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En dos años, solo 6 de 22 compromisos del gobierno con la prensa registran avances: RSF

Reporteros Sin Fronteras documentó 18 asesinatos de periodistas durante los dos primeros años del actual gobierno federal y señaló pendientes en protección, investigaciones y acceso a la información. Según la organización, Gobernación reconoció los retrasos y ofreció acelerar el cumplimiento de los acuerdos

Solo seis de los 22 compromisos que el actual gobierno asumió en 2024 ante Reporteros Sin Fronteras (RSF) para fortalecer la libertad de prensa registraron avances. Ninguno alcanzó la categoría de avance significativo, de acuerdo con la evaluación de la organización internacional, que además documentó 18 asesinatos de periodistas durante ese periodo.

El balance identifica cinco compromisos con cumplimiento parcial y avances insuficientes, uno con cumplimiento parcial y evolución positiva, diez sin avances sustantivos verificables y dos con retrocesos institucionales. En otros cuatro, RSF no contó con información suficiente para determinar su cumplimiento. 

La revisión abarcó cinco ejes: defensa del derecho a la información y del periodismo; protección de periodistas; combate a la impunidad; atención a las zonas de riesgo, y legislación para garantizar el ejercicio periodístico.

Entre sus hallazgos están la falta de una evaluación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la pérdida de personal especializado en la fiscalía encargada de investigar agresiones contra la prensa y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 21 de octubre se celebró una reunión entre Reporteros sin Fronteras y la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con la organización, su titular admitió pendientes y pidió a la Fiscalía Especializada revisar los asesinatos caso por caso y acelerar la descentralización de la protección con mayores capacidades estatales. 

En otra reunión, la fiscal general Ernestina Godoy se comprometió ante RSF a impulsar la capacitación ministerial sobre libertad de prensa, especialmente en los estados e incluir el tema en una sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027, informó la organización. “Tras dos años de mandato, los compromisos deben traducirse ahora en resultados concretos”, afirmó el director general de RSF, Thibaut Bruttin.

Protección sin evaluación y periodistas asesinados pese a las alertas

El informe registra un periodista asesinado en octubre de 2024, nueve durante 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026. La organización reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum condenó algunos de estos crímenes y solicitó investigaciones, pero no identificó una estrategia sostenida de prevención de la violencia ni de rechazo a las agresiones contra la prensa.

En el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, RSF no encontró una revisión formal de su funcionamiento ni evaluaciones periódicas que permitan conocer la eficacia de las medidas. Tampoco documentó nuevas acciones para reforzar el apoyo psicoemocional de las 2 mil 355 personas beneficiarias de esta política, que atiende tanto a periodistas como a personas defensoras.

De acuerdo con el documento, en 2025 la incorporación al Mecanismo equivalió al 25% de las solicitudes.

RSF señala que dos periodistas asesinados en 2026 habían sido incorporados a mecanismos estatales de protección. En sus conclusiones refiere el asesinato de un periodista al que se le habían retirado las medidas y de otro que permanecía bajo protección del Estado.

Uno de los casos que expone es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026 en Oaxaca, después de denunciar amenazas desde 2025. Según el informe, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, no adoptó medidas de protección y remitió el expediente a la fiscalía estatal, que confirmó su recepción cuatro meses después. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había solicitado protección para el periodista en ocho ocasiones; ninguna de esas solicitudes fue atendida, señala RSF.

La organización reconoce la celebración de encuentros de autoridades federales y estatales en agosto de 2025 y septiembre de 2026, pero advierte que no hay información pública que permita establecer sus resultados sobre la protección brindada. Aunque el Mecanismo incorpora la perspectiva de género en su matriz de evaluación de riesgos, tampoco identificó un análisis sobre su aplicación.

La capacitación fue el único compromiso clasificado con cumplimiento parcial y evolución positiva: 386 servidores públicos de las entidades federativas recibieron formación presencial o virtual sobre medidas preventivas. Sin embargo, el informe señala que no hay cifras públicas sobre la capacitación del personal del Mecanismo federal y advierte sobre su carga de trabajo y las renuncias.

Investigaciones y búsqueda de periodistas desaparecidos

Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 909 indagatorias por delitos contra periodistas, de las cuales 53 contaban con sentencias condenatorias. Solo 11 de estas corresponden a homicidios. Es un registro acumulado de casi 16 años, que comprende administraciones anteriores al gobierno evaluado, y el informe indica que se desconoce si las personas sentenciadas presentaron apelaciones.

RSF reconoce resultados en algunos expedientes, entre ellos la vinculación a proceso de un presunto autor intelectual de un homicidio en Guerrero y sentencias de hasta 40 años por el asesinato de un periodista en Oaxaca. No obstante, considera que esos casos no modifican el balance de las investigaciones.



En su comunicado, la organización añade que 168 de 169 asesinatos de periodistas registrados en 20 años siguen sin esclarecerse por completo, al no haberse identificado al autor intelectual ni el móvil. Este indicador es distinto del registro de sentencias de la FEADLE.

Sobre periodistas desaparecidos, el texto refiere un registro de 29 casos de RSF y menciona al menos un caso adicional registrado en 2023. En contraste, advierte que el último reporte estadístico de la FEADLE citado en la evaluación sólo hacía referencia a un caso ocurrido en 2022. Según RSF, la falta de registro en la fiscalía impide priorizar las búsquedas.

Aunque la Secretaría de Gobernación anunció en agosto de 2026 diez acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, RSF no encontró medidas que atendieran la situación específica de la prensa. 

Transparencia, señalamientos oficiales y uso de leyes contra la prensa

Otro retroceso institucional identificado corresponde al acceso a la información pública. La evaluación señala que la desaparición del INAI, aprobada en diciembre de 2024, eliminó al organismo autónomo encargado de garantizar ese derecho. RSF considera que ese cambio debilitó las garantías de independencia.

El informe también contrasta las declaraciones de respeto a la libertad de prensa de la presidenta con sus señalamientos contra periodistas y medios. Refiere el uso de expresiones como “propaganda de la derecha” y “comentócratas”, así como el inicio, en junio de 2026, del programa Derecho de Réplica, transmitido desde Palacio Nacional para refutar información a partir de datos oficiales. 

En el ámbito legislativo, RSF no encontró reformas impulsadas por el Ejecutivo federal para modificar tipos penales que puedan restringir el periodismo o favorecer la autocensura. Como parte de ese contexto, el informe retoma datos de ARTICLE 19: entre enero y julio de 2025, esa organización documentó 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios, mediante procedimientos penales, civiles, electorales y administrativos.

Uno de los avances fue la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026. No obstante, RSF aclara que no pudo establecer su relación con las gestiones del gobierno federal. En febrero de 2025, la Secretaría de Gobernación había instalado una mesa con RSF y Propuesta Cívica para impulsar reformas en Zacatecas, Nuevo León y Yucatán.

Al cierre del informe, Yucatán conservaba delitos contra el honor y en Nuevo León seguía en debate una iniciativa para derogarlos, con fecha de caducidad del 12 de noviembre. Según datos de la fiscalía de Nuevo León citados en el documento, en la última década se abrieron más de 15 mil carpetas de investigación por esos delitos.

Prevención territorial y compromisos sin información para evaluarlos

RSF no encontró documentación pública que acredite la actualización periódica de mapas de riesgo para periodistas ni su uso para prevenir agresiones, pese a que la ley asigna esas tareas a la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo federal.

Tampoco identificó un estudio nacional de zonas de riesgo elaborado con organizaciones defensoras de la libertad de prensa o políticas derivadas de ese trabajo. Los informes estadísticos mensuales del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas permiten seguir solicitudes y medidas otorgadas, pero no presentan indicadores sobre la evolución territorial del riesgo.

Entre los episodios que ilustran esa necesidad, RSF refiere ocho casos de periodistas agredidos, amenazados o despojados de sus equipos por integrantes de organizaciones criminales el 22 de febrero de 2026, durante coberturas de violencia en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.

Los cuatro compromisos que RSF no pudo evaluar por falta de información corresponden a la atención de periodistas desplazados y sus familias; los parámetros para evaluar el protocolo de investigación; la política de seguimiento permanente del riesgo, y las reformas estatales sobre reparación, daño moral y rectificación en procedimientos civiles.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRASUA ESQUERRA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/sociedad/rsf-compromisos-gobierno-mexico-prensa-avances

Tren Maya: reformas y criminalización impiden la justicia ambiental en México

En México, las reformas al juicio de amparo han complicado detener proyectos antes de que provoquen daños irreversibles. Al mismo tiempo, defender el medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo. Frente a ese escenario, comunidades, abogados, científicos y activistas buscan otras formas de resistencia

Más de 15 personas, en su mayoría campesinos, salieron de Campeche, dejaron sus parcelas, sus labores y a sus familias y recorrieron 354 kilómetros para llegar a Mérida, Yucatán. Su motivo: firmar documentos para continuar el juicio de amparo que promovieron contra el Tren Maya.

El abogado Juan Pablo Zavala recuerda ese caso como un ejemplo de lo que significa intentar acceder a la justicia ambiental en México. A las más de cinco horas de camino se sumaron los costos de transporte, comida y hospedaje, que las personas difícilmente podían pagar.

El viaje ocurrió en 2020, después de que los amparos relacionados con el Tren Maya fueron concentrados en un solo juzgado de Mérida. Zavala explica que esa decisión favorecía al Poder Ejecutivo, pues hacía de la distancia un obstáculo más para las comunidades que intentaban frenar el megaproyecto.

Y aunque en el papel se afirma que el acceso a la justicia debe ser gratuito y expedito, y que los procesos legales deben ser sencillos y eficaces, en la práctica, dice Zavala, es todo lo contrario.

Además, en los litigios ambientales, las pruebas necesarias para demostrar ante un juez que un proyecto puede afectar el agua, un bosque o una selva son costosas. Un solo peritaje puede valer más de 50 mil pesos.

La abogada y activista ambiental Raquel Gutiérrez Nájera indica que esas pruebas funcionan para analizar desde impactos sociales, económicos, ambientales y a la salud, y requieren especialistas en agua, vida silvestre, manglares, bosques o biodiversidad.

Quienes hacen los peritajes estudian el caso, responden preguntas técnicas y acuden ante el juez para ratificar sus conclusiones, pero para una comunidad sin recursos, conseguir ese dinero puede convertirse en otra barrera. Muchas han recurrido a investigadores o especialistas aliados dispuestos a colaborar. Gutiérrez Nájera dice: “si no tuvieran estas relaciones… las comunidades no tienen para pagar los juicios”.

Pero hay otro costo que no se mide en pesos, y es el tiempo. La abogada Agustina Rodríguez acompañó un litigio que se prolongó durante 14 años en la comunidad indígena de San Pedro Itzicán, asentada a orillas del lago de Chapala, en Jalisco. El caso buscaba proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano frente a la contaminación del agua y las afectaciones que enfrentaba la población, donde se han documentado numerosos casos de enfermedad renal.

Rodríguez explica que las pruebas pendientes, los informes y los distintos recursos pueden aplazar una y otra vez los procedimientos. Mientras el expediente avanzaba las afectaciones continuaban, y en esos 14 años de litigio, “se murieron muchas personas”, dice.

Pese a esas dificultades, las comunidades han utilizado durante años el juicio de amparo como una herramienta para dejar sin efecto una autorización; obligar a una autoridad a actuar; o exigirle que volviera a tomar una decisión respetando derechos como el acceso al agua, a la información, a la participación o a un medio ambiente sano. También permitió detener temporalmente una obra que podía dañar un territorio mientras un juez analizaba el caso.

Pero las reglas cambiaron. Las reformas aprobadas en 2024 y 2025 restringieron el alcance de las suspensiones y modificaron los requisitos para demostrar quién puede acudir ante un juez.

Estos cambios ocurren, en un contexto en el que defender el territorio sigue siendo peligroso y muchas agresiones quedan impunes. Entre 2024 y 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 35 asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente y 550 agresiones específicas, como intimidación, hostigamiento, estigmatización, criminalización y difamación.

El Estado encabezó la lista de agentes agresores en ambos años: fue señalado en casi dos de cada tres eventos registrados en 2024 y en más de la mitad de los documentados en 2025. Le siguieron las empresas privadas y la delincuencia organizada.

Quienes defienden la tierra enfrentan así una doble presión: dentro de los tribunales, un camino más restrictivo para intentar detener proyectos antes de que el daño sea irreversible; fuera de ellos, amenazas, agresiones y, en algunos casos, la muerte.

Antes que el daño ocurra

El juicio de amparo nació hace más de 180 años en Yucatán. En términos sencillos, permite que una persona acuda ante un juez cuando considera que una ley, una decisión o una actuación del Estado viola sus derechos.

Si un campesino descubre, por ejemplo, que una autoridad permitió desmontar un bosque, talar la selva o verter sustancias tóxicas en el río del que depende su comunidad, puede solicitar un amparo.

Mientras el juez estudia el caso, también puede ordenar una suspensión: una medida que detiene temporalmente la obra para evitar que el daño ambiental avance antes de que exista una sentencia.

En materia ambiental, esa posibilidad es fundamental porque los tiempos de la justicia y los de la naturaleza son distintos. Un juicio puede prolongarse durante años, pero derribar un bosque, perforar un acuífero o destruir un manglar puede tomar apenas semanas.

Para la abogada ambiental Carla Aceves, el amparo representa la última salida jurídica cuando las demás vías de defensa se han agotado. Zavala lo describe como un mecanismo de control frente al poder del Estado.

Una reforma constitucional de 2011 amplió sus alcances. Entre otros cambios, fortaleció la protección de derechos colectivos y ambientales e incorporó la figura del interés legítimo. Esto permitió que una persona pudiera acudir a la justicia, aunque no fuera propietaria del terreno afectado, siempre que demostrara una relación con el ecosistema y una afectación a sus derechos o intereses.

El cambio era importante porque el daño ambiental no reconoce los límites de una propiedad. Un río atraviesa municipios, un acuífero conecta comunidades y la destrucción de un manglar puede tener consecuencias mucho más allá del sitio donde ocurre.

El caso de la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, se convirtió en un referente del interés legítimo. El proyecto contemplaba la construcción de un parque ecológico de 16 hectáreas junto al humedal. Dos personas acudieron al amparo al considerar que la obra y la tala de manglar vulneraban su derecho a un medio ambiente sano.

El asunto llegó a la Suprema Corte, y después se reconoció que una de las demandantes tenía interés legítimo porque vivía en Tampico dentro del área de influencia del ecosistema. La sentencia de 2018 ordenó detener el proyecto, revocar permisos y restaurar el manglar.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu considera el caso un “parteaguas” porque ayudó a desarrollar la idea del entorno adyacente: no es necesario vivir en el lugar exacto donde se encuentra un ecosistema para resultar afectado por su deterioro. También pueden defenderlo quienes reciben sus beneficios ambientales y quienes sufrirían las consecuencias de su destrucción.

A partir de 2024, sin embargo, algunas de esas reglas comenzaron a cambiar. Las modificaciones afectan dos cuestiones distintas: el alcance de las suspensiones y las condiciones para acreditar el interés legítimo.

El primer cambio: las suspensiones

En junio de 2024 se modificó la Ley de Amparo para establecer que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general, la suspensión no puede tener efectos generales.

¿Qué significa esto en términos sencillos? Si una persona consigue que un juez suspenda para ella la aplicación de una norma mientras se resuelve su juicio, esa protección no se extiende automáticamente a quienes se encuentran en una situación similar. Para los demás, la norma puede seguir aplicándose.

Para Fernández Mendiburu, esta limitación “nos regresa 30 años atrás”. En materia ambiental, advierte, el problema adquiere otra dimensión porque los ecosistemas son compartidos. La contaminación de un río, la destrucción de un manglar o el desmonte de una selva no afectan a una sola persona: una misma decisión puede repercutir sobre comunidades enteras.

Gutiérrez Nájera advierte sobre otra dificultad relacionada con las suspensiones: detener una obra puede complicarse cuando el gobierno sostiene que se construye porque responde al interés social, es decir, que sus beneficios para la sociedad justifican que siga adelante pese a los riesgos denunciados. El segundo cambio trata sobre quién puede acudir al amparo.

En 2025, se hicieron más específicas las condiciones para acreditar el interés legítimo. La ley establece que debe existir una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada respecto del resto de las personas, y que ganar el amparo debe producir un beneficio cierto, no solamente hipotético o eventual.

Para el abogado Raúl Aldama, estas exigencias elevan la carga para acreditar el interés legítimo y acercan esta figura al más restrictivo interés jurídico, que exige ser titular de un derecho. Esto repercute porque anteriormente el interés legítimo permitió acudir a los tribunales sin ser propietario del terreno afectado, siempre que pudiera demostrarse una relación particular con el ecosistema o sus beneficios.

La académica y abogada Carla Aceves detalla que las causas ambientales son casi por definición colectivas porque recaen sobre bienes comunes e intereses difusos. El aire es uno de sus ejemplos: si está contaminado, no afecta exclusivamente a una persona, sino a quienes respiran ese mismo aire.

Para Aceves, volver más individual la acreditación de esas afectaciones representa una regresión. En comunidades indígenas, rurales o con pocos recursos, significa que cada integrante busque su propia protección, multiplicando el trabajo de los abogados, los procedimientos y los costos.

La abogada también señala que exigirle -a quien solicita el amparo- que acredite una lesión real y diferenciada y demuestre que ganar el juicio le producirá un beneficio cierto, es un retroceso, pues los conflictos ambientales comienzan cuando el daño todavía no ocurre debido a que se busca evitarlo.

Si una comunidad intenta proteger un bosque antes de que sea talado puede resultar más difícil demostrar una afectación concreta porque el deterioro aún no sucede.

Aceves explica que la justicia ambiental no solo busca reparar un daño, sino evitar que ocurra. Se pueden plantar árboles donde antes hubo un bosque, pero reconstruir las relaciones entre especies, suelo y agua que formaban ese ecosistema puede tomar décadas, y el daño puede ser irreversible.

Cuando la justicia no llega

El Tren Maya permite observar esos cambios fuera del papel. Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto que atraviesa Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, prometió desarrollo, turismo y empleos. También aseguró que no sacrificaría el medio ambiente. Pero el proyecto avanzó entre desmontes, se calcula una tala de más de 10 millones de árboles.

Además, se instalaron pilares de concreto y acero en el frágil sistema de cuevas y cenotes; y esto desató una creciente disputa judicial. A lo largo de su construcción se presentaron más de 70 amparos.

En enero de 2020, Zavala consiguió la primera suspensión definitiva vinculada al Tren Maya por la falta de una consulta indígena adecuada. Las obras continuaron. El proyecto fue declarado de “seguridad nacional”, las Fuerzas Armadas adquirieron un papel creciente en su construcción y operación y las resoluciones judiciales no siempre consiguieron detener las máquinas.

A la disputa se sumó después una transformación institucional más amplia. Desde finales de 2024 desaparecieron siete organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, clave para obtener información pública.

La reforma judicial introdujo además la elección popular de jueces. Especialistas entrevistados para esta investigación advierten que esos cambios pueden debilitar los contrapesos y afectar la independencia de quienes deben resolver litigios frente al poder político.

Las reformas apretaron todavía más un sistema que ya estaba al límite. Cambiaron las reglas para quienes buscan detener un daño ambiental, pero no corrigieron lo que ocurre cuando esas personas llegan a los tribunales: juicios que pueden durar años, pruebas costosas y una defensa pública sin la capacidad suficiente para enfrentar litigios ambientales complejos. Es decir, el Estado impuso más requisitos para acudir a la justicia y no reforzó los recursos públicos para que las comunidades puedan sostener esos litigios.

El Instituto Federal de Defensoría Pública debe ofrecer, por ley, orientación, asesoría y representación jurídica de manera gratuita a quienes no pueden pagar un abogado particular y la legislación establece atención preferente para integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En 2022, el IFDP tenía sólo 344 asesores jurídicos para todo el país. Ese año atendieron 41,342 servicios entre asuntos administrativos, amparo, migración, laborales, civiles, fiscales, financieros y agrarios. Dos años después había 314 asesores, 30 menos, a pesar de que la necesidad ha ido en aumento.

El problema es mayor cuando se mira la atención a pueblos indígenas. En 2023, apenas unas 43 de las 560 unidades estatales de defensoría pública y asesoría jurídica atendían asuntos indígenas. Sólo 0.3 % de los defensores públicos y 0.4 % de los asesores jurídicos reportaron pertenecer a algún pueblo indígena.

Y conseguir un abogado no resuelve otra barrera: comprender la información. Juan Pablo Zavala, explica que en los procesos de consulta pueden presentarse contratos, fideicomisos o evaluaciones de impacto ambiental en un lenguaje difícil de entender.

Aunque los pueblos indígenas tienen derecho a intérpretes esa garantía rara vez alcanza la explicación de documentos técnicos complejos. En México, 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas y existen 68 lenguas indígenas.

En 2024, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas apoyó 3,435 diligencias penales y administrativas con 384 intérpretes y traductores. Sin embargo, no existe un registro público que permita saber cuántos intérpretes intervienen específicamente en juicios de amparo.

Para algunas comunidades mayas, esa desigualdad en el acceso a la información terminó modificando también la manera de defenderse.

Contratos por 90 años

Haizel de la Cruz, fotógrafa y activista maya e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, una red que reúne a comunidades del sureste mexicano explica que una de sus herramientas de defensa ha sido entender cómo operan los proyectos que buscan instalarse en sus territorios.

Las comunidades han identificado un patrón: gobiernos y empresas llegan con promesas de desarrollo y beneficios inmediatos, mientras los compromisos de largo plazo y las posibles consecuencias para el territorio se minimizan o quedan fuera de la explicación.

Los representantes les prometen electricidad más barata, apoyos económicos o patrocinios para las fiestas; algunas veces llevan cerveza para los adultos y pelotas para los niños. En otros casos, las negociaciones terminan por dividir a las comunidades.

Pero cuando la Asamblea Múuch’ Xíinbal revisa los documentos, las promesas adquieren otra dimensión: han encontrado contratos por 30 años que permiten dos extensiones adicionales, es decir, comprometer el uso de la tierra hasta por 90 años.

En uno de los casos analizados, el pago equivalía a apenas 70 centavos de peso por hectárea al día.

La Asamblea reúne contratos, concesiones, fideicomisos y evaluaciones de impacto ambiental. Abogados y académicos ayudan a revisarlos; algunos conceptos pasan del español al maya y la información se contrasta con mapas, conocimientos comunitarios y experiencias de otros pueblos.

Además, utilizan la No Radio, un medio comunitario donde sus integrantes explican proyectos, cuentan lo ocurrido en las asambleas y traducen conceptos técnicos y jurídicos. Cuando internet no llega a una comunidad, los análisis se reproducen mediante bocinas. Después vienen los folletos y, si hace falta, las visitas de casa en casa.

Gustavo Aldair Tut, dibujante e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, encontró otra manera de hacerlo. Sus murales, carteles y fanzines convierten los conflictos territoriales en imágenes y utilizan el arte para conservar la memoria y fortalecer la identidad maya. “A la gente de afuera, se le hace muy fácil cortarle las venas a la laguna, destruir el manglar o el monte, y lo hacen sin ningún sentido y sin ningún respeto”.

Para Aldair Tut, la naturaleza no es algo separado de quienes habitan el territorio: “La laguna y yo no somos tan distintos. Tampoco el viento, los árboles o los animales: el jaguar, el pavo de monte, el tapir. Todos formamos parte de la misma comunidad”.

En Quintana Roo, el biólogo Roberto Rojo y más de 500 voluntarios documentaron durante años las cuevas y acuíferos que se extienden debajo de la piedra caliza. Su trabajo permitió explicar por qué instalar miles de pilotes del Tren Maya podía representar un riesgo para el sistema de agua dulce.

En un litigio ambiental, esos conocimientos pueden convertirse en prueba. Pero ante las crecientes barreras para acceder a la justicia, los abogados y defensores entrevistados coinciden en que el amparo no puede ser la única vía para defender el territorio. Recomiendan documentar incumplimientos de las suspensiones, presentar denuncias administrativas, recurrir a instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, conocer los apoyos fiscales que otorgan las autoridades a empresas, y construir alianzas con científicos, universidades y organizaciones capaces de aportar conocimientos y pruebas que las comunidades difícilmente podrían pagar por su cuenta.

El riesgo de levantar la voz

Sara López pasó 11 meses en prisión después de oponerse a las altas tarifas eléctricas en Campeche. Fue acusada de secuestro y obstrucción de obras públicas.

Años después, durante la construcción del Tren Maya, volvió a acompañar a comunidades de la península. Para ella, la criminalización y el hostigamiento tienen un propósito: generar miedo para que la gente deje de defenderse.

El biólogo Roberto Rojo también enfrentó señalamientos públicos. Después de cuestionar los impactos del Tren Maya, científicos y ambientalistas fueron llamados “pseudoambientalistas” y acusados de actuar contra el desarrollo. Rojo relata que los ataques continuaron en redes sociales y que llegó a preguntarse si alguien lo seguía cuando salía a la calle.

La abogada Viridiana Maldonado enfrentó una investigación penal después de participar en litigios de amparo. Raquel Gutiérrez Nájera también ha enfrentado procesos relacionados con su trabajo de defensa ambiental. Carla Aceves decidió alejarse del litigio directo cuando, relata, el riesgo comenzó a crecer.

A pesar de los riesgos y de las barreras legales, las comunidades siguen tomando decisiones, compartiendo lo aprendido y organizándose frente a proyectos que pueden transformar sus formas de vida. En el fondo, estos conflictos plantean una disputa más profunda: quién decide qué ocurre en un territorio y qué lugar tienen en esa decisión quienes lo habitan. Haizel de la Cruz lo resume en una frase: “Sin territorio no hay lengua, no hay cultura, no hay vida maya”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/CAUSA NATURA MEDIA.
AUTOR: /ADRIANA NAVARRO RAMÍREZ.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/reformas-amparo-crisis-justicia-ambiental-mexico

México: la justicia que protege a los poderosos y abandona a las víctimas

La exoneración del extitular del INM, Francisco Garduño, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes, revela una justicia con excepciones para los poderosos

En México la justicia tiene precio, cobijo político y gafete de servidor público. Si eres una persona migrante buscando sobrevivir, el Estado te persigue, te encierra y te deja morir. Pero si eres un alto funcionario, el Estado te protege, te perdona y, para rematar, te premia con un nuevo cargo gubernamental.

Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad.

Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio.

Esta trampa legal le permitió a Francisco G.Y. obtener una suspensión condicional del proceso en enero de 2025 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, a cambio de admitir que existían hechos constitutivos de delitos de homicidio y lesiones y garantizar (verbalmente) la reparación integral del daño. Condiciones a modo que terminarían a cargo del Estado mexicano, entre ellas que el INM pagará una compensación económica con el erario; que la atención médica se realizará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que ninguna víctima está en México; y sin que exista ninguna prueba documental de que las 25 estancias migratorias en todo el país cuentan con medidas de protección civil para evitar futuros incendios.
La desolación de los sobrevivientes y de las familias que perdieron a sus hijos, hermanos o esposos es total. Se enfrentan a un monstruo burocrático donde las instituciones que deberían defenderlos son, en realidad, cómplices de sus verdugos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abandonó su deber y rol de defensa de las víctimas ante las decisiones del juez. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto una ventanilla de encubrimiento; basta ver cómo le dio un portazo en la cara a las 15 mujeres que sobrevivieron al incendio en Juárez y a quienes hoy se les niega siquiera el reconocimiento de víctimas.
¿Quién escucha entonces a quienes ya lo perdieron todo? ¿Quién defiende a las personas que ni siquiera pudieron comprender plenamente el proceso por la falta de intérpretes? ¿Quién responde a quienes no han recibido atención médica continua ni una reparación completa del daño?
Tristemente, esta justicia selectiva es la marca de la casa. La memoria sangra cuando recordamos otras tragedias. Pensemos en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; o en los 19 cuerpos calcinados en Camargo, en 2021. En todos estos casos, las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales quedaron expuestas. Sin embargo, en las cárceles sólo hay chivos expiatorios, policías de bajo rango o halcones. Jamás un secretario de Estado, jamás un comisionado de alto nivel. La cadena de mando es intocable.
Durante la gestión de Francisco G.Y., de 2019 a 2025, el 80% de las personas migrantes sufrieron extorsión o secuestro al cruzar nuestro país. La población solicitante de asilo dejó de recibir documentación migratoria, a las personas migrantes se les empezó a prohibir el tránsito por territorio mexicano, inclusive obligando a las empresas de autotransporte a no vender boletos ni trasladar a quienes no demostraran su documentación migratoria. Sin contar las miles de personas migrantes fallecidas y desaparecidas que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y las promesas de que las estaciones migratorias ya no serían trampas mortales quedaron huecas, tan sólo el pasado 12 de septiembre un nuevo incendio se registró en la estación migratoria de Janos, Chihuahua.

Las víctimas de Ciudad Juárez no piden privilegios. Exigen lo que cualquier persona merece: verdad, justicia, atención y reparación. No puede haber derechos humanos que dependan de la nacionalidad, ni justicia que cambie según el cargo que se ocupa.

Un Estado que protege a sus funcionarios mientras abandona a las víctimas renuncia a su responsabilidad más básica. Y mientras la justicia siga teniendo excepciones para los poderosos y obstáculos para los demás, México continuará acumulando expedientes, familias rotas y heridas que ninguna indemnización podrá cerrar por sí sola. La audiencia de Francisco G. Y. pasará a la historia como el día en que el sistema judicial nos escupió en la cara para decirnos que, mientras las víctimas lloran a sus muertos en el abandono, los poderosos siempre encontrarán una salida de emergencia.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: 
Fundación Para La Justicia, Derechos Humanos Integrales En Acción, Instituto Para Las Mujeres En La Migración Y Clínica Jurídica Alaíde Foppa Para Personas Migrantes
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/opinion/2026/10/15/mexico-la-justicia-que-protege-a-los-poderosos-y-abandona-a-las-victimas-381897.html

Exoneran a Francisco Garduño, extitular del INM, por muerte de 40 migrantes en incendio de Ciudad Juárez

Durante el incendio, el personal del INM y los empleados de la empresa de seguridad privada contratada por el equipo de Garduño habían abandonado a los migrantes a su suerte, encerrados en su celda, razón por la cual el entonces comisionado fue imputado por ejercicio ilícito del servicio público

Este martes, un juez federal con sede en Ciudad Juárez terminó de exonerar a Francisco Garduño Yáñez, el extitular del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de 40 migrantes durante el incendio de la estación de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023.

Durante el incendio, el personal del INM y los empleados de la empresa de seguridad privada contratada por el equipo de Garduño habían abandonado a los migrantes a su suerte, encerrados en su celda, razón por la cual el entonces comisionado fue imputado en la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón consideró que Garduño había cumplido con el pago de las indemnizaciones a las víctimas –aunque estos recursos salieron del INM--, y con la disculpa pública que ofreció –forzado por una orden judicial-- a víctimas y familiares el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México.

Estos requisitos formaban parte de las condiciones que la justicia le emplazó el 24 de enero de 2025 para conseguir la suspensión condicional del proceso, que finalmente sucedió este martes.

A pesar de la tragedia, la más letal que haya sucedido en un recinto del INM, Garduño continuó su carrera en la administración pública, ya que en enero pasado –poco más de un año después de dejar el INM, con un largo historial de opacidad e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-- el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, le ofreció la dirección de Centros de Formación para el Trabajo, con un sueldo neto de más de 113 mil pesos mensuales.

Ayotzinapa, contra la impunidad y por la justicia

"Los padres y madres de los 43 normalistas siguen reclamando la entrega de más de 800 folios de los centros de inteligencia de la Defensa en Iguala"

El sábado se cumplieron 12 años de la trágica Noche de Iguala en la que un operativo entre fuerzas de Estado y células del crimen organizado, desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinaron a seis personas y dejaron a decena de heridos de bala por agresiones de policías de los tres niveles de gobierno. Recuerdo que cuando leí la primera nota de los hechos, no daba crédito a un evento de tal magnitud: ¿43 estudiantes normalistas desaparecidos en un solo episodio? ¿cómo era posible un operativo de esta magnitud? Lamentablemente pasaron los días y la desaparición masiva se confirmó.

Conforme pasaron los días, la evidencia de esa desaparición masiva golpeó la conciencia de millones de mexicanos para situarnos en la realidad que vivíamos en México: una crisis humanitaria de graves proporciones que se manifestaba crudamente con este caso de desaparición masiva.

La desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa marcó el destino político del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Su empeño primero en minimizar el hecho al responsabilizar sólo a autoridades locales y su posterior maniobra de crear una supuesta “verdad histórica” con el relato de la cremación de los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, terminaron de hartar a la sociedad lo que alentó un movimiento de solidaridad en torno a los 43 estudiantes desaparecidos que movilizó a millones de mexicanos y personas solidarias en distintas partes del mundo.

Este movimiento de solidaridad en torno a los 43 terminó de sepultar la credibilidad del gobierno del priista Peña Nieto y alentó las posibilidades electorales de la oposición. Con firme determinación este movimiento señaló la responsabilidad gubernamental con el lema: “Fue el Estado” que se pintó a gran escala en el Zócalo de la Ciudad de México y en muros de prácticamente todas las ciudades del país. Y esa consigna desmontó la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría de Peña Nieto que quiso enterrar el caso Ayotzinapa, con la supuesta incineración de los normalistas en un basurero municipal.

Y de esta realidad política de deslegitimación del anterior régimen se colgó el líder opositor Andrés Manuel López Obrador quien prometió a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos que de llegar a Presidente buscaría la verdad y la justicia para este caso. Los familiares de los normalistas desaparecidos le creyeron y le dieron una oportunidad para que cumpliera su palabra.

Ya como Presidente, López Obrador inició su Gobierno dando pasos positivos hacia la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas. Se creó una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj) así como una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, UEILCA). Se permitió, además, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tenían la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas. En los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador hubo avances significativos hasta que ocurrió un cambio radical en agosto de 2022.

En apenas unas semanas de agosto de ese año, el titular de la Covaj, Alejandro Encinas, presentó un informe de avances sobre el caso, luego renunció (o se hizo renunciar) a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla Quintana, y también se pidió la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo.

Todo indica que estas dependencias del Estado mexicano se aproximaron demasiado a los muros del Ejército mexicano y que desde la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) hubo un golpe de mano para detener las investigaciones que apuntaban hacia la participación de los militares en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde entonces, ya cuatro años, hay pocos o nulos avances en la investigación de la Noche de Iguala. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dejado de reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que escuchan de ella y de otras autoridades es un intento de repetición de la verdad histórica. Lo que presentan como avance es la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero por supuestamente ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de ese estado que habían captado escenas de la detención de los normalistas la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 por parte de policías estatales y federales.

Pero los padres y madres de los 43 normalistas siguen reclamando la entrega de más de 800 folios de los centros de inteligencia de la Defensa en Iguala, Guerrero que podría revelar información sobre el paradero de sus hijos, así como la versión de que al menos 25 de los 43 normalistas habrían sido trasladados al 27 Batallón de la Defensa en Iguala al día siguiente de la desaparición.

La Presidenta Sheinbaum prometió que presentaría un informe sobre los avances del caso antes del 26 de septiembre, pero al final no cumplió y hoy el caso se encuentra en una encrucijada en la que la exintegrante del GIEI, la jurista colombiana Ángela Buitrago, sostiene que el caso Ayotzinapa “no avanza hacia la verdad, sino a un callejón sin salida”. Lo cierto es que a 12 años de la desaparición de los 43, seguimos sin saber dónde están los normalistas y sigue prevaleciendo la impunidad y seguimos esperando que la justicia llegue a sus familias y a toda la sociedad mexicana.

En tanto, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo que desde 2014: verdad y justicia para sus hijos: “Queremos saber a dónde se llevó el Estado mexicano a nuestros hijos. Es lamentable que sigamos batallando porque el gobierno no quiere darnos verdad y justicia. Está llevando las líneas de investigación sin tocar al ejército, pero mientras tengamos vida seguiremos señalándolos y no vamos a perder el derecho a la verdad. Tenemos que luchar como padres para que haya luz y sepamos dónde están”, dijo la semana pasada don Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Ángel Navarrete González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: 
https://www.sinembargo.mx/4877232/ayotzinapa-contra-la-impunidad-y-por-la-justicia/

Unidad de la FGE retuvo expediente contra el Terrible: asesor legal

Los abogados de la empleada de gobierno que denunció a Erik “Terrible” Morales de abuso sexual en su contra, no han tenido pleno acceso a la carpeta de investigación abierta desde el 9 de julio en la Fiscalía General de Baja California, de acuerdo con el asesor legal José Carlos Contreras.

A decir del litigante, en pleno proceso de integración el expediente se envió a la Coordinación de Delitos Sexuales, con la justificación de tratarse de un asunto “de interés para la fiscalía”; posteriormente fue remitido al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, en aras de procurar un arreglo entre las partes.

La víctima y su equipo legal rechazaron la propuesta. La carpeta volvió a quedar bajo resguardo de la Coordinación de Delitos Sexuales.

De manera que “no ha sido fácil tener el acceso que corresponde”, refirió a pregunta expresa el abogado. “O sea, lo hemos hecho de forma parcial, no de forma completa”, abundó.

Acusó que a 30 días de haberse emprendido las indagaciones ni siquiera se había practicado el dictamen pericial obligatorio, aun cuando por ley “a la víctima se le tiene que atender de forma rápida”.

Del envío de la carpeta a la Coordinación de Delitos Sexuales detalló que “la coordinadora” (a la que se refirió como Regina Handal) estableció que “se daba esa situación en razón de que no se filtrara algunos datos, alguna información”.

Contreras estimó que, con su resguardo en esa área, “hasta cierto punto” el expediente quedó retenido.
“Así es. Aunque consideramos que lo hacen para controlar la investigación, controlar los tiempos; y sobre todo es la forma de que la fiscalía decide cuándo avanza o se detiene o cuándo políticamente o mediáticamente conviene”, asentó.
José Carlos Contreras, quien dijo fungir como asesor, en conjunto con Sergio Enrique González Ibarra, sostuvo que posiblemente el 13 o el 14 de noviembre la carpeta quedaría en manos de una agente del MP “a efecto de poderla revisar y poder concretar qué es lo que le hace falta”. De ahí que se dijera a la espera de que se les informara “cuándo la van a judicializar o se va a desahogar alguna prueba pendiente”.

En entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Rubén Hernández, expuso que aun cuando la Fiscalía General del Estado justificó el envío del expediente a la Coordinación con la relevancia que le atribuyó al caso, “ya son cuatro meses” de haberse abierto la investigación y “aun así no avanza”.

Conforme al testimonio que la denunciante proveyó a la FGE, el 4 de julio de 2025 Morales Elvira incurrió en abuso sexual en su contra en la oficina en la que el exboxeador despachaba como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana. En virtud de que una persona tocó a la puerta, a la que el expugilista le había puesto seguro, la empleada adscrita a esa dependencia logró zafarse y abandonar el despacho del presunto agresor.

El 10 de julio presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, tras lo cual Morales Elvira se apartó del cargo de secretario.

Rubén Hernández afirmó que fue hasta 40 días después de procederse ante la fiscalía que se hicieron los peritajes psicológicos. Opinó que el dictamen correspondiente debería ser suficiente para que el caso se judicializara.

A propósito del Dictamen en Psicología Forense para Delitos de Índole Sexual el abogado José Carlos Contreras estableció, vía telefónica: “Tiene que haber una categoría de cuánto es el alcance o el daño o si lo hubo o no. Eso sirve para determinar si básicamente existió el hecho, porque al igual hay gente que a lo mejor hace una denuncia falsa, que tiene algún otro interés y obviamente el resultado no debe de salir positivo”.

El padre de la denunciante afirmó que ambos han acudido en siete u ocho ocasiones a la FGE y que en ningún momento han tenido acercamiento directo con la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortensia Noriega León.

“Siempre cuando vamos pues nos reciben las que están ahí en los cubículos de atención, para que los afectados y de ahí no hemos pasado”, mencionó.
“Hay una agente que fue la que nos entrevistó cuando recién se inició el proceso. Nos llamó a mi hija, a mí, a otro testigo también; pero ya después de allí la agente ministerial no se acercaba con nosotros”, manifestó.
Tampoco negó que la MP se haya abstenido de atender el caso: “Las pocas veces que (los abogados) han accedido a la carpeta de investigación, sí hay fotografías que fueron a la Secretaría, a tomar fotos del lugar de los hechos de todo eso; sí está allí en la carpeta de investigación”.

HOSTIGAMIENTO

De medidas a implementar en favor de la denunciante, Rubén Hernández aseveró que se comunicaron con ella de la Policía y le hicieron saber que se llevarían a cabo rondines; “pero pues nosotros en nuestro hogar nunca hemos visto nada”, aseguró, aun cuando la denuncia se acompañó con una solicitud de protección.

El asesor legal señaló que “a la víctima no se le habían dado todas las medidas de protección que el Código Nacional de Procedimientos marca”. Precisó que tan sólo se le concedió “una vigilancia policial a los alrededores” de su domicilio.

De acuerdo con el abogado, el equipo legal cuestionó ante la FGE “por qué no se le otorgaron las otras dos o tres medidas de protección que son importantes”, entre estas la prohibición de que el señalado la contactara.

Contreras afirmó que a fin de evitar que Morales Elvira se comunicara con la denunciante, los asesores tuvieron que solicitar esa medida vía comparecencia.

La empleada municipal refirió a este Semanario que, el 4 de julio, luego de incurrir en abuso sexual en su contra, Morales Elvira le habló por teléfono.

“Yo iba en camino a mi carro (justo después de salir de Palacio Municipal). Me acuerdo que en esa ocasión sí le contesté, pero yo estaba muy asustada y le contesté; y me dijo qué iba a hacer en la noche y que si quería cenar, y yo le dijo que no”, expuso y recalcó que en ningún momento el ex pugilista le ofreció disculpas.

“Creo que no había entendido que lo que hizo está mal”, prosiguió.
“Creo que es como una costumbre que él tiene porque nuestros abogados investigando nos dicen que en total son siete carpetas por el mismo delito, de las cuales otras cinco están detenidas, como se dice carpetazo, pero que dos sí están activas”, intervino Rubén Hernández.
El 9 de enero de 2024, justo cuando Morales Elvira figuraba como aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Martha Basilia García Hernández denunció al siete veces campeón del mundo de haberla agredido más de 10 años atrás en la modalidad de “abuso sexual, hostigamiento sexual y/o lo que resulte”. La agresión habría tenido ocasión en un gimnasio de box ubicado en la colonia Hipódromo, en el que la denunciante trabajaba como recepcionista.

En cuanto al caso de agresión en el Ayuntamiento, la empleada municipal relató que Morales insistió en contactarla telefónicamente: “Pasó tiempo, en donde después de lo sucedido no fui a trabajar. Necesitaba procesarlo. No quería regresar a ese lugar y me acuerdo que durante ese tiempo me habló; me estuvo hablando y era muy molesto, y bloqueé el número”.

Dijo haber ingresado al área de Comunicación y Difusión de la Secretaría de Bienestar desde los inicios de la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.

Sostuvo que tras haberse ausentado unos días en razón de la agresión que denunció, se reincorporó a sus actividades y sufrió “violencia laboral”.

Según detalló, encontrándose en una sección ocupada por cuatro empleados municipales, escuchó “como si dijeran: ‘A algunas personas les gusta venir aquí y no trabajar y no hacer nada, ¿verdad?’”. Afirmó que semejante comentario se hizo en lo concerniente a su persona.

La entrevistada aseguró que, en su mayor parte, el personal a su alrededor no se mostró empático con ella: “A pesar de que conocen lo sucedido no mostraron empatía, o al menos no lo sentí”.

Expuso que en una ocasión en la que tuvo acceso a la carpeta, leyó que dos empleadas que se habían dicho amigas suyas declararon en su contra y a favor del Terrible Morales.

“Ya no trabajan en la secretaría. Curiosamente ya no”, manifestó.

También aludió a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Aracely Márquez Peña: “La directora no mostró empatía y yo la veía, la tenía en mi cara. Eso era lo que más me molestó. Que era reciente y estoy segura que ella ya sabía que era yo y no mostró ni hizo nada, y aquí veo también favoritismo”.

A mediados de julio, Márquez Peña negó conocer a detalle el caso. “El único conocimiento que hemos tenido es por parte de los medios”, declaró la funcionaria municipal. “Lo que hemos leído todos en redes sociales. No tenemos conocimiento de quién sea la persona, ni tampoco se ha acercado con nosotros; pero si así lo hiciera, claro, con mucho gusto. Estamos para atender, para servir a todas las mujeres de nuestra ciudad”, añadió.

La denunciante reconoció que “hubo personas que manejaron la verdad como fue”. A propósito, expresó: “Ni a favor ni en contra. Entonces, digo, mínimo se agradece porque fue la verdad, como es”.

De quien reemplazó a Morales Elvira en la titularidad de Bienestar, Wendy Ontiveros González, refirió: “Creo que ella en todo su momento sí ha mostrado empatía”.

Observó que Burgueño Ruiz fue quien destituyó a Morales Elvira. De ahí que comentara: “Entonces también sentimos respaldo. O sea, al menos sí, porque se accionó algo”.

El padre de la empleada del Ayuntamiento aseveró que su familia y él pertenecen a un grupo de corte cristiano denominado Unidad, y que con motivo del caso de abuso, el pastor Fermín García, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, acudió con el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, por iniciativa del propio funcionario.
“Se entrevistó con Fufo, y Fufo le dijo: ‘¿Qué es lo que quieres que hagamos?’; y él inmediatamente dijo: ‘Destitución inmediata’”, relató.
Agregó que Guerrero León dijo ser necesario denunciar en sindicatura y que, a un día de haberse interpuesto la denuncia, Morales Elvira dejó de estar al frente de la Secretaría de Bienestar.

El 4 de noviembre Rubén Hernández ofreció un posicionamiento referente a la carpeta de investigación, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Baja California.

El entrevistado mencionó que por iniciativa de los asesores legales la rueda de prensa se planeó como una “estrategia mediática” para “llegar a los oídos tanto de la gobernadora (Marina del Pilar Avila Olmeda) como de la fiscal (Ma. Elena Ramírez) para que atendieran a este caso”.

En su conferencia semanal del 5 de noviembre, cuestionada sobre la carpeta en cuestión y otros expedientes, la gobernadora estableció: “En cuanto a la pregunta sobre la judicialización, ese es un tema del ámbito de la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones como se desarrollan. La fiscalía es autónoma. Nosotros lo que podemos hacer es exhortar a las fiscalías, a ser más rápidas en esa parte, sobre todo cuando se trata de ese tipo de delitos que lastiman tanto”.

Se comprometió a preguntar sobre el avance de la investigación por la denuncia contra Morales Elvira. “¿Cuáles han sido los avances en cuanto a esta investigación? Siempre la postura del Gobierno del Estado es proteger a las víctimas, el de estar con las víctimas y de que se investigue trátese de quien se trate”.

Rubén Hernández observó que durante la conferencia semanal Marina del Pilar condenó los tocamientos de un individuo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales tuvieron lugar el 4 de noviembre en el Centro Histórico capitalino.
“Pero cuando se le lanza nuestra pregunta, ahí (actúa) como Poncio Pilato. Yo sentí que de alguna manera se lavó las manos y dijo: ‘Pues es la fiscalía, es autónoma, ellos están encargados, yo nada más lo único que puedo hacer es comentarle’”.
Previo a desempeñarse como secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento, Morales estuvo a cargo del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en el gobierno de Avila Olmeda.

El padre de la denunciante señaló que celebrada la rueda de prensa bajo el auspicio de la asociación de periodistas de BC, “sale la nota y a las dos horas (en al menos dos medios locales) la bajan, la quitan de redes sociales”.

De modo que “sí me alarmó y sigo pensando por qué hicieron eso. A lo mejor una llamada de arriba, ‘Sabes qué, túmbame esa nota’. No sé. La verdad, no sabemos; pero sí, eso me presta a pensar que de alguna manera lo están favoreciendo”.

Ponderó que el 4 de noviembre la fiscal general del Estado se haya pronunciado sobre la investigación en curso.

“Ese mismo día la fiscal Ma. Elena Andrade tuvo una rueda de prensa también, donde habló de diversos temas y ahí una reportera o un reportero que estuvo en nuestra conferencia le lanzó la pregunta”, dijo y detalló: “(la titular de la FGE) respondió que este ha sido un tema muy delicado, que se manejaba, que ha ido muy avanzado. Negó que se haya frenado un poco la investigación y que está por resolverse”.

Hernández sostuvo que, de ser necesario, recurrirá a otras instancias legales. “No queremos que esto quede impune por el tipo de personaje”, argumentó.

Por lo pronto, concluyó, “doy un punto de confianza a la fiscalía de que sí van a hacer su trabajo como corresponde. Sin favoritismos hacia el gobierno”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDRUARDO ANDRADE URIBE.

De la cárcel al lujo: Javidú, con un pie en libertad y sin responder por desfalcos y desapariciones

Aunque Javier Duarte fue condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, organizaciones civiles sostienen que debe enfrentar cargos por desaparición forzada y por el fraude de más de 90 mil mdp atribuido a su gobierno. Su liberación anticipada, señalan, reforzaría la impunidad.

La posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte ha generado inconformidad entre colectivos de personas desaparecidas, quienes demandan que también sea investigado por las miles de desapariciones forzadas registradas durante su administración.

Al mismo tiempo, advierten que su salida de prisión dejaría impune el fraude millonario cometido contra las finanzas públicas del estado. Tan sólo en la Auditoría Superior de la Federación existen 70 denuncias por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, aunque nada más 14 han sido judicializadas y 44 siguen en integración desde hace una década, ninguna de ellas directamente contra el exgobernador.

A estos señalamientos se suman las denuncias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que incluyen 55 denuncias por presunto desvío de 30 mil millones de pesos mediante el esquema empresas fantasma durante el gobierno duartista.

La red de corrupción documentada durante su administración también alcanzó a 25 exfuncionarios duartistas, entre ellos cuatro exsecretarios de Finanzas y dos tesoreros, detenidos e imputados por presuntos delitos que van desde abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, hasta peculado.

A varios de ellos les fueron aseguradas casas, terrenos, aviones y cuentas bancarias, aunque sólo uno permanece en prisión. Amparos federales, criterios de oportunidad, negociaciones legales y presuntos problemas de salud les han permitido llevar sus procesos en libertad, mientras persisten dudas sobre el destino de los bienes asegurados y la reparación del daño.

Algunos de estos expedientes abiertos en la Fiscalía Anticorrupción continúan sin resolverse, lo que refuerza la percepción de que ninguno de estos casos se ha traducido en una acusación formal.

El abogado penalista Tomás Mundo advierte que la eventual salida de prisión de Javier Duarte se debe a errores de la Fiscalía de Veracruz, cuya falta de capacitación e investigación mantiene altos niveles de impunidad en el estado.

“Muchas veces la impunidad es por ignorancia legal, falta de capacitación de las instituciones de seguridad pública, de fiscalía, del Poder Judicial o complicidades”, afirmó.

El abogado reiteró que la discusión pública debe centrarse en la necesidad de fortalecer a las instituciones de justicia en Veracruz, pues las deficiencias actuales permiten que casos de alto perfil continúen en riesgo de quedar sin sanción.

En septiembre de 2018 la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de nueve años de prisión contra Duarte mediante un proceso abreviado. El exgobernador se declaró culpable únicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, condena que concluye en abril de 2026.

En esa resolución se estableció que, durante su mandato de 2010 a 2016, Duarte desvió al menos mil 650 millones de pesos del erario veracruzano, recursos canalizados a empresas fachada y posteriormente triangulados mediante prestanombres. Como parte de la sentencia se decomisaron 41 bienes —entre terrenos, casas y departamentos— ubicados en Campeche, Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.

Tras su detención, que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción del PRI, fueron detenidos más de 25 funcionarios de su administración por malversación de fondos y desaparición forzada. Sin embargo, actualmente sólo uno permanece en prisión: todos continúan sus procesos en libertad y persisten dudas sobre la recuperación de los recursos desviados.

La Secretaría de Finanzas del estado ha señalado a una treintena de exfuncionarios duartistas que deben reintegrar más de 19 mil millones de pesos sustraídos de las arcas públicas, aunque estas sentencias tampoco han sido cumplidas.

Ahora Duarte y su defensa sostienen que ha cumplido el 96 % de su condena, que mantiene una conducta ejemplar en prisión y que no tiene procesos penales vigentes en su contra —ni de la ASF ni del Orfis ni por desaparición—, argumentos con los que busca acceder a la libertad anticipada.

Desapariciones forzadas

Ante su reciente solicitud de liberación anticipada, los colectivos de personas desaparecidas en Veracruz han reclamado que Javier Duarte nunca ha respondido por las más de 3 mil 600 desapariciones ocurridas durante su gobierno ni por la política de terror que, aseguran, está ampliamente documentada.

Aunque la Fiscalía de Veracruz abrió un proceso penal en su contra por desaparición forzada, éste se limitó a la modalidad de entorpecer una investigación, relacionada con el caso del policía estatal David Lara Cruz, desaparecido en enero de 2016, como documentó la revista Proceso.

Sobre esa acusación, Duarte incluso se burló públicamente: “Sólo me tomará algunos meses tumbar esta aberrante mentira y más pronto que tarde saldré libre, es una chicanada judicial”. Y así ocurrió: el caso se cayó y los otros cinco exfuncionarios acusados por los mismos hechos también fueron liberados.

Para Lucía Díaz, vocera del Colectivo Solecito, la sentencia de nueve años es insuficiente: “Con nueve años no se paga lo que hizo Duarte, los crímenes y violaciones de derechos humanos, ¿quién va a dar cuenta de todo eso? Hay documentos que prueban la colusión”, afirma.

Recordó que, apenas en octubre pasado, el colectivo —junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos— denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición forzada de 22 personas cometida con participación de autoridades durante el gobierno duartista y en presunta colusión con el crimen organizado.

Siete de estas víctimas fueron identificadas en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.

“Fue un gobierno represor. Muchos de los crímenes de desaparición forzada en Veracruz fueron cometidos por el poder estatal, el crimen organizado o ambos actuando en conjunto. Ninguna fiscalía investigó la cadena de mando”, advierte Díaz.

Los hechos que describe también están documentados en diversas carpetas de investigación. Por ejemplo, en 2018, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, se confirmó la existencia de un patrón sistemático de desaparición forzada bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

La carpeta FEADPD/ZCX/011/2017, integrada por 35 tomos, 89 datos de prueba y más de 15 mil hojas, se abrió contra tres exmandos y 16 policías por la desaparición forzada de 15 personas en 2013. Ese expediente reveló que cuerpos de élite de la SSP realizaban detenciones de civiles considerados sospechosos y que esta misma cadena de mando podría estar vinculada con al menos 250 desapariciones en varias regiones del estado.

A la fecha, ningún alto mando de la Policía Estatal ha llegado a la etapa de juicio por estos delitos, siguen sus procesos en libertad y la acusación nunca alcanzó a Duarte.

La organización Propuesta Cívica también se pronunció al respecto. Su directora ejecutiva, Sara Mendiola Landeros, advirtió: “Otorgar el beneficio de una liberación anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería una afrenta a todas las víctimas”.

Denuncias por desfalcos en impunidad

En los datos de prueba utilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) para consignar a Javier Duarte en 2018 se revela que, apenas unos días después de asumir como gobernador de Veracruz, ordenó la creación de empresas fachada y el uso de prestanombres para transferir recursos millonarios provenientes de fondos federales. Ese esquema operó para la compra de propiedades, apertura de cuentas bancarias y gastos personales.

En 2016, el entonces auditor de la ASF, Juan Manuel Portal, advirtió que el desfalco cometido por el gobierno de Duarte era histórico. El modus operandi estaba claramente documentado: los recursos federales destinados a educación, salud y seguridad eran transferidos de inmediato a otras cuentas. A pesar de ello, y aunque su extesorero Tarek Abdalá y el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita son hoy testigos protegidos que han detallado estos desvíos, sus declaraciones no han sido suficientes para imputar a Duarte por estos hechos.

Tampoco lo han hecho en contra de su esposa Karime Macías, quien no ha podido ser extraditada de Londres, donde vive desde hace varios años y sobre quien no se han podido demostrar cargos por desvíos, a pesar de que testigos protegidos han declarado que ella formaba parte del esquema de creación de empresas fantasma.

El propio exgobernador ha defendido públicamente sus acciones. Sobre las denuncias por desvíos declaró: “Yo tuve que tomar recursos y tenían que salir de algún lugar, pero eso no significa que me los robé. Eso significa gobernar. Y gobernar significa hacer lo que se tenga que hacer para mantener las condiciones para que una sociedad crezca. No me arrepiento, estoy orgulloso, se cayeron pruebas en mi contra”.

A lo largo del proceso, la FGR ha confiscado varios bienes vinculados a Duarte, entre ellos el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo —actualmente en poder de la Sedena—; El Faunito, en Fortín de las Flores, entregado en comodato al ayuntamiento; un departamento en la Torre Pelícano en Veracruz, así como un departamento y un local comercial en Woodlands, Texas.

En 2020, Duarte intentó frenar el decomiso de 41 propiedades. Sin embargo, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó su solicitud y confirmó que los bienes debían pasar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En 2023, la SCJN también rechazó atraer el amparo promovido por un prestanombres que buscaba recuperar el rancho Las Mesas.

De cómplices a testigos protegidos

La red de corrupción en la que figuran 25 exfuncionarios duartistas prácticamente permanece intocada, pues han logrado llevar procesos en libertad gracias a diversos recursos, con todo y que los montos por los que han sido señalados suman miles de millones de pesos del erario.

Un ejemplo es Gabriel Deantes Ramos, exoficial mayor de la Secretaría de Educación (SEV), imputado por enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos. Aunque fue sentenciado en febrero pasado a tres años de prisión por desvío de fondos, no se encuentra en la cárcel.

En el caso de Tarek Abdalá, pasó de ser tesorero del gobierno de Duarte a convertirse en uno de los principales testigos en su contra. A cambio de su colaboración, la entonces PGR decidió no procesarlo en varios casos abiertos por peculado.

Otro caso relevante es el de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito. Fue acusado de poseer cinco residencias en Texas, adquiridas entre 2012 y 2016 por un valor conjunto de 2.4 millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en sólo cinco años acumuló un patrimonio de 120 millones de pesos.

También fue acusado de desaparición forzada. Pero se encuentra siguiendo sus procesos penales en libertad.

Edgar Espinoso, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y exoficial mayor de la secretaría de educación, entregó al gobierno de Miguel Ángel Yunes un departamento, un local comercial y un total de 15 lotes de terrenos ubicados en los municipios de Alvarado, Xalapa y Emiliano Zapata; además de un helicóptero Robinson R66 y un avión LearJet 45.

En 2023, un juez federal ordenó detener a siete excolaboradores cercanos de Duarte por peculado de más de mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República informó que el desfalco que busca imputar a Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, todos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, derivó de la supuesta realización de 17 transferencias irregulares en el año 2013. Ninguno ha sido detenido aún.

A ello se suman casos como el de Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero de Sefiplan, quien debe reintegrar más de 19 mil millones de pesos y litiga bajo el argumento de tener discapacidad intelectual, o el de Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Egresos, obligado a devolver más de 2 mil millones de pesos, robados al erario, cuyo proceso sigue en litigio.

Más recientemente (en diciembre del 2024) la Fiscalía informó que Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación, fue sentenciado a más de 11 años de prisión por diversos delitos de corrupción durante su gestión. Aun así, como en los demás casos de la élite duartista, persisten dudas sobre la recuperación del dinero y la reparación del daño.

“A mí nadie me ha acusado”

Durante los años en que Javier Duarte ha permanecido bajo arresto, diversos reportajes periodísticos han documentado que la red de empresas fantasma utilizada durante su gobierno es todavía más amplia de lo previamente conocido. Algunos medios han documentado una red que alcanzaría 400 empresas falsas para desviar dinero público.

Recientemente una investigación de Quinto Elemento Lab reveló un presunto desvío de 276 millones de pesos mediante empresas aparentemente irregulares o fantasma documentado por el SAT, montos que no fueron incluidos en las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En respuesta, a través de una carta publicada en su cuenta de X, Duarte afirmó:

“Es falso lo que aseveran. A mí nadie me ha acusado, ni mucho menos condenado, por haber desviado un solo centavo del erario público. Tan es así que la reparación del daño en el proceso penal que me tiene privado de mi libertad es de cero pesos con cero centavos. Si alguien me hubiera acusado de haber sustraído recursos del erario, lo conducente sería que los tendría que devolver. Es más, ni siquiera me inhabilitaron para ejercer un cargo público (que no es que quiera)”.

Duarte, quien se ha mantenido activo en redes sociales, ha sostenido todo este tiempo que ha enfrentado una condena que aceptó “bajo amenazas contra su familia” y que su caso es “meramente político”

Ante su inminente salida de prisión, organizaciones y colectivos han reiterado su exigencia a la FGR para que investigue de manera efectiva, imparcial y con debida diligencia la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada contra Javier Duarte ante la Corte Penal Internacional.

Mientras tanto, su abogado Pablo Campuzano señaló que existen sobreseimientos en dos casos penales en Veracruz, uno por desaparición y otro por usar un helicóptero del estado cuando ya no era gobernador y que “no hay manera de que se revoquen, por lo que no hay más señalamientos en su contra”.

Durante la pasada audiencia del 6 de noviembre, Javier Duarte declaró ante la jueza Ángela Zamorano Herrera que lleva nueve años sin ver a su familia y que se considera listo para reintegrarse a la sociedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

“Se llevaron a mis hijos”, madre denuncia maltrato e indiferencia de gobierno, Ejército y Fiscalía

Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.

Liliana es de Chiapa de Corzo y busca a sus hijos Emanuel Nanga Pérez y Marvin Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024 durante un operativo militar en su domicilio, de acuerdo con su testimonio.

“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.

El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años cuando se lo llevaron; en ese momento era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el Cobach 20 de Noviembre.

Liliana formó parte del grupo de madres de desaparecidos que mantuvo un plantón durante un mes frente a la Fiscalía General en Chiapas, un estado donde apenas después de asomar el impacto de la confrontación de grupos del narcotráfico con la desaparición de personas, se desvela también la existencia de fosas clandestinas masivas y un número de personas que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, es muy superior al dato oficial correspondiente al sexenio de Rutilio Escandón, primer gobernador de Morena, y del actual, Eduardo Ramírez, quien está por cumplir un año en el cargo.

La Fiscalía estatal reconoció, mediante el folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.

El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y 13 en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.

Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.

Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre desaparición en Chiapas, el 6 de noviembre último, ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera, realizada en las puertas de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Faro detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dos administraciones recientes, de acuerdo con el informe del Frayba la cifra de desaparecidos en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de mil 204 personas.

En la actual gubernatura, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta 334 casos, de los cuales 230 son hombres. 

Las principales ciudades donde se reporta ese delito son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.

La presentación de esas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.

La visita de la delegación ocurrió del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Entre esperanza y decepción

“Sólo quiero recuperar a mis hijos”, dice Liliana con la voz quebrada. “No busco culpables, sólo saber dónde están. Siento que están vivos”.

Cuenta que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.

Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero denuncia que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.

Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del Campo Militar 1, donde le respondieron que si algún elemento no se presentaba a los tres días, estaba considerado como desertor, o bien que su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, tampoco ha sabido nada de la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“Entonces, de ahí me retiro llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”

Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación; mientras, las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.

Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El bloqueo se inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.

Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares.

En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre sus casos están las de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.

“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”, narra Liliana.

El 3 de enero último presentó la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.

 “Desde entonces sólo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más”. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”

“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero sólo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho; la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas para que dejara de buscar ahí”.

La mujer de 40 años denuncia que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.

Indicios de reclutamiento

El 3 de enero último, con la ficha de búsqueda ya emitida, Liliana se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y, desde entonces, participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, refiere. 

Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Sólo se escuchan rumores”.

Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de Noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos –amigos, compañeros de futbol y de andar en bicicleta. Pedí a la Fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.

El 12 de septiembre último Liliana tuvo una reunión con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres. 

“Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina –relata Liliana”.

Para ella, fue una reunión decepcionante con el mandatario. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.