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Denuncian golpes, incomunicación y detenciones arbitrarias tras protesta por agua limpia en Jalisco

Organizaciones civiles mantienen su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconoce 21. Temen que se les fabriquen delitos

Madres y padres acudieron este lunes a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco para conocer la situación de sus hijos detenidos durante la protesta del domingo contra la mala calidad del agua. Denunciaron golpes, falta de información sobre el paradero de sus familiares, obstáculos para comunicarse con ellos y temor de que les fabriquen delitos.

Frente a la dependencia, ubicada en la calle 14, las familias exigieron la liberación de quienes permanecen detenidos, atención médica para los lesionados y garantías de que se respetarán sus derechos durante el proceso legal.

Los registros sobre las detenciones presentan una diferencia de 10 personas. La Fiscalía estatal informó inicialmente que había detenido a 39 personas y posteriormente reportó la liberación de 18, por lo que reconoce que 21 continúan bajo custodia.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y otras organizaciones civiles reportaron inicialmente 52 personas detenidas y sostienen que 31 permanecen privadas de la libertad.

Durante la jornada, familiares y defensores de derechos humanos también denunciaron el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua contra participantes de la movilización, así como agresiones a personas que, según sus testimonios, no estaban involucradas en actos violentos.

Cepad señala falta de información sobre los detenidos

Denisse Montiel Flores, directora del Cepad, sostuvo que el operativo policial contra la manifestación derivó en un acto de represión y cuestionó que las autoridades no proporcionaran información oportuna sobre el paradero de las personas detenidas.

“Registramos más de 50 personas detenidas de manera arbitraria y señalamos que no fueron presentadas de manera inmediata a ninguna autoridad ni se brindó información sobre su paradero durante las primeras horas. Podemos considerar que hubo desapariciones forzadas por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró.

La activista insistió en que ejercer el derecho a la protesta no debe convertirse en motivo de criminalización.

“Ninguna persona puede ser detenida ni criminalizada por ejercer el derecho a la protesta social”, afirmó.

Las denuncias se produjeron después de la movilización del domingo para exigir agua limpia en los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, que terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en las inmediaciones de Casa Jalisco.

“La tiraron al piso y la empezaron a patear”

Margarita Mora, madre de Mariana Jobel Mora, estudiante de Biología Marina de 22 años que se identifica como persona no binaria, denunció que su hija recibió una golpiza de varios policías durante la protesta.

Mora, quien es enfermera, consideró que la apariencia de Mariana pudo influir en la agresión. Aseguró que existen videos en los que se observa cómo la derribaron y patearon antes de llevársela.

“Yo pienso que fue una represalia y fue en contra de ella por verla diferente. Fue la persona que más golpearon; la tiraron al piso y la empezaron a patear entre varios. Se la llevaron arrastrando; ella solo estaba defendiendo a su amiga”, relató.

La madre afirmó que recibió información de que Mariana estaba en silla de ruedas y tenía la nariz fracturada. Por ello, exigió que las autoridades garantizaran su atención médica.

“Me comentaron que ella está en silla de ruedas y tiene fracturada su nariz. Yo necesito que le den atención”, dijo.

El testimonio se sumó a las denuncias de familiares que acudieron a la Fiscalía para localizar a sus parientes y conocer las condiciones en que permanecían detenidos.

Madres cuestionan las detenciones y el debido proceso
Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo, estudiante de 18 años, afirmó que presenció cuando policías se llevaron a su hijo por la fuerza.

Según relató, el joven participaba por primera vez en una manifestación y estaba motivado por la exigencia de agua limpia.

“Él es un chico que era su primera manifestación, estaba muy motivado, y a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar donde estaba”, declaró.

Miranda calificó la detención como un secuestro y exigió que las autoridades informaran de inmediato sobre la situación de su hijo.

“Para mí mi hijo está secuestrado y lo pido de inmediato”, expresó.

Graciela Bernal Loaiza, madre de Jorge Ignacio Luna Bernal, de 31 años, informó que su hijo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía después de ser detenido en las inmediaciones de Casa Jalisco.

Aseguró que su familia participó pacíficamente en la marcha y denunció que transcurrieron horas antes de que pudiera comunicarse con él.

“Lamentablemente se ha faltado al debido proceso. No tuvimos oportunidad de que mi hijo se comunicara con nosotros hasta hace media hora. Estamos informados de que hay expedientes abiertos; se ha planteado la posibilidad de que a todos se les van a asignar cargos de delitos que no cometieron”, sostuvo.

La mujer expresó preocupación por las posibles imputaciones contra las personas detenidas y pidió que las autoridades esclarezcan la participación de cada una en los hechos.

Denuncian que repartidor de Rappi fue detenido cuando trabajaba

Claudia Morales aseguró que su hijo, Samuel Morales Navarro, repartidor de la plataforma Rappi, no participaba en la manifestación cuando fue detenido por policías.

La mujer, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer y recientemente pasó por una mastectomía y quimioterapias, explicó que su hijo compró una motocicleta para trabajar y contribuir a los gastos familiares.

“Mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta… y lo detuvieron”, afirmó.

También denunció que los policías se llevaron la motocicleta sin dejar constancia de su aseguramiento y que el joven presentaba lesiones cuando finalmente pudo verlo.

“Apenas hoy me dejaron verlo cinco minutos. Está todo golpeado, está todo hinchado de la nariz, de la boca, así de un oído. No es justo, a él lo agredieron los policías”, dijo.

Morales pidió que su hijo recibiera atención médica y que las autoridades aclararan tanto las circunstancias de su detención como el destino de sus pertenencias.

Señalan criminalización de defensores y visitas a domicilios

Eduardo Mosqueda, consejero del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, denunció que las detenciones forman parte de un proceso de criminalización contra quienes participaron en la movilización.

Además, señaló que familiares reportaron visitas de agentes de la Fiscalía a sus domicilios y cuestionó el cierre de vialidades cercanas a la dependencia.

“Existe una criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, porque precisamente esas son las personas que participaron ayer y que lamentablemente están sufriendo ahorita una detención arbitraria”, afirmó.

Mosqueda añadió que las visitas a los domicilios de los familiares y el despliegue de patrullas en la calle 14 generaron preocupación entre quienes buscaban información sobre las personas detenidas.

Por su parte, Alejandra Cartagena, abogada, académica del ITESO e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), rechazó que los manifestantes sean considerados un grupo de choque.

La abogada cuestionó que esa narrativa oficial se utilice para justificar la actuación policial y las detenciones.

“Señor gobernador, los ciudadanos no somos grupos de choque cuando exigimos nuestros derechos. Somos ciudadanos y tenemos derecho de manifestarnos”, sostuvo.

Cartagena también expresó preocupación por la posibilidad de que se imputen delitos a los manifestantes.

“Nos preocupa muchísimo que la Fiscalía junto con la Policía Estatal estén fabricando delitos a los compañeros y compañeras que estaban adentro”, afirmó.

Las acusaciones sobre agresiones, tortura y fabricación de delitos corresponden a los testimonios y señalamientos de las personas entrevistadas y requieren investigación por parte de las autoridades competentes.

Activistas temen represalias

Javier Calderón, integrante del colectivo Resistencia Civil Pacífica (RCP) Jalisco, acudió a la Fiscalía para conocer el paradero de su compañero Jesús Torres, activista con una larga trayectoria en movilizaciones sociales.

Calderón manifestó temor de que Torres reciba un trato distinto o sea objeto de represalias por su participación en protestas contra el gobierno estatal.

“Jesús tiene años de activista. Mi temor es saber dónde está y pedir que no le vayan a dar un trato diferente, porque, como les digo, ya lo traían en el ojo. Puede ser que hasta ahorita lo estén torturando o, en una de esas, desapareciendo”, declaró.

El integrante del colectivo también cuestionó la actuación de los policías durante la protesta y sostuvo que, desde su perspectiva, hubo una intervención para provocar el enfrentamiento.

“Fueron los mismos policías los que iniciaron el desmán. Estoy seguro, sin poder confirmarlo, que fue cosa del gobierno de tronar la manifestación. Por eso mandan esos encapuchados, porque nosotros no tenemos por qué esconder la cara”, afirmó.

Al cierre de esta jornada, las organizaciones civiles mantenían su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconocía 21. Las familias exigieron información verificable sobre la situación jurídica de cada detenido, acceso a defensa legal y atención médica para quienes presentaban lesiones, además de una investigación sobre los abusos que denunciaron durante el operativo policial.

La herencia del PRD y PRIAN: 11 de los 17 coordinadores de Morena vienen de otros partidos

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, reconoció que formar nuevos cuadros es uno de los grandes retos de Morena para no envejecer. El partido busca mantener su mayoría y ganar plazas como Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes

A 15 años de su fundación Morena irá por 17 gubernaturas en 2027 con una mayoría de candidatos formados en otros partidos. De los 17 llamados “coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, 11 vienen del PRD, el PAN o el PRI; sólo cinco son morenistas de origen y uno más es legislador con licencia bajo las siglas del Partido Verde.

La herencia del casi extinto PRD y los rescatados del PRIAN prevalecen así por encima de los cuadros propios del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, que celebró su aniversario el 7 de octubre en el Auditorio Nacional, el mismo recinto donde el 2 de octubre de 2011 se constituyó formalmente. Sus fundadores, muchos llegados del PRD, como el propio López Obrador, se presentaron como alternativa a los partidos tradicionales. Sin embargo, sus gobernadores, legisladores federales y estatales o presidentes municipales provienen de esos mismos partidos.

Morena enfrenta una elección intermedia clave, ahora con Claudia Sheinbaum a la cabeza, en la que buscará mantener su mayoría y ganar plazas donde no ha logrado la gubernatura, como Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. Para esa tarea, el partido y la Comisión Nacional de Elecciones se decantaron por perfiles que se formaron fuera del morenismo.

El PRD es la principal cantera: siete de los 17 coordinadores comenzaron ahí. Nora Ruvalcaba (Aguascalientes) suma casi tres décadas de trayectoria, con paso por el PRD antes de llegar a Morena, y buscó la gubernatura en 2010, 2016 y 2022. Beatriz Mojica (Guerrero) empezó en el PRD y se integró a Morena en 2021; fue cuestionada por sus críticas a AMLO, de las que se ha retractado. Carlos Torres Piña (Michoacán) ocupó cargos de dirección en el PRD y se sumó a Morena en 2019; fue secretario de Gobierno y fiscal estatal. Imelda Castro (Sinaloa) acumula tres décadas en el PRD, donde fue regidora de Culiacán y diputada local. Lorenia Valles (Sonora) dejó el PRD en 2018 para unirse a Morena. Ana Lilia Rivera (Tlaxcala) inició en el PRD y luego se asumió como fundadora de Morena en su estado. A ellos se suma Santiago Nieto (Querétaro), extitular de la Fepade y de la UIF con López Obrador, y del IMPI con Sheinbaum. Antes asesor de bancada del PRD.

PRIAN

Del PAN y el PRI llegaron cuatro más. Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche) gobernó Ciudad del Carmen entre 2015 y 2018 con las siglas del PAN, y recuperó la alcaldía en 2021 con el respaldo de Morena. Cruz Pérez Cuéllar (Chihuahua) pasó por el PAN y Movimiento Ciudadano antes de sumarse a Morena en 2018; fue diputado federal y local, dirigente estatal panista y alcalde de Ciudad Juárez desde 2021. Jasmine Bugarín (Nayarit), hoy en el PVEM, renunció al PRI en 2019. Clara Luz Flores (Nuevo León) acumula más de dos décadas de militancia priista y tres gestiones al frente de General Escobedo; tendrá una segunda oportunidad como aspirante a la gubernatura bajo los colores guinda, en una de las designaciones más cuestionadas por la militancia al dejar fuera a perfiles como Tatiana Clouthier o Waldo Fernández.

Frente a ellos, sólo cinco coordinadores hicieron su carrera en Morena, y ninguno es un cuadro formado por el partido: todos llegaron de la mano de un padrino político. Es el caso de Eugenio Gino Segura (Quintana Roo), delfín de la gobernadora Mara Lezama; Verónica Díaz (Zacatecas), apadrinada por el clan Monreal; Julieta Ramírez (Baja California), que escaló de la mano de la gobernadora Marina del Pilar; y Rosa María Bayardo (Colima), cercana a la gobernadora Indira Vizcaíno. El quinto es Elí Cervantes (San Luis Potosí), que comenzó su carrera en el movimiento y es allegado a Ricardo Monreal. En Baja California Sur, el coordinador es Manuel Alejandro Cota, legislador con licencia bajo las siglas del PVEM e hijo del exgobernador Leonel Cota.

La creación de cuadros propios es un tema que preocupa a la cúpula de la 4T. En el reciente festejo de aniversario, el presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, él mismo expriista y exsecretario particular de Vicente Fox cuando el PAN ganó por primera vez la presidencia de la República, lo reconoció y lo enunció como uno de los retos principales para el movimiento:

“Un último desafío es la formación de nuevos cuadros que el movimiento necesita para no envejecer. Nuestros tiempos pasarán, pero la transformación deberá permanecer. Nos corresponde fortalecerla y entregarla más sólida a quienes vienen después”, dijo en medio de coros de Jóvenes Morena.

La dirigente del partido, Ariadna Montiel, fue cuestionada al respecto en la conferencia del 6 de octubre. Respondió que el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) participó en el proceso, aunque no en la creación de cuadros, sino en impartir cursos a los aspirantes:

“El INFP tiene una gran participación en el proceso (...) todos los que aspiran a participar o aspiran a coordinar deben de cumplir el curso de formación política, que esta vez fue considerable, fueron varias sesiones para ellos, y todos y cada uno debieron cumplirlo como parte de los requisitos”, explicó.

En la edición impresa de octubre de 2026, la revista Proceso publicó un reportaje que detalla la operación de los llamados Campamentos de Formación Política del partido, donde llevan a cientos de jóvenes a hoteles de cuatro a cinco estrellas en centros turísticos a lo largo de un fin de semana.

Ahí, reciben conferencias de funcionarios y gobernadores sobre la importancia de no permitir la injerencia extranjera y la llegada de la ultraderecha. Pero también reciben talleres sobre creación de contenido de la mano de comunicadores afines a la 4T como Manuel Pedrero o Juncal Solano.

Según Montiel Reyes, el objetivo es alcanzar 10 mil jóvenes que hayan tomado estos campamentos y que funcionen como defensores del movimiento en redes sociales y operadores electorales para 2027.

Pueblos indígenas de 220 comunidades reclaman a Sheinbaum autonomía y presupuesto directo

Las organizaciones denuncian que no se respetaron sus mecanismos de participación y exigen que la legislación garantice autonomía, presupuesto directo y protección de sus territorios

Organizaciones y colectivos de 220 municipios y comunidades indígenas se pronunciaron en contra del proceso de consulta de la iniciativa de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que omitió la voz de los pueblos a los que estaba dirigida la auscultación.  

En el contexto del 12 de octubre, al que denominan “Día de la Resistencia Indígena”, los pueblos y comunidades organizadas en la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) acusaron que el llamado “Proceso de Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada” sobre la iniciativa presidencial “se limitó a espacios en los que se informó en lo que consiste la iniciativa de Ley sin escuchar la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en gran parte de los territorios”.  

Tras reivindicar su historia, territorios y derecho a decidir, las comunidades y pueblos indígenas firmantes advirtieron que no son “pueblos del pasado ni simples destinatarios de políticas públicas”, sino que son “comunidades y pueblos vivos, con instituciones, sistemas normativos, conocimientos y formas propias de organización que han persistido frente a siglos de despojo y exclusión”.  

Los firmantes rechazaron “categóricamente que la definición de áreas estratégicas, las decisiones estatales sobre política industrial y proyectos enmarcados, entre otros, en los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Prodecobi), se utilicen como excepciones en el ejercicio pleno e nuestros derechos al territorio y bienes naturales”.

En el documento se describen las condiciones que debió tomar un auténtico proceso de participación de los pueblos, “con información clara, oportuna y suficiente, previa y durante la consulta; con tiempos adecuaos para el análisis interno previo y durante la consulta; respeto a lo externado en las mesas de trabajo; con oportunidad de que al menos una persona por comunidad/ejido pueda participar en cada mesa”, discusiones que sean llevadas en las lenguas originarias y en las que se respetaran los sistemas de decisión.  

“Desde nuestras comunidades, consideramos fundamental que la ley reconozca la autonomía como un derecho; respete nuestros sistemas normativos y nuestras formas de gobierno; garantice el ejercicio de la jurisdicción indígena en condiciones de coordinación y no de subordinación; y proteja nuestros territorios frente a decisiones y proyectos que puedan afectarlos. 
“Asimismo, no puede existir autonomía efectiva sin presupuesto directo, suficiente, oportuno y definido mediante reglas claras consensadas que permitan a las comunidades ejercer sus derechos y decidir sus prioridades”, resaltaron las comunidades y pueblos al exigir una reforma a la ley de coordinación fiscal. 
Al exigir que “se transparente las propuestas recibidas en el actual proceso de consulta y que se integren todas aquellas propuestas que garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos”, las comunidades indígenas y afromexicanas que integran Aldea exigieron que “las decisiones estatales no vacíen de contenido nuestros derechos territoriales y colectivos”.

Las comunidades y pueblos recordaron que las demandas históricas de los pueblos originarios y afromexicanos están plasmadas en los Acuerdos de San Andrés y en diez puntos definidos para para el respeto de la autonomía y libre determinación, por lo que reconocieron los avances concentrados en la reforma al artículo 2 constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.  
“Sin embargo, el reconocimiento constitucional debe traducirse en condiciones reales para ejercer la libre determinación y la autonomía. Para ello, la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos debe garantizar que nuestros derechos no dependan de la voluntad o autorización de las institucionales del Estado”, puntualizaron los firmantes.  
Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos afiliados a Aldea firmantes consideraron que la Ley General sólo sería aceptable si se reconoce sus “realidades, demandas y decisiones colectivas”, respetando la diversidad de los pueblos y la libre determinación.
“La transformación del Estado mexicano hacia una relación intercultural, exige algo más que reconocer nuestra diversidad en las normas, requiere redistribuir el poder, garantizar recursos, respetar nuestros territorios y establecer relaciones de coordinación con nuestros pueblos y comunidades”, puntualizaron los integrantes de Aldea. 
Los firmantes exigieron a que la Ley General “esté a la altura de la reforma constitucional; que el reconocimiento se convierta en autonomía efectiva; que la autonomía respete plenamente nuestros derechos al territorio, jurisdicción y presupuesto; y que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos colectivos de derechos, con capacidad para gobernarse y decidir su futuro”.

Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas firmantes son originarias de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo y Veracruz.

Sheinbaum se mantiene como la mandataria mejor evaluada de América Latina con 69.3%

La presidenta Claudia Sheinbaum registró 69.3% de imagen positiva en octubre y se mantuvo al frente del ranking de mandatarios latinoamericanos de CB Global Data, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con 68.3%

La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene como la mandataria mejor evaluada de América Latina, con 69.3% de imagen positiva en octubre, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con 68.3%, de acuerdo con el ranking mensual de la consultora CB Global Data.

En comparación con septiembre, la presidenta mexicana subió 0.3 puntos porcentuales, mientras que el salvadoreño aumentó 2.1 puntos.

El tercer lugar lo ocupa Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 51.9% de imagen positiva, frente a 50.8% en septiembre. Le sigue Laura Fernández, de Costa Rica, con 51%, quien también registró un aumento respecto al mes anterior, cuando obtuvo 49.7%.

En contraste, los mandatarios con menor valoración ciudadana son Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31% de imagen positiva; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 32.3%, y Yamandú Orsi, de Uruguay, con 35.2%, según la medición de octubre.

La consultora reportó que José Raúl Mulino, presidente de Panamá, tuvo el mayor incremento mensual, con 4.4 puntos porcentuales, al pasar de 32.1% a 36.5%. Por su parte, Keiko Fujimori, de Perú, registró la mayor caída, de 6.1 puntos, al bajar de 52.4% a 46.3%.

Así se ubican los mandatarios en el ranking

Después de Sheinbaum, Bukele, Abinader y Fernández, el quinto lugar corresponde a Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 49.7% de imagen positiva, frente a 53.6% en septiembre, una disminución de 3.9 puntos porcentuales.

Daniel Noboa, de Ecuador, ocupa la sexta posición, con 46.9%, por debajo del 47.4% que registró en la medición anterior. En el séptimo lugar aparece Keiko Fujimori, de Perú, con 46.3%, luego de una caída de 6.1 puntos porcentuales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubica en el octavo puesto, con 45.3% de imagen positiva, frente a 48.5% en septiembre. Le sigue Nasry Asfura, de Honduras, con 44.1%, un aumento de 0.9 puntos respecto al mes anterior.

Santiago Peña, de Paraguay, ocupa la décima posición, con 42.9%, después de registrar 45.5% en septiembre. En el undécimo lugar se encuentra Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41.1%, frente a 41.6% en la medición previa.

José Antonio Kast, de Chile, aparece en el duodécimo puesto, con 38.8% de imagen positiva, una disminución de 4.1 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando obtuvo 42.9%.

En la décimo tercera posición se ubica José Raúl Mulino, de Panamá, con 36.5%. Aunque se mantiene entre los mandatarios con menor valoración positiva, registró el mayor crecimiento mensual del ranking, con un aumento de 4.4 puntos porcentuales.

Javier Milei, de Argentina, ocupa el décimo cuarto lugar, con 36.1% de imagen positiva, frente a 35.5% en septiembre. Daniel Ortega, de Nicaragua, se encuentra en el décimo quinto puesto, con 35.7%, después de aumentar de 33.9% a 35.7%.

Yamandú Orsi, de Uruguay, ocupa la décimo sexta posición, con 35.2%, por debajo del 37.7% registrado el mes anterior. Delcy Rodríguez, de Venezuela, se encuentra en el décimo séptimo lugar, con 32.3%, frente a 28.8% en septiembre.

Bernardo Arévalo, de Guatemala, ocupa el último puesto del ranking, con 31% de imagen positiva. Sin embargo, su valoración aumentó 2.8 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando registró 28.2%.

Metodología de la encuesta

De acuerdo con la ficha técnica de CB Global Data, el estudio se realizó del 5 al 8 de octubre de 2026, mediante la técnica de recolección CB CAWI Research, entre personas mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos.

Los tamaños de muestra oscilaron entre mil 959 y 3 mil 911 casos por país. La consultora reportó un margen de error individual de entre 1.6% y 2.2%, con un nivel de confianza de 95%.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/sheinbaum-mandataria-mejor-evaluada-america-latina

Sheinbaum pide a Lemus explicar detenciones y uso de la fuerza en protesta por agua en Jalisco

Claudia Sheinbaum rechazó la represión contra los manifestantes que exigieron agua limpia en Guadalajara y pidió al gobernador Pablo Lemus explicar el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar la protesta, que dejó 39 personas detenidas y decenas de heridos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la represión contra los manifestantes que exigieron agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicar el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar la protesta de este domingo, que dejó 39 personas detenidas, 28 policías heridos y 31 civiles que requirieron atención médica, de acuerdo con cifras oficiales.

“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la represión”, afirmó Sheinbaum este lunes, durante su conferencia matutina, en la que también llamó a privilegiar el diálogo y rechazó la violencia en las manifestaciones.

La mandataria sostuvo que corresponde al gobierno estatal informar por qué recurrió a la fuerza pública contra quienes se movilizaron para denunciar la mala calidad del agua que llega a sus hogares. “No debe haber represión y debe abrirse el diálogo”, señaló, al tiempo que insistió en que las autoridades deben explicar su actuación y atender las demandas ciudadanas.

“Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos si es que los utilizaron para afrontar una manifestación”, dijo Sheinbaum en respuesta a preguntas de la prensa sobre los hechos ocurridos en Guadalajara y las denuncias de detenciones durante la protesta.

La presidenta también se pronunció sobre la crisis de contaminación del agua en la zona metropolitana y la propuesta del gobierno de Lemus para construir un nuevo acueducto. Afirmó que el gobierno federal está dispuesto a colaborar para resolver el problema, pero descartó respaldar un esquema de financiamiento que implique la privatización del servicio.

Sheinbaum pide explicar las detenciones y el uso de la fuerza

Durante la conferencia, la prensa pidió su postura a la presidenta ante las detenciones realizadas durante la protesta y le presentó una lista de personas cuyos familiares o conocidos habían denunciado que no podían localizarlas la noche del domingo.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que las autoridades de Jalisco deben informar sobre las decisiones que tomaron durante la movilización y dar a conocer los nombres de las personas detenidas.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron, y tienen que informar las autoridades de Jalisco por qué tomaron esta decisión y las personas detenidas, y al mismo tiempo que den los nombres de todas las personas detenidas”, sostuvo.

Más adelante, cuando un reportero le preguntó si exhortaría a liberar a las personas detenidas, Sheinbaum sostuvo que la situación debía resolverse por vías pacíficas y reiteró su rechazo a la actuación represiva de las autoridades.

“La represión no lleva a nada”, dijo.

La presidenta agregó que la Secretaría de Gobernación podría intervenir en el diálogo si las personas involucradas lo solicitan, aunque señaló que, por el momento, el asunto corresponde al gobierno estatal.

Diez mil personas protestaron por la calidad del agua

La movilización del domingo reunió a alrededor de 10 mil personas que exigieron una solución a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los inconformes denunciaron que el líquido que llega a sus viviendas contiene sedimentos y desprende un olor desagradable.

La protesta comenzó en la zona de La Minerva y avanzó por distintas vialidades hasta llegar a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Durante la jornada, los manifestantes mostraron pancartas contra la contaminación del agua y la privatización del servicio. Entre los mensajes exhibidos se leía: “No aguas negras. No privatización. No corrupción”.

La marcha se desarrolló de forma pacífica durante buena parte del recorrido, pero cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y algunas personas con el rostro cubierto, quienes lanzaron piedras contra los uniformados.

En esa zona, los policías utilizaron chorros de agua y gases para dispersar a los manifestantes. En videos difundidos en redes sociales también se documentó la detención de un joven de Tonalá que, según las imágenes descritas en los reportes, dialogaba con policías cuando fue detenido.

Las autoridades estatales informaron que, a partir de las 12:00 horas, un grupo de alrededor de 400 personas ajenas a la protesta recurrió a la violencia y agredió a policías y asistentes. El gobierno de Jalisco reportó 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad; 31 civiles que requirieron atención médica y 39 personas detenidas.

La situación jurídica de las personas detenidas quedó a cargo de la fiscalía estatal, según la información oficial difundida después de la movilización.

La Universidad de Guadalajara informó que entre las personas detenidas había tres estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La institución reconoció la preocupación de los ciudadanos por la calidad y el abastecimiento del agua y pidió esclarecer los hechos y garantizar la integridad de quienes permanecían bajo custodia.

La casa de estudios también informó que estableció comunicación con las autoridades para conocer la situación de sus estudiantes y buscar que se garantizara su integridad y se concretara su liberación.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que 16 integrantes del organismo participaron como observadores durante la jornada para vigilar el respeto a los derechos humanos. La comisión señaló que dio acompañamiento a las 39 personas detenidas y que, hasta el momento de su reporte, cinco personas habían presentado quejas contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad.

El organismo también abrió el acta de investigación número 41 para dar seguimiento a los hechos y dictó medidas cautelares dirigidas a la Vicefiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el propósito de que se garantizara la atención médica de las personas detenidas.

Sheinbaum rechaza esquema de financiamiento que privatice el agua

Además de condenar la actuación policial, Sheinbaum abordó la crisis del agua en la zona metropolitana y las alternativas que el gobierno de Jalisco ha planteado para atenderla.

La presidenta explicó que Lemus le presentó una propuesta de financiamiento para construir infraestructura hidráulica y que, después de esa conversación, acordaron revisar el proyecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La mandataria informó que representantes del gobierno estatal tenían prevista una nueva reunión con la comisión este lunes para revisar el esquema financiero y analizar las alternativas para resolver el problema.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal está dispuesto a aportar recursos y colaborar con la administración de Jalisco, siempre que el mecanismo elegido no implique la privatización de los servicios de agua.

“Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización de ningún servicio del agua y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo”, afirmó.

La presidenta explicó que el gobernador propuso un esquema de financiamiento de asociación publico-privada utilizado en proyectos carreteros, pero señaló que su aplicación al servicio de agua requiere una revisión distinta por las implicaciones que podría tener en la operación del sistema.

De acuerdo con Sheinbaum, la propuesta debe analizarse tanto desde el punto de vista técnico como financiero, con el objetivo de determinar las obras necesarias y establecer un mecanismo que no derive en la operación privada del servicio.

“Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento”, explicó.

La mandataria indicó que el esquema planteado por Lemus requiere la aprobación del Congreso de Jalisco y que, según lo expuesto durante la conferencia, para autorizarlo se necesitarían dos terceras partes de los votos. Añadió que legisladores de Morena se oponen actualmente a esa propuesta.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/sheinbaum-lemus-detenciones-uso-fuerza-protesta-agua-jalisco

Asesinan a expresidente municipal de Otatitlán, Veracruz

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, abrió una carpeta de investigación y realizó diligencias en el lugar para esclarecer el homicidio

Jorge Guerrero García, presidente municipal de Otatitlán de 2014 a 2017 por el PRI, fue asesinado el domingo en el restaurante El Cedral, cerca del paso de la panga del río Papaloapan, al sur de Veracruz. 

Según reportes policiacos hombres armados atacaron a balazos al exfuncionario alrededor de las siete de la noche cuando arribaron al lugar donde Guerrero se encontraba comiendo. Las circunstancias de la agresión permanecen bajo investigación. 

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, abrió una carpeta de investigación y realizó diligencias en el lugar para esclarecer el homicidio. 

Jesús Vásquez, exdiputado federal lamentó los hechos y expresó una exigencia de justicia tras el asesinato del político priista.

"A la gente de Otatitlán: ustedes lo conocían bien, sabían que era un hombre trabajador, de bien y que no se metía con nadie. Si las autoridades realmente quieren esclarecer esto, no tendrán que buscar en muchos lado”, comentó.

Ataque en la refinería

En otros hechos, este fin de semana dos vigilantes de la refinería de Minatitlán murieron tras sufrir un ataque a balazos en las instalaciones de Pemex. 

Los trabajadores de seguridad se encontraban en la puerta 2 administrativa del complejo cuando hombres llegaron en motocicleta y abrieron fuego de forma directa contra ellos. En el lugar se encontraron al menos diez casquillos de bala.  

En el lugar murió uno de los vigilantes que ha sido identificado como Eduardo Espinoza, mientras Oscar Ochoa fue llevado de emergencia al hospital donde murió horas después.  

En un breve mensaje en redes sociales, Pemex confirmó los hechos y dijo que colabora con las autoridades competentes para la atención del caso.

Sepultado el sueño de gobernar Quintana Roo: Rafael Marín Mollinedo va por Cancún

El exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún

Tras diluirse sus posibilidades de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Morena, Rafael Marín Mollineno, exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora aspira a ser alcalde de Cancún.  

El domingo 11, Marín Mollinedo, acompañado de un nutrido grupo de seguidores, anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.  

Con lo anterior, el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que ocupó primero el cargo durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum, insiste en ocupar un puesto de elección popular, el primero en su trayectoria política.

En septiembre pasado, Morena se decantó por Eugenio Segura Vázquez, como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, lo que lo convierte prácticamente en virtual candidato a la gubernatura de este instituto político, dejando así sepultado el anhelo de Rafael Marín.  

El exfuncionario federal había renunciado para hacerse del puesto de coordinador estatal, primero a la ANAM y luego a la Delegación del Bienestar en Yucatán. Después inició una fuerte campaña con visitas a los municipios quintanarroenses, actos que se vieron empañados por un nexo entre Alejandro Enrique Arcos Romero, un miembro de su equipo, y Florian Tudor, líder de la mafia rumana, imputado por clonar tarjetas bancarias en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y hoteles de la Riviera Maya.  

Tras su registro como aspirante a la presidencia municipal en Cancún, Marín Mollinedo envió un mensaje vía redes sociales, con el que aseguró que no se trata de una aspiración personal su nuevo proyecto político.  

“Esta decisión no nació de una aspiración personal; nació del diálogo directo con la gente en las asambleas, en los recorridos por las colonias y del llamado de quienes construyeron este movimiento desde abajo para dar un paso al frente. En la Región 228 refrendamos que este proyecto es del pueblo y para el pueblo”, expuso Marín Mollinedo.  

Morena cerrará los registros para los aspirantes que busquen integrar los próximos ayuntamientos el 18 de octubre. En esta entidad, diversos actores políticos han efectuado su registro con miras a encabezar la planilla de Morena frente a la oposición.

Reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos sólo en la letra, no en el presupuesto

De los recursos federales previstos en el presupuesto del próximo año para esta población, siete de cada diez pesos están concentrados en las secretarías de Bienestar y de Educación, sin que las propias comunidades puedan decidir sobre los recursos, al tiempo que se reducen las aportaciones de la Secretaría de Cultura, responsable de preservar la identidad y culturas indígenas. Éstas son algunas de las conclusiones de Fundar en su revisión de la propuesta de presupuesto federal para estas poblaciones en 2027

El reconocimiento como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio” de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, plasmado desde 2024 en la Constitución, ha carecido de una correspondencia clara en el ejercicio de los recursos públicos, como se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), propuesto para 2027.

Con la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que reglamenta el Artículo 2 Constitucional, en espera de ser discutida por el Congreso de la Unión, el Centro de Investigación y Análisis Fundar alerta sobre las inconsistencias presupuestales para esa población y el ejercicio real de sus derechos.

“A pesar de la reforma constitucional de 2024, la cual supone que las comunidades pueden ejercer capacidades jurídicas y administrativas propias, hoy en día existe una distancia entre dicho reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público y la forma en la que el presupuesto se organiza”, se lee en el reporte “El presupuesto como condición de la libre determinación”, que forma parte de un análisis global del proyecto de presupuesto 2027, como cada año realiza la organización.

El documento explica que los fondos públicos destinados a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas están contemplados en el PEF, en el “Anexo Transversal 10. Erogaciones para la implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

“Lo que planteamos en este análisis del paquete económico, en este tema en particular, es justo esta brecha entre el reconocimiento constitucional y la forma en la que actualmente se organiza el gasto público, es decir, reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público también implica reconocer su capacidad para decidir sobre los recursos públicos”, abunda Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar.

Añade que en el Anexo 10 participan 21 dependencias con recursos federales para la aplicación de 95 programas dirigidos a poblaciones indígenas y afromexicanas. Para 2027 se prevén 254 mil 961 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4.4% de lo asignado en 2026.

Castaño advierte que el incremento “no significa automáticamente que aumente la capacidad de los pueblos para decidir sobre ese presupuesto”, siendo las secretarías de Bienestar y Educación Pública las dependencias que concentran el 69% de los recursos públicos destinados al Anexo 10.

“Bienestar aporta casi 96 mil millones y Educación Pública 80 mil millones. Entonces, el Anexo 10 lo que nos dice es cuánto se etiqueta para pueblos indígenas, pero también tenemos que preguntar quién decide cómo se ejerce ese dinero”, dice la investigadora.

La característica común de los programas de ambas dependencias es que se trata de transferencias directas a través de distintos programas sociales y becas a estudiantes de niveles básico y medio superior.

En el caso de Bienestar, por ejemplo, del total de recursos, casi de la mitad esta dirigido a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, del orden de más de 46 mil 905 millones de pesos.

Tras recordar que, desde la desaparición del Coneval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no son unos programas que tengan como que mucha evidencia de los beneficios para la población”.

A pesar de esos incrementos, en el proyecto de PEF para 2027 se advierten decrementos importantes en los recursos que aportan al Anexo 14 de las 21 dependencias.

El informe de Fundar destaca reducciones importantes en Cultura, con 37% menos recursos que en 2026; Medio Ambiente aportará 62% menos que el año pasado y Relaciones Exteriores con un recorte de 99.6%.

“La reducción el presupuesto de Cultura en más de un tercio es contradictoria, porque el Anexo promete un desarrollo intercultural. El patrimonio cultural, la lengua y la identidad forman parte del corazón de los derechos que la reforma constitucional busca proteger”, resalta el documento.

Entre las caídas importantes destacan los recursos que destinaban las Entidades no sectorizadas, del orden de 40.4%, y que estaban dirigidas a tres programas como la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia Pueblos Indígenas, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Este último tiene como objetivo “apoyar el desarrollo de identidad comercial y de marca de productos y servicios de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que revitalicen sus prácticas y procesos de producción tradicional”.

Para 2027 la propuesta del PEF también refleja reducciones importantes de los aportes al Anexo 10 de la Secretaría de Salud, del orden de 29.1%, dependencia que contempla fondos para la partería tradicional; y de100% en los recursos de la Secretaría de Economía que estaban destinados a “fortalecer la vinculación con entidades del sector público, privado, académico y social prioritariamente, con los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante instrumentos de colaboración para aumentar las solicitudes de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”.

Paulina Castaño resalta que en el Anexo 10 ocurre lo mismo que en otros anexos, que los presupuestos se “inflan” con programas de transferencias económicas.

“De manera opaca y sin conocer realmente los criterios por los cuales se meten estos programas a estos anexos transversales que inflan los anexos, para que en el discurso oficial se diga que sí se le está destinando recursos a atender a las poblaciones, pero cuando uno se mete de fondo qué programas presupuestarios son los que están dando recursos, pues nos damos cuenta de que sí son las pensiones, sin que se tenga claridad qué me va a beneficiar a las poblaciones o para que las poblaciones y comunidades indígenas puedan llevar a cabo lo que necesitan”, señala Castaño.

En cuanto al FAISPIAM, el informe de Fundar recuerda que ha sido “la principal vía para que actualmente pueblos y las comunidades administren y ejerzan de manera directa su presupuesto”, mismo que se deriva del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Para este año se estableció de manera obligada destinar el 10% del FAIS al FAISPAIM.

“Para 2027 el total del FAIS va a ser de 144 mil 752 millones de pesos, el 10% de este monto que va para pueblos y comunidades indígenas va a ser de 14 mil 475 millones, lo que representa un incremento del 3.1 en comparación con lo que se le dio para 2026.

“Sin embargo, al dividir estos 14 mil 475 millones entre las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas que están reconocidas en el actual catálogo nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), resulta que a cada comunidad le van a tocar 865 mil 323 pesos al año, para infraestructura que necesiten las poblaciones indígenas, que puede ser mejorar carreteras, mejorar servicios de agua, que realmente es muy poco”, resalta la investigadora de Fundar.

El informe de Fundar advierte que el 10% del FAIS de los recursos que se destinan a pueblos indígenas y afromexicanos “no está incluido en la Ley de Coordinación Fiscal, sino que depende del Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año”.

Paulina Castaño resalta que desde hace un par de años Fundar ha propuesto “modificar la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo específico para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y que tenga una base legal permanente y vinculada a la recaudación federal participable, porque estamos seguros que un derecho no debe depender cada año de una negociación fiscal o presupuestaria”.

“Si las poblaciones indígenas tienen derecho a decidir sobre sus recursos, porque para eso se modificó también el Artículo 2 Constitucional, para garantizar sus derechos, pues ese piso presupuestario necesita estar en una ley, porque si no cada año se va a discutir y ese monto puede cambiar”, apunta.

En el contexto de la consulta de la iniciativa de Ley General entre las comunidades dentro el catálogo del INPI, que arrancó en junio de este año con miras a que la legislación se aprobara el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, la investigadora alienta a que el tema presupuestal haya sido un tema de discusión entre las comunidades y que lo siga siendo cuando se ponga sobre la mesa en el Congreso de la Unión.

“Ojalá este tema presupuestario que se está discutiendo ahora en las consultas se considere para modificar y que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, porque si no va a ser un gran problema.

“Se requiere un fondo específico para estas poblaciones para que el presupuesto pueda bajar directamente; lo que vemos es que modificar la arquitectura del gasto para que los pueblos puedan participar en la definición de sus prioridades, acceder directamente a recursos y administrarlos conforme a sus propias instituciones, eso es lo que tiene que cambiar, lo que tiene que estar en esta ley”, sentencia Paulina Castaño.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Exigen a PJEdomex libertad para Juan Carlos Ramírez, víctima de detención arbitraria y tortura desde hace 21 años

Familiares y organizaciones exigieron al Poder Judicial mexiquense conceder la amnistía a Juan Carlos Ramírez Michaca, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del del Estado de México (CODHEM) emitiera un «pronunciamiento histórico» en el que reconoce las violaciones a los derechos humanos de Ramírez, detenido arbitrariamente y víctima de tortura desde hace 21 años.

El pronunciamiento de la CODHEM, explicaron, admite que Juan Carlos Ramírez «no tuvo un juicio justo, siendo víctima de detención arbitraria, tortura, falta de defensa adecuada», así como reconoce «las omisiones ministeriales y jurisdiccionales frente a sus alegaciones de tortura». Además, el documento de la Comisión determina la violación al derecho a la verdad y recomienda la liberación de Ramírez, quien fue detenido cuando tenía 19 años, el 20 de febrero de 2005.

«Con este pronunciamiento la CODHEM dio validez a la verdad, de lo lo que he dicho desde un principio: sufrí detención arbitraria y actos de tortura. Esto es muy importante para mí y para mi familia; sabemos que soy inocente», señaló Ramírez tras la declaración de la Comisión.

Ahora el PJEdomex debe admitir a trámite la petición y conceder la amnistía a Juan Carlos. La decisión estará a cargo del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, Magdaleno Camacho Vázquez.

«No existe ningún impedimento legal, el caso de Juan Carlos cumple con lo requerido por el artículo 4, fracción XII y último párrafo de la Ley de Amnistía del Estado de México […]. Esta es la última oportunidad de Juan Carlos para recuperar su libertad. ¡El tiempo es ya!», señaló el Colectivo Resuena.

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/exigen-a-pjedomex-libertad-para-juan-carlos-ramirez-victima-de-detencion-arbitraria-y-tortura-desde-hace-21-anos/

Reprimen con cañones de agua, gases y piedras protesta por agua limpia en Guadalajara

Granaderos lanzaron chorros de agua, gases lacrimógenos y piedras contra quienes protestaron este domingo en Guadalajara, Jalisco, para exigir una solución a la crisis que desde hace meses tiene a las viviendas de zona metropolitana con agua contaminada, negra y con mal olor en las tuberías.

Con consignas como «¡El agua es un derecho, no un privilegio!» y «¡Queremos agua, no represión!», miles de personas participaron en la movilización masiva que partió de la Glorieta de la Minerva rumbo a la Casa Jalisco, sede del gobierno estatal y residencial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Alrededor de las 13 horas llegó el contingente a la Casa Jalisco en demanda de atención del gobierno estatal y para denunciar la falta de acciones por parte de Lemus. Un grupo de personas intentó derribar las vallas metálicas que resguardaban el recinto, por lo que el gobierno desplegó elementos de seguridad y equipos antimotines que lanzaron agua y gases contra los manifestantes, entre los que se encontraban niños y adultos mayores. Además, al menos 50 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas por las piedras y objetos que lanzó la policía. Durante la protesta también se reportó el «secuestro» de al menos 20 personas que fueron ingresadas y retenidas en Casa Jalisco.


La indignación en la megamarcha creció cuando los policías utilizaron cañones de agua limpia para reprimir y dispersar la movilización, mientras que los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara llevan meses con agua turbia, con sedimentos, metales pesados y malos olores.

Tras la protesta, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en el que denunció la detención de tres de sus alumnos, mientras que el Iteso también se pronunció y expresó su preocupación por las víctimas de la represión y detenciones arbitrarias.

Se trata de una de las movilizaciones recientes más multitudinarias en Guadalajara en demanda de un servicio de agua de calidad y en rechazo a la entrega de los recursos naturales a empresas y gobiernos extranjeros, entre los que el de Israel se encuentra como uno de los más señalados por la población de querer privatizar el líquido en México.


FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/reprimen-con-canones-de-agua-gases-y-piedras-protesta-por-agua-limpia-en-guadalajara/

Trabajadores del IMSS se sienten desprotegidos y no bien representados, afirma exapoderado sindical

Ricardo Albarrán, quien hasta agosto fue apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS, señaló que la falta de comunicación con la base trabajadora agudizó la inconformidad

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sienten desprotegidos y sin una representación sindical cercana ante las dificultades que enfrentan en sus centros laborales, afirmó Ricardo Albarrán, abogado vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) desde 1977 y jubilado del IMSS desde hace una década.

Albarrán, quien hasta agosto de 2026 se desempeñó como apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS en la Ciudad de México y formó parte durante años del Comité Ejecutivo del sindicato, señaló que las actuales protestas de trabajadores deben entenderse a partir de una falta de comunicación entre la dirigencia sindical y la base trabajadora.

“Quisiera hacer un análisis porque es lo que me corresponde a mí por la experiencia vivida a través de muchos años que he servido a la Seguridad Social, de haber convivido con mis compañeros trabajadores en las diferentes instancias y que definitivamente vemos que está pasando algo que se ha dado ya en otros tiempos, la falta de comunicación con la base trabajadora”, expuso durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

De acuerdo con el abogado, los trabajadores “se han sentido desprotegidos” y consideran que no han tenido la representación que requieren en momentos difíciles. Al ser cuestionado sobre si existe sustento en ese reclamo, respondió: “En cierta manera sí”.

Explicó que algunas de las problemáticas que actualmente enfrentan los trabajadores del IMSS no son nuevas. La falta de insumos, personal, materiales y medicamentos ha formado parte de las demandas históricas del personal del instituto. Sin embargo, consideró que esas carencias se han agravado por la percepción de falta de respaldo hacia los trabajadores.

El abogado señaló que existen 35 delegaciones administrativas del IMSS encargadas de coordinar las acciones necesarias para atender las necesidades de las unidades, entre ellas la cobertura de personal e insumos. En ese sentido, sostuvo que se ha generado una situación que afecta emocionalmente a los trabajadores, quienes han enfrentado sanciones y procedimientos internos.

Sostuvo que trabajadores han sido enviados a distintas instancias institucionales después de expresar problemas relacionados con sus condiciones laborales. Mencionó entre ellas la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, la instancia disciplinaria del instituto y Relaciones Laborales, donde pueden iniciarse procedimientos que eventualmente deriven en la rescisión de la relación laboral.


Afirmó que esta situación ha generado temor entre los trabajadores y una sensación de falta de protección. “Y eso crea una psicosis, porque se sienten obviamente reprimidos, se sienten sin ninguna protección que les dé ellos la garantía, la seguridad emocional para seguir cumpliendo con sus funciones”, dijo.

El abogado defendió la preparación y experiencia del personal del Seguro Social y recordó la participación de los trabajadores durante emergencias anteriores, entre ellas el sismo de 1985 y la pandemia de COVID-19.

Recordó que durante la emergencia sanitaria hubo trabajadores del IMSS que perdieron la vida mientras atendían a pacientes y sostuvo que el personal continuó realizando sus funciones aun cuando existía temor entre otros sectores por ingresar a las áreas donde se atendía a personas contagiadas.

“Es una clase muy preparada, es una clase que se ha dedicado años para poder dar un servicio a la seguridad social, a través de los estudios académicos, a través de sus experiencias con los propios pacientes”, afirmó.

En cuanto a la marcha nacional convocada para este martes 13 de octubre, Albarrán señaló que uno de los principales puntos de inconformidad es el incremento salarial. Recordó que el salario ha sido históricamente un asunto relevante dentro de las negociaciones sindicales y sostuvo que actualmente existe inconformidad entre los trabajadores por el aumento directo de 2.9 por ciento.

Según dijo, el malestar no se limita a la cifra porcentual, sino a lo que representa en términos del ingreso efectivo de los trabajadores. “Me dicen que voy a hacer con 100 o 150 pesos a la quincena que me incrementan, simplemente ni para los pasajes y tienen razón, la vida está elevada”, relató.

Albarrán dio algunos ejemplos de los ingresos que perciben distintas categorías de trabajadores del IMSS. Señaló que un médico especialista puede ganar en promedio 45 mil pesos mensuales, mientras que en áreas técnicas el ingreso promedio puede ubicarse alrededor de los 30 mil pesos.

En el caso del personal de enfermería, indicó que existen diferentes niveles, desde auxiliares hasta jefaturas de piso y especialistas. Estimó que una enfermera o enfermero especializado puede percibir alrededor de 25 mil pesos mensuales, mientras que un auxiliar puede recibir aproximadamente 15 mil pesos.

Respecto de la falta de medicamentos, insumos y personal, sostuvo que también se trata de una problemática histórica, aunque señaló que anteriormente existían mecanismos de revisión entre el sindicato y las autoridades para identificar las necesidades de las unidades.

Señaló que se realizaban revisiones de plantillas laborales para determinar dónde hacía falta personal y también se verificaban las necesidades de insumos y equipos. Desde su perspectiva, esos mecanismos resultan relevantes para identificar las condiciones en las que trabajan las unidades.

El abogado dijo que tuvo conocimiento directo de una situación ocurrida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, particularmente en el área de Pediatría, donde trabajadores comenzaron a ser enviados a instancias disciplinarias después de manifestar dificultades para realizar determinadas tareas.

Uno de los problemas era la asignación de personal a áreas especializadas sin que necesariamente contara con la capacitación requerida para desempeñarse en ellas.

Albarrán consideró que las amenazas de sanciones derivadas de esas situaciones contribuyeron a generar una crisis emocional entre los trabajadores. También cuestionó que personal con funciones directivas o de confianza haya sido remitido a instancias disciplinarias.

“Esa amenaza trajo una crisis emocional, siento que ante todo es un problema emocional que ha tenido el trabajador”, afirmó.

Ante el escenario de protestas y movilizaciones, el abogado consideró que existe una posibilidad de solución si se retoma el diálogo y se atienden los principales reclamos de los trabajadores.“El primer paso considero que se tiene que empezar a hablar”, advirtió.

Para Albarrán, la negociación debe comenzar por el tema salarial, al considerar que fue uno de los factores que detonaron la actual inconformidad, pero también debe incluir una revisión de las plantillas laborales y de las carencias de insumos y equipo.

También destacó el papel histórico del IMSS y sostuvo que la institución ha tenido una función relevante en el desarrollo de distintas regiones del país. Recordó que durante su trayectoria recorrió unidades en entidades como Oaxaca y Michoacán, así como zonas que experimentaron procesos de crecimiento urbano alrededor de instalaciones del Seguro Social.

En ese sentido, defendió la importancia de preservar la capacidad de atención de la institución y recordó que el IMSS fue concebido como una institución tripartita, con participación de trabajadores, empresarios y gobierno.

Señaló que el Seguro Social ha atravesado distintas etapas de transformación y recordó modificaciones en la participación gubernamental durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando Carlos Salinas de Gortari se desempeñaba como secretario de Programación y Presupuesto.

El abogado ligró el reclamo sobre la representación sindical con las expresiones de inconformidad contra el dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, de quien piden su salida.

Explicó que el cuestionamiento a la dirigencia forma parte del mismo malestar de trabajadores que consideran que no han recibido el respaldo esperado.

“Es un sentir natural, porque se han sentido los trabajadores no representados por su representante sindical y esto es repercusión desgraciadamente, porque en muchas de las secciones no ha habido la capacidad de estar cerca de quien representa”, concluyó.

Sheinbaum prevé publicar el miércoles decreto sobre riesgos en redes

La presidenta prevé dialogar con jóvenes este martes y buscar acuerdos con las empresas tecnológicas antes de difundir las nuevas disposiciones

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizará una conversación en vivo con jóvenes para escuchar sus opiniones antes de publicar el decreto que obligará a las plataformas digitales a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y sexuales.

Durante su conferencia de este lunes, la mandataria dijo que la transmisión está prevista para el martes y que más tarde se informará el horario; también señaló que espera alcanzar un acuerdo con las empresas tecnológicas antes de que el decreto se publique el miércoles 14 de octubre.

“Ojalá pueda salir algo de acuerdo”, expresó tras referirse a las conversaciones con las plataformas digitales.

Sheinbaum sostuvo que la principal responsabilidad de garantizar espacios seguros para las personas menores de edad corresponde a las empresas que administran las redes sociales, debido a su capacidad para difundir contenidos y controlar el funcionamiento de sus servicios.
No es lo mismo la responsabilidad de una empresa monopólica mundial que está promoviendo que los jóvenes tengan acceso a la violencia en las redes, al abuso sexual, una cantidad de información que no debería generarse en las redes o en las plataformas.


La presidenta distinguió esa obligación de las tareas preventivas que corresponden a las familias y los entornos escolares. Sobre estos últimos, señaló que el gobierno impulsa acciones como las guías de “El ABC de las emociones” y la participación de madres y padres de familia.

“Hay una responsabilidad que tienen que asumir las plataformas para que estos sean espacios seguros para niñas, niños y jóvenes; la principal responsabilidad”, insistió.

El decreto fue anunciado por el gobierno federal como una medida para obligar a las plataformas a retirar contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar y acoso, entre otros riesgos para niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla que las empresas implementen mecanismos para identificar y retirar ese material, además de colaborar con las autoridades de seguridad e investigación.

El gobierno también ha señalado que analizará si se requieren cambios legales adicionales y con la conversación prevista para este martes, Sheinbaum busca escuchar a jóvenes antes de la publicación de la medida y mantener el diálogo con las empresas responsables de las plataformas digitales.

Lemus tras represión en Jalisco: 'No puede volver a repetirse'

Tras la protesta por agua limpia en Guadalajara, Pablo Lemus ordenó revisar 39 detenciones e investigar posibles abusos policiales; 12 personas fueron liberadas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este lunes 12 de octubre que ordenó investigar posibles excesos en el uso de la fuerza durante la protesta por el agua realizada el domingo en Guadalajara, que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como 39 personas detenidas y 28 agentes lesionados, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal reconoció que miles de personas participaron pacíficamente en la movilización para exigir agua limpia, pero atribuyó los enfrentamientos a la llegada de un grupo de aproximadamente 400 personas que, según afirmó, buscaban generar violencia.

El pronunciamiento ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera al gobierno de Jalisco explicar las detenciones y el uso de la fuerza durante la manifestación.

Lemus atribuye enfrentamientos a un grupo de 400 personas

El gobernador sostuvo que cerca de 10 mil personas participaron en la movilización que partió de la glorieta de La Minerva y llegó a Casa Jalisco, donde se concentraron ciudadanos inconformes por la calidad del agua que reciben en sus hogares.

De acuerdo con su versión, la protesta transcurrió pacíficamente durante más de dos horas, hasta que llegó un grupo de aproximadamente 400 personas, algunas encapuchadas, que presuntamente portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y otros objetos.

Lemus aseguró que estas personas agredieron a mujeres policías asignadas para acompañar la movilización y proteger una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco.

“Eso ya no era una manifestación pacífica. Se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas”, declaró.


Según el mandatario, durante los hechos se registraron 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo tras recibir un golpe con un tubo. También reconoció que hubo manifestantes heridos y personas ajenas a los enfrentamientos que quedaron atrapadas, entre ellas familias y periodistas que documentaban los hechos.

Sobre detenciones y actuación policial

Lemus informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar individualmente las detenciones realizadas durante la protesta.

De las 39 personas detenidas, 12 ya habían sido liberadas hasta el momento de su mensaje, mientras que la dependencia estatal continuará informando sobre posibles nuevas liberaciones.

“Desde anoche solicité a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”, afirmó.

Además, aseguró que ordenó analizar los videos de los enfrentamientos para determinar si hubo excesos policiales y, en su caso, aplicar sanciones. “He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, señaló.

El gobernador informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio y ofreció colaborar con la información que solicite el organismo. También señaló que comunicó lo ocurrido a Sheinbaum durante la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional.

Sheinbaum exige explicar el uso de la fuerza

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco informar las razones de las detenciones y dar a conocer la identidad de las personas arrestadas.

La solicitud surgió después de que periodistas le presentaran una lista de personas cuyos familiares y conocidos denunciaron que no habían podido localizarlas durante la noche del domingo.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron”, sostuvo.

Sheinbaum también cuestionó el uso de la fuerza pública durante la manifestación y pidió aclarar si las autoridades emplearon agua y gases lacrimógenos contra los participantes.


“Muchas veces la fuerza pública debe contener, pero una cosa es contener y otra cosa es reprimir”, afirmó.

La mandataria reiteró que su gobierno rechaza tanto la represión como las manifestaciones violentas.

“La represión no lleva a nada”, expresó.

Lemus promete que no se privatizará el agua

En la parte final de su mensaje, Lemus reiteró su compromiso de atender los problemas de calidad del agua que motivaron la movilización. El gobernador aseguró que la decisión de suspender el abastecimiento desde la presa de Las Pintas está dando resultados y que se trabaja en la modernización y ampliación de la planta potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle.

También señaló que está pendiente la aprobación, por parte del Congreso de Jalisco, de una iniciativa para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto que, según afirmó, ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante los cuestionamientos sobre una posible participación privada en la operación del servicio, Lemus aseguró:

“El agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente”.

Por su parte, Sheinbaum manifestó su desacuerdo con una eventual privatización y advirtió que algunos esquemas de financiamiento pueden derivar en la operación privada del agua.

La protesta del domingo reunió a miles de habitantes de Guadalajara que denuncian recibir agua sucia, con malos olores y coloraciones anormales, un problema que, según los vecinos, persiste de manera intermitente desde hace meses.

Mientras continúan las investigaciones sobre las detenciones y la actuación policial, el gobierno estatal enfrenta tanto los reclamos por el uso de la fuerza como las exigencias ciudadanas de garantizar el suministro de agua limpia.

“Ministro Chicharrón” tiene a su propia “community manager”

Sandra Melissa Carrillo Lozano forma parte de la ponencia del ministro Arístides Guerrero como “Secretaria Auxiliar II” pero con funciones de “comunicación social” y un sueldo de 56 mil pesos, a pesar de que la Suprema Corte brinda ese servicio a todos los ministros

A pesar de la existencia de un área de Comunicación Social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García, mejor conocido como “El Ministro Chicharrón”, tiene a su propia community manager en la nómina de su ponencia, con el cargo de “Secretaria Auxiliar II”.

No es el primer puesto cuestionable dentro de la ponencia de Guerrero. EMEEQUIS ha detectado al menos otros dos casos: una hija de Esthela Damián, quien era consejera jurídica de Sheinbaum, y otra persona que a la vez es representante de una empresa contratista de la Defensa.

En este caso, documentos oficiales revelan que Sandra Melissa Carrillo Lozano forma parte de la ponencia del ministro Arístides Guerrero como “Secretaria Auxiliar II” pero con funciones de “comunicación social”.

En poco tiempo, Sandra Melissa Carrillo Lozano pasó de diseñar la estrategia para la venta de paneles solares a la propaganda y comunicación del ministro Arístides Guerrero.


Comparte el mismo cargo de “SECRETARIA AUXILIAR II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero con Frida Libertad Cruces Damián (hija de la exconsejera jurídica presidencial Esthela Damián) y María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera, contratista del Ejército.

Sandra Melissa Carrillo Lozano estudió en la Universidad del Valle de México (UVM) la licenciatura en mercadotecnia y obtuvo su título en diciembre de 2021.

En su experiencia laboral señaló servicios profesionales en “community manager” en el sector privado durante todo el 2022, sin señalar la empresa o una persona física con la que laboró. 

De 2023 a 2025, trabajó como “Gerente de Mercadotecnia” para GRUPO SOLAREVER, empresa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de paneles solares, y “Directora de Mercadotecnia” en PGI ENERGY, empresa también dedicada a la venta de paneles solares y soluciones de energía limpia.

El 16 de enero de 2026, Sandra Melissa Carrillo Lozano tomó posesión del cargo de “SECRETARIA AUXILIAR II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero.

En su declaración de situación patrimonial y de intereses señaló “COMUNICACIÓN SOCIAL” como función principal dentro de la ponencia.

Ella tiene nivel de empleo MM17, un puesto de mando medio, con oficina en la sede de la SCJN en el Piso 1 Puerta 2025.

Sandra Melissa Carrillo Lozano tiene un sueldo bruto de 56 mil 565 pesos mensuales.

El catálogo de puestos de SCJN describe para Secretaria Auxiliar II: “corresponde a la persona servidora pública responsable de coordinar y organizar las actividades relacionadas con el despacho de los asuntos”.

Su declaración patrimonial.

Entre las funciones de la Secretaria Auxiliar II no aparecen labores propias de comunicación social y el perfil de estudios de mercadotecnia que señaló Sandra Melissa Carrillo Lozano.

“Organizar el programa de trabajo de los órganos y áreas y llevar su seguimiento. Elaborar informes, exposiciones temáticas, comunicados y notas informativas relativas a actividades o temas competentes al órgano o área. Llevar el control y seguimiento de los asuntos competencia de las diferentes instancias que conforman al órgano o área. Coordinar con las personas servidoras públicas que correspondan la recepción de los asuntos que se sometan a consideración de los diferentes Comités del Alto Tribunal, revisar su adecuada integración y apoyar en el seguimiento de los acuerdos. Analizar y asignar, previo acuerdo con la persona titular del órgano o área, los asuntos recibidos para trámite o atención”, detalla el catálogo de la SCJN.

La Secretaría General de la Presidencia de la SCJN cuenta con la Dirección General de Comunicación Social.

El Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la o el Presidente tendrá las atribuciones de “autorizar las políticas, bases y lineamientos para la elaboración de la estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social de la Suprema Corte, y aprobar la difusión de mensajes extraordinarios, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Así en solo tres años, Sandra Melissa Carrillo Lozano pasó del área comercial al área política, de diseñar estrategias para venta de paneles solares a la publicidad de los trabajos del ministro Arístides Guerrero.

El 21 de septiembre, EMEEQUIS publicó que María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera firmó como representante legal de una empresa contratista de la Defensa, a la par de su labor como “Secretaria Auxiliar II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero. 

El artículo 101 de la Constitución señala que funcionarios del Poder Judicial “no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares”.

Este medio también documentó que, apenas con 27 años, Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, ha escalado rápidamente en diferentes puestos al amparo del poder. Actualmente también trabaja en la ponencia del ministro Arístides Guerrero.