La legisladora advirtió que la redacción aprobada puede afectar también a usuarios que ejerzan su libertad de expresión. Sobre la reforma aprobada en San Lázaro, explicó que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y establece responsabilidades para los proveedores de plataformas de Internet.

“Esta ley, en estricto sentido, es económica, llamémosle así, la de la Cámara de Diputados obliga a los proveedores de las plataformas a retirar, suspender las publicaciones, quitarle el Internet a los usuarios”, sostuvo.

En contraste, indicó que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo origen fue el Senado, establece sanciones de carácter penal. “La otra, la del Senado de la República, te mete a la cárcel. Una es administrativa económica, la otra es de gestión corporal”, explicó.

López Rabadán precisó que ambos proyectos deberán continuar su trámite parlamentario. La reforma a derechos de autor, aprobada por los diputados, será discutida en el Senado, mientras que la modificación a propiedad industrial, avalada inicialmente por los senadores, deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

La diputada panista destacó que, durante las discusiones, Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron las modificaciones, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Señaló que en ambas cámaras la oposición ha planteado objeciones relacionadas con el posible impacto de las reformas sobre la libertad de expresión.

Uno de sus principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que los proveedores de Internet retiren o suspendan contenidos sin que exista previamente una resolución judicial. López Rabadán sostuvo que la redacción permite actuar a partir de la apreciación del propio proveedor sobre una eventual violación a derechos de autor.

También cuestionó la viabilidad de que los proveedores puedan determinar si una publicación infringe derechos de autor, debido a la amplitud de los supuestos que podrían entrar en esa categoría.

“Es materialmente complejísimo, casi imposible, si tú eres un proveedor de internet, tienes una plataforma, de saber si una persona en la sierra de Guerrero, o aquí en Iztapalapa, o en Polanco, o un monero está violando derechos de autor”, señaló.

La legisladora sostuvo que la preocupación alcanza tanto a caricaturistas y creadores de contenido reconocidos como a ciudadanos que elaboran y comparten publicaciones en redes sociales. En ese sentido, explicó que el término “ley antimeme” surgió como una manera de referirse al posible efecto de las reformas sobre contenidos de sátira, crítica y discusión pública, aunque reconoció que ninguna de las dos iniciativas utiliza expresamente la palabra “meme”.

Aseguró que uno de los argumentos para impulsar las reformas es combatir el uso fraudulento de imágenes, nombres y elementos de instituciones públicas o de personas conocidas para engañar a ciudadanos. Relató incluso que ella misma fue informada en alguna ocasión de que su imagen y nombre eran utilizados para promocionar un producto que no conocía. “Efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos”, afirmó al referirse a la necesidad de combatir ese tipo de prácticas.

Sin embargo, sostuvo que el Congreso pudo haber establecido una distinción más precisa entre esas conductas fraudulentas y aquellas protegidas por la libertad de expresión, como la sátira, la caricatura o la crítica política.

López Rabadán afirmó que la oposición presentó una reserva para incorporar expresamente esa protección en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero que la propuesta fue rechazada.

“Nosotros les dijimos, muy bien, les proponemos una reserva que discutimos y que evidentemente no quisieron aceptar para garantizar, y te leo exactamente lo que nosotros propusimos, favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística y la crítica política”, explicó.

Detalló el contenido de la propuesta presentada por la oposición para modificar la fracción sexta del artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La redacción planteada agregaba que las disposiciones debían aplicarse “favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política, y la deliberación pública plural”.

De acuerdo con la legisladora, la reserva buscaba establecer una salvaguarda explícita para evitar que las nuevas facultades pudieran utilizarse contra expresiones protegidas.

“Nosotros decimos, si aceptan eso, entonces es que sí es una reforma de buena fe. Que sí lo que estás queriendo es ayudar a los ciudadanos”, sostuvo.

Aseguró que la propuesta fue rechazada durante la discusión en la Cámara de Diputados, al igual que otras reservas presentadas por la oposición. “Si tú propones que se garantice la libertad de expresión y ellos dicen que no, pues la verdad es que camina como pato, ¿no? Escribe como pato, pues es pato”, afirmó.

Consideró que la legislación debió establecer de manera expresa las garantías necesarias para proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y la crítica política.

La legisladora también cuestionó que los proveedores puedan quedar expuestos a multas de hasta 4.7 millones de pesos si no cumplen con las disposiciones. Afirmó que esa posibilidad puede generar incentivos para que las plataformas retiren contenidos ante el riesgo de ser sancionadas.

López Rabadán sostuvo que el efecto de estas disposiciones podría extenderse más allá de los creadores de contenido conocidos, pues cualquier usuario podría quedar sujeto a una medida de suspensión o retiro de contenidos si el proveedor considera que existe una violación a derechos de autor.

En ese sentido, llamó a los creadores de contenido y ciudadanos a mantener la defensa de la libertad de expresión. “A todos ellos les decimos: es tiempo de valientes, no cedan ante las leyes como estas que son claramente injustas”, dijo.

Consideró que las discusiones en ambas cámaras serán relevantes para determinar el alcance de las modificaciones y lamentó la falta de un parlamento abierto para ampliar el debate.

Entre los cambios aprobados se establece que los proveedores deberán contar con una política para la terminación del servicio a infractores reincidentes. Esa política deberá ser pública, permanecer publicada en el sitio de internet del proveedor, formar parte de los términos y condiciones del servicio e incluir mecanismos mínimos de notificación al usuario.

La reforma también establece que un proveedor podrá ser considerado responsable por infracciones cometidas por usuarios cuando incumpla las condiciones del llamado “puerto seguro”, cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de ella, o cuando tenga capacidad para controlar la conducta del usuario y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad infractora.

Cuando se actualicen esos supuestos, el proveedor podrá ser sancionado con las mismas infracciones cometidas por el usuario. Las multas previstas van de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para determinados casos; de mil a cinco mil veces la UMA en otro supuesto y de 500 a mil veces en los demás casos señalados por la ley. Además, se establece una multa adicional de entre 100 y 500 veces la UMA para quien persista en la infracción.

Debate legislativo

El diputado de Morena Jesús Valdés Peña rechazó que se trate de una legislación censora y sostuvo que la reforma busca proteger a autores y artistas, además de establecer una corresponsabilidad entre proveedores, autores y usuarios. “Va más allá de una adecuación técnica, es un cambio encaminado a proteger nuestra cultura, autores y artistas, fortalecer la identidad y lograr una mayor cohesión social de nuestra nación”.

Por su parte, el panista Marcelo de Jesús Torres acusó que la reforma puede utilizarse para restringir el acceso a internet. “Lo único que le preocupa al partido en el gobierno es quitarle el internet a la ciudadanía. Le temen a la red porque le temen a la verdad, le temen al ciudadano que graba a sus extorsionadores, le temen al periodismo que destapa la corrupción. Por eso, nos traen esta trampa legislativa”.

El legislador afirmó que se pretende obligar a las empresas de internet a suspender servicios sin debido proceso ni orden judicial y calificó la propuesta como una “ley mordaza digital”.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, defendió el dictamen y sostuvo que busca actualizar la legislación frente al entorno digital y armonizarla con los compromisos adquiridos por México en el T-MEC. “No hay violación a la libertad de expresión ni esa frase de antimemes. No estamos hablando de eso”.

El priista Mario Zamora Gastélum afirmó que el debate no se limita a los derechos de autor, sino a quién determina qué contenidos permanecen en internet. “Nosotros rechazamos completamente esta iniciativa. En el PRI sí estamos a favor de los autores, y lo que hoy cuestionamos es si este texto los protege o si simple y sencillamente les pasa factura y los están utilizando”.

La diputada emecista Gloria Elizabeth Núñez sostuvo que el dictamen puede generar un desequilibrio entre los derechos patrimoniales de los autores y la libertad de expresión. “La protección de los derechos de autor debe ir acompañada de reglas claras, sanciones proporcionales y procedimientos que permitan distinguir entre una infracción y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La propuesta conlleva riesgos para personas usuarias y no ofrece garantías suficientes para evitar decisiones arbitrarias”.

Durante la fundamentación del dictamen, la diputada Claudia Selene Ávila Flores, a nombre de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, sostuvo que la reforma busca responder a los cambios provocados por internet en la creación, distribución, reproducción y consumo de obras protegidas.

La legisladora afirmó que el propósito es mantener un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y un entorno digital abierto. “Y es ese precisamente el equilibrio que buscamos preservar en el dictamen”.

Ávila Flores señaló que los proveedores no serán responsables automáticamente por contenidos generados por terceros y explicó que el régimen de “puerto seguro” permitirá mantener la limitación de responsabilidad cuando los proveedores cumplan las condiciones establecidas en la ley y actúen con la diligencia correspondiente.

En ese sentido, apuntó que el proveedor no será responsable únicamente por prestar un servicio, transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas; se requerirán elementos adicionales, como conocimiento y participación en las conductas infractoras, capacidad de control y un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad.

Sobre las sanciones, la legisladora afirmó: “Lo que se está tutelando es el derecho de autor, no se está prohibiendo la libertad de expresión. Lo que estamos buscando al defender o al hacer la tutela de los derechos de autores es precisamente que no haya temas de piratería y de robo de estos materiales. No estamos imponiendo una mordaza”.

Antes de la votación, el Pleno desechó tres mociones suspensivas presentadas por la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, y los diputados Gibrán Ramírez Reyes, de MC, y Rubén Moreira, del PRI, quienes buscaban detener la discusión y devolver el dictamen a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Artículo 19 advierte riesgos

Artículo 19 rechazó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y sostuvo que los cambios pueden incentivar que las plataformas retiren contenidos de manera preventiva para evitar sanciones.

En una publicación difundida el miércoles, la organización afirmó que la reforma “profundiza los riesgos de censura y vigilancia en internet, al incentivar la eliminación de contenidos legítimos y restringir la libertad de expresión”.

Según Artículo 19, las nuevas responsabilidades pueden llevar a las plataformas digitales a retirar contenidos antes de que se determine si existe una infracción a los derechos de autor, lo que pone en riesgo expresiones legítimas, críticas, informativas y de interés público.

La organización también advirtió que las nuevas obligaciones pueden incentivar el monitoreo de las publicaciones de los usuarios y una eliminación excesiva de contenidos para evitar responsabilidades derivadas de expresiones de terceros. “La protección de los derechos de autor no debe convertirse en un mecanismo de censura privada”.

Artículo 19 pidió al Senado abrir espacios de diálogo para elaborar un marco que proteja los derechos de autor sin establecer mecanismos de censura, vigilancia o restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

Además, la norma establece que las multas serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las cuales dependerán de la fracción que se viole y contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de internet que no retiren contenidos sin autorización. 

Entre ellos, contenidos como obras, imágenes, voces, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial (IA).  

La oposición acusa censura

El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que, según los morenistas, se va a discutir la Ley de Derechos de Autor, pero en el fondo lo que realmente están discutiendo es quién decide qué se queda en el Internet y qué desaparece. 

El legislador tricolor criticó la redacción ambigua de la reforma y expuso que el dictamen obliga a los proveedores a tener una política para quitarle el servicio a los infractores reincidentes, sin embargo, afirmó que llama la atención que el texto no dice qué es un infractor reincidente.  

“No está, no existe. No dice cuántas infracciones se necesitan, no dice quién las acredita, si es un juez, si es el IMPI, o si basta con que alguien mande dos avisos. No dice cómo se defiende el usuario ni ante quién. Avisarle a alguien que le van a cortar el Internet no es darle un derecho de audiencia… 

“Es decir, no hay claridad de una autoridad para decir qué transita por las redes y qué no. Hay cobros de hasta casi 5 millones de pesos, háganme el favor, 5 millones de pesos. Oye, qué pasa con una pequeña empresa, yo que vivo en Sinaloa, que da el servicio de Internet en la sierra, pues el temor que va a tener de subir algo, que además es muy ambiguo, pues mejor no lo sube porque jamás va a poder pagar una multa de esa naturaleza. 

“Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo la gente le llama 'ley anti memes', ¿y quién termina pagando este coso? Todos los ciudadanos”, detalló. 

Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, resaltó que presentan la Ley Federal del Derecho de Autor fingiendo defender a los creadores, pero enfatizó que eso no es un derecho de autor, es la ley mordaza del régimen para censurar, vigilar y apagar la última trinchera de libertad que les queda a los mexicanos, el Internet. 

“Quieren obligar a las empresas de Internet a tumbar cuentas, a suspender servicios y censurar usuarios sin el debido proceso ni la orden de un juez porque no leen y ni siquiera saben lo que están votando. Quieren convertir a las plataformas en los verdugos digitales del régimen. 

“El Estado que no busca a los desaparecidos, el Estado que ampara a los compadres, el Estado que solapa a los alcaldes narcos y que señala a la prensa que asesinan en las calles, ese mismo Estado viene hoy a querer apagar el Internet a los mexicanos”, enfatizó.