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Senado ratifica 342 ascensos en la Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante, destacó que nueve de los nombramientos corresponden a mujeres militares, quienes alcanzan el grado de general brigadier y coronel de Servicio

En sesión vespertina, el Senado de la República ratificó 108 ascensos de integrantes de la Armada de México y 234 del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. 

El dictamen aprobado ratifica 108 ascensos navales a grados superiores de integrantes de la Armada de México, de los cuales cuatro corresponden a almirantes, ocho vicealmirantes, 30 contralmirantes y 66 capitanes de navío. 

Asimismo, los senadores avalaron por unanimidad 234 ascensos de diversos grados del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los cuales son de generales, coroneles y tenientes coroneles, que serán conferidos el 20 de noviembre de 2026.  

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante, destacó que nueve de los nombramientos corresponden a mujeres militares, quienes alcanzan el grado de general brigadier y coronel de Servicio.

Pese a que todas las fuerzas políticas apoyaron los dictámenes, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que el Senado tiene dentro de sus atribuciones la ratificación de estos importantes ascensos, por lo que, consideró, es fundamental tener acceso a datos más detallados de los perfiles.  

“A diferencia de experiencias pasadas, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional puso a nuestra disposición, para consulta de manera directa, los expedientes de los elementos que se están proponiendo para este ascenso, hecho que, sin duda, queremos reconocer hace una diferencia enorme. 

“Sin embargo, queremos señalar también que nos parece fundamental que, por tratarse de este nivel de responsabilidades, nosotros queremos insistir en la importancia de revisar este proceso. 

“Recordar que es sólo el Senado, sólo esta Cámara, quien tiene bajo sus funciones la ratificación de tan importantes ascensos; no la Cámara de Diputados, no ningún otro ente, ningún otro órgano, salvo este Senado”, dijo.

SEMAR detiene en Veracruz al “Panda”, presunto líder regional del CJNG

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) detuvieron a Samuel De la Cruz Anaya, alias “Panda”, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Coatzacoalcos, Veracruz. El Gabinete de Seguridad informó la captura el 4 de noviembre de 2026 a través de su cuenta en la red social X.

Al momento de la detención, De la Cruz Anaya tenía en su poder 398 mil pesos en moneda nacional, un vehículo, teléfonos celulares y otros objetos, que le fueron asegurados.

Según el Gabinete de Seguridad, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y está relacionado con los delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

La SEMAR informó que, mediante labores de inteligencia naval y seguimiento de información, conoció las actividades, la presencia delictiva y las áreas de operación del presunto líder criminal en la región sur de Veracruz. Las investigaciones establecen que la célula encabezada por De la Cruz Anaya tiene presencia en los municipios veracruzanos de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La captura se enmarca en la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, bajo la cual las autoridades federales han detenido a 163 personas en ese municipio. “Esta detención forma parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual se ha detenido a 163 personas y se ha generado una afectación económica estimada en 40 millones de pesos a estas organizaciones”, indicó el Gabinete de Seguridad.

“Con estas acciones se debilitan las estructuras criminales, se reduce su capacidad para cometer delitos y se avanza en la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias de Veracruz”, agregó el Gabinete de Seguridad en el mismo mensaje.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/semar-detiene-en-veracruz-al-panda-presunto-lider-regional-del-cjng/

Corte avala procedimiento de la Ley de Ciencias y presencia de las Fuerzas Armadas

La resolución determinó que la intervención de las Fuerzas Armadas se justifica por su presupuesto para desarrollo tecnológico y aclaró que no tomarán decisiones de orden militar, sino de coordinación académica y civil

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el procedimiento legislativo de reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como la participación de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) en órganos de decisión en materia científica del país.

Con una mayoría de siete votos, el tribunal desestimó los reclamos promovidos por grupos de legisladores de oposición, quienes solicitaban anular la norma por considerar que existieron faltas en el trámite parlamentario en el Senado y que la participación militar en el sector afectaba el marco constitucional.

El proceso legislativo y el cambio de sede

En la demanda, impulsada por las minorías parlamentarias, se argumentó la invalidez total del decreto a causa de las condiciones en las que se desarrolló la sesión del 28 de abril de 2023, cuando la Cámara de Senadores trasladó los trabajos al edificio alterno de la Casona de Xicoténcatl.

Al analizar este procedimiento, la Corte concluyó que el hecho de que la sesión se llevara a cabo en el patio central y no en el salón de sesiones no generó una violación al proceso legislativo.

Del mismo modo, el máximo tribunal concluyó que “no se cuenta con elementos para considerar que, razonablemente, era inviable llegar a tiempo para la discusión y votación, ni que, por tanto, se pudiera tener por materialmente excluidas a las minorías del Senado”.

Presencia de Sedena y Semar en la Junta de Gobierno

Respecto a la objeción sobre incorporar a representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la Junta de Gobierno —el órgano colegiado encargado de la planeación general en materia científica—, la resolución del alto tribunal determinó que “ambas secretarías no tienen capacidad de controlar política científica nacional ni de militarización ni de militarizar la investigación”.

“Respecto de la intervención de las secretarías de Marina y Defensa Nacional en la Junta de Gobierno, lo cierto es que su participación se justifica en razón de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos en los que puedan participar con un presupuesto asignado para tal efecto, por lo que no intervienen para tomar decisiones de orden militar, sino sobre política científica y tecnológica”, dijo la ministra María Estela Ríos González.

Asimismo, el análisis avalado por la Corte señala que la representación de ambas secretarías conforma una minoría dentro del conjunto de integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que debe trabajar de forma coordinada con las demás dependencias públicas y las representaciones de la comunidad académica y de los sectores social y privado. 

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/scjn-ley-ciencias-militares-junta-gobierno

Sedena prohíbe a sus tropas publicar información oficial y usar inteligencia artificial sin permiso

Con el objetivo de frenar la fuga de datos confidenciales y proteger la reputación de las Fuerzas Armadas en el entorno cibernético, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) oficializó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo Código de Conducta de cumplimiento obligatorio para todo su personal militar y civil. La normativa aplica un cerrojo inédito que prohíbe la difusión no autorizada de información oficial en redes sociales, plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial (IA), obligando a los efectivos a cuidar su imagen pública, al tiempo que endurece las sanciones internas contra el acoso sexual, la discriminación y los actos de corrupción

Con una orden contundente que busca frenar la fuga de datos confidenciales y blindar el prestigio de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aplicó un estricto filtro a la actividad digital de todo su personal. A través del nuevo Código de Conducta publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la institución prohibió formalmente a militares y civiles la difusión no autorizada de información oficial en redes sociales, plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial (IA).

EL BLINDAJE DIGITAL: NADA DE INFORMACIÓN OFICIAL EN REDES NI HERRAMIENTAS DE IA

La popularización de los teléfonos inteligentes y el auge de las redes transformaron el entorno cibernético en un flanco vulnerable para la seguridad institucional, donde con frecuencia se filtran imágenes, grabaciones de operativos y datos clave de inteligencia. La nueva normativa erradica cualquier margen de maniobra al exigir autorización previa para divulgar material institucional, extendiendo por primera vez esta restricción al procesamiento de datos mediante inteligencia artificial.

El reglamento no se limita a resguardar documentos reservados, sino que regula directamente la conducta pública de los efectivos en internet y en las calles. Las pautas instruyen al personal a “evitar desprestigiar la imagen institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional” a través de opiniones, publicaciones o interacciones públicas, cerrando el paso a conductas que comprometan la disciplina o la imparcialidad del Ejército.


REGLA PAREJA: DESDE EL GENERAL SECRETARIO HASTA LA TROPA Y CIVILES

El marco ético aplica de manera pareja sin importar el rango militar o la modalidad de contratación. Las disposiciones son de observancia obligatoria para los mandos de la plana mayor, el personal de tropa, trabajadores eventuales, personal bajo el régimen de honorarios e incluso estudiantes que presten servicio social o prácticas profesionales dentro de la dependencia.

Además de vetar cualquier negociación o acuerdo con entes nacionales o extranjeros que ponga en riesgo la soberanía nacional, el texto impone tolerancia cero ante faltas internas: prohíbe de forma tajante el acoso sexual, el hostigamiento y la discriminación, fortaleciendo los canales de denuncia ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control.

“LA INTEGRIDAD ES EL PILAR”: EL MENSAJE DE TREVILLA TREJO A LAS TROPAS

El lanzamiento del documento incluyó un firme pronunciamiento del titular de la dependencia, el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo, quien instó a mandos y tropas a asumir los principios éticos como una directriz inquebrantable en su labor cotidiana.

El alto mando enfatizó que la confianza de la ciudadanía se sostiene en la rectitud de cada integrante de la institución, remarcando que “la integridad debe ser uno de los pilares de la actuación institucional”, y vinculando el cumplimiento del código con el respeto irrestricto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.

PUNTOS CLAVE
  • Prohibición digital estricta: Queda vedado divulgar información o imágenes de la Defensa en redes sociales o procesarlas en inteligencia artificial sin permiso previo.
  • Cuidado de la imagen: Los militares no podrán emitir opiniones ni realizar actos en plataformas digitales que dañen el prestigio del Ejército.
  • Aplicación universal: La regla es obligatoria para altos mandos, tropa, personal civil, eventuales y prestadores de servicio social.
  • Cero tolerancia a abusos: Se refuerzan las denuncias internas ante el Comité de Ética contra el acoso, hostigamiento y corrupción.
  • Llamado del mando: El General Secretario Ricardo Trevilla Trejo exigió apego total a los derechos humanos y a la integridad en el servicio público.

Semar concluye Plan Marina por lluvias e inundaciones: evacuó más de 14 mil personas

La Semar desplegó el Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí; evacuó a 14 mil 722 personas de áreas inundadas y brindó 28 mil 493 atenciones médicas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que ha concluido con sus labores del Plan Marina activado para los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, donde se desplegó ante las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron al menos 80 muertos y miles de afectados.
En Veracruz, detalló la Semar, se desplegaron cuatro mil 046 elementos navales quienes auxiliaron a 12 mil 737 personas y efectuaron nueve mil 641 traslados a albergues primordialmente en los municipios de Poza Rica, Álamo Tempache, El Higo, Zacualpan, Texcatepec, Zontecomatlán, Ilamatlán e Ixhuatlán de Madero; además, efectuaron 71 evacuaciones aéreas de la población que se encontraba en zonas de riesgo.
La Semar brindó 23 mil 677 atenciones médicas y en las calles se despejaron mil 512 vías de comunicación, 144 mil 060 metros cúbicos de lodo, basura y escombro fueron retirados, así como seis mil 497 árboles y espectaculares.

Asimismo, se brindaron 81 mil 629 raciones calientes, 71 mil 130 litros de agua potabilizada, 182 mil 859 litros de agua embotellada y se implementaron cinco puentes marítimos, para llegar a las comunidades de difícil acceso. Muchos de estos apoyos fueron llevados a todos los municipios antes mencionados a través de puentes aéreos implementados desde Poza Rica.

Las cifras finales del Plan Marina

La Semar llevó a cabo el despliegue del Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, las entidades más golpeadas por las lluvias y las consecuentes inundaciones, donde se desplegaron en total cinco mil 735 elementos navales, 15 Brigadas de Respuesta a Emergencias y siete Puestos de Mando.
"Fue un compromiso total del personal naval que trabajó día y noche por el bienestar de adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, quienes en todo momento ofrecieron su ayuda para sumar esfuerzos ante la emergencia", señaló la Semar.
Para ello, la dependencia desplegó 112 vehículos, ocho aviones, 10 helicópteros, siete buques, 10 drones, seis plantas potabilizadoras de agua, nueve cocinas móviles, 131 equipos de maquinaria pesada y 20 embarcaciones, que se pusieron a disposición para llevar la ayuda a lugares de difícil acceso.

En total, el personal de la Semar apoyó a 14 mil 722 personas que fueron evacuadas de áreas inundadas, brindó 28 mil 493 atenciones médicas, efectuó nueve mil 641 traslados a albergues, 276 operaciones aéreas, 86 evacuaciones aéreas y la implementación de cinco puentes marítimos.

La Semar retira árboles, escombro… y lodo

La Semar despejó en total mil 766 vías de comunicación y recolectó 181 mil 273 metros cúbicos de basura, lodo y escombro retirado, así como seis mil 902 árboles y espectaculares retirados.

Gracias a las donaciones, la Semar pudo entregar directamente 110 mil 554 despensas, 133 mil 840 raciones calientes, 119 mil 530 litros de agua potabilizada y 276 mil 946 litros de agua embotellada. "Esto fue posible gracias al incondicional apoyo de los ciudadanos que acudieron a los 70 Centros de Acopio que abrió la Secretaría de Marina para la entrega de víveres y ayuda humanitaria", destacó la dependencia naval.


En total, la Semar atendió 22 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde fueron auxiliadas 49 comunidades, se implementaron 22 campañas médicas, siendo atendidas 110 mil 676 personas y beneficiadas 27 mil 669 familias.
Y es que el Gobierno federal dio a conocer a finales de octubre que suman 80 muertos por la emergencia causada por las devastadoras lluvias en cinco estados del país, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la semana pasada que el Gobierno de México ha destinado una inversión social de siete mil 426 millones 125 mil pesos para atender a 104 mil familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en el centro del país. En diciembre, añadió, comenzará el proceso de reconstrucción de viviendas, caminos y sistemas de agua potable y drenaje en las zonas dañadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marinos torturaron a detenido en Guanajuato mientras policías y agentes de FGE miraban: CNDH

La recomendación exige a Semar, FGE y SSP reparar integralmente el daño, incluyendo compensación económica y atención psicológica a la víctima.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por violaciones graves 194VG/2025 dirigida a la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) de esa entidad, tras acreditar que un detenido fue víctima de tortura en 2019 durante un operativo en el municipio de Villagrán. 

Según el organismo, personal de las tres instituciones participó o presenció las agresiones sin denunciarlas.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida en marzo de 2019 dentro de su domicilio, donde se encontraba con su hija.

La CNDH señaló que elementos de Marina le realizaron actos de tortura al exigirle información sobre personas que no conocía, mientras policías estatales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal permanecieron en el lugar sin intervenir.

“Se acreditó responsabilidad de las tres instituciones con motivo de la vulneración al derecho humano a la integridad y seguridad personal de la víctima”, informó el organismo. La Comisión añadió que los agentes estatales y del Ministerio Público “presenciaron las agresiones […] y omitieron denunciarlo”, además de justificar las lesiones con versiones falsas sobre el origen del daño.

La CNDH afirmó que los marinos participaron directamente en las agresiones, mientras que policías y agentes ministeriales encubrieron los hechos, incluso alterando la versión oficial sobre el lugar y circunstancias de la detención.

La Comisión determinó que tres servidores públicos que realizaron la puesta a disposición tienen responsabilidad directa, pero pidió investigar también a todos los integrantes del operativo cuya identidad aún debe establecerse.

La recomendación exige a Semar, FGE y SSP reparar integralmente el daño, incluyendo compensación económica y atención psicológica a la víctima.

Las instituciones deberán colaborar con las investigaciones penales y administrativas ante la FGR y la FGE, así como impartir cursos de prevención de la tortura y emitir una circular para garantizar que toda detención se realice bajo estándares constitucionales y de derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez aplica nueva Ley de Amparo y Sedena reanuda construcción en Bacalar

El criterio del juez se basó en la reforma de la Ley de Amparo, que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal y que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa. El revés es para los niños que demandan un medioambiente sano.

El Juez Primero de Distrito con sede en esta entidad, Darío Alejandro Villa Arnaiz, levantó la suspensión de la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las orillas de la Laguna de Siete Colores de Bacalar, al fallar en contra del amparo solicitado por niñas y niños de la comunidad, a quienes negó el interés legítimo para luchar por un medioambiente sano y sus derechos socioculturales, pues dijo que no les afecta directamente.

El criterio del juez está basado en la reforma de la Ley de Amparo que fue aprobada el pasado 14 de octubre, y que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal, que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

“El juez no advirtió que las obras estuvieran generando este impacto en el ambiente, al menos de manera indiciaria, y por ende no actualizó tampoco el interés legítimo de la niñez quejosa para reclamar la obra y los actos en la demanda y tampoco para que se le conceda una suspensión definitiva”, dijo a Proceso el abogado Daud Rincón, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acompaña el proceso judicial de los niños.

En contra de la obra militar había tres suspensiones derivadas de juicios de amparo. Hoy sólo continúa vigente la suspensión definitiva del recurso 241, que fue promovido por ciudadanos de Bacalar.

Otra de las suspensiones que mantenía la obra detenida era el amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Sin embargo, al igual que el de las niñas y niños, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo desechó la medida cautelar para que continúen las obras.

La construcción de ampliaciones y una residencia del Ejército comenzó en marzo pasado, cuando maquinaria y materiales comenzaron a ser ingresados en el inmueble ubicado a la orilla de la Laguna.

Pobladores y organizaciones ambientalistas realizaron desde ese momento varias protestas y posteriormente recurrieron a los juicios de amparo, con los que se logró frenar temporalmente las obras.

Proceso informó que la Semarnat otorgó a la Sedena la exención para la presentación de estudios de impacto ambiental por las obras, con lo que dicha instancia sacó las manos para determinar los posibles daños a la laguna de Bacalar.

Impactos a la vista

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Fernando Farías Laguna no se presentó a su audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal por tercera ocasión. Una Jueza de control ordenó su captura para garantizar su presencia el próximo sábado.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles una nueva orden de aprehensión en contra de Fernando Farías Laguna, debido a que el Contraalmirante no acudió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, donde hoy estaba citado por ser sospechoso de formar parte de una red de corrupción dedicada a delitos con hidrocarburos, también conocidos como "huachicol fiscal".

En primera instancia, Fernando Farías Laguna fue citado a una audiencia el pasado 30 de septiembre, pero su defensa legal reprogramó este proceso para el 20 de octubre sin que éste se llevara a cabo. Previamente, el marino obtuvo una suspensión provisional para la orden de aprehensión en su contra, pero la Jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalo le negó una suspensión definitiva que fue solicitada el pasado 4 de octubre.

En este sentido, la Jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez requirió a la Policía Federal Ministerial una orden de captura para garantizar la presencia del Contralmirante el próximo sábado, tomando en cuenta que esta es la tercera ocasión en que se pospone su audiencia. En caso de que Farías Laguna no se presente de nuevo, será declarado formalmente como sustraído de la acción de la justicia.


Por su parte, los abogados del marino solicitaron reprogramar la audiencia debido a que la FGR todavía no les entrega de manera completa la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por casi 19 páginas, de su defendido, y a que algunas partes de la misma estaban testadas.

El pasado 9 de septiembre, un Juez federal vinculó a proceso a 14 personas detenidas por el mismo caso, incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —hermano del Contraalmirante— por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", en las aduanas de Altamira y Tampico, durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos.


Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años. Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El caso del Contraalmirante resulta de interés público puesto que el exfuncionario tiene nexos familiares con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó en su cargo durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 5 NOVIEMBRE 2025.

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

La acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México.

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán, con lo que la presente Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suma aproximadamente 51 toneladas de esta droga decomisadas en la mar por personal naval.
"En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína en las costas de Michoacán", se informó en un comunicado.
La acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México.
Los efectivos avistaron una carga y aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína. Posteriormente, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mi 196 kilogramos de cocaína.
"Por lo anterior, la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso", indicó la Semar.
Cabe destacar que con este aseguramiento, en lo que va de la presente Administración, suman aproximadamente 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar. La Secretaría de Marina detalló que la droga retenida representa una afectación económica al crimen organizado de más de 980 millones de pesos y que se evitó que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.
"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", finalizó la Semar.
México fortalece seguridad marítima

El decomiso ocurre una semana después de que el Gobierno de México rechazara un ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra cuatro embarcaciones, presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, en aguas internacionales del Pacífico y ocurrido en coordenadas cercanas al territorio nacional, lo que dejó un saldo de 14 muertos y un sobreviviente.
“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados", declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, el pasado 29 de octubre.
A raíz de dicho operativo, el Canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles sostuvieron una reunión con el Embajador estadounidense Ronald Johnson para fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima.

El pasado viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, pidió al Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminar con las ejecuciones extrajudiciales en la mar, que suman al menos de 66 muertos.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teniente coronel reclama prisión preventiva por cadetes ahogados de la GN

El teniente coronel de zapadores David López Ordaz, extitular del Centro de Adiestramiento y de Combate Integral Regional (CACIR) de la Guarnición Militar de El Ciprés, presentó una demanda de amparo tras serle impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal por el que se encuentra vinculado a la muerte por sumersión en el agua de siete cadetes de la Guardia Nacional (GN), el año pasado en las playas del municipio de Ensenada.

La acción de defensa constitucional del exmando castrense se registra después de que el pasado 6 de octubre se registró la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada.

El juez Sergio Adolfo Peniche determinó que López Ordaz continúe tras las rejas con prisión preventiva justificada dentro de la carpeta judicial número 38/2024 y su acumulada 70/2024 de su índice, que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio por dolo eventual en agravio de los cadetes que perdieron la vida ahogados el 20 de febrero de 2024 en Playa Corona, tras obedecer la orden del mando militar de lanzarse al mar pese al oleaje elevado y al mal temporal, en una presunta “novatada”.

El teniente coronel ahora presentó una demanda de amparo a través de su defensa, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada, en espera de verse beneficiado con la protección de la justicia de la Unión y solicitó la suspensión provisional y definitiva para efecto de que el juez federal de la causa penal “señale fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar dentro de un plazo de 48 horas, donde deba fijar una diversa medida cautelar que no sea la de prisión preventiva justificada”. Desde luego, le fue denegada.

Al militar David López Ordaz se le responsabiliza penalmente, bajo el principio de presunción de inocencia, de la muerte de los cadetes Carlos Omar Frías Lanfard, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, Brando Francisco Gastélum Ayala, Luis Manuel Vilchis Díaz, Fernando Isaías Pérez López, Michael Arellano Wilkinson y Óscar Abraham Sánchez Reyna, cuyos cadáveres fueron localizados entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Sobrevivieron a la práctica Alan Santiago Pérez Ríos, Jesús Andrés Portillo Calderón, Mauricio Alberto cabrera y Saúl Alejandro Matlacala Pérez.

El proceso penal en el fuero federal es independiente de la responsabilidad que el teniente coronel López Ordaz enfrente en el fuero de guerra donde se le imputaron inicialmente la probable comisión de los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad, sin que se conozca hasta el momento el avance de tales pesquisas, dada la opacidad y hermetismo de la procuración y administración de justicia en el ámbito castrense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reportero de Tehuantepec es amenazado por policías y marinos durante cobertura

El periodista Francisco Abigail Hernández, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue víctima de amenazas y bloqueo informativo por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina mientras realizaba una cobertura periodística el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo sobre una protesta vecinal y una movilización magisterial. El comisario Humberto Canún Silva se acercó junto con tres marinos y le exigió retirar su motocicleta, su herramienta de trabajo, bajo el argumento de que estaba en “zona prohibida”. Aunque explicó que se encontraba en una carretera federal sin restricción alguna, minutos después el mando policial regresó para amenazarlo con detenerlo.

El reportero relató que, al advertir por teléfono a un contacto que informara a la presidenta municipal sobre el intento de arresto, el jefe policiaco se retiró del lugar. La organización ARTÍCULO 19 México y Centroamérica documentó el caso y recordó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia frente a cualquier agresión a la libertad de expresión y de prensa.

ARTÍCULO 19 exigió al Ayuntamiento de Tehuantepec abstenerse de intimidar y obstaculizar el trabajo periodístico, así como capacitar a sus cuerpos policiales en materia de derechos humanos. También llamó al Gobierno de Oaxaca a garantizar la seguridad de periodistas en todo el estado y a reconocer su papel como representantes de la sociedad civil.

COMUNICADO:

Reportero de Tehuantepec, Oaxaca, es víctima de amenazas y bloqueo informativo por policías municipales y marinos

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2025. El 17 de octubre, Francisco Abigail Hernández, reportero de 50 Bravo Noticias y el periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, fue víctima de amenazas a la integridad y de bloqueos informativos. Los hechos ocurrieron cuando el periodista acudió al municipio de Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca, con la finalidad de dar cobertura periodística a una protesta de habitantes de la colonia Buenos Aires, así como a las movilizaciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Al estar haciendo la transmisión en vivo, a través de la página en Facebook del medio 50 Bravo Noticias, en una patrulla, se le acercó Humberto Canún Silva, comisario de la Policía Municipal, acompañado de tres militares de la Secretaría de Marina. Las autoridades le exigieron que retirara su motocicleta -la cual es su herramienta de trabajo-, con el argumento de que estaba estacionado “en zona prohibida”. El comunicador informó que estaba realizando una cobertura periodística en una carretera federal, sin ninguna indicación de limitación para el público. Ante esta respuesta las autoridades se retiraron.

Al finalizar la transmisión, el comisario regresó, en conjunto con otra patrulla, y amenazó al periodista con detenerlo: ¡Párate ahí, te vamos a detener!». En este momento, el comunicador se encontraba en una llamada telefónica, por lo que “le pidió a su interlocutor que le avisara a la presidenta municipal que intentaban detenerlo” y, según el testimonio del afectado otorgado a esta organización, “al escuchar esto el jefe policiaco arrancó la patrulla y se fue de inmediato del lugar”.

 ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:
  • De conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es obligación de las autoridades mexicanas prevenir, proteger y procurar justicia frente al derecho a la libertad de expresión y prensa. Esto incluye la capacitación sistemática a personas funcionarias públicas, con énfasis en cuerpos policiales y de seguridad, sobre el papel de los periodistas en toda democracia.
  • De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión cualquier amenaza, intimidación o presiones directas o indirectas para silenciar al periodismo, atenta de manera directa contra la libertad de expresión.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
  • Al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, atender a cabalidad su obligación, conforme al derecho nacional e internacional, de respetar y proteger la labor periodística, lo que implica abstenerse de intimidar, obstaculizar e interferir las coberturas que realizan las personas comunicadoras en México.
  • A la Policía Municipal de Tehuantepec coadyuvar en el mismo sentido y en materia preventiva. Esta misma institución debe de capacitar de manera sistemática a los cuerpos policiales en relación con el derecho a la libertad de expresión y de prensa, a fin de guiar su actuar desde un enfoque de derechos humanos.
  • Al Gobierno del Estado de Oaxaca brindar las garantías de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en todo su territorio, sin menoscabo de los derechos de los comunicadores como representantes de la sociedad civil que son.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados 4T aprueban nueva Ley Orgánica de la Armada; oposición acusa abuso hacia marinos

Con 344 votos a favor y 127 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, la tarde del 22 de octubre de 2025, la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que formalizó las nuevas atribuciones que mediante decretos presidenciales, le otorgaron a la Secretaría de Marina (SEMAR), en materia de aeropuertos y aduanas.

Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

La nueva Ley señaló que entre las atribuciones de la Armada de México se encontraría realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en aduanas y en los espacios aéreos correspondientes, para lo cual se crearían Unidades Navales de Protección Aeroportuaria.

La reforma turnada al Senado también otorgó a la Secretaría de Marina el derecho de visita y persecución, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y altamar, con el objetivo de fortalecer el combate a los actos ilícitos cometidos en el espacio marítimo, incluido el huachicol fiscal.

Además, reestructuraría y cambiaría la denominación de los niveles de mando al sustituir el Estado Mayor de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales y creó las Unidades Navales de Soporte Estratégico para la Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, con el objetivo de mejorar su formación, adiestramiento e inteligencia.

El presidente de la Comisión de Marina de San Lázaro, Humberto Coss y León Zúñiga -del grupo parlamentario de Morena-, afirmó que la reforma respondía a la necesidad de dotar a la Armada de México, de un marco jurídico actualizado y coherente con las nuevas atribuciones de la institución, las cuales no se limitaban al ámbito marítimo, sino que cumplía con funciones claves en la defensa de las instalaciones estratégicas, el combate a delitos de alto impacto y el auxilio a la población.

El legislador de Morena detalló que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -el 6 de octubre de 2025-, le daba a la Armada la facultad de participar en la formulación de la política de defensa exterior y en la elaboración de la política nacional de defensa marítima, además de que incorporaba nuevas capacidades en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. También preveía la creación de unidades navales.

Asimismo, según explicó Coss y León Zúñiga, establecía la adición de Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, a las Unidades Operativas de la Armada de México, en virtud de los acuerdos publicados por el Poder Ejecutivo Federal, que le asignaron a la Secretaria de Marina la vigilancia de ciertos recintos aeroportuarios, por tratarse de instalaciones estratégicas para el país.

No obstante, el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, acusó a la “4T” de abusar de la lealtad de las Fuerzas Armadas, al otorgarle facultades discrecionales en materia de ciberseguridad, inteligencia, guardia costera, así como para inspeccionar buques y detener personas lo que, advirtió, era violatorio de los derechos humanos. Además, subrayó que la discusión de esta reforma se inscribía en un proceso de militarización de la vida pública que, afirmó, debilitaba a los militares y a las FF. AA.

“Quienes hoy tienen la mayoría han abusado de la lealtad democrática de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que cuando en América Latina se acostumbraba dar golpes al poder civil, aquí se mantuvieron lealtades, leales a la República y, precisamente es ese abuso de la función de las Fuerzas Armadas la que nos tiene aquí hoy”, advirtió Zavala Gutiérrez.

Por su parte, el diputado del PAN, Hernando Castañeda Córdova, lamentó que el Gobierno Federal mandaba a las Fuerzas Armadas de albañiles, choferes y mensajeros y que los hubieran convertido en una empresa constructora, en una aduana, en línea de defensa y en un departamento de obras públicas, mientras los verdaderos problemas de seguridad del país continuaban creciendo sin estrategia y sin resultados.

El legislador panista dijo que la mayor falta de respeto a las Fuerzas Armadas era usarlas como escudo político, por lo que demandó que les devolvieran su misión, su entrenamiento y su orgullo, para que volvieran a proteger a la patria y dejaran de ser usados para tapar los fracasos del Gobierno Federal.

“Defender a los marinos es exigir que se les devuelva su misión, su entrenamiento, su orgullo, es pedir que vuelvan a hacer lo que mejor saben hacer, proteger a la patria, no tapar los fracasos del Gobierno. Yo quiero Fuerzas Armadas fuertes, no al servicio del poder. Quiero marinos respetados, no explotados. Quiero Fuerzas Armadas que inspiren honor, no que ejecuten contratos”, señaló Castañeda Córdova.

En tanto que la diputada priista Ariana del Rocío Rejón Lara aseguró que la reforma propuesta por la titular del Poder Ejecutivo Federal no modernizana a la Armada, sino que la secuestró, porque, según ella, creó una Jefatura de Operaciones Navales nombrada directamente por la presidenta, lo que concentrana el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos institucionales.

“Esta ley le da a la presidenta facultades discrecionales para nombrar mandos sin evaluación técnica, determinar políticas sin definirlas, autorizar operaciones en ciberespacio sin ninguna regulación. ¿Y dónde está el Congreso?, ¿dónde están los contrapesos? Con esta ley la Armada de México deja de responder a la Constitución y pasa a responder a un partido que es Morena”, enfatizó Del Rocío Rejón Lara.

La legisladora priista subrayó que la reforma elimina los candados que impedían el uso político de la Armada, sin supervisión legislativa, ni límites temporales claros, ni definición precisa de competencias y sin protocolos de derechos humanos vinculantes. “Morena no está dándole herramientas a la Armada, le está quitando protecciones legales”, reiteró.

El 6 de octubre de 2025, Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa que formalizaría en la Ley Orgánica de la Armada de México, las nuevas atribuciones de la SEMAR en aeropuertos y aduanas.

La propuesta que derogaría la actual Ley y emitiría un nuevo ordenamiento, señaló que entre las atribuciones de la Armada de México se encontrarían realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en los espacios aéreos correspondientes.

Asimismo, determinó que otra atribución sería mantener el Estado de Derecho en las zonas marítimas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima.

“Se incluye en apoyo a la seguridad y protección aeroportuaria, a las Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, las cuales coadyuvarán con las autoridades aeroportuarias y de los tres órdenes de Gobierno, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos aplicables”, indicó la iniciativa.

Según la propuesta, ésta tiene como finalidad armonizar las atribuciones de la Armada de México con las tareas encomendadas respecto al mantenimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales.

La titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que la iniciativa se apegaba a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales preveían la consolidación una Autoridad Marítima Nacional para la protección en las zonas marítimas, instalaciones portuarias nacional, así como el refuerzo a la vigilancia y detección en aduanas, zonas costeras, marinas e instalaciones estratégicas.

Según la propuesta se fortalecían las acciones de combate a actos ilícitos en el mar a través del derecho de visita y de persecución en la zona económica exclusiva mexicana y en alta mar, y se estableció que participarían en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de operaciones militares que se realizaban en el ciberespacio, desde el ámbito de su competencia.

La propuesta abundó que materia de mando y organización se reestructurarían y cambiaban las denominaciones de los niveles, al establecer que el Mando Supremo sería ejercido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Alto Mando por el titular de la Secretaría de Marina y el Mando Superior en Jefe Estratégico, por el titular de la Jefatura de Operaciones Navales, entre otros.

Además, afirmó, que se abatían las brechas de discriminación, al establecer que, sin distinción de género, el personal de la Armada, de acuerdo con su jerarquía, podrían ejercer la Comandancia de cualquier nivel de mando.

La iniciativa también facultaría al Mando Supremo para nombrar a las personas que ejercen el Mando Superior en Jefe Estratégico y los Mandos Superiores en Jefe de Operaciones y se precisó que para permitir la salida de unidades orgánicas operativas de la Armada de México, debería existir una autorización del Senado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Audiencia de Contralmirante señalado por huachicol fiscal es aplazada nuevamente

El Contralmirante es considerado prófugo de la justicia mexicana pues se desconoce su paradero; su hermano, también relacionado con la misma red de corrupción, se encuentra actualmente en prisión.

Una Jueza federal pospuso hoy, por segunda ocasión, la audiencia judicial que tiene pendiente el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sospechoso de formar parte de una red de corrupción por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, el llamado huachicol fiscal.

Los abogados de Farías Laguna solicitaron al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Mario Elizondo, reprogramar la cita judicial de su cliente, debido a que la Fiscalía General de la República todavía no entrega completa la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por casi 19 páginas.

Las autoridades judiciales citaron a Farías Laguna este lunes en el centro de justicia de El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para tener una audiencia inicial, sin embargo, la Jueza responsable del caso no la celebró pues ni los defensores del imputado ni la parte acusadora se presentaron a la audiencia programada.

El pasado 10 de septiembre, Fernando Farías Laguna obtuvo de un Juez una suspensión que frenó temporalmente su captura. José Alberto Rodríguez Rivera, Secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió dicha medida luego de que el Contralmirante denunciara que la orden de captura y ejecución la libró un Juez de control. También acusó que las autoridades le negaron acceso a la carpeta de investigación.


Un día antes, el 9 de septiembre, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas, incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -hermano del Contralmirante- por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos.

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años. Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El caso del Contralmirante resulta de interés público puesto que el exfuncionario tiene nexos familiares con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó en su cargo durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Le bastaron nueve meses a la Sedena para adueñarse del turismo en Tulum

Desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó a 30%.

El bullicio cotidiano en la entrada principal a la zona arqueológica de Tulum, una de las más concurridas del país, ha sido silenciado tras la llegada de la Secretaría de la Defensa Nacional para administrar el Parque Nacional del Jaguar, que ha extendido su control a los principales accesos a la zona y a las playas, apagando las actividades de los negocios de este destino turístico.

A partir de diciembre de 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo de la administración del parque, acondicionado con obra ecoturística que costó más de dos mil 700 millones de pesos al gobierno federal. Fue declarada área natural protegida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Han transcurrido menos de nueve meses y ya han quebrado varios negocios, como las tiendas de artesanías ubicadas alrededor de la zona arqueológica de Tulum, el centro económico histórico que dio origen a la actual localidad, pues para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente se tienen que pagar cuotas al Parque del Jaguar, que van desde los 105 hasta más de 500 pesos.

Estas cuotas aplican para nacionales y extranjeros, por lo que muchos visitantes prefieren visitar otras localidades donde no se les cobra para acceder a las playas, como Cancún o Playa del Carmen.

Esta fuga de turismo amenaza a hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes principalmente, los cuales, en el verano pasado, cuando esperaban los repuntes de más del 90% de ocupación, experimentaron desplomes de hasta 30%, cifras que sólo se habían registrado durante la pasada pandemia, según datos del propio sector.

Aunque ya hubo protestas airadas de la población local que lograron que se abriera un acceso sur a la costa, ésta no fue una solución definitiva, por lo que la inconformidad continúa y los impactos por la disminución de turismo se resienten.

Para administrar el Parque Nacional del Jaguar la Sedena fundó en 2022 Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica (Gafsacomm), empresa pública creada para construir y operar proyectos federales iniciados durante el sexenio pasado.

Para llevar a cabo sus actividades en esta zona, el instituto armado hace uso de efectivos militares y de la Guardia Nacional, quienes ya han tenido roces con la población civil, en algunos casos hasta violentos.

Comerciantes señalan que los militares incluso realizan labores de vigilancia y control de precios de productos en establecimientos turísticos.

Mientras tanto se ha permitido la construcción de condominios de lujo alrededor del Parque del Jaguar, precisamente en la zona de influencia del área natural protegida, lo cual constató Proceso en un recorrido por el sitio.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Identifican a capitán de navío como enlace entre titulares de aduanas para traficar huachicol

Se trata de Clímaco Aldape, quien junto a su esposa e hija son considerados por la FGR cómplices de la red enquistada en la Secretaría de Marina que traficó huachicol fiscal y drogas; contaba con el visto bueno de los sobrinos del extitular de Marina Rafael Ojeda Durán.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío, a su esposa e hija como cómplices de la red de huachicol fiscal y de tráfico de drogas en la que están involucrados más de una decena de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Esta casa editorial informó el pasado día 7 que el marino logró que un juez federal ordenara frenar su proceso penal mientras resuelve un amparo que tramitó contra la vinculación a proceso que le fue emitida en septiembre pasado por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

¿Quién es Clímaco Aldape Utrera?

De acuerdo con la causa penal 325/2025, la FGR tiene identificado a Aldape Utrera como uno de los integrantes de la red de huachicol fiscal encargado de permitir el acceso de hidrocarburo ilegal, facilitar trámites administrativos, informar los cambios de ruta de las embarcaciones y recibir dinero por parte de la red entre aduanas.

Según la investigación de la Fiscalía, Aldape está señalado porque junto con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, pieza clave en la red, eran el enlace entre los titulares de las aduanas, y con el visto bueno de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, gestionaban los cambios de adscripciones de los demás integrantes de la red.

En sus indagatorias, la FGR identificó que en el año 2023 la capitana Gabriela Avendaño Meléndez, esposa de Aldape Utrera, compró un inmueble con un valor de más de 5 millones de pesos y que ese mismo año la hija de ambos realizó depósitos por poco más de 400 mil pesos, probablemente para comprar un automóvil.

“Se infiere que el capitán Clímaco Aldape Utrera, así como miembros de su familia, siendo su esposa e hija, Gabriela Avendan~o Meléndez y Montserrat Aldape Ferna´ndez, respectivamente, podrían formar parte de la red de servidores públicos y civiles que tienen como fin cometer ilícitos relacionados al tema de hidrocarburos y sus derivados, esto con la finalidad de obtener grandes cantidades de dinero como fruto de la corrupción que se ejerce en las aduanas, ya que se tiene el conocimiento, a partir del análisis de la información, que Clímaco Aldape Utrera es el enlace entre los titulares de las aduanas”, indica un informe presentado por la FGR ante el juez de control que emitió la orden de captura contra el capitán de navío.

Por ello, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analizó los movimientos financieros del marino, quien de 2020 a 2024 obtuvo ingresos por nómina de 7 millones 976 mil 491.02 pesos y deducciones por 273 mil 594.45 pesos.

En ese periodo compró un inmueble por 2 millones 127 mil pesos que pagó con financiamiento y con un cheque de caja por 1 millón 69 mil 500 pesos.

En el año 2022 compró una camioneta Suburban Premier AT 2023 en la Ciudad de México por 1 millón 892 mil 900 pesos que fueron liquidados en cinco pagos, dos de ellos en efectivo por 308 mil pesos en total y de los cuales no se identifica de dónde los obtuvo.

“No se aprecia la fuente de la riqueza de Clímaco Aldape Utrera para llevar un estilo de vida con la erogacio´n de recursos que se desprende de la información financiera, al contrario, es evidente que sus egresos rebasan sus percepciones por nómina, asimismo es de resaltar el manejo de efectivo en grandes cantidades para el pago de bienes inmuebles. Por lo que existe la sospecha razonable de que Clímaco Aldape Utrera realice probables conductas encaminadas a delitos de corrupcio´n y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, señala el reporte.

Al siguiente año, en 2023, fue reportado por el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército) por operaciones inusuales derivadas del “rompimiento de perfil transaccional”, porque recibió un depósito por 450 mil pesos por concepto de préstamo personal a nombre de Yelena Félix García y otro por 400 mil pesos a nombre de Daemon, SA de CV, también por concepto de préstamo.

“Las operaciones inusuales recaen en el hecho de que Clímaco Aldape Utrera participa en operaciones de mutuo otorgamiento de préstamos de parte de una persona fi´sica y moral distinta a una entidad financiera”, señaló la UIF.

Según la FGR, el capitán de navío tiene vínculos comerciales con Daemon, pero en su investigación la UIF no encontró información de las actividades económicas de la empresa y su domicilio fiscal es un terreno baldío, por lo que se presume que es una empresa fachada.

Asimismo, el único registro oficial de Aldape Utrera en alguna empresa está el de Grupo Ald-Cam Agroindustria, en la que aparece como accionista junto con Luis Miguel Campillo Pizano, Manuel Francisco Campillo Pizano y Gabriela Avendaño Meléndez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Marina se resiste a sentencia de la Corte; impulsa con Sheinbaum nuevas obras para ampliar el puerto de Veracruz

En marzo de 2022, la Corte resolvió un amparo en revisión que interpusieron ciudadanos de Veracruz y organizaciones de la sociedad civil; dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que Semarnat otorgó desde 2004 para las obras de ampliación

El Sistema Arrecifal Veracruzano está nuevamente en riesgo. La Secretaría de Marina (Semar) busca hacer efectiva la ampliación del puerto de Veracruz pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2022 que las autorizaciones otorgadas en 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son anticonstitucionales y ponen en riesgo al arrecife La Gallera.

La resolución de la Corte protege al sistema arrecifal que no fue tomado en cuenta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentaron la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz y la consultora Argo Consultores Ambientales S.A. de C.V., bajo el nombre del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.


En la conferencia matutina del 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informaron que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.

Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice, advirtieron que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, repitiendo el modelo de hace poco más de dos décadas, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto.

Terra Vida advirtió que el anuncio del secretario de Marina implica poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles, como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente el arrecife La Gallega.

También se verían afectados ecosistemas terrestres, manglares y en general la biodiversidad marina; asimismo, preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.

La Semar y el Gobierno de México planean ampliar seis puertos para contar con un Sistema Portuario Nacional al término de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inversión pública será de 55 mil 179 millones de pesos y la privada de 241 mil 51 mdp. El puerto de Veracruz tendrá una inversión pública de 10 mil 202 millones de pesos y privada de 10 mil 443 millones de pesos para 13 construcciones diferentes contempladas en el proyecto.

Dos décadas después de un juicio de amparo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proviene de la demanda que interpusieron ciudadanas veracruzanas al promover un juicio de amparo, argumentando contar con un interés legítimo colectivo. Reclamaron que se vulneró su derecho humano a un medio ambiente sano.

La violación a ese derecho ocurrió cuando las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz conforme a la mejor información científica disponible, ni verificaron si lo dicho por la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz en diversas manifestaciones de impacto ambiental era suficiente, veraz y completo.

Cuando las autoridades responsables omiten aplicar el estándar más alto de protección del derecho humano al que se refieren, incumplen con su obligación de conservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de la organización Territorios Diversos para la Vida y defensor de la naturaleza y los derechos humanos, señaló que la ampliación del puerto de Veracruz es una batalla muy antigua.

“Empezamos un litigio en contra de la ampliación en 2016. Ese litigio se presentó por dos razones que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. La primera violación a este derecho fundamental es porque el proyecto fue dividido en varios pedazos que presentaron a la autoridad ambiental”, recordó en entrevista con Animal Político.

Cada parte fue presentada como un proyecto a la autoridad ambiental, mismo que así evaluaron. De esta manera, se obtuvieron, aproximadamente, entre 14 y 16 diseños diferentes, como un libramiento ferroviario, un libramiento vehicular, la zona logística, entre otros planes que la autoridad paraestatal fue presentando desde 2014.

“Hay autorizaciones de 2004 a 2016 que estuvieron haciendo esta labor de fragmentación. Eso es una violación artera al derecho humano a un medio ambiente sano porque una de las formas en que se garantiza ese derecho es vía la Evaluación de Impacto Ambiental. [Esto] hace que puedas medir el riesgo y que la autoridad ambiental pueda tomar una mejor decisión de si el proyecto es viable o no, pero para eso necesita tener todas las partes”, añadió el defensor.

Martínez Esponda también enfatizó en que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, debe tener todas las partes de un megaproyecto para saber cómo interactúa con otros proyectos y obras que haya en lo que denomina el Sistema Ambiental Regional.


“No es cualquier cosa y es una práctica en el mundo de la Evaluación de Impacto Ambiental, el fragmentar los proyectos. Desde que soy abogado, esto pasa”, enfatizó.

La segunda razón por la que desde Territorios para la Vida iniciaron este litigio se debe a que para evaluar los impactos que traerá un megaproyecto se debe hacer uso de la mejor ciencia disponible y hacer un trabajo serio y profundo.

“Eso, los promoventes de los proyectos saben que es riesgoso porque poner toda la información hace que se invisibilicen los proyectos y sean evaluados como debe de ser y por tanto, tengan mayores razones para no ser aprobados”, explicó.

“Omiten” la presencia de un arrecife sumergido

En el caso del puerto de Veracruz, abogados y especialistas en biodiversidad y vida marina pudieron probar que en la Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” omitieron incluir un arrecife sumergido que está en la boca del nuevo puerto, a 18 metros de profundidad.

“Lo bautizamos como La Loma. Y justo se levantaba una pregunta importante que es: ¿Si el estudio ambiental fue hecho con seriedad y a conciencia, cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde, además, van a pasar los barcos? Entonces, eso no era creíble. Ese litigio terminó en 2022 en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos dieron la razón”, agregó el abogado.

La Corte determinó en su momento que eran inconstitucionales las autorizaciones que la Semarnat había otorgado, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y de su delegación federal en Veracruz, para ejecutar el proyecto de ampliación portuario.

La resolución se debe a que las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.

En consecuencia, señaló Terra Vida, la Corte ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.

La organización resaltó que la fragmentación de la evaluación ambiental es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano ya que impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.

La falta de información y, por tanto, de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Ante dichas omisiones defensores y defensoras en Veracruz, junto con Terra Vida, llaman a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y a la Semar a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Corte.

“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”, subrayan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.