Sin avances mayores se desenvolvió la esperada sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas en la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) expuso ante los representantes de los Estados miembros de la ONU, la petición para instrumentar un mecanismo de asistencia internacional para detener las desapariciones en México y acabar con la impunidad.
Durante la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, dejó en manos de los Estados miembros de Naciones Unidas decidir la creación de un mecanismo de “cooperación internacional y de apoyo” a México para atender la crisis de desapariciones, sin que ello signifique un señalamiento “de responsabilidad internacional” para el país.
Durante la presentación del informe anual del CED, Albán Alencastro resaltó ante la Asamblea General de la ONU “considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.
Tras recordar que “el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, Albán Alencastro recordó que la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra de las Desapariciones Forzadas para el caso de México se dio “tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde el año 2012”.
De esa revisión, apuntó el CED, “concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, de ahí que “decidió traer a la atención” de los Estados, “con carácter de urgente”, en apego a lo dispuesto en la Convención y que los integrantes del órgano se han “limitado a aplicar”.
“Esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tampoco encontró el Comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión”, puntualizó Albán Alencastro.
En su breve discurso, el presidente del CED resaltó que en la resolución se reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”.
Tras recordar que el artículo 34 “es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”, Albán Alencastro dejó en claro que en el caso de México el CED sólo “ejerció una competencia que los propios Estados le han asignado”, de acuerdo al tratado internacional.
“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias, en la decisión, el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, insistió.
El experto independiente confirmó el compromiso del CED de “continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo con México, con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil”.
Flagelo persistente
En su informe anual, Albán Alencastro alertó sobre la persistencia del flagelo de desapariciones forzadas en el mundo, lo que se refleja en la recepción de 336 casos nuevos, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de los cuales se documentaron ampliamente 251.
“Desde la creación del procedimiento se ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida. No obstante, persisten dificultades relacionadas con la falta de comparación de algunos estados, deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación y actos de intimidación y represalias contra las víctimas y quienes las acompañan”, sostuvo el experto.
Durante la sesión, en la que también participó la presidenta del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) Grazyna Baranowska, la crisis de desapariciones en México prácticamente pasó por alto para los representantes de los países que asistieron al encuentro, a excepción de México.
La postura de México
En nombre del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien repudió el informe de Juan Pablo Albán, al sostener que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum “no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea la posibilidad”.
Luego de hacer un recuento de avances en la localización de 16 mil personas, así como de la creación de instrumentos para la búsqueda de personas y la colaboración con instancias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Arturo Medina negó que en México ocurran desapariciones forzadas como en el pasado.
“Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político.
“Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar. Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana”, afirmó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional”, abundó Medina, flanqueado del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Enrique Ochoa, y la representante alterna de la Misión Permanente de México en la ONU, Jennifer Feller.
Destacó la creación de “un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente nuestro registro nacional” de personas desaparecidas, con la colaboración del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de contar con el apoyo de Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, “entre otros miembros de esta Asamblea”.
Medina resaltó la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “para fortalecer nuestras capacidades de búsqueda, identificación e investigación”.
“Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos. Nuestro compromiso es claro, encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”, concluyó Arturo Medina en respuesta.
En la sesión de respuestas a los planteamientos de los miembros de la Asamblea General, el presidente del CED celebró la disposición de México a colaborar con la comunidad internacional, y asumió como un primer logro de su resolución de aplicación del artículo 34, la localización de personas presumidas por Medina.
“Ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las 136 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales del propio Estado mexicano. Felicitamos estos avances”, aplaudió Juan Pablo Albán.
Apuntó que el CED tomó nota de la cooperación internacional mencionada en espera de que “se mantengan a través del tiempo”, y que ese mismo ánimo subsista con el Comité, órgano que seguirá realizando su trabajo.
“El Comité tiene la responsabilidad bajo el artículo 29, numeral cuarto de la Convención, de continuar monitoreando la situación en México, continuar solicitando información, continuar invitando a diálogos constructivos a México, así como continuar registrando acciones urgentes” de desapariciones forzadas, concluyó Juan Pablo Albán Alencastro.
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