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ONG denuncia incumplimiento de sentencia de Corte IDH que ordena la eliminación del arraigo

La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció que “el Estado mexicano ha ido en sentido contrario a lo ordenado por la Corte IDH” en la atención a la sentencia por la detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva contra los indígenas Jorge Marcial y Gerardo Tzomplaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006

En vísperas de cumplirse cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la eliminación del arraigo y armonizar la prisión preventiva oficiosa a los estándares internacionales, México no sólo no ha dado cumplimiento a la resolución si no que va en retroceso.  

La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció que “el Estado mexicano ha ido en sentido contrario a lo ordenado por la Corte IDH” en la atención a la sentencia por la detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva contra los indígenas Jorge Marcial y Gerardo Tzomplaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006.  

La organización que representa a las víctimas destacó que, en la sentencia del 7 de noviembre, la Corte IDH “declaró responsable al Estado Mexicano por violar sus derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la presunción de inocencia, y ordenó reformar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”. 

Sin embargo, a unos días de cumplirse otro año más de emitida la sentencia, se mantiene vigente el arraigo en el artículo 16 de la Constitución para casos de delincuencia organizada “pese a que la Corte ordenó dejar sin efecto esa figura, con que se privó de la libertada a las víctimas de este caso”.

Peor aún, la prisión preventiva se amplió” dos años después de emitida la sentencia, pues el 31 de diciembre de 2024 se publicó en Diario Oficial de la Federación (DOF) “una reforma al artículo 19 constitucional que agregó nuevos delitos al catálogo de prisión preventiva automática”.  

La RSDCIAC alertó que “cada reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa no sólo incumple el punto resolutivo octavo (de la sentencia): profundiza la violación que la Corte declaró”. 

“Hoy hay más personas expuestas a quedar presas sin que un juez valore su caso, como ocurrió a Jorge Marcial, Gerardo y Gustavo”, apuntó la organización, tras señalar que el pasado 15 de octubre la Corte IDH emitió una nueva resolución de supervisión sobre el cumplimiento del “Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México”. 

De acuerdo con la organización, la resolución confirmó que a casi cuatro años de publicar su sentencia “el Estado mexicano mantiene pendientes cinco de las ocho medidas de reparación ordenadas en la sentencia del 7 de noviembre de 2022”.  

La RSDCIAC detalló que, además de la eliminación del arraigo y la adecuación de la prisión preventiva a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el Estado mexicano no ha publicado el “resumen oficial de la sentencia en el DOF”, tampoco ha realizado el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ni ha garantizado “tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico adecuado, preferencial y gratuito”, medidas que “dependen sólo de la voluntad del gobierno federal”. 

La organización apuntó que dichos puntos resolutivos “no requieren reformas constitucionales ni legislativas”, por lo que “su incumplimiento no tiene justificación”.  

La RSDCIAC resaltó que, hasta ahora, el Estado mexicano sólo ha cumplido plenamente con el pago de dos becas educativas, avance que “llegó tarde, después de que los beneficiarios ya habían concluido sus estudios”, quedando sin atender las “reparaciones estructurales, las que buscan que ninguna persona vuelva a vivir lo que vivieron Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gerardo Robles López”.  

La organización añadió que ese punto corresponde a “un Acta de Entendimiento firmada por las partes en febrero de 2020”, es decir más de dos años previos a la emisión de la sentencia. El Estado se había resistido a dar cumplimiento a esa resolución, alegando la “imposibilidad” de cubrir becas retroactivamente a través del Fideicomiso 10233, creado para solventar reparaciones de la Corte, por lo que el tribunal tuvo que instruir “expresamente a México a realizar ese pago retroactivo por el mismo fideicomiso”, realizándose las transferencias en agosto de 2025 y febrero de 2026.  

Ante el incumplimiento de la sentencia, la RSDCIAC exigió al Estado mexicano atender los resolutivos de la sentencia pendientes, tanto los que sólo requieren voluntad gubernamental, como aquellos de requieren reformas legislativas y constitucionales, presentando al Congreso de la Unión “una iniciativa para eliminar el arraigo del artículo 16 constitucional y adecuar el artículo 19 a los estándares interamericanos sobre prisión preventiva”. 

Tras informar que el 1 de marzo de 2027 vence el plazo para que el Estado entregue a la Corte IDH “un informe con avances verificables y no sólo declaraciones de voluntad”, la RSDCIAC recordó que “las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para México”, por lo que “cumplirás a medias, tarde o en sentido contrario también es incumplirlas”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

México "analizará" los resolutivos de la CoIDH sobre arraigo y prisión preventiva oficiosa: Segob

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia, destacó la Secretaría de Gobernación.

El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida el miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), informó la Secretaría de Gobernación.

El tribunal ordenó a México que se deje “sin efecto” la figura del arraigo y se adecue jurídicamente la prisión preventiva oficiosa a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos.

México analizará fallo de CorteIDH sobre prisión preventiva y arraigo

México analizará fallo de CorteIDH sobre prisión preventiva y arraigo.

El Gobierno de México afirmó que analizará los resolutivos sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.

La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, que incluye dejar sin efecto el arraigo pre-procesal y adecuar la medida de la prisión preventiva oficiosa a las normas internacionales, servirá para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, afirmó el Gobierno de México.

“Servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas”, sostuvo en un comunicado.

La CIDH condena a la justicia mexicana por dos hombres 17 años presos sin sentencia

Las violaciones a los derechos “fueron cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, y se produjeron en el marco de su detención y privación a la libertad, del proceso penal del cual fueron objeto, de una medida de arraigo que les fue impuesta, y del periodo durante el cual estuvieron en prisión preventiva la cual se extendió por más de 17 años. Los hechos del caso iniciaron el 25 de febrero de 2002 y se prolongaron hasta el año 2023”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles un fallo histórico en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron 17 años en la cárcel sin recibir una sentencia, pues consideró que el Estado mexicano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial cometidas” en su contra “por su detención y privación a la libertad”. Con la decisión, también se ordena a México eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa.

Morena presenta iniciativa en San Lázaro que busca eliminar la figura de arraigo

En la propuesta citan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, presentó una iniciativa que busca eliminar la medida cautelar del arraigo en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En un comunicado Morena considera que esta medida viola diversos derechos humanos. la propuesta de Aleida Alavez señala que la validez de la figura de arraigo ha sido abordada por instancias internas mexicanas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras resolver una acción de inconstitucionalidad en 2005, al establecer que “violaba la garantía de libertad personal consagrada en la Constitución, por lo que solicitó su derogación”.

Caso Tzompaxtle: Ordena Corte Interamericana eliminar el Arraigo preprocesal y adecuar Prisión Preventiva en México

En la sentencia, la Corte declara a México como responsable por la 'violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad'.

En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

El arraigo es constitucional cuando se investigan delitos graves, resuelve la Corte

Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma en materia penal en 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo podrá solicitar arraigo para los casos relacionados con delincuencia organizada.

Con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que el arraigo es constitucional cuando se solicita contra personas presuntamente responsables de delitos graves del orden federal.

En la sesión de este martes 14 de abril, los ministros aprobaron la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales:

La autoridad judicial podrá, a petición del ministerio público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al ministerio público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de cuarenta días.

El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al ministerio público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.

Indicaron que la resolución se sustenta en el Artículo 11 Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en Materia Penal de junio de 2008, que establece la posibilidad de imponer el arraigo en casos de delitos graves, en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, previsto para junio de 2016.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma en materia penal en 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo podrá solicitar arraigo para los casos relacionados con delincuencia organizada.

El fallo de la Corte derivó del amparo directo en revisión promovido por Jesús Cuauhtémoc Pérez García, exjefe de seguridad del penal estatal de Gómez Palacio, Durango, acusado de facilitar la fuga de cinco reos en 2009. Pérez García argumentó que lo sometieron a un arraigo de manera ilegal.

Pérez García reclamó que se violaron sus derechos humanos debido a que en 2009 se le arraigó al tener indicios de cometer ese delito, pues consideró que el citado artículo era inconstitucional.


Sin embargo, el máximo tribunal del país confirmó la sentencia emitida por un tribunal colegiado y le negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El Ministerio Público falla en registrar arraigos, se aprueban más de los que se solicitan

Los datos del Poder Judicial sobre cuántos arraigos autoriza y los de PGR sobre cuántos solicita no coinciden porque no existe un registro confiable sobre cuántas veces se utiliza esta medida de prisión preventiva.

Las autoridades del país no tienen certeza sobre cuántas personas han sido arraigadas desde 2009. Cifras oficiales del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran que la diferencia entre las órdenes de arraigo solicitadas y las concedidas es de 11 mil. Es decir, se aprueban mucho más de las que se piden.

“Los datos obtenidos demuestran la falta de controles para el arraigo, ya que no es posible que las órdenes de arraigo solicitadas sean menores a las órdenes de arraigo concedidas. En tal sentido, se puede concluir que la falta de control sobre las órdenes solicitadas viene del Ministerio Público, lo cual es incongruente al estar la persona arraigada bajo su vigilancia durante ese periodo”, concluye el informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.


Las cifras disponibles indican que de 2009 y hasta junio de 2014, la PGR solicitó 2 mil 952 órdenes de arraigo. Pero en ese mismo periodo, el Poder Judicial autorizó y concedió 14 mil 523.
La diferencia de 11 mil 571 sólo se puede explicar porque la Procuraduría no tiene control o registro de todas las solicitudes de arraigo que inició y que ejerció, según el Observatorio Ciudadano.
El arraigo es una medida privativa de la libertad que se utiliza durante una investigación para detener a una persona aunque no esté acusada de algún delito pero se sospeche de su vínculo con éste.

Según los datos que cita el informe, las órdenes de arraigo concedidas se dieron en el contexto de 29 delitos pero algunos son conceptos tan vagos que no es posible definir el presunto vínculo con delincuencia organizada, el único supuesto en el que se puede solicitar el arraigo.

Por ejemplo, desde 2009 se han autorizado 17 órdenes de arraigo por “delitos cometidos por servidores públicos” sin dar detalles de en qué consistieron éstos; 28 órdenes por delitos contra la economía pública; o 869 más por delitos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

Pero las irregularidades respecto a cómo se solicita y autoriza el arraigo también incluye presuntas faltas “contra la moral y buenas costumbres” y delitos forestales y ambientales, sin que se precise el vínculo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que rige esta figura de prisión preventiva.

El mismo Poder Judicial de la Federación confirmó que en los últimos cinco años existen mil 555 órdenes de arraigo en los que “no se indica” el delito al que presuntamente tiene vínculo la persona arraigada.

“El arraigo y la detención con control judicial afectan derechos humanos, además, son contrarios a los principios del sistema penal acusatorio, puesto que se vulnera la presunción de inocencia. La finalidad del arraigo es detener a la persona a fin de investigarla por un delito, sin que la autoridad responsable de la investigación cuente con elementos suficientes para presuponer la responsabilidad, ni la relación que ésta pueda tener con el crimen que se busca esclarecer”, detalla el Observatorio Ciudadano tras enlistar las fallas en los registros oficiales sobre cuántas personas han sido arraigadas en México y por qué motivos.

Según la ley, el Poder Judicial es el que tiene la facultad de autorizar el arraigo tras una solicitud del Ministerio Público. Sólo prevé el supuesto de delitos de delincuencia organizada y define que se puede extender hasta 40 días, con una prórroga de hasta 80 más.

Es obligación del Ministerio Público tener un registro de arraigados y acreditar que el arraigo es necesario para el éxito de la investigación en curso, la protección de personas o de bienes jurídicos o que existe riesgo fundado de que el inculpado escape.

El Observatorio detalla que hay otros datos que sustentan el argumento de que las autoridades abusan de la figura del arraigo: en el 55% de los casos se solicitó una ampliación del plazo de detención previsto en la ley; y en el periodo 2008-2011 sólo el 3.2% de los arraigados había obtenido una sentencia condenatoria.   

“Mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos han reconocido que durante el tiempo que las personas están expuestas al arraigo se propicia la práctica de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras violaciones a derechos humanos”, alerta el Observatorio Ciudadano en el informe.

Los datos de PGR indican que 9 mil 761 personas han sido arraigadas en el Centro Federal de Arraigos de 2008 a junio de 2014.


En ese periodo, los arraigos correspondieron a delitos “de mayor incidencia delictiva” como: contra la salud (3 mil 719 personas); secuestro (2 mil 082 personas); terrorismo, acopio y tráfico de armas (mil 408 personas); tráfico de menores, personas y órganos (327 personas); asalto y robo de vehículo (446 personas) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (493 personas).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.