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Penal 'El Castillo' donde murió niño de 2 años reprobó evaluación de la CNDH: Lisa Sánchez

La evaluación también registró carencias de personal, atención médica y mecanismos para prevenir hechos violentos, pese a que el penal no tenía sobrepoblación

El penal de Goros II, conocido como El Castillo, en Sinaloa, tenía una calificación de 5.25 sobre 10 en una evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizada en 2025, que documentó deficiencias de seguridad, custodia y prevención de hechos violentos, señaló la analista Lisa Sánchez.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, Sánchez retomó el diagnóstico del centro penitenciario tras las riñas registradas el jueves y viernes, en una de las cuales murió un niño de dos años que se encontraba de visita con su familia.

La analista sostuvo que las autoridades deben esclarecer el origen de los enfrentamientos, determinar si están relacionados con la crisis de violencia que vive Sinaloa desde hace más de dos años y explicar cómo ingresaron armas de fuego al penal.
¿Cómo puede ser que la autoridad no mantenga el control de este centro penitenciario?
Además cuestionó que el problema no se limita a la respuesta de las autoridades después de los hechos, sino a su capacidad para garantizar la seguridad y prevenir incidentes de manera cotidiana.


De acuerdo con Sánchez, la evaluación de la CNDH identificó deficiencias en la separación de personas procesadas y sentenciadas, así como en la clasificación de internos según su perfil de peligrosidad.

También reportó insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de capacitación, fallas en la atención médica y en la alimentación, además de carencias en los mecanismos para prevenir y atender hechos violentos y recibir denuncias por violaciones a derechos humanos.

Dijo que aunque el centro no estaba clasificado como sobrepoblado, la evaluación reportó alrededor de mil 200 internos frente a una capacidad instalada aproximada de mil 800 personas.

Sánchez precisó que el antecedente plantea dudas sobre las medidas adoptadas para corregir las fallas detectadas antes de los recientes enfrentamientos.

La analista pidió que las investigaciones expliquen también los movimientos de personas y mercancías dentro del penal, la posible existencia de redes de extorsión, cobro de privilegios y otras actividades ilícitas, así como una eventual participación o complicidad de personal penitenciario.

Estas posibilidades, afirmó, deben ser esclarecidas por las autoridades.

Sánchez vinculó el caso con la situación de violencia que enfrenta Sinaloa, donde, de acuerdo con las cifras que citó durante la mesa, se acumulan más de 4 mil homicidios y más de 5 mil personas desaparecidas o privadas ilegalmente de la libertad, además de más de 12 mil negocios cerrados.

Advirtió que la política de seguridad no puede centrarse únicamente en las detenciones y el despliegue de fuerzas policiales, sino que debe considerar la gobernabilidad de los centros penitenciarios, las condiciones de reclusión y la reinserción social.

Como parte de ese análisis, mencionó un estudio de Data Cívica sobre prisión preventiva oficiosa, según el cual las determinaciones de esta medida cautelar en el ámbito estatal aumentaron 81 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de poco más de 10 mil a cerca de 19 mil.

En el mismo periodo, las medidas de prisión preventiva justificada se mantuvieron por encima de las 30 mil.

Sánchez señaló que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México permanecen sin sentencia condenatoria y cuestionó que la prisión preventiva oficiosa se prolongue más allá del límite de un año previsto constitucionalmente.

Citó casos en los que las personas han pasado años en prisión sin sentencia, una situación que, afirmó, obliga a revisar la estrategia de seguridad también desde la perspectiva de los derechos humanos.

La analista consideró que los hechos en El Castillo deben motivar una revisión de las condiciones estructurales del sistema penitenciario y de las responsabilidades de las autoridades, más allá de los operativos desplegados después de los enfrentamientos.

IMSS anuncia consulta a trabajadores para incremento salarial tras protestas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto.

En un comunicado, el instituto aclaró que dicha consulta será revisada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

“El IMSS respetará la decisión de los trabajadores. (…) El grupo inconforme planteó demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores. Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”, señaló el instituto

Prosiguió: “En los últimos días, grupos de trabajadores y jubilados se han manifestado en distintas entidades del país. El IMSS respeta su derecho a expresar su inconformidad y hace un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en especial para urgencias y ambulancias, así como para quienes tienen una cita o cirugía programada”.

Unidades médicas siguen en funcionamiento

El IMSS aseguró que sus unidades médicas y hospitales están en operación en todo el país, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

“El día de hoy, más de 400 mil trabajadoras y trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad.

Recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado.

“En esa mesa, el grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación”, destacó.

Precisó que el Instituto y el sindicato trabajan de manera permanente, en un espacio dedicado a temas prioritarios, para atender los retos de la operación, como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.

“Desde 2019, la plantilla del IMSS creció en 94 mil 631 trabajadores de base, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454 trabajadoras y trabajadores; entre ellos, más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras. En el mismo periodo, el incremento salarial promedio fue de 6.94% anual”, precisó.

Protestas de trabajadores del IMSS

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó este viernes movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país y la Ciudad de México, en rechazo al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027, negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como para exigir cambios en la dirigencia nacional del sindicato.

La protesta se organizó después de una reunión realizada el pasado jueves en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de la disidencia plantearon la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. De acuerdo con las personas inconformes, la petición fue rechazada y la reunión terminó sin acuerdos, por lo que trasladaron sus demandas a las calles y algunos de los principales centros hospitalarios del Valle de México.

Eduardo Vinicio Martínez, jubilado y representante de trabajadores jubilados y pensionados, aseguró que en el encuentro participaron representantes de 37 secciones y que, ante la negativa a convocar al Congreso Extraordinario, las personas trabajadoras abandonaron la mesa. También señaló que Gobernación posteriormente invitó a retomar el diálogo, aunque la representación inconforme pidió que la reunión se realizara en el lugar de la movilización y frente a la base trabajadora.

Las personas inconformes demandan un incremento de 10% directo al salario tabular. Humberto Avendaño Valencia, técnico polivalente de la sección 34 del IMSS, sostuvo que el aumento anunciado no se reflejaría de manera suficiente en el ingreso disponible de las personas trabajadoras y cuestionó particularmente la retención relacionada con el fondo de ahorro para el retiro.

El joven trabajador que se manifestaba afuera de las oficinas centrales sobre Paseo de la Reforma afirmó que el incremento implicaría mayores descuentos destinados a las cuentas individuales de retiro y sostuvo que esos recursos podrían estar expuestos a pérdidas dependiendo del desempeño de las inversiones.

Asesinan al periodista Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica

La Fiscalía asegura que la agresión estaba dirigida contra “El Darío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la Costa; el periodista, quien también trabajaba como taxista, y otro hombre murieron en el lugar

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado este viernes durante un ataque armado en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca, en el que también murieron otras dos personas.  

La agresión estaba presuntamente dirigida contra un hombre identificado con las iniciales D. A. S. A., alias “El Darío”, quien falleció horas después en un hospital. 

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que una de sus principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales.  

Según la reconstrucción ministerial, un grupo armado llegó a un inmueble ubicado en las calles 13ª Sur y 9ª Poniente, en la colonia Planta y Porvenir, para atacar a “El Darío”.

En el lugar se encontraba Hamurabi Huesca Manzano, quien también trabajaba como taxista y esperaba a su cliente para brindarle un servicio de transporte. El periodista fue alcanzado por los disparos y murió en el sitio, al igual que una tercera víctima identificada por las iniciales O. F. M. M. 

“El Darío” resultó herido y fue trasladado a un hospital regional, donde murió horas más tarde a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con la Fiscalía. 

La FGEO señaló que el hombre era considerado uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa oaxaqueña. Añadió que el grupo armado presuntamente responsable ya se encuentra identificado a partir de las primeras diligencias, aunque no informó sobre detenciones.

FGR decidirá si atrae el caso de Carlos Manzo, responde Harfuch a petición de Grecia Quiroz

El secretario de Seguridad aseguró que mantiene contacto permanente con la alcaldesa de Uruapan y reiteró que hay 33 detenidos, un día después de que ella pidiera en San Lázaro la intervención de la Fiscalía federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este jueves que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae la investigación del asesinato de Carlos Manzo, un día después de que su esposa, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudiera a la Cámara de Diputados para insistir en esa petición.

Durante una conferencia de prensa posterior a su reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el funcionario respondió que la atracción del caso “tendrá que determinarlo la propia Fiscalía General de la República”.

Harfuch aseguró que mantiene comunicación permanente con Quiroz y que la alcaldesa cuenta con protección federal por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Nosotros queremos lo mismo que dice la señora Grecia Quiroz, con la cual yo tengo un contacto permanente”, señaló, al referirse al esclarecimiento del homicidio.

El miércoles, Quiroz acompañó en San Lázaro a la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación. La propuesta pidió esclarecer la planeación, el financiamiento, el encubrimiento y los posibles beneficiarios del crimen, además de garantizar independencia frente a intereses políticos.

La alcaldesa reiteró entonces su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y denunció que sus abogados no habían obtenido acceso completo al expediente, a 11 meses del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó.

En su respuesta de este jueves, Harfuch sostuvo que el esclarecimiento del homicidio es una prioridad para el gobierno federal desde que ocurrió y que, por instrucciones presidenciales, se estableció un grupo de investigación en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

El secretario reiteró que hay 33 detenidos, entre ellos quien organizó la célula encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del alcalde, además de personas que trabajaban para Manzo y que, según las investigaciones, filtraban información al grupo criminal.

“Están detenidas personas que trabajaban para el propio presidente municipal, para el propio alcalde Carlos Manzo. La función que tenían ellos era filtrar información al grupo criminal”, afirmó. La cifra de 33 detenidos ya había sido reportada el 19 de septiembre por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Harfuch destacó también la captura en Jalisco de una persona identificada como “R-1”, a quien señaló como autor intelectual del homicidio. Explicó que fue detenida por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y fuerzas especiales del Ejército, durante un operativo en el que hubo un enfrentamiento.

Un día antes, Quiroz relató que, en una conversación previa, Harfuch le dijo que no tenía que entregar el teléfono celular de Manzo, porque las autoridades federales ya contaban con la información que necesitaban del aparato.

Consejeros del INE insisten en regular precampañas adelantadas disfrazadas de procesos de selección para candidatos

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario

Hoy, siete meses después de una primera tentativa vetada por el grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, los consejeros electorales Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora defenderán nuevamente un acuerdo con una serie de lineamientos que regulen las precampañas adelantadas de los partidos políticos, disfrazadas como procesos de selección de “coordinadores” en los estados, y den la capacidad al INE de vigilarlos. 

La práctica, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, cuando puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –a las que llamó sus “corcholatas”—meses antes de los plazos legales, ha sido replicada por el propio partido guinda y por partidos de oposición, al margen de la ley.

Así, la semana pasada, más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores” —es decir, sus precandidatos a gobernadores— en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

El proyecto de los tres consejeros del INE, que probablemente será desechado una vez más por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, contempla autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”, y con un conjunto de reglas estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en 3 millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia. 
“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda mediante el procedimiento competente”, plantea por ejemplo el proyecto, que establece además que, en el marco de estos procesos internos, no se podrían recibir aportaciones, ni en efectivo ni en especie, de los gobiernos —ya sea federal o locales—, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto o de sindicatos, entre otros.
Los lineamientos contemplan que el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), monitoreará el dinero que se mueva en torno a estos procesos e investigará posibles irregularidades.

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario. 
Los lineamientos incluyen un apartado para impedir a los servidores públicos intervenir en los procesos internos, ya sea aportando recursos o manifestando su postura a favor o en contra de aspirantes. El documento estipula que los funcionarios solo podrían acudir a los eventos en días inhábiles y sin tener “participación activa y preponderante” en ellos, mientras que los legisladores solo podrían asistir “cuando no interfieran con las actividades parlamentarias a su cargo”.
Además de recalcar que los partidos o los aspirantes no podrán utilizar sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, los lineamientos agregan ciertas condiciones a los procesos internos, como que sus participantes no tengan “expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral”, o que “no se empleará propaganda, por si o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

Investigan secuestro de seis campesinos de Guerrero; circula video donde los vinculan a Los Granados

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas

Seis campesinos secuestrados en el ejido el Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, desde el 24 de septiembre, aparecieron sometidos y con ropa militar en un video donde dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados. 

En un comunicado, el ejido rechazó cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos. 

Aseguró que la vestimenta que portan en el video no es la que llevaban el día que fueron llevados y defendió que sus vecinos secuestrados se dedican a la agricultura y a la destilación de mezcal.  

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas.

En una primera parte, cinco hombres aparecen sometidos, esposados con las manos y vestidos con ropa militar.  

Al ser interrogados por una persona que no aparece a cuadro, los detenidos dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados.  

La mañana del pasado 24 de septiembre, ocho vecinos del Balcón fueron privados de su libertad en el paraje conocido como La Lajita, en la zona de la sierra entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.  

Habitantes y autoridades ejidales de El Balcón han señalado como responsables de la privación de la libertad de sus vecinos a la organización criminal La Familia Michoacana. 

El 1 de octubre, fue liberado un menor de ocho años, con quien los captores mandaron a decir que entregarían al resto de los detenidos a cambio de que El Balcón entregará sus tierras, que incluye parte de la ruta de Tierra Caliente a la Costa Grande. 

Los detenidos que aparecen en la grabación se identifican como Everardo León Atanacio, el adolescente de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; y José Leodanis Medrano López, de 24. 

En el interrogatorio mencionan a supuestos mandos y el número de personas armadas en sus comunidades. Tres mencionan que portaban armas largas AK-47 y R-15. 

En otra parte, el material muestra a seis hombres vendados, esposados y sentados en el suelo, a sus espaldas se observan pacas de paja.  

Y al final son presentadas fotografías presuntamente obtenidas de los celulares de los cautivos donde se ven a personas con armas de alto calibre, entre ellos menores de edad. 

Más tarde, el ejido El Balcón respondió que rechazan cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de lo ocurrido. 

Dice que en el video hallaron elementos que preocupan y que deben ser investigados:  

“La vestimenta que portan en el video no corresponde con la que llevaban el día en que fueron sustraídos. Asimismo, las declaraciones presentan inconsistencias en los nombres y apellidos que se mencionan”. 

Los detenidos, asegura, son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. 

“Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Participan directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”. 

Su trabajo, dice, es conocido por instituciones del sector forestal y ambiental.  

“Queremos ser absolutamente claros: Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue. 

“Nuestra exigencia sigue siendo la misma: queremos a nuestros compañeros vivos, íntegros y de regreso con sus familias. 

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos continuaremos exigiendo su localización”. 

En ese contexto, la tarde de ayer el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia "Minerva Bello", Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación (PJF) información acerca de la posible ubicación de los siete campesinos privados de su libertad. 

"Siguen en la región de la Tierra Caliente de Guerrero", dijo el sacerdote y director del organismo. 

Horas antes, el Ejido El Balcón advirtió que 319 comunidades marcharán hacía el Palacio Nacional, en la capital del país, para pedir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la búsqueda de las víctimas.

Exjueza reprocha que la busquen sancionar por fallo contra la reforma judicial

En su comparecencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la exjueza Martha Magaña señala que el procedimiento abierto en su contra vulnera la independencia judicial

La exjueza de Distrito, Martha Magaña afirmó ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el procedimiento iniciado en su contra por conceder la primera suspensión contra la reforma judicial, vulnera la independencia judicial.

Esta mañana la exjuzgadora federal compareció por videoconferencia desde Madrid, España, ante el TDJ que la investiga por la concesión de dicha suspensión.

Durante la diligencia, leyó un posicionamiento en el que reprochó que se le busca sancionar por haber tomado una decisión que incomodó al poder y que no fue combatida por las vías legales.

“La suspensión se fundó en derecho. La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y, con ello, quebrantó el Estado de derecho. Las descalificaciones desde la tribuna presidencial y el rechazo de la mayoría parlamentaria no sustituían los medios legales para controvertirla”, dijo.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

Afirmó que con el procedimiento en su contra, se busca sancionarla por su actuación y por haber levantado la voz debido a que ella formó parte activa de las protestas que el Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizó en 2024 contra la reforma judicial.

“Antes de que se determine si mi actuación es motivo de sanción, quiero dejar constancia de que honrar a nuestra patria no consiste solamente en pronunciar discursos sobre la Constitución, sino en tener el valor de respetarla y defenderla cuando hacerlo resulta difícil y en congruencia con ello dicté una medida fundada en derecho para proteger su identidad, antes de que el daño fuera irreparable. Eso me correspondía como jueza. La inconformidad del poder no me relevaba de ese deber”, agregó.

Diez muertos deja riña en Cereso de Mazatlán

Horas de tensión se vivieron en el Cereso El Castillo de Mazatlán. Murieron nueve reos y un menor que estaba de visita tras la riña.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que derivado de una riña este 8 de octubre en el Cereso El Castillo, perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y un menor que se encontraba de visita, mientras que 16 presos resultaron heridos, las cuales ya fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria. 

“Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”.

Se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.


El parte oficial.

Mientras tanto, el personal de Trabajo Social establece comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente.

“Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida”.

La Secretaría aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://emeequis.com/al-dia/diez-muertos-deja-rina-en-cereso-de-mazatlan/

Pobladores impiden perforación de pozo profundo y retiran maquinaria en Xoxtla

Pobladores de Xoxtla, Puebla, impidieron que avanzara la perforación de un pozo profundo en el parque Pavigi, retiraron la maquinaria del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y rellenaron las zanjas abiertas sin el consentimiento de la comunidad, luego de que desde la madrugada del miércoles fueran desplegados granaderos y policías municipales y estatales «para imponer la perforación» que canalizaría el agua del pueblo a la capital del estado.

A pesar de la presencia policial y al grito de «¡fuera!», los defensores de Xoxtla lograron que operadores se llevaran una de las dos máquinas perforadoras con las que el Ayuntamiento pretendía extraer agua de la Unidad Pavigi.

«Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm. Seguimos atentos hasta el retiro total y definitivo de la misma», señaló el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) en un comunicado.


Las organizaciones indígenas recordaron que este «asalto a la comunidad» se enmarca en los proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias «que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla, hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla».

Para iniciar la perforación del pozo, decenas de granaderos y policías llegaron al predio desde las tres de la mañana del miércoles. Horas después los pobladores rompieron el cerco policiaco y los elementos «arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque Pavigi, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad», agregó el CNI y la Anavi. Pasadas 16 horas, los pobladores lograron impedir el avance de la perforación.

El CNI y la Asamblea alertaron sobre el riesgo de criminalización y arresto de los defensores de Xoxtla a quienes previamente se les fabricaron carpetas de investigación por oponerse al saqueo del agua, las cuales siguen abiertas. Las organizaciones responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la criminalización y de los actos de «despojo y violencia» en la región cholulteca.

COMUNICADO:

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

El día de hoy, 7 de octubre del 2026, a partir de las 3:30 am arribaron a la comunidad de Xoxtla, Puebla, decenas de granaderos para proteger a la maquinaria de perforación de pozos con la que se pretende imponer el despojo de agua en la comunidad, tras el cierre de calles por parte de la policía, la comunidad se organizó para detener las obras y exigir el retiro inmediato y definitivo de la maquinaria y de los elementos policiacos.

Este asalto a la comunidad se da en el marco de proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla.

Los pobladores rompieron el cerco policiaco y se encuentran en proceso de organización para hacer valer su autonomía y su decisión colectiva que desde hace más de un año emitieron en asamblea: NO A LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN XOXTLA, NO AL DESPOJO DEL AGUA.

Los elementos de la policía arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque PAVIGI, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad.

Cabe mencionar que en el marco de la defensa del agua en Xoxtla, han sido criminalizados compañeros, cuyas carpetas fabricadas continúan abiertas, alertamos sobre el riesgo de criminalización y arresto de los mismos y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno por estos actos de despojo y violencia.

Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm, seguimos antentos hasta el retiro total y definitivo de la misma.

Desde el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos pronunciamos enérgicamente en contra de la violencia del Estado en contra del digno pueblo de Xoxtla y nos sumamos a sus firmes exigencias:

RETIRO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA MAQUINARIA DE PERFORACIÓN

ALTO AL DESPOJO DEL AGUA EN XOXTLA

RESPETO A LA DECISIÓN DEL PUEBLO

QUE DEFIENDE SU AGUA

Llamamos a los pueblos y organizaciones solidarias a continuar atentos a la lucha por el agua en Xoxtla y seguir exigiendo el cierre de carpetas de investigación fabricadas contra habitantes del pueblo que defienden el agua.

¡EL AGUA ES DE LOS PUEBLOS NO DE LAS EMPRESAS NI DEL MAL GOBIERNO!

ATENTAMENTE

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/pobladores-impiden-perforacion-de-pozo-profundo-y-retiran-maquinaria-en-xoxtla/

Reforma a derechos de autor abre la puerta a retirar contenido sin sentencia, advierte López Rabadán

La legisladora acusó que la reforma deja una 'discrecionalidad brutal' para suspender el acceso a Internet de los usuarios

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, cuestionó las reformas a las leyes de derechos de autor y de propiedad industrial que se discuten en el Congreso, al considerar que ambas pueden generar restricciones a la libertad de expresión y permitir sanciones contra usuarios y creadores de contenido en Internet.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora señaló que existen dos reformas a las que se ha denominado coloquialmente “leyes antimeme”: una aprobada la semana pasada por el Senado y otra avalada este miércoles por la Cámara de Diputados. Explicó que cada una modifica un marco legal distinto y establece consecuencias diferentes.

“La Cámara de Diputados, lamentablemente, aprobó ayer esta reforma a la ley de derechos de autor. En el Senado de la República, lamentablemente, ya también se aprobó la reforma a la ley de la propiedad industrial”, afirmó.

La legisladora advirtió que la redacción aprobada puede afectar también a usuarios que ejerzan su libertad de expresión. Sobre la reforma aprobada en San Lázaro, explicó que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y establece responsabilidades para los proveedores de plataformas de Internet.

“Esta ley, en estricto sentido, es económica, llamémosle así, la de la Cámara de Diputados obliga a los proveedores de las plataformas a retirar, suspender las publicaciones, quitarle el Internet a los usuarios”, sostuvo.

En contraste, indicó que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo origen fue el Senado, establece sanciones de carácter penal. “La otra, la del Senado de la República, te mete a la cárcel. Una es administrativa económica, la otra es de gestión corporal”, explicó.

López Rabadán precisó que ambos proyectos deberán continuar su trámite parlamentario. La reforma a derechos de autor, aprobada por los diputados, será discutida en el Senado, mientras que la modificación a propiedad industrial, avalada inicialmente por los senadores, deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.


La diputada panista destacó que, durante las discusiones, Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron las modificaciones, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Señaló que en ambas cámaras la oposición ha planteado objeciones relacionadas con el posible impacto de las reformas sobre la libertad de expresión.

Uno de sus principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que los proveedores de Internet retiren o suspendan contenidos sin que exista previamente una resolución judicial. López Rabadán sostuvo que la redacción permite actuar a partir de la apreciación del propio proveedor sobre una eventual violación a derechos de autor.

También cuestionó la viabilidad de que los proveedores puedan determinar si una publicación infringe derechos de autor, debido a la amplitud de los supuestos que podrían entrar en esa categoría.

“Es materialmente complejísimo, casi imposible, si tú eres un proveedor de internet, tienes una plataforma, de saber si una persona en la sierra de Guerrero, o aquí en Iztapalapa, o en Polanco, o un monero está violando derechos de autor”, señaló.

La legisladora sostuvo que la preocupación alcanza tanto a caricaturistas y creadores de contenido reconocidos como a ciudadanos que elaboran y comparten publicaciones en redes sociales. En ese sentido, explicó que el término “ley antimeme” surgió como una manera de referirse al posible efecto de las reformas sobre contenidos de sátira, crítica y discusión pública, aunque reconoció que ninguna de las dos iniciativas utiliza expresamente la palabra “meme”.

Aseguró que uno de los argumentos para impulsar las reformas es combatir el uso fraudulento de imágenes, nombres y elementos de instituciones públicas o de personas conocidas para engañar a ciudadanos. Relató incluso que ella misma fue informada en alguna ocasión de que su imagen y nombre eran utilizados para promocionar un producto que no conocía. “Efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos”, afirmó al referirse a la necesidad de combatir ese tipo de prácticas.

Sin embargo, sostuvo que el Congreso pudo haber establecido una distinción más precisa entre esas conductas fraudulentas y aquellas protegidas por la libertad de expresión, como la sátira, la caricatura o la crítica política.

López Rabadán afirmó que la oposición presentó una reserva para incorporar expresamente esa protección en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero que la propuesta fue rechazada.

“Nosotros les dijimos, muy bien, les proponemos una reserva que discutimos y que evidentemente no quisieron aceptar para garantizar, y te leo exactamente lo que nosotros propusimos, favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística y la crítica política”, explicó.

Detalló el contenido de la propuesta presentada por la oposición para modificar la fracción sexta del artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La redacción planteada agregaba que las disposiciones debían aplicarse “favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política, y la deliberación pública plural”.

De acuerdo con la legisladora, la reserva buscaba establecer una salvaguarda explícita para evitar que las nuevas facultades pudieran utilizarse contra expresiones protegidas.

“Nosotros decimos, si aceptan eso, entonces es que sí es una reforma de buena fe. Que sí lo que estás queriendo es ayudar a los ciudadanos”, sostuvo.

Aseguró que la propuesta fue rechazada durante la discusión en la Cámara de Diputados, al igual que otras reservas presentadas por la oposición. “Si tú propones que se garantice la libertad de expresión y ellos dicen que no, pues la verdad es que camina como pato, ¿no? Escribe como pato, pues es pato”, afirmó.

Consideró que la legislación debió establecer de manera expresa las garantías necesarias para proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y la crítica política.

La legisladora también cuestionó que los proveedores puedan quedar expuestos a multas de hasta 4.7 millones de pesos si no cumplen con las disposiciones. Afirmó que esa posibilidad puede generar incentivos para que las plataformas retiren contenidos ante el riesgo de ser sancionadas.

López Rabadán sostuvo que el efecto de estas disposiciones podría extenderse más allá de los creadores de contenido conocidos, pues cualquier usuario podría quedar sujeto a una medida de suspensión o retiro de contenidos si el proveedor considera que existe una violación a derechos de autor.

En ese sentido, llamó a los creadores de contenido y ciudadanos a mantener la defensa de la libertad de expresión. “A todos ellos les decimos: es tiempo de valientes, no cedan ante las leyes como estas que son claramente injustas”, dijo.

Consideró que las discusiones en ambas cámaras serán relevantes para determinar el alcance de las modificaciones y lamentó la falta de un parlamento abierto para ampliar el debate.

Diputados aprueban reforma sobre derechos de autor; incentiva retiro preventivo de contenidos: Artículo 19

Artículo 19 sostiene que las nuevas obligaciones pueden incentivar a las plataformas a retirar contenidos antes de que exista una determinación sobre su legalidad

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece un esquema de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por usuarios, mientras organizaciones civiles como Artículo 19 advirtieron que los cambios pueden incentivar la censura, el monitoreo y la eliminación preventiva de contenidos en la red.

El dictamen fue aprobado en lo general con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención. En lo particular obtuvo 310 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención. La reforma modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El dictamen señala que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos de autor en entornos digitales, armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, particularmente los establecidos en el T-MEC, y precisar cuándo puede existir responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet, sin hacerlos responsables automáticamente por los contenidos generados por terceros.

Entre los cambios aprobados se establece que los proveedores deberán contar con una política para la terminación del servicio a infractores reincidentes. Esa política deberá ser pública, permanecer publicada en el sitio de internet del proveedor, formar parte de los términos y condiciones del servicio e incluir mecanismos mínimos de notificación al usuario.

La reforma también establece que un proveedor podrá ser considerado responsable por infracciones cometidas por usuarios cuando incumpla las condiciones del llamado “puerto seguro”, cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de ella, o cuando tenga capacidad para controlar la conducta del usuario y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad infractora.

Cuando se actualicen esos supuestos, el proveedor podrá ser sancionado con las mismas infracciones cometidas por el usuario. Las multas previstas van de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para determinados casos; de mil a cinco mil veces la UMA en otro supuesto y de 500 a mil veces en los demás casos señalados por la ley. Además, se establece una multa adicional de entre 100 y 500 veces la UMA para quien persista en la infracción.

Debate legislativo

El diputado de Morena Jesús Valdés Peña rechazó que se trate de una legislación censora y sostuvo que la reforma busca proteger a autores y artistas, además de establecer una corresponsabilidad entre proveedores, autores y usuarios. “Va más allá de una adecuación técnica, es un cambio encaminado a proteger nuestra cultura, autores y artistas, fortalecer la identidad y lograr una mayor cohesión social de nuestra nación”.

Por su parte, el panista Marcelo de Jesús Torres acusó que la reforma puede utilizarse para restringir el acceso a internet. “Lo único que le preocupa al partido en el gobierno es quitarle el internet a la ciudadanía. Le temen a la red porque le temen a la verdad, le temen al ciudadano que graba a sus extorsionadores, le temen al periodismo que destapa la corrupción. Por eso, nos traen esta trampa legislativa”.

El legislador afirmó que se pretende obligar a las empresas de internet a suspender servicios sin debido proceso ni orden judicial y calificó la propuesta como una “ley mordaza digital”.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, defendió el dictamen y sostuvo que busca actualizar la legislación frente al entorno digital y armonizarla con los compromisos adquiridos por México en el T-MEC. “No hay violación a la libertad de expresión ni esa frase de antimemes. No estamos hablando de eso”.

El priista Mario Zamora Gastélum afirmó que el debate no se limita a los derechos de autor, sino a quién determina qué contenidos permanecen en internet. “Nosotros rechazamos completamente esta iniciativa. En el PRI sí estamos a favor de los autores, y lo que hoy cuestionamos es si este texto los protege o si simple y sencillamente les pasa factura y los están utilizando”.

La diputada emecista Gloria Elizabeth Núñez sostuvo que el dictamen puede generar un desequilibrio entre los derechos patrimoniales de los autores y la libertad de expresión. “La protección de los derechos de autor debe ir acompañada de reglas claras, sanciones proporcionales y procedimientos que permitan distinguir entre una infracción y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La propuesta conlleva riesgos para personas usuarias y no ofrece garantías suficientes para evitar decisiones arbitrarias”.

Durante la fundamentación del dictamen, la diputada Claudia Selene Ávila Flores, a nombre de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, sostuvo que la reforma busca responder a los cambios provocados por internet en la creación, distribución, reproducción y consumo de obras protegidas.

La legisladora afirmó que el propósito es mantener un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y un entorno digital abierto. “Y es ese precisamente el equilibrio que buscamos preservar en el dictamen”.

Ávila Flores señaló que los proveedores no serán responsables automáticamente por contenidos generados por terceros y explicó que el régimen de “puerto seguro” permitirá mantener la limitación de responsabilidad cuando los proveedores cumplan las condiciones establecidas en la ley y actúen con la diligencia correspondiente.

En ese sentido, apuntó que el proveedor no será responsable únicamente por prestar un servicio, transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas; se requerirán elementos adicionales, como conocimiento y participación en las conductas infractoras, capacidad de control y un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad.

Sobre las sanciones, la legisladora afirmó: “Lo que se está tutelando es el derecho de autor, no se está prohibiendo la libertad de expresión. Lo que estamos buscando al defender o al hacer la tutela de los derechos de autores es precisamente que no haya temas de piratería y de robo de estos materiales. No estamos imponiendo una mordaza”.

Antes de la votación, el Pleno desechó tres mociones suspensivas presentadas por la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, y los diputados Gibrán Ramírez Reyes, de MC, y Rubén Moreira, del PRI, quienes buscaban detener la discusión y devolver el dictamen a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Artículo 19 advierte riesgos

Artículo 19 rechazó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y sostuvo que los cambios pueden incentivar que las plataformas retiren contenidos de manera preventiva para evitar sanciones.

En una publicación difundida el miércoles, la organización afirmó que la reforma “profundiza los riesgos de censura y vigilancia en internet, al incentivar la eliminación de contenidos legítimos y restringir la libertad de expresión”.

Según Artículo 19, las nuevas responsabilidades pueden llevar a las plataformas digitales a retirar contenidos antes de que se determine si existe una infracción a los derechos de autor, lo que pone en riesgo expresiones legítimas, críticas, informativas y de interés público.

La organización también advirtió que las nuevas obligaciones pueden incentivar el monitoreo de las publicaciones de los usuarios y una eliminación excesiva de contenidos para evitar responsabilidades derivadas de expresiones de terceros. “La protección de los derechos de autor no debe convertirse en un mecanismo de censura privada”.

Artículo 19 pidió al Senado abrir espacios de diálogo para elaborar un marco que proteja los derechos de autor sin establecer mecanismos de censura, vigilancia o restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

Gobierno federal pide verificar hallazgo de presunto campo de exterminio en Nayarit

La presidenta pidió esperar la revisión federal antes de confirmar qué fue localizado en el sitio reportado por la Fiscalía de Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda antes de confirmar qué fue localizado en el sitio reportado por la Fiscalía General de Nayarit como un presunto campo de exterminio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, y con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para coordinar la intervención federal.
Hasta que no llegue la Comisión (Nacional) de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué fue lo que se encontró en este lugar que reportó la fiscal.


Sheinbaum dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda se trasladaría al lugar para verificar los indicios y determinar qué fue localizado.

“No sabemos todavía”, respondió cuando se le preguntó si ya estaba confirmado que en el sitio hubiera cuerpos.

La postura de la presidenta se da después de que la foscal Heredia Verdugo informó que la Fiscalía estatal procesa desde el 3 de octubre un predio ubicado en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde reportó indicios de una posible zona de incineración de cuerpos.

La fiscal señaló que en el sitio fueron localizadas prendas de vestir, fragmentos óseos y una estructura artesanal que, de acuerdo con la investigación estatal, habría sido utilizada para incinerar cuerpos.

También informó sobre el procesamiento de una fosa con cuerpos de reciente data.

La Comisión Nacional de Búsqueda ya envió personal especializado para reforzar las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento del predio, mientras la Fiscalía de Nayarit mantiene a su cargo la investigación ministerial y los trabajos periciales.

La intervención federal permitirá establecer, mediante los análisis correspondientes, la naturaleza de los restos e indicios encontrados, así como determinar si corresponden a personas y, en su caso, avanzar en su identificación.

Exgobernador de Guerrero exige atención médica especializada desde el Altiplano

La defensa jurídica del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, motivada por la falta de atención médica e insumos farmacéuticos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano.

La solicitud promovida el 7 de octubre de 2026 señala como autoridad responsable al director de dicho recinto penitenciario en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, reclamos que quedaron radicados en el expediente 1200/2026.

En la demanda, el abogado del imputado solicitó la intervención judicial frente a la presunta omisión de las autoridades carcelarias de suministrarle medicamentos, brindar el tratamiento integral correspondiente a sus padecimientos y ordenar su traslado a una institución hospitalaria pública que disponga de la infraestructura y especialistas requeridos para su valoración.

De igual forma, el escrito reclama la negativa de entregar copia del expediente clínico y la documentación médica acumulada durante su reclusión.

Para respaldar la petición, la defensa expuso que el exmandatario presenta dolor intenso en la columna vertebral, inflamación y molestias al orinar, estados febriles, escalofríos, dolor lumbar y abdominal, así como dificultades físicas para desplazarse de pie.

Asimismo, el reporte asentado en la solicitud refiere problemas respiratorios, despertares nocturnos con sensación de ahogo, mareos y debilidad general, cuadro de salud agravado por su edad avanzada y el diagnóstico previo de enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Tras analizar los hechos expuestos, la autoridad jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano al considerar que la falta de asistencia médica especializada compromete la vida, la dignidad e integridad personal del recluso, situación que podría derivar en actos equivalentes a tormento o malos tratos.

Ante tal determinación, el juzgado previno a las autoridades penitenciarias para que en un plazo de veinticuatro horas informen sobre el cumplimiento dado a la medida cautelar y remitan las constancias que acrediten la atención brindada.

Aguirre Rivero se encuentra privado de la libertad en el penal del Altiplano desde el 6 de agosto de este mismo año, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecida entre el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

El 12 de agosto reciente, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas, en la hipótesis de que un servidor público estatal ocultó y destruyó evidencias.

De acuerdo con las indagatorias federales, el sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala registró el momento en que un grupo de normalistas que transitaba a bordo de un autobús fue obligado a descender para ser abordado en otra unidad custodiada por hombres armados.

El material grabado fue descargado en un disco compacto y entregado personalmente a Aguirre Rivero, quien presuntamente ordenó la destrucción de dicha prueba y de otros elementos vinculados al caso.

Por este mismo expediente relativo a la pérdida de videograbaciones, en mayo de dos mil veinticinco fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, fecha en que dimitió tras el descontento social generado por los hechos ocurridos en Iguala.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS DÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/exgobernador-de-guerrero-exige-atencion-medica-especializada-desde-el-altiplano/

Sheinbaum descarta pruebas de nexos criminales en empresas de Baja California sancionadas por EU

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en posicionar la postura del gobierno federal frente a las sanciones internacionales emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el gabinete de seguridad no han encontrado evidencias que respalden los supuestos vínculos con grupos criminales de las empresas señaladas por la OFAC.

La mandataria federal detalló que, tras el análisis institucional realizado por el Estado mexicano, se detectaron únicamente faltas de carácter administrativo o fiscal, más no elementos sólidos que las conecten con redes de la delincuencia organizada.

Al respecto, el posicionamiento de la UIF —respaldado por el Ejecutivo federal— profundizó en la naturaleza de las medidas tomadas.

“Justamente el día en que se publicaron estas sanciones que hace la institución de Estados Unidos vinculada con el gobierno y el departamento del Tesoro, en este comunicado la UIF lo que dice es que, de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo”, dijo.

Asimismo, la dependencia federal recalcó que la administración norteamericana tampoco ha hecho llegar información que sustente dichos nexos. “Ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo”.

Explicando el procedimiento posterior al bloqueo de cuentas, la administración de Sheinbaum detalló el proceso normativo al que se enfrentan las compañías afectadas.

“Lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades, se abre un periodo como en cualquier sanción de gobierno para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas y en ese momento si se encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongelara la cuenta y si no, pueden irse a un procedimiento judicial”, explicó.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que, a pesar de las revisiones exhaustivas y de las sanciones financieras, el gabinete de seguridad de México carece de elementos que demuestren que las personas morales o físicas involucradas formen parte de estructuras delictivas.

Además, negó tajantemente las versiones de que haya regañado a Omar García Harfuch y a su equipo del Gabinete de Seguridad por haber congelado cuentas a las empresas señaladas, en atención a lo informado por la OFAC.

CONTRATOS MILLONARIOS Y EL RIESGO OPERATIVO EN BAJA CALIFORNIA

Mientras el gobierno federal mantiene la postura de evaluar los casos bajo criterios estrictamente fiscales y administrativos a falta de pruebas concluyentes de narcotráfico por parte de Washington, en el ámbito local la realidad operativa muestra otra cara.

La empresa involucrada, Inteliproof Efficient, logró concentrar más de 200 millones de pesos en contratos asignados entre 2022 y 2025 por dependencias clave como la Fiscalía General de Estado de Baja California, la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila y diversos ayuntamientos.

A pesar de que la compañía y sus directivos figuran en los listados de la OFAC por presuntamente formar parte de las redes financieras de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, las contrataciones incluyeron no solo uniformes tácticos y equipo antimotín, sino también software avanzado de reconocimiento facial financiado en parte con recursos federales como el FASP.

Hasta el momento, las autoridades locales no han esclarecido de manera pormenorizada el riesgo potencial que implicó el acceso de una empresa señalada por blanqueo de capitales a información sensible y bases de datos estratégicas de seguridad pública en la entidad.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENALCE: https://zetatijuana.com/2026/10/sheinbaum-descarta-pruebas-de-nexos-criminales-en-empresas-de-baja-california-sancionadas-por-eu/

'Mucha grilla', dice Sheinbaum sobre 'candidateada' del PVEM para Harfuch

Sheinbaum destacó el trabajo de Omar García Harfuch al frente de Seguridad, pero rechazó hablar de futurismos rumbo a la sucesión presidencial de 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “mucha grilla” y “promociones de los partidos políticos” los señalamientos del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, sobre una eventual candidatura presidencial del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2030.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció el desempeño del funcionario, pero rechazó anticipar una posible candidatura, al señalar que la sucesión presidencial todavía está lejos.
Pero el 2030 está muy lejos todavía, los futurismos de los partidos no.
Sheinbaum destacó la capacidad y trayectoria de García Harfuch al frente de la estrategia de seguridad del gobierno federal y afirmó que continuar en ese cargo requiere valentía, particularmente después del atentado que sufrió en 2020, cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.


Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México.
La presidenta también consideró que García Harfuch es “un hombre muy cabal”, aunque insistió en que actualmente su responsabilidad está concentrada en las tareas de seguridad y no en una eventual contienda presidencial.

“Los futurismos de los partidos no; ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa, ninguno, porque están dedicados a su trabajo”, dijo.

La mandataria extendió esa postura al resto de su gabinete y aseguró que los funcionarios de su administración están concentrados en sus responsabilidades.
Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que trabajan 100% dedicados a su trabajo y a sacar adelante al país.


Sus declaraciones ocurrieron luego de que Manuel Velasco planteara públicamente la posibilidad de que García Harfuch sea considerado como una opción presidencial para 2030, y lo llamó el “Pedro Infante de la política”, en medio de las definiciones y posicionamientos anticipados de los partidos políticos rumbo a la sucesión.

Sheinbaum sostuvo que todavía falta tiempo para ese proceso y señaló que su gabinete enfrenta actualmente una situación compleja en materia económica, por lo que el objetivo de sus integrantes debe ser trabajar para “sacar adelante a México”.

Kuri y Johnson se comprometieron a colaborar dentro del marco de la Ley: Sheinbaum

El Gobernador de Querétaro reiteró que durante el evento con el Embajador de Estados Unidos no se firmó ningún acuerdo sin autorización del Gobierno

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló directamente con el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y con el Embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald D. Johnson. Ambos acordaron que se seguirán los procedimientos dentro de la Ley en caso de colaborar en la Academia Internacional de Policía.
"Ambos acordaron colaborar dentro del marco de la Constitución y de la Ley. El Gobernador Kuri hizo un mensaje diciendo que no iba a violar nada y se iba a informar para pedir permiso en caso de colaboración externa en la academia", declaró la mandataria federal en la "mañanera del pueblo" del 8 de octubre.
Asimismo, el Secretario de Seguridad le informó al Gobernador de Querétaro que una academia en un estado tiene que capacitar únicamente en términos de las atribuciones que le corresponden a las entidades de la república y no en delitos federales como se informó en la ceremonia de "colocación de la primera piedra" de la Academia el pasado 2 de octubre.


Mauricio Kuri insiste en que no se firmó ningún acuerdo con EU

El Gobernador de Querétaro insistió este miércoles en que notificó al Gobierno federal sobre la visita del Embajador Johnson, a la entidad y aclaró que no se firmó ningún acuerdo durante el inicio de la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial.
“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería, se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó el mandatario panista durante la entrega de reconocimientos del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026.
Kuri González también descartó un distanciamiento con el Gobierno federal y aseguró que mantendrá la coordinación con la administración, sin cerrar la puerta al respaldo internacional para proyectos de seguridad en el estado.

Asimismo, destacó los vínculos que la entidad ha mantenido durante años con distintas representaciones diplomáticas, particularmente con la estadounidense, y defendió la cooperación institucional como parte de las relaciones de su administración.
“Yo creo que Querétaro tiene muy buena relación con la federación. Hemos tenido desde hace muchos años una muy buena colaboración con muchas embajadas, entre ellas, con la que tenemos una gran relación, que es con la Embajada de Estados Unidos”, expresó el mandatario estatal. 
Sheinbaum se reunirá con Ronald D. Johnson en Palacio Nacional

Tras el intercambio de declaraciones por la ceremonia de la Academia Internacional de Policía en Querétaro, la Presidenta informó que se reunirá este jueves con el Embajador Ronald D. Johnson en Palacio Nacional, aunque en este caso, tratarán asuntos relacionados a inversionistas estadounidenses de la American Chamber.
“Viene hoy, viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos de la American Chamber, bueno, mexicanos-estadounidenses o mexicanos que invierten en Estados Unidos o empresarios estadounidenses que invierten en México", declaró Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina.
La titular del Ejecutivo federal adelantó que la reunión se llevará a cabo en la sede presidencial entre las 12:00 y las 14:horas.

"Capitán Sol" es vinculado a proceso por huachicol fiscal; seguirá preso en Altiplano

La FEMDO aportó las pruebas necesarias para ratificar la prisión preventiva en contra de Miguel "N" por robo de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que se vinculó a proceso a Miguel "N", conocido como el "Capitán Sol", luego de que se acreditarán pruebas suficientes de su presunta participación en delitos cometidos por una red de huachicol fiscal.
"Derivado de los datos de prueba aportados por la FGR, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel 'N', por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos", se lee en un comunicado.
El documento menciona que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para que la autoridad ratificara la prisión preventiva oficiosa y seis meses para continuar las investigaciones.


El presunto reclutador de la red de huachicol

Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como el “Capitán Sol”, aparece en las investigaciones de la FGR como una de las figuras presuntamente relevantes en la red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Farías Laguna.

De acuerdo con las indagatorias, Solano Ruiz habría funcionado como enlace entre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Un testigo protegido señaló ante la autoridad que el exmarino presuntamente se encargaba de reclutar a elementos de la Secretaría de Marina, tanto en activo como retirados, para incorporarlos a las operaciones de contrabando de combustible.

La investigación también apunta a que habría utilizado sus contactos e influencia para colocar a personal presuntamente corrompido en posiciones estratégicas dentro de las aduanas de los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Según la FGR, el “Capitán Sol” mantenía comunicación telefónica con los hermanos Farías Laguna para coordinar presuntos actos de corrupción y la entrega de sobornos a funcionarios públicos. El objetivo, de acuerdo con las indagatorias, habría sido obtener influencia dentro de la Agencia Nacional de Aduanas para facilitar las operaciones de la red de huachicol.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum dice que no le informaron sobre detención de 'El Tanque' y vínculo con Olán

La mandataria dijo que corresponde a la FGR confirmar o descartar el vínculo y señaló que no existe investigación contra Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no ha sido informada por el Gabinete de Seguridad sobre la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, ni sobre una posible relación del presunto integrante del crimen organizado con el empresario Amílcar Olán, cercano de Andrés Manuel López Beltrán.
No me han informado nada al respecto y, en todo caso, la Fiscalía General de la República tendría que informarlo si es que hay alguna relación.
La mandataria fue cuestionada durante la conferencia matutina sobre la detención de “El Tanque” y la versión sobre un posible vínculo con Olán, señalado previamente en investigaciones y reportes periodísticos por sus relaciones con personas cercanas al entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum sostuvo que, si existe alguna relación entre ambos, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) confirmarla o descartarla.

La presidenta también fue cuestionada sobre lo informado un día antes por la Secretaría de Hacienda, respecto a que no existe una investigación de esa dependencia contra Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Sobre el caso de López Beltrán, Sheinbaum afirmó que ella misma consultó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Eso sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación sobre el hijo del presidente.
Respecto de otras personas, incluida la situación de Olán, la presidenta indicó que corresponde a la propia Fiscalía informar.

Fuerzas de seguridad detuvieron en Jalisco a Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, informaron este martes autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en sus redes sociales que ‘El Tanque’ era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones lo relacionan con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.