Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

México fortalece sus instituciones de género, pero no logra frenar la violencia contra las mujeres

Los hallazgos de un informe regional sobre acceso a la justicia muestran que hay avances formales y que se diseñan de políticas públicas, pero persisten fallas estructurales que ponen en riesgo la protección de las mujeres ante virajes en los gobiernos

Ante la crecida de las derechas en América Latina, que en muchos casos ha  implicado retrocesos en el acceso de las mujeres a la justicia, México mantiene un enfoque distinto en la región, aunque sigue entre los países con mayores niveles de violencia de género.

Esto puede deberse a varias causas, anticipa en entrevista Maïssa Hubert, de la organización Equis Justicia, una de las participantes en el informe “Acceso a la justicia y cumplimiento de la Convención Belém Do Pará en contextos regresivos”. Una de las principales causas es que el enfoque de atención no ha virado hacia un mayor énfasis preventivo, y en cambio se mantiene como reactivo y punitivo, asegura. 

El informe, elaborado por la Articulación Regional Feminista —alianza de organizaciones de siete países de América Latina— evalúa la respuesta estatal ante la violencia de género entre 2022 y 2024 según los indicadores del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). En ese contexto, México mantiene la intención de fortalecer la arquitectura pública de género.

Algunos de los cambios recientes a destacar son la creación, a nivel federal, de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), y algunas asignaciones presupuestarias dedicadas a esa agenda: “México va totalmente a contracorriente de América Latina en lo institucional, es decir que en los últimos años ha apostado mucho para fortalecer la institucionalidad”, señala Hubert. 

A pesar de esa reestructuración, el informe hace énfasis en que nuestro país registra la prevalencia más elevada de violencia en la región. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia a lo largo de su vida, cifra que supera a Chile (33.4 %), Argentina (45 %), Perú (52 %), Ecuador (65 %) y al promedio mundial de ONU Mujeres (30 %).

Además, el país concentró la estadística absoluta de feminicidio más alta de la región: 983 casos en 2022, 851 en 2023 y 853 en 2024, lo que implica tasas de 1.48, 1.25 y 1.27 por cada 100 mil mujeres. A diferencia de otros países, donde las agresiones mortales ocurren predominantemente en el hogar, en México ocurren con frecuencia en el espacio público.

“Sí hay una tendencia un poco a la baja en el feminicidio en México desde esa fecha, pero seguimos siendo uno de los países con números de feminicidio más altos de la región latinoamericana”, puntualiza la especialista.

Disparidad nacional y punitivismo

Respecto al por qué de la persistencia de estos indicadores, Hubert explica que el fortalecimiento federal, además de ser reciente, no se reproduce de forma homogénea en las 32 entidades del país. Las secretarías e institutos locales de las mujeres operan habitualmente con menores recursos e infraestructura.

A esto se suma la fragmentación normativa entre estados, pues cada código penal tipifica distintas modalidades de violencia, lo que genera una protección desigual dependiendo del lugar de residencia de las mujeres. Apenas en febrero de 2024 se estableció que un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección buscará una homogeneidad, para empezar, en los registros.

Además, se agrega la insistencia en un modelo centrado en elevar penas y crear tipos penales: “la visión que se tiene de cómo atender la violencia en México y en muchos otros países sigue siendo paliativa y reactiva”. Ese esquema traslada a las víctimas la responsabilidad de activar al Estado mediante la denuncia formal. 

En México, menos de una de cada diez mujeres que viven violencia denuncia o pide apoyo. En las órdenes de protección expedidas, si bien el 95 % incluye medidas de ejecución, solo el 49 % contempla acciones institucionales de seguimiento.

“Solamente vamos a tener intervención cuando se cometen los delitos, y cuando se cometen los delitos muchas veces es demasiado tarde para intervenir y para salvar vidas”, agrega. 

En materia judicial, el reporte resalta el Amparo Directo 7/2024 (“caso Rita”) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un antecedente importante en torno de la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, persisten trabas en fiscalías y tribunales, como deficiencias en la formación del personal, falta de patrocinio jurídico y dilaciones en los procesos.

Panorama regional: normas sin efectividad y retrocesos

El estudio abarca el acceso a la justicia por violencia de género en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entre 2022 y 2024 destaca avances legales, como la Ley Integral de Violencia en Chile (2024), la incorporación de violencia vicaria en México (2024), la inclusión de violencia política y digital en Argentina, así como normas sobre acoso laboral en Chile y Ecuador.

No obstante, la investigación concluye que la aprobación de leyes no asegura su aplicación efectiva. “Los hallazgos ponen en evidencia una paradoja regional: si bien se registran avances formales en la incorporación de estándares internacionales, en el diseño de planes nacionales y en el reconocimiento normativo de la diversidad de las mujeres, estos progresos conviven con fallas estructurales que impiden una intervención estatal efectiva y eficiente”, señala el documento.

En los mecanismos se observan dinámicas contradictorias. Mientras Colombia creó el Ministerio de Igualdad y Equidad en 2023 y México constituyó Semujeres en 2024, Argentina disolvió el Ministerio de las Mujeres en diciembre de 2023, con un recorte presupuestario del 62 %. Ecuador anunció en 2024 la supresión de su Ministerio de la Mujer, con reducciones del 23 % y deudas en fondos para casas de acogida. 

Hubert explica que en estos últimos años se ha observado cómo en Latinoamérica coexiste un fortalecimiento de leyes y políticas públicas, pero hay poca institucionalidad en los países. Por lo tanto, cuando ocurren “volantazos” hacia la derecha, es más fácil debilitar la aplicación de las leyes. 

“La falta de institucionalidad hace que sea muy fácil recortar el presupuesto, eliminar ciertas instituciones, no reconocer ciertos datos… Algo que nos compartían las compañeras de Argentina, que están viendo en su contexto, es que no es necesario que se desmantelen las leyes o se retiren de ciertas convenciones, porque el discurso político ha sido suficiente para desincentivar que muchas mujeres puedan tener accesos a ciertos servicios”, señala.

Considera lo anterior una gran lección —a considerar también en la situación actual de Brasil— acerca de lo que es necesario fortalecer en los países para estar listos en caso de retrocesos, y no perder avances en materia de género.

Entre la impunidad y la opacidad de datos

El informe evidencia también altas tasas de impunidad en la región. En Bolivia, los juzgados especializados resolvieron el 16.72 % de sus causas en 2024 y acumulan un 34.91 % de sentencias por feminicidios desde 2013. En Colombia, solo el 32 % de los feminicidios concluye con condena y el 78 % de los casos por delitos sexuales permanecen en investigación.

En tanto, en Ecuador las sentencias por feminicidio cayeron al 2.24 % en 2024, mientras que el 75.29 % de las muertes violentas se queda en la etapa investigación previa. La fragilidad presupuestaria de las instituciones es una realidad en todos los países de la región, incluido México.

“Los avances normativos conviven con institucionalidades frágiles y financiamiento insuficiente, lo que deriva en una implementación débil y una gran ineficiencia de la política para garantizar el acceso a la justicia”, apunta el documento.

A ello se suman problemas en los sistemas de información pública. Por ejemplo, Bolivia carece de encuestas periódicas; Chile mantiene su registro en fase piloto; Ecuador presenta retrasos en el Registro Único de Violencias, mientras que Argentina suspendió su sistema unificado tras eliminar el ministerio rector.

Estas omisiones afectan particularmente a grupos históricamente excluidos. En Argentina, la tasa de travesticidios/transfeminicidios en 2024 fue 12 veces mayor a la general. En Colombia, el 86 % de las mujeres indígenas no denuncia. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres indígenas han vivido violencia, mientras que en Perú persisten barreras para mujeres rurales e indígenas quechuahablantes.

“Las barreras identificadas se agudizan para aquellos grupos que enfrentan discriminaciones múltiples, como mujeres indígenas, migrantes, adolescentes, con discapacidad y LGBTIQ+, cuya desprotección es a menudo invisible para el sistema”, señala respecto de la falta de indicadores en torno a estas intersecciones.

Paradigma preventivo y pendientes presupuestales

Maïssa Hubert también advierte sobre iniciativas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para sancionar las llamadas “falsas denuncias”, que buscan desincentivar las acusaciones formales por violencia de género, y están particularmente dirigidas hacia las mujeres.

En ese panorama de uso del derecho penal contra las mujeres y políticas de mano dura, la especialista sostiene que México puede constituir un contramodelo de respuesta, si migra de un enfoque penal a uno de protección y prevención oportuna. Eso requiere una institucionalización fuerte, presupuestos claros dedicados a esos temas y mayor coordinación. 

“No podemos seguirnos esperando a las denuncias. Creo que sería muy bello, la verdad, que en este contexto político México se pueda posicionar como un país que logre bajar el número de feminicidios porque cambió su paradigma de política pública, y descargue a las mujeres de esta necesidad de estar denunciando y asegurando su propio acceso a la justicia, y que el Estado pueda, proactivamente, acercarse a las mujeres que estén viviendo esas violencias para protegerlas antes de que escalen”, afirma.

El informe de Articulación Regional Feminista reitera que el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará exige presupuestos adecuados, formación de servidores públicos, servicios territoriales y datos transparentes. Recuerda también que la coordinación interinstitucional sigue siendo un desafío en muchos países, lo que limita la eficacia de los planes de política pública.

Además, existe una insuficiencia de información sobre su implementación, impacto y resultados, lo que impide análisis profundos y comparables. Por otro lado, si bien se han expandido los servicios integrales, persisten brechas de cobertura territorial, recursos insuficientes y déficits en la atención a grupos en vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales, lo que afecta de manera directa el acceso efectivo a la justicia y el cumplimiento de la debida diligencia estatal.

En el periodo 2022–2024 se han profundizado esos obstáculos, advierte el documento. Aun cuando la mayoría de los países cuenta con planes nacionales en ejecución, su alcance y efectividad siguen siendo limitados. Bolivia, Chile y México evidencian avances formales en el diseño de planes con enfoque interseccional, pero con escasos resultados en su implementación. 

Respecto de los presupuestos con perspectiva de género, la respuesta estatal continúa siendo fragmentada y con bajo financiamiento: Bolivia enfrenta dificultades para traducir la normativa presupuestaria obligatoria en mejoras sostenidas y Chile se rehúsa a avanzar en un pacto fiscal para políticas de prevención, mientras que en Argentina, Ecuador y México los programas se han visto afectados por retrasos, retenciones presupuestarias o eliminaciones, concluye.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/sociedad/mexico-violencia-mujeres-politicas-genero

“Ella no decide”: Alcaldesa acusa a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, de violentarla

La presidenta municipal de Cadereyta de Montes acusó una actitud machista, misógina y discriminatoria en una reunión con el mandatario estatal panista, la cual finalmente no se concretó, pero el secretario de Gobierno señaló que la alcaldesa decidió salirse.

La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, acusó al gobernador panista Mauricio Kuri González de ejercer violencia simbólica en su contra.

Este miércoles estaba prevista una reunión entre la alcaldesa, surgida de Morena, y el mandatario estatal, del PAN, la primera desde que ella tomó posesión del cargo desde octubre del año pasado.

De acuerdo con la versión de Ortega Vázquez, primero le impidieron a su equipo de funcionarias que la acompañaran estar en la reunión, además de condicionarla a dejar su teléfono si quería ingresar.


Sin embargo, narró que pese a haber solicitado que la generación de fotos se hiciera después de tratar los temas de su municipio con el gobernador, el mandatario terminó por decirle que ella no decidía en esa oficina de la Casa de la Corregidora de Querétaro.

El gobernador se levanta y dice: ‘ella no está aquí para decidir, ella no decide si se toman las fotografías o no, así que adelante’, a lo cual le contesto que ‘sí’, que sobre mi imagen y sobre mi persona, por supuesto que decido yo y que le pedía amablemente que eso no se llevara a cabo y él continuó diciendo: ‘No, ella no va a decidir aquí, esta reunión es nuestra’”, relató en una transmisión en vivo desde la sede oficial del Poder Ejecutivo de Querétaro.

La presidenta salió de la reunión, pese a reconocer que había diversos temas que buscaba abordar con el gobernador directamente, al señalar que hay información que no le hacen llegar.

“Le dije: ‘Bueno, yo pensé ¿verdad?, que venía a una reunión de amistad, o sea, en plan de amistad, en plan amigable, con una clara intención de plantear el tema de Cadereyta, los muchos temas de Cadereyta que tenemos atrasadísimos, me doy cuenta que no, si no se puede llevar esta reunión en condiciones, pues me retiro y así lo hice”.

Ortega Vázquez consideró haber sido discriminada y haber sufrido violencia simbólica.

“Noto un claro, clarísima forma distinta de tratarnos al resto de los alcaldes y alcaldesas y a una servidora, y esto sí es una forma de discriminación, sí es una forma de violencia simbolica, ¿verdad?, la que intentaron ejercer sobre mi persona y no lo voy a permitir, no importa si es el gobernador del estado”.

“Simplemente se paró y se fue”


El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, no ha emitido su postura sobre lo sucedido.

Su secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, consideró que a la presidenta municipal no le gustó el protocolo de dejar su teléfono y la toma de fotografías y sugirió que su actuar pudo haber sido de forma premeditada.

“La verdad es que no, no se tuvo la reunión, venía la, desde que llegó la presidenta se le invitó a pasar a palacio, parte de los protocolos que nosotros tenemos aquí, el primero es el celular, entonces se molestó, ya venía un poco ella, no sé si premeditadamente con esa intención”.

No obstante, la alcaldesa aseguró que ella había accedido a esas restricciones con tal de tener la reunión con el gobernador y poder abordar los asuntos pendientes con él.  

En su versión también narró haber solicitado que las fotografías se tomaran hasta el final del encuentro oficial, lo que el propio secretario de Gobierno habría admitido, pero que la postura del mandatario fue distinta.

“Porque a lo que yo vine es a tratar temas de trabajo, de relevancia para la población en Cadereyta, no vine para pedirle una foto al gobernador, no vine para sonreir, caerle bien o que él me cayera bien a mí, somos dos personas que fuimos electas por pueblos que nos respaldan y que esperan de nosotros que desempeñemos bien nuestro trabajo para el que nos eligieron, entonces pido esta consideración, se lo menciono al secretario de Gobierno, se lo menciono al equipo que estaba fuera de la oficina también y resulta que todo mundo me dice que sí, que no hay problema”.

En tanto, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dijo a reporteros que la reacción de la presidenta había sido de “enojo” cuando vio entrar al fotógrafo y que eso derivó en que abandonara el lugar.

“Pasó el gobernador, saludamos, entró un fotógrafo, se enojó (la presidenta) y se paró, o sea, no hubo reunión, eso simplemente fue lo que pasó, ya al final yo platiqué con ella y le pedía que me explicara que cuál era la intención, entonces pues simplemente dijo que no estábamos respetando su imagen, que porque había un fotografo”.

Gudiño dijo que además de él, en la reunión participarían 2 secretarias, la de Mujeres y del Trabajo; el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, así como la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura.

La alcaldesa dio su versión sobre esa conversación con el secretario de Gobierno: “Salí del recinto, me alcanza el secretario de Gobierno y me dice: ‘Oye Astrid, pues es que de qué se trata, ¡tanto trabajo me costó conseguir esta reunión! y pues esto, ¿no?, entonces le dije: ‘A ver, yo hablé contigo, te dije muy claramente, te solicité algunas cosas, cedí tres veces ante circunstancias que ustedes no me comunicaron, que ustedes arbitrariamente están determinando en este momento, justo en este momento’”.

Ortega Vázquez añadió que el secretario de Gobierno le sugirió considerar lo que comunicaría acerca de lo ocurrido.

“Lo último que el secretario me pidió fue que considerara lo que iba a comunicar, porque, por lo que veo es lo único que les preocupa, lo que pueden comunicar, no lo que realmente acontece, lo que realmente está pasando en nuestro municipio y seguramente en muchos otros municipios”, expresó.

Historia de desencuentros

La presidenta municipal ha tenido diversos desencuentros con el gobernador de Querétaro, uno de ellos ocurrió durante la huelga de trabajadores de Cadereyta que inició en febrero pasado y que se prolongó durante casi 7 semanas.

Al realizar una marcha desde Cadereyta de Montes hasta la ciudad de Querétaro para exigir una solución al conflicto, Ortega Vázquez expresó: “la huelga no es el tema que mantiene a Cadereyta en pausa y me voy a permitir decirlo nuevamente: Señor gobernador, Cadereyta es Querétaro y si usted está esperando a que la huelga nos dure tres años, ¡con o sin huelga la transformación va!, porque esto no lo detiene nadie, ¡ni usted!”.

En su momento, el gobernador Mauricio Kuri González consideró que la huelga de trabajadores del municipio de Cadereyta de Montes no era un asunto político, sino administrativo.

Por esas fechas, Ortega Vázquez solicitó apoyo y una reunión con el mandatario, pero Kuri González instruyó atender el asunto a su secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, una funcionaria con quien la alcaldesa también tuvo roces.

De igual manera, la presidenta municipal de Cadereyta de Montes fue crítica del proyecto hídrico que intentó impulsar el mandatario, denominado “Sistema Batán”, el cual terminó por ser abandonado.

Ahora Ortega Vázquez impulsa la municipalización del servicio de agua en Cadereyta de Montes y ha cruzado declaraciones con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy.

El gobernador Mauricio Kuri ha sostenido reuniones con alcaldes surgidos de Morena, como el de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y el de Pedro Escobedo.

Este miércoles estaba prevista la primera reunión con la alcaldesa Ortega Vázquez que representa al municipio más extenso del estado y al segundo con más localidades, pero la reunión no pudo llevarse a cabo.

A la presidenta municipal la respaldaron la dirigente estatal de Morena y políticos de su partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.

Colectivo alerta por red de pedofilia en Oaxaca

Más de 350 usuarios conforman un grupo en Telegram donde comparten fotografías de mujeres menores de edad, tomadas por alguien que vive con ellas en su hogar.

El colectivo oaxaqueño contra la violencia digital DLR alertó de la existencia de un grupo de pedofilia, donde comparten fotografías de estudiantes de secundaria, supuestamente encabezado por padres y padrastros.

Señalaron que el grupo fue localizado en Telegram y cuenta con más de 350 hombres, quienes suben diariamente imágenes de sus hijas o hijas trans vestidas con su uniforme.

Andy Torres, director y fundador de la colectiva DLR, explicó que siempre monitorean en internet cuando reciben algún reporte de la existencia de un grupo de pedofilia.

Dijo que “desafortunadamente” las fotografías de las niñas fueron tomadas por “alguien que vive con ellas en su hogar”.

En entrevista señaló que alertar y denunciar este tipo de redes permite identificar a las personas que que exponen a la menores, ya que en los mensajes se aprecian nombres y apodos de los hombres.

Y lo segundo dijo, es prevenir a las madres de familia de este tipo de violencias.

Aseguró que esta acción es abuso sexual infantil, explotación sexual y pornografía.

Asimismo, la colectiva detectó que hay fotografías íntimas de otras mujeres que no son estudiantes.

“Es lamentable lo que ocurre; nos preocupa, porque estas imágenes y fotografías son con un fin sexual, porque no se queda en las pantallas, si no se vende”.

Agregó que la alerta en redes sociales tiene el propósito de que las personas afectadas denuncien ante la Fiscalía de Oaxaca y se siga el caso por “pornografía, pedofilia, abuso sexual y demás delitos”.

Finalmente dijo que en los próximos días podrían publicar la identidad de los agresores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Denuncian abandono a mujeres indígenas víctimas de violencia en Guerrero

La coordinadora de Gu’wa Kuma explicó en entrevista que en lo que va de 2025, la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los salarios del personal correspondientes a los primeros cuatro meses que fueron pagados en junio pasado.

En el proclamado “Año de la Mujer Indígena”, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado Pineda, mantienen en el abandono a mujeres indígenas víctimas de violencia y a quienes las atienden, también indígenas, en la región de la Montañana de esa entidad suriana. 

Ante la falta de pago de salarios de personal de la Casa de los Saberes Gu’wa Kumá de Ayutla de los Libres, el Centro de Justicia para las Mujeres de Región de la Montaña y el Componente Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas, ubicados los últimos en Tlapa de Comonfort, se declararon en paro de labores, dejando en el desamparo a decenas de mujeres víctimas de violencia que suelen ser atendidas en esos espacios administrados por el Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.

Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora de Gu’wa Kuma, explicó en entrevista que en lo que va de 2025, la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los salarios del personal correspondientes a los primeros cuatro meses que fueron pagados en junio pasado, dejando sin cobertura los siguientes siete meses. 

“Hay muchas carpetas de investigación y algunos juicios de alimentos que se dejó de darle seguimiento por falta de recursos, justamente porque no dan recursos para el seguimiento a las usuarias, y se dejó de dar acompañamiento a las víctimas, porque no tenemos recursos para ayudarles un poco”, apuntó.  

Prisciliano Fernández es hija de Inés Fernández Ortega, mujer mep’haá que enfrenó al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por haber sido víctima de tortura sexual por parte de miembros del Ejército en 2002, lo que derivó en una sentencia en 2010 en la que se incluyó como parte de la reparación del daño, la creación de un centro comunitario para atender a mujeres indígenas violentadas y a infancias y adolescencias indígenas que se desplazaran de sus comunidades para estudiar en Ayutla.  

Noemí contó que a pesar de que es obligación del Estado mexicano la manutención de la Casa de los Saberes como parte de la sentencia, “el gobierno federal no ha querido asumir esa responsabilidad ni el compromiso que tiene con el centro comunitario. Todo deja a la mano del gobierno estatal, y el gobierno estatal argumenta que no cuenta con recursos para sostener este centro”.  

Desde Ayutla, Prisciliano Fernández destacó que precisamente como parte de la sentencia, su madre Inés, quien es prácticamente monolingüe, consideró necesario el establecimiento de un centro comunitario como el de Gu’wa Kumá en donde las mujeres víctimas de violencia fueran atendidas por mujeres profesionistas que hablaran su lengua materna, para evitar que además sufrieran la violencia institucional como le ocurrió a ella cuando denunció a militares que la violentaron,  

Abogada de profesión, Noemí apuntó que al menos 15 carpetas de investigación por violencia familiar y siete juicios contra deudores alimenticios a los que la Casa de los Saberes les da seguimiento se encuentran en suspenso debido a la imposibilidad de las profesionistas para atenderlos. 

“A las víctimas les pedimos su comprensión, qué más quisiéramos que darle seguimiento a sus casos, pero debido a que nosotros no contamos con recursos propios para movernos, no podemos continuar laborando hasta que las autoridades nos paguen a las profesionistas, a las embajadoras (representantes de las comunidades indígenas) y al chófer.  

“Es para nosotros muy preocupante porque damos acompañamiento a personas de escasos recursos, pues ahora sí que quedan desprotegidas, no cuentan con apoyo legal ni todo lo que conlleva un proceso legal”, apuntó.  

Noemí Prisciliano recordó que en julio pasado representantes de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Casa de los Saberes para recabar las denuncias por la falta de pago al personal y por la falta de fondos para dar mantenimiento al espacio destinado para las mujeres y al albergue para atender a unos 45 adolescentes de las comunidades alejadas de la Montaña que quieren continuar sus estudios de nivel básico, medio superior y superior.  

“El 29 de julio justamente tuvimos una reunión aquí (en Ayutla) con la Secretaría de la Mujer estatal, también estuvieron de la Secretaría de las Mujeres federal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos federal, tuvimos una mesa de trabajo y se comprometieron que a más tardar 15 días después de esa reunión nos iban a cubrir nuestro salario, pero hasta la fecha no se ha visto reflejado nada”, apuntó Noemí Prisciliano. 

Sobre papel membretado de la Secretaría de Gobernación federal y con la proclama de “2025 Año de la mujer indígena”, la minuta se titula “Visita al Centro Comunitario Gúwa Kúma (sic) ‘La Casa de los Saberes’. Sentencia Inés Fernández Ortega y otros vs México”, reunión en la que se trataron cuatro temas centrales relacionados con los “pagos a personas profesionistas y embajadoras; infraestructura del Centro Comunitario; pendientes en materia de salud y operatividad de la Casa de la Niñez”,  

En el documento, al que tuvo acceso Proceso, se consignó la inconformidad de Inés Fernández por el tiempo en el que ha mantenido su “lucha para que se haga justicia”, y que a pesar de que se han llevado a cabo varias reuniones “no se ha logrado generar compromisos claros” de ahí que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está cumplida”. 

Al exigir que “el Centro Comunitario cuente con un recurso propio”, Inés Fernández pidió que se realizaran reuniones de supervisión “cada tres o seis meses” para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos. 

Después de hacer una relatoría de las principales necesidades de mantenimiento, de suministros médicos y de financiamiento del centro comunitario, pero ante todo la urgencia de solventar los salarios de las profesionistas en lenguas indígenas, la representante de la Secretaría de las Mujeres federal reconoció que persistía una “dilación” en la entrega de recursos a sus similares estatales, derivado de que la dependencia federal era de reciente creación.  

Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de crear una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 denominada “Cumplimiento a la Sentencia Fernández Ortega y Otros vs México” para la operación del centro comunitario; realizar reuniones virtuales cada tres meses y visitas a la Casa de los Saberes semestralmente; terminar en septiembre de 2025 con las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de la Mujer estatal. 

Se consideró que, a partir de un diagnóstico de la Casa de la Niñez, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) valoraría la extensión de apoyos para atender a estudiantes los fines de semana; cursos de capacitación de la Secretaría de Salud  estatal sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, según la NOM 045 SSA2-2025, así como envío de una unidad móvil para dar cursos de salud sexual y reproductiva a los 45 niñas, niños y adolescentes que se encuentran de la Casa de la Niñez Indígena, en tanto que la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar “compartirán los enlaces del personal asignado para la atención inmediata de los casos que lleguen al Centro Comunitario”.  

“De esa minuta, nada se ha cumplido”, insistió Noemí Prisciliano, al recordar que desde hace dos años, en una audiencia privada, los jueces de la Co IDH han sido notificados de la falta de cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández, tanto en materia de la manutención de Gu´wa Kumá como en la atención médica de la familia Prisciliano Fernández.  

“En la audiencia con la jueza de la Corte Interamericana, le volvimos a exponer que el gobierno mexicano no ha cumplido completamente, no ha garantizado un fondo permanente para el funcionamiento del centro comunitario, y justamente en esa audiencia privada estuvieron las secretarias de la Mujer, federal  y estatal”, apuntó Noemí.  

Noemí Prisciliano lamentó que a pesar de los discursos oficiales de priorizar a las mujeres indígenas, en los hechos  no hay respaldo ni para las profesionistas que trabajan dentro del gobierno, como ocurre con las trabajadoras de Tlapa, ni mucho menos para aquellas que laboran dentro de la sociedad civil, como es el caso de las profesionistas y las embajadoras de Gu’wa Kumá.  

“A los tres niveles de gobierno realmente no le interesa proteger ni apoyar a las mujeres de la Montaña”, sostuvo Noemí Prisciliano al contar que no ha habido acercamiento de ningún representante gubernamental desde que iniciaron el paro de labores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Con amenazas, Rommel Pacheco despojó a Paola Espinosa de una casa

Rommel Pacheco pagó una mínima cantidad de dinero a cambio de que la doble medallista olímpica le cediera una casa en Mérida y él le regresara la mitad de otras dos propiedades que ella también compró.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, mintió en las declaraciones patrimoniales que presentó como servidor público entre 2020 y 2025 para ocultar una casa localizada en la ciudad de Mérida de la que despojó bajo amenazas a la medallista olímpica Paola Espinosa, con quien sostuvo una relación de pareja durante 11 años. 

Proceso realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, de donde es originario Rommel Pacheco, y la información disponible no corresponde con lo reportado, pues en sus declaraciones patrimoniales, presentadas entre 2020 y 2025, aparece que es propietario de una casa en San Crisanto, una localidad costera del estado de Yucatán, ubicada en el municipio de Sinanché, a poco más de una hora de la capital Mérida.

No obstante, la información que obra en el Registro Público esa supuesta casa no existe en San Crisanto, pues se trata de una propiedad que en realidad se encuentra en Mérida.  Según sus declaraciones patrimoniales, esta casa que la reporta como de 180 metros cuadrados de superficie, la compró el 27 de abril de 2013 a un precio de un millón 640 mil pesos que le pagó a la persona moral denominada Ejido de San Crisanto. Pero esto no fue así.

En la búsqueda de propiedades a nombre de Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, en el Registro Público de la Propiedad aparece el Folio Electrónico 1078459 donde puede leerse que el 6 de enero de 2017, ante la notaría número 35 del estado de Yucatán de Ayisa Golib Ferrón, compró a Paola Milagros Espinosa Sánchez la mitad de una casa ubicada en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, una de las zonas de mayor plusvalía en el norte de Mérida. 

De acuerdo con la información disponible, Pacheco Marrufo pagó a Paola Espinosa 820 mil pesos por el 50% de la propiedad, es decir, la mitad de 1.6 millones de pesos. Justamente el año anterior, previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, habían terminado su relación como pareja. En el mismo folio del predio aparece otra información que desnuda la trampa que hizo Rommel Pacheco para ocultar esa casa y mentir en sus declaraciones patrimoniales. 

La escritura pública número 169 indica que esa casa de Montecristo, que tiene 218 metros cuadrados de superficie, la compraron Paola y Rommel el 27 de abril de 2013 por un monto de un millón 640 mil pesos. La parte vendedora fue la Constructora VNP, SA de CV, que estuvo representada por Jorge Alfonso Borges Ordóñez. 

Esto significa que en lugar de poner en sus declaraciones patrimoniales la existencia de esta casa, Pacheco Marrufo la ocultó simulando que es una propiedad ubicada en San Crisanto, que él fue el único comprador y que la adquirió del ejido en mención y no de una compraventa a Paola Espinosa.

Consultada al respecto para verificar la información, Espinosa aceptó dar una entrevista. Aclaró que, efectivamente, ella compró esa casa que, además, nunca conoció. Dijo que la adquirió a petición de Rommel Pacheco, quien la convenció de que la compraran. Supuestamente ahí vivirían cuando se casaran. Reconoce que Pacheco contribuyó con alrededor de 200 mil pesos para dar un pago inicial, pero que el resto del dinero salió de su bolsa y ella aceptó ponerla a nombre de los dos. 

Eso, añade, ocurrió con otras dos casas más que ella también pagó, una en la zona de Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, y otra en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, que la entonces clavadista compró en su totalidad. 

Peor aún, la doble medallista olímpica y ahora diputada federal por el PAN cuenta que en realidad Rommel Pacheco la despojó de esa casa, ya que no le pagó ni los 820 mil pesos que aparecen consignados en el folio electrónico. Según las capturas de los mensajes de WhatsApp que intercambió con su ya para entonces exnovio —y que proporcionó a esta reportera con la condición de no publicarlas porque contienen conversaciones personales entre ambos— Pacheco le ofreció 600 mil pesos para que le cediera el 100% de la casa de Mérida y, a cambio, le firmaría el 50% de las propiedades en la Ciudad de México y Morelos, por las cuales él había desembolsado muy poco dinero. 

“De todas las casas me quitó, pero ésta él la quería por completo. Yo le dije cómpramela. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue págamelo y ya. Me dio muy poco dinero por esa casa. Yo fui a Mérida, firmamos ante un notario y se acabó. Eso pasó en realidad, esas cosas son con las que siempre se ha manejado Rommel Pacheco y él va a quedar muy bien porque al final me la pagó y suena bien, pero así no fueron las cosas. 
(Hubo) amenazas mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’. Lo que quiero que quede claro es que tal vez no suena grave, pero él hizo todo lo posible para que todo fuera beneficioso para él y esa casa le costara muy poco dinero (…) fue una injusticia, fue súper mala onda de su parte, pero yo lo único que quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo.
Una “minita de oro”

Proceso consultó a una perito valuadora de Mérida que informó que el metro cuadrado de terreno en Montecristo cuesta alrededor de 10 mil pesos, así que más la construcción que es de 208 metros a precio de 2025 esa casa cuesta ahora unos ocho millones de pesos. Cuando Rommel Pacheco le entregó a Paola Espinosa 600 mil pesos en efectivo la propiedad estaba valuada en por lo menos cinco millones de pesos. 

La operación de la compraventa se realizó en la misma notaría número 35 donde se firmó la primera escritura. Según explica Paola Espinosa, cuando ella llegó a Mérida ya estaba todo cuadrado para que simplemente firmara y Rommel se convirtiera en el único dueño de la casa. 
Las otras dos casas yo las pagué, él dio si acaso 100 mil pesos o cositas de notario, cosas que son muy sencillas, pero en realidad las cantidades fuertes y la que terminó pagando todo fui yo tanto de coches como de casas y pues él lo que quería era quitarme la mitad de todo. Yo para Rommel fui su minita de oro. Nunca tuvimos de su parte algo en conjunto que él tuviera que comprar, así como yo compraba y lo incluía en todo, él jamás, nunca. 
Paola Espinosa refiere que la razón por la cual ella aceptó las condiciones de Rommel Pacheco sobre las casas que estaban a nombre de ambos es que la amenazó con “la ley de concubinato”, es decir, le dijo que, como ellos ya llevaban más de cinco años viviendo juntos, a ella, como tenía dinero, le iba a tocar mantenerlo y eso le costaría más caro.

“Era un chiste mal contado cuando estábamos de novios. Siempre decía, pues si nos separamos aquí la que se chinga eres tú porque ya llevamos más de cinco años juntos. O sea, siempre fue como ese chistecito en pareja y mira…”.

—¿Te sentiste contra la pared?

—No me cayó de sorpresa en lo absoluto porque yo con Rommel estuve 11 años, entonces claro que lo conocía perfecto a él y a su familia. Siempre supe que en el momento que hubiera problemas, él y su familia me iban a quitar lo que tenía. Siempre creí que me iba a quedar ahí de tonta con él, nunca creí abrir los ojos. Y dicho y hecho, en cuanto pasó (la separación) , su hermano (Irak Greene Marrufo) y su mamá (Landy Marrufo Morales) enloquecieron. 

—¿Exploraste la posibilidad de dar una batalla legal?

— No, porque en ese momento para mí fue como traer un alacrán en la espalda. Él y su familia son exageradamente absorbentes. Si hoy me preguntas, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por mí hubiera preferido perder los millones de pesos en esa casa que seguir ahorita en una batalla. 

“En mi humilde opinión, Rommel no tiene las cualidades que se necesitan para ser un servidor público. No tiene empatía con las demás personas, es primero él, después él y luego él. Fue un deportista que se retiró enojado con todo el mundo que no le lamió las botas, ahora que ya tiene este puesto, (está) a venganzas con todas esas personas que le cayeron mal. 

“Personas así en la Conade sirven para servirse a ellos mismos, pero no para servir a los demás. A él le interesa tanto el dinero que no va a hacer nada por el deporte, todo va a ser para él. Eso te lo afirmo porque si de algo está enamorado, no es de las mujeres ni nada, es del dinero”, advierte Espinosa.

—¿Ni del deporte?

—Ama el dinero, es su su fuente de inspiración. Siempre desde muy chiquito decía: “Yo quiero llegar a ser gobernador porque allá se roba bien, ahí se roba como debe ser”, y  decía: “De que robe alguien más a que me lo robe yo…”. 
—¿Hablaba de sus aspiraciones de dirigir el deporte?
Nunca, no lo escuché decir de la Conade. Él decía: Yo voy a ser gobernador de Yucatán'. 
En respuesta a una solicitud de entrevista, Rommel Pacheco sólo dijo por escrito que los bienes que forman su patrimonio están declarados y registrados conforme a la ley. “Por lo que se refiere a las manifestaciones de terceros, los registros y actividades de la adquisición son de libre consulta en el Registro Público de la Propiedad”. El funcionario precisó que es lo único que dirá sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El Gobierno federal anunció que impulsará la homologación del delito de abuso sexual para que las mujeres cuenten con los mismos derechos y garantías en todo el territorio nacional.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional del Estado ante las denuncias, así como la homologación de dicho delito en todas las entidades del país.
"El objetivo es fortalecer toda la respuesta institucional, sobre todo en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres. Que las mujeres se sientan más seguras, que denuncien de manera mucho más ágil y por supuesto que también la sociedad habrá de hacer un cambio cultural, donde podamos convivir hombres y mujeres de una manera distinta y con respeto", expresó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández.
La presentación de este plan ocurre luego de que el martes la mandataria federal fuera víctima de acoso sexual por parte de un hombre, ya detenido por las autoridades, quien se le acercó cuando caminaba en su trayecto de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y saludaba a simpatizantes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx).

Desde la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum Pardo, conocida como la "mañanera del pueblo", Hernández expuso un mapeo sobre el delito de abuso sexual en México. Destacó que en 19 estados se contemplan elementos de avance en los criterios y agravantes de su tipificación; en nueve se tipifica, pero no contemplan las suficientes agravantes; y en cuatro se tipifica, pero no se conceptualiza la denominación de abuso sexual.
"Buscamos que el abuso sexual sea un delito grave sancionado en todas las entidades de la República. La Presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando cuando hay una denuncia", añadió.
Con la homologación del tipo penal de “abuso sexual” como un delito grave en todo el país, se busca lo siguiente:
  • Criterios iguales en todo el país del tipo penal y sus sanciones.
  • Que todas las entidades federativas lo consideren delito grave.
  • Incorporar los mayores estándares de protección (imprescriptibilidad, pérdida de la patria potestad, agravantes cuando se trate de personas servidoras públicas, reparación integral y otras).
  • Se analiza la forma en que la denuncia sea mucho más ágil.
“Queremos decirle a todas las mujeres, que no están solas, que cuando vivan un tipo de violencia hay que denunciarlo, hay una Presidenta que las cuida", subrayó Citlalli Hernández.
Para lograr dichos objetivos, la Secretaria de las Mujeres adelantó que se reunirá el próximo 13 de noviembre con el Congreso de la Unión y los 32 poderes legislativos del país para impulsar las reformas correspondientes.


Además, se realizará una campaña de promoción de la denuncia para que las mujeres conozcan sus derechos y rutas de atención ante cualquier tipo de violencia. También se fortalecerán los protocolos de atención y canalización de los casos de acoso y abuso sexual recibidos a través del número 079, opción 1, la Línea de las Mujeres.
“Hacerle un llamado a los hombres: que piensen esas conductas, actitudes, que son parte de estas expresiones que se han normalizado”, afirmó Hernández, al sostener que la responsabilidad de construir un país libre de violencia hacia las mujeres es compartida.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a una mujer en la Álvaro Obregón; es el tercer feminicidio en 10 días en la CDMX

Autoridades hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40.

Una mujer fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde fue encontrada con heridas en el cuello y las manos.  

Se trata del tercer feminicidio, que reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un periodo de 10 días en la capital mexicana.

La dependencia informó en un comunicado, el viernes 31 de octubre, que el presunto feminicida, un hombre de 42 años, fue detenido por uniformados tras intentar herirse con un cuchillo cuando ingresaron al inmueble. 

También relató que los operadores del C2 Poniente recibieron una llamada de auxilio por un posible caso de violencia familiar en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos. Una vecina reportó haber escuchado gritos, por lo que policías y bomberos ingresaron al domicilio.  

En una de las habitaciones hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40. 

Tercer feminicidio en 10 días

El caso se da apenas cuatro días después del feminicidio de Amanda Castro Rossab, de 22 años, asesinada en plena vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.  

El 27 de octubre, la joven fue atacada por un hombre que vestía una túnica negra, en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre, después de haber sido reportada como desaparecida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, el 23 de octubre. 

El 20 de octubre, otra mujer fue asesinada a tiros en la colonia Tlalpan Centro, frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo. Testigos reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego. 

En menos de dos semanas, tres mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de la Ciudad de México: Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Los crímenes ocurrieron en espacios públicos y domésticos, con armas blancas y de fuego. 

Lo anterior contrasta con la presentación del informe mensual de seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el pasado 16 de octubre afirmó que los feminicidios en la capital habían disminuido 35%, y destacó que la Ciudad de México “se consolida como una de las urbes más seguras para las mujeres”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

En un solo día, dos mujeres fueron asesinadas en Temixco y Anenecuilco, Morelos

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial.

En un solo día, dos mujeres fueron localizadas sin vida en los municipios de Temixco y Anenecuilco, en Morelos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos casos se investigan bajo el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio. 

El primer caso ocurrió en Temixco, municipio ubicado a poco más de 13 kilómetros de Cuernavaca, gobernado por Israel Piña, del Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género; van cuatro feminicidios en octubre

Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) por el alto índice de agresiones contra las mujeres y ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos, con 53 casos de enero a septiembre de 2025. 

Una mujer fue asesinada este domingo en el municipio de Jiutepec. Con este caso, suman ya cuatro feminicidios en esta municipalidad en lo que va del mes. Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Este municipio forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y actualmente es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien asumió la presidencia municipal por el partido Acción Nacional (PAN) en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Desde agosto de 2015, Jiutepec es uno de los ocho municipios donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido a los altos índices de violencia y feminicidios que ocurren en estas localidades.  

Sin embargo, hasta el momento, lejos de disminuir la violencia, esta ha aumentado, ya que ninguna autoridad —municipal, estatal o federal— ha cumplido plenamente con las medidas que establece la AVG. Por ello, la situación de riesgo para las mujeres en Jiutepec continúa vigente. 

Este domingo, 26 de octubre, una mujer fue asesinada a balazos a plena luz del día en una zona transitada de la colonia Progreso. 

Según los reportes, vecinos de la calle Emiliano Zapata, cerca del campo deportivo Vicente Alcántar, escucharon detonaciones y dieron aviso a las autoridades. 

Elementos policiacos y paramédicos acudieron al lugar, donde encontraron a la mujer sobre el pavimento con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. 

Vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, y los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. 

La zona fue asegurada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y se desconocen los agresores y el móvil del crimen. 

Martes 21 de octubre

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida dentro de una vivienda en la colonia Calera Chica. Vecinos de la calle Ignacio Alanís reportaron el ataque alrededor de las 19:10 horas. La policía encontró a las víctimas con heridas de bala; los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital. 

Jueves 16 de octubre

Durante la madrugada, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Otilio Montaño. El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 horas sobre la calle Francisco Villa. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y encontrar a la víctima tirada en la vía pública. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. 

Viernes 4 de octubre

Una pareja fue atacada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Campanario. La mujer perdió la vida y el hombre resultó herido. Testigos señalaron que dos sujetos armados salieron del inmueble y huyeron en motocicleta con dirección a la colonia Maravillas. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los cuatro casos investiga la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

Hasta el momento, no hay detenidos y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. 

En lo que va del mes de octubre se contabilizan, además, 10 homicidios dolosos. 

Hay que recordar que Jiutepec ocupa el quinto lugar en el delito de homicidio doloso, con 53 casos de enero a septiembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Impunidad en la FGR: congelan caso de acoso y premian a denunciado

Pese a las órdenes de un juez, la FEVIMTRA archivó la investigación por hostigamiento sexual contra un exjefe policial. Mientras la víctima exige justicia, el funcionario fue ascendido a un cargo en Chiapas.

Edgar Gerardo Aguilar Quintana, exjefe de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, fue denunciado desde hace dos años por hostigamiento sexual y discriminación, pero la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) sólo inició su investigación por el segundo delito.

Este es el segundo caso en el que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) es denunciado por acoso sexual y la FEVIMTRA decide no proceder penalmente en su contra.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales EMB, Aguilar Quintana le envió mensajes vía WhatsApp en los que le hacía insinuaciones sexuales.

Al no obtener respuesta accesible por parte de su subalterna, quien ocupa el puesto de oficial investigadora, ella afirma que fue “congelada” para no poder crecer laboralmente dentro de la institución.

Cuando EMB acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia, éste intentó justificar al entonces funcionario federal comentando que probablemente se encontraba en estado de ebriedad y que, por eso, después le ofreció disculpas.

Ella presentó testigos, datos de prueba, solicitó diversos actos de investigación y hasta denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) las omisiones de la FEVIMTRA.

En septiembre de 2024 solicitó una audiencia ante un juez de control para debatir sobre las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación y obtuvo un fallo favorable.

El juez ordenó ampliar las líneas de investigación a hostigamiento sexual y no ceñirse a la discriminación, pues consideró que ésta fue consecuencia del hostigamiento.

También ordenó implementar medidas de protección para la víctima.

Sin embargo, para marzo último la FEVIMTRA decidió no ejercer acción penal, determinación que fue impugnada por Karina y calificada de ilegal por la juez que resolvió esa impugnación.

La juzgadora ordenó reabrir la investigación y realizarla con perspectiva de género por ambos delitos.

Pese a ello, el funcionario fue designado como “suplente para el despacho y resoluciones de los asuntos asignados a la Jefatura de la Policía Federal en el estado de Chiapas” por lo que, al sentirse vulnerable nuevamente, el 23 de julio de este año EMB presentó un escrito ante el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, con copia para el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta alguna.

Proceso tuvo acceso a la tarjeta informativa en la que EMB reprochó el nombramiento en favor de su agresor y lo señaló de intentar intimidar a sus testigos, que en su mayoría son mujeres.

“Promover a un puesto de mando a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ha vulnerado los derechos humanos y laborales de terceros, ha intimidado en aras del desistimiento de la denuncia en su contra y actuado en total desapego a los principios que nos rigen como personal adscrito a la Fiscalía General de la República, da muestra de la asimetría laboral que existe entre hombres y mujeres y que predomina al interior de la Policía Federal Ministerial, a su vez, implica la normalización de la violencia de género en el ámbito policial y transgrede mis derechos como víctima –señaló EMB en su escrito–”.

También acudió a la Secretaría de las Mujeres donde fue canalizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) donde ingresó una queja.

Sin embargo, en el Consejo le recomendaron acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las irregularidades de la FEVIMTRA.

La víctima pidió un tamizaje de riesgo para ajustar las medidas de protección que solicitó desde el inicio, pero la MP encargada del caso consideró que no existe riesgo “real y latente” para ella, pese a que el investigado tiene acceso a armas, poder económico y político.

Tendencia en la FGR

Esa no es la primera vez que una trabajadora de la Fiscalía General denuncia a un superior jerárquico por acoso sexual sin que el Ministerio Público federal proceda en su contra.

El 9 de mayo último Proceso dio a conocer el caso de Ana “N”, quien desde noviembre de 2017 intentó denunciar, sin éxito, al delegado de la FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2019 que la FEVIMTRA aceptó iniciar una carpeta de investigación contra Rivera Cisneros, pero en septiembre de ese año el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada por una juez de control el 5 de noviembre de 2019, quien destacó que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor, y que la FGR actuó con parcialidad durante la investigación ocasionando revictimización.

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) por tratarse de un servidor público en activo, pero cuatro años después nuevamente el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control que consideró que el Ministerio Público fue omiso al no designar a Ana un asesor jurídico, pese a que le fue solicitado en diversas ocasiones.

La FEAI judicializó el caso por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación. Sin embargo, el 25 de agosto último el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros.

El 28 de agosto siguiente la FEAI, Ana e incluso su esposo, como víctima indirecta, presentaron un recurso de apelación contra esta decisión, misma que se prevé sea resuelta en los próximos meses.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Matan a maestra de bachilleres en Oaxaca; el caso estaría relacionado con una calificación, dice la fiscalía estatal

La Fiscalía General de Oaxaca señaló que tiene identificado a un alumno por su presunta participación en el caso del asesinato de la docente y psicóloga Fabiola Ortiz Medina.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que el asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina, del Colegio de Bachilleres de Putla Villa de Guerrero, ocurrido el pasado 15 de octubre, estaría presuntamente relacionado con un alumno, que ya se encuentra identificado, y el tema de una calificación.

“Es un hecho muy desafortunado lo ocurrido en esta región de nuestro estado. Estamos muy avanzados en términos de la investigación, hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con problema al interior de la propia institución académica con un alumno de la maestra”, señaló el fiscal Bernardo Rodríguez.

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Sutcobao) llamó en una publicación en redes sociales a los tres órdenes de gobierno a esclarecer el “artero asesinato” de la docente.

“Nos solidarizamos con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la Lic. Fabiola Ortiz Medina, quien en vida ejerció la actividad docente en el Pl 06 Putla de Guerrero”.

“Nos sumamos a las voces que piden a los tres órdenes de gobierno, la exigencia de esclarecimiento para que su artero asesinato no quede impune”, publicó el sindicato.


Despiden alumnos a docente

El pasado viernes, la docente fue despedida en un homenaje de cuerpo presente por alumnos y autoridades del plantel del Colegio de Bachilleres en Putla Villa de Guerrero, antes de ser sepultada.

Los estudiantes destacaron la trayectoria de la maestra Fabiola Ortiz Medina y expresaron su agradecimiento y condolencias a sus familiares.

“Me uno a las voces de exigencia de justicia: faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos“, publicó Verónica Hernández, directora general de Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

El 18 de julio, la maestra Irma Hernández Cruz fue privada de la libertad por un grupo de sujetos armados que la interceptó frente al Mercado Municipal en Álamo Temapache en Veracruz.

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista, murió por tortura luego de ser privada de la libertad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ángela Gabriela desapareció en Aguascalientes y fue hallada asesinada en Querétaro

El cuerpo de la adolescente fue localizado en un domicilio de la localidad de Fuentezuelas, al interior de un tambo que fue incendiado. El presunto responsable estaba en compañía de su esposa y al verse sorprendido por las autoridades decidió darse un balazo en la cabeza.

Ángela Gabriela Muñoz Téllez, una adolescente de 15 años que desapareció el pasado primero de octubre tras abordar un automóvil en la zona centro de la capital de Aguascalientes, fue encontrada sin vida en el municipio de Tequisquiapan, estado de Querétaro. Su raptor, un hombre de 33 años, identificado como Miguel Ángel “N”, se quitó la vida cuando fue sorprendido por las autoridades de aquella entidad. 

La familia de la adolescente había realizado diversas manifestaciones para exigir a las autoridades su localización. Su madre, Ivonne Téllez, acusó a elementos de la fiscalía local de que durante la investigación afirmaron que la menor se había ido “por decisión propia”, revictimizándola, luego la fiscalía pidió disculpas públicas por esa afirmación.

“Ante la falta de respuesta y de acciones concretas por parte de las autoridades, su familia se manifestó el 8 de octubre en Palacio Municipal, denunciando que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes aseguró que se había ido por su voluntad con un hombre mayor que ella, retrasando con esto la activación del Protocolo Alba, y evidenciando el nulo compromiso del alto funcionariado de nuestra entidad para la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para todas las y los operadores de las instituciones. (...) No basta con ninguna disculpa pública de ningún funcionario; su misoginia, inoperancia y omisiones normalizan y sostienen la cultura pedófila y feminicida en nuestro estado”, señalaron integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompañan casos de violencia contra las mujeres y desaparición de personas. 

De acuerdo con información dada a conocer por las autoridades ministeriales, “se identificó y localizó al presunto responsable que, mediante engaños en redes sociales, enamoró y convenció a Ángela Gabriela de irse con él al estado de Querétaro”. El viaje ocurrió en un vehículo con placas de Guanajuato que, aunque las autoridades tenían detectado, no lograron evitar que saliera de la entidad con la adolescente a bordo. 

“A partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas. La madre de la menor proporcionó un número telefónico hallado entre las pertenencias de Ángela, lo que permitió localizar al sujeto en Querétaro”, señala un comunicado de la fiscalía.  

Según información interna de la dependencia, el responsable tiene carpetas de investigación por el delito de trata abiertas en Aguascalientes. Y de acuerdo con el fiscal local, Manuel Alonso García, se promocionaba en redes sociales como maestro particular de arte; y aunque tenía su domicilio en Querétaro, viajaba entre diferentes estados de la región, como Aguascalientes. 

El cuerpo de la adolescente fue localizado en un domicilio de la localidad de Fuentezuelas, al interior de un tambo que fue incendiado. El presunto responsable estaba en compañía de su esposa y al verse sorprendido por las autoridades decidió darse un balazo en la cabeza. 

“Deseamos señalar que el acceso a la justicia y a la verdad para Ángela y su familia también involucra que se realice la confronta genética de manera adecuada y se garantice el levantamiento de todos los indicios que ayuden a la integración de la carpeta de investigación por feminicidio, así como el cuidado de la información, lo que incluye fotografías y detalles de la localización sin vida de Ángela, cuidando la no revictimización de ella y su familia”, agregaron las integrantes del OVSGA.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Exigen justicia por militar fallecida en cuartel de la GN; había denunciado acoso sexual

Stephany Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional en Acapulco, falleció dentro del cuartel donde trabajaba. Denunció acoso y amenazas por parte de sus propios compañeros.

Stephany Carmona Rojas, originaria de Ajalpan, Puebla, fue encontrada muerta dentro del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero.

La joven de 19 años había denunciado acoso y amenazas por parte de compañeros de la misma corporación, incluso advirtiendo que podría ser arrestada si persistía en su denuncia.

Según la versión oficial, la causa de la muerte ocurrió durante una práctica de tiro, pero sus padres desmienten esta afirmación y denuncian un posible encubrimiento. La familia clama justicia y que el caso no quede impune.

Stephany relató a una amiga, en conversaciones por Messenger, el hostigamiento que vivía dentro de la Guardia Nacional. Poco después, fue presuntamente asesinada con dos disparos en la cabeza dentro del cuartel.

El presunto homicida es Yair Manuel “N”, segundo sargento de la misma corporación, quien hasta ahora se encuentra prófugo.

En una conversación compartida entre elementos de la Guardia Nacional señala:
“Hay que localizar a esta persona y detenerla. Está prófugo, acaba de lesionar a alguien, búsquenlo y donde lo vean, deténganlo e informen de inmediato, por ser presunto responsable del delito de lesiones.”
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento oficial. Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan exigió justicia, respaldando la exigencia de la familia para que se investigue el caso a fondo.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor.

Una mujer resultó ayer con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo tras ser atacada por dos hombres que ingresaron a su domicilio, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, en la colonia Defensores de la República, Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle Norte 1, donde se reportó un incendio y una mujer gravemente lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor, quien posteriormente continuó su camino.
La SSC informó que también se realizó una entrevista en un hotel de la zona, donde, según los primeros reportes, había dos personas con quemaduras, aunque no fueron localizadas.

El propietario del inmueble, según detalló la autoridad capitalina, fue orientado a presentar su denuncia formal, y los hechos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.