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Pobladores bloquean carretera Tepeyahualco-La Colorada por proyecto de Vivienda del Bienestar en campo deportivo

Esta movilización se suma a otras registradas en Puebla y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales

Pobladores de San Lorenzo Ometepec, en el municipio de Tochtepec, bloquearon el 12 de noviembre la carretera estatal Tepeyahualco-La Colorada, en protesta por el proyecto de construir Viviendas del Bienestar en un área comunitaria que actualmente sirve de campo de béisbol. 

Esta movilización se suma a otras registradas en esta entidad y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales. 

Apenas la semana pasada, vecinos de Cuautlancingo se manifestaron en contra de que se construya una sede de la Universidad Rosario Castellanos en donde actualmente hay un parque recreativo llamado Xelhua. 

Igual, habitantes de San José Chiapa mantienen un movimiento de resistencia en contra de la construcción de un llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular del Bienestar (Podecibi) en terrenos de ese municipio.

Una lucha similar emprendieron los habitantes de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, contra un parque similar de reciclaje de basura, pero este mes de octubre se anunció la cancelación del proyecto. 

En esa misma entidad, vecinos de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, se oponen a la construcción de un complejo de salud IMSS en terrenos donde actualmente funcionan campos deportivos de esa comunidad. 

Cabe señalar que, en todos los casos, los pobladores reclaman que no fueron consultados para decidir la procedencia de esos proyectos de inversión federal en los predios que forman parte de uso cotidiano de sus comunidades o que, como ocurre con los Podecibi, generarían contaminación en zonas cercanas a sus viviendas.   

En la protesta de este jueves, los habitantes de Ometepec acusaron que no se les tomó en cuenta para decidir el uso de los campos de béisbol para construir las viviendas del Bienestar, pese a que ese predio forma parte del patrimonio de la comunidad. 

Desde la mañana de ese día, los pobladores colocaron piedras y prendieron fuego a llantas para impedir el paso de la carretera estatal en demanda de que las autoridades municipales atiendan sus reclamos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“¿Cómo las placas salvarán vidas?”: protestan repartidores por aplicación; Semovi ofrece mesas de trabajo

Unos 50 motociclistas por aplicación rechazaron el reemplacamiento de carga y el cobro de parquímetros al considerarlos medidas recaudatorias. Aunque pactaron dialogar el martes con autoridades y especialistas, marcharon al Zócalo para entregar su pliego petitorio

Al menos 50 repartidores por aplicación se concentraron este viernes en el Parque México, en la colonia Condesa, para protestar pacíficamente contra el plan de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regularización mediante placas y licencias de transporte de carga, al señalar que se trata de una medida recaudatoria y no de una política pública para salvar vidas.

Aunque las autoridades defendieron que el programa piloto está suspendido y convocarán a mesas de trabajo con expertos, diputados y repartidores a fin de que la legislación se haga en consenso, los motociclistas insistieron en el cuestionamiento a las autoridades sobre cómo el reemplacamiento se traducirá en que haya menos accidentes.

“Ustedes dicen ‘lo queremos hacer por la seguridad de todos’ pero qué beneficio da a la seguridad meter una placa nueva?, eso al final del día es un método recaudatorio del gobierno hacia nosotros, y la verdad es que nosotros ya estamos cansados”, sostuvo Édgar, uno de los repartidores que acudió a la movilización.

Semovi plantea capacitación; repartidores mantienen marcha al Zócalo

Al punto de reunión en el Parque México, acudió José Cáceres, director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Semovi, quien entabló diálogo con los inconformes y aseguró que la dependencia busca elevar los estándares de conducción en la ciudad.

“Que quede claro que lo que estamos buscando es seguridad, pero la otra cosa tiene que ver con el manejo. Hay estándares de competencia, vamos a trabajar sobre la parte de capacitación, eso no quiere decir que manejan mal, pero se puede mejorar”, respondió el funcionario ante los cuestionamientos.

Cáceres agregó que la administración local desea colaborar con el sector: “Nosotros no estamos en contra de los motociclistas, al contrario, forman parte del esquema de transporte de la ciudad y queremos trabajar con ellos de manera coordinada”.

Los motociclistas también exigieron a las autoridades capitalinas a que transparente el 2 % de impuestos que reciben por parte de ellos. Un recurso que, reprocharon, no se ve reflejado en la mejora de la infraestructura vial que cada día tiene más hoyos y baches que generan accidentes.

Aunque hubo diálogo entre las partes y se acordó que el próximo martes al mediodía habrá una mesa de trabajo entre repartidores, autoridades y expertos, los motociclistas decidieron trasladarse al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para entregar un pliego petitorio a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para después llevar a cabo bloqueos en vialidades como Reforma e Insurgentes.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/repartidores-protestas-zocalo-placas-carga-cdmx

Familiares de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevan reclamos al Congreso Internacional Minero

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto", piden familiares de mineros desaparecidos en Concordia

Familiares de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevaron sus demandas de justicia y verdad al XVI Congreso Internacional Minero 2026, celebrado en Hermosillo, Sonora, donde solicitaron a las autoridades continuar con las investigaciones y reactivar las labores de búsqueda del único trabajador que permanece sin ser localizado.

A casi diez meses de los hechos, los afectados también hicieron un llamado a la empresa Vizsla Silver Corp. para establecer un diálogo formal con las víctimas y atender sus exigencias relacionadas con el caso.

Alán Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien continúa desaparecido, participó en el encuentro con la conferencia “La seguridad de los trabajadores como responsabilidad de la industria minera”, donde expuso la situación que enfrentan las familias desde enero de este año.

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto, que nuestra disposición a establecer una mesa de diálogo y avanzar en esto como víctimas”, acotó.

Por su parte, el representante legal de las víctimas, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, informó que ya presentaron una solicitud formal para que las autoridades realicen una nueva jornada de búsqueda en el sur de Sinaloa, la cual podría concretarse dentro de aproximadamente un mes.

“Estamos esperando que en los próximos meses vamos a tener toda esa información, esperemos tener una verdad, tener algo más claro en eso. A su vez, estamos pidiendo que podamos hacer otra búsqueda en vida del ingeniero Esparza, porque recordemos, hay 9 asesinados y una persona en particular que está desaparecida. Estamos esperando que la Fiscalía, seguramente en un mes más tenemos otra búsqueda”, anotó.

Asimismo, Alán Esparza reconoció que las investigaciones han registrado avances, aunque sostuvo que todavía existen interrogantes pendientes por esclarecer, por lo que las familias continuarán insistiendo en que se conozca lo ocurrido con los trabajadores.

Fue el 23 de enero de 2026 cuando se reportó la desaparición de 10 empleados vinculados al proyecto minero “Pánuco”, de la compañía Vizsla Silver Corp., ubicado en Concordia, Sinaloa.

Posteriormente, el 1 de febrero, las autoridades federales reforzaron la presencia militar en la región como parte de los operativos de localización y, días después, confirmaron los primeros hallazgos de restos humanos.

Hasta el momento, nueve trabajadores han sido encontrados sin vida, mientras que el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

De acuerdo con la versión difundida por el Gobierno federal, los mineros presuntamente fueron confundidos con integrantes de una organización criminal rival, en medio de la disputa que mantienen las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en distintas regiones de Sinaloa.

Pescadores bloquean dragado en Laguna de Cuyutlán ante ampliación del Puerto de Manzanillo

Cooperativistas instalaron un plantón indefinido y utilizaron sus lanchas para detener los trabajos. Denuncian posibles daños ambientales e incumplimiento de acuerdos; ASIPONA asegura que realiza labores de mantenimiento

Pescadores, cooperativistas y ambientalistas realizaron este sábado una serie de acciones de protesta en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo, entre las que se encuentran la instalación de un plantón que bloquea el paso de maquinaria a la Laguna de Cuyutlán, donde sin previo aviso comenzaron los trabajos de dragado.

De igual forma, pescadores utilizaron sus lanchas para impedir que las dragas (embarcaciones especializadas) continuaran con los trabajos de excavación en el vaso lacustre ubicado en Manzanillo, actividad que levanta sedimentos y materiales pesados que afectan la flora y fauna del lugar.

Mientras que, en la capital, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán se manifestaron en el centro de la ciudad y acusaron a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de emitir de manera opaca y sin sustento técnico la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoriza la ampliación del Puerto de Manzanillo.

Todas estas acciones coordinadas se registraron ante lo que parece ser el inicio de los trabajos de construcción del puerto Nuevo Manzanillo, en la Laguna de Cuyutlán, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.

Desde la semana pasada, en ese cuerpo lagunar se pudo observar maquinaria que realiza trabajos de dragado, aunque la administración del puerto de Manzanillo (ASIPONA) afirmó que se trata de acciones de mantenimiento en la zona actualmente autorizada para el uso comercial.

La mañana de este sábado, un grupo de pescadores y cooperativistas de la Laguna de Cuyutlán se apostó en el ingreso al canal de Tepalcates, donde dispusieron todo lo necesario para permanecer de manera indefinida, en tanto no obtengan respuesta de las autoridades.

María del Carmen Velasco Chávez, representante de la Cooperativa de Pescadores y Acuicultores de la Laguna de Cuyutlán, mencionó que sus acciones de protesta responden a los trabajos en ese vaso lacustre, iniciados sin ningún aviso.

Señala que los pescadores han pedido que no comiencen esos trabajos hasta que no se realicen mesas de diálogo. “Incluso hace días nos reunimos en la Ciudad de México con el secretario de Marina, él instruyó para que se realizaran las mesas de trabajo, lo que omitieron las personas de la Asipona aquí en Colima”.
“También existió el compromiso de que, si comenzaba el dragado, se instalarían mallas para evitar que los sedimentos se dispersaran, cosa que tampoco hicieron las autoridades, por eso nos manifestamos, no están cumpliendo con nada de lo que dijeron”.
Asentó que el dragado impacta el ecosistema, “pues son alrededor de cinco dragas trabajando y van a levantar sedimentos de muchos años, metales pesados y otros materiales”, dijo.

Señaló que tales afectaciones dejan sin trabajo a los cientos de familias que dependen de la pesca, así como a los salineros y los acuicultores de la zona, “esto nos afecta directamente”.

Pidió que los trabajos de dragado se suspendan de inmediato para no ocasionar mayores daños a la Laguna de Cuyutlán. “Luego solicitamos que se realicen mesas de trabajo que sean transparentes, para que la gente sepa toda la información, que nada se haga en lo oscurito”.

Asentó que, por ese motivo, los pescadores se instalaron en plantón en el canal de Tepalcates, en la comunidad de Campos, el punto por donde ingresan materiales y maquinaria para los trabajos de ampliación del puerto. “Aquí nos vamos a quedar las 24 horas, no vamos a dejar pasar a quien pretenda dañar la laguna”.

Por la tarde de este día, ambientalistas del colectivo Salvemos Cuyutlán anunció protestas en diversos puntos del estado, además que convocó a la población para que se una al rechazo de la ampliación del Puerto de Manzanillo, toda vez que generará enormes afectaciones al medio ambiente.

Nuevo paro en el Poder Judicial: 32 mil trabajadores protestan en 17 estados contra esquema de evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en al menos 17 estados iniciaron un paro de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación del desempeño del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La inconformidad exige congelar el Acuerdo AG-POAJ-025/2026, argumentando que el examen de conocimientos solo representa el 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de criterios subjetivos que ponen en riesgo la carrera judicial y la permanencia de 32 mil empleados. Por su parte, el OAJ aseguró que la prueba programada para diciembre de 2026 será meramente diagnóstica y descartó que implique despidos o pérdida de plazas

El Poder Judicial se vuelve a ir a paro, esta vez por el examen al que están obligados a realizar, sin embargo, el problema no es el ejercicio de evaluación sino el bajo valor que tiene comparado con criterios más arbitrarios que abarcan el 60% de la evaluación final. 

 Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas sedes del país para exigir que se deje sin efectos el nuevo sistema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.


La protesta comenzó durante la madrugada en instalaciones de la Ciudad de México y se extendió a al menos 22 sedes de 17 entidades. Entre los inmuebles donde se reportaron suspensiones de actividades están los de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, en la capital del país, así como instalaciones judiciales en Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

En Monterrey, los trabajadores bloquearon de manera intermitente los carriles de la avenida Constitución, a la altura de Cuauhtémoc. En Cancún, cerraron con candado el acceso a las instalaciones. En Morelos, más de mil empleados cerraron desde el jueves las sedes de Cuernavaca y Xochitepec.


La inconformidad se dirige al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece un esquema de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios, oficiales judiciales y demás personal de carrera judicial. La medida comprende alrededor de 32 mil trabajadores adscritos a más de 900 juzgados y tribunales federales.

EVALUACIÓN: 40% EXAMEN Y 60% OTROS CRITERIOS

El nuevo mecanismo contempla evaluaciones periódicas que combinan un examen de conocimientos y competencias, equivalente a 40% de la calificación, con otros criterios que representan el 60% restante.

En esta segunda parte se consideran aspectos como capacitación, productividad, calidad del trabajo, trabajo en equipo, ética, atención a la ciudadanía y valoraciones de superiores y compañeros.


Los trabajadores cuestionan que el examen tenga un peso menor frente a criterios que, consideran, pueden prestarse a valoraciones subjetivas. También advierten que el esquema no reconoce suficientemente la antigüedad y la experiencia, y temen que los resultados puedan utilizarse para determinar la permanencia en el puesto, cambios de adscripción o separación del cargo.

La vocera Patricia Aguayo ha señalado que los trabajadores condicionan el regreso a sus actividades a que se retire el acuerdo. Entre las demandas también está establecer un mecanismo de evaluación orientado a la capacitación y no a posibles despidos o reubicaciones.


La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también cuestionó el nuevo esquema. En un comunicado, acusó que busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, al establecer mecanismos que considera discrecionales.

OAJ NIEGA RIESGO DE DESPIDOS

Ante la convocatoria al paro, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones previstas para diciembre puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.


El organismo precisó que la primera aplicación, programada entre el 4 y el 15 de diciembre de 2026, tendrá exclusivamente carácter diagnóstico. Por ello, no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

“El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, sostuvo.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Añadió que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

La institución defendió que cuenta con atribuciones para aplicar estas evaluaciones, conforme al artículo 100 de la Constitución y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal.

“La evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador”, indicó.

El organismo manifestó su disposición al diálogo para explicar el procedimiento y proporcionar herramientas de capacitación, pero insistió en que debe cumplirse el mandato constitucional.

Pueblos cholultecas instalan plantón en carretera Cholula-Huejotzingo: exigen cierre definitivo de basurero

Los pobladores han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua iniciaron el miércoles 4 de noviembre un plantón permanente para exigir que se cumpla con el cierre definitivo y las acciones de remediación del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula que fueron acordadas desde marzo. 

Los pueblos cholultecas han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva de este relleno sanitario —que se presume es propiedad del senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández— y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada. 

Desde abril se iniciaron algunas de las obras para el plan de cierre definitivo, pero los pobladores señalaron que hasta la fecha no se ha cumplido con lo acordado por lo que desde este miércoles decidieron bloquear la carretera que va de Cholula a Huejotzingo y declararse en plantón permanente.   

Entre las demandas que plantean está el detener la filtración de lixiviados y reparar la geomembrana de una laguna existente para evitar que los contaminantes continúen representando un riesgo para los pozos y mantos acuíferos de la región.

También, reclaman que se reinicien los trabajos de relleno de una excavación que había hecho la empresa de manera ilegal para ampliar el basurero, además de desmantelar la maquinaria e infraestructura de reciclado que sigue en ese lugar. 

En apoyo a esta protesta, Amnistía Internacional emitió en sus redes sociales un pronunciamiento en el que expresó su “preocupación por las persistentes respuestas deficientes y las omisiones del Gobierno de Puebla y de la PROFEPA ante las denuncias de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua”. 
“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos al agua y a un medio ambiente sano. Por ello, reiteramos el llamado que hicimos desde 2024 al Gobierno de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, para mantener abierto el diálogo, atender a las comunidades y dar respuesta a sus demandas”, señaló.
En un comunicado, el ayuntamiento de San Pedro Cholula aseguró que, luego de iniciada esta protesta, el gobierno estatal decidió intervenir con maquinaria para realizar las labores que dejó pendientes la empresa Pro-Faj-Hidrolimpieza, cuya propiedad se ha adjudicado a Ochoa Fernández.

La administración municipal señalo que la empresa deberá asumir las consecuencias de haber incumplido los compromisos establecidos desde marzo ante la Secretaría de Gobernación, por lo que se aplicarían las sanciones (sin precisar montos), además de que tendrá que pagar los recursos públicos que el gobierno estatal utilice para esos trabajos.

“Que el gobierno no sea tan ausente”: buscadoras que bloquearon la México-Toluca vigilarán compromisos de autoridades

Tras formalizar denuncias de agresiones y una mesa de trabajo con la Fiscalía del Edomex, las familias levantaron su protesta. Los acuerdos incluyen el cese a la revictimización, la reestructuración de áreas de atención, la entrega oportuna de programas sociales, atención médica y garantía de búsqueda

Tras mantener un bloqueo pacífico por más de 36 horas en la carretera México-Toluca, iniciado la mañana del martes 20 de octubre, el colectivo de personas buscadoras Mariposas Buscando Justicia y Corazones logró una serie de acuerdos como resultado de una mesa de diálogo con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes.

Su protesta, señalaron, obedeció al agotamiento y fallo sistemático de los cauces institucionales ordinarios para la localización de sus personas queridas desaparecidas. Subrayaron que en el transcurso de la manifestación implementaron un esquema de apertura parcial de carriles de 10 minutos cada hora y garantizaron el paso preferencial e inmediato a vehículos de emergencia, ambulancias, insumos médicos y personas con requerimientos de atención de salud.

“Durante nuestro bloqueo, demostramos la empatía que el Estado nos niega. Mantuvimos aperturas de carriles cada hora por más de 10 minutos y permitimos el libre paso a ambulancias, personas enfermas, transporte de medicamentos, personas que acudían a citas médicas, adultos mayores y a quienes necesitaban asistir, a familiares con discapacidad. Toda urgencia fue atendida de manera inmediata”, subrayaron en conferencia de prensa la tarde de este jueves.

Agresiones e intimidación durante la manifestación

A lo largo del desarrollo de la protesta, las personas manifestantes documentaron diversos episodios de agresión física y verbal, así como falta de acompañamiento perimetral por parte de elementos de seguridad pública. 

El martes 20 de octubre se reportó la incursión de un civil que agredió físicamente a una integrante del colectivo y provocó daños materiales al vehículo de otra de las participantes. Tras el incidente, se identificaron las placas del automóvil del agresor con el propósito de iniciar formalmente la carpeta de investigación ante las autoridades.

Luego, durante la jornada del miércoles 21 de octubre, automovilistas retiraron de forma violenta lonas explicativas y boletines de búsqueda colocados sobre la vía pública. Las familias señalaron que la intervención de la policía municipal que acudió al lugar derivó en actos de intimidación hacia las propias manifestantes.

“Para ellos simplemente podrán ser lonas y pedazos de plástico, pero para nosotros son los rostros de nuestras personas amadas”, reprocharon. Ante la reiteración de agresiones físicas perpetradas por civiles durante el cierre vial, el colectivo recalcó la necesidad de sancionar los hechos.

“En el Estado de México existe una alerta de violencia de género, y creo que el señor (agresor) en algún momento debería de saberlo. Cuando uno insiste tanto en que no nos agreda y un hombre es constante, creo que sí, en este caso sí es necesario abrir una carpeta para que esto no quede impune, porque la violencia de género existe en todo el país”, añadieron.

Acuerdos con la fiscalía del Edomex

Los compromisos a los que el colectivo llegó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contemplan la reestructuración de los procesos de atención al público y el fortalecimiento de las investigaciones.

Entre las medidas inmediatas se pactó el cese de la revictimización, la depuración administrativa y la aplicación de sanciones a los agentes del Ministerio Público que hayan incurrido en malas prácticas. Además, se determinó la reestructuración del área de atención al usuario bajo supervisión directa.

Para evitar la dispersión de funciones operativas, también se acordó la creación de un área de litigio específica, cuyo objetivo central es liberar a los agentes investigadores del Ministerio Público de cargas procesales ajenas a la localización de personas.

Al mismo tiempo, se pactaron mesas de trabajo periódicas e individuales con cada familia para revisar las inconsistencias en sus carpetas de investigación y evaluar el desempeño de mandos y titulares ministeriales. En materia de difusión y memoria, la institución garantizó que no se retirará ninguna ficha de búsqueda fijada en las instalaciones de las fiscalías locales.

Por otro lado, las familias de los colectivos serán convocadas para participar de manera activa en la discusión del diseño y estructura del nuevo panteón forense para personas sin identificar.

Otros compromisos

En el ámbito de la atención integral a las familias afectadas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México asumieron compromisos de carácter presupuestal y de salud.

El acuerdo estipula la garantía de la suficiencia presupuestal para el mantenimiento de las búsquedas y el ajuste en los calendarios de dispersión de los apoyos sociales. Específicamente, la entrega de programas sociales se recalendarizó para que ocurra de forma efectiva a principios de cada año y no a mediados, además de la agilización en el otorgamiento de becas escolares para las víctimas indirectas.

En el ámbito sanitario, se determinó la canalización médica ágil para la atención inmediata del deterioro físico y los padecimientos derivados de los procesos prolongados de búsqueda.

Protocolos para la búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México aceptó, por otro lado, homologar e intensificar sus protocolos operativos mediante planes de búsqueda inmediatos y articulados, que deberán integrar análisis de contexto y mapeos oportunos sustentados en una coordinación efectiva con las células de género y los mandos policiales municipales.

En cuanto a las acciones de difusión, se evaluará la implementación de pantallas digitales de gran formato en puntos estratégicos para la exhibición masiva de boletines de localización. Además, la Comisión se comprometió a entablar reuniones de sensibilización con las presidencias municipales de la entidad a fin de frenar la remoción arbitraria de cédulas de búsqueda por parte de autoridades locales.

“No damos nada por cumplido hasta haberlo realizado. Ninguna familia a la que le falta un ser querido debería verse obligada a bloquear una carretera y a arriesgar su integridad física para recibir la atención que por derecho le corresponde”, apuntaron las integrantes del colectivo respecto a lo que vendrá tras los acuerdos.

A esto se suma que esos compromisos no eliminan las deficiencias estructurales e insuficiencias en el número de personal asignado a las tareas de investigación. Durante el diálogo con el fiscal general, el colectivo exigió formalmente duplicar o triplicar el número de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal técnico pericial. 

La autoridad ministerial argumentó limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales, frente a lo cual las familias sugirieron la conformación de un frente común ante el Congreso local para gestionar la ampliación de partidas financieras.

Las manifestantes hicieron notar la ausencia reiterada de líneas de tiempo en las carpetas de investigación, lo que impide verificar la secuencia cronológica y la efectividad de las diligencias realizadas desde el momento del reporte inicial. También señalaron omisiones persistentes por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales en la entrega oportuna de planes de búsqueda acordados.

“Sí quiero pedirle a las instituciones, al gobierno, que no sean tan ausentes. Desde nuestros gobiernos estatales como federales, no sean tan ausentes. Porque no saben ustedes cuántas vidas están destruyendo. Y no solo lo hablo por nuestro familiar que no existe. Una familia puede tener hasta 10 núcleos. No destruyen una familia. Destruyen muchas familias con su falta de empatía, con su falta de profesionalismo, con su falta de actuar”, sostuvieron.

El colectivo recordó que no debe existir un plazo mínimo de espera, como el supuesto de las 72 horas, pues hoy las instituciones tienen la obligación legal de iniciar las carpetas y protocolos de búsqueda de manera inmediata. “Eso también es lo que hace falta. La información hacia la ciudadanía para que pueda agilizar el encuentro con su familiar”, pidieron. 

El Colectivo Mariposas Buscando Justicia y Corazones y las autoridades acordaron realizar una mesa de trabajo de seguimiento durante la semana que viene para auditar el avance concreto de los compromisos formalizados en el pliego petitorio. Las familias advirtieron que, en caso de detectar retrasos o incumplimientos injustificados, reanudarán acciones de protesta e interpondrán recursos legales.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO:
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/buscadoras-mexico-toluca-vigilaran-compromisos

Miles de indígenas denuncian presencia criminal en San Cristóbal de las Casas

Exigen justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.

“Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas”, dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y “a los tres niveles de gobierno”. En la misma lista aparece la siguiente afectación: “Consumo de drogas en jóvenes y niños”.

En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el “reclutamiento de los jóvenes”. Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las “detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches”. También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.

Los “levantones” y asesinatos, añade, “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agrega el “miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país”. Y advierte: “Pueblos en resistencia temen ser atacados”.

“¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!”, exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El documento cerró con un llamado: “Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra”.

Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: “¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!”, “¡Alto al desplazamiento forzado interno!”, “¡Alto a la desaparición forzada!”, “¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!”.

En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

“No es un caso cerrado” el proceso por el asesinato

Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.

Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.

Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, “identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen”, dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”. En octubre de 2025, Proceso lo identificó como “El Chesman”, presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.

“El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más”, dijo el sacerdote.

El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y “se llevó al equipo de fiscales”.
“Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado”.
“Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales”, dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe “del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos”.

“Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad”, sostuvo. El asesinato, dijo, “afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó”. En el contexto “criminal o macrocriminal que impera” en Chiapas, añadió, “sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes”.
“Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente”.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos

La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra “PAZ”. Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda “La paz es un grito que debe ser escuchado”.

“Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo”, decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: “Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas”.

Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: “La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune”.

“¡Alto al crimen organizado!”, “¡Alto a la narcopolítica!”, “¡Alto a los desplazamientos forzados!”.

“¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!”, coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.

En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: “Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”. Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.

“Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue”, decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.

Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma

“Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición”, señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.

A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
“A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones”.
Niñez sin registro oficial

La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.

El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la “imposición de la carretera San Cristóbal Palenque” y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su “rechazo total” a esa autopista.

Calificó como “consulta a modo” la de la llamada “Ley indígena”. Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó “a cierto grupo de personas”, y que lo que esa ley oculta es “el despojo territorial de los pueblos originarios”.

Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud “sin ofrecer medicinas”. También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con “una gran deuda económica”.

A los grupos de poder les pidió que “dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores”. Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: “¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!”.