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Cambio de bando

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Quienes trabajan en seguridad reciben otra lección de incertidumbre. Deben enfrentar criminales, obtener resultados y cuidar la relación bilateral, mientras calculan cuánto durará el respaldo de sus superiores. Al riesgo de perder la vida se suma el de perder la libertad

Lo sorprendente del caso Chihuahua es el cambio de bando de Maru Campos. Después de que el desmantelamiento de un narcolaboratorio le valiera elogios, respaldo partidista y reconocimiento nacional e internacional como una gobernadora dispuesta a enfrentar al crimen, ahora señala a su antiguo fiscal por haber actuado por la libre. Su viraje pone en entredicho la defensa de su liderazgo que hicieron sus compañeros de partido. Si aquella operación acreditaba su carácter, ¿cómo terminó convertida en una actuación imperdonable de su colaborador? Con ese giro erosiona el reconocimiento ganado, alimenta las divisiones del PAN y compromete la ventaja política que aquel episodio pudo representar para la sucesión de la franquicia partidista que encabeza en su entidad.

El operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos, dejó un laboratorio desmantelado. Al regreso, un accidente carretero costó la vida a dos agentes estatales y dos estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Su presencia provocó una controversia sobre autorizaciones y soberanía. César Jáuregui renunció el 27 de abril. Ahora enfrenta una causa estatal y una acusación federal por traición a la patria.

Maru sostiene que actuó sin informarle y que eso “no se puede perdonar”. Hablamos de su antiguo secretario general de Gobierno, fiscal y colaborador de máxima confianza. Si una operación de semejante importancia ocurrió a sus espaldas, también debe explicar cómo dirigía su administración. Meter al antiguo fiscal a la cárcel no convierte automáticamente a la gobernadora en una ciudadana ajena a lo que pasaba en su gobierno.

En abril, el PAN cerró filas con ella. Jorge Romero defendió su carácter para enfrentar a los cárteles y acusó a la Federación de politizar el golpe al narcotráfico. Los panistas que salieron a respaldarla merecen una explicación. Debe ser agotador defender el lunes la valentía de un gobierno y enterarse después de que el responsable del operativo era un imperdonable desobediente.

Hablo desde la experiencia. La mayoría de los gobernadores y alcaldes fronterizos ha fomentado la buena relación con sus homólogos estadounidenses. A los funcionarios de seguridad se nos exigió construir confianza, intercambiar información y mantener comunicación. Una mala relación podía costar el puesto. Generar sospechas de vínculos criminales, con mayor razón. La cercanía con las autoridades del otro lado se presumía como prueba de confiabilidad.

También sabemos cuánto preocupa una agresión contra turistas o ciudadanos estadounidenses. Suenan los teléfonos, llegan las exigencias y aparecen reuniones urgentes. Además de atender a las víctimas, preocupan las alertas de viaje, la imagen y el golpe económico. Gobernadores y alcaldes conocen esa presión. Por eso cuesta aceptar que la cooperación promovida durante años pueda explicarse de pronto como una ocurrencia exclusiva del funcionario que cayó en desgracia.

Nada de eso permite violar la ley. Si hubo participación extranjera irregular, que se acrediten las responsabilidades. Pero acusar de traición a la patria exige demostrar algo más que una autorización omitida. Si se invocan actos contra la soberanía para someter a México a un poder extranjero, debe probarse esa finalidad. No basta envolver la acusación en la bandera.

¿Qué parte de la patria quedó amenazada al desmantelar el narcolaboratorio? ¿La independencia, la soberanía o la integridad nacional? ¿O el patrimonio de sus propietarios? Entre tantos señalamientos sobre relaciones del poder con el narcotráfico en Sinaloa, Baja California, Tabasco, Tamaulipas y un largo etcétera, hace falta explicar dónde termina la defensa de México y dónde empieza la tranquilidad de sus delincuentes.

También interesa saber quién protegía aquel laboratorio y cuánto tiempo funcionó. Ojalá las investigaciones avancen con igual entusiasmo contra sus operadores y protectores. La soberanía debería sentirse agraviada mientras los criminales producen drogas y someten comunidades. Sería el colmo que estuviera perfectamente a salvo durante la producción y entrara en peligro al momento del desmantelamiento.

Jáuregui, además, buscaba la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua. Eso no prueba una persecución, pero añade sospechas sobre el viraje de la gobernadora. El colaborador tenía proyecto propio. Con semejante ingrediente, las explicaciones tienen que ser mejores que un simple “yo no sabía”.

Aparecen también versiones sobre presuntos pactos criminales de Jáuregui, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si hay pruebas, que se presenten. Por un lado, el guante de la justicia estatal y federal; por el otro, el del desprestigio, en el momento conveniente. No está demostrada la coordinación entre ambos, pero vaya oportunidad para descubrirle tantas sombras a quien durante años mereció tanta confianza.

Quienes trabajan en seguridad reciben otra lección de incertidumbre. Deben enfrentar criminales, obtener resultados y cuidar la relación bilateral, mientras calculan cuánto durará el respaldo de sus superiores. Al riesgo de perder la vida se suma el de perder la libertad. Se les exige conocer la ley, pero parece que también deben adivinar cuándo su gobernadora cambiará de bando.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: ALBERTO CAPELLA.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/cambio-de-bando/

Miles de indígenas denuncian presencia criminal en San Cristóbal de las Casas

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , , , ,

Exigen justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.

“Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas”, dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y “a los tres niveles de gobierno”. En la misma lista aparece la siguiente afectación: “Consumo de drogas en jóvenes y niños”.

En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el “reclutamiento de los jóvenes”. Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las “detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches”. También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.

Los “levantones” y asesinatos, añade, “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agrega el “miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país”. Y advierte: “Pueblos en resistencia temen ser atacados”.

“¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!”, exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El documento cerró con un llamado: “Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra”.

Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: “¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!”, “¡Alto al desplazamiento forzado interno!”, “¡Alto a la desaparición forzada!”, “¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!”.

En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

“No es un caso cerrado” el proceso por el asesinato

Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.

Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.

Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, “identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen”, dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”. En octubre de 2025, Proceso lo identificó como “El Chesman”, presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.

“El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más”, dijo el sacerdote.

El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y “se llevó al equipo de fiscales”.
“Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado”.
“Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales”, dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe “del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos”.

“Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad”, sostuvo. El asesinato, dijo, “afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó”. En el contexto “criminal o macrocriminal que impera” en Chiapas, añadió, “sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes”.
“Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente”.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos

La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra “PAZ”. Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda “La paz es un grito que debe ser escuchado”.

“Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo”, decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: “Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas”.

Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: “La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune”.

“¡Alto al crimen organizado!”, “¡Alto a la narcopolítica!”, “¡Alto a los desplazamientos forzados!”.

“¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!”, coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.

En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: “Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”. Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.

“Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue”, decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.

Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma

“Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición”, señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.

A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
“A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones”.
Niñez sin registro oficial

La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.

El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la “imposición de la carretera San Cristóbal Palenque” y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su “rechazo total” a esa autopista.

Calificó como “consulta a modo” la de la llamada “Ley indígena”. Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó “a cierto grupo de personas”, y que lo que esa ley oculta es “el despojo territorial de los pueblos originarios”.

Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud “sin ofrecer medicinas”. También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con “una gran deuda económica”.

A los grupos de poder les pidió que “dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores”. Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: “¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!”.

Contra la “Ley anti memes”

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 ,

"A toda Ley que vulnera derechos constitucionales, sólo es dable desobedecerlas activamente y hasta sufrir las consecuencias punibles que hoy se intentan"

Aunque todavía no se sabe el desenlace de las reformas legislativas conocidas popularmente como “Ley anti memes”, lo previsible es que más temprano que tarde se promulguen como norma establecida de aplicación ineludible.

Desde luego también es amenazante para la libertad de expresión el que una Ley secundaria se sobreponga a disposiciones y principios de índole constitucional, y en un aspecto que tiene que ver directamente con las relaciones de los ciudadanos con el poder mismo.

Se reconoce en este intento de reforma un talante autoritario, que unido a la erosión que han sufrido las instituciones durante los últimos años, puede desembocar en un autoritarismo extremo como no lo habíamos visto en México en la etapa contemporánea.

Es aberrante que estas reformas en contra de las libertades se intenten teniendo como plataforma legislaciones que aparentemente nada tienen que ver con la materia en cuestión, como lo concerniente a la propiedad industrial y los derechos de autor.

Con eso tratan de acomodarse restricciones que indefectiblemente privan, sobre todo, a las oposiciones –ciudadanas primordialmente– de herramientas de las que hasta ahora ha echado mano para resistir el autoritarismo señalado, que se arroga hasta la calificación de las opiniones que se vierten en su contra por periodistas que disienten de lo que hoy por hoy tenemos instalado en el poder, exhibiéndolos y haciendo mofa.

Empero, la miga principal de esta reforma tiene que ver con el derecho penal, y no resiste un estudio doctrinario, sobre todo de las voces más autorizadas, acerca de la garantía de tipicidad, que dispone que no hay delito ni pena sin Ley, a condición de que las conductas que se definan como antijurídicas sean nítidamente claras y no dejen espacios a interpretaciones caprichosas y discrecionales que se convertirían, en manos de los poderosos, en el instrumento para iniciar enjuiciamientos penales a ton ni son, al menos en una etapa inicial con un sesgo profundamente intimidatorio.

Lo que hoy vemos es una marcada tendencia a la arrogancia en la que exclusivamente la voz oficial del Estado es la que se acepta como válida o verdadera, y todo al que no esté de acuerdo con ella se le tiene en contra de la misma, en un afán de profundizar la polarización que está en el fondo de la lucha por el poder y su preservación con el actual proyecto morenista.

Con relación al empleo de la Inteligencia Artificial, habría que afirmar que no está por llegar, sino que ya llegó, y es una realidad que aporta herramientas muy importantes empleadas en la lucha política, y como tales habrá muy poca disposición para prescindir de ella, más cuando desde el Estado mismo se usará, como ya se hace, para sus fines. Esto, sin contar el monopolio que ya ejercen sobre canales de televisión y algunos medios impresos que se han traicionado a sí mismos.

Quienes hemos estado en la lucha cívica y opositora sabemos el filo que puede tener la crítica a partir del empleo de la parodia, el sarcasmo gráfico y todo lo que hoy se sintetiza en el concepto “meme”. Puedo decir, por ejemplo que César Duarte en Chihuahua cayó del pedestal en el que se había instalado en buena parte a golpe de “memes”, sin despreciar el discurso político sustentado, la columna, el análisis riguroso, los reportajes periodísticos y la acción misma de la gente que acompañó desde 2014 esa importante lucha ciudadana.

De ahí que resulte extraño que el Senador –hoy morenista– Javier Corral haya votado en favor de tales reformas. Cuando abanderaba la AMEDI (Asociación Mexicana del Derecho a la Información) salió a las calles a gritar “¡No más poder al poder!”. Pero ya se le olvidó, ahora que la Presidenta Sheinbaum le regaló un escaño en el Senado.

Si revisamos la prensa del siglo XIX, todo el trabajo periodístico que se realizó en contra de la dictadura porfirista, y buena parte de la obra de caricaturistas que combatieron al PRI ya entrado el siglo XX, veremos que el recurrir a la ácida parodia, a exponer a la llamada “identidad gráfica oficial”, fue fundamental para liquidar ese autoritarismo, y se hizo a contrapelo, luchando contra gobiernos que llegaron a catalogar ese trabajo periodístico como “disolución social”. Cambiando lo que haya que cambiar, el intento actual es de la misma índole. Y de aquella izquierda, hoy en la nómina de la burocracia, ni qué decir, o como dijera José Emilio Pacheco: “Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los veinte años”.

A toda Ley que, en mi concepto, vulnera derechos constitucionales, sólo es dable desobedecerlas activamente, y dicho sea de paso, hasta sufrir las consecuencias punibles que hoy se intentan para que los mexicanos puedan echar a la balanza de qué lado está la justicia y la razón.

Desde ese punto de vista, me es satisfactorio saber que organizaciones como Artículo 19 adviertan sobre posibles riesgos de censura previa y afectaciones a la libertad de expresión bajo el pretexto de remover parodias digitales.

En una perspectiva histórica, sabemos que los déspotas momentáneamente pueden triunfar, pero que tarde o temprano fracasarán sus aviesas finalidades seudo reformistas.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: JAIME GARCÍA CHÁVEZ.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4889253/contra-la-ley-anti-memes/

México presentará denuncia por muerte de mexicano bajo custodia del ICE; van 18 casos

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La Cancillería mexicana activó sus protocolos de protección, contactó a la familia y solicitó una investigación a las autoridades estadounidenses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este lunes que México presentará una denuncia en Estados Unidos (EU) por la reciente muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
"El día de ayer falleció otro connacional en un centro de detención. Ayer mismo estuvo Roberto [Velasco Álvarez] en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos", dijo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que el compatriota fue detenido en junio, y que la familia reportó a las autoridades mexicanas que "él sufría de diabetes e hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos".

Por ello, adelantó, se reforzarán los trabajos en los consulados, con el objetivo de que, "en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior y particularmente de aquellos que son detenidos".

Sheinbaum aseguró que las y los migrantes mexicanos "son héroes y heroínas porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, a buscar una vida mejor y a apoyar a sus familias". Sin embargo, destacó que también "ayudan mucho a la economía de los Estados Unidos". "Entonces siempre nuestra solidaridad, nuestro cariño", agregó.


Durante su conferencia de prensa matutina, aprovechó para reiterar la postura del Gobierno federal "en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos".
"En México, en el Gobierno de México, en la Presidenta siempre van a tener una aliada. Nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior", concluyó la Jefa del Poder Ejecutivo.
SRE exige esclarecer muerte de mexicano bajo custodia del ICE en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió ayer a las autoridades de EU esclarecer la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en Laredo, Texas, un caso que eleva a 18 la cifra de connacionales fallecidos en esta circunstancia o en operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.

El connacional se encontraba en el centro de procesamiento Río Grande, donde la oficina local del ICE notificó su fallecimiento al Consulado General de México en Laredo, anunció la Cancillería en un boletín.

Tras conocer los hechos, la SRE activó los protocolos de protección, estableció comunicación con los familiares y les brindó asistencia consular. También solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación que permita conocer las causas de la muerte.

La SRE pidió una indagatoria "pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes".


México denunciará caso ante Fiscal del condado Webb
La Cancillería manifestó su preocupación por la recurrencia de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria o durante operativos en EU y advirtió que la cifra de 18 fallecimientos desde el 20 de enero de 2025 "exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes".

Como parte de las acciones para atender estos casos, el Gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas al Departamento de Estado, presentado denuncias ante las autoridades competentes y gestionando que las familias tengan acceso a representación legal.

La dependencia federal también compartió que enviará una denuncia al Fiscal del condado Webb para solicitar el esclarecimiento de este fallecimiento. Además, "por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos, se solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de las personas mexicanas".

La SRE expuso que el objetivo es que el personal consular pueda cumplir con sus funciones de protección y exigir que las personas mexicanas detenidas reciban atención médica adecuada, por lo que insistió en que continuará con las acciones diplomáticas y jurídicas para proteger sus derechos.
"El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional, y reitera su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior", finalizó.

No hay pruebas de que Maru supo de la CIA: Sheinbaum. “Operativo fue irresponsable”

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Antes de atender el procedimiento federal por Traición a la Patria, las autoridades deberán resolver la situación jurídica del exfiscal en el fuero estatal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó de “irresponsable” el operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, Chihuahua, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuya intervención habría sido permitida por el exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno.
“Ahora que la responsabilidad recae en el Fiscal, o el exfiscal, de ese momento, pues, la verdad fue muy irresponsable, por decir lo menos. No solamente por haber permitido la participación en contra de la Ley, de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina.
Sheinbaum cuestionó que el operativo se realizara durante la madrugada y señaló que los elementos estadounidenses no tenían atribuciones para participar en una intervención de ese tipo. Además, recordó que éstos murieron durante los hechos, una pérdida que calificó de lamentable, independientemente de que se tratara de agentes extranjeros.

“Entonces fue un operativo muy irresponsable, además de que estaban violando la Ley, porque no informaron y además no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, sostuvo.


La Presidenta también explicó que la primera orden de aprehensión y la carpeta de investigación surgieron de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. No obstante, de acuerdo con la información que le proporcionó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ambas instituciones trabajaron de manera coordinada posterior a ello.

Más adelante, señaló que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la responsabilidad directa del operativo recaería en el entonces Fiscal estatal, y aseguró que, hasta donde ella tiene conocimiento, no hay pruebas que involucren directamente a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.
"De la investigación que tiene la Fiscalía, pues, finalmente, el responsable directo es el Fiscal [...]. No tienen, hasta donde yo sé, y si no, que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la Gobernadora", indicó.
Finalmente, la Jefa del Ejecutivo mencionó que existen otras investigaciones contra Jáuregui por asuntos y delitos distintos al caso del laboratorio clandestino.

Chihuahua reanuda el jueves audiencia contra Jáuregui

César Gustavo Jáuregui Moreno fue detenido por la FGR minutos después de concluir la audiencia en la que un Juez de control estatal descartó imponerle prisión preventiva. El próximo jueves 22 de octubre ésta se reanudará para determinar si es vinculado o no a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía chihuahuense.

Como parte de las medidas cautelares dictadas por el juzgador, Jáuregui deberá presentarse una vez al mes ante el Tribunal para firmar, abstenerse de salir del país sin autorización judicial y evitar cualquier acercamiento o comunicación con los testigos relacionados con el caso. Además, se ordenó el resguardo de su pasaporte y visa.

A través de un video publicado en redes sociales, el Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que, luego de formular la imputación e incorporar los antecedentes de investigación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.


Ante dicha petición, la Fiscalía argumentó que existía riesgo de fuga por las relaciones de Jáuregui en el extranjero y advirtió que sus antiguos vínculos con personal de la propia institución podrían permitirle obstaculizar las investigaciones.

La defensa rechazó los señalamientos y sostuvo que no había elementos objetivos suficientes para justificar la prisión preventiva. Asimismo, manifestó la disposición del exfuncionario para enfrentar el procedimiento y cumplir con las medidas cautelares que determinara el Juez.

Al resolver la controversia, el juzgador consideró que la prisión preventiva resultaba excesiva y que las restricciones impuestas eran proporcionales para asegurar la presencia del exfiscal durante el proceso y prevenir cualquier interferencia en la investigación.


Exfiscal de Chihuahua está bajo custodia federal

Loya Chávez informó que, minutos después de concluir la audiencia estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal contra Jáuregui, quien quedó bajo custodia de dichas autoridades.
“El proceso en Chihuahua sigue su curso. Sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República [FGR] cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J.M. [...]. Se trata de un proceso distinto”, señaló el funcionario.
El procedimiento federal corresponde al delito de Traición a la Patria y es independiente de la causa que se sigue contra el exfiscal en Chihuahua por por los presuntos ilícitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Una vez que se resuelva su situación jurídica en el fuero estatal, se atenderá la audiencia correspondiente al proceso federal.

La defensa adelantó que notificará al Juez federal sobre el procedimiento penal que enfrenta Jáuregui en Chihuahua, a fin de que esta circunstancia sea considerada en las decisiones relacionadas con su situación jurídica.

'No es un tema salarial': trabajadores del IMSS exigen más presupuesto, personal e insumos

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pidió la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos y la convocatoria a un congreso extraordinario

Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de trabajadores disidentes del IMSS, afirmó que las movilizaciones que realizan empleados del instituto tienen como principal demanda mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los derechohabientes y no el incremento salarial.

“El motivo principal de nuestras manifestaciones es que estamos peleando por el derecho a la salud de los derechohabientes. El IMSS requiere el doble de presupuesto. Dinamarca tiene seis camas por mil habitantes, nosotros una”, sostuvo en entrevista con Aristegui en Vivo.

Soto Cruz señaló que el instituto también enfrenta una brecha en el número de especialistas, pues cuenta con uno por cada mil derechohabientes, frente a 3.5 en Dinamarca. “No queremos ser Dinamarca, queremos ser México y queremos pelear por la salud de los trabajadores de México”, afirmó.

Explicó que las primeras movilizaciones recientes surgieron en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde, según relató, había falta de personal, insumos y otros elementos necesarios para realizar las labores. Señaló que a partir de esa protesta fueron concedidas 53 plazas y llegaron insumos, lo que motivó a trabajadores de otros hospitales y estados a sumarse a las manifestaciones.

El enfermero sostuvo que posteriormente se incorporó el conflicto por el incremento salarial acordado entre la dirigencia sindical y la representación patronal. De acuerdo con Soto Cruz, el aumento anunciado como de 9 por ciento representó en realidad menos de 2.9 por ciento al tabulador. También señaló que el movimiento exige una revisión nacional de las plantillas e insumos, así como un canal de diálogo directo con el gobierno.

“No es un tema salarial, sí queremos dejarle muy claro a nuestra a la población, es un tema de de la salud de los mexicanos y de del sistema de seguridad para los para los trabajadores de todo el país”, dijo.


Sobre la consulta mediante la cual los trabajadores rechazaron el acuerdo salarial, Soto Cruz afirmó que ésta no fue una concesión de la dirigencia sindical, sino un procedimiento establecido por la reforma laboral. Aseguró que el ofrecimiento fue rechazado en una proporción de 20 votos contra uno.

Cuestionó además a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a la que calificó de “sindicato charro”, y acusó que no representa los intereses de los trabajadores. Entre sus principales exigencias mencionó la destitución del secretario general, Rafael Olivos, y la convocatoria a un congreso extraordinario.

El enfermero también cuestionó los planteamientos para modernizar el sistema de salud mediante personal especializado en ciencia de datos y una reducción de la burocracia. Consideró que el IMSS requiere principalmente mayor presupuesto, médicos, enfermeras y medicamentos, además de combatir prácticas de corrupción dentro de la institución y del ámbito sindical.

“Lo que le requiere es el doble de presupuesto lo que le requiere son médicos enfermeros este medicamentos y limpiar de corrupción la institución la parte institucional y la parte sindical”, señaló.

Rechazó que las visitas de funcionarios a las unidades médicas constituyan un canal suficiente de diálogo con los trabajadores y pidió un encuentro directo con quienes se encuentran en las áreas operativas. Afirmó que el movimiento mantiene abierta la convocatoria al diálogo, pero advirtió que continuará con las movilizaciones hasta lograr la salida de Rafael Olivos y la realización de un congreso extraordinario.

“A lo mejor podemos negociar menos que el diez por ciento al tabulador en el salario, pero no la renuncia de Rafael Olivos”, sostuvo.

También se refirió al reportaje de El Sol de México sobre la salida de especialistas del sistema público de salud. Entre enero de 2020 y agosto de 2026, 8 mil 926 especialistas presentaron su renuncia al IMSS y mil 211 al ISSSTE, para un total de 10 mil 137. Entre las especialidades con mayor número de renuncias se mencionaron medicina interna, anestesiología, urgencias y ginecobstetricia.

Soto Cruz relacionó estas salidas con la presión laboral, las condiciones de trabajo y los ingresos. “Es la la presión laboral, el ‘trabaja con lo que hay, y cállate’. Queremos calidad, calidez, eficiencia, eficacia, y pero no queremos más plantillas, no queremos más médicos, no queremos más especialistas”, afirmó.

El enfermero recordó que los trabajadores del Seguro Social que ingresaron después de las modificaciones realizadas desde 2007 ya no cuentan con el antiguo régimen de jubilaciones y pensiones. Aseguró que bajo este esquema un trabajador que perciba 10 mil pesos mensuales podría retirarse con alrededor de una cuarta parte de ese ingreso.

También denunció condiciones de presión laboral y restricciones a la actividad sindical. Dijo que lleva siete años sin derechos sindicales y que previamente fue rescindido, según su relato, por denunciar presuntos actos de corrupción en el Hospital de Cardiología.

Sostuvo que las necesidades no se limitan a salarios, sino que abarcan insumos, infraestructura y especialistas, particularmente en zonas rurales. Mencionó los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo y llamó a los trabajadores de otras entidades a continuar con las movilizaciones. “Necesitamos insumos, infraestructura, especialistas en las zonas rurales”, señaló.

El trabajador informó que el próximo 21 de octubre habrá una nueva movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con una convocatoria a las 15:00 horas para trabajadores de la Ciudad de México y el Estado de México. También llamó a replicar las protestas en otras entidades y afirmó que el movimiento no abandonará los edificios que ya ocupa y que podría tomar más instalaciones. Aseguró que las movilizaciones continuarán hasta que sean atendidas sus demandas.

CSP descarta salida de Robledo del IMSS, pese a conflicto salarial

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 19 de octubre de 2026, que no está en duda la permanencia de Zoé Alejandro Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese al conflicto laboral que enfrenta la institución luego de que los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento salarial. Lo dijo en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“En este momento, no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse”, respondió la mandataria nacional al ser cuestionada respecto a la continuidad del funcionario.

La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que Robledo Aburto debe concentrarse en resolver las inconformidades de los empleados, quienes preparan nuevas movilizaciones para exigir mejoras salariales, laborales y operativas en hospitales y unidades médicas.

Sheinbaum Pardo explicó que instruyó al funcionario a elaborar una nueva oferta de aumento salarial y prestaciones, acompañada de medidas para atender las deficiencias denunciadas por el personal. El planteamiento se formula después de que la mayoría de los trabajadores que participaron en una consulta sindical rechazó el acuerdo aprobado previamente por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Lo que yo le comenté a Zoé es, en el marco de los recursos que tiene el IMSS, porque no se puede hacer una propuesta que no corresponde a los recursos que tiene, haz una nueva propuesta de aumento salarial con las prestaciones y al mismo tiempo preséntale a las y los trabajadores la manera en que se van a atender las distintas problemáticas que fueron manifestadas”, explicó.

La presidenta de la República señaló que la propuesta original representaba un incremento aproximado de 5.1 por ciento en los ingresos de los trabajadores, distribuido entre el salario tabular y prestaciones adicionales. El IMSS había informado que el aumento sometido a consulta era de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

La mandataria nacional anunció que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar los recursos disponibles y determinar hasta dónde puede mejorarse la oferta económica, y descartó comprometer recursos que no estén disponibles.

“Vamos a tener una reunión con Secretaría de Hacienda porque Hacienda, aunque los recursos son propios del IMSS, pues también tiene que participar en las finanzas públicas, en general del sector público, y se va a hacer la mejor propuesta posible”, indicó.

Sheinbaum Pardo reconoció que existen deficiencias en el funcionamiento del Instituto, aunque sostuvo que las movilizaciones registradas no representan a la totalidad de sus trabajadores. Vinculó parte de los problemas de atención médica con procesos administrativos que consideró obsoletos, en particular en la distribución de medicamentos y el funcionamiento de almacenes, donde todavía existen trámites que deben realizarse mediante oficios.

Respecto a la exigencia de destituir al dirigente sindical, la presidenta de la República afirmó que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a los trabajadores y no al Gobierno Federal. “Eso es un asunto sindical, eso no lo decide la Presidenta”, declaró.

El Gobierno Federal buscará digitalizar esos procedimientos con apoyo de ingenieros mexicanos y egresados de instituciones públicas, sin contratar empresas privadas para desarrollar los sistemas. Robledo Aburto mantiene mesas de trabajo con el SNTSS para construir una propuesta que incluya las remuneraciones y las condiciones laborales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.

Segunda marcha por agua limpia en Guadalajara termina en violencia

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Manifestantes pacíficos confrontaron a grupos encapuchados que desvirtuaron la movilización. Sujetos embozados provocaron incendios y severos daños materiales en sedes de los tres poderes. La policía estatal replegó su presencia en las calles tras cuestionamientos por abusos anteriores

La segunda megamanifestación ciudadana convocada para exigir la mejora en la calidad y claridad del agua potable en la zona metropolitana derivó en una extensa jornada de violencia y destrozos materiales en el centro histórico de la capital jalisciense.

La movilización partió al mediodía del domingo desde las instalaciones del Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, integrada inicialmente por contingentes de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidad que marchaban de forma pacífica para demandar agua limpia e investigaciones sobre las detenciones registradas la semana previa.

Durante el trayecto inicial, los propios ciudadanos detectaron la presencia de grupos de personas embozadas que portaban palos, bates, martillos y artefactos pirotécnicos.

Para evitar conatos de enfrentamiento y resguardar la seguridad física de los asistentes, los manifestantes enfrentaron verbalmente a los encapuchados al grito unánime de “fuera encapuchados”, obligándolos a separarse de la vanguardia del contingente y pausando momentáneamente el avance sobre el cruce estratégico de las avenidas Federalismo y 8 de Julio.

Pese a las acciones de prevención social e inhibición emprendidas por los organizadores para preservar el carácter estrictamente cívico de la marcha, conforme avanzó la tarde los bloques de ciudadanos comenzaron a retirarse del primer cuadro, situación que fue aprovechada por un grupo de aproximadamente trescientas personas embozadas para apoderarse de las inmediaciones de la Plaza de Armas y del edificio del Ejecutivo estatal.

Los manifestantes violentos arrojaron globos con pintura, objetos diversos, huevos, jitomates y botellas de vidrio contra las ventanas y vitrales de la fachada institucional, derribaron las vallas metálicas para golpear los portones principales de acceso, rompieron luminarias exteriores y destruyeron cámaras del sistema de videovigilancia.

La violencia se extendió posteriormente hacia las sedes del Congreso del Estado de Jalisco y del Poder Judicial, inmuebles contra los cuales los embozados lanzaron petardos, barrenos y bombas molotov que provocaron incendios en las estructuras de madera de las entradas institucionales.

Además de las afectaciones causadas en las dependencias públicas, se registraron daños en comercios privados del centro urbano, cristales rotos en establecimientos mercantiles adyacentes y el saqueo directo a una tienda de artículos deportivos, hechos que motivaron al sistema de transporte colectivo SITEUR a cerrar de forma preventiva los accesos a las estaciones subterráneas de Guadalajara Centro y Plaza Universidad.

Frente al incremento de los actos vandálicos, la fuerza pública mantuvo un repliegue preventivo durante la mayor parte de la jornada.

La ausencia de vallas de contención y de elementos policiales en las vialidades respondió a un ajuste en la estrategia operativa del gobierno estatal para evitar choques con la población, tras los severos cuestionamientos sociales y las indagatorias administrativas abiertas por abusos de autoridad cometidos durante la protesta del pasado 11 de octubre.

Las corporaciones de seguridad únicamente intervinieron hacia el final de los disturbios cuando el fuego amenazó con consumir los accesos del Poder Legislativo y Judicial, momento en que elementos policiales y bomberos sofocaron los incendios.

En dicha acción final, agentes capturaron a cinco hombres a bordo de una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior transportaban bidones con gasolina y artefactos incendiarios.

Los hechos de violencia concluyeron poco antes de la once de la noche cuando los encapuchados abandonaron la zona.


FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/segunda-marcha-por-agua-limpia-en-guadalajara-termina-en-violencia/

Trump pidió participar en producción de petróleo, pero le dije que no se puede: CSP

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La mandataria expuso que México fortalecerá su producción de gas natural, mientras que la participación de EU en el sector petrolero seguirá sujeta al marco jurídico nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló que su homólogo Donald Trump le ha solicitado durante sus conversaciones telefónicas que incremente las compras de gas natural estadounidense. Sin embargo, la mandataria mexicana explicó que ha rechazado la propuesta, dado que el país tiene previsto aumentar la extracción de este combustible en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, también expuso que el líder republicano ha manifestado interés en que empresas de su país intervengan en la producción de petróleo en México. Al respecto, sostuvo que existen restricciones constitucionales y legales que impiden otorgar derechos sobre los hidrocarburos, aunque aclaró que las compañías estadounidenses pueden ampliar su participación mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo, y en todos los casos hemos sido claros. Le he dicho: ‘A ver, Presidente Trump, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes. Entonces aquí no se pueden dar derechos de petróleo’”, afirmó la Presidenta.


En este contexto, recordó que empresas estadounidenses han participado durante décadas en actividades de la industria petrolera mexicana como contratistas de Pemex, por lo que esa vía permitiría ampliar su intervención sin modificar el marco jurídico que regula al sector energético nacional.

Trump no condiciona el T-MEC a entrega de "narcopolíticos"

La Jefa del Ejecutivo negó que el inquilino de la Casa Blanca condicione la negociación de un acuerdo comercial con México a la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico o a acciones contra la corrupción. Además, aclaró que el mandatario no ha utilizado el término “narcopolíticos” durante sus conversaciones telefónicas.
“Nada de eso, nada de eso. Y, además, ¿Cuáles narcopolíticos? No, no, nada de eso”, respondió al ser cuestionada sobre el tema.
Por otro lado, reconoció que Trump sí le ha expresado que existen zonas del territorio mexicano controladas por organizaciones criminales, afirmación que ha rechazado directamente. Según relató, le ha respondido que dicha situación no corresponde a la realidad del país y le ha expuesto los resultados de su estrategia de seguridad.
"Pues, no es cierto, Presidente. Es más, pues mire, los resultados que tenemos. Se ha reducido en 60 y tantos por ciento el cruce de fentanilo, redujimos a la mitad el número de homicidios. Varios resultados que se han dado en materia de seguridad. Si eso fuera cierto, pues no tendríamos, obviamente, estos resultados" manifestó.
La mandataria atribuyó parte de las declaraciones sobre México al contexto electoral del país vecino y sostuvo que se trata de opiniones de Estados Unidos. Por ello, pidió nuevamente que la Nación no sea utilizada como tema de campaña política.

El exfiscal de Chihuahua ingresa al Altiplano; FGR lo acusa de Traición a la Patria

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 ,

La detención ocurrió después de una audiencia en Chihuahua, cuya resolución que le había permitido seguir el proceso en libertad

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal General de Chihuahua, ingresó este lunes al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), donde quedará a disposición de una Jueza federal por el delito de Traición a la Patria, derivado de su presunta responsabilidad en el operativo contra un narcolaboratorio que contó con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

La detención ocurrió anoche, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra el exfuncionario al concluir una audiencia en territorio chihuahuense, donde un Juez determinó que podía enfrentar en libertad el proceso estatal por ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con medios locales, Jáuregui fue llevado primero a las instalaciones de la FGR en Chihuahua y posteriormente trasladado al Estado de México. Su arribo al penal del Altiplano se reportó alrededor de las 07:30 horas.

El abogado del exfiscal, Héctor Villasana Ramírez, explicó que la resolución del Juez estatal corresponde a una causa penal distinta de la investigación federal. Por ello, las medidas cautelares que le permitieron continuar en libertad en el proceso local no impidieron que se ejecutara la orden de aprehensión emitida por la otra autoridad.

Exfiscal enfrenta dos procesos judiciales

César Jáuregui enfrenta dos procedimientos penales distintos. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado lo acusa de presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que en el fuero federal la Fiscalía General de la República lo investiga por el probable delito de Traición a la Patria.

En la causa estatal, un Juez de control determinó que el exfiscal podía enfrentar el proceso en libertad y descartó imponerle prisión preventiva. Como parte de las medidas cautelares, ordenó que se presente una vez al mes ante el Tribunal, que no salga del país sin autorización judicial y que evite cualquier acercamiento o comunicación con los testigos relacionados con el caso. También dispuso el resguardo de su pasaporte y visa.


El Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que, después de que el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los antecedentes de investigación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Por ello, la audiencia se reanudará el jueves 22 de octubre, cuando el juzgador determinará si existen elementos para vincularlo o no a proceso.

Por otro lado, la orden federal fue emitida el sábado 17 de octubre y está relacionada con la investigación por el probable delito de traición a la patria. Por esta causa, el exfiscal fue trasladado al Estado de México, donde deberá comparecer ante la autoridad correspondiente para conocer los cargos y continuar con el proceso.

CNDH exhibe falta de cooperación de CEDHJ: "No ha entregado expediente sobre abusos"

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 , ,

Tras cinco días de diligencias, el organismo nacional cuestionó que la comisión estatal no entregara información relevante

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de no cooperar en la investigación sobre las presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la represión de manifestantes en Guadalajara, durante las protestas por el agua limpia, y exigió esclarecer el papel de los presuntos infiltrados que participaron en las movilizaciones del 11 y 18 de octubre.

Al concluir cinco días de diligencias en Jalisco, la CNDH informó que su homóloga estatal no respondió la solicitud de reunión que le formuló ni entregó el expediente relacionado con los acontecimientos. La omisión contrasta con las declaraciones oficiales según las cuales el Gobierno estatal y la CEDHJ realizan investigaciones conjuntas y colaboran con el organismo nacional.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional advirtió que la documentación solicitada es relevante para determinar las responsabilidades correspondientes, pues personal de la CEDHJ estuvo presente tanto durante las detenciones registradas en las protestas como en las retenciones ocurridas en Casa Jalisco el 11 de octubre.


El expediente también permitiría conocer las evidencias recabadas por el organismo estatal, su intervención ante las denuncias de posibles actos de tortura y la identificación de los policías que habrían participado en esas agresiones y en el operativo.
"La falta de respuesta y de remisión del expediente no ha sido obstáculo para que la CNDH avance en su trabajo; pero es un elemento que deberá ser tomado en cuenta en el análisis de los hechos y en las conclusiones a las que finalmente se llegue", explica el documento.
CNDH pide esclarecer papel de “infiltrados”

En su comunicado DGDDH/114/2026, emitido este lunes, la CNDH también advirtió sobre la importancia de investigar la presencia y actuación de los presuntos infiltrados durante ambas manifestaciones, ante las sospechas de que su participación pudiera estar relacionada con los escenarios de represión denunciados.

En este sentido, recordó que la protesta realizada ayer incluso se suspendió de manera temporal debido a la presencia de un grupo numeroso de personas a quienes los propios manifestantes identificaron como posibles infiltrados. Dichas personas, de acuerdo con el documento, lanzaron petardos contra los asistentes que avanzaban de manera pacífica.
"Se tuvo conocimiento de que una pareja de personas señaladas por los manifestantes como presuntos infiltrados fue entregada por estos a elementos policiales. Esta actuación fue acompañada por personal de la CEDHJ, que realizó la grabación y documentación del procedimiento, en contraste con la actuación de dicho organismo durante los hechos ocurridos el día 11 en Casa Jalisco", indica el documento.
Por su parte, la Comisión Nacional registró la presencia de pequeños grupos de policías federales y municipales, además de elementos antimotines desplegados en las calles aledañas. No obstante, según su observación, estos últimos portaban un equipo de armamento considerable, carecían de identificación visible y, en muchos casos, tampoco llevaban insignias que permitieran reconocer a la corporación a la que pertenecían.

Cabe destacar que, durante la movilización, personal de la CNDH la coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Jalisco, para darle seguimiento y monitorear su desarrollo.

Investigan detenciones y posibles actos de tortura

Respecto a los disturbios del 18 de octubre y las cinco detenciones posteriores, la CNDH indicó que, al cierre de sus diligencias, no tenía conocimiento de denuncias presentadas por familiares u organizaciones, ni de que las detenciones hubieran sido calificadas como injustas.
"Este escenario levanta suspicacias y será objeto de una amplia investigación", advirtió en el comunicado.
En ese sentido, recordó que la presencia de infiltrados forma parte de escenarios de represión y sostuvo que también hubo personas con esas características durante los acontecimientos de la semana pasada.


"Si bien elementos infiltrados también hicieron presencia en los hechos del 11 de octubre, según declaraciones oficiales fueron 'ajenos' a los operativos, a pesar de que se ha acreditado que estaban coordinados directamente con las autoridades policiales", resaltó.
Derivado de ello, reiteró que la información que mantiene la CEDHJ podría contribuir a reconstruir los operativos, conocer su intervención ante las denuncias de tortura y establecer quiénes participaron en las agresiones señaladas por los manifestantes.

Pese a la falta de cooperación, la CNDH sostuvo que continuará trabajando en los próximos días para esclarecer las violaciones a Derechos Humanos denunciadas y dar seguimiento a la defensa de las personas procesadas, así como a la determinación de responsabilidades.

Defensa de César Jáuregui confirma participación de la Sedena en operativo en Chihuahua

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 19, 2026 / Comentarios: 0 ,

El abogado Héctor Villasana afirmó que corresponde al Ministerio Público acreditar cómo las acciones atribuidas al exfiscal habrían puesto en riesgo la soberanía, independencia o integridad de México

La defensa de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua y quien enfrenta un proceso estatal y uno federal -traición a la patria- por la presencia de cuatro agentes estadounidenses en un operativo en la entidad, sostuvo que no existe un dato de prueba que demuestre que el exfuncionario ordenó, autorizó o conoció la participación del personal de la CIA.

Sobre el proceso estatal, Héctor Villasana Ramírez, abogado de Jáuregui Moreno, afirmó en Aristegui en Vivo que la unidad creada por la Fiscalía estatal para investigar los hechos no tenía facultades para indagar delitos cometidos por funcionarios públicos. Según el litigante, la instancia competente era la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua.

El abogado también sostuvo que deben determinarse las responsabilidades de los mandos que estuvieron a cargo del operativo, pues el cargo de fiscal general que ocupaba Jáuregui Moreno no implicaba responsabilidad directa sobre la ejecución de las acciones. “De ninguna manera es responsable del operativo en sí mismo”, afirmó.

El abogado explicó que Jáuregui Moreno tenía conocimiento de que se realizaría un operativo para buscar posibles generadores de violencia en la zona. “Lo que mi representado no conoce, y eso es por elemental competencia y lógica, son los mecanismos del operativo: cuántos agentes, cuántas camionetas, cuántas armas, el despliegue operativo”, afirmó.

Sin embargo, explicó que la responsabilidad operativa correspondía al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió en un accidente automovilístico tras el despliegue. Dijo que tenía entre sus atribuciones diseñar la estrategia para ejecutar una orden y realizar la intervención del sitio donde fue localizado un laboratorio.

Villasana Ramírez señaló que la defensa tuvo acceso a alrededor de 50 antecedentes de investigación y declaraciones de personas que participaron en el operativo. De acuerdo con esos testimonios, quien organizó, solicitó y planeó las acciones fue Oseguera Cervantes.

“Todas las declaraciones establecen que quien organizó, quien solicitó, quien planeó, incluso quien se allegó de todos los agentes que iban a participar en ese operativo era él”, dijo.

Añadió que el entonces director también se coordinó con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua para acudir al sitio donde se había localizado el laboratorio.

La defensa sostiene que la Fiscalía estatal pretende atribuir responsabilidad al exfiscal a partir de la cadena de mando. Según el abogado, la acusación parte de que Jáuregui Moreno era superior jerárquico del director de la Agencia Estatal de Investigación y, por ello, habría tenido conocimiento de quiénes participaron en el operativo e incluso habría autorizado la presencia de ciudadanos estadounidenses.


El abogado rechazó esa conclusión y afirmó que “no hay ni un solo dato de prueba” que demuestre que el exfiscal conociera o autorizara la participación de esas personas.

“Escuchamos durante este fin de semana, insisto, más de 50 declaraciones entre agentes de policías estatales, agentes de la Sedena, peritos que participaron en el evento y ninguno de ellos, insisto, da un dato”, afirmó.

A decir del litigante, la única inferencia que la defensa identifica para intentar vincular al exfiscal con los hechos es que sostenía reuniones frecuentes con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y con el encargado de operaciones estratégicas.

Sobre la presencia de los cuatro agentes estadounidenses en el operativo, dos de los cuáles murieron en el mismo accidente que Oseguera, el abogado señaló que dentro de la carpeta de investigación existen testimonios de al menos seis agentes que los identifican como instructores de Estados Unidos en materia de drones y capacitación en seguridad. “No lo digo yo, lo dicen los antecedentes de investigación”, puntualizó.

Según la defensa, algunos de los testimonios ubican a estas personas como instructores desde antes del operativo y señalan que impartían capacitación en distintas áreas. Mencionó que agentes estatales también habían acudido a Estados Unidos para recibir capacitación en técnicas de investigación y otros temas de seguridad.

El abogado rechazó, sin embargo, que los testimonios disponibles acrediten que los ciudadanos estadounidenses hayan participado activamente en la operación. Explicó que existen seis o siete declaraciones que, según la defensa, indican que su presencia no fue activa y que incluso permanecieron dentro de los vehículos.

Agregó que, de acuerdo con esos testimonios, los ciudadanos estadounidenses no portaban armas ni participaron directamente en las acciones en el lugar donde se encontraba el laboratorio clandestino.

La acusación de traición a la patria

En cuanto a la acusación federal contra Jáuregui Moreno por el delito de traición a la patria, Villasana Ramírez explicó que la orden de aprehensión se sustenta específicamente en la fracción primera del artículo 123 del Código Penal Federal.

Precisó que la fracción por la que se libró la orden de aprehensión establece que incurre en ese delito quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con finalidad de someterla a un gobierno extranjero”.

El litigante sostuvo que la defensa considera que ese supuesto legal no se actualiza en el caso de su representado y señaló que corresponde al Ministerio Público acreditar todos los elementos del delito que se le atribuye.

Señaló que la defensa conoce la carpeta de investigación estatal, pero no ha tenido acceso completo a la carpeta federal. No obstante, dijo que tuvo acceso a la orden de aprehensión y a parte de las constancias utilizadas para sustentarla.

Según el abogado, la investigación federal se habría alimentado en buena medida de la indagatoria realizada previamente en Chihuahua. Por ello, consideró relevantes los testimonios contenidos en la carpeta estatal para cuestionar la imputación contra el exfiscal.

“Le corresponde a la Fiscalía demostrar de qué manera se puso en riesgo la soberanía del Estado mexicano a través de estas acciones”, sostuvo.

La participación de la Sedena

Villasana también confirmó que en el operativo hubo presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que, de acuerdo con las declaraciones incorporadas a la investigación, el convoy que salió de Chihuahua hacia la zona del operativo hizo una primera parada en instalaciones militares de Cuauhtémoc, donde se coordinó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No obstante, aclaró que en la carpeta de investigación que conoce la defensa no existen declaraciones de los propios elementos de la Defensa sobre su participación. Dijo que los testimonios disponibles corresponden a agentes de la Policía Estatal Investigadora que refieren la presencia militar y la coordinación previa.

Señaló que tampoco existe en la carpeta información que permita establecer si la participación de los militares fue exclusivamente de seguridad o si tuvieron una intervención operativa directa en tierra.

Sobre los ciudadanos estadounidenses, el abogado sostuvo que la investigación revisada por la defensa tampoco indica que la información que llevó a las autoridades hasta el sitio proviniera de alguna agencia de inteligencia de EE.UU.

Precisó que el operativo no fue producto de una coincidencia. De acuerdo con los testimonios que ha revisado, existía una investigación previa sobre esa zona y datos que apuntaban a la posible presencia de actividades delictivas, aunque las autoridades desconocían las dimensiones y características exactas de lo que encontrarían.

“No es que estaban aleatoriamente y iban pasando por la carretera”, señaló Villasana, quien explicó que el despliegue fue planeado a partir de antecedentes de investigación sobre la región.

Villasana también se refirió a la situación procesal del exfiscal. Señaló que Jáuregui Moreno se encuentra ya en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y que la defensa espera la notificación sobre la audiencia correspondiente al proceso federal.

El abogado cuestionó que la continuación de la audiencia relacionada con los hechos investigados en Chihuahua pudiera realizarse de manera simultánea con la audiencia federal por la acusación de traición a la patria. Explicó que la audiencia estatal está programada para el jueves y que la formulación de cargos en el proceso federal podría realizarse previamente.

En su opinión, esa situación podría afectar el derecho de defensa de Jáuregui Moreno, pues el exfiscal ya no se encuentra físicamente en Chihuahua para atender la audiencia estatal y tendrá que enfrentar de manera simultánea dos procedimientos.

“Estamos haciendo ya las estrategias correspondientes para que eso no suceda”, afirmó.

“Estoy convencido de que con los datos que existen hasta este momento vamos a demostrar que nuestro representado no es responsable de los hechos que se le están imputando a través de estas causas penales”, concluyó.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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