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Ratifican traslado de Gildardo López Astudillo a penal coahuilense

El Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la legalidad del traslado del “Gil”, jefe de plaza de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dictámenes penitenciarios lo clasificaron como un interno de alta capacidad criminal

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimosexto Circuito confirmó la legalidad del traslado involuntario de urgencia de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, procesado por delincuencia organizada y vinculado a las investigaciones sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa.

La resolución dictada dejó firme el fallo del Juez de Ejecución que avaló el traslado del recluso desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 CPS Guanajuato hacia el Cefereso 18 CPS Coahuila, en Ramos Arizpe.

La alzada resolvió que la medida respetó lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), al tratarse de un procesado de alto riesgo cuya permanencia en el penal de origen vulneraba la seguridad y gobernabilidad institucional.

La determinación judicial se sustentó en los dictámenes elaborados por el Comité Técnico del recinto carcelario de Guanajuato.

RIESGO DE VIOLENCIA

La oficina de Criminología clasificó a López Astudillo como autor de alto riesgo, registrando capacidad criminal alta, adaptabilidad social baja, estado peligroso elevado e índice de riesgo intrainstitucional alto.

El reporte documentó su trayectoria como jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Guerrero y consignó que en la entrevista inicial aceptó funciones de jefe de plaza, aunque posteriormente pretendió negar dicha vinculación.

Por su parte, la oficina de Psicología emitió opinión favorable para la reubicación tras evaluar su perfil de personalidad, mientras que la dirección de Seguridad justificó la urgencia por la falta de custodios para mantener la vigilancia especial requerida por internos de alta peligrosidad.

En su recurso, la defensa argumentó que los hechos imputados corresponden a los años 2014 y 2015, sosteniendo que la aplicación de la ley violaba la irretroactividad. Asimismo, adujo suspensiones definitivas en juicios de amparo y cuestionó los informes técnicos.

No obstante, el Tribunal Colegiado desestimó los agravios al resolver que los traslados urgentes constituyen medidas de seguridad independientes del proceso penal principal.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los magistrados precisaron que las personas procesadas por delincuencia organizada se encuentran sujetas al régimen de excepción del artículo dieciocho constitucional, precepto que faculta a las autoridades a destinar centros especiales e implementar reubicaciones preventivas para preservar la estabilidad de los centros penitenciarios.

Respecto a su contexto en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las pesquisas ministeriales ubican a Gildardo López Astudillo como el jefe de plaza de Guerreros Unidos que coordinó la intercepción, privación de la libertad y posterior desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Informes oficiales señalan que El Gil giró instrucciones directas para recibir a los jóvenes entregados por corporaciones municipales.

Tras su detención en 2015, permaneció recluido hasta septiembre de 2019, cuando fue absuelto al anularse pruebas obtenidas bajo tortura.

Tras salir libre, colaboró como testigo protegido clave con el nombre Juan en las investigaciones, hasta que el 5 de septiembre de 2024 fue reaprehendido en la Ciudad de México por delincuencia organizada en la causa penal del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/ratifican-traslado-de-gildardo-lopez-astudillo-a-penal-coahuilense/

Abarca recibe 60 años de cárcel por asesinato de normalistas y ataque a futbolistas

El juzgador también sentenció a 25 personas más, entre ellas el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los mismos hechos

Un Juez federal sentenció este jueves a 60 años de prisión a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de seis personas relacionado con el ataque del 26 de septiembre de 2014 en el que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Irving Joan González Balleza, dictó la condena en contra del exfuncionario señalado como una de las piezas claves en el caso de los normalistas desaparecidos y los jóvenes agredidos del equipo de fútbol Los Avispones.

La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que la sentencia se extendió a otras 25 personas, entre ellas el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los mismos hechos que involucraron los homicidios de Blanca Montiel Sánchez, víctima colateral, y los normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

En el fallo del Juez se integraron los asesinatos de Víctor Manuel Lugo Ortiz y David Josué García Evangelista, el primero chofer del autobús que transportaba a los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo, y el segundo, alias "El Zurdito", jugador de este mismo equipo.

La sentencia condenatoria contra el exedil, actualmente preso en el penal federal número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, deriva de la causa penal 4/2018 por los disparos que agentes municipales y sicarios del cártel "Guerreros Unidos" realizaron al autobús en el que viajaban Los Avispones de Chilpancingo y a un taxi, la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de Los Avispones fueron confundidos con la banda criminal "Los Rojos" durante los hechos de esta jornada violenta.


Sentencia excluye tortura contra Mondragón: Red Solidaria

Para la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la sentencia del Juez excluyó el delito de tortura que se cometió contra el normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro fue desollado cruelmente durante los ataques en Iguala. "Es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura”, indicó en un pronunciamiento.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que el cuerpo tenía 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, cara, tórax y la columna.

Asimismo, subrayó que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando hay razón fundada para creer que se cometió, y a sancionarla con penas severas. Por ello, resaltó que la familia de Julio César y la Red exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso como tortura, con los dictámenes forenses que ya existen, y lleve a juicio a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Gobierno de Sheinbaum busca restar responsabilidad a las Fuerzas Armadas en caso Ayotzinapa: abogados

Abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa comparten con Proceso el balance del caso, del informe sobre los avances de las indagatorias

Reconocida como “crimen de Estado” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2023, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por la implicación de funcionarios de tres órdenes de gobierno es vista por la administración de Claudia Sheinbaum como “una herida abierta para sus familiares y para el pueblo de México”, de la que se le pretende restar responsabilidad a autoridades federales, sobre todo, a las Fuerzas Armadas.  

Al menos de eso parte el balance que comparte abogados de los familiares de los jóvenes desaparecidos con Proceso, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, y el responsable de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán Álvarez, presentarán un informe sobre los avances de las indagatorias y la búsqueda de los normalistas el pasado 28 de septiembre.

A 12 años de los hechos María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coinciden, en entrevistas por separado, que las “cuatro nuevas líneas de investigación” presentadas por Medina y Pazarán, no son novedosas, fueron adelantadas por organismos internacionales que colaboraron en los primeros años de la indagatoria, y están “muy lejos de poder acceder a la verdad” de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En la presentación del informe a los medios, cuyo contenido ya había sido dosificado a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos desde noviembre del año pasado, Medina y Pazarán expusieron como  elementos relevantes los análisis de telefonía celular la noche del 26 de septiembre en Iguala, identificando “17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación”, identificándose llamadas entre miembros de Guerreros Unidos, grupo criminal que participó en los hechos, con  “policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias”.

De la revisión de la telefonía se identificó que el dueño de la funeraria “El Ángel”, Rodolfo “N”, utilizó el dispositivo de Julio César Mondragón Fontes, es estudiante asesinado a golpes que apareció la mañana del 27 de septiembre con el rostro desollado. 

Por esos indicios, se cateó el negocio en octubre el año pasado y en febrero del presente, detectándose varias irregularidades relacionadas con la disposición de los restos óseos bajo su resguardo, así como probable uso irregular de documentación oficial, lo que llevó a la detención de siete personas.  

De la revisión de la  telefonía de los estudiantes desaparecidos, se ubicó a personas que tuvieron los aparatos celulares, una de ellas un ex servidor público de Iguala contra quien se ejerció acción penal “por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”; otro más habría estado en manos de un policía municipal que “se encuentra bajo investigación”, y el último fue usado por la pareja sentimental de un servidor público de Iguala que estaba adscrito a la barandilla municipal, lo que “contradice lo declarado por José Ulises  “N”, ex juez de barandilla, a la entonces PGR”, y quien se encuentra asilado en Estados Unidos.   

Como “tercera línea de investigación”, los funcionarios se refirieron a la identificación de un integrante de Guerreros Unidos que al momento de los hechos tenía 14 años y que fungiría como “halcón” del grupo criminal, quien rindió declaración ministerial el 30 de julio de este año, testimonio “que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal”.  

En tanto que la última línea de investigación está relacionada con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a partir de declaraciones de dos testigos protegidos, una de ellas la expresidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y la exvisitadora general del TSJ, Blanca del Rocío Estrada.  
No hay nuevas líneas de investigación, todo lo que han informado fue recomendado de por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nomás que las autoridades no habían hecho lo propio. 
“Por ejemplo el tema de las funerarias, eso se dio a partir de que encontraron una bolsa supuestamente en el río de San Juan por elementos de la Marina y de esos restos dio positivo al primer estudiante, Alexander Mora de Venancio”, señala Isidoro Vicario, al recordar que los forenses argentinos concluyeron que el resto con el que se identificó al normalista había sido sometido a fuego controlado, es decir en un crematorio.

La revisión de la telefonía celular de los jóvenes no sólo fue una de las primeras exigencias de los familiares de los estudiantes y recomendaciones del GIEI desde su primer informe, sino que en el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2018, tras la primera salida del GIEI. 

Desde 2018 el organismo de la CIDH daba cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había identificado “9 teléfonos y/o IMEI de lo estudiantes (que) tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 (…) y que al menos uno de ellos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal”, destacándose como los más relevantes los hallazgos en los casos de los dispositivos relacionas con Martín Getsemaní Sánchez, Miguel Ángel Hernández Martínez y José Antonio Tizapa Legideño.  

El último caso fue presentado como nuevo en el reporte presentado por Medina y Pazarán, cuando al menos desde 2018 en el expediente del caso Iguala había “dos informes de Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), en el primero se informa la identificación de 7 usuarios de líneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante Jorge Anonio Tizapa Legideño”, y en el segundo “se precisa que una de esas personas es un policía estatal”.  

En los otros dos casos, ya se había identificado que el aparato telefónico de Miguel Ángel Hernández se halló en manos de una “trabajadora de un bar”, que al entrevistarla declaró que se lo proporcionó un familiar que a su vez lo adquirió de una persona apellidada “El Gallina”, quien hasta ese momento no había sido ubicado 

Del IMEI asociado a Martín Getsemaní, lo que se sabía en ese momento, es que el celular fue hallado en manos de la “pareja sentimental” de quien fuera chofer del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.  

  De los elementos presentados el lunes 28 de septiembre, el abogado de Tlachinollan resalta que en el caso del miembro del Guerreros Unidos que era adolescente, era identificado en los testimonios “extraídos bajo tortura”, como Bimbo, y que las familias de los jóvenes han descartado que sea relevante.  

“Este personaje está aportando información de los puntos donde están realizando algunas búsquedas, pero lo lamentable es que no hay resultados. A finales de julio y principios de agosto fuimos con los padres y madres a un punto de búsqueda en Cocula a partir de la información de este cuate, después de una jornada ahí de dos o tres días, no apareció nada más que como ropa; faltan dos o tres puntos a revisar, pero los padres y madres no confían porque si ya falló en el primer punto, no hay certeza de que haya resultados en los otros”, resalta.  

Otro elemento que genera dudas entre los padres y madres, dice Isidoro Vicario, es la línea relacionada con la funeraria El Ángel, porque en 2014 “estaba en otro lugar, no donde está actualmente ahorita, junto al Semefo, donde se encontró esa misteriosa bolsa que probablemente pudiera contener restos y que está etiquetado ‘2014’, para los padres lo lógico es que esa bolsa se hubiera encontrado la otra funeraria, no acá”. 

Más aún, advierte que en el primer cateo de octubre de 2025 en las recientes instalaciones de la funeraria “no encontraron nada y en un segundo cateo que se hace en este año, ahora aparece esa bolsa, por eso los padres consideran que si en esa bolsa hay restos, que se sometan a los estudios correspondientes coordinados con el EAAF para poder tener certeza de los resultados”. 

La versión de que los estudiantes habrían sido incinerados en una funeraria que todavía no existía en 2014, tampoco es nueva. Fue divulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!”, a partir de la declaración de un testigo protegido identificado como “Neto”, tomado por la UEILCA, y de actuaciones ministeriales. 

En las páginas 529 a 534 se describe las acciones llevadas a cabo por el testigo y otro apodado “El Pato”, luego de recibir instrucciones “entre las nueve  once de la noche” del 26 de septiembre de 2014, de una persona presuntamente apodada “El Negro”, para comprar productos de limpieza, y más tarde, “entre las tres o cinco de la mañana”, dirigirse rumbo a Cocula, a una bodega ubicada en un lugar conocido como “El Coyote”, al que se accede por terracería, y según el testimonio, era el sitio donde se distribuían los enervantes.  

De acuerdo a la declaración del 22 de febrero de 2021, en ese lugar había más vehículos, y se ordenó a “Neto” y a “El Pato”, trasladar bolsas negras con “cuerpos destazados” a la funeraria Urióstegui, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, de donde “se percibía un olor de cuerpos quemándose” y después llevarían más cuerpos “al crematorio de “Los Verdes”. El operativo descrito, en el que se menciona a un “Bimbo” como una persona que ayudó a cargar los cuerpos, terminaría con la limpieza de ambas funerarias.  

Versión de AMLO
El libro de López Obrador transcribe las actuaciones ministeriales de reconocimiento de los puntos señalados por “Neto” realizadas tres días después de recabado el testimonio. Los agentes ministeriales certificaron el lugar del testigo donde habría recogido las bolsas negras con “cuerpos destazados”, rumbo a Cocula, las instalaciones de la “Funeraria Urióstegui” en Iguala y a la de “Funeraria El Ángel”, junto al Semefo de Iguala, sin que se mencionara en la descripción la presencia de crematorios en las instalaciones.  

María Luisa Aguilar resalta que desde noviembre de 2025, en las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Covaj, se le dio fuerza a la versión del crematorio como resultado de la revisión de la telefonía, circunstancia por la que sólo una persona, el dueño de la funeraria, está siendo procesado por la desaparición de los jóvenes, ello a pesar de que en el reciente informe se habla de siete personas detenidas.  

Al recordar que las familias de los jóvenes desaparecidos han exigido “la verdad sin importar qué dolorosa sea”, Aguilar Rodríguez llamó a las autoridades a ser “responsables, que haya una investigación que tenga solidez pericial, que sea real, como explicar qué capacidad tenían los hornos en ese momento, septiembre de 2014, no ahorita”. 

“Lamentablemente sería una versión en la que difícilmente habría posibilidades de identificación, en ese contexto, si es a dónde va la principal línea de investigación, así parece por la forma en que fue presentada aunque no lo dijeron expresamente, pues a nosotros nos parece que tiene que ser algo muy cuidadoso para las familias, que tiene que tener mucha solidez pericial y que tiene que ser responsable de que, difícilmente se va a poder a 12 años, se va a poder dar una explicación total del minuto a minuto, si no luego pues se empieza a abusar de otras medidas, como el uso de testigos colaboradores, como ya se ha hecho en este caso”, advierte la directora  del Centro Prodh.  

Aguilar Rodríguez resalta que entre las alertas que han prendido las familias y se la han expresado a las autoridades tiene que ver con el uso de testigos colaboradores en la cacareada detención de Ángel Aguirre Rivero, que “dista de la versión de la investigación con perspectiva científica, pues la acusación está basada sólo en dos testimonios, por lo que, en reunión con la presidenta, las familias han sido muy claras al pedir que se fortalezca esa investigación, considerando que el juez de vinculación puede dictar un auto (de formal prisión), pero en los siguientes momentos del proceso penal el estándar probatorio tiene que subir, sobre todo si lo quieren sostener en un juicio”.  

Los abogados de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos lamentaron que en el informe presentado no se dio respuesta a sus exigencias, como lo es el regreso de expertos independientes y sobre todo la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los 853 folios de inteligencia militar que ya han sido ordenados por un juez de distrito en el amparo 1350/2023.  

Sobre esos temas, en la conferencia del 28 de septiembre, el subsecretario Medina Padilla argumentó que la CIDH había dado por concluidos los trabajos del GIEI, por lo que no era posible reactivarlo y que se exploraba una posibilidad de asistencia internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH).  

En cuanto a la entrega de los folios, el funcionarios respaldó la versión que ha sostenido la Sedena de que ya se habría entregado el material de inteligencia militar relacionado con la desaparición de los jóvenes, 33 folios, y que la Segob “tenía información” del amparo, sin abundar más.  

Sheinbaum y la versión de Sedena
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha avalado públicamente la versión de la Sedena, a pesar de que quien emitió la sentencia de amparo, es un juez electo en el proceso de renovación del poder judicial en 2025. 

“El Estado mexicano no tiene una voluntad real de avanzar en el caso Ayotzinapa, tampoco tiene esa voluntad de que se siga manteniendo la asistencia internacional”, sostiene el abogado de Tlachinollan.  

Explica que el sentir de los padres y madres de los 43 normalistas es que el Estado mexicano demostraría su intención de que el caso Ayotzinapa procurando “algún mecanismo para que regresen los expertos”, de manera particular Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes se mantuvieron hasta el último momento en el GIEI y que han manifestado su disposición de regresar.  

“No se ve esa voluntad real, de la última reunión que se tuvo el 27 de agosto, de ese tema, lo que dijo la presidenta, ‘bueno, está bien, ya no existe el GIEI, pero si ustedes insisten, pues vamos a pedirle a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que se comunique con las personas que ustedes dicen’. 

“Esperemos que en una próxima reunión que se tenga, aunque no hay fecha, nos den alguna respuesta concreta, porque para los padres y madres, si los expertos no pueden regresar a través de la CIDH o la ONU-DH, pueden regresar como expertos independientes o externos, la finalidad es que aporten ahí su experiencia para poder avanzar en el caso de Ayotzinapa, pues conocen bien el tema”, sentencia Isidoro Vicario.  

Para la directora del Centro Prodh, lo que se advierte en esta nueva etapa de la indagatoria es que “se está queriendo minimizar otra vez la responsabilidad de las autoridades federales en ese complejo marco de redes macrocriminales que estaban en ese en 2014”.  

Aguilar destaca que las expresiones del informe, señalado que los 17 militares implicados sólo hablaban de “responsabilidades individuales”, e insistiendo en que “no hay ninguna información adicional”, que agregar al caso revela un “acuerpamiento” del Ejército, que implica la protección de personal militar coludido con Guerreros Unidos.  

“Es cierto que sobre los militares procesados, hablamos de responsabilidades individuales, pero más allá de que se busque cuidar esa parte en particular, más bien da una señal o un mensaje de lo que están queriendo es dar un espaldarazo al ejército como institución, pero que creo que sí es difícil decir que la falta de entrega de información, considerando que hay mandatos judiciales, no sea una posición de la institución”, señala la directora del Centro Prodh.  

La situación va más allá, pues a pesar de que la sentencia, emitida en marzo, fue impugnada por la Sedena,”al día de hoy no hay un juzgado que ya haya radicado el amparo”, por lo que el caso está en el limbo jurídico. 

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, María Luisa Aguilar reconoce que son las familias de los jóvenes estudiantes quienes han “resistido y sostenido esta búsqueda de la verdad de manera muy digna”.  

Lamenta que el caso revele “la falta de acciones adecuadas de parte del Estado en una crisis mayor”, pues los 43 son parte de ese universo de más de 130 mil personas cuyo destino no se encuentra esclarecido. 

 “Ayotzinapa nos recuerda que esa colusión y esa gobernanza criminal que existía en Iguala se mantiene al día de hoy en varias zonas y esos son los contextos donde las familias tienen que estar buscando; nos recuerda  cómo la generalidad las instituciones de atención a víctimas no están a la altura de la crisis que viven las familias buscadoras  día a día;  nos recuerda todas las irregularidades que hay en registros, y lo que hay detrás de esa crisis forense, pues hay realidades como estas del Semefo de Iguala, que doce años después de los hechos, siguen siendo una realidad cotidiana de las mismas instituciones que le tienen que dar respuesta a las familias sobre la identificación de los suyos y al rezago forense”, concluye María Luisa Aguilar.

'Ya se está construyendo la exculpación' en el caso Ayotzinapa: Ángela Buitrago

La exintegrante del GIEI cuestionó que se prioricen las líneas sobre telefonía y funerarias mientras permanecen pendientes indagatorias sobre autoridades, inteligencia militar y tortura

Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), advirtió que en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “ya se está construyendo la exculpación de varias de las líneas en donde es clarísimo que hay responsabilidad”, luego de que las autoridades presentaran nuevas líneas de investigación relacionadas con la telefonía de los jóvenes, funerarias y presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Buitrago cuestionó que esas líneas, aunque pueden ser investigadas, sean presentadas como elementos novedosos cuando algunas llevan años dentro de las indagatorias. Consideró que esto puede desviar la atención de otras líneas que cuentan con información técnica y avances que deberían profundizarse.

“La verdad pues los elementos que ponen sobre la mesa en este nuevo informe terminan siendo etéreos, generan distracciones que en mi criterio debían ser miradas con mucho cuidado”, afirmó.

Sobre la investigación de los teléfonos de los estudiantes, explicó que el GIEI ya había documentado que los aparatos continuaron activos después de la desaparición y que se logró identificar a personas que estuvieron en posesión de algunos de ellos.

“Llegamos hasta incluso la determinación de personas que tuvieron en su mano los celulares. Hay declaraciones, hay verificaciones técnicas, hay seguimiento en términos de las personas que tuvieron los celulares de los chavos”, señaló.

Buitrago recordó que el segundo informe del GIEI documentó que los teléfonos de los estudiantes continuaron registrando actividad después de su desaparición y que los expertos realizaron trabajos para identificar las antenas con las que tuvieron comunicación.

Esto permitió establecer que los teléfonos “no estaban en poder de los chavos después, sino que estaban en poder de una serie de personas que tendrían que dar explicaciones”.

En cuanto a la línea relacionada con funerarias y posibles cremaciones, Buitrago consideró que debe abordarse con especial cuidado debido al impacto que tiene cualquier información sobre posibles restos en las familias de los estudiantes desaparecidos.

“Ni siquiera se ha verificado a quién pertenecen estos restos”, dijo al referirse a los restos óseos que fueron mencionados dentro de las nuevas indagatorias.

La exintegrante del GIEI señaló que expresiones como que fueron encontrados restos óseos, sin contar todavía con una identificación genética, pueden generar incertidumbre y expectativas entre los familiares.

“Se encontraron restos óseos, pero aquí a quiénes corresponde y eso significaría que tendríamos que tener información corroborada y clara para darle a los padres”, dijo.


Líneas sobre autoridades y fuerzas de seguridad

Buitrago sostuvo que existen otras líneas de investigación relacionadas con la actuación de autoridades estatales, municipales y federales que deberían continuar.

Mencionó que existen elementos técnicos para acreditar la presencia de integrantes de las fuerzas militares, de la entonces Procuraduría y del Ministerio Público estatal en zonas donde se desarrollaron hechos relacionados con los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos evidencia técnica de que estas personas estuvieron en el momento en que fueron bajados los muchachos tanto del automotor o el camión que estaba en Palacio de Justicia como en la Juan N. Álvarez”, afirmó.

También señaló que existen declaraciones que pueden contribuir a establecer qué ocurrió con los estudiantes y hacia dónde fueron trasladados.

Buitrago hizo referencia además a información generada por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), incluido el CRFI de Iguala, y a comunicaciones que fueron analizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el comandante de esa institución.

De acuerdo con la exintegrante del GIEI, esa información incluye comunicaciones relacionadas con estudiantes que se encontraban en una cueva el 28 de septiembre de 2014, dos días después de la desaparición.

“Hay mucha información que nos permitiría, yo no estoy diciendo que se dejen líneas, al contrario, sino que se investiguen todas las líneas y que se miren a todos los presuntos responsables en este caso de la desaparición y que nos puedan dar información de hacia dónde se llevaron los muchachos”, planteó.

La exintegrante del grupo de expertos también mencionó evidencias relacionadas con una salida hacia Taxco, Huitzuco y la presencia de personas provenientes de Ciudad de México. Por ello, consideró que las líneas relacionadas con teléfonos, funerarias y la presencia de estudiantes en barandillas no deberían desplazar otras indagatorias.

Sobre los teléfonos, recordó que desde etapas anteriores de la investigación se había identificado a personas que los utilizaron después de la desaparición. “Quiénes tenían los teléfonos está conformado desde el cuaderno, calculo yo, 170 de la investigación, en donde inclusive se llevó a muchas personas a declarar porque se les encontraron los celulares en uso”, explicó.

Buitrago insistió en que la información que se presente públicamente debe estar comprobada y corroborada, particularmente cuando pueda tener consecuencias para las familias.

Cuestiona que no se investigue el supuesto montaje en Cocula

Buitrago también criticó que, si las autoridades concluyen que el basurero de Cocula fue utilizado para montar una versión de los hechos y encubrir la verdad, no se estén desarrollando líneas de investigación dirigidas contra los funcionarios que habrían participado en ese montaje.

“Ellos concluyen que el basurero de Cocula está demostrado que fue un montaje, que fue una actividad que se hizo para encubrir la verdad, pero no hay una sola línea de investigación que continúe las investigaciones sobre los funcionarios que montaron esta verdad”, afirmó.

Mencionó específicamente elementos relacionados con la presencia de policías estatales y de otras personas en el basurero y señaló que también permanece pendiente esclarecer qué ocurrió con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que estuvo en el río San Juan y que actualmente se encuentra fuera del país.

Para Buitrago, estos asuntos forman parte de una serie de elementos que, pese a estar documentados, no han derivado en consecuencias jurídicas.

También cuestionó la utilización de testimonios de personas que, según dijo, habían declarado previamente en sentido distinto y posteriormente fueron incorporadas como testigos de cargo. En particular, se refirió a una magistrada del tribunal administrativo que declaró cuatro veces durante la investigación.

“Eso es falso testimonio clarísimo y nunca ha seguido una investigación ni una línea de investigación por las mentiras que dijo en su momento de que no conoció los vídeos cuando sí los conoció, los tenía, los tuvo”, sostuvo.

Buitrago vinculó este punto con los videos de las cámaras del Palacio de Justicia, que consideró una fuente de información relevante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.

La exintegrante del GIEI también se refirió a la utilización de inteligencia artificial para analizar la investigación y señaló que puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el conocimiento acumulado durante años.

Explicó que el expediente está compuesto por más de 2 mil 500 tomos, además de otros expedientes relacionados, y que la investigación se encuentra fragmentada en más de 250 averiguaciones previas, investigaciones abiertas, juicios e indagatorias.

“La inteligencia artificial nos sirve para muchas cosas, pero quien no tenga el contexto y no tenga la claridad de lo que ha pasado durante todos estos años en una investigación de esa naturaleza también puede perder elementos fundamentales que llevarían a la responsabilidad que debe hacerse en un delito de esta naturaleza”, afirmó.

Recordó que los siete informes elaborados por el GIEI contienen elementos probatorios y que, además, quedaron alrededor de 900 solicitudes de investigación relacionadas con distintas líneas.

“Nosotros no somos dueños de esas investigaciones, somos parte de un grupo que pidió el gobierno mexicano con los padres de familia”, señaló.

Afirmó que el grupo entregó información y planteó líneas de investigación que todavía pueden ser utilizadas por las autoridades. También sostuvo que después de la salida del GIEI se entregaron 33 folios adicionales y consideró que esto demuestra que existía información que todavía no había sido incorporada a la investigación: “Así sea un folio más tienen esa información”.

Buitrago sostuvo que los órganos de inteligencia pueden contar con información obtenida mediante distintas herramientas y mencionó los sistemas de georreferenciación, Pegasus e infiltración, entre otros mecanismos.

Según la exintegrante del GIEI, esa información podría incluir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades presuntamente cooptadas.

Sobre la posibilidad de incorporar a nuevos expertos internacionales a la investigación, Buitrago consideró positivo que se sumen especialistas de otros organismos y países, siempre que su participación contribuya a profundizar las indagatorias existentes. “A mí con tal de que lleguen a sumar pueden venir de cualquier parte”, afirmó.

Mencionó la posibilidad de que participen especialistas impulsados por Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Amnistía Internacional, entre otros organismos.

“Que lleguen todos, bienvenidos, no sólo la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, ojalá, pero que lleguen a sumar y desde ese punto de vista que no se resten los elementos que ya están demostrados en la investigación”, señaló.

Buitrago insistió en que cualquier nuevo equipo necesitará tiempo para estudiar la investigación y conocer el trabajo acumulado durante más de una década.

Explicó que incluso con herramientas de inteligencia artificial para resumir documentos, el análisis de las hipótesis y líneas de investigación requiere conocer el contexto completo del expediente.

Sostuvo que no se puede establecer una conclusión definitiva mientras permanezcan abiertas líneas de investigación relevantes. “Mientras no se agoten todas las líneas y todas las hipótesis nadie puede concluir realmente qué pasó en cada una de las partes de los intervinientes”, señaló.

La exintegrante del GIEI sostuvo que existen elementos relacionados con autoridades municipales, estatales y federales y que la investigación debe determinar qué ocurrió y quiénes tuvieron participación.

Cuestionó las consecuencias que han tenido los casos de tortura documentados dentro de la investigación y la falta de indagatorias contra quienes habrían participado en esos hechos. Se refirió particularmente a las resoluciones judiciales relacionadas con personas procesadas por el caso y rechazó que se atribuya su liberación a una decisión discrecional de los tribunales.

“Quienes torturan son criminales y el Estado no puede ser criminal”, dijo, al tiemp que señaló que existen al menos 17 personas cuya tortura habría sido confirmada, por lo que deben investigarse las responsabilidades correspondientes.

“¿Qué pasó contra los que torturaron? Están todas las evidencias, están los videos”, concluyó.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2026.
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https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/ya-se-esta-construyendo-la-exculpacion-en-el-caso-ayotzinapa-angela-buitrago/

Caso Ayotzinapa: Familia de Julio César Mondragón exige a la CIDH acciones para esclarecer el crimen

Los familiares urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar respuesta al litigio emprendido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que piden que se considere la tortura a la que fue sometido el normalista antes de morir

A 12 años de los ataques armados contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la familia de Julio César Mondragón Fontes, joven asesinado cuyo rostro desollado se viralizó la mañana del 27 de septiembre de 2014, exigió el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su muerte y del hallazgo de su cuerpo.  

A través de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), los familiares urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar respuesta al litigio emprendido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que piden que se considere la tortura a la que fue sometido el normalista antes de morir.

En un comunicado, la organización que es encabezada por el obispo Raúl Vera López, recordó que hace 12 años el normalista de 22 años originario de Tenancingo, Estado de México, “fue perseguido tras el ataque armado contra sus compañeros en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte”, en Iguala, y a la mañana siguiente fue localizado sin vida con el rostro desollado y múltiples fracturas.

“Doce años después, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron ni qué autoridades supieron de ello”, puntualizó la RSDCIAC, tras señalar que a la fecha las autoridades no han reconocido que antes de su muerte el joven fue torturado, como concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

La organización resaltó que en la investigación de la muerte de Mondragón Fontes, tampoco se han esclarecido “las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo”.  

La RSDCIAC explicó que ante las deficiencias en la investigación, en representación de la madre del estudiante asesinado, Afrodita Mondragón Fontes, el 16 de diciembre de 2022 presentó la petición P-2382-22 ante la CIDH. 

El organismo regional notificó el traslado de la petición al Estado mexicano el 27 de diciembre de 2023, sin que el gobierno mexicano haya dado respuesta al documento, según le informó la CIDH a la familia Mondragón Fontes el 12 de agosto de 2024.  
“El silencio del Estado ante la CIDH no es un trámite pendiente; es la continuación de la misma impunidad que ha marcado este caso desde la noche de Iguala”, señaló la Red Solidaria en su comunicado.  
Ante las omisiones, la RSDCIAC exigió a la CIDH emitir “a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22”, y de ser posible “que acoja la solicitud de acumular admisibilidad y fondo ante la falta de respuesta del Estado”.
A las autoridades responsables de la indagatoria de la muerte de Julio César, la organización pidió que se “reclasifique la investigación reconociendo la tortura y la ejecución extrajudicial”, así como que se investigue “a todos los actores y niveles de responsabilidad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, y se esclarezcan las circunstancias del hallazgo del cuerpo”.
Los representantes de los familiares de Julio César Mondragón Fontes exigieron también “la reparación integral a su familia y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, con garantías de no repetición”.

“A 12 años, la familia de Julio César sigue esperando verdad y justicia. Ni perdón ni olvido”, concluyó el pronunciamiento firmado por los representantes de los familiares, Ericka Zamora Pardo, Ernesto Rodríguez Cabrera y Magdalena López Paulino.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/9/28/caso-ayotzinapa-familia-de-julio-cesar-mondragon-exige-a-la-cidh-acciones-para-esclarecer-el-crimen-380818.html

Padres de los 43 no fueron convocados al informe de Ayotzinapa; Sheinbaum dice que ya conocían los avances

La presidenta aseguró que el contenido del reporte ya había sido presentado a los familiares en agosto. El abogado de los padres sostuvo días antes que no conocían el informe que el gobierno presentará este lunes

Las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron convocados a la presentación pública del nuevo informe sobre los avances de la investigación, confirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó que los familiares ya conocían su contenido.

Sostuvo que el reporte que presentarán autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República contiene información que ya fue expuesta a los padres durante la reunión que sostuvo con ellos el pasado 27 de agosto en Palacio Nacional.

Sin embargo, el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, afirmó el pasado viernes que los padres no conocían el contenido del nuevo informe y que durante la reunión de agosto únicamente recibieron información sobre las últimas detenciones, acciones de búsqueda e investigaciones relacionadas con telefonía celular.

El abogado también señaló que los familiares no habían recibido el documento completo que sería presentado públicamente este lunes.

La diferencia entre ambas versiones ocurre cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

El gobierno federal ha insistido en que la presentación de este informe no implica el cierre de la investigación. Sheinbaum afirmó que se expondrán nuevas líneas de investigación, las detenciones realizadas y las pruebas que sustentan esas líneas.

Los familiares, por su parte, han reclamado avances que permitan establecer el paradero de los 43 estudiantes y han insistido en mantener abiertas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actuación del Ejército.

Informe Ayotzinapa del gobierno apunta a red criminal en funerarias

Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como 'halcón'

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron cuatro nuevas líneas de investigación científica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permitieron detener al exgobernador de Guerrero y descubrir una red criminal vinculada a servicios funerarios.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán explicaron que la indagatoria reanalizó documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años mediante nuevas tecnologías.

El reanálisis telefónico de las comunicaciones ocurridas en septiembre de 2014 identificó a 17 nuevos objetivos que conectan a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos con policías locales y empresarios funerarios.

Las autoridades señalaron que el propietario de la Funeraria El Ángel utilizó el teléfono celular del estudiante Julio César Mondragón Fontes pocos días después de su desaparición.

Los cateos realizados en la funeraria y en el Servicio Médico Forense de Iguala revelaron la existencia de un horno crematorio clandestino, restos óseos en un colchón y certificados de defunción firmados en blanco.

Los peritajes establecieron que un resto óseo enterrado detrás del forense de Iguala coincidió genéticamente con fragmentos recuperados en 2021 en el municipio de Taxco.

Se informó que la fiscalía detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada tras las declaraciones de exservidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia sobre el ocultamiento de videos del Palacio de Justicia.

Los análisis telefónicos demostraron que exservidores públicos utilizaron los teléfonos de los estudiantes desaparecidos después de los hechos ocurridos en Iguala. La revisión del uso de los dispositivos reforzó la hipótesis de que un grupo de normalistas ingresó a la barandilla municipal de Iguala antes de su desaparición.

Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como ‘halcón’.

Según el reporte oficial, las acciones judiciales emprendidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 sumaron 168 personas procesadas, entre ellas 130 que permanecen en prisión preventiva.

Además, se reportó que el Gobierno de México acordó una nueva ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar a expertos independientes en la investigación.



A doce años, Ayotzinapa no se olvida

Los papás y las mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentan que a doce años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 siga sin haber información sobre el paradero de sus hijos. Han pasado más de 4,380 días con sus mañanas, con sus medios días, con sus tardes, con sus noches interminables, con la esperanza naciendo y muriendo en cada madrugada. En este tiempo les ha tocado lidiar con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Y la pregunta que se hicieron desde el primer momento permanece sin respuesta: ¿Dónde están nuestros hijos?

“Hombro con hombro. Codo con codo: Ayotzi somos todos”. No es consigna: es el sentir de los miles de manifestantes que los acompañan, de los cientos que forman vallas a lo largo de todo Paseo de la Reforma, de Avenida Juárez y de 5 de mayo, y, respetuosamente, los miran pasar.

El poeta David Roura, del Comité 68, hace una estimación: Más de 8,000 personas marcharon este 26 de septiembre del 2026. Y va más allá: “Si llegaron 42 camiones de pasajeros y en cada uno viajan 45 estudiantes normalistas de Guerrero y Michoacán, tenemos nada más de esos camiones a 1,900 personas”. Más los que llegaron a pie, en Metro, en bicitaxi y los que se estacionaron por ahí…

Las mamás y los papás caminan en la descubierta, encarnan la dignidad. Su dolor pesa más que sus enfermedades crónicas. Sostienen los carteles con las fotos de sus hijos y a ellos los sostienen sus familiares, sus otros hijos, algunos de sus nietos que vienen con ellos. Pero no están todos: ocho padres han muerto a lo largo de estos doce años sin saber la verdad de lo ocurrido. Hace un mes falleció en Tixtla, Guerrero, el papá de Everardo, el que se parecía a Kalimba, Don Francisco Rodríguez Morales.

“Fue el Estado”. La creencia está bien cimentada en el ánimo colectivo. No sólo fueron palabras escritas con veladoras encendidas en el Zócalo hace muchos años o pintadas en un vagón de Metro haciendo su interminable recorrido, de ida y vuelta, en el que leímos “Fue el Estado”. Esa noche del 26 al 27 de septiembre, la autoridad, la que tiene por obligación proteger a la ciudadanía, atacó a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con armas de fuego. Luego vino la desaparición forzada y las frases lamentables. “La verdad histórica”. El imperdonable “Ya supérenlo”.

Doce años de impunidad. De entorpecer la investigación, de impedir el acceso a la información en poder del ejército, de nomás abrir líneas de investigación para aparentar que se hace algo. De desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo trabajo debería de contar con las facilidades y apoyo estatal pues es el que ha dado los mejores resultados. Su regreso es una de las peticiones de los padres y madres de los +43.

Una cartulina pintada a mano lo resume: “El gobierno encubre a los culpables.”

“Ayotzi vive, la lucha sigue, sigue, sigue”. A ritmo de batucada se oye un “Qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer”. Con una manta se pide que el presupuesto sea para la educación y no para la Guardia Nacional. En otra se lee: “Educación no es adoctrinamiento”.

El clamor se eleva: “No, no, no. No es un hecho aislado. Las desapariciones son un crimen de Estado”. Se intercala con el muy conmovedor: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”. La marcha pasa junto a la Glorieta de las y los Desaparecidos. Hace apenas un mes se limpiaron las vallas y se hizo una pega masiva de fichas de búsqueda. Ana Lucía Lagunes, cuyo hermano Ricardo Arturo Lagunes Gasca, está desaparecido desde el 13 de enero del 2023 le comentó en entrevista al fotorreportero de Desinformémonos, Mario Meneses Candelaria, que si pegaran las fichas de búsqueda de todas y todos los desaparecidos, “Esto se desbordaría y llenaría todas las calles”.

Según las cifras oficiales hay más de 135 mil personas desaparecidas en el país. Las caras de cientos de ellos miran pasar la Marcha. En las fichas de búsqueda hay rostros sonrientes, adustos, serios, pícaros, seductores. Hombres y mujeres que son buscados por sus familiares, pero que para las autoridades son una cifra nada más, una cifra que han intentado reducir, desaparecer incluso el registro de su desaparición.

“No estamos todos, nos faltan 43”. Y brota un recuerdo: A mediados de octubre del 2014 Cristina Pacheco entrevistó al grupo musical Los Folkloristas y cerró su programa de Canal Once con esta frase: “Esta noche estuvimos todos, pero siguen faltando 43 mexicanos”. La alusión era, es, evidente.

“No somos uno. No somos cien. Pinche gobierno, nos faltan 43”. Se avanza hacia el Antimonumento a los 43 donde se hizo el acostumbrado pase de lista pidiendo la aparición con vida de cada uno de los muchachos. Los granaderos se apersonaron. Se dice que ya no existen, pero su sola presencia causó tensión y hubo enfrentamientos con el llamado Bloque Negro.

La entrada al Zócalo por la Avenida 5 de mayo fue de lo más emotiva. Imposible no recordar cuando los jóvenes del 68 tomaron el Zócalo por primera vez, jubilosos y asombrados por su hazaña, gritaron: “Sal al balcón, hocicón” que tanto hizo enojar al aludido, a Gustavo Díaz Ordaz. Imposible no recordar cuando en febrero de 1995 tres veces se llenó el Zócalo al grito de “Marcos somos todos” y “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” o en 1997 cuando una delegación integrada por 1,111 zapatistas, la primera gran marcha indígena hacia la capital, exigió el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados entre zapatistas y el gobierno de Zedillo o cuando en marzo del 2001 entró la Caravana de la Dignidad Indígena también llamada de la Marcha de la Tierra con los 24 comandantes zapatistas y el Subcomandante Insurgente Marcos pidieron que se reconocieran constitucionalmente los derechos de los pueblos indios. Ese mismo Zócalo se ha teñido de morado cada 8 de marzo demandado se haga justicia en los casos de violencia de género y feminicidios.

Y desde el templete levantado en la plaza mayor resuenan las preguntas: ¿Qué fue lo que realmente pasó la noche del 26 de septiembre? ¿Quiénes agredieron a los 43? ¿Quiénes se los llevaron, por qué se los llevaron? ¿A dónde están? Se exige respuesta. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Magdalena, una de las mamás, se dirige a la presidenta y le aclara que las líneas de investigación fueron asentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Sólo pide que se sigan éstas porque ellos ya están desgastados por las búsquedas infructuosas. Le pide que ella haga que el ejército entregue los más de 800 folios donde -esperan- están las respuestas.

Y estas peticiones se reiteran, una y otra vez, suplicando y a veces llorando, lo han exigido: que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues han sido contundentes en sus líneas de investigación al punto que los gobiernos no han tenido argumentos serios para desacreditarlas. Tenían esperanza en la presidenta pues ella venía de un movimiento estudiantil, es mujer, es madre y que entendería el dolor de estos padres y madres. Pero se han topado con autoritarismo e insensibilidad.

Antes se decía que un tema tabú era el Ejército. Ahora queda claro que no se le puede tocar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha exonerado. Pero a doce años de la desaparición forzada de su hijo, Don Mario César pide que le demuestren que el ejército no tuvo nada que ver. “Nosotros sí podemos decir que había un miembro del Ejército Mexicano adentro del camión de nuestros hijos y que iba informando en tiempo y forma de lo que estaban haciendo nuestros hijos. También podemos decir que estaban los de Inteligencia en el Palacio de Justicia y en la calle Juan N. Álvarez. Tenemos fundamentos y pruebas de que el ejército mexicano fue a barandillas a preguntar. Tenemos pruebas, no estamos con dichos.

“Pido a los colectivos, a los ciudadanos, a los universitarios, a los intelectuales, a todo el pueblo de México que nos ayude a exigir el regreso de los expertos y que se abran esos más de 800 folios. Sin ustedes no podemos hacer nada. No hay justicia en México. El gobierno juega con el dolor de los padres, nos golpetean con la intención de dividirnos.”

Un grito lo interrumpe: “Fue el Estado” y el grito se vuelve eco: Fue el Estado. Fue el Estado.

26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa.

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: BEATRIZ ZALCE.
ENLACE: https://desinformemonos.org/a-doce-anos-ayotzinapa-no-se-olvida/