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“Ley Antimemes” avanza en Diputados; oposición acusa censura

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 ,

Morena y sus aliados aprobaron la “Ley Antimemes” sin incluir excepciones para el periodismo, la sátira y la parodia, pese a los reclamos de la oposición. El dictamen será discutido este miércoles en el pleno de San Lázaro

Morena y sus aliados aprobaron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la reforma conocida como “Ley Antimemes”, sin incorporar las excepciones expresas para el periodismo, la sátira y la parodia que reclamó la oposición, mientras el oficialismo sostuvo que las sanciones buscan combatir fraudes cometidos con la identidad gráfica de instituciones públicas.

Tras una discusión que duró poco menos de una hora, el dictamen recibió 23 votos a favor, diez en contra y ninguna abstención, por lo que fue enviado a la Mesa Directiva para su programación legislativa, con la previsión de discutirlo este miércoles 21 de octubre en el pleno.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente aprobada por el Senado, modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La controversia se concentra en el nuevo artículo 403 Bis de esta última legislación, que establece de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se aplicarían a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o engaño sobre su origen oficial, con la intención de cometer un ilícito.

Aunque el artículo no establece expresamente una prohibición de los memes, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que su redacción deja margen para interpretaciones que podrían afectar la crítica política, mientras Morena y el PT rechazaron que permita perseguir expresiones humorísticas.

El diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el Senado redujo las penas previstas originalmente, pero cuestionó que no se justificara la necesidad de crear un delito en lugar de recurrir a sanciones que no impliquen privación de la libertad.

“La expresión con intención de cometer un ilícito no especifica si se trata de un ilícito en el orden penal, es decir, un delito, o de un acto civil o administrativo contrario al derecho”, señaló. A su juicio, esa falta de precisión puede generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.

El priista Alejandro Domínguez propuso agregar un párrafo al artículo 403 Bis para establecer que no constituirían ese delito los usos con fines periodísticos, educativos, satíricos, de parodia, creación artística o crítica política y social en ejercicio de la libertad de expresión. Reprochó que se dejara a las autoridades encargadas de investigar y juzgar la interpretación de esos alcances.

En el mismo sentido, Arturo Yáñez, del PRI, sostuvo que debe distinguirse entre suplantar a una institución para defraudar y utilizar su imagen para cuestionar su funcionamiento. “El respeto no se decreta. El ridículo no se combate con el Código Penal”, dijo.

La panista Paulina Rubio también reclamó que se incorporaran protecciones explícitas y advirtió que la aplicación de la reforma dependerá de la interpretación de los juzgadores. “Este artículo, por supuesto que está sujeto a ambigüedad y a interpretación”, afirmó.

En respuesta, Ricardo Mejía, del PT, acusó a la oposición de atribuir al proyecto restricciones que no contiene y sostuvo que el artículo identifica las conductas que se busca sancionar, entre ellas la suplantación de documentos y sitios oficiales para engañar a la población. “Si me demuestran que viene algo contra los memes, yo voto en contra”, expresó.

La diputada Maricarmen Bernal, también del PT, defendió la reforma con ejemplos de supuestos programas de apoyo e inversiones en Pemex que solicitan depósitos y utilizan logotipos gubernamentales para aparentar autenticidad. Sostuvo que el periodismo y el humor político podrán continuar ejerciéndose.

“Es más, la gente va a poder realizar, incluso los periodistas, sátira política, memes de quien sea de nosotros, porque nuestra obligación es rendir cuentas, no andar revisando quién nos hace un meme y quién no”, afirmó Bernal.

Al presentar el dictamen, el presidente de la comisión, Julio César Moreno, de Morena, explicó que el paquete busca fortalecer la protección penal de la propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, actualizar la reparación del daño y armonizar la legislación con compromisos internacionales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero también votó a favor, al considerar que el dictamen armoniza la legislación mexicana con los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual. Sostuvo que los elementos esenciales de los delitos están descritos en el Código Penal Federal y en la ley especial, con parámetros objetivos que reducen la indeterminación y evitan dejar a una autoridad la definición de las conductas prohibidas.

Sobre ese último argumento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo durante su comparecencia del 16 de octubre que la disposición sobre el uso de emblemas gubernamentales para cometer fraudes no deriva de una exigencia específica del T-MEC, aunque defendió su propósito de sancionar esos engaños.

La reforma discutida este martes es distinta de la aprobada por los diputados el 7 de octubre, también identificada como “Ley Antimemes”, que modificó la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad de proveedores de servicios de internet.

La Comisión de Justicia aprobó el nuevo dictamen en lo general y en lo particular, mientras las reservas se dejaron para su presentación ante el pleno, donde continuará la discusión sobre las sanciones y las garantías que reclama la oposición.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/ley-antimemes-diputados-oposicion-censura

La presidenta y la protección a morenistas relacionados con grupos del crimen organizado

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

México entrega a Estados Unidos a más de un centenar de operadores del crimen organizado, mientras las acusaciones contra políticos y personajes cercanos a Morena siguen sin traducirse en investigaciones eficaces. La pregunta es quién enfrenta la justicia y quién permanece protegido

A petición de las autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó, al margen de las leyes de extradición, a más de 100 cabecillas de distintos grupos del crimen organizado que operan en el país, que ahora controlan el 30 % del territorio nacional y día a día expanden su presencia.

Antes, en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había extraditado a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en julio de 2024 Los Chapitos apresaron y entregaron a las autoridades de Estados Unidos, en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, a Ismael Zambada García, “El Mayo”, el otro líder histórico de ese cártel.

Estos extraditados son informantes estratégicos de las autoridades de Estados Unidos, y algunos en ese carácter son testigos protegidos. Estudiosos de los grupos del crimen organizado aseguran que, a partir de esos delincuentes, las autoridades de Estados Unidos ahora tienen un mapa muy preciso de esos grupos, que incluye qué negocios tienen, qué territorio controlan, cuál es su fuerza militar y cuál su relación con las autoridades del gobierno en sus distintos niveles. Es un mapa fundamental para la seguridad de Estados Unidos.

La Sección Segunda del Ejército de México es el órgano especializado que se encarga de la inteligencia. Coordina esta actividad fundamental para la seguridad nacional, en las unidades de la fuerza armada, que están presentes en todo el territorio nacional. Su función es reunir información sobre todos los actores de la vida pública del país que incluye a los integrantes de los grupos del crimen organizado, los políticos, los funcionarios, los dirigentes sociales, los posibles enemigos externos. Esa información se procesa para tomar decisiones.

Las pruebas están en el escritorio de Palacio Nacional

La presidenta en repetidas ocasiones, ante las acusaciones de la relación con grupos del crimen organizado o actos de corrupción, de políticos y funcionarios de Morena, a nivel federal, estatal y municipal, también congresistas, amigos y familiares del presidente López Obrador, en particular de su hijo Andy, dice que no hay pruebas contra ellos y que la FGR no los investiga. Organizaciones de la sociedad civil, investigaciones periodísticas y académicas han mostrado múltiples pruebas de la implicación de estos políticos y familiares, pero ella las rechaza.

Y lo hace, aunque las pruebas están sobre su escritorio de Palacio Nacional, entre otros casos: de la implicación del crimen organizado en el financiamiento de las campañas de Morena en 2024; del robo más grande de la historia de México, el huachicol fiscal, operado por funcionarios del gobierno; de la acción del cártel de La Barredora; de los negocios ilegales de Andy López Bletrán, y de una lista que no tiene fin. Ella hasta el final de su mandato va a negar las pruebas y defender a los delincuentes de Morena, en la certeza de que si entrega a la justicia a uno de ellos se abre la cloaca y surge la inmundicia, y que su partido y ella misma se pone en riesgo de los ataques que vendrían del habitante de la mansión de Palenque, en defensa de sus hijos y su círculo cercano. En todo el sexenio, la impunidad seguirá estando presente.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: RUBÉN AGUILAR.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/opinion/presidenta-proteccion-morenistas-crimen-organizado

Juez dicta prisión preventiva a “El Talibán” por caso de mineros en Sinaloa

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

Un juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa dictó, el 20 de octubre de 2026, prisión preventiva oficiosa contra Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, presunto integrante de la facción criminal Los Chapitos, relacionada con el secuestro y la muerte de 10 mineros en La Concordia, Sinaloa. El imputado permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 8 de Guasave, Sinaloa.

En la audiencia, el juzgador declaró legal la detención y los fiscales federales imputaron al detenido por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

El juez de control consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el riesgo de fuga del presunto integrante del Cártel de Sinaloa (CDS).

“Luego de presentarlo ante un juez de control, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús ‘N’, quien fue asegurado en el estado de Sinaloa, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, informó la FGR.

La captura ocurrió el 17 de octubre del mismo año, en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales y autoridades estatales en el que se le aseguraron un fusil, cargadores y diversos cartuchos. Entre sus características particulares, García Perales tiene un tatuaje con la leyenda “Talibán” en la mano derecha y una estrella en el lado derecho del cuello.

Según autoridades federales, el detenido sería uno de los hombres de confianza de Juan Benito, alias “El Beny 17”, presunto jefe regional de Los Chapitos.

A esa célula delictiva se le vincula con el secuestro y el homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., hechos registrados el 23 de enero de 2026, en La Concordia, Sinaloa, y con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, ocurrido el 3 de febrero del mismo año, en Mazatlán.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENALCE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-dicta-prision-preventiva-a-el-taliban-por-caso-de-mineros-en-sinaloa/

La capital del país, un cementerio oculto: Fosas clandestinas en casas particulares

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , , , ,

En la Ciudad de México domicilios también son fosas clandestinas. La cifra alcanza a miles de predios, incluso en el mismo Centro Histórico. Proyecciones a partir de cifras oficiales, indican que la mitad de los desaparecidos y una tercera parte de mujeres víctimas de feminicidio han sido enterrados en propiedades privadas

Parte de la crisis de desapariciones en la Ciudad de México se prolonga y permanece impune al otro lado de una puerta cerrada, cuando una línea de investigación conduce a un inmueble privado y la búsqueda queda sujeta a un cateo que puede tardar meses o años en concretarse, un plazo que rebasa por mucho las primeras 72 horas de búsqueda, decisivas para una localización con vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ofrece datos públicos que permitan saber cuántas carpetas abiertas por desaparición tienen indicios que apuntan a una casa, una bodega o un negocio. Sin esa información no es posible dimensionar cuántas búsquedas atraviesan ese obstáculo en una ciudad donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cinco mil 638 personas permanecen desaparecidas hasta el 18 de septiembre de 2026.

La falta de datos oficiales no vuelve marginal el problema: entre 2020 y 2024 el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), documentó que 53% de las fosas clandestinas registradas en la CDMX estaban en predios privados, principalmente en el sur y la zona centro de la capital.

Proceso mantuvo contacto con cinco familias buscadoras con investigaciones que conducen a domicilios particulares y cuyos cateos siguen pendientes, en algunos casos desde hace seis meses y en otros hasta cinco años, aun cuando fueron las propias víctimas indirectas quienes encabezaron las búsquedas, localizaron las direcciones, llevaron esa información ante las autoridades y aportaron datos de prueba para sustentar las diligencias.

Dos casos condensan esa demora. El primero es el de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que desapareció después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de avenida Revolución, y fue localizada sin vida dentro del mismo inmueble, tras una búsqueda marcada por dilaciones que dejaron abierta la pregunta sobre lo que habría ocurrido con una intervención oportuna.

El segundo es el de una madre que desde hace un lustro busca a su hijo, desaparecido en Tepito, mientras espera que las autoridades cateen un domicilio ubicado en ese mismo barrio, ubicado gracias a la información que ella misma recabó.

En entrevista, Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora de Trazar la ausencia…, explica que las búsquedas suelen atorarse cuando llegan a un inmueble privado porque a partir de ese momento ya no basta con seguir el indicio: la diligencia deja de depender exclusivamente de la Fiscalía capitalina y de la Comisión de Búsqueda local, pues el Ministerio Público debe convertir esa línea de investigación en una solicitud de cateo suficientemente sustentada para que un juez autorice el ingreso.
Esa complejidad burocrática no es la única traba. “Pareciera que no hay voluntad suficiente para pedir un cateo, no hay capacidad institucional suficiente para garantizar que se hagan búsquedas a tiempo en inmuebles particulares, y obviamente tiene su complejidad, no vamos a decir que solicitar cateos es sencillo, pero sí es algo que las familias han identificado de años, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, una vez que la investigación o la búsqueda da a un inmueble se paraliza”, apuntó.
Para Horcasitas el problema está en el desfase entre los tiempos del procedimiento y la urgencia de actuar ante una desaparición, cuya búsqueda debería emprenderse siempre bajo la expectativa primordial de una localización con vida: “Habría que seguir exigiendo que realicen más búsquedas en cateos, que sea una herramienta de búsqueda expedita, que no tome años llevar una investigación a tal punto que nos permita conseguir un cateo, sobre todo cuando se cree que la persona pueda correr riesgo”.

Violencia feminicida bajo llave
Dentro de ese universo de búsquedas pendientes, las desapariciones de mujeres obligan a mirar con especial atención al interior de los domicilios. En la Ciudad de México ellas representan una tercera parte de las personas que permanecen desaparecidas, según el RNPDNO.

La proporción es todavía mayor entre el 5 de octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de la morenista Clara Brugada, y el 19 de septiembre de 2026, periodo en el que 665 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas, 35.66% del total.

Frente a esa radiografía oficial del gobierno de México, el informe de la Ibero situó a la capital mexicana entre las entidades con mayor presencia de fosas vinculadas con feminicidio, que representaron 31% del total de las documentadas en la entidad.
Horcasitas tradujo con claridad ese contraste: “En los casos donde hay urgencia, como es en la desaparición de mujeres, lo que hemos identificado también es que uno de los primeros lugares en los que deberíamos estar buscando es en el domicilio de la pareja”.
Mariana Marchand, también investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora del informe, refiere…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 49 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026. ENLACE PARA ADQUIRIR LA VERSIÓN DIGITAL EDICIÓN DE OCTUBRE https://proceso.pressreader.com/

Desalojan de sesión de la ONU a familiares de desaparecidos mientras México rechazaba asistencia internacional

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Familiares de personas desaparecidas fueron retirados de la sala de Naciones Unidas cuando mostraron fotografías de sus seres queridos durante la intervención del subsecretario Arturo Medina. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada calificó el incidente como “profundamente lamentable” y pidió evitar que la crisis mexicana se diluya entre cálculos políticos

Mientras el gobierno mexicano rechazaba ante Naciones Unidas la propuesta de establecer un mecanismo de asistencia internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, familiares de personas desaparecidas fueron desalojados de la sala donde se desarrollaba la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General por mostrar fotografías de sus seres queridos.

El incidente ocurrió este martes durante la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, quien respondía al posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, sobre la necesidad de instrumentar un mecanismo internacional de asistencia ante la magnitud de las desapariciones en México.

Mientras el funcionario mexicano exponía el rechazo del gobierno a la decisión adoptada por el CED desde abril pasado, familiares ubicados en la parte posterior de la sala se levantaron y mostraron carteles con los rostros de sus seres queridos desaparecidos.

La protesta silenciosa provocó la intervención del personal de seguridad de Naciones Unidas, que retiró a los familiares del recinto y los condujo a una sala más pequeña, donde permanecieron retenidos hasta que concluyó la sesión, de acuerdo con la información recabada.

Consultados por Proceso para conocer las circunstancias del incidente, familiares y representantes de organizaciones presentes en la sesión solicitaron dar a conocer el siguiente posicionamiento:
“Durante la sesión se produjo un acto de protesta silenciosa y se solicitó a las personas involucradas que se retiraran de la sala. Estamos dando seguimiento a lo ocurrido por los canales correspondientes, por lo que no haremos más comentarios por el momento”.
El desalojo fue cuestionado públicamente por el propio presidente del CED, quien consideró “profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos”.

A través de su cuenta de X, Albán Alencastro sostuvo que la presencia de las víctimas en la sesión “merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo”.


El llamado a evitar los cálculos políticos
El incidente ocurrió en una sesión en la que el presidente del CED expuso ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas la gravedad de la crisis de desapariciones en México, cuya dimensión, según destacó, alcanza niveles de “crímenes de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento posterior, el experto ecuatoriano expresó su confianza en que la resolución sobre México “no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”.
“Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”, señaló.
Albán recordó que, durante la elaboración de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Estados incluyeron el artículo 34 como un mecanismo excepcional para atender situaciones de especial gravedad mediante la intervención de los órganos competentes de Naciones Unidas.

El presidente del CED confió en que los mismos Estados que establecieron ese procedimiento “ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico”.

La propuesta de activar ese mecanismo para México, impulsada por el Comité desde abril, ha encontrado la oposición del gobierno mexicano, que durante la sesión reiteró su rechazo a la intervención internacional planteada por el organismo.

En ese contexto, la protesta de los familiares y su posterior desalojo evidenciaron la tensión entre la posición del gobierno mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos y las exigencias de las víctimas, que reclaman medidas efectivas para encontrar a sus seres queridos.
“La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan”, concluyó Albán Alencastro.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.

En manos de la ONU, la petición para dar asistencia a México sobre desaparición forzada

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

El presidente del CED; Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”

Sin avances mayores se desenvolvió la esperada sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas en la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) expuso ante los representantes de los Estados miembros de la ONU, la petición para instrumentar un mecanismo de asistencia internacional para detener las desapariciones en México y acabar con la impunidad.

Durante la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, dejó en manos de los Estados miembros de Naciones Unidas decidir la creación de un mecanismo de “cooperación internacional y de apoyo” a México para atender la crisis de desapariciones, sin que ello signifique un señalamiento “de responsabilidad internacional” para el país.

Durante la presentación del informe anual del CED, Albán Alencastro resaltó ante la Asamblea General de la ONU “considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.

Tras recordar que “el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, Albán Alencastro recordó que la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra de las Desapariciones Forzadas para el caso de México se dio “tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde el año 2012”.

De esa revisión, apuntó el CED, “concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, de ahí que “decidió traer a la atención” de los Estados, “con carácter de urgente”, en apego a lo dispuesto en la Convención y que los integrantes del órgano se han “limitado a aplicar”.

“Esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tampoco encontró el Comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión”, puntualizó Albán Alencastro.

En su breve discurso, el presidente del CED resaltó que en la resolución se reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”.

Tras recordar que el artículo 34 “es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”, Albán Alencastro dejó en claro que en el caso de México el CED sólo “ejerció una competencia que los propios Estados le han asignado”, de acuerdo al tratado internacional.

“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias, en la decisión, el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, insistió.

El experto independiente confirmó el compromiso del CED de “continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo con México, con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil”.

Flagelo persistente

En su informe anual, Albán Alencastro alertó sobre la persistencia del flagelo de desapariciones forzadas en el mundo, lo que se refleja en la recepción de 336 casos nuevos, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de los cuales se documentaron ampliamente 251.

“Desde la creación del procedimiento se ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida. No obstante, persisten dificultades relacionadas con la falta de comparación de algunos estados, deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación y actos de intimidación y represalias contra las víctimas y quienes las acompañan”, sostuvo el experto.

Durante la sesión, en la que también participó la presidenta del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) Grazyna Baranowska, la crisis de desapariciones en México prácticamente pasó por alto para los representantes de los países que asistieron al encuentro, a excepción de México.

La postura de México

En nombre del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien repudió el informe de Juan Pablo Albán, al sostener que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum “no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea la posibilidad”.

Luego de hacer un recuento de avances en la localización de 16 mil personas, así como de la creación de instrumentos para la búsqueda de personas y la colaboración con instancias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Arturo Medina negó que en México ocurran desapariciones forzadas como en el pasado.

“Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político.

“Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar. Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana”, afirmó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).


“México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional”, abundó Medina, flanqueado del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Enrique Ochoa, y la representante alterna de la Misión Permanente de México en la ONU, Jennifer Feller.

Destacó la creación de “un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente nuestro registro nacional” de personas desaparecidas, con la colaboración del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de contar con el apoyo de Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, “entre otros miembros de esta Asamblea”.

Medina resaltó la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “para fortalecer nuestras capacidades de búsqueda, identificación e investigación”.

“Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos. Nuestro compromiso es claro, encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”, concluyó Arturo Medina en respuesta.

En la sesión de respuestas a los planteamientos de los miembros de la Asamblea General, el presidente del CED celebró la disposición de México a colaborar con la comunidad internacional, y asumió como un primer logro de su resolución de aplicación del artículo 34, la localización de personas presumidas por Medina.

“Ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las 136 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales del propio Estado mexicano. Felicitamos estos avances”, aplaudió Juan Pablo Albán.

Apuntó que el CED tomó nota de la cooperación internacional mencionada en espera de que “se mantengan a través del tiempo”, y que ese mismo ánimo subsista con el Comité, órgano que seguirá realizando su trabajo.

“El Comité tiene la responsabilidad bajo el artículo 29, numeral cuarto de la Convención, de continuar monitoreando la situación en México, continuar solicitando información, continuar invitando a diálogos constructivos a México, así como continuar registrando acciones urgentes” de desapariciones forzadas, concluyó Juan Pablo Albán Alencastro.

Juez ordena que audiencia de exfiscal de Chihuahua sea privada por seguridad nacional

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 ,

Desde esta mañana se lleva a cabo la audiencia del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria

Un juez federal ordenó que la audiencia inicial contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, sea privada por motivos de seguridad nacional. 

De esta forma, a solicitud explícita de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del “Altiplano”, determinó que la imputación y presentación de datos de prueba se realicen a puerta cerrada dada la delicadeza del asunto.

El exfiscal está imputado por el delito de traición a la patria por supuestamente ocultar de forma deliberada la presencia de agentes extranjeros en tareas de seguridad interior dentro del estado.

La investigación en contra de Jáuregui Moreno se originó tras un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara. En el percance fallecieron dos agentes ministeriales estatales y dos ciudadanos estadounidenses adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes presuntamente operaban en México sin la debida autorización federal.

La FGR solicita audiencia privada para evitar un “conflicto diplomático”

La comparecencia arrancó poco después de las 8:00 horas. Durante el inicio, la agente del Ministerio Público Federal, Brenda Pluma Ramírez, pidió restringir el acceso del público y de los medios de comunicación argumentando motivos de seguridad nacional y la mención de datos reservados de funcionarios y países extranjeros en la carpeta de investigación.

“No hay certeza de que los medios de comunicación atiendan la petición de reserva de la información. Podría exponerse información de forma tergiversada, revelando datos de naciones extranjeras que podrían generar un conflicto diplomático”, argumentó la representación social de la FGR.

En respuesta, el imputado César Jáuregui intervino directamente para solicitar que la sesión se mantuviera pública ante los medios de comunicación. 

“Yo quisiera hacer una manifestación. A mí me parece que es un asunto muy importante para la vida pública nacional y para el futuro del debate jurídico en el país […] La ciudadanía tiene derecho a enterarse; se habla de excepciones de publicidad relacionadas con la seguridad nacional cuando esto atañe al interés público”, dijo.

Además, agregó que “en Chihuahua se hizo la misma petición y fue desechada por el juez local. Son exactamente los mismos datos que se expusieron allá y la audiencia fue pública; quiero recalcar eso”.

A pesar de los argumentos de la defensa, el juez Santos Dorantes declaró fundada la petición de la FGR tras considerar que la exposición pública sí podría vulnerar la seguridad nacional, aclarando que el impacto mediático del caso no influye en sus resoluciones judiciales.

Con esta decisión, la prensa únicamente podrá presenciar la fase de debate sobre medidas cautelares y el fallo definitivo sobre la vinculación a proceso del exfiscal de Chihuahua.

Origen de las acusaciones y traslado al penal del Altiplano

Los cargos presentados por la FGR derivan de un operativo antidrogas desplegado a mediados de abril en la Sierra Tarahumara. De acuerdo con las investigaciones, en dicha acción participaron elementos de la CIA sin la notificación ni autorización formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o de las Fuerzas Armadas de México.

Inicialmente, Jáuregui había sido aprehendido en Chihuahua bajo acusaciones del fuero común, incluyendo ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

Sin embargo, tras obtener libertad condicional por los cargos estatales, agentes federales ejecutaron una nueva orden de aprehensión por el delito federal de traición a la patria justo al salir del centro penitenciario local, procediendo a su traslado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Pausa en la comparecencia para revisión de pruebas y atención médica

Durante el inicio de la jornada judicial, el juez concedió un receso de 12 horas —con vencimiento a las 21:00 horas— para que la defensa examine la carpeta de investigación, compuesta por cuatro tomos, 53 anexos y 24 horas de grabaciones en video.

Asimismo, el juzgador ordenó a las autoridades penitenciarias suministrar de inmediato los medicamentos para la presión arterial requeridos por el imputado, los cuales no le habían sido entregados desde su detención el domingo.

La audiencia privada se reanudará por la noche para desahogar las pruebas presentadas por la FGR y determinar la situación jurídica de César Jáuregui.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/seguridad/audiencia-exfiscal-chihuahua-privada

Aprueban sancionar el reclutamiento forzado con hasta 25 años de cárcel

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con apoyo de todos los grupos parlamentarios

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos un dictamen que sanciona el reclutamiento forzado de personas con penas de hasta 25 años de prisión.

El proyecto adiciona el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva legislación establece sanciones de diez a veinte años de cárcel para quien induzca o incorpore a personas a grupos delictivos por medios impresos o electrónicos. Asimismo, el dictamen incrementó la pena de quince a veinticinco años de prisión cuando exista intimidación, coacción o abuso de poder, clasificando cualquier captación de menores de edad directamente como reclutamiento forzado.


El Pleno contempló aumentos de la sanción de hasta una mitad cuando los responsables sean servidores públicos, exintegrantes de fuerzas armadas o empleen capacitación de seguridad privada.

De igual forma, el texto legislativo incluyó ese mismo agravante para agresiones contra personas indígenas, afromexicanas o en movilidad humana, además de ordenar la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.

La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, afirmó que la reforma resuelve un vacío jurídico histórico que dificultaba investigar la captación criminal.


Por su parte, representantes del PAN, PVEM y PT destacaron que la norma cerrará espacios a la impunidad y evitará que la infancia sea utilizada como instrumento de las organizaciones delictivas.


Los representantes de las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el acuerdo unánime al señalar que la ley brindará herramientas claras a las fiscalías para perseguir este delito. Finalmente, la Cámara de Diputados fijó un plazo de ciento ochenta días naturales para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen sus leyes locales con el nuevo decreto federal.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Liconsa pagó 112 millones de pesos por leche en Coahuila sin pruebas de recepción: ASF

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 ,

Cinco productores de San Pedro dijeron a los auditores que destruyeron sus tickets de báscula. Dos proveedoras presentaron registros ganaderos expedidos el mismo día y con el mismo número de vacas. Se pagaron 112 millones en Liconsa Coahuila cuyos comprobantes no aparecen

Liconsa, hoy Leche para el Bienestar, pagó 112 millones 847 mil 300 pesos por leche fresca acopiada en San Pedro, Coahuila, sin contar con documentos que acrediten que la recibió. Así lo estableció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El hallazgo forma parte de la Cédula de Resultados Finales de la auditoría 235 de la Cuenta Pública 2023, “Erogaciones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del Programa de Adquisición de Leche Nacional”. 

La practicó la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero y está fechada el 9 de enero de 2025.

Durante 2023, la paraestatal pagó 377 millones 175 mil 700 pesos a 39 personas registradas en el Centro de Acopio de San Pedro como pequeños y medianos productores de leche, a través del contrato LICONSA/CADQ/001323/2023. Casi tres de cada diez pesos de ese monto carecen de respaldo.

En la primera parte de esta investigación se abordó el caso Chihuahua, donde el monto por aclarar es de más de mil millones de pesos. Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, fungía como administrador estatal durante el periodo auditado (2023).

SIN BOLETAS, SIN TICKETS, SIN LABORATORIO

La ASF identificó dos bloques de pagos sin sustento:
  • Enero a mayo de 2023: 87 millones 888 mil pesos sin las boletas de recepción, sin los tickets de báscula y sin los dictámenes del laboratorio de control de calidad que el contrato exigía para acreditar cada entrega.
  • Mayo a diciembre: 24 millones 959 mil 300 pesos pagados sin 67 boletas de recepción. En ese mismo periodo faltan 598 tickets de báscula y los dictámenes de liberación del laboratorio.
Esos documentos no son un trámite menor. Según el propio contrato, son los que establecen cuántos litros entregó cada productor, la calidad de la leche y, por lo tanto, cuánto debía pagársele.

La auditoría señala otras irregularidades en el mismo contrato:
  • 7 millones 50 mil 500 pesos de la última semana del año sin los registros presupuestales ni las facturas correspondientes.
  • 2 millones 972 mil 800 pesos pagados a cinco proveedores que tenían más vacas de las permitidas para ser considerados pequeños o medianos productores.
  • Leche recibida de diez proveedores que entregaron más litros por vaca de lo que permiten las Reglas de Operación del programa de precios de garantía.

Los pagos irregulares detectados por la ASF.

“DESTRUYERON LOS DOCUMENTOS”

La ASF pidió a cinco proveedores la documentación que probara sus entregas: Rafael Muñoz Lorente, Karina Romo Salas, Pedro Rojas García, Katia Karina Rojas Romo y Pedro André Rojas Romo. Los cinco respondieron por escrito, en junio de 2024, que no contaban con boletas, tickets ni dictámenes. Una vez que comprobaban que los datos coincidían y se liquidaba la leche, explicaron, destruían los papeles.

Muñoz Lorente agregó que tampoco conservaba copia de los documentos con los que se inscribió en el padrón de productores de Liconsa.

La versión de la funcionaria responsable choca con la de la paraestatal. Alma Rosa Garza del Toro, subgerente del Programa de Abasto Social Coahuila y administradora del contrato, aseguró a los auditores que al entregar la leche a cada productor se le daba su ticket de pesaje y el resultado del análisis. Sin embargo, Liconsa tampoco pudo exhibir esos documentos ante la ASF.

MISMO DÍA, MISMAS VACAS

Los auditores realizaron visitas domiciliarias a dos de las proveedoras.

Katia Karina Rojas Romo exhibió una Clave de Unidad de Producción Pecuaria expedida el 8 de mayo de 2023, con número 10-012-7466-001. Presentó también una constancia del Padrón Ganadero Nacional según la cual tenía 500 vientres, 25 crías y 50 vaquillas: 575 animales en total. Dijo no tener reportes, informes, fotografías ni ningún otro documento que acreditara sus entregas, porque los tickets fueron destruidos.

Karina Romo Salas mostró una clave expedida el mismo día, 8 de mayo de 2023, con número 10-012-7456-001, apenas distinto del anterior. Su constancia ganadera reporta exactamente el mismo hato: 500 vientres, 25 crías y 50 vaquillas. Ella sostuvo que Liconsa conserva toda la documentación original y que a ella solo le entregaban los tickets de báscula, que tampoco mostró porque, dijo, fueron destruidos.

La ASF no explica la coincidencia en su documento.

PROVEEDORES QUE NO APARECIERON

Otros dos proveedores del contrato no pudieron ser localizados para entregar información ni para una visita domiciliaria: Fidel Ángel Saracho de la Peña y Margarita de la Peña Saldaña. Así quedó asentado en actas del 6 de junio de 2024.

La revisión bancaria, sin embargo, sí los encontró. Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ASF detectó que ambos transfirieron la mayor parte de lo que les pagó Liconsa a una empresa: Saracho de la Peña, el 75 por ciento, y De la Peña Saldaña, el 72.8 por ciento. Ambas transferencias fueron a Pasteurizadora de los Productores de Leche, S.A. de C.V.

UNA SUPERVISIÓN QUE NO SUPERVISABA

Toda la leche acopiada en San Pedro, casi 28.75 millones de litros en 2023, fue enviada a ILAS México, S.A. de C.V. Esta empresa fue contratada por adjudicación directa para secar y envasar la leche del Programa de Abasto Social del norte del país.

De acuerdo con la ASF, ese contrato se asignó sin solicitudes de cotización, sin investigación de mercado y sin notificación de adjudicación.

Garza del Toro también fungía como administradora de ese contrato. Reconoció ante los auditores que su labor de supervisión se limitó a dos cosas: programar con una semana de anticipación las entregas para que la empresa mandara el transporte, y conciliar los litros enviados contra los recibidos. Dijo que no participó en el trámite de pago ni revisó cuánto producto terminado se entregó realmente. Según su declaración, el resto del contrato lo administró otra gerencia de Liconsa “por cuestiones ejecutivas”.

La visita de la ASF al centro de acopio de San Pedro, en junio de 2024, confirmó ese esquema. La única función del centro respecto de la maquiladora era transferirle la leche.

LAS INVESTIGACIONES SIGUEN

La ASF concluyó que Liconsa incumplió, entre otras normas:
  • La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
  • El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
  • Las Reglas de Operación del programa de precios de garantía de Segalmex.
  • Su propio manual de procedimientos para la compra de leche nacional.
  • Las cláusulas del contrato con los productores de San Pedro.
El órgano fiscalizador precisó que lo anterior es sin menoscabo de continuar con las investigaciones para integrar los expedientes a que haya lugar.

La cédula corresponde a la etapa en que la entidad fiscalizada podía presentar justificaciones y aclaraciones.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Atrapan en hospital privado a “El Nenuco”, operador del CJNG en Tijuana

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Arturo Enrique Guillén García (alias “El Nenuco” o “Kike”), figura relevante del CJNG en Tijuana, fue capturado por fuerzas federales cuando se escondía en un hospital privado de Zapopan

Este martes se dio a conocer la captura de Arturo Enrique Guillén García (alias “El Nenuco” o “Kike”), figura relevante del CJNG en Tijuana, quien contaba con una orden de aprehensión.

De acuerdo con su ficha de detención, la captura habría ocurrido el día de ayer en Zapopan, Jalisco. Lo describen como una persona de 1.80 metros de estatura, complexión robusta, tez clara, cabello corto, color castaño, orejas medianas. 

Portaba pantalón de mezclilla deslavado en color azul, playera de cuello redondo, manga corta color negro con un logotipo de un oso con la leyenda “Guess” y tenis negros.

Su ficha de detención.

Con tatuajes en el antebrazo derecho de San Judas Tadeo y del lado izquierdo figura humana con arma de fuego y letras en color rojo “The World is Yours”. Hasta el momento es la única información oficial disponible además de las imágenes. 

De acuerdo con medios locales, fue detenido en un hospital privado de la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, Jalisco. Dicho nosocomio se llama Jardines. Participaron en su arresto fuerzas federales: SEMAR, SSPC y Guardia Nacional.

Se le identifica como operador relevante del CJNG en Tijuana y tenía una orden de aprehensión por homicidio (en Baja California).

Reportes anteriores (por ejemplo, del Semanario ZETA en 2025) vinculan a “El Nenuco” con actividades delictivas en Tijuana, amenazas, homicidios y células relacionadas con el CJNG y el Cártel Arellano Félix. 

De acuerdo con medios locales, la captura de “El Nenuco” se habría materializado luego del arresto de otro miembro clave del CJNG en Tijuana: Luis Manuel “N” alias “El Ingeniero”, el 15 de octubre del presente año.

Dicho personaje es considerado miembro clave de la organización Cártel Jalisco Nueva Generación, al ser el responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y los E.U.A. para el trasiego de droga, principalmente en el municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el gobierno mexicano, “El Ingeniero” operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González (a) “El 03”, Jefe del CJNG. Además, cuenta con cargos en San Diego, California, Estados Unidos, por el delito de conspiración por tráfico de drogas.

Según el medio Jalisco Violento, antes de su detención, “El Nenuco” acudió al velorio de la persona asesinada el viernes en las canchas de fútbol de la colonia Arcos de Guadalupe.

“Al parecer la información de su ubicación se obtuvo gracias a la reciente detención de Luis Manuel Alias “El Ingeniero’”.

La SSa exhibe a empresa por distribuir medicinas a sobrecosto de hasta 60% en Edomex

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La contratación investigada contempla servicios de distribución y operación de farmacias hospitalarias

La Secretaría de Salud (SSa) reveló un esquema de contratación con una empresa vinculada a una televisora que obtuvo contratos millonarios para distribuir medicamentos y operar farmacias en hospitales públicos del Estado de México (Edomex) con sobrecostos que podrían superar el 50 o 60 por ciento por pieza.

Durante la presentación del caso en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que la compañía obtuvo contratos por alrededor de mil 700 millones de pesos (mdp) entre 2022 y 2023 para realizar ambas tareas.
"Imagínense que las farmacias en vez de ser operadas por enfermeras, enfermeros, personal de farmacia, químicos, eran operadas por una empresa. Básicamente como si tuviéramos una farmacia privada dentro de un hospital público", explicó.


Respecto a ello, señaló que la contratación se encuentra bajo investigación, por lo que evitó revelar el nombre de la compañía. Sin embargo, indicó que los contratos podrán consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), al tratarse de documentos públicos.

El funcionario precisó que tras modificar el esquema y realizar nuevos procedimientos de licitación y subasta, el Gobierno federal redujo en 32 por ciento el costo del contrato anual, y consiguió trasladar entre 30 y 40 por ciento más piezas de medicamentos en un plazo mensual.
“Hoy estamos pagando, como decía la Presidenta, no sólo 32 por ciento menos en realidad del contrato anual, pero además estamos moviendo con ese mismo contrato entre 30 y 40 por ciento más piezas de medicamentos mes con mes de los almacenes hacia los centros de salud”, manifestó.
A partir de esa comparación, Clark Dobarganes sostuvo que el sobrecosto por pieza podría superar el 50 o 60 por ciento, pues la diferencia no se limita al monto total del contrato, sino que también debe considerarse el volumen de medicamentos que actualmente se distribuye con los recursos disponibles.

Gobierno busca recuperar distribución pública de medicamentos

De acuerdo con el Subsecretario, el caso forma parte de una revisión más amplia de los contratos relacionados con la compra y distribución de medicamentos, en la que el Gobierno federal busca reducir costos y fortalecer la participación de la red pública en el suministro de insumos médicos.

Clark advirtió que todavía existen contratos de distribución que deben revisarse para que esas tareas sean asumidas por la infraestructura pública, y señaló que los procedimientos de contratación adjudicados a Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) durante 2025 y 2026 pueden consultarse públicamente.

Por su parte, la mandataria federal afirmó que la reducción de los contratos ha generado inconformidad entre algunas empresas que dejaron de obtener adjudicaciones o perdieron acuerdos anteriores.
"Algunos de los que no han ganado las licitaciones o que se les quitaron los contratos no están muy contentos que digamos, porque ya no hacen negocios de este tipo", declaró.
Finalmente, el funcionario defendió la transparencia de las contrataciones y llamó a consultar la información disponible para verificar el destino de los recursos públicos. Sumado a ello, añadió que el objetivo de las modificaciones no es reducir las adquisiciones, sino comprar más medicamentos e insumos mediante mejores precios.

Sheinbaum coincide con Trump en que acuerdo comercial México-EU ya está "muy cerca"

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 ,

La mandataria federal afirmó que México no aceptará condiciones contrarias a la Constitución ni medidas que atenten contra la economía, el empleo o la soberanía nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que México y Estados Unidos (EU) están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial, aunque todavía existen asuntos pendientes antes de concretar un entendimiento, que busca reducir los aranceles que afectan a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, además de evitar nuevas tarifas.
“En ese trabajo estamos buscando, pues, la mejor posibilidad de acuerdo. Sí ha avanzado mucho. Todavía no llegamos al acuerdo final, pero sí ha avanzado bastante”, afirmó este martes durante su conferencia de prensa matutina.
Sus palabras coincidieron con las de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ayer aseguró en un mitin en Kansas que su gobierno mantiene conversaciones avanzadas con la Administración de Claudia Sheinbaum para disminuir el déficit comercial estadounidense.
"México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra considerablemente", aseveró el mandatario.
México busca reducir aranceles sin afectar el empleo

Si bien la Presidenta resaltó la apertura de EU para continuar con las conversaciones, admitió que ambas partes aún mantienen diferencias sobre ciertos puntos planteados por la Casa Blanca.

“Hay muy buena actitud del gobierno de los Estados Unidos en este tema”, señaló la doctora, quien explicó que uno de los objetivos centrales de la negociación es disminuir los aranceles a las exportaciones mexicanas.
“Estamos cerca de un acuerdo comercial, pero aún hay temas pendientes; buscamos reducir los aranceles sin afectar la economía, el empleo ni la soberanía de México. También mantenemos una buena colaboración en seguridad y seguimos dialogando”, dijo.
La Presidenta Sheinbaum subrayó que México no aceptará condiciones que contravengan la Constitución ni medidas que perjudiquen la economía nacional o pongan en riesgo los empleos. Aunque Washington ha planteado propuestas para reducir algunos aranceles a cambio de determinadas solicitudes, la mandataria federal no precisó cuáles son los puntos que todavía generan diferencias.


Por su parte, Trump sostuvo que EU mantiene un déficit comercial con México y afirmó que su gobierno busca reducirlo considerablemente con el acuerdo, incluso planteó la posibilidad de llevar ese saldo a cero, sin explicar cómo se alcanzaría ese objetivo.

Al dirigirse al Senador republicano Roger Marshall, quien se encontraba entre los asistentes, sostuvo que su país podría dejar de registrar pérdidas por el intercambio de mercancías con su vecino del sur, aunque mencionó una cantidad inferior a la reportada oficialmente.
"¿Qué dirías si te dijera que [el déficit con México] podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México!", dijo Trump al Senador republicano.

La Conagua revisa proyectos para atender la crisis en Jalisco sin privatización: CSP

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La mandataria afirmó que el objetivo es garantizar el acceso al agua potable para la población jalisciense mediante proyectos técnicamente viables

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continúa con la revisión técnica y financiera de los proyectos para atender la crisis de agua potable en Guadalajara y su zona metropolitana, mientras que una posible reunión con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aún no tiene fecha confirmada.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que primero se debe determinar cuáles son las obras más viables para garantizar el abasto y mejorar la calidad del agua, así como definir los mecanismos para financiarlas sin privatizar el servicio.
“Entonces lo primero es lo técnico. Qué es lo más viable técnicamente y cómo financiarlo sin necesidad de privatizar. Y a partir de ahí, pues, ya lo más pronto posible dar nuestro apoyo al pueblo de Jalisco”, manifestó.


La Jefa del Ejecutivo indicó que todavía hay obras pendientes en el Lago de Chapala y la presa El Zapotillo, las dos principales fuentes de abastecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sobre esta última, señaló que el Gobierno de Jalisco debió concluir trabajos durante el sexenio anterior, pero no lo hizo.
“Hay dos fuentes principales de abastecimiento en la zona metropolitana de Guadalajara. Una que viene del lago de Chapala y otra que viene justamente de la presa de El Zapotillo. En ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes”, explicó.
Sheinbaum revisa financiamiento sin privatizar el servicio

En el mismo rubro, la mandataria federal advirtió que las opciones de financiamiento también deben evaluarse para evitar que las obras terminen generando costos excesivos a largo plazo o impliquen que la operación y el mantenimiento de la infraestructura queden en manos privadas.
“Porque puede haber esquemas de financiamiento que signifique nada más la operación privada y el mantenimiento privado de la infraestructura, y también esquemas de financiamiento que tengan tasas de interés muy altas, y que una obra de 10 mil millones de pesos te acabe costando 80 mil millones de pesos a lo largo de los años”, expuso.
Por ello, señaló que su Gobierno analiza tanto la viabilidad de las obras como las condiciones económicas de cada alternativa. Una vez que se cuente con un proyecto definido, agregó, la Federación buscará aportar los recursos que sean posibles y necesarios para atender las necesidades de la población jalisciense.

Sobre la posibilidad de reunirse con el Gobernador Pablo Lemus para abordar la crisis hídrica, Sheinbaum aclaró que todavía no existe un encuentro acordado. No obstante, adelantó que mañana recibirá en Palacio Nacional a gobernadores y presidentes municipales para tratar temas relacionados con la reducción de trámites, lo que podría brindar una oportunidad.

Pese a ello, insistió en que la reunión para tratar el problema del agua deberá acompañarse de una propuesta concreta, pues consideró que el diálogo por sí solo no resolverá la situación si aún no se conocen los alcances y costos.
“Pero lo más importante, porque hay que vernos, pero ya que esté el proyecto completo, si no está el proyecto, no sabemos exactamente cuánto cuesta, qué es lo más viable, cómo hacerlo, pues aunque nos veamos eso no se va a resolver”, sostuvo.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Agentes de la CIA muertos en Chihuahua eran militares de élite

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que murieron el 19 de abril de 2026 en una volcadura en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, sirvieron antes en las Fuerzas Armadas estadounidenses y participaron en misiones en Afganistán, según sus obituarios y los reportes publicados el 19 y 20 de octubre de 2026.

Leiter Johnston, de 36 años, se graduó de la Universidad de Virginia en 2013 e ingresó al Ejército de Estados Unidos. Sirvió como jefe de pelotón en la 25 División de Infantería y dirigió soldados en apoyo de la Operación Freedom Sentinel en Afganistán en 2016, donde realizó operaciones antiterroristas y entrenó a las fuerzas de seguridad afganas, según su obituario publicado por la funeraria Murphy Funeral Homes. Después ingresó a las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como Boinas Verdes, recibió preparación en operaciones aerotransportadas, caída libre militar y buceo de combate, y comandó el Destacamento Operacional SFOD-A 1333, con el que fue desplegado en Filipinas. El mismo documento señala que, tras dejar el Ejército, fue seleccionado para trabajar en Oriente Medio, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental, y que hablaba mandarín y español, sin mencionar a la CIA ni a Chihuahua como el lugar de su muerte.

“La vida de Richard se vio truncada trágicamente en un accidente de tráfico mientras cumplía con su deber, apoyando las prioridades de nuestro país”, se lee en el obituario, que consigna que falleció mientras prestaba servicio militar en el extranjero.

Black, de 44 años, nació en San Francisco, California, y creció en Spokane, Washington, donde egresó en 2001 de la Gonzaga Preparatory School. Ingresó a la Universidad Gonzaga y participó en su programa de formación de oficiales de reserva antes de incorporarse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, según un reportaje de la periodista Alexandra Duggan publicado en The Spokesman-Review. En un video difundido en 2013 en el sitio oficial del Cuerpo de Marines, Black habló de su experiencia en Afganistán como ayudante de campo del general al mando de la 1.ª División de Marines.

En la volcadura murieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. El vehículo en el que viajaban los cuatro cayó a un barranco cerca de la comunidad de Polanco y se incendió, cuando el convoy regresaba de un operativo contra instalaciones presuntamente destinadas a producir drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que ninguno de los dos estadounidenses contaba con autorización para estar en México. Entre los más de 140 datos de prueba presentados en la audiencia contra el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno figura un oficio de la Dirección General de lo Consultivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que la dependencia informó que no halló expresión documental alguna sobre ambos y que “se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta Secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados”.

Las autoridades de Chihuahua presentaron en un primer momento a los estadounidenses como instructores en el manejo de drones. La investigación de la FGR, expuesta en la audiencia, indica que ambos participaron armados en el despliegue y que estaban en la entidad al menos desde octubre de 2025. El Ministerio Público documentó que Leiter Johnston regresó del 21 al 31 de enero de 2026 y tenía una reservación del 14 al 20 de abril, que rentó dos vehículos Volkswagen Jetta grises mediante los contratos 81957 y 85272, y que Black se hospedaba en la habitación 2312 de un hotel Holiday Inn. Un informe del 15 de mayo de 2026, elaborado con los registros de GPS de esos automóviles, ubicó estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Un testigo declaró ante el Ministerio Público que vio a los dos extranjeros encapuchados y con ropa de senderismo, sin equipo táctico, y que no hablaban español. “De repente, a los extranjeros que andaban por el campamento, y solo nos saludaban, nos decían ‘Hi’, sin embargo, no los vi hablando con nadie más que entre ellos mismos y con el comandante Oseguera. Quiero agregar que, en ningún otro operativo, había visto que nos acompañaron personal extranjero”, indicó. Otro elemento relató que, tras el accidente, dos personas que se identificaron como empleados de la embajada estadounidense llegaron al lugar y pidieron activar una antena satelital para solicitar apoyo.

Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, enfrentan cargos por traición a la patria. La FGR les atribuye haber omitido los artículos 68 y 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que exigen la acreditación de agentes extranjeros resuelta por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para internarse temporalmente en territorio nacional con fines de intercambio de información. El Código Penal Federal contempla penas de cinco a cuarenta años de prisión y multa de hasta cincuenta mil pesos para quien cometa ese delito.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/agentes-de-la-cia-muertos-en-chihuahua-eran-militares-de-elite/

Juez vincula a proceso a 11 implicados en muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia

Por: Draco Dracul on martes, octubre 20, 2026 / Comentarios: 0 ,

Un juez de control vinculó a proceso a ocho personas físicas y a tres empresas por la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival AXE Ceremonia 2025, en la Ciudad de México. La audiencia concluyó a las 02:00 horas del 20 de octubre de 2026.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sustentó la imputación en la posible violación al programa de protección civil del evento musical, que no contemplaba la instalación de la estructura decorativa colocada sobre una grúa y utilizada como punto de encuentro. Esa estructura se desplomó por los fuertes vientos registrados durante el festival.

Entre los imputados se encuentra María del Pilar “N”, encargada de la protección civil del evento, quien fue vinculada a proceso el 15 de octubre del mismo año. Su caso constituyó la primera resolución de este tipo derivada del desplome.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras los dos fotoperiodistas realizaban la cobertura de la primera jornada del festival. Giles Rivera tenía 28 años y Rojas Hernández, 26. Ambos colaboraban para un medio especializado en música.

Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Rojas Hernández, declaró que la jornada resultó “muy importante para la familia” y detalló que el juez escuchó los argumentos de las defensas, de la asesoría jurídica y del Ministerio Público antes de resolver. Según el abogado, en total se dictaron 11 autos de vinculación a proceso.

La familia de Giles Rivera alcanzó un acuerdo reparatorio en el proceso. La familia de Rojas Hernández rechazó esa vía y mantuvo la exigencia de que el caso continuara ante los tribunales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-vincula-a-proceso-a-11-implicados-en-muerte-de-fotoperiodistas-en-axe-ceremonia/
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