La mandataria federal detalló que, tras el análisis institucional realizado por el Estado mexicano, se detectaron únicamente faltas de carácter administrativo o fiscal, más no elementos sólidos que las conecten con redes de la delincuencia organizada.
Al respecto, el posicionamiento de la UIF —respaldado por el Ejecutivo federal— profundizó en la naturaleza de las medidas tomadas.
“Justamente el día en que se publicaron estas sanciones que hace la institución de Estados Unidos vinculada con el gobierno y el departamento del Tesoro, en este comunicado la UIF lo que dice es que, de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo”, dijo.
Asimismo, la dependencia federal recalcó que la administración norteamericana tampoco ha hecho llegar información que sustente dichos nexos. “Ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo”.
Explicando el procedimiento posterior al bloqueo de cuentas, la administración de Sheinbaum detalló el proceso normativo al que se enfrentan las compañías afectadas.
“Lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades, se abre un periodo como en cualquier sanción de gobierno para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas y en ese momento si se encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongelara la cuenta y si no, pueden irse a un procedimiento judicial”, explicó.
La jefa del Ejecutivo federal reiteró que, a pesar de las revisiones exhaustivas y de las sanciones financieras, el gabinete de seguridad de México carece de elementos que demuestren que las personas morales o físicas involucradas formen parte de estructuras delictivas.
Además, negó tajantemente las versiones de que haya regañado a Omar García Harfuch y a su equipo del Gabinete de Seguridad por haber congelado cuentas a las empresas señaladas, en atención a lo informado por la OFAC.
CONTRATOS MILLONARIOS Y EL RIESGO OPERATIVO EN BAJA CALIFORNIA
Mientras el gobierno federal mantiene la postura de evaluar los casos bajo criterios estrictamente fiscales y administrativos a falta de pruebas concluyentes de narcotráfico por parte de Washington, en el ámbito local la realidad operativa muestra otra cara.
La empresa involucrada, Inteliproof Efficient, logró concentrar más de 200 millones de pesos en contratos asignados entre 2022 y 2025 por dependencias clave como la Fiscalía General de Estado de Baja California, la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila y diversos ayuntamientos.
A pesar de que la compañía y sus directivos figuran en los listados de la OFAC por presuntamente formar parte de las redes financieras de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, las contrataciones incluyeron no solo uniformes tácticos y equipo antimotín, sino también software avanzado de reconocimiento facial financiado en parte con recursos federales como el FASP.
Hasta el momento, las autoridades locales no han esclarecido de manera pormenorizada el riesgo potencial que implicó el acceso de una empresa señalada por blanqueo de capitales a información sensible y bases de datos estratégicas de seguridad pública en la entidad.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENALCE: https://zetatijuana.com/2026/10/sheinbaum-descarta-pruebas-de-nexos-criminales-en-empresas-de-baja-california-sancionadas-por-eu/
No hay comentarios: