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Cablebús de Puebla: denuncian gasto de 3 mil mdp con apenas 2.7 por ciento de avance en obras

Durante su duodécima protesta, vecinos y organizaciones cuestionaron que el gobierno de Alejandro Armenta reporte haber gastado más de 44% del presupuesto del proyecto

Por doceava ocasión, habitantes de esta ciudad se manifestaron en contra del proyecto de construir un sistema de transporte por cable y reclamaron que el gobierno de Alejandro Armenta Mier reporte haber gastado ya 3 mil millones de pesos –más de 44% del costo total de la obra- cuando la construcción no tiene ni un 3% de avance. 

Luego de marchar desde el parque Ecológico, los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el zócalo en el que recalcaron que este proyecto, en el que se pretende invertir 6 mil 752 millones de pesos, a la fecha no tiene un sustento real, ni se ha consultado a los ciudadanos, aunque afectará no sólo a las y los habitantes actuales, sino a las generaciones futuras.

Aseguraron que, para validar socialmente el cablebús, el gobierno de Armenta Mier ha recurrido a simular la realización de asambleas informativas que son organizadas por operadores políticos y a las cuales asisten personas que realmente no viven en las colonias que serán afectadas por el trazo. En tanto que los auténticos vecinos y la prensa, son amedrentados por funcionarios.

Además, agregaron que, ante los reclamos de transparencia, el gobierno habilitó un micrositio con supuesta información del proyecto que está plagado de “contradicciones e inconsistencias”.   
“Más bien parecen marketing y publicidad”, acusaron los activistas y organizaciones, “parece un trabajo escolar mal hecho”.
“Alejandro Armenta Mier déjenos hacerle ver que el proyecto que usted quiere imponer no tiene un sustento real y afectará negativamente no sólo a las y los habitantes de hoy sino a las generaciones futuras”, recalcaron.

Este sistema de transporte, de acuerdo a los propios datos del gobierno, daría servicio a 20 mil 615 pasajeros en 2030, mientras que el sistema de transporte del metrobús mueve actualmente a casi 16 veces más de usuarios. 

Agregaron que la capacidad máxima del cablebús, que sería de 90 mil pasajeros, se alcanzaría hasta el año 2154, pero su vida útil de este transporte sólo se estima hasta el año 2065, de acuerdo al propio gobierno. 

También cuestionaron que la administración estatal haya colocado los recursos para esa obra en un fideicomiso con Banca MIfel y que a la fecha ya informa que se gastó 3 mil millones de los 6, 752 millones que costará totalmente cuando reconoce que la construcción sólo ha avanzado 2.7 %. 

Aparte, al tener contemplada la construcción de estaciones en áreas verdes de Puebla, indicaron que se afectará a especies residentes y usuarias de esos lugares, algunas en peligro de extinción, además de que acabará con árboles adultos. 

Señalaron que con esos recursos se podrían resolver necesidades realmente urgentes para Puebla, entre ellos la atención del desastre ambiental en la cuenca del Atoyac o pagar por la revocación de la privatización del servicio del agua que sufre la ciudadanía.  
“Le exigimos que detenga su imposición”, expusieron al señalar que de “empeñarse” en construir el cablebús, ese gasto millonario “pasará a la lista de megafraudes, elefantes blancos y obras de relumbrón”, e incluso superará el "despilfarro" que hizo el gobierno del panista Rafael Moreno Valle en el Museo Barroco Internacional y que es criticado por Armenta Mier.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Pescadores bloquean dragado en Laguna de Cuyutlán ante ampliación del Puerto de Manzanillo

Cooperativistas instalaron un plantón indefinido y utilizaron sus lanchas para detener los trabajos. Denuncian posibles daños ambientales e incumplimiento de acuerdos; ASIPONA asegura que realiza labores de mantenimiento

Pescadores, cooperativistas y ambientalistas realizaron este sábado una serie de acciones de protesta en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo, entre las que se encuentran la instalación de un plantón que bloquea el paso de maquinaria a la Laguna de Cuyutlán, donde sin previo aviso comenzaron los trabajos de dragado.

De igual forma, pescadores utilizaron sus lanchas para impedir que las dragas (embarcaciones especializadas) continuaran con los trabajos de excavación en el vaso lacustre ubicado en Manzanillo, actividad que levanta sedimentos y materiales pesados que afectan la flora y fauna del lugar.

Mientras que, en la capital, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán se manifestaron en el centro de la ciudad y acusaron a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de emitir de manera opaca y sin sustento técnico la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoriza la ampliación del Puerto de Manzanillo.

Todas estas acciones coordinadas se registraron ante lo que parece ser el inicio de los trabajos de construcción del puerto Nuevo Manzanillo, en la Laguna de Cuyutlán, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.

Desde la semana pasada, en ese cuerpo lagunar se pudo observar maquinaria que realiza trabajos de dragado, aunque la administración del puerto de Manzanillo (ASIPONA) afirmó que se trata de acciones de mantenimiento en la zona actualmente autorizada para el uso comercial.

La mañana de este sábado, un grupo de pescadores y cooperativistas de la Laguna de Cuyutlán se apostó en el ingreso al canal de Tepalcates, donde dispusieron todo lo necesario para permanecer de manera indefinida, en tanto no obtengan respuesta de las autoridades.

María del Carmen Velasco Chávez, representante de la Cooperativa de Pescadores y Acuicultores de la Laguna de Cuyutlán, mencionó que sus acciones de protesta responden a los trabajos en ese vaso lacustre, iniciados sin ningún aviso.

Señala que los pescadores han pedido que no comiencen esos trabajos hasta que no se realicen mesas de diálogo. “Incluso hace días nos reunimos en la Ciudad de México con el secretario de Marina, él instruyó para que se realizaran las mesas de trabajo, lo que omitieron las personas de la Asipona aquí en Colima”.
“También existió el compromiso de que, si comenzaba el dragado, se instalarían mallas para evitar que los sedimentos se dispersaran, cosa que tampoco hicieron las autoridades, por eso nos manifestamos, no están cumpliendo con nada de lo que dijeron”.
Asentó que el dragado impacta el ecosistema, “pues son alrededor de cinco dragas trabajando y van a levantar sedimentos de muchos años, metales pesados y otros materiales”, dijo.

Señaló que tales afectaciones dejan sin trabajo a los cientos de familias que dependen de la pesca, así como a los salineros y los acuicultores de la zona, “esto nos afecta directamente”.

Pidió que los trabajos de dragado se suspendan de inmediato para no ocasionar mayores daños a la Laguna de Cuyutlán. “Luego solicitamos que se realicen mesas de trabajo que sean transparentes, para que la gente sepa toda la información, que nada se haga en lo oscurito”.

Asentó que, por ese motivo, los pescadores se instalaron en plantón en el canal de Tepalcates, en la comunidad de Campos, el punto por donde ingresan materiales y maquinaria para los trabajos de ampliación del puerto. “Aquí nos vamos a quedar las 24 horas, no vamos a dejar pasar a quien pretenda dañar la laguna”.

Por la tarde de este día, ambientalistas del colectivo Salvemos Cuyutlán anunció protestas en diversos puntos del estado, además que convocó a la población para que se una al rechazo de la ampliación del Puerto de Manzanillo, toda vez que generará enormes afectaciones al medio ambiente.

Pescadores mayo-yoreme llevan a la CIDH su lucha contra la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira

Pescadores mayo-yoreme litigan ante la CIDH contra la planta de amoniaco de GPO en Ohuira, mientras el gobierno federal mantiene su respaldo al proyecto

Han pasado más de cinco meses desde que indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ciudadanos en general de Topolobampo, Los Mochis y las comunidades indígenas que rodean la bahía de Ohuira, del norte de Sinaloa decidieron bloquear los accesos a la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman, que cuenta con financiamiento del banco alemán KfW IPEX.

Agrupados en el colectivo ¡Aquí No!, surgido en 2015, cientos de ciudadanos instalados las 24 horas del día en el plantón, en plena carretera Los Mochis-Topolobampo, han soportado temperaturas de al menos 49 grados, dos ciclones y decenas de “toritos” o pequeños remolinos que en más de una ocasión se han llevado carpas y enseres que permitían hacer llevadera la movilización, “ya no por el territorio, sino por la vida”.

“La posición es: no queremos petroquímica en nuestra bahía porque nosotros tenemos derecho a vivir. No estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo la vida, pero no sólo la vida en físico, sino la vida espiritual, la vida en la cosmogonía, pero también la vida económica de las comunidades”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, una de las voceras indígenas del colectivo.

Claudia, a quién le han apodado “La Comandanta”, junto con Melina Maldonado Sandoval, otra de las voceras de ¡Aquí No!, comparten con Proceso un balance de los casi 160 días de plantón, que se suman a los 13 años de lucha que ellas, junto con otros líderes indígenas como Felipe Montaño e Irene Díaz, han sostenido para defender la bahía de Ohuira, un sitio no sólo de pesca, sino que es reconocido ancestralmente como un lugar sagrado para los mayo-yoremes.

Ambas reconocen que el movimiento y ellas mismas han sido blanco de campañas desprestigio en medios locales de comunicación, como parte de los intentos de dividir a las comunidades que apoyan el movimiento, pero también riesgos mayores, como la exposición a explosiones causadas por una empresa vinculada a GPO, Pro Casa, que constantemente dinamita el cerro cercano al campamento.

“Nos hemos enfrentado a amenazas en ese lugar”, denuncia Melina; señala que al campamento han llegado desconocidos a advertirles que “si nos vamos a dormir puede pasar cualquier otra cosa”.

A las amenazas veladas, se han enfrentado a la intimidación: “Pasa el Ejército y nos toma fotos; pasa la policía municipal y nos toma fotos; la Guardia Nacional y nos toma fotos; nos sobrevuelan drones, no sabemos de quiénes son los drones, grandes, chicos, medianos, a cualquier hora.

“Hacemos reuniones informativas para la gente y de repente miramos la visita del dron que anda volando escuchando lo que estamos hablando”, agrega.

Ambas reconocen que gracias a la movilización social iniciada el 30 de mayo pasado, tras la llegada de un impresionante equipo, semejante a un “reactor nuclear”, para la instalación de la planta que pretende producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, las autoridades federales voltearon a ver el problema y los obligó a sentarse a la mesa con miembros del colectivo, del 10 al 22 de julio, sin que se llegara a acuerdos.

“Estuvimos con la empresa, pero al final de cuentas nuestra posición no ha cambiado; estamos esperando los estudios de línea base para poder determinar nuestra posición, que siempre ha sido aquí no a la petroquímica”, dice Claudia. Los estudios los están realizando científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El caso ante la CIDH

Pese a que están convencidas de que los resultados científicos confirmarán lo que las comunidades indígenas y pescadoras han denunciado desde hace 13 años, la inviabilidad de instalar una planta de amoniaco en un sitio catalogado internacionalmente como Ramsar 2025, por su valor ambiental, hogar de cientos de especies marinas y fuente de empleo de al menos tres mil pescadores, el colectivo decidió ir un paso más adelante y litigar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como resultado de la movilización y el acercamiento de otros grupos indígenas solidarios, así como de organizaciones sociales, en septiembre último pescadores de la bahía de Ohuira acompañados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace presentaron una petición ante la CIDH.

En el documento, del que Proceso tiene copia, los peticionarios incluyeron como uno de los elementos de prueba de los agravios el reportaje “La resistencia de un pueblo indígena contra una empresa financiada por Europa”,  publicado por este medio en el formato impreso y en video en septiembre de 2025, que documenta la lucha de los mayo-yoreme en defensa de la bahía de Ohuira.

De  acuerdo al documento, la imposición de la construcción de la planta de amoniaco a cargo de GPO ha violado los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), así como disposiciones del  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, así como del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “Acuerdo de Escazú”, del que México, irónicamente, fue un impulsor fundamental.

La petición de intervención de la CIDH establece que contra los pueblos indígenas pescadores se habrían violado sus derechos al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas; a la protección judicial, a un medio ambiente sano, aunado que se vulneró el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho a la justicia en asuntos ambientales, ambos reconocidos en el “Acuerdo de Escazú”.

Aunque el proyecto se presentó en 2013, las comunidades indígenas y pescadoras han litigado contra él desde el principio, con más intensidad desde que en 2022, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ampararon contra la aprobación el Manifiesto de Impacto Ambiental  (MIA) aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA-Semarnat).

De acuerdo a un documento emitido por el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, de fecha 26 de noviembre de 2024, obtenido por esta reportera, una resolución técnica consideró “no procedente” otorgar a GPO un título de concesión para descarga “de aguas residuales de su proceso industrial, consistente en sistema de enfriamiento, sistema desmineralizado, sistema de desalación, con un  gasto promedio de descarga de 26 mil 400 metros cúbicos/día operando las 24 horas del día, los 365 días del año, resultando con ello un volumen de descarga nueve millones 636 mil metros cúbicos/año y cuyo cuerpo receptor es la Bahía de Ohuira”.

Al litigio internacional se suman denuncias ciudadanas interpuestas ante autoridades federales sin que se les haya dado respuesta generando preocupación en el estado por el conflicto socioambiental no sólo por el caso de GPO sino por otros megaproyectos que también están considerados en la zona.

El 27 de octubre último la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (Redca) denunció en un pronunciamiento “la persistencia de opacidad en los procesos administrativos y la posible violación a los derechos humanos de las comunidades” , al no haber conclusiones de carpetas de investigación iniciadas en 2018 y 2019 por pescadores ante la delegación de la Procuraduría General de la República (ahora FGR) relacionadas “con presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos que son bienes nacionales ubicados en el bosque de manglar de la bahía de Ohuira y en la zona federal marítimo terrestre”.

Los firmantes advirtieron que tampoco hay respuesta a la denuncia popular interpuesta en 2023 ante la Profepa, por “la presunta ocupación de terrenos federales para la planta de amoniaco sin la concesión correspondiente”, a lo que se suma la suspensión de inspecciones de esa dependencia por un amparo que interpuso GPO para evitar la revisión, litigio en el que no fueron consideradas las comunidades indígenas.

La Redca advirtió “la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Ahome”, municipio donde se encuentra Ohuira, lo que “ha generado un vacío en la normatividad que orienta los usos del territorio con base en criterios ecológicos y procesos de participación social, impulsando proyectos productivos en un contexto de incertidumbre económica y perjuicio a nuestros ecosistemas naturales”.
Los pendientes descritos por los activistas sinaloenses chocan con la consideración del secretario de Economía, Marcelo Ebrad, quien el 16 de octubre en la glosa el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados anunció la continuación de los esfuerzos para concretar la construcción de la planta de amoniaco de GPO, presentada por el gobierno federal como planta de fertilizante.
“Le hemos invertido mucho tiempo al polo de desarrollo de Topolobampo y vamos a seguir adelante para lograr las inversiones que pensamos que son favorables (…) para aumentar nuestra capacidad de producción de fertilizantes, entre otras cosas”, dijo el funcionario federal.

Claudia Quintero, por su cuenta, concluye: “A la presidenta Claudia Sheinbaum no tengo ya nada que decirle, sería como hablarle a un palo, ella está convencida de que eso va, pese a que sabe lo que estamos sufriendo el pueblo mayo-yoreme”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Pobladores impiden perforación de pozo profundo y retiran maquinaria en Xoxtla

Pobladores de Xoxtla, Puebla, impidieron que avanzara la perforación de un pozo profundo en el parque Pavigi, retiraron la maquinaria del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y rellenaron las zanjas abiertas sin el consentimiento de la comunidad, luego de que desde la madrugada del miércoles fueran desplegados granaderos y policías municipales y estatales «para imponer la perforación» que canalizaría el agua del pueblo a la capital del estado.

A pesar de la presencia policial y al grito de «¡fuera!», los defensores de Xoxtla lograron que operadores se llevaran una de las dos máquinas perforadoras con las que el Ayuntamiento pretendía extraer agua de la Unidad Pavigi.

«Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm. Seguimos atentos hasta el retiro total y definitivo de la misma», señaló el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) en un comunicado.


Las organizaciones indígenas recordaron que este «asalto a la comunidad» se enmarca en los proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias «que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla, hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla».

Para iniciar la perforación del pozo, decenas de granaderos y policías llegaron al predio desde las tres de la mañana del miércoles. Horas después los pobladores rompieron el cerco policiaco y los elementos «arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque Pavigi, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad», agregó el CNI y la Anavi. Pasadas 16 horas, los pobladores lograron impedir el avance de la perforación.

El CNI y la Asamblea alertaron sobre el riesgo de criminalización y arresto de los defensores de Xoxtla a quienes previamente se les fabricaron carpetas de investigación por oponerse al saqueo del agua, las cuales siguen abiertas. Las organizaciones responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la criminalización y de los actos de «despojo y violencia» en la región cholulteca.

COMUNICADO:

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

El día de hoy, 7 de octubre del 2026, a partir de las 3:30 am arribaron a la comunidad de Xoxtla, Puebla, decenas de granaderos para proteger a la maquinaria de perforación de pozos con la que se pretende imponer el despojo de agua en la comunidad, tras el cierre de calles por parte de la policía, la comunidad se organizó para detener las obras y exigir el retiro inmediato y definitivo de la maquinaria y de los elementos policiacos.

Este asalto a la comunidad se da en el marco de proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla.

Los pobladores rompieron el cerco policiaco y se encuentran en proceso de organización para hacer valer su autonomía y su decisión colectiva que desde hace más de un año emitieron en asamblea: NO A LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN XOXTLA, NO AL DESPOJO DEL AGUA.

Los elementos de la policía arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque PAVIGI, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad.

Cabe mencionar que en el marco de la defensa del agua en Xoxtla, han sido criminalizados compañeros, cuyas carpetas fabricadas continúan abiertas, alertamos sobre el riesgo de criminalización y arresto de los mismos y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno por estos actos de despojo y violencia.

Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm, seguimos antentos hasta el retiro total y definitivo de la misma.

Desde el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos pronunciamos enérgicamente en contra de la violencia del Estado en contra del digno pueblo de Xoxtla y nos sumamos a sus firmes exigencias:

RETIRO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA MAQUINARIA DE PERFORACIÓN

ALTO AL DESPOJO DEL AGUA EN XOXTLA

RESPETO A LA DECISIÓN DEL PUEBLO

QUE DEFIENDE SU AGUA

Llamamos a los pueblos y organizaciones solidarias a continuar atentos a la lucha por el agua en Xoxtla y seguir exigiendo el cierre de carpetas de investigación fabricadas contra habitantes del pueblo que defienden el agua.

¡EL AGUA ES DE LOS PUEBLOS NO DE LAS EMPRESAS NI DEL MAL GOBIERNO!

ATENTAMENTE

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/pobladores-impiden-perforacion-de-pozo-profundo-y-retiran-maquinaria-en-xoxtla/

Ambientalistas promueven juicio de amparo contra ampliación del puerto de Manzanillo

El proyecto, acusan ambientalistas, destruirá manglares y alterará el ecosistema lagunar; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Manifestación de Impacto Ambiental ya está aprobada, a pesar de que no se ha hecho pública la decisión

Ambientalistas y pescadores de la Laguna de Cuyutlán promovieron un amparo en contra de la ampliación del puerto de Manzanillo, debido a que consideran que traerá graves afectaciones ecológicas a la Laguna de Cuyutlán, un ecosistema que alberga varias hectáreas de manglares y diversas especies animales. 

Sin embargo, este martes durante su visita a Colima, en un intercambio verbal con una de las activistas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proyecto del Puerto Nuevo Cuyutlán, como se denomina a los trabajos de ampliación de la actual terminal portuaria, ya está autorizado.

Luego de la inauguración del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Teletón realizado en la capital del estado, la activista Yerania Valencia Cruz abordó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se retiraba en su camioneta, para expresarle las afectaciones que generará la ampliación del puerto.
“Se afectará a muchos grupos de salineros y pescadores de la zona”, afirmó Valencia Cruz en el rápido intercambio; ante lo que la presidenta respondió que “no se afectará a nadie”. 
La ambientalista reviró: “¿no se va a afectar?, ¿es decir que ya lo estás aprobando, eso quiere decir?”. A ese cuestionamiento, Claudia Sheinbaum respondió “ya está aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental”, acto seguido la comitiva oficial siguió su camino.

Hasta el momento y de manera pública, no se ha difundido ninguna decisión por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental, necesaria para el inicio de los trabajos de ampliación. 

Ambientalistas buscan amparo 
  
Esta misma semana, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán presentaron un juicio de amparo en contra del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la capacidad de carga de mercancías en la actual terminal marítima. 

Los ambientalistas afirman, en su argumentación, que los trabajos de ampliación del puerto amenazan la integridad ambiental de la Laguna de Cuyutlán, un ecosistema lacustre con manglares y del que han vivido cientos de familias de pescadores y salineros durante muchas generaciones. 

El colectivo menciona que la ampliación afectaría el manglar y alteraría el flujo hidrológico del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, lo que contraviene el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

Puntualiza que la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) confirma que para la ampliación del puerto de Manzanillo tendrán que removerse más de 21 hectáreas de manglar, así como el dragado de 97 millones de metros cúbicos de sedimentos. 

Afirma que los estudios también contemplan modificaciones de fondo en el complejo lagunar, pues sin la mitigación adecuada se podría reducir entre el 30 y 40 por ciento en el intercambio mareal, afectando la flora y fauna del lugar por la reducción de oxígeno en el agua y la dispersión de contaminantes. 

Precisaron que el ruido de la actividad portuaria, misma que podría llegar hasta los 172 decibeles de acuerdo con la MIA-R, interferiría con los cantos de ballena jorobada, especie de tránsito temporal por las costas colimenses; además de que se alterarían los hábitats de otros cetáceos y tortugas. 

El colectivo Salvemos Cuyutlán refiere que en el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo no se ha cumplido con los principios de acceso a la información y participación pública, pues su consulta solamente se puede realizar por medios digitales y se trata de un expediente técnico de más de 2 mil 300 páginas. 

Por todo lo anterior, los activistas realizaron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, para que no se otorgue la autorización ambiental de este proyecto. 

También convocaron a los habitantes de Manzanillo y comunidades del Pacífico para que se unan a su postura en contra de la ampliación portuaria. 

Inauguran CRIT Teletón Colima con gasto millonario del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Colima, acompañada del presidente de la Fundación Televisa, Emilio Azacarraga Jean. 

Como sucede en otros estados de la república, las autoridades locales realizarán una inversión millonaria para la operación y sostenimiento del CRIT, misma que superará los 400 millones del presupuesto público durante un periodo de 10 años.


El gobierno de Colima le entregará 41 millones de pesos anuales, durante una década, a la Fundación Teletón para la operación y sostenimiento del CRIT en esta entidad. 

De igual forma, para el primer trimestre de 2026, el gobierno colimense presupuestó una “aportación extraordinaria” de 13 millones 666 mil pesos a la Fundación Teletón. 

La propia gobernadora Indira Vizcaíno Silva, afirmó que, en 2025, el estado de Colima aportó el 8 por ciento de los 428 millones de pesos que se recaudaron a nivel nacional en la Colecta Teletón, es decir unos 40 millones de pesos. 

Para la construcción de este nuevo centro de rehabilitación se invirtieron 335 millones, además del terreno donde se asientan estas instalaciones que fue donado por el gobierno estatal. 

Se pretende que la Fundación Teletón ofrezca atención a unas 800 familias colimenses cada año, lo que beneficiará a niños con discapacidad motriz y autismo al recibir terapias especializadas en lenguaje, psicología, enfermería, trabajo social, entre otras.

Protestas en Guanajuato frenan el acueducto Solís–León, clave del Plan Nacional Hídrico

Agricultores, líderes sociales y el obispo Raúl Vera rechazan el acueducto Solís–León, al denunciar que pondría en riesgo el abasto en el sur del estado y que además se aprobó sin consulta adecuada. El megaproyecto permanece detenido mientras crece la presión social y política.

Ocho meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacara a Guanajuato como ejemplo nacional por los acuerdos para tecnificar el campo y aprovechar el agua de la presa Solís, el panorama cambió: productores y habitantes de Acámbaro y municipios vecinos se han sumado al rechazo del proyecto federal que pretende construir el acueducto Solís–León para dotar de agua al corredor industrial de la entidad.

El domingo 9 de noviembre más de tres mil personas se concentraron en el centro de Acámbaro para protestar contra la obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), parte del Plan Nacional Hídrico, que prevé una inversión de 15 mil millones de pesos para llevar agua de la presa Solís a León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

Entre consignas como “fuera Sheinbaum” y “revocación”, los manifestantes exigieron detener la construcción del acueducto, al considerar que afectará el abasto de agua en la región sur de Guanajuato.

El rechazo, que inició con los productores agrícolas de Acámbaro, se ha extendido a municipios como Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra, Villagrán y Cortazar, también beneficiarios del riego proveniente de la presa Solís.

A la protesta se sumó el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, originario de Acámbaro, quien en un desplegado llamó a la población a defender sus recursos naturales:

“Es hora de defender el territorio, el agua y la vida, antes de que queden en manos extranjeras sin alma, que no conocen ni aman esta tierra”, expresó.

El origen del conflicto se remonta al 1 de marzo pasado, cuando Sheinbaum visitó Irapuato para firmar el convenio de tecnificación de 10 mil 200 hectáreas del distrito de riego 011, que incluye a municipios como Acámbaro, Salvatierra, Yuriria, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao y Pénjamo.

El acuerdo comprometía 6 mil 400 millones de pesos del gobierno federal para modernizar el sistema de riego y, con el ahorro del uso agrícola, dotar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua a los municipios del corredor industrial a través del nuevo acueducto. Los cinco municipios concentran a 3.5 de los 6 millones de habitantes del estado. Tan sólo en León viven 1.9 millones de guanajuatenses. 

El convenio incluye la firma de 40 personas, entre ellas los presidentes de los módulos de riego del distrito 011. Sin embargo, productores locales denunciaron que no se les informó sobre el destino del agua ni los alcances del proyecto.

La negociación para que los representantes de los módulos de riego aceptaran ceder agua de la presa Solís a los municipios del corredor industrial estuvo a cargo de Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció el pasado 4 de noviembre que la falta de socialización del proyecto se debió a una solicitud del gobierno federal.

"Yo sí quiero dejar muy claro que esta falta de socialización no se había dado porque el estado no quisiera hacerlo o porque hubiéramos sido omisos en ese tema, sino que había una solicitud por parte de las autoridades federales que así fuera. Nosotros hemos hecho las gestiones para que se dialogue con la gente y se conozcan las bondades del proyecto", dijo en entrevista la gobernadora de Guanajuato mientras crecía el rechazo.

Las protestas y señalamientos de presunta corrupción obligaron a Alejandro Acevedo a renunciar al cargo de presidente del módulo de riego de Acámbaro, acusado de negociar con las autoridades federales la cesión de agua de la presa Solís.

Por ahora, la obra del acueducto permanece detenida, mientras crece la presión social para que el gobierno federal y el gobierno del estado den marcha atrás al proyecto que prometía resolver los problemas de abastecimiento de agua que padecen los municipios más poblados de Guanajuato.

El acueducto Solís-León es el segundo megaproyecto de los últimos 20 años para abastecer de agua a León, luego de que el municipio guanajuatense fue excluido como beneficiario de la presa El Zapotillo, porque elevar la cortina significaba inundar tres comunidades de Jalisco, cuyos habitantes emprendieron una lucha legal para defender sus territorios.

Las resistencias

Habitantes del sureste de Guanajuato reclamaron que las autoridades estatales y federales mantienen en el olvido a esta región del estado, mientras impulsan proyectos que, afirman, ponen en riesgo su acceso al agua.

“Se acuerdan de esta zona de Guanajuato sólo para querer saquear; qué desgracia", afirmó Amadeo Hernández, líder nacional de la Central Campesina Independiente, durante la protesta realizada el domingo 9 de noviembre en Acámbaro.

A la manifestación acudieron alrededor de 3 mil personas, quienes recorrieron las principales calles del municipio con pancartas que incluían mensajes como: “El agua no tiene partido, tiene dueño: el pueblo", “No somos políticos, somos pueblo, y el pueblo manda”,“Claudia, escucha, estamos en la lucha”.

Los participantes advirtieron que Acámbaro y los municipios vecinos están unidos para defender el agua de la presa Solís, ante la intención del gobierno federal de construir el acueducto Solís–León para abastecer a los municipios del corredor industrial.

Productores del suroeste del estado acusaron que el convenio de tecnificación del campo iniciará por las hectáreas agrícolas de Irapuato, y no de Acámbaro, pese a que de este último saldría el agua destinada al corredor industrial.

También señalaron que, según los planes oficiales, el acueducto estaría terminado en 2028, mientras que la tecnificación concluiría hasta 2029, es decir, el agua empezaría a enviarse antes de concluir el sistema de riego por goteo, lo que consideran un riesgo para la producción agrícola local.

Voz de la Iglesia

Además del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien pidió detener las obras e instalar mesas de trabajo con participación efectiva de las comunidades, otro sacerdote generó controversia: Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas.

Durante una misa en Chucándiro, Michoacán, el 2 de noviembre, el sacerdote expresó su rechazo al proyecto y lanzó fuertes críticas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sus palabras fueron condenadas por la mandataria, aunque anunció que no presentará denuncia.

"Con la presa de Solís le damos de tragar a todo pinche México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insisten nos levantamos. Yo le voy a partir su madre a ella porque es la culpable de matarnos de hambre a todos", afirmó el llamado Padre Pistolas.

En un segundo video difundido posteriormente, Gallegos insistió en que el acueducto no es viable y advirtió que, si el proyecto avanza, podría proliferar la extracción ilegal de agua, comparándola con el “huachicol” de combustibles.

“León y Celaya tienen mucha industria; resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros. Si quieren, denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas”, afirmó.

En su comunicado, el obispo Raúl Vera pidió frenar las obras y abrir espacios de deliberación real con las comunidades:

“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”.

El obispo señaló que un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin una consulta popular que garantice la participación directa de los habitantes afectados.

Origen del proyecto

El agua para abastecer León ha sido un tema desde hace más de 20 años, ante los problemas hídricos que enfrenta el municipio que concentra más del 30% de la población total del estado.

Luego de dos décadas en que los gobiernos panistas del estado habían reclamado a la Federación soluciones a los problemas de abasto de agua, la inclusión de Guanajuato en el Plan Nacional Hídrico del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue celebrada por la gobernadora García Muñoz Ledo.

Desde 2005, con la construcción de la presa El Zapotillo, se había prometido llevar agua a León, pero las obras se suspendieron en 2014 tras la defensa del territorio encabezada por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se alcanzó un acuerdo que excluyó a León del beneficio del proyecto.

Con el inicio del nuevo gobierno federal y una renovada relación con el estado, se anunciaron inversiones multimillonarias que impactarán directamente a los productores agrícolas del sur de Guanajuato.

Los proyectos hídricos contemplan una inversión de 21 mil 400 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se destinarán a la construcción del acueducto Solís-León y 6 mil 400 millones a la tecnificación del campo. La Federación aportará 12 mil 500 millones (7 mil 500 millones para el acueducto y 5 mil millones para la tecnificación), mientras que el resto correrá a cargo del gobierno del estado y los municipios beneficiados.

Durante su visita a Irapuato el 1 de marzo pasado, Sheinbaum destacó los avances de Guanajuato en materia de modernización agrícola:

“La verdad, en Guanajuato ha sido ejemplar el trabajo que se ha venido haciendo para tecnificar el riego agrícola y llevar el agua a los distintos municipios donde hace falta”, dijo la presidenta, al presentar los proyectos del acueducto Solís-León y del tren de pasajeros que pasará por varios municipios del estado.

En el evento, el director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que se busca recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua al año de la presa Solís, mediante la tecnificación del riego agrícola, para distribuirla en los municipios con mayor escasez: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

Morales subrayó que 76% del agua en México se destina al campo, por lo que modernizar los sistemas de riego representa “la mejor apuesta para garantizar el consumo humano sin afectar la producción”.

A su vez, Agustín Robles, presidente del distrito de riego 011, reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos con los 24 mil 700 productores registrados:

“Convencer a los usuarios de riego no fue fácil, pero fue un éxito, todo un éxito. No sólo para el uso doméstico, sino también para el agrícola e industrial”, señaló ante la presidenta Sheinbaum.

Robles afirmó que los productores estaban dispuestos a ceder agua para el consumo humano, siempre que los organismos operadores se comprometieran a invertir en el tratamiento y retorno del agua al campo.

Ante las recientes protestas de agricultores del distrito 011, García Muñoz Ledo ha asegurado que está en abierta a escuchar y disipar las dudas de productores y población en general.

La gobernadora insistió en que el agua proveniente de la presa Solís no se destinará a la industria, sino exclusivamente al abasto doméstico de los municipios del corredor industrial.

Con la tecnificación del campo se podrían generar ahorros de hasta 300 millones de metros cúbicos, y sólo 120 millones están comprometidos para estos cinco municipios, dijo García Muñoz Ledo en su programa semanal Conectado con la gente, que dedicó a hablar de los alcances del proyecto.

“A todas esas personas que hoy dicen no al acueducto, es necesario que sepan, que conozcan el proyecto y resuelvan sus dudas”, añadió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.

Profepa clausura obras en la ribera de la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo; no contaban con permiso

La Laguna de Tecocomulco, en Tepeapulco, Hidalgo, está catalogada como “sitio Ramsar” por su importancia ecológica, hidrológica y biológica, y tiene un estatus de protección internacional.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las actividades de relleno y movimiento de material en la ribera de la Laguna de Tecocomulco, en Tepeapulco, Hidalgo, luego de detectar obras realizadas sin autorización en un sitio catalogado como Ramsar.

La medida busca proteger el ecosistema del humedal, que sirve de hábitat para el ajolote (Ambystoma mexicanum) y diversas aves migratorias que encuentran en la zona un punto de descanso y alimentación.

Un “sitio Ramsar” tiene un estatus de protección internacional. Según la Convención Ramsar sobre los Humedales, estos espacios son reconocidos por su importancia ecológica, hidrológica y biológica, y los países que forman parte del tratado se comprometen a conservarlos y a promover su uso sostenible.

La intervención se realizó tras denuncias anónimas sobre obras que invadían parte del embalse. Inspectores de la Profepa confirmaron que alrededor de 585 metros cuadrados habían sido modificados, utilizando material extraído del lecho de la laguna para construir un terraplén o relleno.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, cualquier obra dentro de cuerpos de agua de competencia federal requiere autorización o exención por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al no contar con el permiso correspondiente, la Profepa aplicó la clausura total temporal, que impide realizar cualquier actividad distinta a la conservación y protección del hábitat.

La Laguna de Tecocomulco, designada en 2003 como sitio Ramsar número 1322, es el último remanente del antiguo sistema lacustre de los lagos de Anáhuac. Con 1,769 hectáreas de extensión, ubicada entre los municipios de Cuautepec, Tepeapulco y Apan, cumple funciones clave como vaso regulador, zona de recarga de acuíferos y refugio de una amplia diversidad biológica.

La Profepa reiteró que mantendrá la vigilancia en la zona para proteger estos ecosistemas de alto valor ambiental y asegurar que todas las actividades cumplan con la normatividad vigente en México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez aplica nueva Ley de Amparo y Sedena reanuda construcción en Bacalar

El criterio del juez se basó en la reforma de la Ley de Amparo, que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal y que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa. El revés es para los niños que demandan un medioambiente sano.

El Juez Primero de Distrito con sede en esta entidad, Darío Alejandro Villa Arnaiz, levantó la suspensión de la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las orillas de la Laguna de Siete Colores de Bacalar, al fallar en contra del amparo solicitado por niñas y niños de la comunidad, a quienes negó el interés legítimo para luchar por un medioambiente sano y sus derechos socioculturales, pues dijo que no les afecta directamente.

El criterio del juez está basado en la reforma de la Ley de Amparo que fue aprobada el pasado 14 de octubre, y que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal, que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

“El juez no advirtió que las obras estuvieran generando este impacto en el ambiente, al menos de manera indiciaria, y por ende no actualizó tampoco el interés legítimo de la niñez quejosa para reclamar la obra y los actos en la demanda y tampoco para que se le conceda una suspensión definitiva”, dijo a Proceso el abogado Daud Rincón, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acompaña el proceso judicial de los niños.

En contra de la obra militar había tres suspensiones derivadas de juicios de amparo. Hoy sólo continúa vigente la suspensión definitiva del recurso 241, que fue promovido por ciudadanos de Bacalar.

Otra de las suspensiones que mantenía la obra detenida era el amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Sin embargo, al igual que el de las niñas y niños, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo desechó la medida cautelar para que continúen las obras.

La construcción de ampliaciones y una residencia del Ejército comenzó en marzo pasado, cuando maquinaria y materiales comenzaron a ser ingresados en el inmueble ubicado a la orilla de la Laguna.

Pobladores y organizaciones ambientalistas realizaron desde ese momento varias protestas y posteriormente recurrieron a los juicios de amparo, con los que se logró frenar temporalmente las obras.

Proceso informó que la Semarnat otorgó a la Sedena la exención para la presentación de estudios de impacto ambiental por las obras, con lo que dicha instancia sacó las manos para determinar los posibles daños a la laguna de Bacalar.

Impactos a la vista

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.