Las familias de las víctimas y los pobladores indicaron que los ejidatarios de la zona han comenzado a implementar acciones de resistencia contra la tala ilegal y el presunto avance del cártel "La Familia Michoacana" en esa región.

Ejidatarios exigen intervención del Gobierno federal

Los ejidatarios exigieron en un comunicado la intervención del Gobierno federal para localizar a sus familiares privados de la libertad y advirtieron que, de no haber una pronta respuesta, incrementarán la contundencia de sus acciones de protesta.

Comentó que mantienen coordinación con representantes y familiares, con quienes se realizan labores de búsqueda en distintos puntos de la zona. Asimismo, Rodríguez Cisneros informó que establecerá comunicación con integrantes de los comités de paz que operan en la región, con quienes se mantiene un trabajo permanente.

Según las investigaciones, un grupo de once personas se dirigía a realizar sus labores en las parcelas cuando presuntamente fue interceptado por un grupo de sujetos armados en los caminos serranos que conducen al municipio, justo a la altura de la comunidad de La Lajita.

De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Adriana Gómez platica sobre la lucha feminista. El valor de los colectivos y las organizaciones de mujeres radica en plantarle cara a un gobierno y un Estado que no las escucha y menos las nombra. A los que sólo parecen importarles los feminicidios cuando la víctima es una extranjera. Por eso su movimiento busca eliminar la violencia estructural y machista que las atraviesa.

También está quien apenas se adentra en la lucha estudiantil, como Gauri, estudiante del Instituto Politécnico Nacional que participó activamente en su ultimas movilizaciones. Junto a sus compañeras y compañeros, exige instalaciones dignas, que el presupuesto no se desvíe. Y aunque la toma del Canal Once haya finalizado, sabe que la lucha apenas comienza.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra el testimonio de Rojo Carmesí, activista y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quién la huelga de 1999 pasa por razón de vida. Sus padres, como el de muchas otras y otros, se conocieron en el movimiento estudiantil. Por eso, ella tiene claro que su deber es defender la educación popular, luchar porque no se privatice a la Universidad, porque se reconozca institucionalmente el genocidio palestino y se rompan relaciones académicas con Israel.

Estos testimonios forman un abanico de postales sobre el movimiento o los movimientos estudiantiles actuales. Así reunidos dialogan entre sí, en algunas cosas coinciden, en otras no, pero todos están de acuerdo en lo fundamental: la defensa de los derechos estudiantiles.

A 48 años del Comité 68

Este año se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco y 48 de la fundación del Comité 68 Pro-Libertades Democráticas. Marisol Vázquez, militante del Comité cuenta en entrevista: “mi primera marcha del 2 de octubre fue a los 16 años”. Es originaria de la Ciudad de México. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro de Alba” cuatro generaciones después del movimiento del Consejo General de Huelga, quien puso en jaque a las autoridades universitarias durante 293 días. Ahí se formó en asambleas y movilizaciones, hasta que, en 2012, ya en la universidad, se integró al Comité. Desde entonces guarda la memoria de esas décadas de lucha.

Vázquez comenta que el Comité ha “procurado una narrativa que dignifique al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, que ponga al centro los procesos organizativos y las prácticas democráticas”. Para ella, el movimiento fue “una potencia creadora, creativa, disruptiva, alegre, disciplinada, estratégica”.

En contra de lo que se piensa y según los testimonios de sus maestras y maestros de lucha, a quienes llama los “históricos”, aquellas y aquellos que participaron en esos convulsos días del 68, Vázquez defiende que fue “un movimiento en el que las mujeres ocuparon su lugar como representantes y brigadistas, como maestras, estudiantes, profesionistas, como madres y como hijas de su propio tiempo, zanjando un camino que nos corresponde a nosotras ensanchar”. En su opinión, es el Estado y el gobierno quién ha invisibilizado la participación de las mujeres en el Consejo Nacional de Huelga y en el desarrollo del movimiento estudiantil y popular. Señala que “el Estado se ha abrogado la tarea de hacer memoria porque es más fácil que avanzar”, sin embargo, puntualiza, “la memoria la vienen haciendo las organizaciones a la par de sus luchas”.

En la entrevista no se olvida de citar a los históricos. Recuerda una frase de su querido compañero Raúl Álvarez Garin, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco y acaecido en el 2014: “El 2 de octubre volvimos a nacer. Ese día también supimos como íbamos a morir: luchando por la justicia y la democracia verdadera”. Y aclara que “ellos y los que siguieron eran sin duda jóvenes valientes que enfrentaron al autoritarismo ganándose la simpatía del pueblo”.

Vázquez dice que en ese 2012, cuando ingresó al Comité, hace ya más de una década, se le “abrió un universo de argumentos y formas de disputarle al Estado la justicia, la verdad y la memoria”. Al interior, la organización se centra en la “comprensión teórica y jurídica de larga data” sobre el 2 de octubre y el 10 de junio de 1971, en la que el grupo paramilitar Los Halcones al servicio del Estado, irrumpió con violencia extrema en una marcha estudiantil realizada en apoyo al movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Comité también reflexiona sobre el “periodo denominado guerra sucia”, caracterizado por la violencia estatal de una Dirección Federal de Seguridad a cargo de Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, o de Miguel Nazar Haro. Y resguarda, según palabras de Vázquez, “un archivo documental, fotográfico y hemerográfico que es fuente de investigación académica y periodística”, además de mantener “relaciones solidarias con organizaciones nacionales e internacionales”.

Respecto al movimiento estudiantil a día de hoy, piensa que “las y los estudiantes de educación superior y media superior son objeto de la hipervigilancia, de medidas punitivas extremas producto del hostigamiento y la persecución al interior de las escuelas”. Vázquez señala que el dialogo intergeneracional está roto: “sabemos que a las y los más jóvenes les queda lejos el 68 y un poco más cerca el 99, pero es importante que se apropien y reinventen estas experiencias, que se organicen y se instruyan”. Mientras, desde el Comité 68 no van a descansar “hasta acceder a la justicia y sentar un precedente jurídico que rompa la impunidad en los casos del pasado y del presente”. Vázquez quiere que su “legado para los más jóvenes sea el acceso a la justicia”.

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

El 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres estudiantes más. Desde entonces, sus padres y madres, junto con las nuevas generaciones de la Normal, siguen buscándolos y exigiendo justicia.

Uno de esos nuevos estudiantes de Ayotzinapa es Borrego, como lo conocen sus compañeros. En la escuela todos usan apodos, los infiltrados no faltan y es mejor estar prevenido. Borrego es originario de la costa sur de Oaxaca, pegadito a Chiapas. De sus hermanos, quienes también estudiaron en una Normal Rural, aprendió sobre el movimiento estudiantil del 68 y del 2 de octubre. Para él, la matanza de Tlatelolco fue “una forma descarada del gobierno de decir que no le interesaban los estudiantes, los mató descaradamente sólo por exigir lo que por derecho les compete como estudiantes”. Por eso, Borrego, en entrevista, exclama que “todo este sistema esta corrompido”.

Sabe que formar parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual reúne a las Escuelas Normales Rurales y busca defender el derecho de las y los normalistas, “es una experiencia que no cualquiera vive, sólo los más fuertes permanecemos en pie de lucha, en el movimiento estudiantil”. Para él, lo que les define son sus luchas. El marxismo-leninismo, reivindicado por la Federación, es, en sus palabras, “una organización que quiere dar igualdad a todas las personas, además de promover el pensamiento reflexivo para derrotar a este sistema”.

Junto a las familias de los 43, Borrego lucha por encontrar a sus compañeros, por justicia y castigo a los culpables. Y cómo señala, “también por todos los desaparecidos en México”, porque “se respeten las normales rurales, creadoras de docentes”. Borrego cuenta que esta última jornada de lucha se le hizo “un poco pesada, ya que me encargue de la parte organizativa”. Trasladar y coordinar a estudiantes de toda la República no es tarea fácil, sus días, en estas fechas, se vuelven frenéticos entre marchas, mítines, asambleas y protestas.

No falta su indignación por la ausencia de verdaderos resultados: “Me da coraje ver la apatía del gobierno. Mi persona ha estado en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sólo repiten lo mismo, no dan información relevante para el caso”. Aún con el cansancio, exigir justicia es un fin por el que Borrego dice sentirse contento.

Las luchas feministas en Morelos

En 1968 fueron muchas las y los normalistas, profesores y activistas que, desde Morelos, apoyaron y se unieron a las demandas estudiantiles. Hoy el estado de Emiliano Zapata es tierra caliente, como lo demuestra el feminicidio, ocurrido el 12 de septiembre del presente año, de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asesinada por Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, cuando éste intentó robarle el celular a Tacoronte en la ciudad morelense de Cuautla, donde ella se encontraba de visita en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. No es la única, otras cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en menos de dos años, dos de ellas por sus propios compañeros de universidad.

No es fácil vivir en Morelos, menos si se es mujer. Como señala en entrevista Adriana Gómez, egresada de Ciencias Políticas de la UAEM e integrante del Centro Comandanta Ramona, espacio de lucha feminista al interior de la universidad, “Morelos es el estado con la tasa más alta de homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años”. Ella es de Jiutepec y cuenta que no conoció “la educación pública sino hasta la universidad, cuando entré a la maravillosa UAEM”. Sin esta institución, Gómez no habría podido acceder a la educación superior, no tenía los recursos para seguir en una universidad privada. Al ingresar, según sus propias palabras: “Ya me asumía feministas. Mi jefe de carrera, el maestro Lalo, me animó a postularme al Consejo Técnico. Sin experiencia previa, choqué contra una estructura clientelar añeja, grupos de la Federación de Estudiantes cooptados por sindicatos y autoridades que compraban lealtades con favores que deberían ser derechos garantizados”. Los grupos porriles son otra de esas tantas idiosincrasias del movimiento estudiantil en México, estudiantes que funcionan como brazo armado de las autoridades universitarias. El 68 también tuvo sus federaciones charras: el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación o la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.

Para Gómez, habitar el estado de Morelos o su universidad “es presenciar en carne propia como escala la violencia machista, es vivir en constante alerta e indignación”. Sin miedo, acusa a la UAEM de encubrir a acosadores o hasta a violadores: “Es indignante ver a docentes sosteniendo discursos misóginos y acosando generación tras generación en total impunidad. Conforme avanzas en la carrera, descubres que varios están denunciados en la Fiscalía por alumnas, señalados de violentar a sus parejas, que son sus propias colegas investigadoras, o con antecedentes gravísimos mientras ocupaban carpos públicos. Los ves paseándose tranquilos y refugiados en la universidad y las instituciones del Estado”. Y añade que “quienes contamos con la voluntad y el respaldo colectivo, transformamos esta realidad en digna rabia porque no queda de otra, porque desde las aulas hasta el Congreso, las autoridades han demostrado un desinterés absoluto por cuidar nuestras vidas”.

El gobierno de Morelos carece de un plan integral para combatir la violencia de género, como indica Gómez, su estrategia “se reduce a la Secretaría de las Mujeres y a los Centros Libres, que ni siquiera operan en todos los municipios y donde esperan de brazos cruzados mientras las mujeres sortean una infinidad de trabas burocráticas”. En la UAEM las cosas no son muy diferentes, la institución no se considera parte responsable en la transformación del estado. “La universidad asume”, dice Gómez, “que no les debe seguridad a sus estudiantes porque esa obligación no está escrita al pie de la letra en un papel”.

Ante la ineficiencia e impunidad del Estado, las mujeres de Morelos se vieron obligadas a organizarse para combatir la violencia machista que las atraviesa. Para Gómez, las colectivas feministas al interior de la universidad son un rayo de luz. Piensa que al movimiento estudiantil lo “define la capacidad de sobreponernos a la criminalización y a los intentos constantes de las autoridades por cooptar voluntades e institucionalizar cualquier organización emergente”. Para ella no es una opción quedarse de brazos cruzados “cuando la universidad pública te forma con sentido crítico”. Por eso es crítica con aquellos compañeros varones que minimizan y ridiculizan la lucha feminista: “Dentro de los mismos colectivos persiste un recelo particular hacia el feminismo. A muchos les sigue resultando más cómodo articular las demandas desde la clase o las precariedades de la juventud, que nombrar a las violencias de género”. Gómez espera que sus luchas en el estado de Morelos, “consoliden una generación más crítica y menos machista, dispuesta a cruzar disciplinas para leer las llamadas ‘crisis de seguridad’ como lo que verdaderamente son, emergencias sistémicas y feminicidas”. Y no se olvida de ser autocrítica, de reflexionar que “sino nos atrevemos a mirar y desmontar desde la raíz, seguiremos atrapadas en el mismo ciclo de simulación de siempre”.

De ahí el valor de las colectivas feministas. Gómez las concibe como el futuro: “Muestran formas de cuidado, acompañamiento y reparación comunitaria que el Estado, con sus lógicas jerárquicas y patriarcales, es incapaz de siquiera imaginar”. También menciona que admira “profundamente su valentía” y que “son las colectivas las que ponen el cuerpo en las grandes denuncias que han sacudido y transformado la historia reciente de nuestro país”.

Por todo lo anterior, Gómez, “como universitaria y morelense en una tierra zapatista”, tiene “la convicción de que la lucha estudiantil va hacia una transformación estructural de nuestro estado”. Afirma que su generación ya no es “una juventud desinformada, despolitiza o que aplaude a la clase política”, es una “atravesada por una violencia brutal”. Y entiende que la lucha estudiantil, o al menos la feminista, tiene por objetivo la despenalización del aborto en Morelos, el único estado del centro del país que aún lo criminaliza.

Nuevas luchas en el IPN

Un 23 de septiembre de 1968, el ejército y la policía asaltaron las instalaciones universitarias del Casco de Santo Tomás para acabar con el movimiento estudiantil. Sin embargo, los estudiantes del IPN no se rindieron. Usaron piedras, bombas caseras y cohetes para frenarles. Ante esto, el gobierno autorizó el uso de tanques, bazucas y rifles de asalto. El saldo final fue de varios estudiantes muertos y decenas de heridos y detenidos.

Hoy las luchas del IPN son otras, pero las mismas. Gauri, originaria del Estado de México y estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, comenta en entrevista: “Desde muy chiquita siempre fui muy consciente de los movimientos sociales y de la importancia que tienen. Sin embargo, nunca me había involucrado realmente en uno hasta abril de este año. Sentí que, de alguna forma, tenía la responsabilidad de apoyar. Empecé yendo a las marchas, después a las guardias en la escuela y, poco a poco, ya no salí de ahí. Creo que fue algo que se fue dando de manera muy natural. Al principio solamente quería apoyar, pero conforme fui conociendo más a las personas, las problemáticas y la organización, entendí que también quería formar parte del movimiento”.

A finales de mayo de este año, estudiantes del IPN empezaron a exigir la destitución del director general de su universidad, Arturo Reyes Sandoval, por denuncias de desvío de recursos, falta de material para sus prácticas y abandono sistemático de la infraestructura. El 21 de mayo, la comunidad estudiantil organizada tomó las instalaciones televisivas del Canal Once. 74 días resistió el estudiantado, después, las autoridades lograron recuperarlo. Esta es la primera experiencia en el movimiento estudiantil de Gauri. Para ella “que haya terminado la toma no significa que todo lo que se hizo durante el movimiento pierda su valor”. “Hay momentos de cansancio, incertidumbre y también situaciones a las que nunca te habías enfrentado”, dice convencida de su lucha, “pero creo al final es algo que vale totalmente la pena cuando tienes claro por qué lo estás haciendo”. Y agrega que “un movimiento no solamente existe durante las marchas o las asambleas, sino también en todas esas pequeñas cosas que ocurren durante una guardia y en la convivencia diaria”.

La experiencia de Gauri es corta pero significativa, rápidamente entendió “que un movimiento estudiantil está compuesto por muchísimas realidades diferentes, no todos llegamos por las mismas razones, pero podemos encontrar puntos en común y organizarnos a partir de ellos”. Aunque casi nunca es fácil: “Hay cansancio, desacuerdos y momentos en los que cuestionas muchas cosas. Pero creo que precisamente todo eso forma parte de aprender a organizarse y a construir colectivamente”. Gauri también cree que “ni un movimiento ni una asamblea deberían de depender de una sola persona”. Tiene claro que el proceso asambleario implica “escuchar diferentes opiniones, discutirlas y llegar a acuerdos”. Y piensa que “las redes sociales han cambiado muchísimo la manera en la que se comunica y se organiza un movimiento”, pero sostiene que “la organización presencial, las asambleas y el trabajo cotidiano son fundamentales”.

Hay algunas cosas que no cambian. Al igual que en el 68, para Gauri, “el punto central es no conformarnos con que las cosas sean de determinada manera solamente porque siempre han sido así”. Ayer como hoy, el núcleo del movimiento estudiantil “es la defensa de una educación pública y digna, y de los derechos de quienes forman parte de las instalaciones educativas”. Por eso afirma convencida: “El movimiento sigue construyéndose y creo que sería un error pensar que todo está definido. Para mí, una de las cosas más importantes ahora es mantener la organización y que las personas que participaron sigan involucradas. No sé exactamente hacia dónde va a llegar la lucha estudiantil del IPN, pero creo que depende mucho de nosotros seguir organizándonos, seguir cuestionando”.

La UNAM también está presente

La máxima casa de estudios de México también tiene sus problemas. Al interior hay quien busca cambiar las cosas, mejorar las condiciones del estudiantado, del profesorado y de las y los trabajadores de la UNAM. Rojo Carmesí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, dice en entrevista que su alma mater “es una gran Universidad, pero si administraran mejor el presupuesto, trataran mejor laboralmente a sus profesores y cuidaran a sus alumnos, podría ser mil veces mejor de lo que es, yo creo que se aprovecha ese mismo amor que muchos le tenemos para explotar de más a su comunidad, sobre todo la docente”. Por eso, para ella, el 2 de octubre “es el recordatorio de que siempre que luchamos corremos peligro, aún si no tenemos armas, aún si no sabemos pelear, aún si no sabemos causar daño”, y argumenta que “quizá por eso sea mejor sí saberlo”.

Carmesí también recuerda que el 68 no fue sólo una matanza. “Creo yo que nos muestra el poder de movilización al que podemos aspirar como movimiento estudiantil”, anota. Ella es oriunda de Michoacán, fue hasta su preparatoria que empezó a vivir en la CDMX. Cuenta: “Desde que tengo memoria soy consciente de ser hija de la huelga del 99. Ahí se conocieron mis padres y desde siempre fue parte de mi vida. Así que decidí que una vez entrara en la UNAM empezaría a militar y a integrarme a la lucha estudiantil… Y así lo hice”.

Respecto al último examen de ingreso a la licenciatura impartido por la Universidad, comenta que le “parece un desacierto enorme haber realizado el examen de manera virtual para los estudiantes”, no está peleada con las nuevas tecnologías, “y uno doblemente grave haber citado presencialmente para el examen de control a los estudiantes del interior de la República, en localidades más inaccesibles que la propia CDMX”. La decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas de contratar a la empresa Territorium Life, a la que le pagaron al menos 90 millones de pesos entre 2025 y 2026 para encargarse de la seguridad del examen, afectó, como casi siempre, a los más vulnerables: “No justificaré a quienes hicieron trampa, la rectitud es importante para mí, pero también me parece que las autoridades manejaron muy mal las posibles soluciones y que, para variar, quienes menos oportunidades económicas tenían fueron quienes más sufrieron las consecuencias de errores que no les correspondían”. A partir de la subida masiva en el puntaje, de la lucha de quienes no se quedaron, pero contestaron las preguntas honradamente y del escándalo público que ocasionó en la sociedad civil, el rector Lomelí Vanegas decidió volver a la modalidad presencial del examen.

Desde niña, Carmesí ya miraba al Consejo General de Huelga como una estrella guía o un faro que alumbra el porvenir. No se engaña, sabe que organizarse es complicado, que el sector estudiantil es sumamente diverso: “Hay quienes tienen que tener dos trabajos para pagarse su carrera, como hay quienes estudian por mera obligación familiar, con todas las comodidades. Y al final, lo que nos reúne ahí son las ganas de aprender, pero muchas veces no se dimensiona que no sólo se aprende en las clases y no sólo se aprende cómodamente y que de pronto es necesario aprender de la opinión de un compañero en la asamblea o de lo que se dijo en un mitin o una marcha. O de los libros de círculos de estudio político o incluso de lo que nos toca aprender de muchos temas para redactar correctamente un pliego o de lo que nos cuenta el otro en la guardia de un paro”. Son esas pequeñas cosas, acota Carmesí, las que forman y dan fuerza a la organización.

Es consciente de las contradicciones internas al interior de su propia lucha. Para ella, el movimiento estudiantil de la Universidad tiene “una energía y explosividad muy admirable y necesaria, pero combinada con varios problemas como la falta de disciplina o la poca capacidad de retención y compromiso”. Por eso considera que las luchas fundamentales del estudiantado en la UNAM van por “una mejor distribución del presupuesto, una posición clara de la institución contra el genocidio palestino y unos protocolos de seguridad y género funcionales”. Porque, como Carmesí señaliza, “al final del día, nos guste o no, sólo tenemos a nuestros compañeros”.

La presidenta prometió mantener las fuerzas federales y gestionar recursos extraordinarios. Empresarios y agricultores entrevistados por Animal Político describen el desgaste de dos años de violencia, mientras Mazatlán enfrenta un repunte de asesinatos

En el campo, Martín Lim, productor del Valle de Culiacán y Navolato e integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, habla de otra combinación: deudas, apoyos pendientes y grupos armados que, denuncia, despojan a sus compañeros de maquinaria, cosechas y tierras.

“Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero estamos en medio de su guerra”, resume.

Las dos entrevistas muestran reclamos que van más allá del despliegue de soldados: poder trabajar, sembrar y pagar una nómina. Aunque ambos cuestionan la respuesta institucional, sus expectativas frente a Sheinbaum son distintas. Martha exige resultados y no más promesas, y acusa simulación tras la acusación de vínculos con el narco que hizo el gobierno de Estados Unidos en contra de  diez políticos sinaloenses, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Martín, por su parte, conserva la confianza en la presidenta, pero considera que sus colaboradores no le transmiten la gravedad de los problemas.

“La injerencia no resuelve problemas, los crea”

El respaldo federal se expresó el 20 de septiembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Como parte de su gira por el segundo informe de gobierno, Sheinbaum aseguró que no retirará a los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mientras sean necesarios, y refrendó su apoyo a la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

También anunció visitas de integrantes de su gabinete para atender directamente las demandas de la población, recursos extraordinarios mediante Hacienda, apoyos al campo, 20 nuevas preparatorias y un mes adicional de subsidio eléctrico. El 21 de septiembre, Domínguez precisó que la ampliación del subsidio se contemplaba, de manera tentativa, a partir de abril de 2027.

Durante su visita, la presidenta vinculó la violencia con la intervención extranjera: “la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”.

Al día siguiente, en la conferencia matutina, atribuyó la escalada al rompimiento del grupo criminal tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en un señalamiento al papel de Estados Unidos. Sostuvo que esa violencia se ha contenido, aunque reconoció que Sinaloa mantiene niveles delictivos importantes. También aclaró que su explicación no significa renunciar a detener a quienes cometen delitos: defendió que la información extranjera se utilice mediante las instituciones mexicanas.

Martha rechaza que esa explicación sea suficiente. En su lectura, la crisis también responde a las omisiones de las autoridades mexicanas.

“Esto ya era una bomba de tiempo. Tarde o temprano iba a explotar”, plantea. A su juicio, los apoyos sociales tampoco resuelven por sí solos el deterioro de los negocios: reclama créditos accesibles y facilidades fiscales para evitar más cierres.

La marcha del 13 de septiembre reunió precisamente a sectores afectados de distintas maneras. Según la cobertura de Noroeste, colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, empresarios, agricultores y otros ciudadanos recorrieron la avenida Álvaro Obregón, desde La Lomita hasta Catedral. Los organizadores calcularon alrededor de 50 mil asistentes; Martha estima en esta entrevista más de 35 mil. Ambas son estimaciones de participantes y organizadores, no un conteo independiente.

“Si no hay oportunidades para generar empleos y que esa gente pueda llevar el sustento a sus familias, pues se van”, señala la dirigente empresarial.

La violencia repunta en Mazatlán

El saldo de la violencia permite dimensionar ese reclamo. En su reporte publicado el 25 de septiembre, Noroeste presentó un acumulado de 3 mil 892 muertes violentas, 4 mil 424 personas privadas de la libertad y 12 mil 570 vehículos robados. El recuadro del diario fija el periodo del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026. Se trata de un seguimiento periodístico elaborado con fuentes oficiales, colectivos de búsqueda y trabajo de sus reporteros.

La cifra de privaciones de la libertad requiere una distinción: no equivale automáticamente al número de personas que continúan desaparecidas. El reporte no ofrece un desglose actualizado de cuántas fueron localizadas. Por ello, ese acumulado no debe presentarse como un registro de personas que siguen sin volver a casa.

El gobierno federal, por su parte, destaca una reducción de la violencia homicida respecto de 2025. El informe presentado el 8 de septiembre por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, registró una caída de 26.1 % en el promedio diario de homicidios dolosos de Sinaloa al comparar enero-agosto de 2026 con los mismos meses del año anterior. En ese balance, el estado acumulaba 866 homicidios y ocupaba el cuarto lugar nacional por número de casos.

La mejora frente al año pasado convive con un deterioro más reciente en el sur del estado. Noroeste documentó que Mazatlán pasó de alrededor de 36 homicidios dolosos en julio a 61 en agosto: un incremento aproximado de 69 %. El diario recordó que, según el vicefiscal regional Isaac Aguayo Roacho, entre enero y junio el municipio registraba de cinco a nueve homicidios mensuales.

La violencia contra las mujeres también aumentó. Para agosto, Noroeste contabilizó 12 casos que identificó como feminicidios en Mazatlán, mientras que el registro de la Fiscalía citado en esa nota sumaba siete hasta el día 30 y otro caso ocurrido el 31. La diferencia entre ambos conteos impide tratarlos como una misma estadística.

A escala estatal, la información de la Fiscalía recogida por Línea Directa reportó 122 homicidios dolosos y 20 feminicidios en agosto. Los homicidios aumentaron respecto de los 106 de julio, mientras que las denuncias por robo de vehículos bajaron de 256 a 245. Es decir, los delitos no evolucionaron de la misma manera.

Para Martha, incluso los periodos de menor incidencia no han disipado la incertidumbre. Reconoce que percibió una baja de algunos delitos, pero cuestiona que se atribuya a una estrategia que, desde su perspectiva, no ha devuelto la tranquilidad a la población.

La visita presidencial ocurrió después de un nuevo reforzamiento de seguridad. El 18 de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó que Sinaloa ya tenía más de 20 mil elementos federales desplegados. El refuerzo incluyó a 836 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mil efectivos de Marina y mil 600 de Defensa, destinados a fortalecer las operaciones en Mazatlán y los principales tramos carreteros del estado.

Las autoridades sostienen que este reforzamiento sí está produciendo resultados. El 22 de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención en Mazatlán de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, junto con otras tres personas. Lo identificó como presunto operador de “Los Chapitos”, relacionado con la logística y los recursos de esa facción, además de privaciones de la libertad.

El viernes 25 reportó otros resultados de operativos realizados el día anterior en el puerto: ocho detenidos, 19 armas de fuego, 14 artefactos explosivos, más de 2 mil cartuchos y 415 pastillas de fentanilo. Señaló que el refuerzo continuaba por instrucciones de Sheinbaum.

Ese mismo viernes, la gobernadora Domínguez Nava afirmó en Mazatlán que los hechos de alto impacto habían disminuido tras el trabajo con el gabinete de seguridad. Reconoció, sin embargo, que la tarea no estaba concluida y que los operativos debían mantenerse, con atención especial en Mazatlán y Escuinapa.

Entre las deudas y el miedo a sembrar

El reclamo empresarial también tiene una dimensión presupuestal. Martha dice que ha pedido a Domínguez gestionar créditos blandos y alivios fiscales ante la Federación.

“Porque o pagas los impuestos o pagas la nómina”, resume. “No hay de otra”.

La gobernadora anunció el 21 de septiembre que solicitaría recursos a Hacienda para fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y ampliar las capacidades del centro de vigilancia estatal, del C4i al C5i. Explicó que pospuso la presentación del plan para incorporar propuestas sociales y asegurar respaldo presupuestal. El comunicado no detalló el monto requerido.

El 25 de septiembre, después de reuniones con sectores productivos en Mazatlán, Domínguez sostuvo que las necesidades económicas requieren medidas específicas para cada actividad, además de dinero. Reiteró que revisaría con Hacienda una posible ampliación presupuestal, principalmente para seguridad, y anunció continuidad a las mesas con agricultores, pescadores y empresarios.

En las parcelas, la espera tiene consecuencias concretas, según Martín Lim. Afirma que algunos productores venden tierras y maquinaria para pagar deudas. En su caso, estima en 5 mil 600 pesos el costo de producir una tonelada de maíz en tierra propia, frente a los 3 mil 900 que recibió por venderla, antes de sumar los apoyos. “Los números no dan”, resume.

A ese problema económico se añaden los despojos. El productor aclara que los hechos que relata les ocurrieron a compañeros, no a él personalmente. Describe amenazas de hombres armados para impedir que los agricultores regresen a sus tierras o recojan sus cosechas.

“Ya te quitaron la tierra, ya te quitaron un tractor, un camión para levantar la cosecha, una cosechadora, pero no te quitaron la vida. Dices tú: ‘No, pues prefiero mi vida’”.

Lim dice que participó en la protesta de agricultores durante la visita presidencial: levantaron las vallas para hacer llegar sus exigencias a Sheinbaum. Interpreta la reacción de la mandataria como una señal de que sus subordinados no la mantienen informada. Es su percepción del encuentro.

“Yo sí estoy creyendo en un cambio a partir de la vista de Sheinbaum”, sostiene. “Ella le está poniendo ganas, pero como que sus subalternos no le están poniendo tantas ganas”.

En particular, reclama la demora del apoyo estatal de 400 pesos por tonelada de maíz, comprometida por el gobernador con licencia Rocha Mocha, aunque reconoce que hay pagos: “A cuentagotas, pero los están entregando”.

La contraparte oficial reconoce pendientes. El 22 de septiembre, el subsecretario estatal de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, dijo a Línea Directa que se agilizaría la dispersión y explicó que el apoyo de 400 pesos no estaba incluido en el presupuesto de 2026, por lo que se pagaba conforme ingresaban recursos de la recaudación. Su previsión era avanzar sustancialmente esa semana, incluso concluir; esa declaración no acredita por sí misma que todos los productores hayan cobrado.

La visita de la secretaria federal de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, anunciada por Sheinbaum, también tuvo seguimiento: el 25 de septiembre, la gobernadora informó de tres días de trabajo de esa dependencia en el estado y del compromiso de retomar las mesas con los sectores productivos en un mes.

Para Martín, el apoyo económico y la seguridad son condiciones inseparables para volver a sembrar. Su descripción del dilema no depende de una estadística:

“Si no siembras, te mueres de hambre. Y si siembras, te quitan tu camioneta, te la queman; te quitan tu tractor, te lo queman. El campo sinaloense está agonizando”.

“Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. (...) Las mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores (...) no han tenido ningún resultado. Seguimos en unión firme con los hermanos campesinos (...) somos la vértebra de la economía de nuestro país”, afirmó David Estévez, presidente de la ANTAC. 

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar los problemas que enfrentan como la extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales (licencia y placas), abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados del país, que se ha intensificado durante el último sexenio con un promedio de 55 a 60 hurtos al día.   

Asimismo, confirmaron que su movimiento es “totalmente genuino”: 

“No tenemos nada contra ningún partido político, nada contra el gobierno, solamente tenemos la necesidad de que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de ser el rector de la producción, de la comercialización y la movilización de productos alimenticios para los mexicanos”, dijo uno de los inconformes.

Hora el megabloqueo y vialidades afectadas

De acuerdo con informes, el megabloqueo comenzará alrededor de las 8:00 horas. Aunque la ANTAC no ha confirmado una lista específica de carreteras afectadas, se espera que cierren las principales vías de conexión a la Ciudad de México. 

Los organizadores advirtieron que el 24 de noviembre se complicará el tránsito vial tanto nacional como internacional, por lo que solicitaron el apoyo, la comprensión y la solidaridad de la ciudadanía:  

“Queremos pedirles que tengan conciencia de lo que nos está pasando a los mexicanos, que sean solidarios con nuestro movimiento. (...) Esta lucha es de todos, es de los productores, pero también afecta a los consumidores. Entonces, un llamado a todos y la invitación a que participemos en esta gran movilización”, indicó uno de los agricultores.

Entre consignas como “fuera Sheinbaum” y “revocación”, los manifestantes exigieron detener la construcción del acueducto, al considerar que afectará el abasto de agua en la región sur de Guanajuato.

El rechazo, que inició con los productores agrícolas de Acámbaro, se ha extendido a municipios como Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra, Villagrán y Cortazar, también beneficiarios del riego proveniente de la presa Solís.

Habitantes del sureste de Guanajuato reclamaron que las autoridades estatales y federales mantienen en el olvido a esta región del estado, mientras impulsan proyectos que, afirman, ponen en riesgo su acceso al agua.

“Se acuerdan de esta zona de Guanajuato sólo para querer saquear; qué desgracia", afirmó Amadeo Hernández, líder nacional de la Central Campesina Independiente, durante la protesta realizada el domingo 9 de noviembre en Acámbaro.

A la manifestación acudieron alrededor de 3 mil personas, quienes recorrieron las principales calles del municipio con pancartas que incluían mensajes como: “El agua no tiene partido, tiene dueño: el pueblo", “No somos políticos, somos pueblo, y el pueblo manda”,“Claudia, escucha, estamos en la lucha”.

Los participantes advirtieron que Acámbaro y los municipios vecinos están unidos para defender el agua de la presa Solís, ante la intención del gobierno federal de construir el acueducto Solís–León para abastecer a los municipios del corredor industrial.

Productores del suroeste del estado acusaron que el convenio de tecnificación del campo iniciará por las hectáreas agrícolas de Irapuato, y no de Acámbaro, pese a que de este último saldría el agua destinada al corredor industrial.

También señalaron que, según los planes oficiales, el acueducto estaría terminado en 2028, mientras que la tecnificación concluiría hasta 2029, es decir, el agua empezaría a enviarse antes de concluir el sistema de riego por goteo, lo que consideran un riesgo para la producción agrícola local.

Voz de la Iglesia

Además del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien pidió detener las obras e instalar mesas de trabajo con participación efectiva de las comunidades, otro sacerdote generó controversia: Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas.

Durante una misa en Chucándiro, Michoacán, el 2 de noviembre, el sacerdote expresó su rechazo al proyecto y lanzó fuertes críticas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sus palabras fueron condenadas por la mandataria, aunque anunció que no presentará denuncia.

"Con la presa de Solís le damos de tragar a todo pinche México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insisten nos levantamos. Yo le voy a partir su madre a ella porque es la culpable de matarnos de hambre a todos", afirmó el llamado Padre Pistolas.

En un segundo video difundido posteriormente, Gallegos insistió en que el acueducto no es viable y advirtió que, si el proyecto avanza, podría proliferar la extracción ilegal de agua, comparándola con el “huachicol” de combustibles.

“León y Celaya tienen mucha industria; resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros. Si quieren, denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas”, afirmó.

En su comunicado, el obispo Raúl Vera pidió frenar las obras y abrir espacios de deliberación real con las comunidades:

“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”.

El obispo señaló que un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin una consulta popular que garantice la participación directa de los habitantes afectados.

Origen del proyecto

El agua para abastecer León ha sido un tema desde hace más de 20 años, ante los problemas hídricos que enfrenta el municipio que concentra más del 30% de la población total del estado.

Luego de dos décadas en que los gobiernos panistas del estado habían reclamado a la Federación soluciones a los problemas de abasto de agua, la inclusión de Guanajuato en el Plan Nacional Hídrico del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue celebrada por la gobernadora García Muñoz Ledo.

Desde 2005, con la construcción de la presa El Zapotillo, se había prometido llevar agua a León, pero las obras se suspendieron en 2014 tras la defensa del territorio encabezada por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se alcanzó un acuerdo que excluyó a León del beneficio del proyecto.

Con el inicio del nuevo gobierno federal y una renovada relación con el estado, se anunciaron inversiones multimillonarias que impactarán directamente a los productores agrícolas del sur de Guanajuato.

Los proyectos hídricos contemplan una inversión de 21 mil 400 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se destinarán a la construcción del acueducto Solís-León y 6 mil 400 millones a la tecnificación del campo. La Federación aportará 12 mil 500 millones (7 mil 500 millones para el acueducto y 5 mil millones para la tecnificación), mientras que el resto correrá a cargo del gobierno del estado y los municipios beneficiados.

Durante su visita a Irapuato el 1 de marzo pasado, Sheinbaum destacó los avances de Guanajuato en materia de modernización agrícola:

“La verdad, en Guanajuato ha sido ejemplar el trabajo que se ha venido haciendo para tecnificar el riego agrícola y llevar el agua a los distintos municipios donde hace falta”, dijo la presidenta, al presentar los proyectos del acueducto Solís-León y del tren de pasajeros que pasará por varios municipios del estado.

La gobernadora insistió en que el agua proveniente de la presa Solís no se destinará a la industria, sino exclusivamente al abasto doméstico de los municipios del corredor industrial.

Con la tecnificación del campo se podrían generar ahorros de hasta 300 millones de metros cúbicos, y sólo 120 millones están comprometidos para estos cinco municipios, dijo García Muñoz Ledo en su programa semanal Conectado con la gente, que dedicó a hablar de los alcances del proyecto.

“A todas esas personas que hoy dicen no al acueducto, es necesario que sepan, que conozcan el proyecto y resuelvan sus dudas”, añadió.

Al finalizar el evento oficial, la fila de granaderos les permitió el paso hasta la avenida Palma, una cuadra antes del Zócalo de la Ciudad de México, que era el objetivo final de la marcha.

El contingente de manifestantes gritó sus reclamos al gobierno federal y, en especial, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El grupo de manifestantes comenzó a desintegrase en ese punto, reclamando la violación a su derecho de protesta y a la libre circulación.

No se registró ninguna disturbio ni hecho violento en esta movilización.

“No hay certeza sobre esta disposición constitucional, hemos intentado el diálogo con el órgano de administración para resolver el pago de las indemnizaciones, pero hasta ahora no hay respuesta clara”, afirmó.

Fuentes Velázquez explicó que muchos exjuzgadores se encuentran sin ingresos y están impedidos de litigar durante dos años, lo que agrava su situación económica; además, alertó que la forma en que se pretende realizar el pago representa un riesgo.