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Gobierno identifica evasión de 61 mil 700 mdp en IEPS a combustibles; plantea limitar intermediarios

El gobierno de Sheinbaum detectó que en 2025 dejaron de pagarse 61 mil 700 millones de pesos por IEPS a combustibles; 72% de las inconsistencias se concentró en la comercialización

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum identificó que en 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil 700 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, debido a irregularidades en la importación y comercialización, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 48 mil 411 millones de pesos adicionales por este gravamen como resultado de las medidas de control y fiscalización,

Así lo informaron la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, durante la conferencia matutina de este miércoles, en la que atribuyeron los desbalances detectados a prácticas como el contrabando de combustibles y la facturación de ventas inexistentes o por volúmenes superiores a los realmente comercializados.

De acuerdo con los datos presentados, el 72% de las inconsistencias identificadas en 2025 se concentró en el segmento de comercialización, por lo que el gobierno federal analiza modificar la ley para reducir la participación de los intermediarios en la cadena de distribución.

“Estimamos de acuerdo con esta información que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados de la estrategia interinstitucional para combatir los ilícitos en el mercado de combustibles.

La mandataria explicó que el gobierno federal también analiza cambios legales para limitar la figura del comercializador, debido a que estos intermediarios pueden comprar y vender combustibles sin contar necesariamente con infraestructura propia. Según expuso, una alternativa sería permitir que la importación se vincule directamente con las empresas de transporte o acotar la participación de los comercializadores.

Comercialización concentra 72% de las inconsistencias

Durante la presentación de los resultados, Luz Elena González explicó que el gobierno federal cruzó información de 16 instituciones para identificar diferencias entre los volúmenes de combustibles comprados, vendidos y facturados por las empresas que participan en la cadena de suministro.

Para realizar ese seguimiento, se puso en marcha un centro de análisis de datos que concentra información fiscal, regulatoria, operativa y de seguridad. La plataforma permite comparar los registros de importadores, comercializadores, distribuidores, empresas de transporte y almacenamiento, así como de estaciones de servicio.

La secretaria de Energía indicó que el análisis de las operaciones correspondientes a 2025 permitió detectar un desbalance de 8 mil 824 millones de litros, equivalente a aproximadamente 61 mil 700 millones de pesos.

La funcionaria precisó que el ejercicio se realizó con información de las facturas presentadas y registradas durante ese año, cuyo cierre fiscal permite establecer las diferencias entre compras y ventas declaradas.

El 72% de las inconsistencias identificadas se concentró en la comercialización, mientras que el 13% correspondió a los expendios, es decir, las estaciones de servicio. El resto se distribuyó entre los demás segmentos de la cadena de suministro.

González explicó que la cadena incluye a los importadores, que compran combustible en el extranjero y lo introducen al país; los comercializadores, que funcionan como intermediarios; las empresas de transporte y almacenamiento; los distribuidores, que compran combustibles al mayoreo y los venden a las gasolineras, y los expendios, donde se realiza la venta al público.

De acuerdo con la funcionaria, el país cuenta con 17 permisos de importación y 14 mil 587 permisos de expendio. En medio de ambos extremos participan empresas con distintas funciones y obligaciones, cuyos registros deben coincidir con los volúmenes de combustible que efectivamente adquieren y comercializan.

La secretaria sostuvo que el cruce de información permite identificar qué empresas venden combustible sin que exista un origen declarado en sus facturas. Añadió que las compañías que utilizaron sus permisos de manera inadecuada deberán responder ante las autoridades competentes y regularizar sus obligaciones fiscales.

También indicó que durante 2026 se mantiene un seguimiento permanente de las operaciones para detectar irregularidades en cuanto ocurren, sin esperar al cierre del ejercicio fiscal.

Gobierno reporta 48 mil 411 mdp adicionales por IEPS en 2026

Juan José Vidal Amaro informó que entre enero y septiembre de 2026 aumentaron los ingresos registrados por IEPS a los combustibles como resultado de las medidas de control aplicadas por el gobierno federal.

El subsecretario reportó que las declaraciones del impuesto aumentaron 7.2% entre 2024 y 2025, y 11.8% en 2026. De acuerdo con las cifras presentadas, el incremento registrado durante el último año equivale a 48 mil 411 millones de pesos.

El funcionario atribuyó estos resultados a las acciones de coordinación entre dependencias, la rectificación de las declaraciones de importación, el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el crecimiento de las importaciones declaradas y otras medidas de supervisión.

El gobierno presentó estos resultados en el contexto de las acciones para reducir el contrabando de combustibles y aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas que participan en su importación, distribución y venta.

Gobierno reporta recuperación de mil 952 millones de litros

Como parte de las revisiones aduaneras, Vidal Amaro informó que las autoridades recuperaron mil 952 millones de litros de combustibles que pretendían ingresar ilegalmente al país. El volumen equivale a 13 mil 664 millones de pesos en IEPS, según los cálculos presentados durante la conferencia.

Las acciones se realizaron en 14 aduanas del país. Además, se impusieron 500 multas por declaraciones de información errónea, tardía o inexacta, y se iniciaron procedimientos administrativos y legales contra ocho agentes aduanales.

Vidal Amaro indicó que el volumen de combustibles declarado en las importaciones aumentó 10.54%, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros, de acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario.

El subsecretario también reportó un incremento de 17.9% en las ventas de gasolina y diésel de Pemex entre enero y septiembre de 2026, con un valor económico de 160 mil 589 millones de pesos.

En materia de transporte, la Comisión Nacional de Energía registró, identificó y dio seguimiento a 61 mil 557 unidades que trasladan combustibles mediante códigos QR y sistemas de posicionamiento global (GPS), con el objetivo de que las autoridades puedan verificar sus movimientos en carretera.

Además, la Comisión canceló 264 permisos de expendio y comercialización, mientras que otros 307 se encontraban en procedimientos de sanción y revocación.

SAT cancela 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin permisos

Entre las medidas fiscales, Vidal Amaro informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin contar con los permisos correspondientes.

El organismo también impuso 6 mil 483 multas a 20 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada los controles volumétricos a los que están obligadas. Asimismo, dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por contrabando y catalogó a otras 175 como factureras, con los avisos correspondientes a las autoridades.

El subsecretario explicó que las medidas de control también se reflejaron en un aumento de los volúmenes de combustibles vendidos legalmente que fueron facturados y declarados ante las autoridades fiscales.

Entre 2024 y 2025, esos volúmenes aumentaron 4.4%, mientras que entre 2025 y 2026 el incremento fue de 13.4%, según los datos presentados.

Presentan denuncias por contrabando, defraudación y robo de combustible

Las autoridades federales también informaron sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por distintas dependencias involucradas en la estrategia contra los ilícitos en el mercado de combustibles.

El SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de los controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación reportó 127 casos por defraudación fiscal.

La Comisión Nacional de Energía presentó 150 casos penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio. Pemex, por su parte, presentó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible, y la Agencia Nacional de Aduanas de México informó sobre 11 casos por contrabando y falsedad en las declaraciones de los volúmenes importados.

En cuanto a los operativos de seguridad, realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR, el subsecretario reportó la detención de 2 mil 539 personas.

También se decomisaron 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques, además de 173.7 millones de litros de distintos combustibles.

Sheinbaum plantea plataforma pública con información de empresas

La presidenta señaló que el gobierno federal busca ampliar la transparencia sobre las compañías que participan en las distintas etapas de la cadena de distribución de combustibles.

Como parte de ese objetivo, anunció que se trabaja en una plataforma pública que permita conocer los nombres de las personas que participan en empresas vinculadas con la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos.

“Pues esta es la transparencia a la que nos comprometimos y parte de esto queremos que también haya una plataforma pública para que se pueda conocer”, afirmó.

Sheinbaum explicó que el centro de monitoreo integra información del SAT, las aduanas y los permisos de importación, así como datos sobre los buques que llegan a las terminales mexicanas y los tanques y ferrotanques que ingresan por las aduanas terrestres.

Añadió que la Agencia Nacional de Aduanas mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para verificar los volúmenes de combustible que salen de ese país y comprobar que correspondan con los que llegan a México.

La mandataria también señaló que el gobierno mantiene acciones para combatir el robo de combustibles mediante perforaciones ilegales en los ductos de Pemex. En ese rubro, dijo, se desarrolla un proceso de modernización del sistema de distribución de la empresa estatal para prevenir delitos durante el traslado y la venta de hidrocarburos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/gobierno-evasion-61-mil-700-mdp-ieps-combustibles

No era huachicol lo del megadecomiso de Guanajuato; empresa tenía permisos: Sheinbaum

La Presidenta informó que la empresa de Guanajuato contaba con los permisos para trabajar en sus instalaciones en San José Iturbide

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este miércoles que los 59 millones de litros de combustible asegurados el pasado 17 de septiembre en las instalaciones de Gas Natural del Noroeste, en San José Iturbide, Guanajuato, no eran huachicol, ya que la empresa contaba con los permisos correspondientes.

-Quisiera preguntarle, aprovechando que está el Gabinete de Energía, si tienen alguna actualización de este mega aseguramiento de combustible que hicieron en Guanajuato. Finalmente, ¿sí fue huachicol o no? -le preguntó una reportera.

-No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que... Tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle -respondió Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades que ya resolvió la empresa de Guanajuato.


Sheinbaum señala irregularidades en el transporte de combustible

A pesar de que el caso se anunció inicialmente como un decomiso histórico de huachicol, la Presidenta mencionó que las investigaciones aclararon que la planta de almacenamiento vinculada a Grupo Simsa y Gas Natural del Noroeste  contaba con todos sus permisos en regla.

De acuerdo con mandataria federal, las verdaderas irregularidades detectadas no pertenecían al almacenamiento, sino a asuntos ilegales en el transporte del combustible. En específico, las autoridades identificaron anomalías en algunas de las pipas y unidades de carga que ingresaban al lugar, un punto que la empresa se comprometió a resolver.
"Había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación tenía sus permisos [...]. Había una ilegalidad y eso lo resolvió la empresa", aclaró Claudia Sheinbaum en la "mañanera del pueblo" del 21 de octubre.
La FGR asumió la investigación, con la tarea de analizar la documentación correspondiente y verificar las condiciones en las que se encontraba el combustible decomisado.

La confusión en el decomiso "histórico" de huachicol

El 4 de septiembre autoridades federales ejecutaron un cateo en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, en donde se intervinieron 10 tanques de almacenamiento y diversas unidades de carga.

El 17 de septiembre, autoridades de Guanajuato anunciaron el caso públicamente como un decomiso histórico de 59 millones de litros de presunto "huachicol". No obstante, la FGR atrajo la investigación mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para auditar la documentación, determinando que la planta contaba con sus permisos en regla y que la totalidad del combustible pertenecía a clientes legítimos.

Tras una semana de investigaciones, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 25 de septiembre que se destituyó a Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato. La decisión se tomó debido a severas fallas en el procedimiento, ya que el cateo se había llevado a cabo a inicios del mes pero los datos se difundieron dos semanas después sin haber culminado las verificaciones documentales ni los dictámenes correspondientes.

Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el operativo las autoridades también decomisaron siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible.

La Fiscalía General de la República aseguró 2 mil 430 litros de hidrocarburo, 24 vehículos y un inmueble durante un cateo en Villa Allende, Coatzacoalcos al sur de Veracruz, como parte de una investigación por delitos relacionados con huachicol. 

La FGR informó que el operativo se realizó en un inmueble de Villa Allende, luego de que un juez federal autorizara la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público. La diligencia forma parte de una carpeta de investigación sobre sustracción y manejo irregular de combustibles.

El personal ministerial también decomisó siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible. 

Las autoridades indicaron que los materiales serán analizados para determinar la procedencia del hidrocarburo y su posible relación con actividades de extracción ilegal en la zona sur del estado. 

Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 24 vehículos, entre ellos tres tractocamiones, dos unidades tipo dolly, siete cajas secas, cuatro semirremolques tipo casa rodante y una motocicleta. Todas las unidades quedaron aseguradas como parte de la investigación. 

El personal ministerial también encontró siete unidades tipo caja seca que estaban calcinadas dentro del inmueble. Las marcas, números de serie y posibles reportes de robo serán verificados para establecer su origen. 

Los vehículos fueron trasladados a instalaciones federales para su resguardo y para continuar con su análisis por parte de especialistas de la Agencia de Investigación Criminal. 

El cateo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporaciones que mantuvieron la seguridad perimetral para garantizar el desarrollo del operativo. 

La coordinación permitió el ingreso seguro de peritos y agentes ministeriales, así como el resguardo del inmueble mientras se realizaba el decomiso y la documentación de los objetos asegurados. Petróleos Mexicanos participó en el traslado del hidrocarburo para su resguardo y análisis, con el fin de integrarlo a la investigación en curso. 

Este sería el cuarto decomiso de grandes magnitudes en Veracruz. 

En noviembre pasado, una planta fue asegurada por la Secretaría de Marina en el municipio de Perote. Ahí fueron detenidas a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible robado, 12 pipas de diferentes capacidades y un inmueble que era utilizado como planta de almacenamiento para el huachicol, así como dispositivos electrónicos y documentación diversa. 

Antes en julio, también se aseguró una planta en las Vigas, donde decomisaron 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques 

En junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la operación clandestina de una planta en Coatzacoalcos para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

CDMX, Huachicol en la Miguel Hidalgo: Hallan 2 túneles y presunta toma ilegal

Ayer acudieron a la calle Gobernador M. González Calderón en la colonia Observatorio, en donde recibieron un reporte de una toma clandestina.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó el miércoles en sus redes sociales sobre una toma clandestina de hidrocarburos en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital.

Según el reporte, ayer acudieron a la calle Gobernador M. González Calderón en la colonia Observatorio, en donde recibieron un reporte de una toma clandestina.

En coordinación con personal de logística e inteligencial de Petróleos Mexicanos (Pemex), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), localizaron dos túneles a 6 metros de profundidad donde se presume una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto.

Como medida preventiva, se realizó el acordonamiento de la zona, pero desde los primeros momentos se informó que no existe riesgo para la población.

Asimismo, se indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado las indagatorias.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pemex advierte a la SEC de riesgos por huachicol y 'concentración del poder político' en México

Pemex reconoció ante el regulador bursátil estadounidense que las medidas para reducir el robo de combustibles no han producido mejoras sostenidas en los últimos años.

En el más reciente informe trimestral de Petróleos Mexicanos (Pemex), remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el pasado 12 de noviembre, la petrolera advirtió de los riesgos que enfrenta asociados al robo de combustible, incluido el llamado huachicol fiscal.

El documento, consultado por Aristegui Noticias, advierte que las operaciones de la petrolera “también están expuestas a riesgos derivados de actos delictivos como el robo, la desviación o la manipulación de nuestro petróleo crudo, gas natural y productos refinados en nuestra red de oleoductos, así como el robo de materiales y equipos”.

“Estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos, como las tomas clandestinas de nuestros oleoductos, y el comercio ilegal de hidrocarburos, como los que se introducen en el país mediante la evasión fiscal”, señala.

Apunta que este tipo de actividad criminal ha provocado incendios, explosiones, daños a la propiedad y al medio ambiente, lesiones y pérdida de vidas, además de la pérdida de ingresos por los productos sustraídos.

Pemex reconoce que las acciones emprendidas en conjunto con el Gobierno de México para reducir el mercado ilícito de combustibles “no han producido mejoras sostenidas en los últimos años”. En 2024 y 2023, se detectaron 11,774 y 14,890 tomas clandestinas, respectivamente.

La empresa también advierte a Estados Unidos del riesgo de que algunos empleados y servidores públicos participen, o puedan “ser percibidos” como participantes, en el mercado ilícito de combustibles.

Sin embargo, la petrolera no se refiere explícitamente a la presunta red de huachicol fiscal que incluye la participación de marinos y funcionarios de aduanas que ha sido judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), ni de las investigaciones de la fiscalía de otra red en la que se presume la participación de altos mandos militares desde 2021 en varias aduanas del país, como documentó la serie especial de Aristegui Noticias denominada “Soldados del huachicol”.

Las alusiones son, en cambio, al fortalecimiento de las fuerzas armadas y policiales para combatir el huachicol.

Pemex reconoce que en los últimos años el país “ha experimentado un período de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles del narcotráfico y organizaciones criminales relacionadas”.

Y se refiere, además, al “desarrollo de un mercado ilícito de combustibles en México” que “ha conllevado un aumento del robo y el comercio ilegal de los combustibles” que produce Pemex, así como al robo de sus equipos y materiales.

“Sin embargo, la actividad delictiva sigue siendo prevalente en México y es probable que persista”, le dice a la SEC.

“En este sentido, se han identificado delitos relacionados con el robo y el comercio de hidrocarburos con evasión fiscal. Las actividades delictivas, junto con los daños asociados a la vida humana y la propiedad, pueden interrumpir las operaciones, el suministro y la distribución de nuestros productos, provocar pérdidas económicas significativas y afectar negativamente la continuidad de nuestro negocio, nuestra situación financiera y nuestros resultados de operaciones”, señala la paraestatal.

Advertencia sobre reformas y “concentración del poder político”

En el documento, Pemex también expresó su preocupación por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión. “La actual administración del Gobierno mexicano tiene suficiente control en el Congreso mexicano para implementar reformas constitucionales que, de llevarse a cabo, podrían tener un impacto adverso significativo en nuestro negocio, nuestra situación financiera o nuestros resultados operativos.

La petrolera dice que tras las elecciones federales de 2024, Morena ganó la presidencia con Claudia Sheinbaum y obtuvo una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“El nuevo Congreso asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024, y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024″, explica.

“La concentración del poder político en México y cualquier cambio en la política o la economía mexicana que resulte de ello podría tener un impacto adverso significativo en nuestro negocio, resultados de operaciones, situación financiera y la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones”, dice.

“No podemos predecir la naturaleza ni la viabilidad de futuras reformas legales o constitucionales, ni cuándo ni cómo podrían implementarse. No podemos garantizar que estos cambios no afecten negativamente a la economía mexicana ni a nuestro negocio, nuestra situación financiera, nuestros resultados de operaciones y, en última instancia, nuestra capacidad de pagar nuestra deuda a su vencimiento”, añade la empresa.

Por otra parte, reconoce que los cambios en las leyes de control cambiario de México podrían afectar la capacidad de Pemex para atender su deuda en moneda extranjera.

Si bien la compañía señala que “el Gobierno mexicano no restringe la capacidad de las empresas o personas mexicanas para convertir pesos a otras monedas”, manifiesta que tanto Pemex como otras entidades del Gobierno mexicano deben comprar y vender divisas exclusivamente a través del Banco de México y realizar todas las transacciones en cumplimiento con sus regulaciones.

“No podemos garantizar que el Gobierno mexicano mantenga sus políticas actuales respecto al peso”, enfatiza. Además, la empresa recordó que el gobierno mexicano impuso controles cambiarios en el pasado y podría hacerlo nuevamente en el futuro. Según la compañía, “si se imponen políticas gubernamentales que nos impidan cambiar pesos a dólares estadounidenses, podría dificultarse nuestra capacidad para atender la deuda, la mayoría de la cual está denominada en monedas distintas al peso, así como otras obligaciones en moneda extranjera”.

Panorama complejo

Pemex advirtió a las autoridades estadounidenses que enfrenta un nivel elevado de deuda y presiones severas de liquidez que pueden comprometer su estabilidad financiera. La empresa expone que tiene “un monto sustancial de endeudamiento y otras obligaciones” y que está expuesta a “restricciones significativas de liquidez”, lo que podría dificultar su acceso a financiamiento en condiciones favorables y, en última instancia afectar su capacidad de operar como negocio “sin apoyo adicional del Gobierno mexicano”.

La petrolera reconoce que su deuda se ha acumulado “principalmente para financiar nuestros gastos operativos y nuestros proyectos de inversión de capital”. Aunque ha habido reducciones en la carga fiscal, admite que su flujo de efectivo de operación en los últimos años “no ha sido suficiente para financiar” las inversiones de capital y otros gastos, situación que la mantiene altamente dependiente del endeudamiento.

Ante este escenario, advierte que para desarrollar sus reservas, atender sus pasivos y enfrentar los próximos vencimientos de deuda, necesitará recurrir a múltiples fuentes de financiamiento, además de continuar con medidas de eficiencia y recorte de costos. En su comunicación a la SEC, la empresa subraya: “No podemos asegurar que continuaremos teniendo acceso a capital en términos favorables o en cualquier término”.

La compañía también recordó que durante los primeros nueve meses de 2025 recibió apoyo del Gobierno mexicano para fortalecer su situación financiera, pero advierte que “dicho apoyo adicional podría no estar disponible en los próximos años”, dejando abierta la posibilidad de nuevos riesgos si no logra acceder a financiamiento por otras vías.

Además, expone ante el regulador estadounidense sus principales riesgos, como la variación en los precios del crudo, su dependencia gubernamental o la competencia en el sector, que se suman a su elevado endeudamiento.

Pemex reportó a la SEC que mantuvo operaciones resilientes y registró resultados sólidos en producción, refinación y disciplina financiera, a pesar de un entorno marcado por la presión en los precios internacionales del crudo y desafíos técnicos por el declive natural de campos estratégicos.

Informó que la producción promedio de hidrocarburos líquidos alcanzó 1.65 millones de barriles diarios, mientras que la producción de gas natural llegó a 3,730 millones de pies cúbicos diarios. Este incremento se debió, principalmente, a un aumento del 5.8% en el gas no asociado tras la incorporación de nuevos pozos en el campo Ixachi.

En términos financieros, los ingresos por ventas y servicios alcanzaron un total de 378.9 mil millones de pesos, una disminución del 11.1% respecto al mismo periodo de 2024, atribuida principalmente a menores volúmenes de exportación y precios del crudo más bajos. Sin embargo, el costo de ventas cayó un 10.3%, lo que permitió alcanzar una utilidad bruta de 37 mil millones de pesos y una mejora cercana a 100 mil millones en resultados netos interanuales.

En cuanto a su deuda, esta asciende a 100.3 mil millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, “reflejando un aumento marginal de 2.7%, principalmente relacionado con una operación de repo para atender vencimientos a corto plazo”.

Además, destacó que mantiene líneas de crédito disponibles por 4.2 mil millones de dólares y 20.5 mil millones de pesos, y lanzó el Programa de Financiamiento de Inversiones 2025 con un vehículo financiero de hasta 250 mil millones de pesos para fortalecer la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa.

La petrolera informó a las autoridades estadounidenses de los avances en su Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, ejecutada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener).

Destacó la recompra de bonos por hasta 9.9 mil millones de dólares y una operación de repo por 11.3 mil millones de dólares. Asimismo, el Gobierno Federal aportó más de 253 mil millones de pesos en capital, fortaleciendo la liquidez y reduciendo costos financieros, a decir de Pemex. Según la empresa, “estas operaciones financieras permitirán reducir la deuda a corto plazo en aproximadamente 32% y la deuda total en alrededor de 10% para finales de año”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran más de 750 mil litros de diésel en operativos conjuntos en Ensenada

El Gabinete de Seguridad pública confirmó la ejecución de un careo conjunto en Ensenada, donde fueron cateados dos inmuebles y asegurados 753 mil 012 litros de diésel, además de 11 tanques contenedores de distintas capacidades.

De acuerdo con el reporte oficial, los cateos se efectuaron en centros de almacenamiento y oficinas pertenecientes a las empresas Rudametkin y SAHISA, ubicadas sobre la calle Obregón, entre Tercera y Cuarta, así como en la calle Novena, entre Blancarte y Castillo, en la zona centro.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles en la región.

Participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) quienes informaron que el combustible asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estos cateos. Las empresas involucradas pertenecen a familias de Ensenada que por años han operado estaciones de gasolina en localidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a ocho personas presuntamente relacionadas al huachicol en Veracruz; decomisan 250 mil litros de combustible

En el operativo se aseguraron 12 pipas y un inmueble; el valor estimado de lo decomisado, en términos de afectación económica para la delincuencia organizada, asciende a 247 millones 581 mil 164 pesos.

Autoridades federales detuvieron en Veracruz a ocho hombres y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa ubicada en el municipio de Perote, que operaba bajo la fachada de manejo de residuos peligrosos, pero que en realidad era utilizada para el almacenamiento y venta de combustible ilegal, conocido como huachicol.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además se aseguraron 12 pipas y un inmueble; el valor estimado de lo decomisado, en términos de afectación económica para la delincuencia organizada, asciende a 247 millones 581 mil 164 pesos.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La operación en Perote refleja la dimensión del mercado negro de combustibles: de acuerdo con reportes de Pemex, mensualmente circulan más de 600 millones de litros de combustibles ilegales en México, producto del robo a ductos y del contrabando, muchos de ellos adulterados con etanol, lo que puede causar daños considerables a los vehículos.

Especialistas advierten que la adulteración de combustibles representa un riesgo directo para automovilistas, ya que la calidad y composición del producto no cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-016.

Los laboratorios de análisis de combustibles han detectado variaciones de entre 30 % y 35 % en los productos vendidos por establecimientos ilegales, afectando no solo al consumidor final, sino también generando ganancias millonarias para redes delictivas que operan de manera clandestina a lo largo de ductos y puntos de venta no regulados.

El huachicol, además de su impacto económico y en los automovilistas, mantiene su presencia en distintas modalidades: desde el autoconsumo y venta a la industria, hasta el contrabando fiscal y la adulteración de combustibles para su posterior comercialización.

Empresarios gasolineros han señalado que la red de distribución de gasolina robada supera en muchos casos a la de las estaciones de servicio formales, evidenciando la amplitud del problema y la necesidad de acciones coordinadas para combatirlo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Petroil contradice a la Secretaría de Seguridad y Paz: combustible que se le incautó no era ilegal

En las instalaciones de Petroil, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó esa dependencia, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

La empresa Petroil reconoció la propiedad del inmueble e instalaciones de almacenamiento y transportación de combustible que fue asegurado el sábado 18 en un operativo encabezado por la FGR, fuerzas federales y del estado, pero aseguró que tanto sus actividades en dicho lugar como el combustible incautado son legales y negó que se trate de huachicol. 

En dichas instalaciones, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

En un comunicado enviado a medios, el director de la empresa asociada de Pemex, Roberto Francisco Campillo, aseguró que “todo el producto que distribuye proviene de canales oficiales nacionales establecidos de forma legal y transparente, lo que garantiza la trazabilidad y origen del combustible”.  

Agregó que Petroil conoció del operativo y colaboró con las autoridades en todo momento, y que ha presentado la documentación que acredita que el combustible fue adquirido en México “a través de canales oficiales, cumpliendo con todas las normas y regulaciones”.  

“Estamos en contacto permanente con las autoridades para aclarar esta situación y retornar lo más pronto posible a la operación normal en Guanajuato”, indicó la empresa a través de su director Roberto Campillo. 

En el comunicado, se resalta que Petroil, fundada hace 25 años por el empresario sinaloense Amado Sabás Guzmán, “es reconocida como uno de los principales distribuidores de combustible del país”; comienza señalando que la incautación del combustible se realizó “en las inmediaciones de las instalaciones de Petroil en la ciudad de Silao”. 

La empresa dice creer que las denuncias anónimas que derivaron en las investigaciones oficiales pudieron surgir de una confusión debida “a la sensibilidad de la gente al tema de contrabando de combustible, ampliamente difundido en medios”. 

El director Roberto Campillo precisó que Petroil tiene operaciones en esta entidad desde 2016, con la distribución de combustible a empresas de la región, y que la planta en Silao fue inaugurada en 2022. 

Actualmente, en ella laboran alrededor de 90 personas con empleos directos.  

Finalmente, Campillo dijo confiar en que las autoridades actuarán con responsabilidad y permitirán a la empresa reanudar sus operaciones en su sede de Silao.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Petroil y Asamaz, empresas asociadas de Pemex, aparecen en inmueble con huachicol

En las fotografías proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Paz del estado a medios de comunicación, los logos de estas empresas fueron borrados, pero aparecen tanto en los tanques de almacenamiento como en los vehículos de carga que se encontraron dentro de la bodega incautada.

Las marcas Petroil y Asamaz, empresas afiliadas que se dedican a la venta, almacenamiento y transportación de hidrocarburos y que prestan servicios a Pemex, aparecen en las instalaciones y camiones que autoridades incautaron junto con más de 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo ilegal en un predio en Silao el fin de semana, en un operativo sin personas detenidas.  

En las fotografías proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Paz del estado a medios de comunicación, los logos de estas empresas fueron borrados.

Pero en realidad, los nombres de Petroil y Asamaz aparecen tanto en los tanques de almacenamiento como en los vehículos de carga que se encontraron dentro de la bodega que operaba al menos desde 2022, en el operativo efectuado por fuerzas federales y estatales encabezadas por la FGR el sábado 19 de octubre. 

Presuntamente, el inmueble pertenece a Petroil, del empresario Amado Sabás Guzmán, originario de Mazatlán y fundador de ésta y otras empresas afiliadas, dedicadas a la venta al mayoreo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

El periódico “Correo” publicó este martes que el predio perteneció al menos hasta 2022 a un empresario local del ramo del transporte; ese año habría sido adquirido por Petroil, mismo que comenzó a contratar personal como encargados de depósitos de combustible, operadores y otros, desde entonces. 

El nombre de esta empresa salió a relucir recientemente, a fines de septiembre pasado, en otro aseguramiento en Yucatán, en un almacén propiedad del exalcalde panista de Puerto Progreso, Julián Zacarías. 

En declaraciones a medios locales tras este aseguramiento, el exalcalde declaró haberlo rentado a Petroil, como aparece en una nota de “El Sol de Yucatán” del 22 de septiembre.   

En esa ocasión, otro operativo encabezado por la FGR, con Marina, Defensa y Seguridad estatal, intervino en el inmueble propiedad del exalcalde panista ubicado en la comunidad de Flamboyanes, donde aseguró unos 180 mil litros de combustible, contenedores y vehículos de carga.  

Mientras que Transportes y Equipos Asamaz es una empresa filial de Petroil, según información de su página web, donde se anuncia como “distribuidores plus y asociados de Pemex”.  

Asamaz es una de las empresas que cuenta con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para transporte por medios distintos a ductos de petrolíferos; su capacidad es similar a la de Pemex, según datos de la paraestatal.  

El lunes, el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González Martínez, se negó a precisar quién es el dueño del predio asegurado en Silao; dijo que se conocerá “en el momento en el que la investigación lo permita”. 

Y afirmó que en el lugar había empleados, pero que no podía señalar en qué calidad fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, si como testigos o como imputados.  

Sin embargo, fuentes allegadas a la FGR informaron a Proceso que en el lugar sólo encontraron los contenedores y los camiones con el combustible. “Ninguna persona”, aseguró la fuente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Silao registra el mayor aseguramiento de hidrocarburos en el estado

Autoridades federales y estatales, llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato.

A través de un comunicado informaron que el aseguramiento, fue derivado de una orden judicial de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe.
“La operación fue resultado de un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex (Petróleos Mexicanos) Seguridad Física”.
Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”.

Se apuntó que en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguro: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

FUENTE: ZONA FRANCA.
AUTOR: ZONA FRANCA.

Omisiones ante denuncias de huachicol en Tabasco alcanzan a Adán Augusto: periodista

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Varias denuncias ciudadanas sobre contrabando de combustible en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández permanecieron sin respuesta, reveló el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, en entrevista para Aristegui en Vivo.

El primer caso documentado fue el 24 de abril de 2019, cuando un ciudadano denunció que líneas de transporte cargaban huachicol en Comalcalco, cerca de la terminal de Pemex, en operaciones vinculadas con empresas contratistas del gobierno federal y con líderes huachicoleros identificados en informes de inteligencia.

Otro caso ocurrió el 30 de julio de 2020, cuando un denunciante anónimo documentó cómo una camioneta distribuía combustible robado en botellas de tres litros.

El combustible se ofrecía en 3.50 pesos por litro, sin factura y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro explicó que el ciudadano realizó pruebas de densidad y comprobó que se trataba de hidrocarburo de Pemex.

“Este quejoso asegura que sabe perfectamente que es hidrocarburo de Pemex robado”, señaló.


Según Montenegro, varias de estas denuncias fueron dirigidas al propio Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, sin que aparentemente hubiera acción por parte de las autoridades locales.

Las empresas implicadas, como FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, habían sido contratistas del gobierno estatal y ofrecían el combustible a bajo precio, sin facturación, y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro indicó que la operación incluía la venta de pipas de 60 mil litros y transporte del combustible a otros estados, incluyendo Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán.

Otro caso involucró a Maquiladora de Lubricantes SADSB, que según los denunciantes vendía aceites quemados como combustible alterno; además, Montenegro señaló que varios empleados renunciaron al descubrir que participaban en redes de robo de hidrocarburos en la terminal de Dos Bocas.


Estos empleados renunciaron porque era parte de la red que operaba en el robo de diésel y crudo de Pemex.
El periodista subrayó que este modus operandi no es aislado, sino recurrente en la región, donde se compran pipas o se preparan huachibuques para vender combustible a comunidades locales y contratistas.

También detalló que las empresas señaladas operaban clandestinamente, sin permisos adecuados en Tabasco, y que algunas de sus autorizaciones solo les permitían funcionar como centros de acopio, según documentos proporcionados por los denunciantes.

Sobre la falta de actuación estatal, Montenegro cuestionó que “si los ciudadanos tabasqueños tenían conocimiento de estos hechos, ¿por qué las autoridades locales no actuaron para investigar estos casos?”

Recordó que algunas denuncias datan de años atrás y estaban vinculadas con transportistas y líderes huachicoleros ya identificados por la Sedena y la inteligencia federal.

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Montenegro mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como fuentes clave en el seguimiento de estas redes.

El periodista concluyó que, pese a la evidencia y las denuncias, “ya tienen bastantes años en el limbo y no hubo una operación quirúrgica por parte del gobierno estatal para desmantelar esta red criminal”, lo que evidencia una presunta inacción institucional ante un delito que afectó el patrimonio y la seguridad energética del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ecocarburante, acusada de huachicol fiscal, obtuvo permiso de comercialización a cinco días del inicio del gobierno de AMLO

Constituida en 2017, Ecocarburante obtuvo un permiso de la CRE para comercializar hidrocarburos cinco días después del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un año más tarde firmó contratos con la Sedena para proveer combustible al AIFA

Ecocarburante, S. A. de C. V., una de las empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, y presunta lavadora de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió autorización para comercializar hidrocarburos cinco días después de que iniciara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la empresa fue constituida el 14 de septiembre de 2017, necesitaba el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para poder importar y vender combustibles legalmente. Lo consiguió sólo hasta el inicio del gobierno de AMLO, el 6 de diciembre de 2018, según consta en el permiso H/21910/COM/2018.

Dicho trámite requería 10 días para que la CRE admitiera la solicitud y 90 días más para analizarla, de acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

La empresa consiguió la autorización 15 meses después de su creación. Mientras que en diciembre de 2019 consiguió contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proveer combustible en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la Sedena le entregó 11 millones de pesos sin que existiera contrato que justificara la entrega de recursos públicos, lo que fue señalado en junio de 2022 como una irregularidad en la revisión de los gastos del AIFA, una de las obras prioritarias del expresidente López Obrador.

Siete meses después de la creación de Ecocarburante, en julio de 2019, fue nombrado como apoderado legal Miguel Castellanos Cruz, quien también fue representante de Petro Almacenes de Occidente, Mefre Fletes, Dalcrise; esta última también aparece como accionista de Impulsora de Productos Sustentables.

Dicha empresa es investigada por huachicol y tiene como socio a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo, representante de Ecocarburante y apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó el pasado 20 de mayo que el expresidente municipal de Teuchitlán –quien ya está procesado y en la cárcel–, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ecocarburante forma parte de una red de empresas implicadas en el huachicol fiscal, es decir, la importación de diésel haciéndolo pasar por otro aditamento para no pagar impuestos, delito que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las carpetas de investigación derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada en puertos y aduanas, como reveló el periódico Reforma el 6 de septiembre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Así operó el robo de combustible en tiempos del gobernador Adán Augusto

Con base en más de 450 informes que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste elaboró entre el verano de 2020 y mediados de 2021, cuando Adán Augusto gobernaba Tabasco y Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad estatal, Proceso dibuja la mecánica de operación del huachicol.

Durante los tiempos de Adán Augusto López Hernández en el gobierno de Tabasco, el huachicol enriqueció a líderes de grupos armados, autoridades municipales, estatales y federales, empresarios y trabajadores de Pemex, y aunque estuvieron bajo la mirada atenta del Ejército, muchos siguen operando con impunidad, y algunos incluso están a cargo de la seguridad del estado en la administración del gobernador Javier May Rodríguez.

Una revisión realizada por Proceso a más de 450 informes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi), con base en la intervención de comunicaciones de actores de la delincuencia organizada en Tabasco entre el verano de 2020 y mitad de 2021, exhibe la mecánica de operación diaria del negocio del hidrocarburo ilícito, desde el conductor de pipa hasta el empresario millonario.

Ese periodo marcó la caída de Andrés Rodríguez Vasconcelos, apodado Kalimba, el líder criminal que controlaba los negocios ilegales en la región de Cárdenas y Huimanguillo hasta que cruzó la línea roja en junio de 2020 (mandó asesinar a cuatro policías) y fue asesinado por Benjamín Mollinedo Montiel, Pantera. Durante los meses siguientes, Pantera se fue apoderando de la zona, hasta que...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU ROURLIERE.

Hidalgo rompe récord en homicidios dolosos entre las disputas por huachicoleo y narcomenudeo

El mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados.

En medio de una disputa entre organizaciones criminales por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles, y por el narcomenudeo, en julio de 2025 Hidalgo registró la mayor cantidad de homicidios dolosos con arma de fuego cometidos en un solo mes, en toda la última década. 

Las 25 carpetas de investigación iniciadas en julio por homicidio doloso con arma de fuego (cada una puede incluir a más de una víctima) representan la cifra más alta desde 2015, de acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre los asesinatos que rompieron el récord histórico el mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados. Los agentes llevaban a cabo indagatorias relacionadas con un secuestro. 

Cuatro días después, el Gabinete de Seguridad estatal informó sobre la detención de cinco personas que, afirmó, eran presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de Los H. El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo en conferencia de prensa que además de pelear por el control total de la organización, eran posibles responsables del asesinato del agente la noche del 20 de julio. Asimismo, atribuyó la violencia reciente a la pugna por el control criminal entre ésta y otras facciones criminales. 

Para situar el segundo mes más violento por asesinatos con dolo en los que se usaron armas de fuego en Hidalgo, hay que remontarse a julio de 2020, donde hubo 22 carpetas. 

Aquel 2020 fue el cuarto año de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega. Fue en el sexenio del entonces priista que Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional en robo de hidrocarburo a través de perforaciones a ductos (2018). Asimismo, 2020 también representó una pelea territorial entre cárteles por las válvulas, igualmente con formas de violencia y saña contra los cuerpos que las organizaciones criminales han mantenido. 

El tercer registro más alto data de junio de 2019, con 21 asesinatos violentos en los que los agresores usaron armas de fuego. Fue el año de la exposición de una “ordeña” a un ducto de Pemex en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que dejó un saldo de 137 muertes: personas que recolectaban combustible regado en una canaleta tras días de sequía en las gasolineras estatales, después de que el gobierno federal determinara cerrar parcialmente ductos y cambiar rutas de traslado con la intensión de disminuir el huachicol. 

A partir de ese suceso se registró una serie de homicidios de presuntos líderes de organizaciones criminales. Las entonces autoridades locales lo denominaron un “ajuste de cuentas” entre huachicoleros. Comenzó con el asesinato de El Parka?–Julio César Zúñiga Cruz para inteligencia del estado y/o Héctor Baltazar Osorio Delgado para la Policía Federal–, el 20 de enero, dos días después del estallido en la parcela del ejido de San Primitivo, a la que se conoció como la exposición de Tlahuelilpan. 

Entre personas ultimadas dejadas en parajes, calles, con el tiro de gracia, impactos en más partes del cuerpo e incluso con algún tipo de desmembramiento, le siguió el ataque contra el?Talachas,?acaecido el 18 de mayo de 2019 en Santa Ana Ahuehuepan, Tula. Con base en los reportes de la policía, entraron a su casa en la calle Cuitláhuac y lo tirotearon cuando llegaba del rosario de su hijo, el?Puerco, que fue asesinado seis días antes. Ellos eran identificados como los jefes de la banda de Los Poblanos o Los Talachas. 

Aunque no fueron las únicas, esas dos muertes reconfiguraron los liderazgos del huachicol en Hidalgo, que cerró 2019 con 4 mil 71 tomas clandestinas mediante las cuales los grupos criminales robaron hidrocarburos, una cifra que representaba un crecimiento de 92 por ciento respecto a 2018, cuando hubo 2 mil 121 y fue el año a partir del cual la entidad, en ese momento bajo el mando de Omar Fayad, se convirtió en la más “ordeñada” del país. 

Este julio de 2021 enmarca otra disputa criminal, mientras la?Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en la geografía hidalguense (Jalisco Nueva Generación (CJNG) –con mayor dominio territorial–, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el del Noreste (CDN)), e informes de la propia DEA, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras instancias estadunidenses, detectaron una operación en la que el combustible que es extraído en Hidalgo a través de tomas clandestinas, y robado de cargamentos que salen de la refinería de Tula, es traficado a Texas mediante intermediarios corruptos en ambos lados de la frontera, así como una red de empresas fachada. 

Las autoridades hidalguenses afirman que tras la detención el 15 de marzo pasado de Hugo Alberto M. M., “El H”, y el asesinato de su hermano José David tres días después, el grupo que lleva su mote se dividió en células que luchan por el control total, lo cual ha generado disputas armadas, asesinatos y violencia en la región de Tula, una de las más vulnerables al huachicol en el país. 

Aunque para el gobierno de la entidad la pelea es entre grupos locales, a nivel federal ven no sólo la presencia de cárteles, sino su alianza, precisamente, con agrupaciones más pequeñas que controlan giros delictivos específicos en sus territorios. 

Los H son una organización criminal que se dedica al robo de combustibles, al sicariato y al narcomenudeo. El gobierno federal sugiere, con la detención de dos personas en el Estado de México justo en julio pasado, el vínculo entre este grupo delictivo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ambas agrupaciones se dedican al robo de gasolinas en el Valle de México. 

Durante agosto, los asesinatos violentos con armas han continuado: el 18, la policía municipal de Tula encontró dos cuerpos masculinos con impactos en la calle Felipe Ángeles de la localidad de Nantzha. Constató que ambos presentaban signos de tortura y que fueron asesinados con armas de uso exclusivo militar calibre .223.? 

Además, en otros incidentes de impacto social, el 11 de agosto, en las aguas negras del canal Requena en Tezontepec de Aldama fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El mismo día, en Tlahuelilpan, otro cadáver masculino fue hallado en el canal de aguas negras del paraje Las Cadenas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

El detenido Carlos Treviño, de director de Pemex a rostro del huachicol con Peña Nieto

Vinculado al caso Odebrecht y al exdiputado del Verde Luis Alberto Martínez Bravo, conocido como "Lord Huachicol", en la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Pemex se disparó el robo de combustible: en sólo dos años este delito ascendió a 62 mil 384 millones de pesos.

Durante la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum), el huachicol alcanzó niveles que no se habían visto en años previos, así los confirman reportes enviados  entre 2017 y 2018 por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“En los últimos años hemos experimentado un incremento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, reconoce Pemex en el documento de 2018.

Los datos muestran que, en los dos años bajo el mando de Treviño, el robo de combustibles no solamente creció, e incluso se empezó a contabilizar la pérdida en barriles. 

En 2018 el promedio diario fue de 55.9 mil barriles, muy por encima de los 32 mil barriles registrados en 2017. 

Las pérdidas no operativas derivadas del robo de combustible ascendieron a 22 mil 945.4 millones de pesos en 2017 y 39 mil 439.1 millones de pesos en 2018.

El huachicol también se reflejó en las tomas clandestinas. Antes de su gestión, el máximo histórico era de alrededor de seis mil casos anuales; en 2016 se detectaron y sellaron seis mil 873.

Un año después, ya con Treviño al frente, la cifra se disparó a 10 mil 316, y en 2018 alcanzó las 14 mil 910. 

“Lo que representa un aumento de 50.1%”, documentó la petrolera.

Pemex atribuyó el repunte tanto al aumento de la vigilancia como al incremento de los intentos criminales por desviar combustibles.

Sin embargo, fuentes cercanas a Proceso señalaron que, en esos años, uno de los hombres cercanos a Treviño, era Luis Alberto Martínez Bravo, exdiputado federal del Partido Verde, conocido como Lord Huachicol, quien se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Estrategia

Ante el incremento de robos en Pemex, se implementó una estrategia que incluyó medidas internas. 

En 2017 la empresa del Estado canceló contratos de franquicia a siete gasolineras en Puebla, bajo sospecha de irregularidades en la comercialización y con inconsistencias fiscales. 

Un año después las sanciones llegaron a ocho empleados de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Logística en Chihuahua, con la acusación de operar dispositivos tecnológicos para alterar las mediciones de llenado en autotanques y desviarse de las rutas establecidas.

“Tres de estos empleados fueron despedidos e inhabilitados por un año para ocupar cargos en el sector público, y cinco fueron suspendidos. Tres de los ocho presentaron recursos para impugnar las resoluciones; una fue declarada nula, y los fallos definitivos sobre las otras dos impugnaciones estaban pendientes”, reconoció la empresa.

El dedo de Emilio Lozoya

Carlos Treviño fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una etapa marcada por la implementación de la reforma energética. 

Su nombre reapareció tras ser señalado por su antecesor en la petrolera, Emilio Lozoya Austin, en una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su declaración, Lozoya acusó a más de una docena de exfuncionarios y legisladores de recibir sobornos para aprobar la reforma energética y favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. 

Entre los señalados figuraron el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los exsenadores panistas y gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés; y el propio expresidente Peña Nieto.

Treviño no fue el único que quedó vinculado a las acusaciones por corrupción y por el crecimiento del llamado huachicol durante el sexenio peñista.

También fue implicado Eduardo León Trauwitz, general responsable de combatir este delito desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. 

León Trauwitz, hoy radicado en Canadá y bajo proceso legal para su extradición, presentó durante su gestión documentos internos que buscaban posicionar a la petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. 

Incluso, en el libro blanco sobre la “Estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina a su cargo sostuvo que el incremento del huachicol entre 2016 y 2017 “estaba proyectado” y que posteriormente comenzaría a disminuir.

Carrera marcada por la alta administración

Treviño encabezó Pemex de 2017 a 2018, tras ocupar en 2016 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la empresa, donde tuvo bajo su mando la gestión de bienes, áreas técnicas, supervisión y manejo de recursos humanos. 

Antes de su regreso a la petrolera, fue director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2014 y 2016, y director general de Financiera Rural de 2012 a 2014.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como subsecretario de Egresos en 2012 y, anteriormente, como director general de Programación y Presupuesto de 2006 a 2010. 

Su paso por la administración pública también incluyó la Oficialía Mayor en la Secretaría de Economía (2005-2006) y en la Secretaría de Energía (2005), así como cargos en la Presidencia de la República, donde coordinó proyectos de planeación estratégica y competitividad en el sexenio de Vicente Fox.

En el sector privado trabajó en Estrategia Consulting Group (2003-2004) y en el sector académico colaboró durante siete años con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como profesor investigador y coordinador de proyectos.

Opacidad patrimonial

En su declaración patrimonial como servidor público, Treviño se negó a hacer públicos sus datos de bienes y posibles conflictos de interés. 

No obstante, el Registro Público de Comercio muestra que en 2002 constituyó en Nuevo León la empresa Visión y Lectura Digital, dedicada a servicios de asistencia técnica, ingeniería, supervisión, consultoría y desarrollo.

En 2019, ya fuera de Pemex, creó en Naucalpan la sociedad anónima de capital variable Capellia, cuyo objeto social es amplio, desde la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos, hasta la adquisición de patentes, marcas y derechos de propiedad industrial; la participación en otras empresas, la emisión y suscripción de títulos de crédito, y la posesión y explotación de bienes muebles e inmuebles.

La compañía también está facultada para otorgar avales, obligarse solidariamente por cuenta propia o de terceros, y celebrar todo tipo de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

FGR asegura 3.8 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila

El fiscal general del estado también dio a conocer que el rancho "Paola", del empresario conocido como "El Mono" Muñoz, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que en el mes de julio se logró el aseguramiento de 3.8 millones de litros de hidrocarburos en el estado. 

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que el rancho “Paola” del empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

Los operativos contra el tráfico de hidrocarburos se han reforzado en la entidad a través de operativos coordinados con dependencias de los diferentes niveles de gobierno. 

En el comunicado sobre las acciones emprendidas en el mes de julio, la FGR dio a conocer que se judicializaron 15 carpetas, de las 129 abiertas por diversos delitos y se recibieron 116 denuncias. En estas acciones se vinculó a procesos a 17 personas. 

La FGR destacó que se llevaron a cabo siete cateos en los que se aseguraron armas de fuego, cartuchos vehículos, inmuebles, narcóticos e hidrocarburos. También se llevó a cabo la incineración de más de 556 kilos de droga y otros artículos relacionados con diversos delitos. 

Además del hidrocarburo, la dependencia informó que se aseguraron más de 30 kilos de metanfetamina, 227 pastillas psicotrópicas y 64 vehículos. 

Es tema federal

Por su parte el fiscal general de Coahuila señaló que, aunque fueron instancias estatales quienes llevaron a cabo el cateo en el rancho de Muñoz Luévano, el caso quedó en manos de las instancias federales. 

El empresario lagunero fue detenido en el 2016 en España, desde donde hacía operaciones para la agrupación criminal de los Zetas, según las investigaciones que trascendieron, y entregado a Estados Unidos, país que lo investigaba por diversos delitos como lavado de dinero y distribución de cocaína. El año pasado obtuvo su libertad tras un acuerdo de cooperación con autoridades de dicho país. 

“Es una carpeta que está en manos de la FGR y habría qué verificar el estatus de ese predio allá. Se puso a disposición y se le dio vista en la FGR; así que está de aquel lado”, afirmó. Márquez Montañez. 

En las investigaciones en España también se relacionó al hijo del empresario gasolinero, quien tenía entre sus socios, en uno de los negocios de venta de combustible, al exfuncionario de Rubén Moreira Valdez, Gerardo Garza Melo, pero el fiscal de Coahuila afirmó que no existen indagatorias. 

“En el fuero común no existe nada”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.