importante marcar la ruta de por dónde debe hacerse todo el papeleo, el manejo del dinero y recurso”, sostuvo.

El lunes 28 de septiembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos, informó sobre los nexos de Marco Santelices y otros empresarios mexicanos con una célula del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de Ensenada y el de Baja California, a cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, negaron cualquier relación.

Agatón emitió un comunicado el martes 6 de octubre donde aseguró que sus funcionarios tienen la carta de no lavado de dinero de las empresas.

“Somos muy respetuosos de lo que Estados Unidos ha declarado y que ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. Nosotros hemos guardado una comunicación estrecha con Estados Unidos, con California, con nuestros amigos”, describió la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Sin mostrar un documento que avalara el dicho, Agatón afirmó que el Ayuntamiento solicitó una carta bajo protesta de decir verdad como parte de las medidas para evitar que la administración municipal pudiera verse involucrada en alguna operación ilícita.
“Nosotros sí fuimos muy previsores. Yo no sé si el resto de los ayuntamientos lo hizo, pero nosotros sí pedimos y solicitamos firmar una carta de decir verdad, y nos cubrimos en ese sentido para que no pudiera suceder alguna cosa de lavado de dinero. Esa carta nosotros sí la solicitamos, esa carta contamos con ella y finalmente en esa ruta nosotros nos fuimos”, señaló la presidenta.
SINDICATURA AUDITA EVENTOS MASIVOS DESDE HACE MESES

La Sindicatura Municipal está investigando éste y otros eventos públicos donde hay participación de empresas que han sido mencionadas por el Gobierno de Estados Unidos, aseguró el titular Eli Oviedo Díaz.

Cuestionado por los contratos que ha sostenido el XXV Ayuntamiento con estas compañías, respondió que tienen auditorías abiertas, entre ellas las relacionadas con el Carnaval 2025 y 2026, pero también las Fiestas Patrias.

Reconoció que tienen detectada la participación de todas las empresas que han apoyado y han sido contratadas para la realización de dicho evento.

“Sí, mira, nosotros tenemos auditorías abiertas con respecto, como lo mencionas, del carnaval, en donde tenemos detectada la participación de todas las empresas que han apoyado y han sido contratadas para la realización de dicho evento.”, aclaró.

Sobre el procedimiento que se le seguirá a la administración, el síndico Eli Oviedo contestó que todas las auditorías que se han establecido y se han hecho sobre el carnaval, al igual que otros eventos masivos en el periodo 2025 y 2026, determinarán si llegan a una etapa de continuar con la investigación formal. Una vez que lleguen a esa etapa solicitará más elementos de prueba para poder esclarecer situaciones que no estén claras.

Mencionó que existe un consejo interno del INCUDHE, que es la máxima autoridad en la estructura del instituto, donde todos tienen que ser llamados, tengan o no derecho al voto.


“Tenemos que el registro de la contratación para la realización del carnaval, las empresas fueron contratadas a través del INCUDHE, fue la dependencia encargada de organizar el carnaval, es por lo cual ellos mediante su consejo hacen una contratación de las empresas que sean necesarias para resolver y proveer todo lo que tenga que ver con carnaval”.

— ¿La investigación que ustedes tienen abierta, o la auditoría, fue a raíz del anuncio del Gobierno de Estados Unidos, o antes?

“Mira, nosotros hemos detectado, al final del día tenemos el registro de quienes han participado, es la propia información que nos ha brindado dentro del consejo y que nos ha saltado de la misma auditoría que hemos instaurado nosotros y, en la cual, hemos requerido información; es donde nos damos conocimiento de quiénes participan, de qué manera participan. Esto más allá del cierre, cuando se realizó la auditoría del Carnaval 2026 que fue aproximadamente en los meses de marzo”, respondió a ZETA.

— Tenemos información de los contratos. ¿Ustedes han hecho su trabajo y revisado que existan estas cartas contra el lavado de dinero de las empresas que fueron mencionadas por el Departamento del Tesoro?

“No existe la carta. Nosotros recogimos elementos que fueron recabados durante la auditoría como contratos, los contratos que han sido de donación de renta, de diversas acciones, de prestación de servicios y entre los contratos que hemos revisado de diversos giros y diversas proveedurías”.

— ¿Van a mandar citar a la alcaldesa Claudia Agatón?

“Tenemos nosotros resultados de la auditoría, tenemos nosotros ahí más o menos estimado el cálculo que se gastó al final del día se le dotó a la propia entidad como el INCUDHE, a quien se le dotó por parte del Cabildo un recurso para la realización del carnaval; ahí es donde determina el gasto que asume el propio ayuntamiento con el Carnaval. Sin embargo, también hemos encontrado dentro de la auditoría contratos de donación hacia la realización del propio carnaval”.

Al final, el síndico no descartó que manden llamar a la presidenta municipal en caso de ser necesario como parte de un requisito para concluir la investigación que por ley le corresponde continuar al órgano interno de control a su cargo.

FUENTE/MEDIO: SEMANRIO ZETA (INVESTIGACIONES).
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ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/el-flaco-liga-de-empresarios-y-morenistas-con-el-cds/

La Presidenta endurece el tono: se tiene que investigar si hubo tortura en Jalisco

La mandataria federal resaltó que "la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este miércoles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe hacer una investigación profunda para saber si sufrieron tortura las personas detenidas en la protesta que se realizó el domingo pasado para exigir agua limpia en Jalisco.
"Por cierto, ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la ‘mañanera’, le pedí a Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] que me enviara un informe. No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", declaró desde Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo señaló que "además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país".


"No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención", agregó durante su tradicional conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum insistió en que la CNDH necesita trabajar en una indagatoria que responda quién dio la orden y por qué. También pidió que incluya entrevistas con las víctimas y que haya responsables por los abusos que cometieron las autoridades estatales en la movilización que congregó a más de 10 mil personas en calles de Guadalajara con un reclamo legítimo: que se cumpla su derecho a acceder a agua potable.
"¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Es inadmisible", aseguró.


Más adelante, la mandataria federal reiteró que su petición es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolle "una investigación profunda de este caso", "que encuentre cómo se dieron las cosas" y "que entreviste a las víctimas porque no puede haber tortura".
"No podemos permitir la tortura en nuestro país. Bueno, [José María] Morelos lo puso en los 'Sentimientos de la Nación'. Durante todo el periodo de autoritarismo, del periodo del PRI [Partido Revolucionario Institucional] autoritario, y de gobiernos que siguen con el autoritarismo y particularmente contra jóvenes -contra cualquier persona, pero en particular contra jóvenes-, no se puede permitir", repitió.
"Entonces tiene que investigarse, sancionarse y cero impunidad porque no puede haber tortura en México, no debe", concluyó la Jefa del Poder Ejecutivo.

Las víctimas acusan tortura en Jalisco; dos policías se presentan en Asuntos Internos

Las autoridades de Jalisco compartieron un video en el que se observa a los oficiales presentarse para atender el procedimiento correspondiente

En medio de las crecientes denuncias de abusos y tortura contra las personas detenidas en la protesta por el agua que se realizó el pasado domingo en Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) inició este miércoles una investigación formal en el área de Asuntos Internos contra dos elementos de la Policía que estuvieron involucrados en la represión de manifestantes.

La apertura formal de la indagatoria se dio después de que familiares de quienes fueron aprehendidos acusaran a la corporación policiaca de la entidad de cometer abuso de autoridad y ejercer un uso excesivo de la fuerza durante la movilización ciudadana en calles de Guadalajara.

En los videos de la manifestación difundidos en redes sociales, también se observa a los oficiales recurriendo a gas lacrimógeno y agua a presión para dispersar a los inconformes. Por el momento, el procedimiento administrativo no constituye una sanción definitiva, ya que las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos.


El proceso de investigación contempla el análisis minucioso de videos y testimonios recopilados para deslindar responsabilidades, manteniendo abierta la posibilidad de indagar a más uniformados conforme avancen las diligencias.

Familiares de las víctimas relatan la tortura que vivieron los detenidos

En las entrevistas realizadas por la periodista Claudia Jurado como contenido especial para SinEmbargo, familiares de los detenidos denunciaron que los policías ejercieron un exceso de fuerza y brutalidad al someter a los manifestantes que protestaban por la calidad del agua. 

Relataron que hasta cinco agentes arremetieron contra personas individuales, derribándolas repetidamente al suelo para patearlas y golpearlas en la cabeza, rostro, espalda y costillas, provocando en algunos casos heridas severas como la pérdida de dientes.

"Me golpearon, pero hay otro manifestante que sigue detenido al que le tumbaron tres dientes y le rompieron otros. Llegó gente para generar disturbios y generar la violencia", expresó Iván Salazar, manifestante recién liberado.


Asimismo, señalaron que agentes encapuchados los asfixiaron por la espalda a manifestantes para luego trasladarlos de forma de forma repentina a Casa Jalisco. En la residencia oficial del Gobernador permanecieron incomunicados durante horas en áreas impropias para una detención, periodo en el cual sufrieron cachetadas, golpes continuos y amenazas.

Las familias expusieron también la desinformación y el bloqueo institucional por parte de la Fiscalía, la cual ocultó detalles del paradero de los detenidos y notificó los traslados al penal de Puente Grande a último momento. Denunciaron además que se les negó el acceso a sus abogados particulares en las audiencias para imponerles defensores públicos a la fuerza.
"Nos han ocultado información [...] estuve preguntando y no me dieron información. Nos dijeron al último minuto que los trasladaron al penal de Puente Grande y ya no pudimos entrar a la audiencia", compartió la hermana de Iván Salazar.
El Artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que comete este delito el servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma, su suerte, destino o paradero.

CNDH investigará la violencia ejercida por policías de Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles  que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe realizar una investigación exhaustiva para determinar si las personas detenidas durante la manifestación del domingo pasado, en la que se exigió agua limpia en Jalisco, fueron víctimas de tortura por parte de los policías.
"Por cierto, ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la ‘mañanera’, le pedí a Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] que me enviara un informe. No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", declaró durante la conferencia matutina del 14 de octubre.
La mandataria señaló que, además del uso de chorros de agua y gases lacrimógenos durante la protesta, es indispensable erradicar la tortura contra los jóvenes en México, pues se trata de una práctica que no debe tener cabida en el país.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció a través de un mensaje en sus redes sociales que las autoridades jaliscienses cometieron errores durante la manifestación del domingo. Asimismo, solicitó una investigación interna para determinar las responsabilidades y para aplicar las sanciones correspondientes en contra de los policías estatales.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Caro Quintero, sin acuerdo de culpabilidad; volverá a Corte de EU el 20 de noviembre

"El Narco de narcos" volverá a comparecer ante un Tribunal federal de NY el 20 de noviembre, con el juicio previsto para marzo de 2027

La audiencia de Rafael Caro Quintero en una corte federal de Nueva York concluyó este miércoles sin un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos (EU), por lo que la siguiente comparecencia se fijó para el 20 de noviembre, con el juicio por narcotráfico y el homicidio del agente de la Administración de Control de Drogas  (DEA), Enrique “Kiki” Camarena programado para marzo de 2027.

La diligencia se realizó ante el Juez Frederic Block en la Corte Federal del Distrito Este de NY, en Brooklyn, donde en sólo 15 minutos se cerró la sesión sin que se anunciara una resolución para resolver el proceso mediante una declaración de culpabilidad.

El Magistrado declaró "complejo" el caso contra Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, lo que amplía el margen para preparar el juicio programado para el próximo año.

La próxima comparecencia será en noviembre

Como parte del calendario que fijó el Tribunal, las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre, mientras que la Fiscalía neoyorquina tendrá hasta el 22 de enero de 2027 para responder y la defensa podrá presentar su réplica a más tardar el 5 de febrero.

Por ahora, el juicio está programado para el 8 de marzo de 2027 y, aunque las conversaciones entre las partes continúan, ninguna anunció un acuerdo durante la audiencia de este miércoles.

Caro Quintero enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y armas de fuego, además de acusaciones por su presunta participación en el secuestro, la tortura y el asesinato del agente "Kiki" Camarena, en Guadalajara, Jalisco, en 1985.

El excapo mexicano fue detenido en Sinaloa en 2022 y extraditado a EU en febrero de 2025; desde entonces permanece bajo custodia en Brooklyn, donde seguirá su proceso.

Juez suspendido ve ‘caso ejemplarizante’ en primera denuncia penal del Tribunal de Disciplina Judicial

Sergio Alberto Sigales sostuvo que el proceso en su contra busca “generar temor en los juzgadores” y cuestionó que una diferencia de criterio derive en una acusación penal

El juez de control federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, suspendido de sus funciones y adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, afirmó que enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por decisiones judiciales que tomó en 2022, como la reducción de penas propuestas por el Ministerio Público en cuatro procedimientos abreviados.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el juez explicó que entre julio y octubre de 2022 intervino en cuatro procedimientos abreviados en los que las personas procesadas no tenían antecedentes penales. Señaló que las defensas solicitaron que realizara un control judicial sobre las penas propuestas por la FGR, debido a que el Ministerio Público no había considerado esa circunstancia.

El procedimiento abreviado permite que una persona acusada acepte su responsabilidad a cambio de una pena reducida. Sigales señaló que, de acuerdo con un acuerdo general de la propia FGR, las personas sin antecedentes penales deben recibir una mayor reducción.

“En estos cuatro casos siempre lo hice a petición de la defensa, por el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, entre otros principios”, explicó.

El juez sostuvo que preguntó a los fiscales si habían tomado en cuenta que los procesados no tenían antecedentes penales y que la respuesta fue negativa, por lo que determinó ajustar las penas dentro de los límites mínimos establecidos por la legislación. “Entonces digo, ah bueno, entonces aquí entro yo, es mi cancha, el juez conforme a la Constitución es el único facultado para imponer penas”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, las penas propuestas inicialmente eran de cuatro años y dos meses de prisión, pero fueron reducidas a tres años y cuatro meses. Esa modificación permitió que los procesados pudieran acceder a beneficios relacionados con la condena condicional.

Sigales sostuvo que posteriormente las decisiones fueron impugnadas por la Fiscalía. En cuatro de esas causas, el mismo tribunal unitario de apelación en Colima revocó sus determinaciones y ordenó regresar a las penas originales.


Sin embargo, dijo que otras decisiones similares fueron revisadas por tribunales de Jalisco y posteriormente por un tribunal colegiado, que avalaron su criterio en distintos asuntos. “Cuatro veces el mismo tribunal unitario en Colima me revocó mi determinación”, señaló. En contraste, “otros tribunales de Jalisco aproximadamente tres y uno de Amparo me dieron la razón. Cuatro, digamos cuatro contra cuatro”.

El juez sostuvo que el desacuerdo entre los órganos jurisdiccionales correspondía a una diferencia de criterio que debía resolverse mediante los mecanismos de impugnación previstos en el sistema judicial y no mediante un procedimiento disciplinario o penal. “Es un criterio judicial que no tendría por qué estar en la mesa de la disciplina judicial en un procedimiento disciplinario”, afirmó.

Al ser cuestionado por la coincidencia de su apellido con el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sigales confirmó que tiene un parentesco lejano con éste. Explicó que su abuelo y la madre del exmandatario, Manuela Obrador González, eran primos hermanos. Dijo que solo ha visto a López Obrador en dos ocasiones y que nunca ha estado en su casa ni el expresidente en la suya.

Procedimiento disciplinario

El abogado defensor Arturo Guerrero Zazueta explicó que el procedimiento contra el juez comenzó en 2023 y que el entonces Consejo de la Judicatura Federal emitió en agosto de 2025 un informe de presunta responsabilidad.

Con la entrada en funciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el expediente fue heredado por ese órgano. Guerrero señaló que la comisión de investigación de ese tribunal fue creada el 29 de octubre de 2025 y que al día siguiente sesionó para abordar el caso de Sigales Obrador Garrido.

El abogado cuestionó que esa comisión hubiera actuado como lo hizo y sostuvo que la comisión de investigación no era la facultada para dictar la suspensión provisional del juez. Según Guerrero, la comisión de disciplina, que sí tendría atribuciones para adoptar esa medida, fue creada hasta el 4 de noviembre de 2025, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera públicamente al caso.

El defensor también cuestionó los tiempos utilizados para resolver el incidente relacionado con la suspensión. Explicó que al juez se le concedieron cinco días para formular manifestaciones y ofrecer pruebas, pero la resolución no habría sido emitida dentro de ese plazo.

“Entonces, primero es una comisión incompetente”, sostuvo el abogado, quien añadió que posteriormente la suspensión habría sido regularizada mediante la actuación de la comisión de disciplina. Apuntó que la suspensión se prolongó durante varios meses y el expediente presentó inconsistencias respecto de la fecha en que se habría resuelto el incidente.

Guerrero explicó que el 12 de febrero de 2026, durante una audiencia sobre el fondo del procedimiento disciplinario, la defensa pidió que se levantara la medida cautelar. El 17 de febrero presentó nuevamente un escrito con esa solicitud.

Sin embargo, el 2 de marzo recibió una notificación en la que se indicaba que el incidente seguía pendiente de resolución. Posteriormente, el 19 de marzo se notificó a la defensa que el incidente había sido resuelto desde el 10 de febrero y que la suspensión definitiva había sido decretada en esa fecha.

El abogado señaló que las firmas del acuerdo aparecían fechadas el 13 de marzo, pese a que se les informó que la resolución había sido adoptada el 10 de febrero.

“Entonces no nos queda más que creerles, porque hemos pedido los documentos de las sesiones extraordinarias desde el 30 de octubre del 25, el acta de la sesión, el orden del día, les volvimos a pedir otra vez los documentos en marzo y en abril y no nos han dado nada”, afirmó.

Guerrero sostuvo que el juez permaneció suspendido durante cuatro meses por una comisión que, según su interpretación, no tenía atribuciones para imponer esa medida y posteriormente continuó suspendido sin que se resolviera oportunamente la situación cautelar.

Denuncia ante la FGR

Sigales Obrador Garrido dijo que se enteró recientemente de que el propio Tribunal de Disciplina Judicial, que lleva el procedimiento administrativo en su contra, presentó una denuncia penal ante la FGR. Según el juez, el oficio fue fechado el 3 de noviembre de 2025 y recibido por la Fiscalía el 4 de noviembre, mientras que el procedimiento disciplinario todavía no había sido resuelto.

“La denuncia en mi contra fue hecha por quien hoy me tiene en un procedimiento disciplinario”, afirmó, al tiempo que consideró relevante que la denuncia penal hubiera sido presentada mientras continuaba abierto el procedimiento administrativo relacionado con los mismos hechos.

Explicó que la acusación penal está relacionada con el delito contra la administración de justicia previsto en el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal. Según su explicación, la Fiscalía sostiene que incurrió en ese delito al dictar una resolución contraria a un precepto legal.

El artículo que la FGR consideraría transgredido es el 206, relativo a la imposibilidad del juez de variar la pena en un procedimiento abreviado. “Pero los jueces interpretamos, es lo que se le olvida”, afirmó. El juzgador sostuvo que la conducta que se le atribuye no configura un delito porque se trata de una cuestión de interpretación jurídica que podía ser revisada mediante los recursos correspondientes.

“No hay, es un es una conducta atípica que no configuraría un delito porque es una cuestión de criterio”, dijo.

También señaló que existen criterios del entonces Consejo de la Judicatura Federal según los cuales los juzgadores no deben ser responsabilizados por cuestiones de criterio cuando sus decisiones pueden ser revisadas mediante apelación o amparo.

La Fiscalía dejó de solicitar controles judiciales

El juez relató que dejó de realizar ese tipo de controles a partir de enero de 2023. Según dijo, la decisión ocurrió después de que defensores públicos y privados recibieron indicaciones de fiscales para no solicitar ese procedimiento ante él. “Les dijeron ‘cuidadito le solicitan control judicial al juez Sigales’, porque como es una facultad de la fiscalía ofrecer el abreviado no es un derecho del acusado”, afirmó.

Sostuvo que era el único juez que realizaba ese tipo de revisión en Colima y que, después de que las defensas dejaron de solicitarla, dejó de intervenir de esa manera. Calculó que durante el periodo comprendido entre julio de 2022 y enero de 2023 redujo penas en aproximadamente nueve ocasiones.

Añadió que el criterio fue revisado posteriormente por distintos órganos jurisdiccionales. Mencionó que en agosto de 2025 un tribunal colegiado confirmó que era correcta una reducción de penas realizada por él en un caso de concurso de delitos.

La prisión preventiva oficiosa

Además del asunto relacionado con los procedimientos abreviados, Sigales Obrador Garrido señaló que durante su trayectoria como juez también ha inaplicado la prisión preventiva oficiosa con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.

Dijo que solicitó al Centro de Justicia Penal Federal una estadística sobre sus resoluciones y que ésta arrojó alrededor de 180 causas en las que inaplicó esa medida. 

El juez consideró que esa actuación también puede estar relacionada con el procedimiento que enfrenta. Como antecedente, mencionó que en 2023 la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, declaró al diario Milenio que un juez liberaba delincuentes al inaplicar la prisión preventiva oficiosa.

También dijo que recibió una queja firmada por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, relacionada con decisiones de ese tipo y que el entonces delegado de la FGR en Colima presentó otras dos quejas por la misma cuestión. Señaló que las tres quejas fueron acumuladas y posteriormente el entonces Consejo de la Judicatura Federal lo exoneró.

La resolución de octubre de 2025 y el caso de Gabriela Mejía

El juez también relacionó su situación con una resolución adoptada durante su última guardia, el 19 de octubre de 2025, cuando decidió no imponer prisión preventiva oficiosa a una persona que había sido presentada ante él por delitos relacionados con drogas y armas.

Explicó que la persona fue vinculada a proceso y quedó sujeta a otras medidas cautelares debido a que se acreditó su arraigo en el estado de Colima. “Le pongo dos medidas cautelares, porque él es originario de Cuauhtémoc, se dijo que era vulcanizador, se acreditó su arraigo y lo dejó para que vaya a firmar cada 15 días y la prohibición de salir del Estado”, relató.

Sigales Obrador Garrido dijo que posteriormente tuvo conocimiento de que esa persona había sido relacionada públicamente con el homicidio de Gabriela ‘Gaby’ Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima.

Sin embargo, aseguró que cuando resolvió el caso no tenía conocimiento de esa presunta relación porque el detenido fue presentado ante él por un asunto federal de drogas y armas, no por el homicidio. “Yo no lo sabía porque a mí me llegó por armas y droga”, afirmó.

Agregó que posteriormente conoció por medios de comunicación que otra persona, con un nombre distinto, había sido detenida en relación con el homicidio de la exalcaldesa. “Esta persona que yo tuve es José Alfredo ‘N’, y la persona que detuvieron, vinculada aparentemente, presuntamente, con el homicidio de la expresidenta municipal, tiene otro nombre”, dijo.

Narró que un fiscal federal le mostró un audio en el que una mujer reclamaba que Sigales había dejado libre a esa persona. El juez dijo desconocer quién era la mujer y señaló que, hasta donde sabía, la persona a la que se refería el audio no era la misma que posteriormente fue detenida por el homicidio.

Sin embargo, dijo que las acusaciones públicas relacionadas con esta liberación no forman parte de la causa penal que actualmente enfrenta. “No hay ninguna”, respondió al ser cuestionado sobre si existe una acusación formal en su contra por esos hechos.

Por su parte, el abogado Guerrero Zazueta sostuvo que se trata de dos procedimientos distintos: uno federal por armas y drogas y otro del ámbito local por el homicidio: “Además a esta persona le siguen un proceso federal, que es por armas y drogas, y un proceso local, que es por homicidio”. Añadió que la persona cumplía con las medidas cautelares impuestas por el juez y acudía a firmar cada dos semanas.

La referencia de la presidenta Sheinbaum

El juez y su defensa también se refirieron a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, cuando habló del incremento de homicidios en Colima y mencionó que le habían explicado que un juez había dejado en libertad a un presunto delincuente.

Guerrero consideró que esa referencia pudo estar relacionada con la decisión adoptada por Sigales durante su última guardia, en octubre de 2025, y no necesariamente con los cuatro procedimientos abreviados de 2022 que actualmente forman parte del proceso penal.

El propio Sigales Obrador Garrido señaló que las fechas permiten distinguir ambos asuntos. “Desde luego que no. Hay mucho tiempo entre esas causas, entre las causas del 22”, respondió al ser cuestionado sobre si las declaraciones de la presidenta podían referirse a las resoluciones de 2022.

Caso “ejemplarizante”

Al referirse al significado que atribuye al proceso que enfrenta, el juez sostuvo que su caso puede tener un efecto sobre otros juzgadores. “Mi caso es, desde mi punto de vista, generar temor en los juzgadores”, afirmó.

Guerrero Zazueta, por su parte, sostuvo que los magistrados de apelación pueden mantener criterios distintos y que una decisión de un tribunal unitario no genera por sí misma un criterio obligatorio para los jueces.

“Entonces aquí hay un tema importante formal que es tú puedes discrepar con tu revisor. Para eso está el sistema de recursos, pero tú no puedes tenerle miedo a tu revisor”, afirmó.

El abogado añadió que la independencia judicial implica que un juzgador pueda resolver conforme a su interpretación jurídica sin actuar condicionado por la posibilidad de que su decisión sea revocada o genere una investigación disciplinaria o penal. “De hecho, la jurisprudencia interamericana es muy clara en eso. Tú no puedes resolver con temor a que te revoquen o a que te investiguen disciplinario penalmente”, concluyó.

Guerrero advirtió sobre el impacto que esto puede tener en otros juzgadores. “El hecho de que tengamos a titulares del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos locales y altas autoridades, opinando en tiempo real de investigaciones y procesos abiertos, es preocupante”, sostuvo.

Señaló que el procedimiento administrativo contra Sigales fue discutido en cuatro ocasiones durante septiembre y que la última sesión ocurrió el 29 de septiembre, sin que la defensa haya recibido información sobre su resultado. Según Guerrero, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez propuso destituir o inhabilitar al juez. “No conocemos la lista de asuntos, y no se informa que se resolvió. Lo hemos solicitado por correo, por teléfono, y en el expediente, y seguimos sin tener noticia”, afirmó.

Sostuvo que esta situación deja al juez en una condición que la defensa no puede determinar: “Entonces, por eso digo, él hoy está exonerado, destituido, o en el limbo, y no lo sabemos”. La defensa presentó además una petición en Change.org para solicitar transparencia y rendición de cuentas al Tribunal de Disciplina Judicial.

Por su parte, Sigales afirmó que sus decisiones sobre prisión preventiva no implicaron liberar automáticamente a las personas procesadas. Explicó que en numerosos casos sustituyó la prisión preventiva oficiosa por prisión preventiva justificada y que también impuso otras medidas cautelares. “El inaplicar la prisión preventiva oficiosa no quiere decir dejarlos en libertad”, señaló.

Como ejemplo, relató el caso de una mujer de 21 años a quien no vinculó a proceso después de considerar que la Fiscalía había utilizado un estereotipo de género para sostener que, por ser pareja de un integrante de un cártel, necesariamente debía conocer la existencia de armas que estaban en una camioneta. La decisión fue posteriormente revocada, pero la mujer obtuvo un amparo y finalmente no fue vinculada a proceso. “Hay personas inocentes que no deben de estar en prisión, como esta”, afirmó.

También rechazó las acusaciones de corrupción que han sido formuladas públicamente en torno a su caso. “Nunca en la vida, yo soy una persona de principios, de valores, vivo con mi salario, toda la vida, tengo veintiocho años de funcionario, nunca en la vida”, respondió al ser cuestionado sobre si alguna persona liberada le había entregado dinero.

El juez expresó preocupación por el hecho de que el asunto relacionado con las decisiones de 2022 sea juzgado por una jueza que llegó al cargo mediante la elección judicial. Dijo que le preocupa quién la propuso y cómo llegó al cargo, así como la posibilidad de que pudiera tener compromisos o favores pendientes. Ante ello, señaló que espera que se respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. “Espero que lea bien el código de ética del Poder Judicial de la Federación, que actúe con independencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad”, concluyó.

Irrumpen sujetos armados en casa de reportero en Tecate por volar dron

Portando armas de fuego, sujetos irrumpieron en el domicilio del reportero Jorge Ismael Caro, ubicado en el municipio de Tecate, quien minutos antes había volado un dron de su propiedad para verificar su funcionamiento. Una vez dentro de la vivienda, los hombres le tomaron fotografías y hurtaron equipo de trabajo.

Hombres armados irrumpieron en la vivienda del reportero Jorge Ismael Caro Romo, quien ejerce su labor periodística en Tecate, la mañana del pasado sábado 10 de octubre. Ahí lo cuestionaron sobre sus actividades, le tomaron fotografías a él y a sus documentos personales, y se llevaron parte de su equipo de trabajo.

Minutos antes, Jorge Caro había informado que estuvo volando un dron sobre su vivienda para verificar el funcionamiento del estabilizador del aparato, aprovechando también para realizar tomas relacionadas con su trabajo sobre las condiciones climáticas.

Una vez concluido el vuelo, dos hombres tocaron a la puerta de su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Santa Anita. Al aproximarse a una puerta secundaria que conecta su cochera con la calle, uno de los hombres le advirtió que no se alterara y levantó su camisa para mostrar un arma corta fajada en el pantalón.

El periodista señaló que, tras exhibir el arma de fuego, los hombres abrieron el cerco de su propiedad e ingresaron al domicilio. Inspeccionaron áreas como la sala y una habitación habilitada para la venta de ropa, mientras continuaban cuestionándolo sobre el propósito del vuelo del dron. Uno de ellos, además, mantenía una llamada telefónica con una tercera persona.

Tras explicar el objetivo de las imágenes, en las que no enfocó ninguna vivienda en particular, Jorge señaló que los hombres le indicaron que entregara el aparato. También le tomaron una fotografía del rostro y le solicitaron su credencial de elector, a la que igualmente fotografiaron.


Posteriormente, los sujetos salieron del predio mientras lo amenazaban para que no se comunicara con nadie. También le exigieron su teléfono celular y la contraseña para desbloquearlo, advirtiéndole que “al rato” regresarían a devolvérselo. Después, se marcharon a bordo de un vehículo.

Apenas este lunes, el Gobierno de Tecate, encabezado por Román Cota Muñoz, emitió un oficio público de respaldo y solidaridad hacia el reportero, en el que instó a las autoridades competentes a realizar la investigación correspondiente.

Jorge Caro ejerce el periodismo en Tecate. Entre los temas que cubre con mayor frecuencia se encuentran los eventos públicos, sociales, políticos y nota roja.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Sheinbaum promete atender reclamos por desabasto y pendientes laborales en el sector salud

Sheinbaum destacó avances en IMSS-Bienestar y aseguró que atenderá los reclamos por desabasto de medicamentos y las demandas laborales del personal de salud y de pacientes

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persisten problemas de desabasto de medicamentos e insumos en el sistema público de salud, así como fallas en la distribución interna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dificultades con algunos proveedores. Ante los reclamos de médicos y pacientes, instruyó al director del organismo, Zoé Robledo, a corregir las deficiencias.

La mandataria también admitió que algunos médicos, enfermeras y trabajadores de la salud contratados durante la emergencia por COVID-19 todavía no cuentan con todas las prestaciones laborales. Aunque aseguró que estos casos se han resuelto paulatinamente, consideró necesario acelerar el proceso para garantizar sus derechos.

“Hay demandas que son legítimas y que hay que atender”, sostuvo Sheinbaum sobre las inconformidades por el desabasto y las condiciones laborales. Explicó que existen problemas con proveedores y en la distribución interna del IMSS, por lo que Robledo ya toma medidas para resolverlos.

Sobre el aumento salarial del personal de salud, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información que tiene, si se suma el incremento planteado al ingreso, este se reflejaría en un aumento de poco más de 5 %. Indicó que el tema debe revisarse con el sindicato y distinguió estas negociaciones de otras demandas laborales pendientes, cuya atención también consideró necesaria.

Avances en el IMSS-Bienestar

Sheinbaum también expuso los avances y retos del IMSS-Bienestar, que opera en 24 estados como parte de la federalización de los servicios de salud. Explicó que recorre hospitales y centros de salud para conocer sus condiciones, escuchar a los directivos e identificar problemas que requieren atención.

Entre las mejoras, destacó la instalación de internet, pequeños laboratorios para pruebas de biometría hemática y mediciones de glucosa y colesterol, así como expedientes clínicos digitales. Según la presidenta, alrededor de 40 % de los centros de salud ya cuenta con estas herramientas. 

La mandataria reconoció que el abasto de medicamentos en el IMSS-Bienestar también presenta algunas deficiencias, como en el caso de un fármaco para atender la diabetes cuya demanda aumentó entre los médicos, pero no llegaba en cantidades suficientes a los centros de salud, por lo que aseguró que ya se tomaron medidas para incrementar las entregas mensuales y mejorar la distribución mediante la digitalización.

Sheinbaum explicó que las reuniones con directores de hospitales y las visitas a las unidades permiten identificar necesidades y tomar decisiones para corregirlas. Sostuvo que la supervisión directa ayuda a evaluar tanto los avances en los servicios públicos como los problemas que todavía afectan la atención médica.

Sheinbaum reconoce reclamos legítimos y pide atender fallas

La presidenta pidió distinguir entre las demandas legítimas de trabajadores y pacientes y las críticas que, consideró, buscan magnificar los problemas del sistema de salud. Sostuvo que las deficiencias en el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales deben resolverse, al tiempo que señaló que los reclamos deben analizarse según las circunstancias de cada caso.

Sheinbaum afirmó que su gobierno continuará atendiendo las demandas legítimas de trabajadores y pacientes, así como las fallas que persisten en los servicios de salud. Reiteró que es necesario escuchar directamente a la población para identificar los problemas y resolverlos: “Hay que escuchar, hay que gobernar escuchando y atendiendo y no reprimiendo”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
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