“La responsabilidad solidaria no puede penetrar en el derecho administrativo sancionador, con todo respeto, porque de lo contrario se derrumbaría el fundamento de cualquier sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos”, dijo el ministro. 

“Las multas de tránsito deben sustentarse en la acreditación de la conducta infractora y en su atribución al conductor efectivo”, señaló. 

• Instaron a la Corte a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
• Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, y exigieron que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.
• Demandaron a las autoridades federales y estatales que aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones ni desmantelamiento de los instrumentos de asistencia y reparación.

1. El mínimo presupuestal debe garantizarse mediante los instrumentos legales disponibles.
2. El presupuesto debe etiquetarse específicamente para “ayuda, atención y reparación”, garantizando que no se destine para otros fines distintos.