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Crímenes de lesa humanidad: desapariciones, ejecuciones y tortura

El CED y el Relator de la ONU ven indicios bien fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México. No hay política federal, pero organizaciones criminales actúan sistemáticamente con apoyo o aquiescencia estatal. En tanto, gobiernos descalifican denuncias

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enumera los delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos desaparición forzada, tortura y asesinato. Es frecuente escuchar que, por el simple hecho de estar incluidos en ese catálogo, toda desaparición, todo acto de tortura o todo asesinato constituyen automáticamente crímenes de lesa humanidad. Eso es incorrecto.

Para que dichas conductas alcancen esa categoría, deben cumplir los requisitos establecidos en el encabezado del artículo 7 y en el inciso a) de su apartado 2 del Estatuto.

La noción de crimen de lesa humanidad, desarrollada a partir de las ideas del jurista Hersh Lauterpacht (Sands, Philippe; Calle Este Oeste) e incorporada al Estatuto de Roma, exige que los actos se cometan como parte de un ataque contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque; que éste sea generalizado o sistemático; que responda a una política de un Estado o de una organización, y que los actos se ejecuten para poner en práctica o promover esa política.

Desde 2015, en virtud de pronunciamientos como los del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Relator de la ONU contra la Tortura, se ha intensificado en México el debate sobre si en México se cometen crímenes de lesa humanidad, a raíz de la multiplicidad de desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones ocurridos en gran parte del territorio nacional.

Esta discusión cobró especial relevancia porque tanto el CED como el Relator Especial sobre la Tortura utilizaron el calificativo de “generalizada” para describir la práctica de las desapariciones y de la tortura en México.

En el caso del CED, esa apreciación se ha reiterado en sus observaciones finales de 2015 (CED/C/MEX/CO/1), 2018 (CED/C/MEX/OAI/1), y 2023 (CED/C/MEX/OAI/2), así como en el informe derivado de su misión a México del 2021 publicado en 2022 (CED/C/R.9) y, especialmente, en la decisión de abril de 2026 (CED/C/MEX/A.34/D/1). En ésta, el CED concluyó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones en México no sólo son generalizadas, sino también sistemáticas, y que han alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad (Párr. 70 a 114).

Por razones de espacio resulta imposible analizar aquí cada uno de los elementos de esa definición, pero quien desee profundizar sobre esta cuestión puede revisar el segundo informe del relator especial para la elaboración de una convención sobre crímenes de lesa humanidad; Sr. Sean D. Murphy, a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (A/CN.4/690) y, sobre todo, la decisión del CED de abril de 2026, en la que se examina uno por uno cada elemento. El CED concluye, con base en abundante evidencia y análisis de contexto, que existen suficientes indicios bien fundados para sostener que en México pudieran estarse cometiendo desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad.

La reacción de los gobiernos de México, desde Calderón a la fecha, frente a estos pronunciamientos ha consistido, principalmente, en descalificar e insultar a los expertos y cuestionar su imparcialidad, sin responder seriamente a la argumentación jurídica y fáctica de los informes y, particularmente, de la decisión del CED.

Para el derecho penal internacional, las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidas tanto por agentes estatales como por organizaciones, incluso cuando exista (o no) autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. El propio Estatuto de Roma establece que la política puede provenir del Estado o de una organización.

En su decisión, el CED aclara expresamente que no encontró indicios de una política del Estado mexicano, a nivel federal, destinada a cometer desapariciones forzadas. Sin embargo, concluye que las desapariciones se cometen de manera sistemática como parte de políticas de organizaciones criminales que, en numerosas ocasiones, actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades estatales.

¿El CED excedió sus facultades al interpretar el Estatuto de Roma? El artículo 5 de la Convención de la ONU en esta materia remite expresamente al “derecho internacional aplicable” en materia de crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, el CED está plenamente facultado para interpretar ese precepto, incluyendo el Estatuto de Roma, tal como ya lo había reconocido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU desde 2010 en su Observación General No. 8 (A/HRC/16/48 párr. 39).

Asimismo, tanto la Convención como el Estatuto, dentro de la definición de desaparición forzada, incluyen los supuestos de “autorización, apoyo o aquiescencia” de agentes estatales respecto de actos cometidos por particulares u organizaciones criminales. El CED ya había emitido, desde mayo de 2023, una “Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención”, en la que aclara con precisión y basada en estándares internacionales, los términos de “autorización, apoyo y aquiescencia” (CED/C/10).

Con base en un amplio cúmulo de información proveniente del propio estado mexicano, ONGs mexicanas e internacionales, personas académicas y otras fuentes, el CED concluyó que existen indicios bien fundados de que organizaciones criminales llevan a cabo desapariciones de manera sistemática como parte de sus políticas, frecuentemente con la autorización, apoyo o aquiescencia, de servidores públicos de distintos órdenes y niveles.

Un ejemplo reciente es el caso de Tabasco, donde se ha comprobado la coparticipación de organizaciones criminales y servidores públicos en la comisión de desapariciones forzadas (https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/4/4/vinculan-proceso-hernan-bermudez-por-desaparicion-forzada-seguira-preso-en-el-altiplano-369467.html). Este tipo de situaciones ya había sido documentado en el informe del 16 de junio de 2016, titulado Atrocidades innegables, por Open Society-Justice Initiative, en el que se concluye que (en 2016) existen “fundamentos razonables” para considerar que se cometen crímenes de lesa humanidad en México, tanto por agentes estatales, como no estatales (e.g. Los Zetas) (https://idpc.net/es/publications/2016/06/atrocidades-innegables-confrontando-crimenes-de-lesa-humanidad-en-mexico).

Sobre tortura y ejecuciones todavía no existen pronunciamientos internacionales tan contundentes como el del CED. El informe del relator especial sobre la tortura de 2014 calificó la práctica de la tortura como “generalizada”, aunque no utilizó el término “sistemática” (A/HRC/28/68/Add.3). El relator sobre ejecuciones tampoco formuló una conclusión semejante respecto de las ejecuciones tras su visita a México en abril de 2013 (A/HRC/26/36/Add. 1).

Considerando que las desapariciones implican actos de tortura y, con frecuencia, culminan en ejecuciones (Art. 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada), no sería aventurado sostener que esas conductas también podrían estar ocurriendo dentro de un contexto generalizado y sistemático, conjuntamente con desapariciones.

Lo que sí resulta indiscutible es que el CED ha concluido que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Por ello resulta importantísimo que la decisión del CED haya llegado a la Asamblea General, a fin de que establezca mecanismos extraordinarios de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis humanitaria que vive México. Tales mecanismos deben abarcar: prevención de nuevas desapariciones, búsqueda, hallazgo e identificación de las personas desaparecidas, apoyo y protección a las familias buscadoras, fortalecimiento de capacidades forenses, esclarecimiento de los hechos y abatir la impunidad, que el propio CED ha calificado como casi absoluta.

Hacemos votos para que la Asamblea General cumpla con el artículo 34 de la Convención y considere esta cuestión con carácter de urgente y adopte una resolución poderosa que abarque eficazmente los aspectos mencionados.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

En el sexenio de AMLO se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura: OMCT

La organización dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura que implicaron a más de 3 mil víctimas, convirtiendo a México como un país con un “riesgo alto” de perpetración de esa grave violación a derechos humanos, concluyó la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el Índice Global de la Tortura 2025. 

En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización con sede en Ginebra, Suiza, dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.  

De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.  

La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación por tortura, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.  

Con base en información proporciona por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por tortura y malos tratos”.  

La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas de tortura carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.  

El reporte de la organización internacional incluye datos de la Encuesta Nacional de Población Privada e la Libertad (ENPOL), publicada por el INEGI en 2021, de la que se desprende la prevalencia de “un patrón común para generar pruebas ilícitas: el 42% de las personas en prisión entrevistadas refirieron que fueron golpeadas o maltratadas en la agencia del ministerio público para inculparse o aceptar hechos falsos y en el 22% para inculpar a alguien más”, mientras que 20% aceptó haberse declarado culpable de los delitos que le imputaban tras agresiones físicas”.   

La ENPOL también documenta que el 34.5% de las personas privadas de la libertad encuestadas “declararon haber sido agredidas físicamente por custodios”.  

Para la organización internacional los porcentajes de personas privadas de libertad que denunciaron tortura son muy elevados, considerando que hay 242 mil 457 personas privadas de libertad, de las cuales 38.2% se encuentran en condición de prisión preventiva. 

En la ficha técnica sobre México, la OMCT incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia contra México por la tortura sexual cometida contra once mujeres agredidas en un operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.  

De acuerdo con el Diagnóstico, de mil 280 mujeres privadas de la libertad encuestadas, “el 32% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual, sin haberla reconocido como tal, es decir que el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual”.  

El documento también incluye las muertes de 21 mujeres en el CEFERESO 16 de Morelos, presuntamente por suicidios derivados del ambiente torturante en que se encuentran las internas del reclusorio federal.  

La OMCT también consideró, como uno de los elementos de riesgo, la situación que viven defensores de derechos humanos y periodistas,  documentada a partir de reportes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que refiere que en 2024 “al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación fueron asesinadas en relación con su labor en México”, mientras que cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios, fueron desaparecidos ese año.  

La organización internacional destacó que a pesar de ser tan frecuente la perpetración de la tortura, en 2023 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo había reconocido a mil 553 víctimas de ese flagelo. 

La OMCT hizo una referencia a la “brutalidad policial” y retomó datos de la investigación Poder Militar, realizada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que  alerta que de 20182 a 2023, “la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos”, de los cuales, en 411 “se utilizaron armas de fuego”, en tanto que la corporación militarizada, había privado de la vida a 94 personas entre 2019 y 2021, entre los que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales.  

En la documentación del Índice Global de la Tortura 2025 se resaltó que México es uno de los pocos países que cuentan con legislación para abordar el delito de tortura, así como con instituciones y mecanismos dentro del Estado para combatir el flagelo, instrumentos jurídicos que incluso han sido imitados por otros países.  

Sin embargo, la OMCT lamentó la falta de congruencia entre la legislación y la realidad.  

De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, México comparte la clasificación de “alto riesgo” con países como El Salvador y Colombia, en Latinoamérica, así como con Nigeria, Camerún, República Democrática de El Congo y Túnez, en África, así como con Turquía, Pakistán, India, Malasia e Indonesia, en Asia.  

La presentación en México del documento estuvo encabezada por Olga Guzmán, responsable regional de OMCT, quien después de darlo a conocer dio la palabra a víctimas directas e indirectas de tortura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Congelan en Baja California por años investigación sobre tortura sexual

La Fiscalía admite que las indagaciones sobre la tortura a una mujer en 2014 están sin avances; anuncia reapertura del proceso y revisión de los funcionarios que presuntamente participaron en el crimen.

La investigación penal por la tortura sexual que sufrió Denís Chávez Mariscal hace diez años en Baja California y que despertó el interés internacional de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, estuvo cerrada durante años y sin avances, reconocieron las autoridades locales tras el reportaje publicado la semana pasada por Quinto Elemento Lab.

La Fiscalía estatal anunció que revisará el caso y se comprometió a examinar los ascensos y promociones que tuvieron los agentes policiales y ministeriales que presuntamente participaron en la tortura de Chávez y al menos otras dos mujeres.

Emiten recomendación a la SSC por detención arbitraria y tortura de una persona en Álvaro Obregón

Francisco Alvarado fue reconocido como víctima de la detención ilegal y arbitraria, así como de tortura por parte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, presentó la Recomendación 05/2023 dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por la detención “arbitraria e ilegal” y “tortura” de Francisco Alvarado Hernández y un adolescente, el 19 de abril de 2022 en la alcaldía Álvaro Obregón. 

ONU encuentra tortura y detención arbitraria de 3 en Tlaxcala

El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó la liberación de Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan 20 años presos sin sentencia.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que autoridades mexicanas torturaron y detuvieron arbitrariamente a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan más de 20 años en prisión sin sentencia.

Los tres imputados fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.

Morelos: María Luisa exige a la Fiscalía que judicialice carpeta sobre su presunta tortura

María Luisa Villanueva fue detenida en 6 de enero de 1998  y el 24 de septiembre de 1999 fue sentenciada a 30 años por presuntamente ser parte de una banda de secuestradores y haber participado en el secuestro de una niña.

María Luisa Villanueva, quien pasó 25 años en prisión por un delito que no cometió, protestó en la Fiscalía de Morelos para exigir que sea judicializada su carpeta y que los responsables de inculparla y torturarla sean castigados. María Luisa, en compañía de sus abogados y una comisión de ciudadanos solidaridad, acudió para solicitar un informe sobre el estado de su carpeta.

Pidió hablar directamente con Carlos Montes Téllez , fiscal metropolitano, pero le informaron que no se encontraba.

Murillo Karam fue imputado por presunta tortura a “El Cepillo”, implicado en el caso Ayotzinapa

La nueva imputación contra el exprocurador derivó del video difundido en redes sociales el 13 de julio de 2020 en el que se observa a “El Cepillo” siendo interrogado entre el 15 y 16 de enero de 2015 pero sin playera y con la cabeza tapada.

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue imputado esta tarde por supuestamente torturar a Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos e implicado en la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La defensa del exfuncionario solicitó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica en este caso será definida hasta el próximo viernes.

El estilo de la PGR de Murillo Karam: Oceanografía, otro caso armado mediante tortura

Durante cuatro días de marzo de 2014, agentes de la entonces PGR torturaron a Jorge Alejandro Hernández Ortega para obligarlo a firmar una declaración ministerial cuyo contenido desconocía. Dicha declaración fue clave para armar un caso mediático que fue utilizado por el gobierno de Peña Nieto como emblema contra la corrupción: la denuncia por fraude que CitiBanamex y Pemex interpusieron contra los dueños de Oceanografía, Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez.

El 3 de marzo de 2014 Jorge Alejandro Hernández Ortega salió de su casa en Ciudad del Carmen, Campeche, para ir a trabajar. Momentos después fue detenido por dos hombres que se identificaron como agentes federales. Lo que pretendía ser una jornada laboral de rutina se convirtió en un viaje de unos mil 700 kilómetros para padecer cuatro días de tortura.