A 12 años de los hechos María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coinciden, en entrevistas por separado, que las “cuatro nuevas líneas de investigación” presentadas por Medina y Pazarán, no son novedosas, fueron adelantadas por organismos internacionales que colaboraron en los primeros años de la indagatoria, y están “muy lejos de poder acceder a la verdad” de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De la revisión de la telefonía se identificó que el dueño de la funeraria “El Ángel”, Rodolfo “N”, utilizó el dispositivo de Julio César Mondragón Fontes, es estudiante asesinado a golpes que apareció la mañana del 27 de septiembre con el rostro desollado. 

Por esos indicios, se cateó el negocio en octubre el año pasado y en febrero del presente, detectándose varias irregularidades relacionadas con la disposición de los restos óseos bajo su resguardo, así como probable uso irregular de documentación oficial, lo que llevó a la detención de siete personas.  

De la revisión de la  telefonía de los estudiantes desaparecidos, se ubicó a personas que tuvieron los aparatos celulares, una de ellas un ex servidor público de Iguala contra quien se ejerció acción penal “por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”; otro más habría estado en manos de un policía municipal que “se encuentra bajo investigación”, y el último fue usado por la pareja sentimental de un servidor público de Iguala que estaba adscrito a la barandilla municipal, lo que “contradice lo declarado por José Ulises  “N”, ex juez de barandilla, a la entonces PGR”, y quien se encuentra asilado en Estados Unidos.   

Como “tercera línea de investigación”, los funcionarios se refirieron a la identificación de un integrante de Guerreros Unidos que al momento de los hechos tenía 14 años y que fungiría como “halcón” del grupo criminal, quien rindió declaración ministerial el 30 de julio de este año, testimonio “que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal”.  

En tanto que la última línea de investigación está relacionada con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a partir de declaraciones de dos testigos protegidos, una de ellas la expresidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y la exvisitadora general del TSJ, Blanca del Rocío Estrada.  

“Por ejemplo el tema de las funerarias, eso se dio a partir de que encontraron una bolsa supuestamente en el río de San Juan por elementos de la Marina y de esos restos dio positivo al primer estudiante, Alexander Mora de Venancio”, señala Isidoro Vicario, al recordar que los forenses argentinos concluyeron que el resto con el que se identificó al normalista había sido sometido a fuego controlado, es decir en un crematorio.

La revisión de la telefonía celular de los jóvenes no sólo fue una de las primeras exigencias de los familiares de los estudiantes y recomendaciones del GIEI desde su primer informe, sino que en el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2018, tras la primera salida del GIEI. 

Desde 2018 el organismo de la CIDH daba cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había identificado “9 teléfonos y/o IMEI de lo estudiantes (que) tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 (…) y que al menos uno de ellos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal”, destacándose como los más relevantes los hallazgos en los casos de los dispositivos relacionas con Martín Getsemaní Sánchez, Miguel Ángel Hernández Martínez y José Antonio Tizapa Legideño.  

El último caso fue presentado como nuevo en el reporte presentado por Medina y Pazarán, cuando al menos desde 2018 en el expediente del caso Iguala había “dos informes de Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), en el primero se informa la identificación de 7 usuarios de líneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante Jorge Anonio Tizapa Legideño”, y en el segundo “se precisa que una de esas personas es un policía estatal”.  

En los otros dos casos, ya se había identificado que el aparato telefónico de Miguel Ángel Hernández se halló en manos de una “trabajadora de un bar”, que al entrevistarla declaró que se lo proporcionó un familiar que a su vez lo adquirió de una persona apellidada “El Gallina”, quien hasta ese momento no había sido ubicado 

Del IMEI asociado a Martín Getsemaní, lo que se sabía en ese momento, es que el celular fue hallado en manos de la “pareja sentimental” de quien fuera chofer del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.  

  De los elementos presentados el lunes 28 de septiembre, el abogado de Tlachinollan resalta que en el caso del miembro del Guerreros Unidos que era adolescente, era identificado en los testimonios “extraídos bajo tortura”, como Bimbo, y que las familias de los jóvenes han descartado que sea relevante.  

“Este personaje está aportando información de los puntos donde están realizando algunas búsquedas, pero lo lamentable es que no hay resultados. A finales de julio y principios de agosto fuimos con los padres y madres a un punto de búsqueda en Cocula a partir de la información de este cuate, después de una jornada ahí de dos o tres días, no apareció nada más que como ropa; faltan dos o tres puntos a revisar, pero los padres y madres no confían porque si ya falló en el primer punto, no hay certeza de que haya resultados en los otros”, resalta.  

Otro elemento que genera dudas entre los padres y madres, dice Isidoro Vicario, es la línea relacionada con la funeraria El Ángel, porque en 2014 “estaba en otro lugar, no donde está actualmente ahorita, junto al Semefo, donde se encontró esa misteriosa bolsa que probablemente pudiera contener restos y que está etiquetado ‘2014’, para los padres lo lógico es que esa bolsa se hubiera encontrado la otra funeraria, no acá”. 

Más aún, advierte que en el primer cateo de octubre de 2025 en las recientes instalaciones de la funeraria “no encontraron nada y en un segundo cateo que se hace en este año, ahora aparece esa bolsa, por eso los padres consideran que si en esa bolsa hay restos, que se sometan a los estudios correspondientes coordinados con el EAAF para poder tener certeza de los resultados”. 

La versión de que los estudiantes habrían sido incinerados en una funeraria que todavía no existía en 2014, tampoco es nueva. Fue divulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!”, a partir de la declaración de un testigo protegido identificado como “Neto”, tomado por la UEILCA, y de actuaciones ministeriales. 

En las páginas 529 a 534 se describe las acciones llevadas a cabo por el testigo y otro apodado “El Pato”, luego de recibir instrucciones “entre las nueve  once de la noche” del 26 de septiembre de 2014, de una persona presuntamente apodada “El Negro”, para comprar productos de limpieza, y más tarde, “entre las tres o cinco de la mañana”, dirigirse rumbo a Cocula, a una bodega ubicada en un lugar conocido como “El Coyote”, al que se accede por terracería, y según el testimonio, era el sitio donde se distribuían los enervantes.  

De acuerdo a la declaración del 22 de febrero de 2021, en ese lugar había más vehículos, y se ordenó a “Neto” y a “El Pato”, trasladar bolsas negras con “cuerpos destazados” a la funeraria Urióstegui, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, de donde “se percibía un olor de cuerpos quemándose” y después llevarían más cuerpos “al crematorio de “Los Verdes”. El operativo descrito, en el que se menciona a un “Bimbo” como una persona que ayudó a cargar los cuerpos, terminaría con la limpieza de ambas funerarias.  

Versión de AMLO

El libro de López Obrador transcribe las actuaciones ministeriales de reconocimiento de los puntos señalados por “Neto” realizadas tres días después de recabado el testimonio. Los agentes ministeriales certificaron el lugar del testigo donde habría recogido las bolsas negras con “cuerpos destazados”, rumbo a Cocula, las instalaciones de la “Funeraria Urióstegui” en Iguala y a la de “Funeraria El Ángel”, junto al Semefo de Iguala, sin que se mencionara en la descripción la presencia de crematorios en las instalaciones.  

María Luisa Aguilar resalta que desde noviembre de 2025, en las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Covaj, se le dio fuerza a la versión del crematorio como resultado de la revisión de la telefonía, circunstancia por la que sólo una persona, el dueño de la funeraria, está siendo procesado por la desaparición de los jóvenes, ello a pesar de que en el reciente informe se habla de siete personas detenidas.  

Al recordar que las familias de los jóvenes desaparecidos han exigido “la verdad sin importar qué dolorosa sea”, Aguilar Rodríguez llamó a las autoridades a ser “responsables, que haya una investigación que tenga solidez pericial, que sea real, como explicar qué capacidad tenían los hornos en ese momento, septiembre de 2014, no ahorita”. 

“Lamentablemente sería una versión en la que difícilmente habría posibilidades de identificación, en ese contexto, si es a dónde va la principal línea de investigación, así parece por la forma en que fue presentada aunque no lo dijeron expresamente, pues a nosotros nos parece que tiene que ser algo muy cuidadoso para las familias, que tiene que tener mucha solidez pericial y que tiene que ser responsable de que, difícilmente se va a poder a 12 años, se va a poder dar una explicación total del minuto a minuto, si no luego pues se empieza a abusar de otras medidas, como el uso de testigos colaboradores, como ya se ha hecho en este caso”, advierte la directora  del Centro Prodh.  

Aguilar Rodríguez resalta que entre las alertas que han prendido las familias y se la han expresado a las autoridades tiene que ver con el uso de testigos colaboradores en la cacareada detención de Ángel Aguirre Rivero, que “dista de la versión de la investigación con perspectiva científica, pues la acusación está basada sólo en dos testimonios, por lo que, en reunión con la presidenta, las familias han sido muy claras al pedir que se fortalezca esa investigación, considerando que el juez de vinculación puede dictar un auto (de formal prisión), pero en los siguientes momentos del proceso penal el estándar probatorio tiene que subir, sobre todo si lo quieren sostener en un juicio”.  

Los abogados de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos lamentaron que en el informe presentado no se dio respuesta a sus exigencias, como lo es el regreso de expertos independientes y sobre todo la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los 853 folios de inteligencia militar que ya han sido ordenados por un juez de distrito en el amparo 1350/2023.  

Sobre esos temas, en la conferencia del 28 de septiembre, el subsecretario Medina Padilla argumentó que la CIDH había dado por concluidos los trabajos del GIEI, por lo que no era posible reactivarlo y que se exploraba una posibilidad de asistencia internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH).  

En cuanto a la entrega de los folios, el funcionarios respaldó la versión que ha sostenido la Sedena de que ya se habría entregado el material de inteligencia militar relacionado con la desaparición de los jóvenes, 33 folios, y que la Segob “tenía información” del amparo, sin abundar más.  

Sheinbaum y la versión de Sedena

Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha avalado públicamente la versión de la Sedena, a pesar de que quien emitió la sentencia de amparo, es un juez electo en el proceso de renovación del poder judicial en 2025. 

“El Estado mexicano no tiene una voluntad real de avanzar en el caso Ayotzinapa, tampoco tiene esa voluntad de que se siga manteniendo la asistencia internacional”, sostiene el abogado de Tlachinollan.  

Explica que el sentir de los padres y madres de los 43 normalistas es que el Estado mexicano demostraría su intención de que el caso Ayotzinapa procurando “algún mecanismo para que regresen los expertos”, de manera particular Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes se mantuvieron hasta el último momento en el GIEI y que han manifestado su disposición de regresar.  

“No se ve esa voluntad real, de la última reunión que se tuvo el 27 de agosto, de ese tema, lo que dijo la presidenta, ‘bueno, está bien, ya no existe el GIEI, pero si ustedes insisten, pues vamos a pedirle a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que se comunique con las personas que ustedes dicen’. 

“Esperemos que en una próxima reunión que se tenga, aunque no hay fecha, nos den alguna respuesta concreta, porque para los padres y madres, si los expertos no pueden regresar a través de la CIDH o la ONU-DH, pueden regresar como expertos independientes o externos, la finalidad es que aporten ahí su experiencia para poder avanzar en el caso de Ayotzinapa, pues conocen bien el tema”, sentencia Isidoro Vicario.  

Para la directora del Centro Prodh, lo que se advierte en esta nueva etapa de la indagatoria es que “se está queriendo minimizar otra vez la responsabilidad de las autoridades federales en ese complejo marco de redes macrocriminales que estaban en ese en 2014”.  

Aguilar destaca que las expresiones del informe, señalado que los 17 militares implicados sólo hablaban de “responsabilidades individuales”, e insistiendo en que “no hay ninguna información adicional”, que agregar al caso revela un “acuerpamiento” del Ejército, que implica la protección de personal militar coludido con Guerreros Unidos.  

“Es cierto que sobre los militares procesados, hablamos de responsabilidades individuales, pero más allá de que se busque cuidar esa parte en particular, más bien da una señal o un mensaje de lo que están queriendo es dar un espaldarazo al ejército como institución, pero que creo que sí es difícil decir que la falta de entrega de información, considerando que hay mandatos judiciales, no sea una posición de la institución”, señala la directora del Centro Prodh.  

La situación va más allá, pues a pesar de que la sentencia, emitida en marzo, fue impugnada por la Sedena,”al día de hoy no hay un juzgado que ya haya radicado el amparo”, por lo que el caso está en el limbo jurídico. 

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, María Luisa Aguilar reconoce que son las familias de los jóvenes estudiantes quienes han “resistido y sostenido esta búsqueda de la verdad de manera muy digna”.  

Lamenta que el caso revele “la falta de acciones adecuadas de parte del Estado en una crisis mayor”, pues los 43 son parte de ese universo de más de 130 mil personas cuyo destino no se encuentra esclarecido. 

 “Ayotzinapa nos recuerda que esa colusión y esa gobernanza criminal que existía en Iguala se mantiene al día de hoy en varias zonas y esos son los contextos donde las familias tienen que estar buscando; nos recuerda  cómo la generalidad las instituciones de atención a víctimas no están a la altura de la crisis que viven las familias buscadoras  día a día;  nos recuerda todas las irregularidades que hay en registros, y lo que hay detrás de esa crisis forense, pues hay realidades como estas del Semefo de Iguala, que doce años después de los hechos, siguen siendo una realidad cotidiana de las mismas instituciones que le tienen que dar respuesta a las familias sobre la identificación de los suyos y al rezago forense”, concluye María Luisa Aguilar.

Sobre la investigación de los teléfonos de los estudiantes, explicó que el GIEI ya había documentado que los aparatos continuaron activos después de la desaparición y que se logró identificar a personas que estuvieron en posesión de algunos de ellos.

“Llegamos hasta incluso la determinación de personas que tuvieron en su mano los celulares. Hay declaraciones, hay verificaciones técnicas, hay seguimiento en términos de las personas que tuvieron los celulares de los chavos”, señaló.

Buitrago recordó que el segundo informe del GIEI documentó que los teléfonos de los estudiantes continuaron registrando actividad después de su desaparición y que los expertos realizaron trabajos para identificar las antenas con las que tuvieron comunicación.

Esto permitió establecer que los teléfonos “no estaban en poder de los chavos después, sino que estaban en poder de una serie de personas que tendrían que dar explicaciones”.

En cuanto a la línea relacionada con funerarias y posibles cremaciones, Buitrago consideró que debe abordarse con especial cuidado debido al impacto que tiene cualquier información sobre posibles restos en las familias de los estudiantes desaparecidos.

“Ni siquiera se ha verificado a quién pertenecen estos restos”, dijo al referirse a los restos óseos que fueron mencionados dentro de las nuevas indagatorias.

La exintegrante del GIEI señaló que expresiones como que fueron encontrados restos óseos, sin contar todavía con una identificación genética, pueden generar incertidumbre y expectativas entre los familiares.

“Se encontraron restos óseos, pero aquí a quiénes corresponde y eso significaría que tendríamos que tener información corroborada y clara para darle a los padres”, dijo.

Líneas sobre autoridades y fuerzas de seguridad

Buitrago sostuvo que existen otras líneas de investigación relacionadas con la actuación de autoridades estatales, municipales y federales que deberían continuar.

Mencionó que existen elementos técnicos para acreditar la presencia de integrantes de las fuerzas militares, de la entonces Procuraduría y del Ministerio Público estatal en zonas donde se desarrollaron hechos relacionados con los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos evidencia técnica de que estas personas estuvieron en el momento en que fueron bajados los muchachos tanto del automotor o el camión que estaba en Palacio de Justicia como en la Juan N. Álvarez”, afirmó.

También señaló que existen declaraciones que pueden contribuir a establecer qué ocurrió con los estudiantes y hacia dónde fueron trasladados.

Buitrago hizo referencia además a información generada por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), incluido el CRFI de Iguala, y a comunicaciones que fueron analizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el comandante de esa institución.

De acuerdo con la exintegrante del GIEI, esa información incluye comunicaciones relacionadas con estudiantes que se encontraban en una cueva el 28 de septiembre de 2014, dos días después de la desaparición.

“Hay mucha información que nos permitiría, yo no estoy diciendo que se dejen líneas, al contrario, sino que se investiguen todas las líneas y que se miren a todos los presuntos responsables en este caso de la desaparición y que nos puedan dar información de hacia dónde se llevaron los muchachos”, planteó.

La exintegrante del grupo de expertos también mencionó evidencias relacionadas con una salida hacia Taxco, Huitzuco y la presencia de personas provenientes de Ciudad de México. Por ello, consideró que las líneas relacionadas con teléfonos, funerarias y la presencia de estudiantes en barandillas no deberían desplazar otras indagatorias.

Sobre los teléfonos, recordó que desde etapas anteriores de la investigación se había identificado a personas que los utilizaron después de la desaparición. “Quiénes tenían los teléfonos está conformado desde el cuaderno, calculo yo, 170 de la investigación, en donde inclusive se llevó a muchas personas a declarar porque se les encontraron los celulares en uso”, explicó.

Buitrago insistió en que la información que se presente públicamente debe estar comprobada y corroborada, particularmente cuando pueda tener consecuencias para las familias.

Cuestiona que no se investigue el supuesto montaje en Cocula

Buitrago también criticó que, si las autoridades concluyen que el basurero de Cocula fue utilizado para montar una versión de los hechos y encubrir la verdad, no se estén desarrollando líneas de investigación dirigidas contra los funcionarios que habrían participado en ese montaje.

“Ellos concluyen que el basurero de Cocula está demostrado que fue un montaje, que fue una actividad que se hizo para encubrir la verdad, pero no hay una sola línea de investigación que continúe las investigaciones sobre los funcionarios que montaron esta verdad”, afirmó.

Mencionó específicamente elementos relacionados con la presencia de policías estatales y de otras personas en el basurero y señaló que también permanece pendiente esclarecer qué ocurrió con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que estuvo en el río San Juan y que actualmente se encuentra fuera del país.

Para Buitrago, estos asuntos forman parte de una serie de elementos que, pese a estar documentados, no han derivado en consecuencias jurídicas.

También cuestionó la utilización de testimonios de personas que, según dijo, habían declarado previamente en sentido distinto y posteriormente fueron incorporadas como testigos de cargo. En particular, se refirió a una magistrada del tribunal administrativo que declaró cuatro veces durante la investigación.

“Eso es falso testimonio clarísimo y nunca ha seguido una investigación ni una línea de investigación por las mentiras que dijo en su momento de que no conoció los vídeos cuando sí los conoció, los tenía, los tuvo”, sostuvo.

Buitrago vinculó este punto con los videos de las cámaras del Palacio de Justicia, que consideró una fuente de información relevante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.

La exintegrante del GIEI también se refirió a la utilización de inteligencia artificial para analizar la investigación y señaló que puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el conocimiento acumulado durante años.

Explicó que el expediente está compuesto por más de 2 mil 500 tomos, además de otros expedientes relacionados, y que la investigación se encuentra fragmentada en más de 250 averiguaciones previas, investigaciones abiertas, juicios e indagatorias.

“La inteligencia artificial nos sirve para muchas cosas, pero quien no tenga el contexto y no tenga la claridad de lo que ha pasado durante todos estos años en una investigación de esa naturaleza también puede perder elementos fundamentales que llevarían a la responsabilidad que debe hacerse en un delito de esta naturaleza”, afirmó.

Recordó que los siete informes elaborados por el GIEI contienen elementos probatorios y que, además, quedaron alrededor de 900 solicitudes de investigación relacionadas con distintas líneas.

“Nosotros no somos dueños de esas investigaciones, somos parte de un grupo que pidió el gobierno mexicano con los padres de familia”, señaló.

Afirmó que el grupo entregó información y planteó líneas de investigación que todavía pueden ser utilizadas por las autoridades. También sostuvo que después de la salida del GIEI se entregaron 33 folios adicionales y consideró que esto demuestra que existía información que todavía no había sido incorporada a la investigación: “Así sea un folio más tienen esa información”.

Buitrago sostuvo que los órganos de inteligencia pueden contar con información obtenida mediante distintas herramientas y mencionó los sistemas de georreferenciación, Pegasus e infiltración, entre otros mecanismos.

Según la exintegrante del GIEI, esa información podría incluir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades presuntamente cooptadas.

Sobre la posibilidad de incorporar a nuevos expertos internacionales a la investigación, Buitrago consideró positivo que se sumen especialistas de otros organismos y países, siempre que su participación contribuya a profundizar las indagatorias existentes. “A mí con tal de que lleguen a sumar pueden venir de cualquier parte”, afirmó.

Mencionó la posibilidad de que participen especialistas impulsados por Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Amnistía Internacional, entre otros organismos.

“Que lleguen todos, bienvenidos, no sólo la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, ojalá, pero que lleguen a sumar y desde ese punto de vista que no se resten los elementos que ya están demostrados en la investigación”, señaló.

Buitrago insistió en que cualquier nuevo equipo necesitará tiempo para estudiar la investigación y conocer el trabajo acumulado durante más de una década.

Explicó que incluso con herramientas de inteligencia artificial para resumir documentos, el análisis de las hipótesis y líneas de investigación requiere conocer el contexto completo del expediente.

Sostuvo que no se puede establecer una conclusión definitiva mientras permanezcan abiertas líneas de investigación relevantes. “Mientras no se agoten todas las líneas y todas las hipótesis nadie puede concluir realmente qué pasó en cada una de las partes de los intervinientes”, señaló.

La exintegrante del GIEI sostuvo que existen elementos relacionados con autoridades municipales, estatales y federales y que la investigación debe determinar qué ocurrió y quiénes tuvieron participación.

Cuestionó las consecuencias que han tenido los casos de tortura documentados dentro de la investigación y la falta de indagatorias contra quienes habrían participado en esos hechos. Se refirió particularmente a las resoluciones judiciales relacionadas con personas procesadas por el caso y rechazó que se atribuya su liberación a una decisión discrecional de los tribunales.

“Quienes torturan son criminales y el Estado no puede ser criminal”, dijo, al tiemp que señaló que existen al menos 17 personas cuya tortura habría sido confirmada, por lo que deben investigarse las responsabilidades correspondientes.

“¿Qué pasó contra los que torturaron? Están todas las evidencias, están los videos”, concluyó.

“Doce años después, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron ni qué autoridades supieron de ello”, puntualizó la RSDCIAC, tras señalar que a la fecha las autoridades no han reconocido que antes de su muerte el joven fue torturado, como concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

La organización resaltó que en la investigación de la muerte de Mondragón Fontes, tampoco se han esclarecido “las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo”.  

La RSDCIAC explicó que ante las deficiencias en la investigación, en representación de la madre del estudiante asesinado, Afrodita Mondragón Fontes, el 16 de diciembre de 2022 presentó la petición P-2382-22 ante la CIDH. 

El organismo regional notificó el traslado de la petición al Estado mexicano el 27 de diciembre de 2023, sin que el gobierno mexicano haya dado respuesta al documento, según le informó la CIDH a la familia Mondragón Fontes el 12 de agosto de 2024.  

Ante las omisiones, la RSDCIAC exigió a la CIDH emitir “a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22”, y de ser posible “que acoja la solicitud de acumular admisibilidad y fondo ante la falta de respuesta del Estado”.

Los representantes de los familiares de Julio César Mondragón Fontes exigieron también “la reparación integral a su familia y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, con garantías de no repetición”.

La diferencia entre ambas versiones ocurre cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

El gobierno federal ha insistido en que la presentación de este informe no implica el cierre de la investigación. Sheinbaum afirmó que se expondrán nuevas líneas de investigación, las detenciones realizadas y las pruebas que sustentan esas líneas.

Los familiares, por su parte, han reclamado avances que permitan establecer el paradero de los 43 estudiantes y han insistido en mantener abiertas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actuación del Ejército.

Las autoridades señalaron que el propietario de la Funeraria El Ángel utilizó el teléfono celular del estudiante Julio César Mondragón Fontes pocos días después de su desaparición.

Los cateos realizados en la funeraria y en el Servicio Médico Forense de Iguala revelaron la existencia de un horno crematorio clandestino, restos óseos en un colchón y certificados de defunción firmados en blanco.

Los peritajes establecieron que un resto óseo enterrado detrás del forense de Iguala coincidió genéticamente con fragmentos recuperados en 2021 en el municipio de Taxco.

Se informó que la fiscalía detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada tras las declaraciones de exservidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia sobre el ocultamiento de videos del Palacio de Justicia.

Los análisis telefónicos demostraron que exservidores públicos utilizaron los teléfonos de los estudiantes desaparecidos después de los hechos ocurridos en Iguala. La revisión del uso de los dispositivos reforzó la hipótesis de que un grupo de normalistas ingresó a la barandilla municipal de Iguala antes de su desaparición.

Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como ‘halcón’.

Según el reporte oficial, las acciones judiciales emprendidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 sumaron 168 personas procesadas, entre ellas 130 que permanecen en prisión preventiva.

Además, se reportó que el Gobierno de México acordó una nueva ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar a expertos independientes en la investigación.

Las mamás y los papás caminan en la descubierta, encarnan la dignidad. Su dolor pesa más que sus enfermedades crónicas. Sostienen los carteles con las fotos de sus hijos y a ellos los sostienen sus familiares, sus otros hijos, algunos de sus nietos que vienen con ellos. Pero no están todos: ocho padres han muerto a lo largo de estos doce años sin saber la verdad de lo ocurrido. Hace un mes falleció en Tixtla, Guerrero, el papá de Everardo, el que se parecía a Kalimba, Don Francisco Rodríguez Morales.

“Fue el Estado”. La creencia está bien cimentada en el ánimo colectivo. No sólo fueron palabras escritas con veladoras encendidas en el Zócalo hace muchos años o pintadas en un vagón de Metro haciendo su interminable recorrido, de ida y vuelta, en el que leímos “Fue el Estado”. Esa noche del 26 al 27 de septiembre, la autoridad, la que tiene por obligación proteger a la ciudadanía, atacó a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con armas de fuego. Luego vino la desaparición forzada y las frases lamentables. “La verdad histórica”. El imperdonable “Ya supérenlo”.

Doce años de impunidad. De entorpecer la investigación, de impedir el acceso a la información en poder del ejército, de nomás abrir líneas de investigación para aparentar que se hace algo. De desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo trabajo debería de contar con las facilidades y apoyo estatal pues es el que ha dado los mejores resultados. Su regreso es una de las peticiones de los padres y madres de los +43.

Una cartulina pintada a mano lo resume: “El gobierno encubre a los culpables.”

“Ayotzi vive, la lucha sigue, sigue, sigue”. A ritmo de batucada se oye un “Qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer”. Con una manta se pide que el presupuesto sea para la educación y no para la Guardia Nacional. En otra se lee: “Educación no es adoctrinamiento”.

El clamor se eleva: “No, no, no. No es un hecho aislado. Las desapariciones son un crimen de Estado”. Se intercala con el muy conmovedor: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”. La marcha pasa junto a la Glorieta de las y los Desaparecidos. Hace apenas un mes se limpiaron las vallas y se hizo una pega masiva de fichas de búsqueda. Ana Lucía Lagunes, cuyo hermano Ricardo Arturo Lagunes Gasca, está desaparecido desde el 13 de enero del 2023 le comentó en entrevista al fotorreportero de Desinformémonos, Mario Meneses Candelaria, que si pegaran las fichas de búsqueda de todas y todos los desaparecidos, “Esto se desbordaría y llenaría todas las calles”.

Según las cifras oficiales hay más de 135 mil personas desaparecidas en el país. Las caras de cientos de ellos miran pasar la Marcha. En las fichas de búsqueda hay rostros sonrientes, adustos, serios, pícaros, seductores. Hombres y mujeres que son buscados por sus familiares, pero que para las autoridades son una cifra nada más, una cifra que han intentado reducir, desaparecer incluso el registro de su desaparición.

“No estamos todos, nos faltan 43”. Y brota un recuerdo: A mediados de octubre del 2014 Cristina Pacheco entrevistó al grupo musical Los Folkloristas y cerró su programa de Canal Once con esta frase: “Esta noche estuvimos todos, pero siguen faltando 43 mexicanos”. La alusión era, es, evidente.

“No somos uno. No somos cien. Pinche gobierno, nos faltan 43”. Se avanza hacia el Antimonumento a los 43 donde se hizo el acostumbrado pase de lista pidiendo la aparición con vida de cada uno de los muchachos. Los granaderos se apersonaron. Se dice que ya no existen, pero su sola presencia causó tensión y hubo enfrentamientos con el llamado Bloque Negro.

La entrada al Zócalo por la Avenida 5 de mayo fue de lo más emotiva. Imposible no recordar cuando los jóvenes del 68 tomaron el Zócalo por primera vez, jubilosos y asombrados por su hazaña, gritaron: “Sal al balcón, hocicón” que tanto hizo enojar al aludido, a Gustavo Díaz Ordaz. Imposible no recordar cuando en febrero de 1995 tres veces se llenó el Zócalo al grito de “Marcos somos todos” y “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” o en 1997 cuando una delegación integrada por 1,111 zapatistas, la primera gran marcha indígena hacia la capital, exigió el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados entre zapatistas y el gobierno de Zedillo o cuando en marzo del 2001 entró la Caravana de la Dignidad Indígena también llamada de la Marcha de la Tierra con los 24 comandantes zapatistas y el Subcomandante Insurgente Marcos pidieron que se reconocieran constitucionalmente los derechos de los pueblos indios. Ese mismo Zócalo se ha teñido de morado cada 8 de marzo demandado se haga justicia en los casos de violencia de género y feminicidios.

Y desde el templete levantado en la plaza mayor resuenan las preguntas: ¿Qué fue lo que realmente pasó la noche del 26 de septiembre? ¿Quiénes agredieron a los 43? ¿Quiénes se los llevaron, por qué se los llevaron? ¿A dónde están? Se exige respuesta. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Magdalena, una de las mamás, se dirige a la presidenta y le aclara que las líneas de investigación fueron asentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Sólo pide que se sigan éstas porque ellos ya están desgastados por las búsquedas infructuosas. Le pide que ella haga que el ejército entregue los más de 800 folios donde -esperan- están las respuestas.

Y estas peticiones se reiteran, una y otra vez, suplicando y a veces llorando, lo han exigido: que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues han sido contundentes en sus líneas de investigación al punto que los gobiernos no han tenido argumentos serios para desacreditarlas. Tenían esperanza en la presidenta pues ella venía de un movimiento estudiantil, es mujer, es madre y que entendería el dolor de estos padres y madres. Pero se han topado con autoritarismo e insensibilidad.

Antes se decía que un tema tabú era el Ejército. Ahora queda claro que no se le puede tocar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha exonerado. Pero a doce años de la desaparición forzada de su hijo, Don Mario César pide que le demuestren que el ejército no tuvo nada que ver. “Nosotros sí podemos decir que había un miembro del Ejército Mexicano adentro del camión de nuestros hijos y que iba informando en tiempo y forma de lo que estaban haciendo nuestros hijos. También podemos decir que estaban los de Inteligencia en el Palacio de Justicia y en la calle Juan N. Álvarez. Tenemos fundamentos y pruebas de que el ejército mexicano fue a barandillas a preguntar. Tenemos pruebas, no estamos con dichos.

“Pido a los colectivos, a los ciudadanos, a los universitarios, a los intelectuales, a todo el pueblo de México que nos ayude a exigir el regreso de los expertos y que se abran esos más de 800 folios. Sin ustedes no podemos hacer nada. No hay justicia en México. El gobierno juega con el dolor de los padres, nos golpetean con la intención de dividirnos.”

Un grito lo interrumpe: “Fue el Estado” y el grito se vuelve eco: Fue el Estado. Fue el Estado.

26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa.

Ayotzinapa: 11 años de remar contracorriente por verdad y justicia

Hoy 26 de septiembre del 2025 se cumplen 11 años desde que se llevaron nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, y aún no sabemos nada de ellos. 11 años de buscarlos de manera incansable con el corazón que late por volver a verlos y volver abrazarlos.

Agradecemos a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos, colectivos, a los estudiantes de Ayotzinapa, a la FESCM y al pueblo de México por acompañarnos durante estos 11 años que no han sido fácil para los padres y madres. Seis de nuestros compañeros se han quedado en el camino sin tener noticias del paradero de sus hijos, varios de nosotros también cargamos el pesar de las enfermedades que se van agravando día a día.

Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen. Los buscamos porque los queremos de vuelta. Con el apoyo solidario permanente de todos ustedes está lucha la mantendremos hasta saber el paradero de nuestros hijos y hasta saber la verdad.

No volverán a engañarnos con una verdad histórica ni permitiremos un retroceso de lo hoy hemos logrado. No quitaremos el dedo del renglón hasta que el ejercito entregue los documentos que obran en sus archivos y rindan cuenta por la desaparición de nuestros hijos. Insistiremos en la línea de la telefonía celular para que haya avances, exigiremos que se mantenga la investigación de los 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla municipal la noche del 26 de septiembre del 2024 en Iguala, Guerrero, así como las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de Ulises Bernabé asilado en Estados Unidos.

Solicitaremos a organismos internacionales sigan supervisando las investigaciones del caso de los 43, porque nuestra lucha no tiene ningún interés político ni partidista. Lo único que anhelamos es encontrar nuestros hijos y regresar a casa. Nuestra lucha será hasta alcanzar la verdad y justica.

Las madres y padres llamamos al acompañamiento y a la articulación de colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país para buscar a nuestros desaparecidos y a no claudicar hasta encontrarlos. Hoy las cifras oficiales se han disparado a ciento treinta tres mil personas desaparecidas en este país espinoso que llamamos México.

No permitiremos más mentiras ni el desaliento de las autoridades. Levantemos la voz para nombrar nuestros desaparecidos una y otra vez hasta encontrarlos. Buscaremos en cada rincón para que ningún caso de desaparecido quede en la impunidad.

Los padres y madres de los 43 estamos convencidos que tarde o temprano lograremos derribar el muro de la impunidad y de la injusticia. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos desaparecidos.

Atentamente.

Madres y padres de los 43

Expectativas sobre la investigación de telefonía celular

Desde el inicio de la administración de Sheinbaum, las familias han sostenido cinco encuentros con ella. En la última reunión, el 4 de septiembre, esperaban recibir información concreta sobre una de las líneas clave del caso: el análisis de la telefonía celular, que apunta a que algunos dispositivos de los estudiantes desaparecidos permanecieron activos después de los hechos del 26 de septiembre.

Esta expectativa se generó luego de que la presidenta anunció a los padres y madres, en una de las reuniones previas, la formación de un nuevo equipo técnico, integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la fiscalía del caso, “iba a realizar un trabajo más científico en el tema de la telefonía celular, que iba a reanalizarlo porque no se había profundizado”.

La investigación sobre la telefonía celular no es un tema nuevo, sino una recomendación previa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Como señaló Vicario, “no es que sea una nueva línea, un nuevo tema, en el caso de Ayotzinapa, no es así. Esas recomendaciones han sido de parte del grupo de expertos”.

Obstáculos en el acceso a información militar

Otro obstáculo que persiste en el caso es el acceso a los 800 folios del Ejército, un conjunto de documentos que los padres y madres consideran fundamentales para avanzar en la investigación.

Vicario subraya que “tampoco se ha querido avanzar” en este tema y recordó que, en una de las últimas reuniones con López Obrador, el entonces presidente afirmó: “Nosotros ya pedimos información al Ejército, y lo que nos responde es que ya no tiene ningún archivo para entregar, ya todo fue entregado”. El abogado señala que “esa también ha sido la misma postura de la presidenta, es decir, que ‘el Ejército nos dijo a nosotros que ya entregó toda la información’”.

Los padres y madres han manifestado que esta postura limita severamente el avance del caso. Vicario explica que “precisamente este tema que estamos comentando fue lo que orilló al GIEI a dejar el caso y abandonar el país, porque no se podía avanzar más sin la información de estos 800 folios que tiene el Ejército mexicano”.

Línea pendiente de la barandilla de Iguala

Una línea más de investigación, que sigue pendiente y que los padres y madres de los 43 estudiantes exigen que se profundice, es la relacionada con el grupo de siete jóvenes que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Vicario señaló que “ahora se puede afirmar que sí fueron detenidos los estudiantes, sí fueron llevados a barandilla, y que de barandilla fue sacado este grupo de jóvenes, pero de ahí ya no sabemos más y las investigaciones no han avanzado”.

En esta línea está implicado José Ulises Bernabé García, quien en ese momento fungía como juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala. Actualmente, Bernabé se encuentra en Estados Unidos, donde realizó los trámites para obtener asilo, lo que ha impedido que las autoridades mexicanas puedan detenerlo y procesarlo de manera inmediata.

Pendientes de extradición y procesamientos

Tras renunciar en agosto pasado a la defensa de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales se integró al equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Al preguntarle sobre si esto pudiera influir en el avance del caso, Vicario señaló que “no hemos abordado el tema porque es reciente, pero creo que en algún momento tendríamos que valorarlo, porque varios de los expedientes de las personas detenidas por el caso Ayotzinapa se encuentran en proceso, no hay ninguna sentencia condenatoria, todas están en proceso”.

El abogado agregó que la presencia de Rosales en la Corte podría abrir oportunidades de acercamiento con el Poder Judicial para garantizar que los procesos avancen y se logren sentencias contra los responsables.

Frustración y desgaste de las familias

Para los padres y madres de los 43 estudiantes, la frustración por la falta de avances en la investigación persiste a 11 años de la noche de Iguala.

Sobre esto, apuntó que “en la primera acusación de Enrique Peña Nieto, solamente nos mintieron; con López Obrador pudimos avanzar ahí en algunas cosas, hasta toparse con los militares y ya se quedaron estancadas las investigaciones. Y hoy, con la actual presidenta, con ese estancamiento de las investigaciones, no hemos podido dar un paso firme hacia adelante”.

Vicario señaló que el desgaste de los padres y madres de los estudiantes es evidente. Como ejemplo indicó que durante la última reunión con la presidenta, uno de los padres llegó en muletas debido a complicaciones derivadas de la diabetes, mientras otra madre enfrenta la amputación de un pie por la misma enfermedad.

Además, recordó que seis padres han fallecido en estos años, entre ellos Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos. Vicario subrayó que “ha sido muy complicado para los padres y madres de los 43” mantener la resistencia frente al Estado y la descalificación pública de su lucha.

La “verdad histórica” y la desaparición forzada

La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaba que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y luego asesinados e incinerados, hipótesis desestimada por el GIEI y organismos internacionales. El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) de 2022 concluyó que en el crimen participaron tanto integrantes del grupo delictivo como agentes del Estado, y que la creación de la “verdad histórica” fue un mecanismo de ocultamiento desde el más alto nivel del gobierno.

El GIEI documentó tortura sistemática, negligencia de las autoridades y la omisión del Ejército en la entrega de información crucial.

De acuerdo con Vicario, el caso de Ayotzinapa se inscribe en un patrón más amplio de desapariciones forzadas que ya ocurrían en Guerrero antes de 2014, pero que el caso de los 43 estudiantes visibilizó a nivel nacional e internacional. Según Vicario, “ha sido una forma que tiene el crimen organizado de causar un dolor interminable a las familias, porque no se sabe el paradero de los familiares”.

Indicó que, durante los primeros meses posteriores a la desaparición, el gobierno de Guerrero informó a los padres que habían localizado 28 cuerpos en fosas clandestinas y que estos corresponderían a sus hijos, aunque finalmente los estudios forenses demostraron que ninguno era de los estudiantes. Este hecho reflejó un patrón sistemático de ocultamiento y manipulación de información, propio de la desaparición forzada, y evidenció la estrategia del crimen organizado de desaparecer a personas para sembrar confusión y dolor.

Vicario explica que este método no solo tiene un impacto físico, sino también psicológico y social: las familias quedan atrapadas en la incertidumbre y en el sufrimiento continuo, sin poder tener certeza sobre la vida o muerte de sus hijos. Esta práctica ha marcado la manera en que los padres y las madres de Ayotzinapa han enfrentado la lucha por la verdad y la justicia.

Para el abogado, el caso de Ayotzinapa se ha convertido en un referente para otros colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país: surgieron colectivos en Guerrero y otras regiones, visibilizando la problemática y creando un movimiento social que sigue vigente.

“Ya 11 años y el gobierno no quiere dar ni una respuesta. Sabemos perfectamente que los militares tienen toda la culpa de lo que pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 (...) pero el gobierno no lo quiere reconocer, que fueron los policías de Iguala y los militares”, dijo María Concepción Tlatempa Cisneros.  

Los padres y madres de Ayotzinapa, exigen la entrega de 800 folios en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que el gobierno se negó a entregar al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).  

El GIEI investigó el caso Ayotzinapa en dos etapas, primero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, después durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. En ambas, sus integrantes salieron de México por presiones, y los militares se negaron a entregar información crucial para localizar a los estudiantes. 

“Que los militares entreguen ya los 800 folios que hacen falta para que lleguemos a la verdad. No se vale que este gobierno nada más este jugando con nuestros sentimientos y se burlen”, enfatizó la madre del estudiante desaparecido hace más de una década.      

Tras la negativa del gobierno a entregar los folios, el GIEI se retiró de la investigación y desde entonces no hay avances. “Gracias a Dios que los expertos nos dejaron las líneas, cuatro expedientes que el gobierno tiene que seguir. Pero no le conviene al gobierno sacar esas cuatro porque saben que el Ejército participó”, explicó Tlatempa Cisneros.  

Enrique Peña Nieto, presidente de México en 2014 permitió la creación de la “verdad histórica” que estableció que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue más adelante refutada por el grupo de expertos. Peña Nieto radica actualmente en Madrid, “terminó su mandato y no hizo nada”, expresaron las madres.

“Se fue, vino el expresidente López Obrador y lo mismo: llegó se tomó la foto con nosotros. Nada más son buenos para tomarse las fotos, pero para apoyar en los avances no hubo nada”, manifestó.  

“Dijo en Iguala que iba a estar con nosotros hasta llegar a la verdad, que él no iba a encubrir a nadie. ¿Y qué pasó? Que mientras ya estábamos llegando a la verdad se detuvo todo, el fiscal Omar Trejo se tuvo que retirar porque ya no había avances. No quiso el militar entregar todos los expedientes que tenía”.  

Mientras el nutrido grupo de estudiantes de la FCPYS escuchaba con atención, los familiares de los desaparecidos expresaron su hartazgo por las mentiras de todos los gobiernos, desde el de Enrique Peña Nieto, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, pasando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.  

“Gracias a los expertos aprendimos y vimos, ya estamos abriendo los ojos y ya no nos van a engañar los militares (...) Nosotros ya estamos cansados de tanta mentira (...) Fue un crimen de Estado, porque participaron todas las fuerzas de Iguala, ahora dicen que fue la delincuencia (...) Ellos mismos son los criminales”, expresaron las madres.     

Recientemente, ante el estancamiento del caso, algunos miembros del GIEI manifestaron su voluntad de regresar a México y continuar con su labor, pero únicamente si el gobierno accede a abrir los folios del Ejército.   

“Los expertos quieren venir de nuevo a la Ciudad de México, pero solo si el Ejército entrega los expedientes que hacen falta (...) si no sueltan los expedientes los militares, no tiene caso que vengan”, expresaron las madres de Ayotzinapa.   

Así mismo, exigieron que se lleve a la justicia a los responsables, como a Tomás Zerón que está en Israel.

“Como nosotros somos gente pobre no nos hacen caso, pero si fuera de un funcionario ya lo hubieran encontrado, ya estaría en su casa su hijo (...) Nosotras como madres, sentimos el dolor, no vamos a descansar porque un hijo es un hijo. Y no es fácil, 11 años sin saber de nuestros hijos”. 

María Concepción Tlatempa Cisneros explicó que el 24 de diciembre es el cumpleaños de su hijo. Lo que antes era un día familiar y de festejo se ha convertido en un implacable recordatorio de la ausencia, y de la angustia de no saber qué le sucedió a su hijo, sufrimiento que la acompaña todos los días.  

“Desde el 26 de septiembre, nosotros no descansamos”, expresó Delfina Cruz, madre de Adán Abraján de la Cruz.  

En 11 años de búsqueda de justicia, de exigir respuestas, algunos padres ya han fallecido, otros están enfermos y enfrentan el desgaste de luchar contra todo el sistema político, que ha permitido el crimen y su encubrimiento. “El gobierno quiere que nos muramos, para que todo quedé impune” dijo Tlatempa Cisneros.  

“Aquí seguimos, aunque sea enfermos, pidiéndoles su apoyo para que no nos dejen solos, para que cada 26 de septiembre nos acompañen, (...) porque está lucha es de todos, no nada más es de Ayotzinapa”.  

En México hay más de 125 mil personas desaparecidas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.