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Conflicto sindical en el IMSS: Si juntan 316 mil votos, renuncio: Rafael Olivos

El secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, condiciona su renuncia a que dos tercios de los 475 mil trabajadores soliciten un congreso extraordinario. En entrevista, rechaza represalias, exige pruebas de faltas graves y atribuye las protestas del IMSS a un tema político y de sectores empresariales molestos

Con más de dos semanas de protestas en las calles de miles de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, entre otras demandas, exigen su salida de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández es claro: si se reúnen las dos terceras partes de los 475 mil trabajadores para llamar a un congreso nacional extraordinario y hacer la solicitud como lo marca el Estatuto, “la verdad es que ahí sí renuncio”.

En entrevista con Proceso, el líder sindical defiende su permanencia al frente de uno de los sindicatos más grandes e importantes del país, cuestiona la representatividad de quienes piden su cabeza y niega represalias en su contra; además, reta a comprobar alguna falta grave contra los trabajadores y acusa politización desde diferentes frentes para dañarlo no sólo a él, sino al IMSS y al mismo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para Rafael Olivos la ola de protestas recientes de trabajadores del IMSS se debe, principalmente, a un tema político. “Estamos en una etapa ya muy electoral en el país. Nosotros como sindicato hemos sido, a lo largo de nuestra historia, un sindicato que, dado las características de la institución, tiene que negociar con el partido que esté en el gobierno”. Durante años fue el PRI, dos periodos el PAN, regresó el PRI y van dos periodos con Morena, cuenta.

“Un sindicato de 475 mil personas en una institución que atiende a 77 millones de derechohabientes puede considerarse siempre un espacio para polarizar, para polemizar. No descarto que haya una situación política de estos intereses”. Y recuerda cómo fue corrido a gritos el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, el miércoles 21, cuando fue al plantón que trabajadores tienen en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma.

Agrega que hay un “grupo de jubilados muy inconformes” porque desde 2015 no les han devuelto el fondo de cesantía y vejez que aparece en las Afores y que quieren recuperar ese monto que, en muchos de los casos, suma hasta 800 mil pesos. Por otro lado, sigue, está un grupo generacional que ingresó al IMSS a partir de 2008 y que, por las reformas a la Ley del Seguro Social lo tuvieron que hacer por vía de cuentas individuales. “Esos dos focos inciden de manera importante en esta rebeldía, en este muy justo anhelo de tener una forma diferente de retiro y lo manifiestan en sus expresiones de regreso en el RJP (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), una pensión digna”.

Resalta: “Somos la primera dirigencia en la historia de este sindicato, de 2008 para acá, que ha construido un mecanismo complementario para el retiro de nuestros compañeros. Es el mejor modelo de retiro para los trabajadores de este país porque tenemos 15% de aportación del trabajador para 2030, 15% de aportación de cuota obrero patronal y 5% de cuando se concluye en 2028. Es decir, habrá 35% de aportación para las cuentas de retiro de los trabajadores”.

Aclara que la descalificación en su contra no comenzó tanto por el 6.8% de aumento salarial global, sino por la idea de que “ahora le están dando dinero a las Afores”. Eso, dice, “es una rotunda falsedad” y acusa que “se politiza la buena intención de seguir mejorando el retiro de los compañeros”. También reconoce que no ha sido bien recibida la explicación “sobre la inviabilidad financiera de recuperar un régimen de jubilación y beneficios y pensiones”. Y advierte que esa situación “atizó la llama”. Asegura que, en la más reciente revisión salarial, “la queja no era tanto el monto del incremento, sino que se había regalado dinero a las Afores”.

Luego, sin decir nombres, señala: “Se sumaron otros compañeros que ya habían politizado en otras épocas del instituto... fueron candidatos de otros partidos políticos. Y no es el propósito descalificar, sólo una referencia clara de cómo se han movido algunos de nuestros compañeros que están haciendo mucha presencia física en estas manifestaciones”.

Inercia y compras consolidadas

Aunque lo menciona sólo de paso, Rafael Olivos dice que a este escenario politizado se suma una “inercia de 44 años de falta de inversión” en el IMSS y de desajustes con proveedores de insumos y medicamentos. “El IMSS tenía un buen proceso de licitación de estas compras consolidadas que funcionó bien, con sus asegunes seguramente, yo no puedo juzgarlo, hasta 2018. Teníamos un buen ritmo. Había carencias, pero muchas se daban porque no había proveedores para una licitación o porque los proveedores incumplían”.

El líder sindical recuerda que el instituto dejó de manejar compras consolidadas y pasó un proceso que incluyó a la Oficialía Mayor de Hacienda, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora a Birmex, “pero siguen teniendo problemas de cumplimiento y proveeduría. No es un tema de pago, no es que no haya dinero para pagar, sino que se licita y los proveedores, la industria, a veces no cumple” y eso repercute en la dotación de insumos y de productos para los centros de trabajo.

Aunque tampoco menciona nombres, dice que debido a los cambios que ha hecho en el sindicato, puede haber algunos proveedores institucionales “molestos” porque los han denunciado por incumplimiento. Incluso, desliza la idea de que sectores privados como el de la construcción se han visto afectados porque desde el sexenio anterior la edificación de hospitales se le dio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dejaron de ser los “favoritos” para hacer obra pública.

Y suelta: “Todo lo que suceda en el IMSS se politiza, no solamente nuestra presencia, sino lo que pueda afectar a la institución, alguien por fuera va a obtener beneficio. No es la afectación directa, pero todo lo que genere ruido trastoca el funcionamiento, le afecta una parte del sindicato, pero también afecta a los funcionarios de la institución y también directa o indirectamente afecta al gobierno de la República”.

“Estoy más que limpio”

Rafael Olivos se dice “limpio” de cualquier falta grave que amerite renunciar a la secretaría general del SNTSS. Y ante la solicitud de su renuncia o destitución se remite al estatuto sindical y a la Ley Federal del Trabajo.

“Si alguien tiene alguna evidencia, que solicite la investigación. Si se comprueba, todos los trabajadores, los 475 mil estamos en la misma tesitura. Todos somos investigables y todos somos sancionables si cometemos una falta”.

Presume: “Nosotros nos hemos distinguido por ser una dirigencia no permisiva, pero sí muy tolerante. En nuestros dos años de gestión tenemos un solo trabajador sancionado por un tema ajeno al tema político y sindical. Fue por un tema personal entre dos compañeros. Nosotros no vamos a sancionar, hay libertad de expresión”.

Insiste: “No sé cuál es la queja, el motivo de la inconformidad con nuestra dirigencia. Y si yo tengo una falta, que se investigue”. Menciona que, de haber algún señalamiento, tiene derecho al debido proceso.

—¿Entonces en los dos los años que lleva al frente del Sindicato, no hay ninguna queja, ninguna solicitud de investigación o prueba que diga ‘lo queremos sacar por esto’?

—No. Nada. Absolutamente

—¿Usted está limpio?

—Estoy más que limpio. Bueno, lo limpio que puedo estar ¿no? Es decir, si no me baño, pues no estoy limpio. Digo, es una broma.

Y asegura que “yo no he tocado un solo centavo, no toco dinero de las cuotas sindicales”.

En la entrevista se le reitera que representantes de los trabajadores disidentes han dicho que el aumento salarial del 8% global anunciado esta semana “se puede negociar”, pero las exigencias inamovibles son su salida del SNTSS y de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y la realización de un congreso nacional extraordinario. Ante ello, el líder defiende que fue electo por “voto directo, secreto, personal y pacífico”, igual que los 37 comités ejecutivos seccionales y los 84 integrantes del CEN.

“Fuimos electos y nuestro periodo inició el 16 de octubre de 2024 y concluye el 15 de octubre del 2030. Mi pretensión por supuesto es concluirlo. Y no es un capricho, sino porque me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Puedo presumir que tenemos un trabajo financiero muy eficiente. Somos la dirigencia nacional que más recursos ha acumulado en sus primeros dos años de gestión”.

Y destaca algunas acciones: inversión en el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas en pro de la salud mental de los trabajadores, remodelación de módulos, creación de la Comisión Nacional Mixta de Revisión de Plantillas y el logro de “más de 100 mil plazas”, digitalización de procesos, optimización del uso de créditos y creación de grupos de atención de temas prioritarios; entre otros.

Tras una larga explicación de sus acciones, regresa a quienes quieren verlo fuera del sindicato: “Si en algo me equivoqué, que lo documenten, que lo demuestren y no me tienen que mandar un congreso ordinario, extraordinario, me destituyen y asunto resuelto. Que yo renuncie sería como reconocer que estoy haciendo las cosas mal”.

Insiste: “Que yo renuncie no está en mis planes, no está en mi pensamiento, nunca lo ha estado. Tengo edad para haberme jubilado hace seis años, pero tengo una ilusión que me parece muy legítima: seguir evolucionando este sindicato, seguirlo modernizando, que fue un llamado que hizo la presidenta”.

Se le recuerda que los disidentes ya llamaron a una asamblea para elegir a sus representantes con miras a realizar un congreso extraordinario donde se vote su destitución. Entonces Olivos Hernández reta a que se cumpla el estatuto y la Ley Federal del Trabajo:

“Un primer requisito legal es que nosotros todavía no recibimos la solicitud del 33% de los compañeros pidiéndonos un congreso extraordinario. Todo ha sido en las calles, en los medios. Recibimos un documento de Durango que tiene alrededor de 40 a 50 firmas. Eso es todo lo que tenemos hasta este momento”.

De recibir el documento, sigue, “tienen que estar presentes dos terceras partes de la plantilla. Necesitaríamos reunir a 316 mil trabajadores para que ese congreso fuese legal y válido. Si lo consiguen, la verdad es que, pues ahí sí renuncio… ya para qué, ante la evidencia, pues es más que natural que la inmensa mayoría de los compañeros no está de acuerdo. Pero yo no estoy viendo eso”.

Y cuestiona el número de trabajadores en las marchas y bloqueos: “Yo todavía no veo esa expresión contundente de dos tercios de los trabajadores acudiendo a un congreso nacional, todavía no veo a 150 mil trabajadores firmando para solicitar un congreso, que eso sería lo legal en términos de la Ley Federal del Trabajo”. Suelta: “Si ellos consiguen hacer eso, pues mi reconocimiento y entonces ameritaría un debate más amplio”.

Recuerda que ya hubo un comité de diálogo con la mediación de la Secretaría de Gobernación, pero “los compañeros se levantaron de la mesa”.

Rechaza acusaciones de la base trabajadora

Cuidadoso con sus aseveraciones, Rafael Olivos cuestiona sobre quienes exigen su salida: “¿Quién financia estos grupos?, ¿cómo alguien viaja de sus estados con camiones que cuestan 90, 100, 130 mil pesos? Y les dicen, ‘súbete gratis y te llevamos’. Alguien está financiando, eso no lo puedo saber, me gustaría, pero no puedo. Sin embargo, es evidente que hay un financiamiento de redes sociales, de transporte, de manutención”.

Otro de los señalamientos en las manifestaciones es su presunta cercanía con Morena, el partido en el poder. A ello responde: “Soy diputado suplente de Morena, no soy militante. Sí, hemos hecho trabajo con ellos, yo no estoy afiliado”.

En la calle, algunos trabajadores han cuestionado su participación en la Afore XXI Banorte y un presunto conflicto de interés. Él contesta: “Se falta a la verdad. El estatuto señala que el sindicato ocupará un lugar en el Consejo de Administración de la Afore XXI y que buscará espacios en otros consejos de administración de diferentes Afores”, con la intención de “vigilar que las inversiones de los trabajadores fuesen acordes a las inversiones del resto del país, que no hubiese desvío de recursos y que los rendimientos permitieran un mejor retiro para nuestros compañeros”. Afirma que no percibe “un solo centavo” por esa pertenencia.

Sobre la acusación de que ya no representa los intereses de los trabajadores, recuerda que el sindicato tiene una “estructura piramidal” y que el cargo que tiene es por voto democrático. Agrega que quienes cuestionan que no fueron incluidos en la mesa de negociación del aumento salarial con el IMSS primero debieron haber ido con sus secretarios seccionales a solicitar información, rendimiento de cuentas y aclarar dudas.

“La representación legal, con todo respeto, no la tienen ellos. No digo que no sea democrático lo que ellos hacen, pero no tienen esta legalidad estatutaria que el resto sí”.

—Los trabajadores acusan que ya hay represalias por manifestarse.

—No se limita la libertad de expresión, pero que alguien diga ‘Ya me voy a la marcha y firman mi salida para que me vaya a una marcha’ ¿Y quién atiende a los pacientes que yo dejo? No, no, no. Insisto, si a alguien le niegan un pase para irse a la marcha porque tiene pacientes esperando, eso no puede ser una represalia. No me pueden impedir, salgo de mi servicio, salgo del hospital y soy libre. Y afuera del hospital no hay nadie diciéndole ‘no vayas a la marcha’. Eso es falso.

—¿Quienes representan a trabajadores en los plantones y marchas corren el riesgo de perder sus derechos sindicales?

—No, por parte de nosotros no. No vamos a sancionar a nadie porque se exprese libremente. Eso lo he dicho públicamente, está en el estatuto.

Olivos Hernández niega la “Ley Mordaza” que acusan los trabajadores. “Ningún trabajador podrá ser molestado o sancionado por expresar libremente sus opiniones, por hacer críticas, por hacer propuestas”, dice y vuelve a acusar: “Desafortunadamente hay gente que falta a la verdad”.

Sobre las denuncias de que a los trabajadores se les obliga a firmar documentos que anuncian una pre-huelga, aclara que sólo se trata de una “actualización de los comités de huelga” como parte del proceso que lleva el sindicato. Y sobre los señalamientos de falta de transparencia en el manejo de recursos del sindicato, responde: “Cada semestre se hace un informe público a los congresistas y todo el mundo graba y se transmiten en vivo los informes del secretario tesorero. Y también informamos de la caja de ahorro más robusta que existe en este planeta. Ningún sindicato en este planeta tiene una caja de ahorro como la que tiene el sindicato del Seguro Social”.

Trabajadores del IMSS exigen 10 por ciento de aumento y salida de líder sindical

La disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) exigió el 16 de octubre de 2026 un aumento de 10 por ciento directo al salario tabular y la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos Hernández, luego de ganar la consulta en la que los trabajadores rechazaron el incremento de 6.8 por ciento propuesto por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por la dirigencia sindical.

El grupo inconforme demandó que el aumento se aplique sin considerar prestaciones y anunció nuevas movilizaciones para conseguirlo. También pidió que se convoque a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar la destitución de Olivos Hernández y de los integrantes de su equipo.

“Estamos parados en una exigencia, el 10 por ciento al salario tabular porque las nuevas generaciones no tienen un régimen de jubilaciones y sus pensiones van a ser calculadas con el sueldo tabular”, dijo al periódico Reforma, Vinicio Martínez, representante de los jubilados y líder del grupo.

La disidencia adelantó que las protestas continuarán porque el Gobierno Federal no ha respondido al resto de su pliego petitorio, que incluye la dotación de insumos y equipo médico y la ampliación del personal en clínicas y hospitales.

“Brincamos un obstáculo que se nos impuso, pero es uno de nuestros puntos del pliego petitorio; las movilizaciones y plantones van a continuar pues no tenemos una respuesta a las peticiones. Además, necesitamos una real representación sindical”, manifestó al periódico Reforma, Zuiry Hernández, asistente médica en el Hospital General 8 “Dr. Gilberto Flores”. “Y no vamos a dejar de movilizarnos hasta que ruede la cabeza de Rafael Olivos y retomemos la organización de nuestro sindicato”, advirtió.

El 15 de octubre de 2026, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, y Olivos Hernández instalaron una mesa de trabajo para evaluar una nueva propuesta de incremento salarial. “Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, planteó Robledo Aburto.

El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que, tras los resultados de la consulta, deben reabrirse las negociaciones. “El director del IMSS tiene que buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta”, manifestó la mandataria nacional.

En paralelo, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicitó mil millones de pesos adicionales para el IMSS en 2027, destinados a mejorar las prestaciones de su personal. La solicitud se aprobó con 23 votos a favor y tres en contra en la Comisión que preside el morenista Arturo Olivares Cerda, exsecretario del SNTSS.

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé una asignación al IMSS superior a 1.8 billones de pesos, equivalente a un incremento real de 9.8 por ciento respecto a 2026. La mesa instalada entre el instituto y la dirigencia sindical evaluará la nueva propuesta salarial.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/trabajadores-del-imss-exigen-10-por-ciento-de-aumento-y-salida-de-lider-sindical/

El SNTSS reconoce la derrota en urnas y exigirá al IMSS una nueva oferta salarial

La base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tumbó la propuesta de incremento salarial del 2.9% para 2026. En una jornada de votación sin precedentes que movilizó a casi 300 mil empleados en todo el país, el rechazo masivo en las urnas frenó el acuerdo preconcebido entre las autoridades del instituto y la cúpula gremial, obligando a redefinir el rumbo de la negociación colectiva.

EL SNTSS RECONOCE LA DERROTA EN URNAS Y BUSCARÁ REABRIR EL DIÁLOGO

Ante la irrebatible tendencia registrada en los centros médicos de todo el país, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) admitió la derrota de la propuesta. Su secretario general, Rafael Olivos Hernández, confirmó que acatarán el veredicto del personal de salud y solicitarán de inmediato la reinstalación de la mesa de negociación con el IMSS para gestionar una mejora salarial sustancial.

“RESPETAMOS ESA DECISIÓN”: RAFAEL OLIVOS TRAS EL RECHAZO DE LAS BASES

“Los resultados son claros. La mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y, quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión”, declaró Rafael Olivos en un mensaje dirigido a los agremiados.

El dirigente argumentó que, si bien el paquete rechazado surgió de las pláticas previas con el IMSS y contó con el aval del Congreso Nacional del Sindicato, la cúpula consideró indispensable someter el ofrecimiento al arbitrio directo de la plantilla laboral para conocer su postura real.

TENDENCIA CONTUNDENTE EN LOS HOSPITALES DEL PAÍS

El cómputo de actas en las 670 casillas instaladas reflejó desde las primeras horas una distancia abismal entre el “no” y el “sí”. En unidades médicas clave de la capital como el Hospital General de Zona de Troncoso, el conteo preliminar arrojó 1,260 votos en contra y apenas 64 a favor, mientras que en el HGZ Número 15 la votación cerró con 690 en contra por 31 a favor.

ALTA PARTICIPACIÓN SUPERVISADA POR AUTORIDADES LABORALES

De acuerdo con reportes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), en el proceso participaron más de 282 mil empleados, lo que representó cerca del 60% del padrón total de 475 mil trabajadores convocados. La dependencia confirmó que el ejercicio democrático se desarrolló con normalidad institucional en toda la República.

LAS DEMANDAS DETRÁS DEL VOTO EN CONTRA

La insatisfacción de los trabajadores estalló tras el anuncio de un paquete global de 6.8% (2.9% directo al tabulador y 3.9% en prestaciones), el cual calificaron de insuficiente frente a la inflación. La exigencia central de las bases disidentes se mantiene en un incremento mínimo del 10% directo al sueldo base.

DÉFICIT DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS DISPARAN LAS PROTESTAS

A la exigencia salarial se sumaron reclamos históricos sobre las deficientes condiciones operativas en las clínicas: falta de personal, desabasto crónico de medicamentos, infraestructura deteriorada y la defensa del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. La tensión provocó movilizaciones en varios estados y bloqueos viales en la Ciudad de México, donde sectores de la disidencia exigieron incluso la renuncia del dirigente sindical.

SHEINBAUM SEÑALA OPORTUNISMO POLÍTICO PERO PIDE ATENDER RECLAMOS

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la escala y el trasfondo de algunas manifestaciones públicas al mostrar tomas aéreas de las protestas en la capital.

“Esa es la manifestación, para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron. Eso es lo primero”, apuntó la mandataria.

“Es muy oportunista, la verdad, por decir lo menos, muy oportunista”, añadió al señalar la intromisión de actores políticos ajenos al IMSS.

No obstante, la presidenta admitió las deficiencias operativas de la institución e instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, a presentar esta semana un plan de acción para resolver el desabasto de insumos y mejorar la distribución de fármacos.

ESCENARIO ABIERTO ANTE LAS NUEVAS NEGOCIACIONES

Tras la invalidación formal de la propuesta económica, el SNTSS y las autoridades del Seguro Social deberán fijar fecha para retomar las conversaciones en la mesa de negociación. Aunque Olivos no precisó el día de reinicio ni si cuentan con una contrapropuesta definida, hizo un llamado a la unidad gremial, en tanto el IMSS reiteró su compromiso de respetar la voluntad expresada de forma libre, directa y secreta por los trabajadores.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/el-sntss-reconoce-la-derrota-en-urnas-y-exigira-al-imss-una-nueva-oferta-salarial/

Trabajadores del IMSS se sienten desprotegidos y no bien representados, afirma exapoderado sindical

Ricardo Albarrán, quien hasta agosto fue apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS, señaló que la falta de comunicación con la base trabajadora agudizó la inconformidad

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sienten desprotegidos y sin una representación sindical cercana ante las dificultades que enfrentan en sus centros laborales, afirmó Ricardo Albarrán, abogado vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) desde 1977 y jubilado del IMSS desde hace una década.

Albarrán, quien hasta agosto de 2026 se desempeñó como apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS en la Ciudad de México y formó parte durante años del Comité Ejecutivo del sindicato, señaló que las actuales protestas de trabajadores deben entenderse a partir de una falta de comunicación entre la dirigencia sindical y la base trabajadora.

“Quisiera hacer un análisis porque es lo que me corresponde a mí por la experiencia vivida a través de muchos años que he servido a la Seguridad Social, de haber convivido con mis compañeros trabajadores en las diferentes instancias y que definitivamente vemos que está pasando algo que se ha dado ya en otros tiempos, la falta de comunicación con la base trabajadora”, expuso durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

De acuerdo con el abogado, los trabajadores “se han sentido desprotegidos” y consideran que no han tenido la representación que requieren en momentos difíciles. Al ser cuestionado sobre si existe sustento en ese reclamo, respondió: “En cierta manera sí”.

Explicó que algunas de las problemáticas que actualmente enfrentan los trabajadores del IMSS no son nuevas. La falta de insumos, personal, materiales y medicamentos ha formado parte de las demandas históricas del personal del instituto. Sin embargo, consideró que esas carencias se han agravado por la percepción de falta de respaldo hacia los trabajadores.

El abogado señaló que existen 35 delegaciones administrativas del IMSS encargadas de coordinar las acciones necesarias para atender las necesidades de las unidades, entre ellas la cobertura de personal e insumos. En ese sentido, sostuvo que se ha generado una situación que afecta emocionalmente a los trabajadores, quienes han enfrentado sanciones y procedimientos internos.

Sostuvo que trabajadores han sido enviados a distintas instancias institucionales después de expresar problemas relacionados con sus condiciones laborales. Mencionó entre ellas la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, la instancia disciplinaria del instituto y Relaciones Laborales, donde pueden iniciarse procedimientos que eventualmente deriven en la rescisión de la relación laboral.


Afirmó que esta situación ha generado temor entre los trabajadores y una sensación de falta de protección. “Y eso crea una psicosis, porque se sienten obviamente reprimidos, se sienten sin ninguna protección que les dé ellos la garantía, la seguridad emocional para seguir cumpliendo con sus funciones”, dijo.

El abogado defendió la preparación y experiencia del personal del Seguro Social y recordó la participación de los trabajadores durante emergencias anteriores, entre ellas el sismo de 1985 y la pandemia de COVID-19.

Recordó que durante la emergencia sanitaria hubo trabajadores del IMSS que perdieron la vida mientras atendían a pacientes y sostuvo que el personal continuó realizando sus funciones aun cuando existía temor entre otros sectores por ingresar a las áreas donde se atendía a personas contagiadas.

“Es una clase muy preparada, es una clase que se ha dedicado años para poder dar un servicio a la seguridad social, a través de los estudios académicos, a través de sus experiencias con los propios pacientes”, afirmó.

En cuanto a la marcha nacional convocada para este martes 13 de octubre, Albarrán señaló que uno de los principales puntos de inconformidad es el incremento salarial. Recordó que el salario ha sido históricamente un asunto relevante dentro de las negociaciones sindicales y sostuvo que actualmente existe inconformidad entre los trabajadores por el aumento directo de 2.9 por ciento.

Según dijo, el malestar no se limita a la cifra porcentual, sino a lo que representa en términos del ingreso efectivo de los trabajadores. “Me dicen que voy a hacer con 100 o 150 pesos a la quincena que me incrementan, simplemente ni para los pasajes y tienen razón, la vida está elevada”, relató.

Albarrán dio algunos ejemplos de los ingresos que perciben distintas categorías de trabajadores del IMSS. Señaló que un médico especialista puede ganar en promedio 45 mil pesos mensuales, mientras que en áreas técnicas el ingreso promedio puede ubicarse alrededor de los 30 mil pesos.

En el caso del personal de enfermería, indicó que existen diferentes niveles, desde auxiliares hasta jefaturas de piso y especialistas. Estimó que una enfermera o enfermero especializado puede percibir alrededor de 25 mil pesos mensuales, mientras que un auxiliar puede recibir aproximadamente 15 mil pesos.

Respecto de la falta de medicamentos, insumos y personal, sostuvo que también se trata de una problemática histórica, aunque señaló que anteriormente existían mecanismos de revisión entre el sindicato y las autoridades para identificar las necesidades de las unidades.

Señaló que se realizaban revisiones de plantillas laborales para determinar dónde hacía falta personal y también se verificaban las necesidades de insumos y equipos. Desde su perspectiva, esos mecanismos resultan relevantes para identificar las condiciones en las que trabajan las unidades.

El abogado dijo que tuvo conocimiento directo de una situación ocurrida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, particularmente en el área de Pediatría, donde trabajadores comenzaron a ser enviados a instancias disciplinarias después de manifestar dificultades para realizar determinadas tareas.

Uno de los problemas era la asignación de personal a áreas especializadas sin que necesariamente contara con la capacitación requerida para desempeñarse en ellas.

Albarrán consideró que las amenazas de sanciones derivadas de esas situaciones contribuyeron a generar una crisis emocional entre los trabajadores. También cuestionó que personal con funciones directivas o de confianza haya sido remitido a instancias disciplinarias.

“Esa amenaza trajo una crisis emocional, siento que ante todo es un problema emocional que ha tenido el trabajador”, afirmó.

Ante el escenario de protestas y movilizaciones, el abogado consideró que existe una posibilidad de solución si se retoma el diálogo y se atienden los principales reclamos de los trabajadores.“El primer paso considero que se tiene que empezar a hablar”, advirtió.

Para Albarrán, la negociación debe comenzar por el tema salarial, al considerar que fue uno de los factores que detonaron la actual inconformidad, pero también debe incluir una revisión de las plantillas laborales y de las carencias de insumos y equipo.

También destacó el papel histórico del IMSS y sostuvo que la institución ha tenido una función relevante en el desarrollo de distintas regiones del país. Recordó que durante su trayectoria recorrió unidades en entidades como Oaxaca y Michoacán, así como zonas que experimentaron procesos de crecimiento urbano alrededor de instalaciones del Seguro Social.

En ese sentido, defendió la importancia de preservar la capacidad de atención de la institución y recordó que el IMSS fue concebido como una institución tripartita, con participación de trabajadores, empresarios y gobierno.

Señaló que el Seguro Social ha atravesado distintas etapas de transformación y recordó modificaciones en la participación gubernamental durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando Carlos Salinas de Gortari se desempeñaba como secretario de Programación y Presupuesto.

El abogado ligró el reclamo sobre la representación sindical con las expresiones de inconformidad contra el dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, de quien piden su salida.

Explicó que el cuestionamiento a la dirigencia forma parte del mismo malestar de trabajadores que consideran que no han recibido el respaldo esperado.

“Es un sentir natural, porque se han sentido los trabajadores no representados por su representante sindical y esto es repercusión desgraciadamente, porque en muchas de las secciones no ha habido la capacidad de estar cerca de quien representa”, concluyó.

Líderes sindicales y crimen organizado, los vínculos expuestos por Guacamaya Leaks

Es larga la lista de los líderes sindicales, especialmente de los gremios de transporte y de la construcción, que han sido detenidos por sus vínculos con cárteles, de acuerdo con decenas de informes de inteligencia de la Sedena hackeados por Guacamaya Leaks.

La detención de Nazario Ramírez Ramírez, líder del Frente Transportista de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, Puebla y Michoacán –entre otros–, por su presunta afiliación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se suma a una larga lista de líderes sindicales vinculados al crimen organizado, especialmente de los sindicatos charros.

La CTM, organización históricamente afiliada al PRI y ahora cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un amplio historial de líderes que han enfrentado la justicia o acusaciones por crimen organizado. En diciembre de 2016, las autoridades de Tamaulipas dieron vista a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para actuar contra Ramiro Leal Barrera, el líder del Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de la CTM en Reynosa, al que identificaron como parte del Cártel del Golfo.

En 2017, Ismael Flores Cantú, entonces líder de la CTM en Nuevo León, fue investigado en Estados Unidos por extorsionar a comerciantes y transportistas, y por relacionarse con el Cártel de los Zetas; en 2019, José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM en Quintana Roo y tercer regidor de Cozumel por el PRI, fue vinculado a proceso por presunta trata de personas, y apenas en septiembre pasado libró una orden de aprehensión por el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, sobrino del entonces coordinador de la CTM en Quintana Roo.

Todavía en noviembre del año pasado, el exlíder de transportistas de la CTM en Oaxaca, Marcos Sánchez Cruz, fue atacado a balazos por un grupo armado, en un ataque que dejó cinco muertos, incluyendo las escoltas del sindicalista. El hombre había pasado cuatro años en la cárcel, acusado de cinco homicidios.

La historia del sindicalismo charro de México está llena de capítulos criminales, y sus líderes se han perpetuado en sus dirigencias a pesar de las denuncias y las investigaciones en su contra, incluyendo por delincuencia organizada. Así, Carlos Romero Deschamps, otrora todopoderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue denunciado por sindicalistas disidentes por varios delitos, incluyendo sus presuntos vínculos con los Zetas y con grupos dedicados al huachicol.

Entre los millones de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados y publicados por el colectivo Guacamaya en 2022 figuran decenas de informes de inteligencia que señalan los nexos criminales de líderes sindicales, especialmente de los gremios de transporte y de la construcción.

Entre los líderes con presuntos vínculos criminales destaca Hugo Bello Valenzo, fundador del Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México, que durante un tiempo se afilió a la CTM en la Ciudad de México antes de tronar con violencia en 2018. Según la Sedena, Bello tejió redes de influencia con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y con Jesús Valencia Guzmán, entonces jefe de la delegación Iztapalapa.

La Sedena atribuyó a Bello acciones de extorsión y amenazas para obligar empresarios a contratar a su sindicato en los sectores de la construcción, del transporte público o del transporte de gas LP, pero también en el despojo de predios y la apropiación de minas de material pétreo. El líder sindical fue detenido en agosto de 2020, y sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los vínculos criminales de líderes sindicales manchan también a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México (CATEM), la organización gremial encabezada por el influyente y polémico diputado morenista Pedro Haces Barba, que la incorporó a la estructura corporativista de la llamada Cuarta Transformación.

Varios acontecimientos de violencia extrema han dado cuenta de la batalla que han librado la CATEM, la CTM y el sindicato Libertad para controlar territorios y ganar contratos colectivos en empresas. En el estado de Oaxaca y el municipio veracruzano de Las Choapas, dirigentes de la CATEM fueron atacados a balazos –uno falleció– cuando el sindicato abrió sus delegaciones locales, en 2019.

La CATEM logró implantarse en Oaxaca, hasta que en septiembre de 2023 el gobernador morenista de la entidad, Salomón Jara, acusó a la CATEM y la CTM de cobrar derecho de piso a tortillerías, como lo hacen los grupos de la delincuencia organizada.

Afiliados de la CATEM y de Libertad se han enfrentado por el control de la central de abastos de la capital del estado, y Libertad ha acusado a un presunto líder del Cártel del Golfo, Carlos Abraham Ríos Suárez, de utilizar las siglas de la CATEM para extorsionar a transportistas.

Recientemente la CATEM fue denunciada por un grupo de empresarios de la región de la Comarca Lagunera de coludirse con grupos de la delincuencia organizada para extorsionarlos. El pasado 6 de septiembre, escasos días después de darse a conocer la denuncia, soldados de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) catearon las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango, y días más tarde el subsecretario de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, llamó a conformar un frente sindical para evitar las extorsiones y amenazas del sindicato de Pedro Haces.

En marzo de 2021, la Sedena identificó los vínculos de Jesús Ramón Ortiz Cisneros, secretario general de la Unión de Camioneros de Coatzacoalcos –organización de la CATEM– en Veracruz, con Hernán Martínez Zavaleta, el entonces líder de los Zetas en la zona Sur de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, quien había sido agente de la Policía Ministerial del Estado de México antes de dedicarse de lleno a la delincuencia organizada.

Después de ser arrestado y encarcelado una primera vez en marzo de 2021 por delitos contra la salud, ultraje a la autoridad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el líder sindical, al que el Ejército identificó como “líder transportista y empresario de la construcción, promotor del partido Fuerza por México en el sur de Veracruz, fue detenido por segunda ocasión en julio pasado por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mientras circulaba en una carretera.

Otro informe confidencial de la Sedena, también elaborado en marzo de 2021 –descubierto por el periodista Carlos Carabaña para El País–, identificó a Gilberto Antonio Luna Sánchez, expriista, transportista, líder de la CATEM en Guerrero y subsecretario de Infraestructura y Movilidad en el sindicato, como responsable de actividades ilícitas relacionadas con la construcción, especialmente de “amedrentar, amenazar, extorsionar y cobrar piso” a las empresas dedicadas a este ramo en Acapulco y parte de la Costa Chica del estado. La ficha de la Sedena lo relacionó con José Alberto Alonso Gutiérrez, entonces candidato a alcalde de Acapulco.

En noviembre de 2020, las autoridades veracruzanas detuvieron a Rodolfo Cruz Domínguez y José Arturo García Barberio, delegado y subdelegado sindical de la CATEM en Coatzacoalcos, quienes habían amenazado con una pistola a la propietaria de un depósito de cerveza.

En otro informe de inteligencia, relativo a los candidatos a cargos de elección popular del Estado de México con vínculos criminales, la Sedena también identificó a Adrián Francisco Sánchez García, aspirante a la presidencia municipal de Nicolás Bravo, como presunto líder de una banda llamada Los Julios o Los Sánchez de la que también forma parte Felipe Francisco Sánchez Santos secretario de Infraestructura y Movilidad de la CATEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Exigen anular elección y destituir al líder sindical Alejandro Martínez

Al líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio se le señala ante la Secretaría del Trabajo de falsificación de firmas, desvío de recursos y un vacío total de transparencia sobre el destino de más de 500 millones de pesos del sindicato.

La Secretaría del Trabajo recibió una solicitud para anular la elección sindical y destituir a Alejandro Martínez Araiza como líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). Detrás de la demanda hay acusaciones graves, como la falsificación de firmas, desvío de recursos y un vacío total de transparencia sobre el destino de más de 500 millones de pesos del sindicato.

De acuerdo con el expediente número 10/02788, en poder de Proceso y presentado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo, los promoventes buscan hacer valer el artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que permite convocar y organizar un recuento para elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, así como nuevas Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia.

“Se sirva declarar nulo el proceso de elección y, por ende, también del registro que se había tomado respecto de la elección del Comité Ejecutivo Nacional”, sostiene el documento presentado por cerca de 50 trabajadores y promoventes de empresas como Productos Ricolino, Tradición en Pastelerías, EFFEM México INC y Compañía, Sigma Alimentos, Barcel y Mondelez México.

Según la petición dirigida al CFCRL, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, el 14 y 15 de abril de 2025 se llevó a cabo el proceso de elección del Comité Ejecutivo Nacional y de las comisiones internas del SNAC.

Posteriormente, el 22 de mayo de 2025, el propio Centro Federal, a través del director técnico y de Apoyo Registral de la Coordinación General de Registro de Asociaciones, expidió la constancia de registro de modificación de directiva, con la cual reconoció formalmente la nueva dirigencia encabezada por Martínez Araiza.

No obstante, la solicitud de revocación sostiene inconsistencias e incluso se efectuó el delito de falsificación de firmas.

“La afectación material se da cuando usando firmas falsas de los trabajadores y en contra de su voluntad, así como un padrón electoral apócrifo, el sindicato se ostenta como legítimo”, se lee en el documento.

Además, la impugnación cuestiona que no se integró un padrón electoral confiable, pues ni siquiera se verificó el número ni la localización de las empresas en donde el SNAC tiene contratos colectivos de trabajo.

De hecho, los inconformes acusan que nunca fueron convocados a participar, ni como candidatos ni como votantes para la elección.

“No fue difundida la convocatoria en todas las empresas y fuentes de empleo, incluyendo la nuestra, en donde dicha organización es representante de los trabajadores”, detalla.

“Hay una violación directa al principio de representación legítima tutelada por el artículo 123, apartado A, fracción XXII de la Constitución en relación con los artículos 364 Bis al 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo”.

Dinero sin rastro

La solicitud presentada por los denunciantes también acusa a Martínez Araiza de mantener una opacidad total en el manejo de los recursos, lo que se suma a los señalamientos por la desaparición de 500 millones de pesos pertenecientes al sindicato.

El dinero, sostienen, desapareció sin dejar rastro, no existen comprobaciones, auditorías ni informes públicos que expliquen su destino.

De acuerdo con un documento oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, fechado el 19 de mayo, se le ha requerido a la dirigencia de Martínez Araiza presentar el acta de asamblea donde se rinda cuenta sobre la administración del patrimonio del SNAC, como lo establece la ley.

“Se exhorta a la organización sindical de mérito a dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo”, se lee en el oficio.

El artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo señala que todos los sindicatos están obligados a rendir cuentas ante la asamblea general, al menos cada seis meses, detallando el monto, destino y administración de los recursos.

Esta información, además, debe entregarse de manera física y en copia a cada trabajador afiliado, un requisito que, según los inconformes, la actual dirigencia ha ignorado deliberadamente.

Plantilla electa

La plantilla que resultó electa está encabezada por Alejandro Martínez Araiza como secretario general, Gabriel Martínez Martínez como secretario general adjunto y Pablo Vargas Mogollan como secretario general sustituto.

En la Comisión de Honor y Justicia, los integrantes son Jorge Alberto Chávez Zárate como presidente y Janet Bolaños García y Luis Humberto Rodríguez Martínez como vocales.

Consultado por Proceso respecto a la impugnación, Martínez Araiza expuso que la impugnación de su dirigencia y los cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio sindical, valuado en millones de pesos, forman parte de una “estrategia del cártel laboral” que busca desplazarlo.

El dirigente, quien encabeza una organización con alrededor de 18 mil trabajadores en empresas como Pepsico, Alpura, Barcel, Monte Xanic, Comex, Pastelería Ideal y La Moderna, asegura que su objetivo es regularizar las condiciones laborales y garantizar contrataciones con apego a la ley.

En septiembre pasado, el dirigente sindical expuso que no está obligado a rendir cuentas sobre los recursos a las autoridades, únicamente a sus agremiados.

Incluso, señaló que estas acusaciones obedecen a los intereses que hoy lo atacan buscan mantener a los trabajadores sin contrato, sin antigüedad y sin prestaciones básicas como el aguinaldo, lo que, dice, “mantiene vivo un sistema de impunidad sindical que pretende perpetuarse en el poder”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Un aspirante a la CAAAREM de parte de Adán Augusto en medio de polémica por Aduanas

El candidato favorecido por el adanismo es actual secretario de la CAAAREM, Claudio Silva Herzog Urrutia, quien ahora busca encabezar el principal organismo del gremio aduanal.

Una elección en el gremio aduanero conecta a dos escándalos de estos días: por un lado, el impulso del llamado “Grupo Juárez” que encabeza el senador Adán Augusto López Hernández; por el otro lado, la creciente polémica por el “huachicol fiscal” que en días pasados tuvo un decomiso récord. 

El candidato favorecido por el adanismo es actual secretario de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Claudio Silva Herzog Urrutia, quien ahora busca encabezar el principal organismo del gremio aduanal, pese a los señalamientos por manejo irregular de recursos, pero con cercanía a las figuras del llamado “Grupo Juárez”.

En medio de la polémica por la importación de gasolina que se hace pasar por hidrocarburos, el llamado huachicol fiscal, el gremio se encuentra en el ojo público por su participación en dichas importaciones.  

En ese contexto, la elección interna de la CAAAREM, vive un momento convulso pues Claudio Silva Herzog Urrutia, empresario con larga trayectoria en el gremio aduanal y en las organizaciones gremiales, concentra tantos apoyos como cuestionamientos. 

Agente aduanal desde 1994 (patente 1361), Silva-Herzog dirige Silva Herzog Consorcio Aduanal, S.C., empresa con presencia en aduanas estratégicas como en los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México e Internacional Felipe Ángeles, así como en los puertos de Veracruz y Pantaco. Su hijo, Claudio Silva-Herzog Góngora, ocupa el cargo de director de Administración y Finanzas en la misma firma familiar. 

Los antecedentes del aspirante en las organizaciones gremiales, incluyen la presidencia de la Asociación de Agentes Aduanales de Aduanas Metropolitanas (AAADAM), de 2018 a 2020, y la tesorería de la CAAAREM (2021-2023), asociaciones en las que su desempeño ha sido objeto de señalamientos graves. 

Por ejemplo, en 2009, el Órgano Colegiado de Orden y Justicia de la AAADAM lo encontró responsable, junto con los agentes Daniel del Río García y Mario Germán Castrocerio Flores, de haber utilizado recursos de la asociación para costear viajes a Bruselas y China sin documentación que acreditara su participación gremial. En total, se ejercieron más de 800 mil pesos en gastos para ellos y sus acompañantes. El comité interno recomendó el reintegro del dinero tras confirmar la falta de probidad. 

En 2009, Silva Herzog Urrutia fue acusado formalmente por la AAADAM de mal uso de recursos gremiales. Dos expedientes internos documentan que, junto con otros dos agentes, utilizó tarjetas corporativas para financiar viajes internacionales con fondos de la Asociación. 

Uno de esos viajes fue a Bruselas en 2006, presuntamente para asistir a una reunión de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), aunque no presentaron comprobantes de participación. El segundo fue al Congreso de la IFCBA en China ese mismo año. En total, se ejercieron más de 800 mil pesos en gastos para ellos y sus acompañantes. En ambos casos, el Órgano Colegiado de Orden y Justicia de la AAADAM recomendó el reintegro del dinero tras confirmar la falta de probidad. 

Silva Herzog, figura como accionista de Promotora de Servicios y Recursos Aduanales, S.A. de C.V., una empresa sin actividad registrada desde 2008 y conformada por diversos agentes aduanales, varios de ellos cercanos a estructuras gremiales. Entre ellos Francisco José Vidal Osuna y Alejandro Chapela Cota. 

Ahora, frente a la elección en la CAAAREM, Silva Herzog es vinculado políticamente al llamado “Grupo Juárez”, una formación morenista en la que destacan Andrea Chávez, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, conocido en el morenismo como la “Triple A”. 

De hecho, Nora Elena Yu Hernández, actual comisionada de enlace legislativo de la CAAAREM, es senadora suplente de Andrea Chávez, y también agente aduanal.  

Yu ha sido señalada, según el columnista Salvador García Soto, por presionar a agentes para financiar la campaña de Chávez rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, a cambio de promover reformas a la Ley Aduanera con el supuesto respaldo de Adán Augusto López. Yu ha manifestado abiertamente su respaldo a la candidatura de Silva Herzog. 

Diversas voces del sector, consultadas por el reportero, advierten que este bloque político busca ahora el control de la CAAAREM, organismo que agrupa a las asociaciones de agentes aduanales del país, una posición desde la que pueden influir en decisiones estratégicas sobre comercio exterior y facilitar la captura de plazas clave en las aduanas. 

El aspirante también forma parte de una familia con conexiones en organismos públicos y gremiales. Su padre, Claudio Silva Herzog Flores, obtuvo patente como agente aduanal cuando su tío Jesús Silva-Herzog era secretario de Hacienda y Crédito Público de México, entre 1982 y 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Sus hermanos Guadalupe y Mario, según información pública, han ocupado cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, mientras que César labora actualmente en el Infonavit. 

La contienda por la dirigencia de la CAAAREM se lleva a cabo, además, en un entorno político especialmente tenso. El reciente escándalo en Tabasco, que involucra al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar un grupo criminal y hoy prófugo de la justicia, ha generado señalamientos hacia Adán Augusto López, bajo cuya gobernatura, Bermúdez fue nombrado. 

“Ya está saliendo toda la pudrición”, declaró al respecto José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno del estado y hermano del expresidente de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Morena amonesta a diputadas por ligar al partido en pro del sindicato de Pedro Haces

Morena amonestó a dos diputadas federales debido a que participaron y promovieron el proceso de afiliación en la Catem, organización sindical liderada por el diputado Pedro Haces Barba.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que dos diputadas de su bancada recibieron una amonestación pública debido a que incurrieron en actos que vinculan al partido con el sindicato Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) liderado por Pedro Haces Barba.

Las legisladoras amonestadas son Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, quienes fueron sancionadas por incurrir en la comisión de actos contrarios a la normatividad interna del instituto político.

De acuerdo con un comunicado emitido por Morena, las morenistas fueron apercibidas debido a que promovieron y participaron en el proceso de afiliación de la Catem.
Ambas legisladoras fueron amonestadas debido a que participaron en actividades relacionadas con el sindicato, liderado por Pedro Haces, en su carácter de diputadas federales de Morena, además de que utilizaron logos y emblemas oficiales del partido para promover intereses gremiales.

El instituto político recalcó que dichas acciones pudieron generar confusión entre la ciudadanía al asociar al organismo sindical con el partido, con lo que se compromete la autonomía del movimiento.

Según el documento compartido por Morena, la afiliación corporativa y el intento de vincular al partido con la Catem puede derivar en prácticas de clientelismo o corporativismo, las cuales están prohibidas.

Debido a las acciones en las que incurrieron las diputadas Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, Morena exhortó a ambas a no reincidir en este tipo de conductas, así como a comportarse conforme a los principios, valores, obligaciones y fundamentos establecidos en los estatutos de Morena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.