Si el riesgo no había desaparecido, ¿por qué regresaron?

¿Qué pesó más en esa decisión: la seguridad de los trabajadores o la necesidad de continuar con el proyecto?

Si durante los meses siguientes hubo nuevos incidentes de inseguridad, como sostienen las familias y su representación jurídica, ¿por qué la operación continuó?

Si trabajadores habían manifestado miedo, ¿por qué siguieron siendo enviados a esa zona?

Y si Vizsla asegura que sus decisiones operativas se sustentan en monitoreo e información de inteligencia, ¿qué decía esa inteligencia antes del secuestro?; ¿advertía riesgos?; ¿quién recibió esos informes?; ¿quién decidió continuar?

Hay otro asunto todavía más delicado.

Concordia no era una burbuja. La región se encontraba inmersa en la disputa criminal que desde 2024 ha golpeado distintas zonas de Sinaloa. El propio secretario de Seguridad federal reconoció después del secuestro que en esa área operaba una célula de Los Chapitos.

¿Cómo opera durante meses una compañía minera internacional en un territorio con presencia criminal sin conocer quién controla los caminos y accesos por los que diariamente se desplazan sus trabajadores?

¿Qué información tenía Vizsla sobre los grupos criminales presentes en la región?

¿Qué mecanismos utilizaba para garantizar el tránsito de personal, vehículos, contratistas y maquinaria?

¿Existía algún tipo de interlocución, directa o indirecta, con personas vinculadas a esos grupos?

¿Puede Vizsla afirmar categóricamente que nunca existió?

¿Algún empleado, contratista, proveedor, responsable de seguridad o intermediario sostuvo comunicaciones con integrantes del crimen organizado?

¿Alguna autoridad ha investigado esa posibilidad?

Vizsla ha declarado públicamente que mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción y la extorsión.

Entonces vale preguntar: ¿alguna persona relacionada con el proyecto recibió antes del 23 de enero solicitudes de dinero, amenazas, advertencias o exigencias provenientes de grupos criminales?

¿Fueron reportadas? ¿A quién? ¿Hay mensajes, correos o informes que lo documenten?

Familiares y compañeros de los trabajadores han coincidido en que hubo renuncias y temor previo a ese día de enero; esa versión contradijo la información inicial de autoridades federales de que no existía peligro.

Si esos testimonios son ciertos, ¿quién recibió esas advertencias dentro de la empresa?

¿Quién decidió que no ameritaban detener las operaciones?

¿Se informó a Canadá, a las autoridades y a los propios trabajadores?

Y llegamos al 23 de enero.

Si diez trabajadores de una empresa son privados de la libertad mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral, ¿por qué las familias sostienen ocho meses después que Vizsla nunca presentó una denuncia formal?

Si había cámaras en los lugares donde se hospedaban o transitaban los trabajadores, ¿dónde están las grabaciones?

Si los vehículos tenían GPS, ¿dónde están esos registros?

Si existían bitácoras, teléfonos corporativos, correos, reportes internos de seguridad y evaluaciones de riesgo, ¿la FGR tiene absolutamente todo?

Y la Secretaría del Trabajo tampoco puede quedar fuera.

Si una empresa suspendió actividades por inseguridad en abril de 2025, ¿la Secretaría lo supo?

¿Inspeccionó las condiciones en las que laboraban los trabajadores cuando las actividades se reanudaron?

Si sabía que estaban trabajando en una región afectada por violencia criminal, ¿qué medidas extraordinarias exigió?

¿Cuándo fue la última inspección anterior al secuestro y qué encontró?

¿Verificó dónde dormían los trabajadores, cómo se trasladaban y bajo qué condiciones de seguridad recorrían diariamente la zona?

¿O para las autoridades laborales mexicanas la obligación de proteger a un trabajador termina en el casco, las botas y las condiciones físicas de una mina?

Después del secuestro, ¿la Secretaría del Trabajo abrió una investigación?; ¿determinó posibles omisiones?; ¿sancionó a alguien?

¿O nueve trabajadores pueden aparecer muertos y uno permanecer desaparecido sin que hasta ahora sepamos si la autoridad laboral encontró alguna responsabilidad empresarial?

Hay finalmente preguntas que no caben en un protocolo corporativo.

Si Vizsla sabía que Concordia era peligrosa, ¿por qué sus trabajadores estaban ahí?

Si sabía que había antecedentes, ¿por qué siguió operando?

Si hubo amenazas, ¿quién decidió que no eran suficientes para detenerse?

Si tenía protocolos suficientes, ¿por qué tuvo que reforzarlos después?

Si acompañó a las familias, ¿por qué ellas dicen haberse sentido abandonadas?

Las preguntas importan porque no conocemos esas respuestas. Lo que sí conocemos es el resultado: diez hombres fueron privados de la libertad cuando estaban ahí por su trabajo; nueve fueron encontrados sin vida y Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

Y cuando una empresa conocía desde meses antes que operaba en condiciones de inseguridad, preguntar qué sabía, qué decidió, qué hizo y qué dejó de hacer no es anticipar una sentencia; es empezar a establecer responsabilidades.

Ese trabajador que continúa desaparecido es el ingeniero Antonio Esparza Yáñez; su hijo Alan lleva más de ocho meses buscándolo; nueve familias ya enfrentaron la noticia más dolorosa, mientras la suya continúa viviendo en esa incertidumbre que no permite siquiera cerrar una historia.

Y hay algo que me resulta especialmente difícil de procesar después de escuchar los testimonios: según la representación jurídica de las familias, existían antecedentes de inseguridad antes del 23 de enero, hubo incidentes previos y la propia empresa había retirado trabajadores de la zona en abril de 2025 para después reactivar las labores en mayo; las familias aseguran además que existen audios en los que se escuchan balaceras mientras trabajadores hablaban con sus esposas e hijos; el miedo, según esos testimonios, estaba ahí mucho antes de que diez hombres fueran privados de la libertad.

Por eso hay una frase pronunciada durante la conferencia que resume de manera contundente el caso: las condiciones de seguridad no estaban dadas para seguir laborando en ese sector, sostuvo Odracir Espinoza; será la investigación la que determine responsabilidades jurídicas, pero periodísticamente resulta inevitable observar el desarrollo de hechos y preguntarse cómo pudo llegar una operación minera hasta el 23 de enero sin que la protección de sus trabajadores estuviera por encima de cualquier consideración productiva.

Porque producir nunca puede valer más que proteger; ninguna tonelada extraída, ningún proyecto, ninguna inversión ni expectativa financiera puede justificar mantener personas trabajando cuando existen señales concretas de que su integridad puede estar en riesgo; una empresa que opera en una región atravesada por la violencia no controla al crimen organizado, por supuesto, pero sí controla una decisión fundamental que es sobre bajo qué condiciones manda a trabajar a su gente y cuándo decide que esas condiciones dejaron de ser aceptables.

Hay además otro elemento difícil de entender; de acuerdo con lo expuesto por los representantes de las familias, Vizsla Silver no presentó una denuncia formal por la privación de la libertad de sus diez trabajadores; habría existido una llamada al 911, pero, según explicó el abogado, eso no equivale a una denuncia formal; tampoco, señalaron, se ha incorporado a la investigación información empresarial que consideran fundamental, como cámaras, GPS, correos, teléfonos corporativos, protocolos, reportes y evaluaciones de riesgo.

Y después viene el abandono que describen las familias. Alan reconoció que recibieron apoyo para algunos viáticos, pero fue contundente al explicar que eso resulta mínimo frente a lo que tuvieron que enfrentar; buscar, acudir a diligencias, tratar con fiscalías, intentar comprender investigaciones criminales y vivir pendientes de una llamada; Priscila (cuyo esposo desapareció y después fueron encontrados sus restos) contó algo todavía más doloroso: cuando llegó el momento de viajar para reconocer los cuerpos, fueron la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las que proporcionaron traslados, vuelos y acompañamiento psicológico. La empresa estuvo ausente.

He escuchado muchas historias dolorosas durante más de tres décadas detrás de un micrófono; algunas se quedan conmigo más tiempo que otras; ésta lo hará porque detrás de toda la discusión sobre responsabilidades existe una realidad sencilla: diez hombres salieron a trabajar y no regresaron; nueve fueron encontrados sin vida y el ingeniero Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

En Sonora sabemos muy bien lo que significa la minería; sabemos cuánto produce, cuántos empleos genera y cuánto representa para comunidades enteras; precisamente por eso también debemos saber algo elemental: ninguna industria puede medir su éxito únicamente por lo que extrae del suelo, también debe medirse por la manera en que protege a quienes bajan a la mina, recorren sus caminos, habitan sus campamentos y hacen posible que esa riqueza exista.

Porque antes que mineros eran personas; eran esposos, padres, hijos; y fueron a trabajar, no a jugarse la vida.