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La SCJN desecha recurso de minera de Grupo México; deberá pagar multas por 18.4 mdp

La Profepa impuso a la empresa cuatro multas por incumplimientos ambientales relacionados con el manejo de su industria

El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, desechó este jueves un recurso promovido por la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, para evitar el pago de una multa de 18.4 millones de pesos por violar normas ambientales en 2022 y 2023.

El alto funcionario judicial tomó tal decisión luego de determinar que el asunto no implica un tema constitucional relevante que amerite la revisión y la consiguiente atracción por parte de la sala superior del Tribunal.
"Se concluye que el presente recurso de revisión no daría lugar a fijar un criterio de relevancia para el orden jurídico nacional; de ahí que, como se dijo, no reviste un interés jurídico excepcional; por lo que se desecha el presente medio de impugnación", se lee en la lista de acuerdos del máximo Tribunal publicada este jueves.
“Se informa a la parte recurrente que, en contra del auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno, por lo que causa estado por ministerio de Ley”, establece el acuerdo.

Profepa multa a Buenavista del Cobre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso dicha multa contra la filial de Grupo México en julio de 2024, luego de establecer que Buenavista del Cobre había incumplido con la normatividad vigente en materia de cuidados ambientales.

De acuerdo con el expediente, la dependencia sancionó a la empresa con cuatro multas por incumplimientos ambientales relacionados con el volumen de procesamiento de concentrado de cobre-molibdeno, el estudio de ruido perimetral, y la operación de equipos y modificaciones que no estaban contemplados en la licencia vigente.

Lo anterior, luego de que la empresa de Larrea excedió el límite autorizado de 540 mil toneladas métricas secas anuales de concentrado mixto de cobre molibdeno, pues en 2022 obtuvo 613 mil 218 toneladas. En mayo de 2023, según la Profepa, también se superó el límite diario de mil 500 toneladas durante 15 días.

Otra multa derivó del uso y modificación de equipos no previstos en la licencia ambiental única que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió a la empresa en 2017. Se trata de ocho tanques de almacenamiento de diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro de sodio, así como una chimenea del secador de concentrado en la planta, que fueron clausurados por la Profepa.
"El incumplimiento de estas disposiciones legales tiene implicaciones graves no sólo para el ambiente, sino también para la salud pública. La falta de autorización para los equipos y el incumplimiento de los procedimientos adecuados de monitoreo y control, podría resultar en daños a la salud de las personas que habitan cerca de las instalaciones de la empresa, así como en afectaciones a los recursos naturales", sostuvo la Profepa durante el litigio.
Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la validez de la resolución sancionatoria que obliga a la empresa a pagar los 18.4 millones de pesos con los que fue multada.

Ante ello, la empresa se inconformó e interpuso un amparo directo en el que argumentó que la suma de la pena administrativa rebasaba el máximo legal; que las pruebas no acreditaban el exceso de procesamiento ni el incumplimiento en materia de ruido; y que la actualización posterior de su licencia debía tomarse en cuenta.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo luego de considerar infundados los argumentos de la compañía. En la exposición de motivos, estimó que las multas podían imponerse por separado para cada infracción; que la información aportada por la empresa no desvirtuó el exceso de procesamiento ni acreditó niveles de ruido dentro de la norma; y que la regularización posterior de los equipos no eliminaba retroactivamente una infracción constatada durante la inspección.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Corte anula reforma electoral en San Luis Potosí sobre precampañas y candidaturas independientes

La corte invalidó la reforma electoral de San Luis Potosí con lo que se restablecen los plazos de las precampañas políticas para candidaturas independientes, con lo que serán de hasta 40 días para la gubernatura y 25 días para diputaciones locales y ayuntamientos

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral de San Luis Potosí que reducía a 20 días las precampañas políticas y el periodo para que aspirantes a candidaturas independientes recolecten firmas de apoyo ciudadano.

Tras la notificación oficial al Congreso del Estado, se restablecerán los plazos anteriores fijados en la legislación electoral potosina. Es decir, hasta 40 días para la gubernatura y 25 días para diputaciones locales y ayuntamientos.

El fallo resuelve la acción de inconstitucionalidad (113/2026 y su acumulada 114/2026), promovida por Morena contra el Decreto 0586 del 12 de agosto de 2026. La resolución de la SCJN se emite poco después del inicio formal del proceso electoral en la entidad el pasado 15 de noviembre de 2026.

Candidaturas independientes: el impacto de recortar el tiempo sin bajar las firmas

Por mayoría de votos, con solo un voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el Pleno anuló el cambio al artículo 209 de la ley electoral estatal. La reforma reducía de 40 a 20 días el plazo para buscar respaldo rumbo a la gubernatura —y de 25 a 20 días para diputaciones y ayuntamientos— sin disminuir el requisito legal de reunir el apoyo del 2% de la lista nominal de electores.

Durante la sesión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que, con un padrón electoral estatal aproximado de 2 millones 300 mil personas, quien aspire a la gubernatura por la vía independiente debe juntar alrededor de 46 mil firmas.

Recortar el plazo a la mitad habría obligado a recabar cerca de 2 mil 300 firmas diarias, frente a las mil 150 requeridas con el periodo anterior. “La propuesta de reducción de tiempos para la recopilación de firmas sí puede generar un obstáculo para aquellas personas que desean presentar una candidatura independiente”, señaló el ministro.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó que cada firma exige validar datos de la credencial de elector, mientras que la ministra Loreta Ortiz Ahlf recordó los antecedentes en la entidad: sólo una persona logró la candidatura independiente a la gubernatura en 2021, ninguna a diputaciones en 2015 y cuatro planillas a ayuntamientos en 2024.

Por ello, el ministro Irving Espinosa Betanzo respaldó la invalidez y anunció un voto concurrente, señalando la necesidad de un escrutinio estricto debido a que “quienes fijan estas restricciones son los competidores naturales de las candidaturas independientes”, en alusión a los legisladores de partidos políticos.

Precampañas políticas: debate en la SCJN sobre los plazos y la autonomía legislativa

En relación con las precampañas, la SCJN invalidó las fracciones I y II del artículo 319 y el artículo segundo transitorio del Decreto 0586. La mayoría determinó que imponer un límite uniforme de 20 días ignora las diferencias territoriales y logísticas de hacer campaña a nivel estatal frente a un distrito o municipio.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que “no es lo mismo hacer precampaña en toda una entidad federativa que hacerla en un municipio o en un distrito electoral”. Por su parte, la ministra ponente María Estela Ríos González defendió la propuesta señalando que “lo que se preserva finalmente es el derecho a votar y ser votado”.

En contraste, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf argumentaron que la Constitución Federal únicamente establece un tope máximo para precampañas y otorga libertad de configuración a los congresos locales.

“Esta Suprema Corte no puede ni debe agregar un requisito de naturaleza temporal que no se exige a nivel constitucional”, sostuvo la ministra Esquivel Mossa. Asimismo, la ministra Ortiz Ahlf indicó que los estados tienen margen para optimizar recursos públicos en procesos internos, agregando que su duración no debe sujetarse a la extensión del territorio o al tipo de cargo.

Efectos del fallo de la SCJN y calendario electoral en San Luis Potosí

La sentencia ordena notificar la invalidez de la reforma electoral al Congreso de San Luis Potosí, al Ejecutivo local y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Con ello, se reactivan las fechas previas para las precampañas: del 20 de enero al 28 de febrero para la gubernatura y del 4 al 28 de febrero para diputaciones y ayuntamientos.

El partido político nacional Somos también había presentado una demanda contra el decreto, pero fue desechada el 30 de septiembre debido a que la promovió el presidente de su Comité Nacional, a pesar de que sus propios estatutos otorgan la representación legal a la Secretaría General.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

SCJN también saca refrescos y chatarra de prepas y universidades con fallo histórico

La SCJN confirmó que los lineamientos que prohíben la venta de productos chatarra en las escuelas también deben aplicarse en preparatorias y universidades

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la semana pasada tres amparos promovidos por empresas que se oponían a los lineamientos que prohíben la venta de productos chatarra, refrescos y otras bebidas azucaradas en las escuelas. La resolución de la Corte marca un precedente histórico porque confirmó que los lineamientos son aplicables para todos los planteles escolares, incluidas preparatorias y universidades.

Desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud publicaron los lineamientos en septiembre de 2024, y cuando entraron en vigor en marzo de 2025, empresas de bebidas y productos ultraprocesados con sellos de advertencia se han opuesto a los lineamientos a través de amparos.

La resolución de la SCJN, votada de manera unánime el martes 13 de octubre, abordó tres amparos promovidos por las empresas Mason Kaiser (Eric Kaiser), la Embotelladora del Fuerte (filial de Coca-Cola) y la compañía de máquinas expendedoras Megavending. Las y los ministros determinaron que la regulación no vulnera la libertad de comercio ni de trabajo de las empresas, ya que estas pueden seguir ofertando sus productos fuera de las escuelas siempre y cuando cumplan con las condiciones de salud establecidas y no tengan sellos de advertencia.

La Corte abordó la restricciones en las escuelas de educación superior. Las empresas argumentaban que la medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de las y los estudiantes universitarios porque en su mayoría ya son mayores de edad. Sin embargo, la SCJN determinó que las universidades también son entornos educativos que deben ser protegidos.

Durante la discusión, la Ministra Loretta Ortiz señaló que algunos estudiantes universitarios carecen de recursos para acceder a comidas completas fuera del plantel, por lo que es obligación de las instituciones proveer un entorno con opciones alimentarias saludables y accesibles.

Chantal Reyes, abogada en la organización El Poder del Consumidor, una de las promotoras del etiquetado de advertencia vigente en México, destacó que esta resolución permitirá proteger la salud y la alimentación no solo de estudiantes de todos los niveles educativos, también de quienes trabajan en estos espacios.

"Es una medida muy progresista hablando en términos de derechos humanos porque es una regulación que implica proteger a los estudiantes, a la comunidad escolar y [lo que resolvió la SCJN] es un gran precedente que pueden tomar de referencia otros países", dijo en entrevista.


La Ministra Yasmín Esquivel emitió un voto concurrente para apartarse del punto relacionado con  las universidades, argumentó que la medida podría interferir con la autonomía universitaria y su capacidad de autogobierno, puso como ejemplo las normas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero el resto de las y los ministros no coincidieron con esta postura y reiteraron que la autonomía no libra a las instituciones de cumplir con las regulaciones de salud pública.

Chantal Reyes celebró el fallo porque destacó el riesgo en planteles que comparten espacios físicos y cooperativas entre preparatorias y universidades, donde la falta de regulación en el nivel superior terminaría exponiendo a menores de edad a la comida chatarra.

Con el nuevo criterio de la Suprema Corte, los jueces y magistrados de juzgados locales ya tienen un precedente que seguir para negar las suspensiones y amparos promovidos por empresas contra los lineamientos que prohíben la venta de comida chatarra en las escuelas. Actualmente quedan pendientes de resolución en la Corte dos casos: el de una persona física y otro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La abogada Reyes destacó que, a nivel internacional, este fallo destaca a México en la protección de entornos escolares. Debido a la trascendencia del caso, investigadores y organizaciones de países como Brasil, Colombia y Chile presentaron amicus curiae ante la Corte para aportar evidencia científica y respaldar los lineamientos.

"Definitivamente sentó un precedente y va a ser una referencia para otros países que están impulsando regulaciones de este tipo", expuso.

Caso María Elena Ríos: Corte analizará anulación del juicio que absolvió a Vera Carrizal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo cinco amparos relacionados con el caso de María Elena Ríos para determinar si fue legal anular el juicio oral que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista en 2019

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este lunes atraer los amparos relacionados con el caso de María Elena Ríos, saxofonista que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, para analizar si fue válido que una jueza sustituta anulara el juicio oral en el que se había absuelto a Juan Antonio Vera Carrizal, expareja de la víctima y señalado como autor intelectual de la agresión, y a otros implicados.

Durante la sesión del Pleno, las ministras y los ministros aprobaron ejercer la facultad de atracción 566/2026, promovida por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, respecto de cinco amparos en revisión relacionados con el proceso penal.

Debate sobre la invalidez del fallo absolutorio

El asunto que analizará la Corte consiste en determinar si la jueza que sustituyó al juzgador que llevó la audiencia de juicio oral podía dejar sin efectos el fallo absolutorio y ordenar la anulación de todo el juicio cuando únicamente estaba pendiente la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, así como la elaboración por escrito de la resolución.

La discusión se centrará en los alcances del principio de inmediación, que rige el desarrollo del juicio oral, y en las facultades de una persona juzadora sustituta cuando no estuvo presente durante el desahogo de las pruebas ni en la deliberación que llevó a la absolución de los acusados.

Trascendencia en violencia de género y debido proceso

Al presentar el asunto, la ministra Loretta Ortiz sostuvo que existen razones de interés y trascendencia para que el máximo tribunal intervenga, tanto por las implicaciones procesales del caso como por los derechos de la víctima.

“Estimo que la intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral”, señaló durante la sesión.

Ortiz consideró que el caso también tiene relevancia por sus implicaciones para el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

Revisiones procesales sin tocar el fondo

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz precisó que el análisis de la Corte no abordará todavía el fondo de las acusaciones por el ataque contra María Elena Ríos, sino las circunstancias procesales que llevaron a anular el juicio.

Explicó que, después de que se celebró la audiencia de juicio oral y se dictó una sentencia absolutoria, el juez que había presenciado las pruebas fue suspendido de sus funciones y sustituido por otra juzadora. Esta última argumentó que, al no haber estado presente en la audiencia, no podía poner por escrito la sentencia y determinó anular el juicio completo.

El presidente de la Corte indicó que el punto por resolver es precisamente la validez de esa actuación, sin dejar de lado la gravedad de los hechos que dieron origen al proceso penal.

Impedimento de ministra por conocimiento previo

Antes de discutir la solicitud de atracción, el Pleno también resolvió por unanimidad que la ministra Sara Irene Herrerías Díaz estaba legalmente impedida para participar en el asunto, debido a que tuvo conocimiento de los hechos cuando se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La ministra explicó que, durante su gestión, colaboró con la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para iniciar y dar seguimiento a las carpetas de investigación relacionadas con el caso. Por esa razón, solicitó apartarse de la discusión y resolución de los amparos.

Una vez resuelto el impedimento, el Pleno sometió a votación la solicitud de atracción. El secretario informó que existía mayoría de votos a favor y el ministro presidente declaró ejercida la facultad de atracción.

El ataque con ácido en 2019

El ataque contra María Elena Ríos ocurrió el 9 de septiembre de 2019 en su domicilio, en Huajuapan de León, Oaxaca, donde fue agredida con ácido. Por estos hechos, Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja y señalado como autor intelectual de la agresión, permanece en prisión preventiva desde 2020.

El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a otros dos implicados, al considerar que las pruebas presentadas no habían destruido la presunción de inocencia de los acusados. El juzgador ordenó su liberación.

Sin embargo, horas después, la jueza sustituta María Antonia Esteva, del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, dejó sin efectos la liberación y ordenó mantener la medida cautelar impuesta originalmente en la causa penal, por lo que Vera Carrizal debía continuar en prisión preventiva oficiosa.

La decisión de la SCJN de atraer los amparos permitirá revisar la actuación judicial que derivó en la anulación del juicio y establecer los alcances de las atribuciones de la jueza sustituta, así como la aplicación del principio de inmediación en esas circunstancias.

Exigencia de justicia de la víctima

En mayo de 2026, María Elena Ríos había señalado que buscaba que la Suprema Corte revisara los amparos promovidos por Vera Carrizal para obtener su libertad. En ese momento, sostuvo que era necesario que los ministros analizaran esos recursos ante la falta de confianza de las víctimas en las autoridades de Oaxaca.

“Es necesario que estos amparos los vote la Suprema Corte para que los atraiga y se los niegue a Juan Antonio Vera”, declaró durante una manifestación en el Monumento a la Revolución, de acuerdo con la información publicada el 22 de mayo de ese año.

En esa misma ocasión, Ríos manifestó que estaba dispuesta a que el proceso se repusiera desde el principio si ello contribuía a que se resolviera su caso.

“Si la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la República están de acuerdo en atraer el caso, estoy dispuesta a que se reponga desde el principio, como si hoy me hubieran atacado, como si fuera ese 9 de septiembre de 2019”, dijo.

Actualmente, Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Vera Carrizal, permanece prófugo, mientras que dos probables autores materiales del ataque se encuentran detenidos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/caso-maria-elena-rios-corte-anulacion-juicio-vera-carrizal

Corte avala procedimiento de la Ley de Ciencias y presencia de las Fuerzas Armadas

La resolución determinó que la intervención de las Fuerzas Armadas se justifica por su presupuesto para desarrollo tecnológico y aclaró que no tomarán decisiones de orden militar, sino de coordinación académica y civil

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el procedimiento legislativo de reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como la participación de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) en órganos de decisión en materia científica del país.

Con una mayoría de siete votos, el tribunal desestimó los reclamos promovidos por grupos de legisladores de oposición, quienes solicitaban anular la norma por considerar que existieron faltas en el trámite parlamentario en el Senado y que la participación militar en el sector afectaba el marco constitucional.

El proceso legislativo y el cambio de sede

En la demanda, impulsada por las minorías parlamentarias, se argumentó la invalidez total del decreto a causa de las condiciones en las que se desarrolló la sesión del 28 de abril de 2023, cuando la Cámara de Senadores trasladó los trabajos al edificio alterno de la Casona de Xicoténcatl.

Al analizar este procedimiento, la Corte concluyó que el hecho de que la sesión se llevara a cabo en el patio central y no en el salón de sesiones no generó una violación al proceso legislativo.

Del mismo modo, el máximo tribunal concluyó que “no se cuenta con elementos para considerar que, razonablemente, era inviable llegar a tiempo para la discusión y votación, ni que, por tanto, se pudiera tener por materialmente excluidas a las minorías del Senado”.

Presencia de Sedena y Semar en la Junta de Gobierno

Respecto a la objeción sobre incorporar a representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la Junta de Gobierno —el órgano colegiado encargado de la planeación general en materia científica—, la resolución del alto tribunal determinó que “ambas secretarías no tienen capacidad de controlar política científica nacional ni de militarización ni de militarizar la investigación”.

“Respecto de la intervención de las secretarías de Marina y Defensa Nacional en la Junta de Gobierno, lo cierto es que su participación se justifica en razón de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos en los que puedan participar con un presupuesto asignado para tal efecto, por lo que no intervienen para tomar decisiones de orden militar, sino sobre política científica y tecnológica”, dijo la ministra María Estela Ríos González.

Asimismo, el análisis avalado por la Corte señala que la representación de ambas secretarías conforma una minoría dentro del conjunto de integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que debe trabajar de forma coordinada con las demás dependencias públicas y las representaciones de la comunidad académica y de los sectores social y privado. 

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/scjn-ley-ciencias-militares-junta-gobierno

“Ministro Chicharrón” tiene a su propia “community manager”

Sandra Melissa Carrillo Lozano forma parte de la ponencia del ministro Arístides Guerrero como “Secretaria Auxiliar II” pero con funciones de “comunicación social” y un sueldo de 56 mil pesos, a pesar de que la Suprema Corte brinda ese servicio a todos los ministros

A pesar de la existencia de un área de Comunicación Social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García, mejor conocido como “El Ministro Chicharrón”, tiene a su propia community manager en la nómina de su ponencia, con el cargo de “Secretaria Auxiliar II”.

No es el primer puesto cuestionable dentro de la ponencia de Guerrero. EMEEQUIS ha detectado al menos otros dos casos: una hija de Esthela Damián, quien era consejera jurídica de Sheinbaum, y otra persona que a la vez es representante de una empresa contratista de la Defensa.

En este caso, documentos oficiales revelan que Sandra Melissa Carrillo Lozano forma parte de la ponencia del ministro Arístides Guerrero como “Secretaria Auxiliar II” pero con funciones de “comunicación social”.

En poco tiempo, Sandra Melissa Carrillo Lozano pasó de diseñar la estrategia para la venta de paneles solares a la propaganda y comunicación del ministro Arístides Guerrero.


Comparte el mismo cargo de “SECRETARIA AUXILIAR II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero con Frida Libertad Cruces Damián (hija de la exconsejera jurídica presidencial Esthela Damián) y María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera, contratista del Ejército.

Sandra Melissa Carrillo Lozano estudió en la Universidad del Valle de México (UVM) la licenciatura en mercadotecnia y obtuvo su título en diciembre de 2021.

En su experiencia laboral señaló servicios profesionales en “community manager” en el sector privado durante todo el 2022, sin señalar la empresa o una persona física con la que laboró. 

De 2023 a 2025, trabajó como “Gerente de Mercadotecnia” para GRUPO SOLAREVER, empresa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de paneles solares, y “Directora de Mercadotecnia” en PGI ENERGY, empresa también dedicada a la venta de paneles solares y soluciones de energía limpia.

El 16 de enero de 2026, Sandra Melissa Carrillo Lozano tomó posesión del cargo de “SECRETARIA AUXILIAR II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero.

En su declaración de situación patrimonial y de intereses señaló “COMUNICACIÓN SOCIAL” como función principal dentro de la ponencia.

Ella tiene nivel de empleo MM17, un puesto de mando medio, con oficina en la sede de la SCJN en el Piso 1 Puerta 2025.

Sandra Melissa Carrillo Lozano tiene un sueldo bruto de 56 mil 565 pesos mensuales.

El catálogo de puestos de SCJN describe para Secretaria Auxiliar II: “corresponde a la persona servidora pública responsable de coordinar y organizar las actividades relacionadas con el despacho de los asuntos”.

Su declaración patrimonial.

Entre las funciones de la Secretaria Auxiliar II no aparecen labores propias de comunicación social y el perfil de estudios de mercadotecnia que señaló Sandra Melissa Carrillo Lozano.

“Organizar el programa de trabajo de los órganos y áreas y llevar su seguimiento. Elaborar informes, exposiciones temáticas, comunicados y notas informativas relativas a actividades o temas competentes al órgano o área. Llevar el control y seguimiento de los asuntos competencia de las diferentes instancias que conforman al órgano o área. Coordinar con las personas servidoras públicas que correspondan la recepción de los asuntos que se sometan a consideración de los diferentes Comités del Alto Tribunal, revisar su adecuada integración y apoyar en el seguimiento de los acuerdos. Analizar y asignar, previo acuerdo con la persona titular del órgano o área, los asuntos recibidos para trámite o atención”, detalla el catálogo de la SCJN.

La Secretaría General de la Presidencia de la SCJN cuenta con la Dirección General de Comunicación Social.

El Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la o el Presidente tendrá las atribuciones de “autorizar las políticas, bases y lineamientos para la elaboración de la estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social de la Suprema Corte, y aprobar la difusión de mensajes extraordinarios, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Así en solo tres años, Sandra Melissa Carrillo Lozano pasó del área comercial al área política, de diseñar estrategias para venta de paneles solares a la publicidad de los trabajos del ministro Arístides Guerrero.

El 21 de septiembre, EMEEQUIS publicó que María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera firmó como representante legal de una empresa contratista de la Defensa, a la par de su labor como “Secretaria Auxiliar II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero. 

El artículo 101 de la Constitución señala que funcionarios del Poder Judicial “no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares”.

Este medio también documentó que, apenas con 27 años, Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, ha escalado rápidamente en diferentes puestos al amparo del poder. Actualmente también trabaja en la ponencia del ministro Arístides Guerrero.

SCJN declara constitucional las fotomultas en CDMX; propietarios deben pagar aunque no conduzcan

El ministro Giovanni Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la aplicación de las fotomultas incluso cuando el propietario del vehículo no hubiera sido quien conducía cuando se cometió la infracción. 

Durante la sesión del pleno de la Corte del pasado 1 de octubre, los ministros analizaron dos amparos tramitados contra el uso de tecnología para identificar a los infractores del Reglamento de Tránsito (fotomultas hoy fotocívicas).

Las propuestas de sentencia fueron presentadas por los ministros Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías, sin embargo, ambos sostuvieron criterios contrarios entre sí.

Primero el ministro Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas. 

El ministro Figueroa propuso librarlo del cumplimiento de las sanciones impuestas por el gobierno de la ciudad de México, que actualmente ya no consisten en multas, sino en sanciones que van desde tomar un curso de movilidad en línea hasta cumplir horas de trabajo comunitario. 
“La responsabilidad solidaria no puede penetrar en el derecho administrativo sancionador, con todo respeto, porque de lo contrario se derrumbaría el fundamento de cualquier sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos”, dijo el ministro. 
La propuesta del ministro fue rechazada por siete de sus ocho compañeros en el pleno quienes coincidieron que el mecanismo de sanción establecido en la ley capitalina es constitucional.

La única en apoyar el proyecto fue la ministra María Estela Ríos quien consideró que la sanción por una infracción debe ser aplicada al conductor que la cometió. 
“Las multas de tránsito deben sustentarse en la acreditación de la conducta infractora y en su atribución al conductor efectivo”, señaló. 
Por ello, cuando fue el turno de la ministra Sara Irene Herrerías de presentar su proyecto, quien planteaba no amparar al propietario de un vehículo que también buscaba librar la sanción que le fue impuesta por infracciones cometidas por una tercera persona que conducía su vehículo, la mayoría de ministros apoyó su propuesta con lo que fueron declaradas constitucionales las fotomultas o fotocívicas en la CDMX.

El veloz ascenso de la hija de Esthela Damián a la sombra de la 4T

Apenas tiene 27 años, pero acumula un largo currículum a la sombra de la 4T, puestos y contratos incluidos. Se trata de Frida Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, exconsejera presidencial. Actualmente trabaja en la ponencia del "Ministro Chicharrón".

Apenas tiene 27 años pero, bajo la sombra de la 4T, Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, ha escalado rápidamente en diferentes puestos al amparo del poder. 

Actualmente trabaja en la ponencia del ministro Arístides Guerrero, conocido coloquialmente como “Ministro Chicharrón”. 

Todavía como estudiante de licenciatura, pero siempre cerca de la 4T, Frida Libertad Cruces Damián, hija de la exconsejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, escaló velozmente en la administración pública capitalina.

A los 21 años la nombraron “asesora” en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En sólo cinco años a la fecha ya está consolidada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), en las ponencias del ministra de la Lenia Batres, y de los ministros Arturo Zaldívar y  Arístides Guerrero, conocido como el “Ministro Chicharrón”.



Frida Libertad es la hija mayor de Esthela Damián –quien dejó la Consejería Jurídica con la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero-, y el pasado 14 de septiembre cumplió 27 años. 

Frida Libertad también se postuló para la “Magistratura de Circuito en el circuito 1, especialidad Administrativa” en 2025, pero después declinó a su candidatura en la elección del Poder Judicial.

En junio de 2017 concluyó sus estudios de bachillerato en el Tec de Monterrey. Meses después ingresó a la licenciatura en Derecho también en el Tec de Monterrey.



El 1 de diciembre de 2018, Estela Damián fue nombrada directora general del DIF en la Ciudad de México por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Y, siete meses después, el 1 de junio de 2019, a tres meses de cumplir 20 años, Frida Libertad ingresó a la  SOBSE como “pasante” en la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

De acuerdo con el contrato 069 17047686/2020 de fecha 23 de enero de 2020, la SOBSE encargó a Frida Libertad “la realización de los servicios profesionales consistentes en coadyuvar en la planeación,  coordinación y organización de las actividades con relación a los distintos operativos de limpieza e Imagen urbana, alumbrado público y recuperación de espacios públicos”.


El contrato lo firmó por la SOBSE, el director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Efraín Morales López,  quien actualmente es el director general de la Comisión Nacional del Agua.

Con 20 años de edad, Frida Libertad fue nombrada Jefa de Unidad Departamental de Atención a solicitudes de servicio de la SOBSE el 1 de julio de 2020. Ella todavía cursaba la licenciatura en Derecho en el Tec de Monterrey.

Siete meses después, el 1 de febrero de 2021 fue nombrada “asesora” en la Subsecretaría de Gobierno en la Ciudad de México. Estaba bajó el mando del subsecretario Efraín Morales López, con quién trabajó en la SOBSE. Dejó su puesto de “asesora” el 15 de julio de 2021.

De acuerdo con su declaración de situación patrimonial y de intereses, Frida Libertad obtuvo su título de licenciatura el 8 de diciembre de 2021.

El 16 de julio de 2022, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró a Estela Damián como su “secretaria particular”.

Frida Libertad trabajó en 2023 en la SCJN, como “profesional operativa” en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar y un par de meses (hasta enero de 2024) en la ponencia de la ministra Lenia Batres, también como “profesional operativa”.

A los 24 años, Frida Libertad, de manera paralela a su trabajo en la SCJN, se desempeñó como profesora en la Prepa Tec del Tec Monterrey Campus CDMX, incluso llevó a sus alumnas y alumnos a recorridos por el inmueble judicial. Ella reportó ingresos por 93 mil 649 pesos en 2023 por impartir clases.

El 29 de noviembre de 2024, su madre, Esthela Damián, fue nombrada titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que dejó en abril de 2026 para buscar fallidamente la coordinación de Morena al gobierno de Guerrero.

En 2025, su hija Frida Libertad obtuvo candidatura para la “Magistratura de Circuito en el circuito 1, especialidad Administrativa”, pero decidió declinar.


Actualmente, Frida Libertad aparece como “Secretaria Auxiliar II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero, el “Ministro Chicharrón”.

De acuerdo con el tabulador mensual, tiene un sueldo total bruto de 79 mil 829 pesos y  diversidad de prestaciones, como prima quincenal, prima vacacional, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, ayuda de despensa, apoyo de anteojos o lentes grabados, entre otros.

Tiene su oficina en el Segundo Piso Puerta 3072 en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correo electrónico institucional fcruces@scjn.gob.mx.

De esta forma, Fernanda Libertad, hija de Esthela Damián, se une a la multiplicidad de ejemplos de hijos de personajes de la 4T que tienen veloces ascensos al amparo del poder de sus  padres.