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Guerra Sucia: El AGN se declara imposibilitado para cumplir sentencia que ordena desclasificar archivos militares

Por: Draco Dracul on viernes, octubre 02, 2026 / Comentarios: 0 ,

El Archivo General de la Nación dice no tener atribuciones ni recursos para crear la comisión ordenada por un tribunal federal. Las víctimas advierten que sin esos archivos militares será imposible conocer a los responsables de la desaparición forzada

Cinco semanas después de que un tribunal federal dictó una sentencia clave para liberar los documentos relacionados con el periodo conocido como la Guerra Sucia –información que el Ejército se ha negado a entregar– el caso presenta un nuevo obstáculo: el Archivo General de la Nación (AGN), al que se le ordenó crear una comisión especial para recuperar los archivos pendientes, se declara imposibilitado para acatar la orden judicial. Con ello, casi 50 años después de esos hechos, se aleja una vez más la posibilidad de esclarecerlos.

La resolución, emitida y aprobada por dos votos contra uno por los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordena la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos dedicada exclusivamente a recuperar los expedientes que el Ejército ha mantenido ocultos sobre el periodo de represión política de 1965 a 1990.

Entre las víctimas de esas operaciones secretas se encuentra Alicia de los Ríos Merino (madre de la activista Alicia de los Ríos, quien promovió el amparo que desembocó en la sentencia). De los Ríos Merino fue vista por última vez en la Base Aérea Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero, zona donde, de acuerdo con testimonios e informes oficiales, despegaron algunos de esos vuelos.

La sentencia judicial establece que dicha comisión “deberá integrarse por personas servidoras públicas del Archivo General de la Nación y cuando menos cinco personas expertas en el tema, designados por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de detectar e investigar sin sesgos” la información a la que instancias previas no lograron acceder.


Sin embargo, en el Archivo General de la Nación aseguran que para ellos es imposible acatar la sentencia. “El problema jurídico y operativo radica en que el Archivo General de la Nación no tiene como objeto institucional, ni en alguna de sus atribuciones, el implementar esas técnicas y métodos de investigación y procuración de justicia altamente especializadas, porque sólo está destinado a ser el ente público que custodia, conserva y difunde los documentos que reciba a través de transferencias", dice Marco Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, en una comunicación escrita para Proceso.

Al emitir la resolución el 6 de agosto último, el Tribunal también estableció un plazo máximo de 90 días naturales –contados a partir de la notificación– para cumplir con la creación de la comisión; aunque hasta el 9 de septiembre, fecha en que el AGN envió a Proceso su posición, la dependencia federal no había sido siquiera notificada de la sentencia, y todo lo que conoce del caso ha sido por notas periodísticas.

Ante la problemática alrededor de la ejecutoria judicial, el AGN está considerando apersonarse jurídicamente ante el Tribunal para que "fije mejor los efectos de la sentencia".

Palafox Schmid explica que el AGN tampoco puede asumir el liderazgo de la comisión, pues “no es una instancia política ni de coordinación, es un archivo”. Y “tampoco tiene el talento humano ni recursos materiales para desempeñar dichas actividades”, asegura.

En su lugar, considera que la Secretaría  de Gobernación debería recibir dicha responsabilidad "en tanto que sí tiene atribuciones para presidir, liderar, mediar y gestionar entre las instancias privadas y entes públicos de los diversos órdenes de gobierno".

Las negociaciones con el Ejército

Pese a los intentos por liberar la totalidad de los archivos y expedientes relacionados con la Guerra Sucia (tarea en la que han participado activistas, organizaciones civiles y hasta comisiones creadas a partir de mandatos gubernamentales) hasta este 2026 aún hay múltiples documentos que el Ejército mantiene bajo resguardo sobre aquel periodo. Eso, pese a que un mandato presidencial emitido en 2019 ya ordenaba a todas las dependencias federales transferir al AGN los archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y persecuciones políticas.

Los documentos faltantes de entregar, detalla David Fernández Dávalos, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encargado de revisar esos mismos archivos militares entre 2022 y 2023, contendrían información clave sobre los responsables de la desaparición forzada de integrantes de guerrillas e insurgencias armadas. La represión de la época, señala, también alcanzó a estudiantes que se manifestaron en el 68 y el 71, así como a grupos indígenas o de pueblos originarios, sindicatos, opositores a grandes obras de infraestructura, disidencias sexogenéricas e incluso a los llamados "chavos banda".

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, del que formó parte Fernández Dávalos, intentó negociar directamente con el Ejército el acceso a esos archivos militares entre 2022 y 2023. Fernández cuenta a Proceso que los militares fueron accesibles al inicio de las conversaciones; pero al solicitar el catálogo completo del archivo (pues se percataron de que no estaba todo), comenzaron las dilaciones: carpetas que antes tenían 100 fojas eran entregadas con apenas 20, los investigadores esperaban hasta cinco horas para poder consultar documentos y, en más de una ocasión, se toparon con que los militares se excusaban en que entregar esos archivos ponía en riesgo la seguridad nacional. "Empezaron a decir: 'esas carpetas no existen', cuando ya las habían visto los compañeros (...) Arriba eran dilaciones, subterfugios, pretextos. La confrontación se daba más bien en los niveles inferiores, directamente con el encargado del archivo y con las investigadoras”, recuerda Fernández Dávalos.

Las negociaciones se interrumpieron por completo y el equipo de investigadores fue retirado por el desgaste que la confrontación les generaba. "El desgaste afectivo, anímico, era muy importante para ellos, ya no podían sostener esto. Cuando tus elementos no pueden continuar adelante con ese desgaste, pues ni modo", detalla el experto sobre el momento del quiebre.

La situación llevó a que el 22 de enero de 2024 los comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico enviaran un escrito a Félix Arturo Medina Padilla, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde le dieron cuenta de la falta de colaboración y la negativa de acceso a los acervos militares.

"Nos permitimos reunir aquí la lista puntual de archivos que no fueron abiertos, y de aquellos a los que, si bien pudimos ingresar, obstruyeron el acceso de nuestras personas investigadoras al material solicitado. Anexamos documentación que revela nuestra insistencia, ante diversas instancias, a fin de acceder a materiales que hemos considerado vitales para el esclarecimiento histórico", dice la carta enviada a Gobernación.

“Hay sobrevivientes”

Mientras el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico se topaba con la resistencia militar, Alicia de los Ríos llevaba años en un litigio similar para pedirle al Ejército información sobre la desaparición de su madre. Ambos caminos terminaron por cruzarse en una misma conclusión: los expedientes clave continuaban bajo los acervos castrenses.

Para la activista, en esos archivos estaría la información faltante para encontrar a los responsables de la desaparición de su madre:

"Es conocer las cadenas de mando. Eso se ha negado reiteradamente. Saber quién es el responsable de lo que ocurre, a los coordinadores militares de la Brigada Especial, por ejemplo. Es destrabar un paso más. Sé que va a ser un proceso difícil, donde vamos a estar nosotros insistiendo en que el Archivo General de la Nación dirija esto con un grupo de especialistas en derechos humanos y en el área militar. Pero creo que no va a ser imposible", dice a este medio Alicia de los Ríos.

Su madre, Alicia de los Ríos Merino, militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre cuando fue detenida en enero de 1978 por la Brigada Especial, un grupo conjunto de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército dedicado a la persecución de la guerrilla urbana. Fue trasladada al Campo Militar No. 1 y después a instalaciones militares en Acapulco, Guerrero (de acuerdo con testimonios recabados por comisiones de investigación oficiales), donde se le perdió el rastro. Nunca se le volvió a ver con vida y se presume que fue parte de las víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", aunque para Alicia, desclasificar los documentos implicaría mucho más que sólo eso.
“Hay sobrevivientes vivos que estuvieron en la zona (militar) 9, en Culiacán, y tampoco están esos archivos disponibles. Se ha colado uno que otro porque se traspapeló, y por eso conocemos de la gente que estuvo en el 27 (Batallón), en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Es más grande que exclusivamente los vuelos de la muerte. Tiene que ver con toda la participación de los militares con la gente que detuvieron en los estados y que mandaron al campo (militar). Hay gente que no sale del campo; entonces uno se pregunta: ¿en dónde quedó esa gente? ¿Y a los que mandaron a Pie de la Cuesta?”, cuestiona Alicia de los Ríos.
 "Aquí no hay de que es por omisión, aquí es por acción. Estamos haciendo las inspecciones, que esperamos se conviertan pronto en excavación, y ahí se develarán las estructuras que usaron, que es lo que nos falta: la identidad de las personas que perpetraron (estos hechos)", sostiene Alicia de los Ríos.

Un Ejército desobediente

Este patrón de resistencia institucional no es nuevo. La Comisión de la Verdad solicitó, vía transparencia, la investigación que el propio Ejército había realizado contra los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, dos generales del Ejército señalados como los principales operadores de los "vuelos de la muerte" desde la base de Pie de la Cuesta entre 1975 y 1981.

A la comisión, cuenta Fernández Dávalos, el Ejército le entregó solo 30% del expediente, con la promesa de completar el resto en ocho días. Cuando el equipo regresó, se lo negaron: adujeron que había una investigación abierta y exigieron la devolución de lo ya entregado.

La Comisión apeló ante el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que falló en su favor. El Ejército desacató la resolución. "Nos decían que la institución que más desacata los mandatos del INAI es el Ejército", recuerda Fernández Dávalos sobre una reunión con los propios comisionados del organismo, hoy desaparecido. Alicia de los Ríos, mientras tanto, había conseguido acceso a ese mismo expediente por la vía judicial –a diferencia de la Comisión, a la que se le siguió negando por la vía administrativa.

A esas barreras de opacidad, que por fin parecían superarse con la resolución judicial reciente, podría sumarse una más, pues la respuesta del AGN es clara al exponer que no puede integrar, y mucho menos encabezar, una nueva Comisión de Transferencia de Archivos. Y a la fecha, no hay actualizaciones judiciales que puedan vislumbrar una nueva ruta para que los expedientes militares se conviertan en públicos.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: ALDO CANEDO.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/1/guerra-sucia-el-agn-se-declara-imposibilitado-para-cumplir-sentencia-que-ordena-desclasificar-archiv-380962.html

El Ejército reconoce que la Guerra Sucia fue “completamente ilegal”

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 01, 2026 / Comentarios: 0 ,

La Brigada Blanca carecía de “sustento legal” y sus tácticas estaban “completamente fuera de la ley”; el Campo Militar #1 se usó para “detenciones e interrogatorios” ilícitos.

Entre las miles y miles de hojas ordenadas en 32 carpetas y 16 anexos que integran la investigación militar sobre los “vuelos de la muerte” se encuentran 118 páginas con el reconocimiento inédito y explícito del Estado mexicano de que en el periodo de violencia de Estado de los años 70 y 80, conocido también como Guerra Sucia, cometió múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos.

El pliego de consignación presentado por la Fiscalía Militar para acusar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro señala de manera explícita que la Brigada Blanca, grupo paramilitar integrado en esencia por elementos del Ejército a cargo de exterminar a organizaciones guerrilleras y disidentes políticos, llevaron a cabo “detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”, utilizando instalaciones diversas castrenses, como el Campo Militar #1 y la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, en donde instalaron centros clandestinos de detención.

Las “tácticas completamente ilegales” incluían las ejecuciones a sangre fría de cientos de mujeres y hombres que eran llevados a la Base Aérea Militar #7, desde donde eran “encostalados” y subidos a un avión de la Fuerza Aérea para posteriormente ser arrojados a las profundidades del mar.


A pesar de este reconocimiento, al momento de establecer quiénes fueron los responsables, el Ministerio Público Militar acomoda toda la información para que la conclusión se centre sólo en tres mandos directos de la Brigada Blanca: los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, así como el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.

Según la acusación final, no existían cadenas de mando ni jerarquías. Ningún otro militar estuvo involucrado ni fue corresponsable.

Al acusar sólo a tres militares se creó el blindaje necesario para exonerar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a otros integrantes de la cúpula militar y al Ejército mexicano como institución, a pesar de que la propia investigación dio cuenta de documentos y testimonios que comprobaban que la cacería de los grupos guerrilleros se realizaba por órdenes superiores.

Y así como no se inculparon a más responsables tampoco existen listas ni cuerpos de los asesinados, por lo que el alegato final de la Fiscalía constituye un cierre y el fin de la historia:

“Se determina el ejercicio de la acción penal contra los tres elementos militares por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un número indeterminado de personas, cuyos cuerpos fue imposible identificar por haber sido arrojados al Océano Pacífico para borrar todo indicio delictivo”.

La del 15 de septiembre de 2002 no fue una noche de festejo patrio para el abogado y mayor Andrés Cortés Ríos. Tampoco de preparativos para el desfile militar con el que sus compañeros de armas celebrarían un aniversario más del inicio de la Independencia de México.

A él le correspondía afinar y revisar las conclusiones que presentaría pocas horas después, el 16 de septiembre, al juzgado militar en el que se procesaba a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, y al mayor Alonso Barquín.

Ese día se cerraba una larga etapa de dos años y dos meses en la que él, en su calidad de ministerio público militar, había leído miles de documentos, escuchado testimonios, ordenado diligencias y recabado evidencias suficientes para consignar a esos tres altos mandos del Ejército por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de personas que fueron asesinadas y arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Para el también abogado y mayor de justicia militar había llegado la hora de procesar una de las historias más incómodas y deshonrosas para el Ejército: la llamada Guerra Sucia y los “vuelos de la muerte”, la operación de Estado mediante la cual se ordenó detener ilegalmente, torturar y asesinar a cientos de mujeres y hombres que disentían del régimen y después arrojar sus cuerpos al océano Pacífico para desaparecerlos por completo.


Los detalles los tenía en su escritorio: documentos, dictámenes, declaraciones de pilotos, mecánicos, albañiles, testimonios que contaban con escalofriantes pormenores el modus operandi mediante el cual elementos del Ejército habían llevado a cientos de personas a la base aérea de Pie de la Cuesta, Acapulco, donde las habían asesinado con un balazo en la nuca y habían subido sus cuerpos al avión israelí Arava para, finalmente, lanzarlos a las profundidades del mar.

Todo ese trabajo se resumía en el pliego de consignación que había preparado para la justicia militar: 114 páginas que también incluían la esencia de los peritajes sobre el perfil psicológico de los militares procesados, dictámenes de balística, el análisis del contenido de las bitácoras de vuelo; el estudio bioquímico aplicado a las piezas del Arava, los croquis de la Base Aérea Militar, las órdenes para otorgar ascensos y sobresueldos para quienes participaron en esas operaciones y muchos otros documentos.

Por ello, en el pliego de consignación se pedía ejercer acción penal por homicidio calificado contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso.

Además de presentar las pruebas que respaldaban la acusación, el ministerio público militar Cortés Ríos desarrolló un análisis del contexto social y político de Guerrero y del país para intentar “explicar” la violencia del Estado contra los grupos guerrilleros.

Y justo ahí se incluye la inusual confesión del Ejército del papel que desempeñó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, confesión que 24 años después adquiere relevancia especial, dado que nunca antes se había conocido un documento oficial que reconozca explícitamente lo siguiente:

La Guerra Sucia ejecutada por el Estado mexicano en los años 70 y 80 fue ilegal, la Brigada Blanca –integrada y comandada principalmente por militares– carecía de “sustento legal” y cometió múltiples delitos, usó “tácticas completamente ilegales”, realizó “cateos y reclusiones ilegales” y utilizó el Campo Militar #1 y otras instalaciones para realizar “detenciones injustificadas” y someter a los detenidos a “interrogatorios y reclusiones ilegales”.

Fábrica de Periodismo tuvo acceso al contenido íntegro de las 32 carpetas y 16 anexos de la investigación completa que el propio Ejército realizó a partir del año 2000 para esclarecer la verdad de los “vuelos de la muerte”, el mecanismo de extinción empleado para deshacerse de los “subversivos” y “enemigos” del régimen.

Realizados entre 1974 y 1979, los “vuelos de la muerte” constituyeron uno de los métodos más atroces empleados por el Ejército para acabar con la vida de cientos de mujeres y hombres.

En las más de 15 mil hojas del expediente se encuentran múltiples pruebas de quiénes, cómo, cuándo, por órdenes de quién y por qué se ejecutaron los cientos de asesinatos y desapariciones.

Las carpetas incluyen documentos, testimonios y evidencias de que los “vuelos de la muerte” formaban parte de una operación de Estado destinada a “contrarrestar la acción delictiva de los subversivos del orden”, que de ella tenían conocimiento los altos mandos del Ejército y que incluso la operación había sido aprobada personalmente por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz.


El 6 de septiembre de 1974 se hizo el primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones publicadas por Fábrica de Periodismo en un par de reportajes: Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte y Cinco años de vuelos de la muerte.

Pocos días antes de que se realizara el primer vuelo para lanzar los cuerpos sin vida al mar se desahogaban los trámites administrativos para respaldar las tareas que estaban por comenzar.

Dada la naturaleza de las comisiones, las diligencias no quedaron en manos de cualquier militar: fueron autorizadas y firmadas por los dos más altos funcionarios del Ejército mexicano en ese entonces: el secretario de la Defensa Nacional y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

El 28 de agosto de 1974, apenas una semana de que empezara el ciclo de vuelos de la muerte, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

Dejaba constancia así de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo.

El oficio, del cual se entregó copia a 24 mandos y responsables de diferentes áreas del Ejército, lo envió el general de ala Roberto Salido Beltrán, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el documento solicita que un par de tripulaciones queden destacadas a partir de esa fecha en la Base Aérea Militar #7, con el fin de realizar “relevos de aviones Arava”.

Le informa al general Cuenca Díaz que las tripulaciones “eran altamente calificadas en esta clase de material de vuelos”, y que ante la necesidad de las “operaciones que actualmente realizan los aviones Arava en la jurisdicción de la 27ª. Zona Militar”, con sede precisamente en Pie de la Cuesta, solicita que se le autorice girar las “instrucciones para que a las tripulaciones se les pagara su sueldo normal y un sobresueldo”.

Y gracias a ese documento hoy se sabe que las primeras dos tripulaciones de los “vuelos de la muerte” estaban integradas por los capitanes Carlos González Gómez, Bernardo Huicochea Alonso, Ángel Salazar Trejo y Edgar Javier Sarabia Alanís, así como por los subtenientes Margarito Monroy Candia y Juan Manuel Díaz Osorio.

Así lo había dispuesto el más alto mando militar. Era una orden. Y se ejecutó.


La acusación contra los tres militares sometidos a proceso judicial incluye un análisis del contexto político y social de Guerrero y del país en el que ocurrieron los “vuelos de la muerte”.

El ministerio público militar hace una relatoría e interpretación de las causas sociales que llevaron a la guerrilla encabezada por el profesor Lucio Cabañas a irrumpir en la historia mexicana, así como del papel de los militares acusados y de otros grupos represivos que operaron en Guerrero en los años 70.

El extenso análisis repasa los momentos que, según el fiscal militar, detonan la lucha armada de Lucio Cabañas. Cita, por ejemplo, un episodio clave: la manifestación de profesores encabezada el 27 de mayo de 1967 por Cabañas en la plaza de Atoyac de Álvarez, en la que, en respuesta a la demanda de sustitución de la directora de la escuela Juan N. Álvarez, fueron reprimidos con armas de fuego por la policía municipal.

Relata que a partir de entonces Lucio y un grupo de seguidores se remontaron a la sierra para organizar el Partido de los Pobres, con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento como su núcleo central. Dos años después, el grupo comenzó a realizar acciones para allegarse de armas y recursos económicos para mantener el movimiento.

A partir de junio de 1972, destaca la relatoría militar, el grupo armado dirigido por Lucio Cabañas llevó a cabo actos más radicales, al pasar de atacar a las autoridades policiacas a emboscar a elementos del Ejército mexicano.

El primero de estos hechos ocurrió el 25 de julio de ese año, cuando el grupo guerrillero atacó un convoy de transporte militar, con un saldo de 10 soldados muertos. El siguiente golpe al Ejército se produjo el 23 de agosto de 1972, con 18 bajas entre las filas militares.

Pero el hecho que aceleró la violencia oficial contra Lucio Cabañas y su grupo, según el informe incluido en la consignación, fue el secuestro del senador Rubén Figueroa, ejecutado por el Partido de los Pobres el 30 de mayo de 1974.

A partir de ese momento el análisis del contexto cita cientos de registros militares (radiogramas, sobre todo) que dan cuenta del despliegue militar y civil contra la guerrilla de Lucio Cabañas.

Se reconstruye, en pequeños fragmentos, el proceso de persecución de Lucio y su grupo, cuando huyen llevando a cuestas al senador Figueroa; las estrategias puestas en práctica para estrechar el cerco sobre ellos; las detenciones y traslados de los “paquetes” para su “interrogatorio” en la 27/a Zona Militar; el enorme despliegue de comandos, batallones, cientos de soldados que buscan, como se repite literalmente una y otra vez en los radiogramas militares, “eliminar a Lucio y su gavilla”.

El asesinato de Lucio Cabañas ocurre, finalmente, el 2 de diciembre de 1974, momento que se describe así: “No obstante que trató de romper el cerco, fue muerto por los disparos que le hizo el personal militar, siendo posteriormente trasladado el cadáver a la plaza de Atoyac de Álvarez, en donde fue identificado por sus familiares”.


Para el ministerio público militar, lo que pasaba en Guerrero formaba parte de un fenómeno más amplio: acciones armadas realizadas desde inicios de los años 70 por organizaciones de izquierda que “también habían adoptado la violencia como forma de lucha, sobre todo la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual llevó a cabo en 1973 secuestros y asesinatos”.

A partir de “su análisis de contexto”, el fiscal Cortés Ríos elabora lo que parece una justificación de la violencia militar:

“La fuerza militar que se usó fue empleada en el combate a los grupos subversivos que proliferaron a lo largo del territorio nacional, los cuales trastocaron severamente el orden y la paz social al dedicarse a cometer secuestros y asaltos a bancos y empresas, con la finalidad de obtener recursos económicos para financiar su movimiento social, así como atacar a los miembros de las diversas corporaciones policiacas encargadas de resguardar el orden”.

La acusación formal, el pliego de consignación contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso presentado el 16 de septiembre de 2002 constituye un contundente reconocimiento de las ilegalidades y las graves violaciones a los derechos humanos.

El “cúmulo de pruebas recabadas”, dice la Procuraduría de Justicia Militar en ese documento, permite concluir que:

  • Durante el periodo del 6 de agosto de 1975 al 8 de julio de 1979 habían realizado 30 vuelos a bordo del avión Arava 2005, hacia mar adentro, con la finalidad de arrojar los cadáveres de las personas privadas de la vida.
  • Que los primeros homicidios fueron perpetrados directamente por Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro con la finalidad de mostrarle al personal del 2º Batallón de Infantería la forma de privarlos de la vida y de arrojarlos al mar, bajo la supervisión del capitán de Infantería Francisco Javier Barquín, quien se quedó como encargado del personal de ese batallón.
  • Que para llevar a cabo los homicidios de las personas detenidas por ser parte del grupo armado que existió en el estado de Guerrero, o de tener alguna relación con él, personal de la Policía Militar planeó adecuadamente la forma de efectuarlo, como forma de proceder o borrar toda evidencia incriminatoria, ya que se proveyeron de un arma de fuego que sería utilizada precisamente para dispararle a los detenidos en la nuca, a la cual se le llamó La Espada Vengadora.
  • Que prepararon el lugar idóneo para perpetrar los homicidios, cerca de la playa, para ahogar el disparo con el sonido que provenía de las olas del mar y de un aparato de electrónico de audio al que se incrementaba el volumen en el momento preciso.
  • Que se proveyeron de costales de ixtle para colocar los cadáveres, e incluso contaban con un avión para deshacerse de los cuerpos y borrar así toda prueba incriminatoria, todo lo cual “es evidencia plena de la reflexión que tuvo que realizar el personal de la Policía Militar para llevar a cabo los homicidios, lo que demuestra la calificativa de premeditación”.
  • Que las personas a las que se les privó de la vida se encontraban detenidas, vendadas de los ojos y amarradas de las manos y ahí se les decía que se les tomaría una foto, pero en realidad lo que se les daba era un disparo en la nuca, que en la mayoría de los casos les causaba instantáneamente la muerte.
  • Que los elementos de la Policía Militar, al momento de perpetrar los homicidios, “nunca corrieron riesgo alguno ni de sufrir el más mínimo daño, era evidente la superioridad de fuerza física, de armamento y de total indefensión por parte de la víctima”, lo que comprueba el cuerpo del delito de homicidio calificado.
  • Que fue Francisco Quirós Hermosillo quien probablemente, junto con Mario Acosta Chaparro, concibió, resolvió cometer, preparó y ejecutó personalmente algunos de los homicidios calificados perpetrados en contra de personas que habían sido detenidas por formar parte o tener relación con el grupo armado que existió en Guerrero durante la década de los 70, y otros los llevaron a cabo a través del personal de la Policía Militar del 2º Batallón que se encontraba en la Base Aérea Militar #7, ya que también fungió como comandante del citado batallón del 1º de mayo de 1969 al 1º de mayo de 1977.
  • Que Quirós Hermosillo “tuvo conocimiento de los elementos objetivos o externos del delito y tuvo también la voluntad de realizar el hecho delictivo”, ya que de la mecánica en que se llevaron a cabo los homicidios se desprende que fue él quien concibió la forma en que debían realizarse, reflexionó detenidamente sobre el método más efectivo para lograr la muerte de dichas personas fuera instantánea, así como la manera de deshacerse de los cadáveres definitivamente, llegando así a la conclusión de que el mar era el mejor lugar para depositarlos.
La documentación y evidencia reunida como parte de la averiguación SC/034/2000/IV/I-E-BIS muestra la ruta que siguió el fiscal militar para probar sin lugar a dudas las atrocidades y las graves violaciones ordenadas por los más altos mandos militares y cometidas por un grupo del Ejército comisionado para cumplir esas tareas.

Sin embargo, y aunque la evidencia comprueba de manera contundente que el exterminio de los integrantes de grupos guerrilleros fue una política de Estado, el Ministerio Público Militar toma un camino que lo lleva a una conclusión mucho más limitada: tres militares, sólo ellos, a título individual, como si no fueran parte de una estructura y de una cadena de mando, fueron quienes “resolvieron cometer, prepararon y ejecutaron los homicidios”.

Para llegar a ese cierre de la investigación, el fiscal militar reconoce, sin embargo, que la creación de la Brigada Especial, conformada por varias agrupaciones policiacas y elementos del 2/o Batallón de Policía Militar al mando de Francisco Quirós Hermosillo, fue irregular.

Además, acepta que para realizar las operaciones ilegales y realizar las ejecuciones extrajudiciales “utilizaban instalaciones de diversas autoridades, incluso militares, ya que se llegaron a emplear como centros de detención, las instalaciones del mencionado Batallón de Policía Militar ubicadas dentro del Campo Militar 1, teniendo también a su disposición, el comandante del mencionado Batallón, un avión Arava de la Fuerza Aérea Mexicana”.


“A la par de las operaciones estrictamente militares que efectuaba el personal de las unidades destacadas en el combate al grupo armado, se ordenó que elementos del 2º Batallón de Policía Militar, del cual era comandante el ahora general Francisco Quirós Hermosillo y entre los cuales figuraban el mayor Francisco Javier Barquín, se dedicaran a recabar información relacionada con el grupo armado, la cual obtenían a través de los interrogatorios a las personas detenidas en la Sierra de Atoyac”.

Si bien reconoce que cuando “ocurrieron las muertes de las personas” atribuidas sólo a los tres militares mencionados había otros niveles de mando que autorizaron las acciones, prefiere navegar en la ambigüedad: lo hicieron, dice, “seguramente por órdenes superiores”, (aunque) “hasta el momento se ignora específicamente de quién emanaron”.

La argumentación de la fiscalía del Ejército revela también el esquema de operación de la Brigada Especial y destaca el caso de Acosta Chaparro: durante el gobierno de Rubén Figueroa en Guerrero (1975-1981), el general ocupó cargos civiles y militares simultáneamente: era el titular de la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco y también de la Policía Judicial del Estado y, al mismo tiempo, lideró el combate irregular del grupo guerrillero, además de mantener su adscripción a la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército.

Acosta Chaparro era una pieza clave en la lucha contrainsurgente del Estado: cruel y sanguinario, como es descrito en la acusación, comandaba los interrogatorios y torturas cometidas por los elementos del 2º Batallón de la Policía Militar con sede en la 27/a Zona Militar, en Atoyac de Álvarez, a donde eran concentradas todas las personas sospechosas de formar parte del grupo armado, “algunas de las cuales fueron mantenidas privadas de su libertad durante prolongados periodos de tiempo”.

A partir de mediados de 1975, asienta el documento, las personas detenidas empezaron a ser trasladados a las instalaciones de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, “en donde eran introducidos a una especie de casa o bungalow que se encontraba en la playa que da hacia el Océano Pacífico y ya ahí el personal de la Policía Militar sometía a interrogatorio a los detenidos, siendo posteriormente a tales interrogatorios que los mencionados detenidos, a altas horas de la madrugada y con los ojos vendados y las manos amarradas…”.

“Sólo obedecíamos órdenes superiores”

En una de las 32 carpetas de la investigación constan los registros documentales de las órdenes de aprehensión liberadas el 25 de septiembre del año 2000 y las primeras respuestas de los detenidos, a través de sus abogados de oficio, al Ministerio Público militar.

Su primera reacción es negar las imputaciones; la segunda, solicitar la “extinción de la acción penal por prescripción”. Ninguna de las dos les es concedida, por lo que el proceso judicial sigue.

La respuesta de Acosta Chaparro a través de su abogado es esperable: “Niega categóricamente haber participado en los hechos delictivos que se le imputan, negación que hace porque son falsos, sobre todo en las imputaciones directas que se le hacen. Por el momento no es su deseo contestar a las preguntas…”.


Quirós Hermosillo responde, por su parte, que “por el momento no es su deseo declarar, por lo que se acoge al contenido de la fracción segunda del Art. 20 constitucional para solicitar que en una fecha posterior se le reciba su declaración”.

Semanas después, el 31 de octubre de 2001, Quirós Hermosillo acude a las instalaciones de los juzgados militares, en donde el Ministerio Público le informa que el motivo de la diligencia es que rinda su declaración, ahora ya en calidad de indiciado

De propia voz, de nuevo niega “categóricamente los hechos que se me imputan”. Aunque esta vez acompaña a su declaración verbal con un escrito a mano de siete páginas.

Y pide que se recabe la declaración de cinco generales de División como testigos: Salvador Rangel Medina, Eliseo Jiménez Ruiz, Francisco Andrade Sánchez, Enrique Cervantes Aguirre y Luis Humberto López Portillo Leal.

Solicita sus testimonios, argumenta Quirós Hermosillo, porque en la época en que ocurrieron los hechos todos ellos eran parte de la cúpula militar: los tres primeros fungieron como comandantes de la 27/a Zona Militar; y el general López Portillo Leal era subjefe del Estado Mayor de la misma zona militar, “por lo que cualquier actividad que desarrollara el de la voz, al mando de tropas, debió ser del conocimiento de las personas mencionadas”.

Intentan interrogarle, pero Quirós Hermosillo les recuerda que no desea contestar ninguna pregunta y que lo que tiene que declarar se encuentra en forma detallada en el manuscrito.

Con una caligrafía de líneas y tamaños casi perfectas y todas en mayúsculas, comienza negando que haya estado y dirigido operaciones en Atoyac, Guerrero. En esa época, argumenta, ocupaba el cargo de comandante interino del 2º Batallón de la Policía Militar, con sede en el Campo Militar #1, en la Ciudad de México.

Niega las imputaciones y trata de lanzar una contraofensiva jurídica. Pide investigar la cadena de mando de la estructura militar. Busca demostrar que, en todo caso, su actuación estaba supeditada a sus superiores.

“Dependía directamente del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para comprobar lo anterior se puede recurrir a los testimonios de los generales de División DEM retirados: Alberto Sánchez López, Ramón Mota Sánchez y Mario Oliver Bustamante, quienes fungieron como jefes del Estado Mayor de la Sedena cuando yo era comandante del 2º Batallón”.

Aprovecha para deslindar a Acosta Chaparro quien, asegura, no pertenecía a la unidad a su mando ni estaba comisionado o agregado. Y da otro jalón a la cadena de mando hacia sus mandos militares.

Las acusaciones, dice, “me obligan a solicitar que la representación social militar, llame a declarar a las personas que por su jerarquía fungieron en aquella época como comandantes de la 27ª ZM”.

Para reforzar su demanda en su manuscrito, le cita al Ministerio Público Militar el artículo 64 de la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece que las funciones que desempeñan los militares deberán estar de acuerdo con la jerarquía, según les sea fijado en las unidades, dependencias e instalaciones a donde se les haya asignado.

“Jamás he pertenecido a una unidad, dependencia o instalación bajo la jurisdicción de la 27/a ZM en Acapulco, Gro”.

Durante los años en que estuvo detenido, sujeto a ese proceso penal, insistió en que se citara a declarar a miembros de la alta jerarquía del Ejército. Quirós Hermosillo intentó una y otra vez jalar los eslabones de la cadena de mando del Ejército hasta que la muerte lo detuvo en noviembre del 2006.

Buscaba demostrar que, en todo caso, los hechos que se le imputaban eran ordenados por estructuras superiores a ellos.


La investigación en su conjunto buscó evitar la vinculación de esos crímenes de lesa humanidad con las estructuras jerárquicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ni los mandos superiores ni la institución tenían que mancharse con la sangre de los asesinados.

“Siempre se tiende a desestimar la responsabilidad institucional del Ejército en las graves violaciones de derechos humanos y se atiende más a teorías de que existen unas cuantas manzanas podridas dentro”, dice César Contreras León, abogado y parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La Guerra Sucia y los “vuelos de la muerte”, así como las operaciones “Telaraña” y “Luciérnaga” e incluso el papel del Grupo de Tareas Zorba o la misma Brigada Especial o Brigada Blanca, comenta, son parte de un plan de contrainsurgencia diseñado y orquestado por el Estado y la Sedena.

“Es imposible que los responsables fueran sólo esas tres personas. Fue una estrategia amplia, con inteligencia, con vigilancia constante, con personas infiltradas, con retenes, con helicópteros, con gran cantidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos de la época. Hay que reunir las piezas de ese rompecabezas para entender que era una política de terror implementada por el Estado mexicano”.

El juicio contra los tres militares por su responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de mujeres y hombres se enredó en los laberintos de la justicia castrense, en los que tenían eco los reclamos de los militares juzgados: si los procesaban, tendrían que juzgar a quienes estaban por encima de ellos.

Sin embargo, el proceso al que fueron sometidos por sus vínculos con el narcotráfico sí avanzó. En el segundo semestre del año 2002 se instaló un Consejo de Guerra para juzgarlos por esos delitos.

Juan Veledíaz, periodista y especialista en temas militares en México, estuvo presente todos los días en que se llevó a cabo el Consejo de Guerra contra los generales por sus nexos con el tráfico de drogas.

En su libro El general sin memoria, Veledíaz cuenta que en la última defensa que realizó Quirós Hermosillo frente a sus juzgadores para detener las acusaciones por las desapariciones en Guerrero “culpó al general Jaime Antonio López Portillo de filtrar a la prensa información de aquellos sucesos”.

Veledíaz recrea en esas páginas una escena para la historia: “Un silencio cayó como lona aquella tarde de noviembre del 2002 en la sala del Consejo de Guerra del Campo Militar Número Uno. Era como si los asistentes hubieran quedado sepultados bajo el peso de una capa invisible que los tenía aguantando la respiración. Una voz se escuchó hasta los pasillos y rompió con todo”.


“De pie, un hombre entrado en canas, ataviado con el uniforme de gala azul zeta del Ejército, luciendo en las hombreras el águila real del escudo de la bandera nacional con tres estrellas bordadas en oro que lo acreditaba como general de División, comenzaba su alocución con una frase que dejó helados a buena parte de los presentes”.

Quirós Hermosillo, el oficial de artillería que se cambió a infantería y que se ganó sus ascensos por su papel en el combate a la guerrilla, el militar que con su más de metro 80 de estatura intimidaba a cualquiera –continúa el relato de Veledíaz–, tenía sorprendido a todo mundo cuando se paró mirando de frente al estrado donde estaban los seis miembros de la corte marcial que lo juzgaban.

“Era la última audiencia y le tocaba turno para defenderse en público. Había transcurrido toda una semana de diligencias a puerta abierta, donde habían salido a relucir episodios desconocidos de la vida interna de la milicia. Fueron días en que la histórica secrecía del ejército mexicano se rompió y abrió una grieta por donde varios altos mandos fueron exhibidos en sus relaciones con los jefes del narcotráfico en México.

“Esa tarde Quirós Hermosillo se guardó todo lo que había hecho detrás de las ‘órdenes superiores’ que recibió de varios presidentes de la república y secretarios de la Defensa Nacional”.

Y dijo la frase que retumbó en los muros del Campo Militar: “Si hablo, provocaré una crisis de seguridad nacional”.

La advertencia se diluyó con el tiempo. Quirós Hermosillo jamás habló.


Llaman a Sheinbaum a saldar deuda pendiente con víctimas de la "Guerra sucia"

Por: Draco Dracul on viernes, noviembre 21, 2025 / Comentarios: 0 ,

La historiadora Eugenia Allier Montaño, exintegrante del MEH, insiste en el llamado a la presidenta a retomar los trabajos de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990.

A poco más de un año de haber concluido el mandato de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, las víctimas de ese periodo, conocido como “guerra sucia”, continúan en la espera de que sean atendidas sus demandas sostenidas durante décadas, alerta Eugenia Allier Montaño, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH). 

Entrevistada en víspera de la realización del encuentro “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, en el que se contempla la participación de representantes de colectivos de víctimas, Allier Montaño lamenta que autonombrándose “hija del 68”, hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum no ha atendido a ese sector históricamente relegado.

“El encuentro es un llamado de atención de nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que como ella lo ha mencionado, pues es hija del 68 y bueno, decirle que ahí están los reclamos presentes. 

“Ella se reunió con el Comité Eureka, pero el Comité Eureka no es el único colectivo y, además, pues no solamente es reunirse con ellos, hay que hacer acciones concretas que lleven a cumplir las demandas de los colectivos”, considera la historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sede el encuentro de colectivos de familiares y sobrevivientes. 

Como integrante del MEH, Allier Montaño coordinó el informe “Verdades Innegables”, una investigación que documenta mil 103 casos de desapariciones forzadas y logra identificar la responsabilidad 2 mil 200 funcionarios como responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de la documentación de 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

“Verdades Innegables” da cuenta de la violencia del Estado contra los sectores político-militares de la época, recurrió a 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

El documento coordinado por la historiadora fue el único reporte públicamente aceptado por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó la creación de la Coveh.  

Otros tres comisionados, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, fueron responsables del informe “Fue el Estado”, que aborda violaciones a derechos humanos contra otros sectores sociales cometidos entre 1965 y 1990. 

A poco más de un año del cierre de la Coveh,“el balance desafortunadamente no es positivo, el nuevo gobierno federal ha perdido la oportunidad de retomar este trabajo que ya existía para a partir de eso seguir profundizándolo”, considera Allier Montaño. 

La investigadora resalta que no sólo “no se ven resultados” de las reuniones que han sostenido colectivos de víctimas de atrocidades cometidas durante la llamada “guerra sucia”, sino que durante este último año hubo eventos que los agraviaron, como el homenaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al general Hermenegildo Cuenca Díaz, quien dirigió parte de la política de aniquilamiento de los grupos insurgentes, y recientemente al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa.  

“Es una vergüenza, que no sólo no se realizan los reconocimientos necesarios respecto a las graves violaciones de derechos humanos, el nuevo gobierno no ha reconocido el trabajo de la Comisión, no lo ha retomado y está permitiendo estos otros actos conmemorativos”, señala indignada. 

En el caso reciente del homenaje al natalicio de Rubén Figueroa, realizado por el gobierno de Evelyn Salgado, Allier Montaño abundó que “es para no creerse, uno de los personajes centrales en la represión en Guerrero y se le realiza un reconocimiento, en lugar de estar reconociendo a la gente que luchó por cambiar esta sociedad y que además sufrió una violencia de Estado desmedida”. 

Tras señalar que el principal objetivo del encuentro de colectivos es “visibilizar” a las víctimas de la represión de Estado, la investigadora puntualiza que, si bien hay distintas demandas entre los colectivos, la central es la misma que hace más de 50 años, justicia.  

“Para ellos y ellas es mucho más importante la justicia, la búsqueda de las personas desaparecidas y la reparación. Es fundamental que haya justicia, que pueda haber distintas formas de justicia, lo sabemos también por otros países, a veces no es el momento por distintas circunstancias en que se pueda realizar la justicia penal, pero pueden realizarse por lo menos juicios simbólicos que den mensajes claros a la sociedad, y eso tampoco se está realizando. Y por supuesto, aparte de la justicia, la cuestión de la búsqueda es fundamental”, resalta. 

Eugenia Allier alerta que, desde el primer gobierno de la alternancia política con Vicente Fox, que creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que no judicializó la mayoría de los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el periodo de la “guerra sucia”, se ha pasado por alto que esa deuda pendiente con el pasado  ha tenido consecuencias en el presente, que en parte explican el incremento de la violencia criminal y de desapariciones, que ya suman más de 130 mil. 

“No saldar las cuentas tiene impactos en todos los sentidos, en la localización de las personas desaparecidas, en la justicia; la impunidad que vivimos en este país, violencia, que, si bien la que genera la violencia que estamos viviendo hoy, pero la permite de alguna manera que siga existiendo porque si hay impunidad respecto al pasado, pues qué más da, podemos hacer lo que sea”, considera la historiadora.  

En cuanto a la deuda histórica en materia de reparación del daño, Allier Montaño apunta que “es un problema no solo para el pasado, sino también para el presente, y debería ser un reconocimiento no solamente de lo que se está viviendo hoy en el país, sino de las graves consecuencias que vivir con la violencia de Estado ha tenido para muchísima gente que viene pues desde la ‘guerra sucia’”. 

Reconoce que, sin duda, ante los grandes problemas nacionales, “definitivamente, una de las dificultades que puede enfrentar el gobierno federal es que, al reparar, digamos, económicamente a quienes vivieron la violencia de Estado de la ‘guerra sucia’, pues es que también tiene que reparar a todas las víctimas del presente que son miles, lo sabemos”. 

Sin embargo, agrega, “también se puede solventar de otras maneras. ¿Por qué no generar, mejor, programas sociales específicos, programas médicos específicos para ayudar a la gente? No con dinero, no dándole una cantidad exclusivamente, sino facilitando el acceso a la salud pública de todas las personas, pues eso, que viven con secuelas psicológicas, emocionales, físicas, y que lo están viviendo hoy”. 

Insiste en el llamado a la presidenta a retomar los trabajos de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, y saldar la deuda que tiene México con su pasado.  

“La Comisión no era un capítulo en mi vida, parte de mi compromiso con los colectivos y sigue siendo”, concluye Eugenia Allier Montaño al invitar a las nuevas generaciones a conocer el pasado de México reciente a través de los informes de la Coveh y de los testimonios de las víctimas.  

El “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, se lleva a cabo en el auditorio Pablo González Casanova del IIS de la UNAM, y puede ser seguido a través de sus redes sociales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Guerra sucia: 48 años de la desaparición forzada de Rafael Ramírez Duarte

Por: Draco Dracul on lunes, junio 09, 2025 / Comentarios: 0 ,

Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría.

Desde hace 48 años el paradero de Rafael Ramírez Duarte es desconocido. Es una de las víctimas del periodo de la "guerra sucia"; fue secuestrado por la Brigada Blanca, estuvo recluido y fue torturado en una cárcel clandestina del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, por ser un hombre de “ideas peligrosas".
"Seguimos extrañándote, necesitándote y exigiendo verdad, memoria y justicia”, se lee en un comunicado publicado este 9 de junio, por los familiares de Rafael Ramírez Duarte, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el documento criticaron la ceremonia del pasado 12 de mayo, para la colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), señalado de autorizar “los vuelos de la muerte” durante la Guerra Sucia:  

“En vez de recordarles y honrarles a ustedes, se decide honrar a personajes tan siniestros como Hermenegildo Cuenca Díaz, encargado de operar las desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría. Esto pese a que tenemos una presidenta que en su juventud adoptó tu causa”.  

El homenaje contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de la plana mayor del Ejército, bajo mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.  

“Nos dicen que las desapariciones ya no son como antes, pero siguen impunes como antes y duelen igual que antes; porque seguimos sin saber dónde están, sin ver condenados a quienes se los llevaron. (...) La desaparición forzada también está sucediendo ahora. (...) No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, finaliza el comunicado.  

Rafael, ¿dónde estás?

Rafael Ramírez Duarte nació en 1948 en Zirándaro, Guerrero. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es hijo de doña Delia Duarte, esposo de Sara Hernández y padre de Pavel y Tania Ramírez.  

Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la "Guerra sucia", durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. 

Desde aquel 9 de junio, Rafael sigue desaparecido, mientras sus familiares siguen exigiendo una respuesta por parte del Estado mexicano, así como castigo a los responsables. 

Archivo histórico de la "Guerra sucia"

Durante las décadas de los sesenta y setenta, México tuvo una severa crisis de derechos humanos y falta de libertades democráticas.  

Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, controlaron el país bajo una serie de políticas represivas para combatir cualquier movimiento u organización social, considerada opositora.  

Como parte de estos esfuerzos, surgió la "Guerra sucia", un periodo donde el Ejército, la policía y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura, secuestros, asesinatos, abuso sexual, desapariciones forzadas, entre otros.  

Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979, las fuerzas militares utilizaron los “vuelos de la muerte” para deshacerse de los cuerpos.  

Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran. 

Varias víctimas eran activistas o personas bajo sospecha del Estado. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, al frente de estas operaciones estuvieron Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, miembros de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca.  

La Brigada, conformada por 240 elementos provenientes del Ejército Mexicano, la DFS, la Procuraduría General de la República, entre otros, buscaba exterminar organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, un conglomerado de agrupaciones políticas que buscaban convertirse en un bloque socialista. 

Los archivos históricos también señalan a Hermenegildo Cuenca Díaz como el principal firmante de las órdenes de “exterminio” que acabaron con la vida de numerosos opositores al régimen más corrupto y sanguinario que ha tenido México, de acuerdo con “El País”, en referencia a la Guerra Sucia que dejó 10 mil víctimas.  

Algunas de las víctimas comenzaron a denunciar la existencia de estas prácticas, sin recibir apoyo de vías legales o una respuesta por parte de las autoridades, lo que dio como resultado varios colectivos de búsqueda y justicia que permanecen hasta la actualidad. 

A pesar de que el gobierno negó los actos atroces cometidos por elementos del Estado, “hoy en día, gracias a la liberación de los expedientes de la DFS y su acceso público en el Archivo General de la Nación, se confirma su existencia”, señala el Gobierno de México.  
“Estos documentos son fundamentales para reconstruir los eventos del pasado que intentaron ser borrados por diversas instituciones de inteligencia, y que hoy siguen siendo relevantes (...) para garantizar el derecho a la memoria y la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de violaciones a los derechos humanos”, añade.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechazan homenaje del ejército a Hermenegildo Cuenca, militar que autorizó vuelos de la muerte

Por: Draco Dracul on jueves, mayo 15, 2025 / Comentarios: 0 ,

Organizaciones de derechos humanos rechazaron que la Secretaría de Defensa Nacional rindiera un homenaje al general Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la Defensa que autorizó el programa clandestino de los “vuelos de la muerte” y que estuvo implicado en el “Plan Telaraña” durante la llamada Guerra Sucia, en el sexenio de Luis Echeverría.

“Lamentamos que se tribute al firmante en 1971 del ‘Plan Telaraña’ y mando durante los ‘Vuelos de la Muerte’, señalado por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos por el propio Estado”, publicó en sus redes sociales el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

“El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”, señaló a su vez la organización Fundar.

Por su parte, Artículo 19 condenó la ceremonia, organizada para trasladar los restos fúnebres de Cuenca en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, al enaltecer a “uno de los implicados en el ‘Plan Telaraña’, y cuya responsabilidad en violaciones a derechos humanos fue señalada incluso por el mismo Estado”.

Se conoce como “vuelos de la muerte” a la práctica en la que integrantes del ejército transportaban a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, a personas consideradas como disidentes políticas. Como explica el Centro Prodh, allí las víctimas eran ejecutadas arbitrariamente, y los militares realizaban vuelos nocturnos para arrojar sus cuerpos al mar para desaparecer su rastro. La práctica fue realizada de manera sistemática por lo menos durante seis años, durante la década de los años 70.

El primer vuelo de la muerte del que se tiene registro se realizó el 6 de septiembre de 1974. Días antes, el 28 de agosto de 1974, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz había firmado la autorización del programa contra las guerrillas, con la leyenda “APROBADO”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defensa rinde homenaje a Hermenegildo Cuenca Díaz, general que autorizó los vuelos de la muerte

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 14, 2025 / Comentarios: 0 , ,

En el evento estuvo presente María del Rosario Cuenca Acosta, hija del general Hermenegildo Cuenca Díaz.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó el homenaje y la ceremonia de colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), a quien se le señala de autorizar los vuelos de la muerte durante la guerra sucia.

En el evento estuvo presente María del Rosario Cuenca Acosta, hija del general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Los restos fúnebres del general Cuenca Díaz fueron depositados en el Panteón Dolores de la Ciudad de México el pasado lunes 12 de mayo, asimismo se realizó la develación de placas para honrar la memoria del capitán Ignacio Luis Barba y al alumno Juan Rico.

El general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, destacó que Cuenca Díaz es un personaje de incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las fuerzas armadas.

Reconocido por su carácter estricto y firme, antepone su actuación ética, profesional y honesta a su perseverancia, su talento renovador, a su autoridad, la intransigencia de sus convicciones. Esta es en apretada síntesis, la amalgama humana del general Hermenegildo Cuenca Díaz, expresó.

Artículo 19 rechazó el homenaje que se realizó a Cuenca Díaz, por ser “uno de los implicados en el ‘Plan Telaraña’, y cuya responsabilidad en violaciones a derechos humanos fue señalada incluso por el mismo Estado”.

Asimismo, Fundar criticó el homenaje: “El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”.

¿Quién es Hermenegildo Cuenca Díaz, general que autorizó los vuelos de la muerte?

El Ejército mexicano, durante la Guerra Sucia, realizó 54 vuelos y desapareció 350 personas en el mar. Mejor conocidos como los vuelos de la muerte. De acuerdo con los periodistas Jacinto Rodríguez Munguía, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna, en su investigación “Cinco años de vuelos de la muerte”, el Ejército desarrolló con bitácoras y documentos sobre estos hechos.

En su texto señalan que la operación para asesinar y arrojar los cuerpos de cientos de disidentes al mar fue autorizada por el más alto mando militar: el secretario general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Asimismo, en dichas bitácoras se indica el atroz modus operandi de la ejecución y de cuántos vuelos fúnebres salieron de la Base Aérea Militar #7, con sede en Pie de la Cuesta, Guerrero.

El 6 de septiembre de 1974 se hizo primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones a las que Fábrica de Periodismo ha tenido acceso.

Para el 28 de agosto de 1974, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

De esta forma, había constancia de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar mexicana y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo, indica el reportaje de Jacinto Rodríguez, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna.

Tres meses después del inicio de los vuelos de la muerte, durante los cuales realizó al menos 10 “traslados” al mar, la primera tripulación del Aravá matrícula 204 fue recompensada con un ascenso por acuerdo directo de Cuenca Díaz.

El vínculo de Cuenca Díaz con la Guerra Sucia fue revelado después de que, por órdenes de Vicente Fox en su sexenio, hace más de 20 años, el Ejército realizara una investigación inédita a sí mismo sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 50 años después, recuperan cinco cuerpos de campesinos ejecutados por el Ejército

Por: Draco Dracul on sábado, diciembre 07, 2024 / Comentarios: 0 ,

La Fiscalía de Guerrero entregó los cuerpos de cinco personas ejecutadas por militares cuando buscaban a guerrilleros de Lucio Cabañas. Entre las víctimas está un menor de 14 años de edad.

Tuvieron que pasar más de 50 años para que cinco familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos que fueron fusilados y sepultados en fosas clandestinas por el Ejército en lo alto de la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) entregó los cuerpos de José Isabel Rojas Bernardino, Apolonio Hernández Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Pablo Rojas Terán, que tenía 14 años cuando fue asesinado al salir a buscar a su papá Francisco Rojas Nazario.

Rosario Piedra Ibarra descalifica lista de los vuelos de la muerte; “yo tengo otros datos”

Por: Draco Dracul on sábado, noviembre 30, 2024 / Comentarios: 0 ,

La titular de la CNDH aseguró que la lista, integrada por familiares de desaparecidos, "tiene una serie de imprecisiones".

En Atoyac de Alvarez, Guerrero, el epicentro de las desapariciones forzadas en la guerra sucia tras la muerte de Lucio Cabañas, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, descalificó las listas de los vuelos de la muerte que familiares de las víctimas presentaron en agosto pasado.

Elimina Segob de su informe final violencias destapadas por la comisión de la verdad de la “guerra sucia”

Por: Draco Dracul on viernes, octubre 04, 2024 / Comentarios: 0 , ,

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico documentó la represión ejercida entre 1965 y 1990 contra grupos considerados peligrosos para el orden social que antes no habían sido documentados, como la comunidad LGBTTTI+, trabajadoras sexuales, periodistas críticos u opositores a megaproyectos que, incluso, fueron arrojados en los “vuelos de la muerte”. En respuesta, la Secretaría de Gobernación acusó a los comisionados de exceder sus funciones, y mutiló su contribución al informe final y borró a cientos de víctimas de la “guerra sucia”.

Los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) fueron omitidos por la Secretaría de Gobernación cinco días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La polémica en torno a la inclusión de otras víctimas de violencias del Estado que no eran luchadoras sociales o integrantes de grupos guerrilleros fue aprovechada por las autoridades para desestimar, ignorar cuatro tomos y reducir de 6 mil páginas a solo ocho el informe final “Fue el Estado 1965-1990”, realizado por tres de los cuatro comisionados de dicho mecanismo.

Expertos de la Comisión de la Verdad acusan al gobierno de AMLO de desconocer su informe de la Guerra Sucia

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 30, 2024 / Comentarios: 0 ,

Tres expertos de la Comisión de la Verdad acusaron al gobierno de AMLO de solo difundir un resumen ejecutivo de ocho páginas de su informe que contiene más de 5 mil hojas, además de no tomar en cuenta a más del 50 % de víctimas que ellos contabilizaron.

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad (MEH) acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de desconocer su informe sobre la Guerra Sucia y a más de 4 mil víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos entre 1965 y 1990.

A un día de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tres expertos que coordinaron el MEH lamentaron que la Segob no publicó completo su informe de casi 5 mil hojas, y en lugar de eso solo difundió un breve resumen de ocho páginas.

El informe de la Comisión de la Verdad se queda en la Oficialía de Partes de Presidencia ante rompimiento con el gobierno

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 27, 2024 / Comentarios: 0 ,

Aunque la Comisión de la Verdad empezó su trabajo con todo el apoyo del presidente, en la recta final del sexenio Andrés Manuel López Obrador ni siquiera recibió el informe de la Guerra Sucia por un rompimiento con los expertos que lo elaboraron.

“Estamos viviendo nuevos tiempos y yo creo que este acto es una prueba de que se está cambiando (…)  no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar el banderazo de salida a los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia.

El presidente dijo estas palabras en junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes que ocurrieron entre 1965 y 1990. El esclarecimiento de los hechos de la llamada Guerra Sucia fue una de las principales promesas de López Obrador al arranque de su gobierno.

Entregan a AMLO informe “Fue el Estado” sobre violaciones a derechos humanos durante la "Guerra Sucia"

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 25, 2024 / Comentarios: 0 ,

Tres de los cuatro comisionados que formaron parte de la Comisión de la Verdad para los casos de violaciones a derechos humanos de 1965 a 1990 entregaron el informe en la Oficialía de Partes de la Presidencia ante la falta de certeza de que el presidente lo haya recibido.

Ante la falta de certeza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido el informe “Fue el Estado”, relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990, comisionados responsables del documento entregaron un ejemplar en la Oficialía de Partes de Presidencia de la República.

La opacidad en la Sedena: “El mando mayor no permite que les entreguemos los archivos”

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 25, 2024 / Comentarios: 0 , ,

Parte del equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) relata las tácticas de obstrucción a las que se enfrentaron al consultar expedientes de la Dirección General de Archivo e Historia del Ejército mexicano. Detectaron expedientes mutilados y alterados.

Por más de un año en que el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inspeccionó y revisó diversos documentos del archivo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó, mutiló y alteró un número aún indefinido de expedientes que podrían inculpar a esta institución en graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra sucia”.

Revelan 300 mil documentos de la "guerra sucia" en México entre 1965 y 1990

Por: Draco Dracul on domingo, septiembre 15, 2024 / Comentarios: 0 , ,

El Centro Nacional de Inteligencia de México entregó al Archivo General de la Nación fotografías, documentos, cintas de video, microfichas, microfilms y 215 mil tarjetas con datos de grupos guerrilleros, actores políticos, sociales, sindicales y activistas.

El Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 300 mil 986 documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) con fotografías, documentos, cintas de video, microfichas, microfilms y 215 mil tarjetas fechados entre 1965 y 1990 con datos de grupos guerrilleros, actores políticos, sociales, sindicales y activistas relacionados con la guerra sucia, el terrorismo de Estado contra la oposición política.

"Es toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción", indicó el AGN, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Fracasa comité de justicia de la ‘guerra sucia’; otro sexenio de impunidad

Por: Draco Dracul on viernes, agosto 30, 2024 / Comentarios: 0 , ,

Sin apoyo económico ni político para establecer acuerdos con la FGR, el Comité para el Impulso a la Justicia se quedó sin integrantes en julio de 2023. Después de que la Coordinación General de Investigaciones también fuera desmantelada, los casos del periodo han sido trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

En la Fiscalía General de la República (FGR) hay 245 averiguaciones previas de personas desaparecidas durante la “guerra sucia”, pero durante meses solo dos agentes del Ministerio Público fueron asignados a su investigación. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar prioridad a estos casos, el comité que debía resolver procesos estancados desde hace 50 años fracasó, junto con la promesa de justicia.
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